En el cierre de la semana que pasó, representantes de Amsafe y el gobierno provincial dieron inicio a las negociaciones salariales y laborales. Por parte del gremio docente, participaron el secretario general Rodrigo Alonso, junto a Susana Ludmer, Patricia Hernández y Paulo Juncos. En este primer encuentro, los maestros pusieron en la mesa una lista de demandas que reflejan un contexto de creciente descontento entre las y los trabajadores de la educación.

Entre otros aspectos, Amsafe expresó su preocupación por la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (Fonid), medida implementada a nivel nacional que significó la pérdida de aproximadamente el 10% del salario docente. Además, señalaron el desfinanciamiento de la educación técnica y los institutos de formación docente, así como la ausencia de paritarias nacionales, espacios esenciales para discutir condiciones de trabajo y programas de formación.

En el ámbito provincial, las decisiones tomadas en 2024, como la reforma jubilatoria y el sistema de "Presentismo" o "Asistencia Perfecta", fueron criticadas una vez más. Según el gremio, estas medidas vulneran derechos adquiridos y generan incertidumbre entre los trabajadores.

El incumplimiento del aumento salarial acordado en la paritaria de 2023 fue otro de los puntos fuertes del reclamo. Amsafe subrayó la necesidad de retomar las paritarias como un espacio de diálogo genuino para garantizar mejoras salariales y laborales, respetando los derechos adquiridos.

(Por Mariela Goy) - El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, se refirió al paro por 72 horas que lleva adelante la docencia universitaria desde este lunes y que afecta el inicio del segundo cuatrimestre. La medida de fuerza fue lanzada en todo el país por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos frente a la inflación. "Las categorías más bajas quedaron relegadas", admitió Mammarella.

Este lunes, en el acto del lanzamiento de la agenda de actividades por los 30 de la Reforma Constitucional, el rector de la UNL consideró que determinadas definiciones de Nación afectan los sueldos. "El problema radica en dos cuestiones -explicó Mammarella a CyD Litoral-. Una es la inflación, pero también un hecho trascendental del Gobierno en una decisión: por un lado, en lo que es la garantía salarial, de dejarla fija a valores del año pasado; y, por otro lado, de quitar el Fonid. Entonces, las categorías más bajas, no solo que no han alcanzado el ritmo de la inflación sino que han quedado relegadas porque han perdido una gran parte de su componente salarial, al no estar estos complementos".

Cabe destacar que la "garantía salarial" es el valor mínimo del salario y no se actualiza desde diciembre. Anteriormente se establecía con un acuerdo en la Paritaria Nacional Docente, para toda la docencia del país, incluida la universitaria. En tanto, el Fonid es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno de Javier Milei decidió no abonar más, con un alto impacto sobre los haberes del magisterio, entre ellos, los docentes de las escuelas preuniversitarias que también lo percibían.

"Hoy en algunas facultades los exámenes han sido reprogramados o se están tomando modalidades virtuales. En otras facultades empiezan las clases y ahí hay diferentes situaciones. Y fundamentalmente las preuniversitarias que hoy están de paro, y donde vamos a tener que recuperar para cumplir los 180 días mínimos", indicó el rector. Crédito: El Litoral

Si bien hubo recomposiciones salariales -siempre por debajo del índice de inflación a excepción de julio-, Mammarella expresó su expectativa: "Esperemos que esto que se avisó el viernes, que era la propuesta del 3% (para agosto) y del 2% (para septiembre), tenga de alguna manera una modificación a lo largo de los días que queden, antes de que lleguemos al fin de mes".

El viernes pasado, en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento entre funcionarios nacionales y los representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios, se anunció el pago de esos porcentajes de aumento, que enseguida fueron rechazados por los gremios por insuficientes y porque, además, los considera una "imposición".

Tras "no llegar a un entendimiento", las partes acordaron crear "una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias señaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno", señaló posteriormente un comunicado de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales está integrado por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun. Estas medidas de fuerza de 72 horas (hasta el miércoles 14) comprenden a los académicos de la UNL, nucleados en Adul, sindicato local que responde a la Conadu Histórica a nivel nacional. Por su parte, los "no docentes" (nucleados en Fatun a nivel nacional y Apul a nivel local) paran sólo por 24 horas este lunes más 48 horas de visibilización.

