El secretario del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, advirtió que si se detiene la obra pública "están en peligro 200 mil puestos de trabajo y otros 300 mil que genera la cadena de valor".

"Hay 3.000 obras activas y, si se para la rueda, están en peligro 200 mil puestos de trabajo que genera la obra pública y otros 300 mil que genera la cadena de valor. Si la rueda se para, la contratista deja de cobrar y lo primero que hace es recortar desde el lado de los sueldos. Una obra que se para empieza a tener un desgaste y nos termina saliendo más caro”, indicó Cattanzaro.

El dirigente sostuvo que "Javier Milei y su futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, mediáticamente dicen que van a parar la obra pública, pero, por otro lado, hacen declaraciones diciendo que van a volver a otros modelos" y agregó: "Queremos aclararle que la obra pública es todo. Nos están proponiendo cambiar la forma de gestionarla”.

Según Cattanzaro, "aunque una ruta la haga un privado va a ser pública y se banca desde lo público. Nos proponen volver al sistema nefasto de concesiones y a la participación pública privada que ya tuvimos hace cuatro años".

"Con ese modelo se buscaba generar mayor diferencia y un gran negocio para las financieras que bancaban estos proyectos. Por eso, estamos en estado de alerta, ya que a nosotros nos puede generar un prejuicio y salimos a defender y bancar una fuente de trabajo, porque en Vialidad no sobra nadie”, acotó.

“Queremos alertar a la sociedad lo que se está planteando por abajo. Cuando nos dicen que va a haber un modelo de obra pública a la chilena nadie sabe qué quiere decir y es invertir solo donde es rentable, no entendiendo a la obra pública como un bien social sino como un negocio. En el gobierno de Macri, cuando se llevó a cabo este modelo, territorialmente abarcaba un tercio del país. Hablamos de soberanía, territorialidad”, advirtió el dirigente.

Por Rocío Benítez

A las 7.30 horas, se realizó la concentración de autonvocados, por el fallo del juez de la causa Vicentín.

También estuvieron presentes, acompañando a los empleados, representantes políticos como el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, y el senador departamental, Orfilio Marcón.

Bety presente allí con la imagen de la virgen expresó que luchan "por la fuente de trabajo, por la salud de la Argentina, por la propiedad privada".

"Está en riesgo la fuente de trabajo, es nuestra responsabilidad acompañar a los empleados", dijo Chacho Marcón.

González Braidot: "Ayer a la tarde nos avisaron los trabajadores de la necesidad que tenían de expresarse. Hoy no hay seguridad de lo que va a ocurrir. Son 250 puestos de trabajo directo que están en peligro. Como comunidad estamos preocupados".

El magistrado detalló su decisorio dentro de la Ley de Concursos Argentina. Fue a través de un documento elaborado con detallar "coloquialmente las disposiciones legales”.

“No constituye un dictamen, ni resulta vinculante o de valor legal”, aclaró el juez Fabián Lorenzini al pie del documento dado a conocer en el mediodía de este lunes, con el cual apuntó a explicar su decisión del viernes pasado en la que rechazó la propuesta de pago de la concursada Vicentin SAIC y abrió el período de concurrencia.

En no más de una carilla, el titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista hizo docencia de manera “coloquial” acerca de la Ley de Concursos que “prevé la posibilidad de que una persona humana o una sociedad, pueda acudir a solicitar la apertura de su concurso cuando se encuentra en imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos a sus acreedores, entre otros supuestos legales”. Una vez abierto el concurso se protege a la empresa como generadora de riqueza, prosperidad y fuentes de trabajo (sin confundirla con los dueños o empresarios, cuando se trate de personas diferentes), añadió.

Al respecto, coligió que ello significa que se activan una serie de “protecciones legales” que duran mientras renegocia con los acreedores y reestructura sus deudas, a lo que denominó “proceso de empresa en crisis”. Así, por ejemplo, se “suspenden los intereses de las deudas contraídas antes de la fecha de la apertura del concurso, se pueden continuar algunos contratos esenciales o fundamentales para que la empresa siga operando, se protege las cuentas bancarias esenciales” para que no quede excluida del sistema financiero, etc., enumeró.

Lorenzini prosiguió con su exposición al precisar que luego de la apertura del concurso, en adelante se desarrollan varias etapas trascendentes: nombramiento de los síndicos, control de la empresa, presentación de los acreedores, verificaciones, traba de medidas cautelares concursales para evitar actos de disposición, sentencia de verificación que establece quienes son aceptados como acreedores legítimos, entre otros actos trascendentes.

