(Por Agustín Aranda) - En apenas quince días, la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario recibió cerca de 300 denuncias por estafas financieras digitales. La mayoría de las víctimas son personas mayores, jubiladas o adultas que no crecieron con herramientas digitales y que hoy se ven obligadas a operar en sistemas diseñados sin contemplar esa realidad. “El problema no es solo la estafa. El problema es lo que pasa después, cuando la persona va al banco o a la billetera digital y no encuentra a nadie que la atienda”, advierte Ariadna Ciamarello, jefa del área financiera de la oficina, en diálogo con Mirador Provincial.

En lo que va de 2026, la oficina atendió 294 casos y el 45% corresponde a estafas financieras. “Son personas que llegan angustiadas, desesperadas, muchas veces sin saber qué hacer ni a quién recurrir”, explica Ciamarello. Las plataformas más mencionadas en las denuncias son Mercado Pago, seguida por Ualá y Personal Pay, no necesariamente por fallas propias del sistema, sino por ser las billeteras más extendidas y utilizadas, incluso por personas que no terminan de comprender su funcionamiento.

La modalidad se repite, siempre según comunicaron este jueves desde la oficina, los estafadores suplantan la identidad de organismos públicos o empresas de servicios —como EPE, PAMI o YPF— y ofrecen descuentos llamativos: 50%, 70% o incluso 100%. En otros casos, prometen subsidios, computadoras gratuitas o beneficios exclusivos para jubilados.

“Con el tema de la quita de subsidios de la EPE aparecieron muchísimos logos falsos. Ofrecían un 70% de descuento, te llevaban a hacer clic en un enlace y ahí empezaba todo el derrotero”, relata Ciamarello. El contacto inicial suele ser por redes sociales o WhatsApp. Luego, el engaño escala a llamadas o videollamadas donde el estafador se presenta como empleado de una empresa o funcionario de un organismo oficial. El objetivo es siempre el mismo: obtener datos personales y bancarios. “El fraude apela a la confianza y a la emocionalidad. Si la persona cree que está hablando con un empleado del banco o de una empresa estatal, confía. Y ahí entregan DNI, selfies, claves o códigos sin dimensionar el riesgo”, señala.

Una vez consumada la estafa, las víctimas llegan a la Oficina Municipal sin respuestas previas, tras haber pasado por bancos, plataformas digitales y líneas telefónicas automatizadas. “La recomendación es clara: primero denunciar en la entidad bancaria o billetera digital, luego en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y finalmente en la Oficina del Consumidor. Pero la realidad es que muchas personas mayores no saben cómo hacerlo ni tienen quien las acompañe”, explica Ciamarello.

Desde la Oficina, el rol es activo: se acompaña a la víctima, se interviene ante el banco o la billetera digital y se articula con el MPA y las fuerzas de seguridad, que son las que deben investigar los delitos. “Nosotros accionamos, hacemos reclamos formales, orientamos, pero muchas veces llegamos tarde porque el dinero ya fue transferido o el préstamo ya fue tomado”, advierte.

Las medidas de seguridad de las entidades financieras y las obligaciones de elaborar campañas de prevención por posibles estafas están reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para Ciamarello, eso no alcanza. “Debería haber más campañas de prevención, pero sobre todo más atención personalizada. No sirve hacer campañas en redes sociales cuando tenés adultos mayores que no usan smartphone o no entienden cómo funcionan”, plantea.

El reclamo apunta a un problema estructural: la desaparición de la atención humana. “Cuando un adulto mayor se acerca a una entidad bancaria, muchas veces lo mandan a operar desde un cajero o una app. Lo derivan. Y eso es justamente lo que los deja más expuestos”, sostiene.

“No son nativos digitales. No crecieron con estas herramientas y, sin embargo, hoy todo pasa por ahí: cobrar una jubilación, pagar servicios, recibir un subsidio”, dice la jefa del área financiera y completa: “El estafador necesita que la persona brinde los datos. Pero lo logra porque se presenta como alguien confiable, porque apela a la urgencia, a la promesa de que la promoción termina ya, a la desesperación, algo que con la crisis económica crece día a día”.

Desde la Oficina Municipal recuerdan que, ante cualquier intento de estafa, duda o cargo indebido, es clave actuar rápido y pedir asesoramiento. En Rosario la oficina mantiene el número 0800 666 8845 y trabajan en Córdoba 852 de lunes a viernes de 8.30 a 16.

La Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto alertó nuevamente a la comunidad sobre los intentos de estafa que está afectando a vecinos de la ciudad. Según denuncias recibidas, algunos usuarios han sido contactados por desconocidos que, haciéndose pasar por representantes de la entidad, e informan sobre supuestos trabajos en la red, controles de línea o cambios en los cortes programados por mantenimiento.

El objetivo de estos falsos comunicados es engañar a los destinatarios para obtener acceso a sus dispositivos móviles y cometer fraudes. Desde la Cooperativa advirtieron que esta no es una metodología utilizada por la institución, ya que los avisos oficiales sobre trabajos y cortes de servicio se difunden únicamente a través de su sitio web y los medios locales.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos que no brinden datos personales ni respondan a mensajes sospechosos. En caso de recibir este tipo de llamados, la Cooperativa insta a los usuarios a verificar la información comunicándose a los teléfonos oficiales: 3462-433333 / 433341 / 433764 / 433390.

Finalmente, las autoridades locales y la entidad eléctrica recordaron que este tipo de maniobras fraudulentas suelen intensificarse en épocas de crisis y que la mejor defensa es la prevención y la difusión de información entre los vecinos.

Un hombre de 51 años y una mujer de 42 que es su pareja fueron imputados por estafas vinculadas al denominado "Fondo del 30%" que se distribuye entre empleados del hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Al imputado, cuyas iniciales son JAC, se le atribuyó la autoría del delito de estafas. De acuerdo con la investigación, era la persona que estaba a cargo de la liquidación y el pago de haberes al personal activo del efector. En relación a la mujer investigada, sus iniciales son MBM, trabaja en otra área del nosocomio y se le endilgó ser partícipe secundaria del delito. Al momento de ser imputadas en el MPA, las dos personas entregaron sus pasaportes.

El funcionario judicial remarcó que "ambos se beneficiaron económicamente a partir de las maniobras ilegales". A su vez, recordó que "otras 10 personas también son investigadas y ya fueron imputadas en el marco del mismo legajo por haber obtenido ganancias como resultado de los ilícitos".

Por otra parte, Grimberg indicó que "el hombre de 51 años además fue imputado por actividades relacionadas a la captación de juegos de azar de manera clandestina".

Grimberg señaló que "las estafas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos". Al respecto, aclaró que "el número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las 12 personas involucradas", y añadió que "tales movimientos se registraron entre enero de 2020 y octubre del año pasado".

El fiscal remarcó que "conforme lo establece la normativa, el comúnmente denominado 'Fondo del 30%' debía ser distribuido entre todas las personas que trabajan en el nosocomio". Según explicó, "se trata de la recaudación generada por los servicios que se brindan en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares".

"Durante años, el hombre de 51 años remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados y luego tergiversó las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos", relató Grimberg.

"El responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados", sostuvo el funcionario del MPA. "En función de ello, se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas –entre ellas, el investigado como autor de la estafa y su pareja–, y por cantidades que no eran las previamente informadas y aprobadas", especificó.

En cuanto al otro delito que se investiga, el fiscal refirió que "sin autorización, el imputado y otras personas que aún no fueron individualizadas ofrecieron la creación de usuarios habilitados para utilizar plataformas de casino en línea disponibles en alrededor de 20 páginas web diferentes".

A su vez, expuso que "también vendían y canjeaban créditos virtuales por dinero que los jugadores les transferían a cuentas bancarias o billeteras económicas".

"El hombre investigado brindó estos servicios ilegales entre diciembre de 2020 y octubre del año pasado y obtuvo rédito económico de ello", concluyó.

Delitos

Al hombre de iniciales JAC se le atribuyó la autoría de estafas y la coautoría de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro. Su pareja, por su parte, es investigada como partícipe secundaria de estafas.

Nancy Balza

La Libertad Avanza, en forma directa a través de su candidato a Presidente Javier Milei, y por medio de sus apoderados Karina Milei y Santiago Viola, viene sembrando insistentemente la semilla de la duda sobre un posible fraude electoral en la segunda vuelta del próximo domingo, donde se medirá con Sergio Massa (Unión por la Patria).

"Los votos están, pero hay que cuidarlos", dijo este miércoles a la noche Milei en un programa de televisión. La expresión se suma a la explicación que dio su sector político al reclamo de boletas que hizo la Justicia electoral para asegurar su provisión en todas las mesas habilitadas para los comicios del domingo. La explicación que dieron en estos días fue que las boletas van a estar pero no las van a entregar antes para que no las rompan ni las roben.

También hubo un cuestionamiento a la tarea de custodia de las urnas una vez finalizado el acto electoral del 22 de octubre, en tanto se prevé una amplia red de fiscales para seguir de cerca el desarrollo de las próximas elecciones, tarea en la que garantizó apoyo el PRO, principalmente, del ex presidente Mauricio Macri y la ex candidata Patricia Bullrich.

Así las cosas y con buena parte de estas versiones difundidas a través de redes sociales o bajo la forma de planteos (no denuncias concretas), en los últimos días organismos públicos y no gubernamentales, y autoridades electorales salieron a explicar cuáles son las herramientas con las que cuenta el sistema argentino que garantiza legalidad y legitimidad del acto eleccionario.

La directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala García Langou, aseguró este jueves que en los últimos 40 años de democracia de la Argentina, lapso en el que se llevaron a cabo diez elecciones presidenciales, no se verificaron maniobras de fraude.

"Nuestro sistema electoral funciona muy bien. En ningún momento de todos estos 40 años de democracia, en diez elecciones presidenciales, se verificó fraude", afirmó García Langou en declaraciones formuladas a Radio Mitre.

Es el caso de la fundación Poder Ciudadano que usó un hilo de la red social X para explicar la seguridad del sistema de control cruzado en el escrutinio, que permite que existan "muchos ojos" sobre el procedimiento, lo que garantiza "la transparencia" del proceso.

"Las autoridades de mesa y los/as fiscales son fundamentales en todo el proceso electoral", ya que "están presentes en el armado de la urna, el cuarto oscuro y la mesa de votación".

"Tanto Autoridades de mesa como Fiscales tienen un padrón para verificar la identidad de cada votante cuando se acercan a emitir su voto. Los y las fiscales, a su vez, tienen la posibilidad de firmar los sobres junto al Presidente/a de Mesa, y, especialmente, están presentes en la apertura de la urna a la hora de contar los sufragios", se explicó.

Afirmaron además que "su rol es fundamental, controlando el conteo que está en manos de la autoridad de mesa".

"Los y las fiscales partidarios firman el acta con los resultados avalando que el trabajo fue bien realizado y se llevan una copia de los datos del acta en un instrumento que se llama certificado de escrutinio. Ese certificado será la base del control posterior", continuó la explicación que recoge los conceptos publicados por al Cámara Nacional electoral.

"Al mismo tiempo, se genera un telegrama con la misma información, que se envía al Centro de Cómputos para generar, el domingo por la noche, un resultado provisorio". Este resultado es "meramente informativo y no tiene ningún valor legal; sólo sirve para que la gente conozca el resultado pero será en el próximo paso donde se dará la legalidad a los resultados finales".

Ese segundo paso se inicia 48 horas después de la elección cuando se inicia el escrutinio definitivo, que es el único que tiene validez legal, del que participan la junta electoral y los fiscales de los partidos y que "se genera a través del acta que se confeccionó en cada mesa electoral con presencia de los fiscales de los partidos".

"El acta que es con la que se cuentan los votos en la justicia y puede ser contrastada con el certificado que se llevaron los partidos políticos, dando total confiabilidad a los resultados finales. En caso de diferencias, los partidos políticos pueden pedir un análisis especial de esa Mesa y la Justicia tomará las medidas necesarias establecida por Ley", explicaron desde Poder Ciudadano.

Y agregaron: "Como puede verse, el procedimiento es seguro porque participan de él las autoridades de Mesa, fiscales partidarios y la Justicia Electoral. Y en esta parte del proceso, que es la que tiene valor legal, NO participa el Poder Ejecutivo", concluyó la presentación de Poder Ciudadano.

Por su parte, la Justicia electoral aclaró a La Libertad Avanza que ya está permitido por la legislación que los partidos vigilen y custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones, en el marco del balotaje que se disputará el próximo domingo.

La aclaración de la jueza María Servini llegó en respuesta a un pedido presentado este miércoles por Karina Milei y Santiago Viola, apoderados de LLA, que argumentaron que en las elecciones de octubre "personas en redes sociales" informaron "irregularidades" que podrían ser calificadas como fraudulentas

En el texto, LLA solicitó a la Justicia "participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación" del proceso electoral del balotaje del domingo próximo y cuestionó el accionar de la Gendarmería al tiempo que pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.

La respuesta judicial fue que los hechos informados fueron "puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales" y que los fiscales "podrán participar de la tarea de custodia" solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley.

La presentación de LLA consta de cuatro páginas en las que "se hace saber" al juzgado a cargo de Servini que es necesario prestar atención "en determinados momentos en los que podría configurarse fraude", dice el texto y cita: "En la mesa electoral, en ciertos casos faltan fiscales controladores y el aparato oficial coloca algunas boletas de más de su partido o suprime la de sus rivales".

Añade que "en algunos ámbitos" los "integrantes de cada mesa al cierre de los comicios (a las 18) y realizado el escrutinio correspondiente, entregan la documentación pertinente (acta, certificado y telegrama de escrutinio) y las urnas a las fuerzas de seguridad y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas".

"Aquí aparece la Gendarmería en ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral", agrega.

Y acusan también a los "jefes regionales" que intervendrían en la misma maniobra lo que se haría a cambio de alguna "contraprestación", suman al escrito.

Donald Trump fue multado con 10.000 dólares el miércoles, después de que el juez de Nueva York que supervisa su juicio por fraude civil dijera que el expresidente de Estados Unidos violó por segunda vez una orden de silencio que le prohibía denigrar al personal del tribunal.

El juez Arthur Engoron impuso la orden el 3 de octubre, después de que Trump compartiera en redes sociales una foto de la principal secretaria del magistrado posando con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y la llamara falsamente "novia" del congresista.

El magistrado, deduciendo que el exmandatario se refería a su secretario, calificó los comentarios de violación "flagrante" de la orden de silencio. Los mismos se produjeron mientras Michael Cohen, su antiguo abogado y apañador, testificaba por segundo día contra él.

Trump, favorito para ganar la nominación del Partido Republicano a la presidencia y enfrentarse al demócrata Joe Biden en las elecciones de 2024, abandonó la sala tras la multa.

El juicio se refiere a acusaciones de que el republicano y su empresa familiar, la Trump Organization, manipularon ilegalmente el valor de sus activos y su patrimonio neto para engañar a prestamistas y aseguradoras. El caso podría acabar con el imperio empresarial del ex mandatario.

Los números de más de dos millones de tarjetas de crédito y débito de varios países, principalmente Estados Unidos, México y China, se han filtrado en la dark web, según ESET, empresa encargada de identificar las amenazas en línea.

Para conmemorar un año desde su fundación, el sitio web BidenCash, que vende datos de tarjetas robadas, ha puesto a disposición una base de datos que contiene 2.165.700 tarjetas de forma gratuita.

Los datos incluyen el número de la tarjeta, la fecha de expiración, que llega hasta 2052, el código de seguridad, así como información personal ( nombre, dirección de correo, el número de teléfono y el domicilio del propietario).

El país más afectado ha sido Estados Unidos, con un total de 965.000 registros. En segundo lugar, aparece México, con un total de 97.663, seguido de China con 97.003.

Si bien se descubrió que muchos de los datos en la base de datos estaban duplicados después del análisis, se descubrió que más de dos millones eran únicos, según Andrea Draghetti, jefe de Inteligencia de amenazas en D3labIT.

Además, la firma de seguridad informa que se han conocido un total de 497,000 direcciones de correo electrónico únicas, que pueden ser utilizadas por los ciberdelincuentes en esquemas como el phishing o para cometer otros tipos de fraude de robo de identidad.

Los investigadores no pudieron confirmar la validez de los datos filtrados. Sin embargo, esto no significa que los bancos o los clientes puedan desestimarlos, ya que también se filtró otra información que puede ser utilizada por cibercriminales.

Estos sitios fraudulentos se dirigen tanto a individuos como a organizaciones. Asimismo, los usuarios de servicios de entrega fueron las víctimas que más sufrieron los ataques de phishing, con un 27,38% del total de todos los bloqueos de acceso.

Es importante que los usuarios se mantengan informados sobre las últimas amenazas y estén alerta ante cualquier actividad sospechosa. Además, es recomendable que los usuarios cambien sus contraseñas con regularidad y que utilicen contraseñas seguras.

En esta ocasión, una mujer se declaró culpable de múltiples cargos de fraude luego de haberle robado U$S 680.000 a su ex trabajo en Tasmania, Australia. Además, reveló que perdió todo lo que robó en un juego de apuestas en línea.

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La protagonista de este hecho es Rachel Naomi Perri. Esta australiana se desempeñó como gerente de finanzas en el Hospital Veterinario de Tasmania entre 2016 y 2019. Desde su puesto debía realizar, entre otras tareas, los pagos a los empleados.

La mujer transfería el dinero de la cuenta bancaria del hospital a una variedad de cuentas, tarjetas de crédito y préstamos personales los cuales estaban a su nombre, según la fiscal del caso Simone Wilson. Recién se “descubrieron anomalías en las transacciones bancarias”, una vez que Perri había sido despedida.

Rachel Naomi Perri debió comparecer ante un tribunal y se declaró culpable de 25 cargos de fraude informático por haber realizado las cientos de “transacciones fraudulentas” entre 2016 y 2019, en donde logró robar un total aproximado de 680.000 dólares, informó ABC Australia, que tuvo acceso a los documentos judiciales.

La acusada al ser interrogada por la policía, confesó que con todo el dinero compró fichas en el simulador de máquinas “Heart of Vegas Slots”, uno de los juegos más populares en Google Play Store. El mismo está enfocado al género de casino. Sin embargo, lo insólito del asunto, es que este juego no permite canjear las fichas ganadas por dinero real, por lo que toda la inversión que realizó la mujer no podrá recuperarla.

“Heart of Vegas es similar a jugar a las tragamonedas. Pagas para adquirir monedas o créditos. Nunca se convirtió en dinero real. Perri no pudo ser capaz de explicar por qué estaba jugando ese juego“, explicó Wilson.

En tanto, Perri reconoció que se sentía “humillada” por su propio accionar, pero que se había metido en distintos problemas y es por eso que en ese momento lo único que se le ocurrió fue continuar alimentando su adicción hasta que todo finalmente saliera a luz.

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“Me metí en tantos problemas, pero decidí que seguiría hasta que me atraparan. Sabía que no podía salirme con la mía. Estaba esperando a que la policía llamara a mi puerta“, aseguró la acusada durante el interrogatorio.

Además, durante el proceso judicial se comprobó que Perri ya tenía un historial de robo y adicción a los juegos de apuestas. En la década de 1990 fue condenada por robar 4.986 dólares en efectivo de su empleador y, en 2015, sacó fraudulentamente una tarjeta de crédito de 21.300 dólares a nombre de su esposo sin que este lo supiera.

Por último, Greg Barns, abogado de la mujer, afirmó al tribunal que su clienta había llegado a pasar varias horas consecutivas jugando en las “máquinas de póquer”. De hecho, relató que en una oportunidad estuvo 16 horas jugando “continuamente en la máquina”. Actualmente, Perri se encuentra bajo custodia y en pocas semanas se conocerá su sentencia, señaló RT.

La entrada Robó U$S 680.000 y perdió todo en un juego que no entrega dinero real  se publicó primero en Notife.