Al respecto, Mammarella indicó que "claramente estamos trabajando" en evaluar cómo recuperar lo perdido por los paros. "Hoy en algunas facultades los exámenes han sido reprogramados o se están tomando modalidades virtuales. En otras facultades empiezan las clases y ahí hay diferentes situaciones. Y fundamentalmente las preuniversitarias que hoy están de paro, y donde vamos a tener que recuperar para cumplir los 180 días mínimos", indicó.

Con relación a si están llegando los presupuestos nacionales para cubrir los gastos de funcionamiento en la UNL, Mammarella remarcó: "Están las resoluciones que, de aquí a fin de año, van a terminar completando esa actualización que nosotros pedíamos a principio de año del 270%. Están llegando en tiempo y en forma, lo cual, más allá de las restricciones propias de la inflación de este año, permitirían mantener abierta la universidad".

Por otra parte, dijo desconocer si otras casas de estudios, afines a la gestión, vienen recibiendo desembolsos presupuestarios mayores. "La verdad que no nos consta. Nosotros recibimos en función de las resoluciones que nos mandan en forma general y podemos ver lo que pasa en el sistema. No tenemos acceso a información de otro tipo de entregas", adujo.

(Por Mariela Goy) - El ministro de Educación, José Goity, confirmó a El Litoral que el gobierno nacional saldó la deuda que tenía con Santa Fe por la aplicación de la extensión de jornada en las escuelas primarias, que acá se conoce como "Plan 25" y en el país como "Hora Más". Si la reactivación de esos fondos se mantiene, la intención de la cartera educativa es volver a aplicarlo desde el segundo semestre, aunque la pretensión es que no sea de la misma manera a cómo venía.

Una de las posibilidades que analiza la cartera educativa es que no se aplique de forma universal en todas las primarias, sino apuntar a aquellos lugares donde sea más necesaria la extensión horaria, agrupando horas y haciendo un apoyo al plan de alfabetización. Pero se aclaró que el tema se someterá a discusión paritaria.

Como se recordará, en el caso de la provincia de Santa Fe, las partidas nacionales habían dejado de enviarse, por lo que el Ministerio de Educación tomó la decisión de no continuar el plan a partir de marzo de este año, lo que representó un recorte salarial para los docentes (que dejaron de percibir un promedio de $ 50 mil, según el gremio) y también un reacomodamiento de las agendas educativas y de los hogares.

"Lo que se informó en la última reunión del Consejo Federal de Educación (del 28 de mayo) es que se estaban regularizando los fondos, y se notificaron las resoluciones por las cuales o bien se habilitaban los fondos o estaban siendo transferidos", dijo Goity.

"Con nosotros tenían una deuda en torno a la hora 25, que ya ha sido saldada y ahora están empezando a girar los fondos para su continuidad. Nosotros en su momento la suspendimos y ahora estamos en evaluación para reponerla en función de la planificación que establezcamos y los criterios que podamos acordar", subrayó.

El titular de Educación explicó la secuencia cronológica con relación a estos aportes nacionales: "La deuda era de enero y febrero de este año, seguro. Y nosotros desde marzo no continuamos (el programa), habida cuenta de la suspensión de fondos del Fonid, y de la deuda que había en torno a la hora 25, de la cual no había garantías de continuidad. Fueron planteando que la hora 25 continuaba, pero no giraron los fondos. Y ahora sí están empezando a girarlos, en eso están cumpliendo".

No obstante, el funcionario advirtió que "no así en muchos otros programas que recién ahora están planteando que van a empezar a girar los fondos, como del programa 29, el programa 32. Tampoco en obras, por ejemplo".

-¿Cuáles son las opciones en estudio para reincorporar esta media hora de clases en las primarias de la provincia?

-Exactamente, en Santa Fe no fue una hora más, sino que representó media más y, en algunos establecimientos ya tenían también media hora (de extensión), representó 15 minutos más. O sea, fue variado el impacto en torno a su aplicación. Nosotros lo que queremos es hacer una evaluación y, a partir de ahí, poder tener una propuesta de continuidad. En este momento hay dos instancias: una, que es una evaluación propia nuestra, que la estamos haciendo. Y otra que probablemente tenga que ser discutida en el ámbito paritario, porque en su momento fue un tema que estuvo en esa mesa.

El ministro de Educación, José Goity. Crédito: Gentileza

-¿Puede adelantar cuáles son las alternativas que está pensando el gobierno? ¿Aplicarla solamente en la ruralidad o en algunas escuelas, por ejemplo?