En dicho esquema, la empresa en crisis o el deudor (si es una persona física) tiene un periodo de exclusividad para “arreglar” su situación, con acciones tales como “formular propuestas a los acreedores, justamente porque se trata de permitir que cuenten con la tranquilidad y el tiempo necesario para reprogramar su actividad y sortear la crisis”, con la ayuda legal que establece este proceso que agrupa a todos los acreedores y deudas.

Concentración tras el fallo del juez de la causa Vicentin.

El funcionario citó tres cuestiones que pueden ocurrir luego de ese período de exclusividad: a) que se llegue a un acuerdo y se apruebe el mismo judicialmente (homologación), en cuyo caso la empresa o concursada deberán cumplir lo pactado y seguirán trabajando; b) que no se llegue a un acuerdo y se declare la quiebra que implica que todos los bienes deben venderse para pagar las deudas, respetando ciertas prioridades legales (cobran en primer lugar los trabajadores y los gastos del proceso y después todos los demás); c) que se abra un proceso de concurrencia (solamente para el caso de sociedades por acciones, SRL, cooperativas y otras que están expresamente indicadas en el art. 48 de la ley de concursos argentina).

Este período de concurrencia es “opuesto al de exclusividad”, es decir que cualquiera puede presentarse (cumpliendo ciertas pautas) con la intención de lograr el acuerdo que el deudor o empresa en crisis no pudo conseguir, comparó el juez concursal, y dijo que “se entiende como un mecanismo que intenta evitar la desaparición de una empresa como generadora de actividad y trabajo”.

Historió enseguida que hasta el año 2002, la apertura del período de concurrencia (también llamado “cramdown” por asociación con la legislación de bancarrotas de Estados Unidos) significaba el desplazamiento definitivo del dueño o empresario original. Pero, luego de la reforma que se introdujo en ese momento, los “dueños originales continúan en carrera y pueden competir abiertamente con cualquier otro interesado oferente. Solamente pierden esa exclusividad, pero no implica desplazamiento. Por lo tanto, siguen al frente de su empresa y pueden volver a ofrecer alternativas a sus acreedores”, acotó.

Sobre el período de concurrencia, caracterizó que “dura hasta que se logre valuar las acciones que deben transferirse, negociar con los acreedores y presentar esos acuerdos en el expediente”, siempre con las pautas y los plazos que establece el mencionado art. 48 de la ley. “Igualmente, en determinados casos por sentencia fundamentada, se podrían flexibilizar o modular razonablemente esos términos legales para evitar un fracaso del proceso por un exceso formal”, ilustró

Para concluir, enunció en modo condicional que, si ese proceso fracasa por no lograrse las mayorías necesarias por parte de ninguno de los interesados en la compra de las acciones y lograr la reestructuración de la deuda, finalmente “se debe declarar la quiebra y comenzarse la liquidación”.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, aseguró hoy que la intención del Gobierno provincial es que la empresa química Dow Argentina, que días atrás anunció el cierre de su planta en Puerto General San Martín, “siga produciendo en la provincia y que no se pierdan las fuentes de trabajo”. “Estamos trabajando en eso; tuvimos una audiencia esta semana; la idea nuestra es que la empresa siga produciendo en la provincia, que no se pierdan las fuentes de trabajo”, afirmó Pusineri al ser consultado sobre el tema, al que se refirió ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en el acto de Tecnópolis por el cierre de la campaña electoral del FdT para las PASO del domingo. Pusineri explicó que el Gobierno provincial participó de una audiencia con el sindicato y la empresa y, la semana anterior, de una mesa de dialogo impulsada desde la Legislatura. “Allí la empresa manifestó que tiene una decisión global de retirarse y nosotros insistimos en que transfiera la empresa si se va a retirar porque en principio hay otros interesados en llevar adelante la explotación”, reveló el titular de la cartera laboral santafesina. “Si está decidida a retirarse, que ceda la explotación y que se conserven los puestos de trabajo”, insistió, al tiempo que recordó que en la actualidad rige una conciliación obligatoria que impide a las partes adoptar medidas mientras permanezca vigente la medida. La idea del Estado provincial “es que la empresa permanezca con estos u otros dueños, que la producción se haga acá y que se conserven los puestos de trabajos”, reiteró. Tras considerar que “no quieren vender la planta para no generar su propia competencia y así importar luego”, señaló que “es una empresa estratégica, con 120 trabajadores, que abastece la industria local; por eso es necesario que esa producción se mantenga en la provincia y se conserven las fuentes de trabajo”. En la planta ubicada en el departamento de San Lorenzo Dow Argentina produce polímeros para distintos usos industriales, sobre todo como aislantes eléctricos. Para evitar su cierre se constituyó hace un mes una mesa de trabajo conformada por el intendente Carlos De Grandis; el secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz; el funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación Cristian Recchio; el dirigente de la CGT Regional San Lorenzo, Jesús Monzón; y gremialistas del sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu).