El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Luciani reconoció que por entonces el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “no tenía ningún cargo público”. Pero mostró mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”. No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados. “La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López”, aseveró el fiscal.

La licitación en cuestión, según Luciani, fue por “25 millones de dólares para hacer cien cuadras” y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Lázaro Báez.

Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.

Inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para “simular la legalidad de la licitación”.

Las frases más destacadas de la primera audiencia en la acusación contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad MIRÁ TAMBIÉN Las frases más destacadas de la primera audiencia en la acusación contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras.

Si bien habló de “direccionamiento” de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.

El fiscal insistió en calificar como “ficción” a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución. En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.

“Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”, enfatizó.

Luciani anunció que volverá sobre la supuesta “incapacidad” de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación. También aludió a los montos de “anticipos financieros” que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas. “No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”, insistió Luciani.

La Oficina Anticorrupción (OA) anunció este martes a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.

Así lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio que tiene como principal acusada a la titular del Senado, sumado a otros ex funcionarios y al empresario Báez.

La novedad fue informada a poco de que comiencen los alegatos, cuyo inicio por parte de la fiscalía estarán a partir del próximo 11 de julio.

“El titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostiene en la comunicación oficial al Tribunal, que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.

Si bien la acusación está garantizada por parte de la fiscalía en el juicio, lo que implica esta noticia en términos políticos es que desde el Gobierno se decidió no acusar formalmente a la Vicepresidenta y luego de una querella que había iniciado en 2016.

Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.

El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.

El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.

Son doce las personas juzgadas, entre ellas la Vicepresidenta, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.