-No quiero adelantar; primero, porque está en evaluación y cualquier cosa que yo diga va a ser provisional y puede ser después sujeta a revisión. Entonces, quisiera no generar una expectativa que no podamos sostener o que tengamos que rever. Pero acá una alternativa es repetirla tal cual estaba, que no me parece que sea la más adecuada; y la otra es ir generando programas específicos para apuntar a aquellos lugares en donde tenga mayor impacto o bien sea más necesaria. Inclusive deberíamos evaluar la posibilidad de agrupar horas, por un lado; y a su vez también -y esta es una línea que la Secretaría de Educación a nivel nacional bajó-, orientarla hacia los planes de alfabetización que consensuamos en el Consejo Federal, con el conjunto de jurisdicciones.

-¿O sea, usted no está muy de acuerdo con la universalización, así como está planteada ahora?

- A priori, no.

-¿Hay alguna evaluación que haya dejado hecha la gestión anterior del impacto o eso se está haciendo ahora?

-Ha habido un relevamiento, pero la verdad que es un programa que en muchas escuelas empezó en noviembre, en otras a mitad de año y casi ninguna empezó a principios (del 2023); es difícil poder tener una evaluación real de impacto, a partir de un programa que fue aplicado muy recientemente. Sí se podría tener algún relevamiento en torno a opiniones que tienen los directivos, docentes, padres; pero nosotros no tenemos una evaluación de esa índole.

-Usted dice que necesita ser discutida en paritaria. ¿Se alcanzaría a aplicarla este año o ya se está pensando para el que viene?

-Creo que estamos en condiciones de empezar a implementarla este año. De hecho, si hay garantía de la continuidad de los fondos, que eso es lo que estamos viendo, podríamos estar pensando su aplicación para el segundo semestre. Deberíamos construir algunos acuerdos, por un lado, y validar algún programa o proyecto por otro, pero creo que estamos con tiempo para poder hacerlo. Después evaluaremos cuál es el impacto porque creo que todos estos programas siempre tienen que estar sujetos a evaluación, a monitoreo y a rediscusión o readecuación en función de los resultados obtenidos.

El programa nacional surgió durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Jaime Perzyck al frente de la cartera educativa como una forma de subsanar el tiempo de distanciamiento de la pandemia. Para llevarlo a cabo, se firmaron acuerdos provincia por provincia, en el que el gobierno nacional se comprometía a garantizar buena parte de la financiación.

La política se consensuó en el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de extender el horario en las escuelas del nivel primario y, a la vez, mejorar el salario de los docentes del nivel.

Santa Fe fue una de las primeras provincias en suscribir a la iniciativa de la mano de la entonces ministra Adriana Cantero y el gobernador Omar Perotti. De forma progresiva, comenzó a implementar el programa bajo el nombre Plan 25, comenzando por las escuelas rurales, y recién desde 2023, por las primarias urbanas.

Hasta el momento, no hay novedades con relación al pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Se está pidiendo un reconocimiento de la deuda, que en Santa Fe ronda "los 15.000 millones de pesos", según el ministro, y cuyo reclamo está en una instancia administrativa y judicial. Y a su vez que se restituya el fondo.

Por César Rodríguez

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, oficializó la convocatoria este martes a dos sesiones especiales, ambas a pedido de la oposición. Para las once, está el llamado solicitado por el bloque de la UCR a tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. Para las catorce, está convocada una segunda sesión a pedido de UxP para iniciativas sobre la restitución del FONID y presupuesto universitario.

La primera sesión puede eclipsar la segunda si se estira la discusión en el recinto por varias horas, algo que está previsto que suceda. Es por ese motivo que el bloque peronista se debate entre dar o no quórum. Mientras que desde el radicalismo insisten en no tratar todo en una misma jornada.

De acuerdo al pálpito de los especialistas parlamentarios, lo más probable es que quede sin efecto la segunda convocatoria sobre los temas educativos ya que la primera se espera que demande muchas horas de debate en el recinto como suele ocurrir con el tema previsional, lo que provocará que se exceda largamente el horario de citación.

