Shakira logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar la posible condena de prisión por su fraude fiscal de 14,5 millones de euros a Hacienda.

La artista colombiana reconoció los cargos que se le imputaban y aceptó una condena de tres años de prisión, acompañada de una sanción económica global de aproximadamente siete millones de euros. Sin embargo, la pena de cárcel será sustituida por el pago de una multa de 432.000 euros.

Shakira llegó al Palacio de Justicia de Barcelona minutos antes del inicio programado del juicio, manifestando la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía y las otras acusaciones, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña. Finalmente, este acuerdo se ha ratificado ante el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La reconocida cantautora admitió su responsabilidad en los seis delitos contra la Hacienda pública que se le imputaban. Previamente, ya había reembolsado a la Agencia Tributaria los 14,5 millones de euros defraudados durante el periodo entre 2012 y 2014, cuando evadió el pago de impuestos al simular su residencia fuera de España.

Después de la confirmación del acuerdo, la artista emitió un comunicado a través de Llorente & Cuenca (LLYC) en el que explica su decisión de evitar el juicio.

La cantante señaló que, a pesar de sentirse lista para enfrentar el proceso y defender su inocencia, después de muchos años de lucha decidió cerrar este capítulo de su vida y mirar hacia adelante.

En sus declaraciones, Shakira destaca la dificultad de seguir luchando en el sistema legal español y carga contra la Agencia Tributaria, abogando por la revisión del sistema en beneficio de los ciudadanos.

Además, subrayó la importancia de recuperar su tiempo y critica las largas batallas legales que algunos ciudadanos deben enfrentar para defenderse.

Cabe mencionar que este no es el único frente judicial abierto para la artista, ya que enfrenta otra investigación en Esplugues de Llobregat (Barcelona) por presunta evasión de impuestos en el año 2018, utilizando un entramado societario en paraísos fiscales.

La Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública que implican una defraudación por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, por haber simulando que no residía en España. 

El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 la cantante residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en ese país. 

La artista colombiana ya ha devuelto 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria española, más otros tres millones en concepto de intereses. Sin embargo, eso no la libera de sentarse en el banquillo. Está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública. 

El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que, se comunicó, ella confía “plenamente” en su inocencia. 

Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero finalmente los representantes legales de la artista rechazaron la última oferta del ministerio público. 

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”. 

Sin embargo, la opción de un acuerdo existe hasta el mismo día del juicio. 

La última información de la Fiscalía de Barcelona llega dos días después de que Shakira rechazara el acuerdo que le ofreció la Fiscalía, anunciando que se sentará en el banquillo. Según comunicaba su agencia de comunicación, la artista confía “plenamente” en su inocencia y espera salir victoriosa de esta batalla. 

La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en ese país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado de empresas con sede en paraísos fiscales. 

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que Shakira residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba figuraba en diferentes documentos como domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas. 

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años. 

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones. 

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.