El temario de la sesión sobre movilidad jubilatoria, pedida por el bloque radical que comanda Rodrigo de Loredo, incluye cinco dictámenes firmados el pasado 15 de mayo en el plenario de tres comisiones. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo entre el peronismo, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho a pesar de que hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta, por lo que esas fuerzas políticas se comprometieron a limar diferencias de cara al debate en el recinto.

La propuesta de Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30% y se acopló a la propuesta de "los dialoguistas" de fijar esa compensación en el 20,6% correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero. Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el INDEC) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50% de la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

Lo que dinamitó el acuerdo fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de incluir la obligación de ANSES de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo. Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

Por su parte, La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.

El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio. También, elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.

Por último, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.

La segunda sesión también abarca un tema de una agenda que incomoda al oficialismo y es el presupuesto universitario y especialmente el restablecimiento del FONID, ya que las iniciativas implican modificar la ecuación fiscal.

De hecho, el propio presidente Javier Milei hizo saber semanas atrás que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que "rompieran la caja" y dañaran el equilibrio fiscal, no le iba a temblar el pulso a la hora de hacer uso de la facultad del veto.

La sesión con eje en el aspecto educativo fue pedida por el bloque de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez. En un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación emplazado a dar dictamen, se avanzó con la firma de distintos proyectos que proponen la reposición del FONID eliminado por el Ejecutivo este año y la actualización automática del presupuesto universitario, aspecto zanjado en parte por el Gobierno luego del aumento de fondos acordado con rectores.

En cuanto al FONID, el dictamen de mayoría resultó el de Unión por la Patria con 34 firmas, mientras que La Libertad Avanza junto al PRO, el MID y el bloque Independencia firmaron un dictamen de rechazo.

La UCR, en tanto, con doce firmas, rubricó un dictamen de minoría en el que metió por la ventana la declaración de la educación como servicio esencial. Esta inclusión le costó el duro reproche de la Coalición Cívica que a través del diputado Maximiliano Ferraro acusó con nombre y apellido al jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, de querer quedar como "el abanderado" de esa causa apurando de forma oportunista los tiempos de un propósito que comparten (la esencialidad educativa) pero que entienden que no era el eje de discusión en este plenario de comisiones.

La Coalición Cívica no firmó ningún dictamen, mientras que Hacemos Coalición Federal suscribió un despacho con cuatro firmas, y el Frente de Izquierda avaló su propio proyecto con dos rúbricas.

La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) implicaría para 2024 un gasto de $1.294.770 millones ($1,3 billones), equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y de 0,16% si se considera solo la inflación 2024.

De acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primaria con diez años de antigüedad.

Los importes individuales que proponen las distintas normas a evaluar oscilarían entre $43.994, en enero y $ 90.786, en diciembre. Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PBI cada 100.000 docentes.

Así lo detalla un reciente informe de la OPC, que analizó el costo fiscal que tendría la continuidad del programa reclamado por los docentes de todo el país y que hoy no tiene ley que lo respalde.

Cabe recordar que el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recordó a los Senadores ante la consulta que el Fonid fue creado en 1998 y tenía una prórroga por cinco años por lo que "el plazo caducó", al tiempo que afirmó: "Las provincias deben hacerse cargo de estos temas". Más allá del cambio de ministro, el "ajuste" es una de las premisas del gobierno de Javier MIlei para mantener el superávit fiscal y sostener la baja de la inflación.

La semana pasada, la oposición en Diputados logró cinco dictámenes (sobre siete proyectos disponibles) en su intento para reponer el financiamiento mediante un proyecto de ley. Unión por la Patria sumó 34 firmas en su propuesta de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia pusieron 36 firmas en su rechazo; la Unión Cívica Radical apenas tuvo 12 firmas para avalar su propuesta; Hacemos Coalición Federal consignó 4 firmas y el Frente de Izquierda apenas dos voluntades legislativas para su despacho.

El macrista Alejandro Finocchiaro había propuesto llevar adelante un "estudio serio y profundo" sobre el costo fiscal de la iniciativa, y propuso un cronograma para emitir dictamen el miércoles 12 de junio. La oposición estuvo de acuerdo en no demorar el tema, pero fracasó en la idea de unificar una propuesta.

La OPC analizó los siete proyectos que proponían restituir el Fondo de Incentivo Docente desde el primer día del 2024 por diferentes lapsos de tiempo, "lo que supone abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual".

Recuerda la oficina técnica del Congreso que "el Fonid fue creado para el 'mejoramiento' de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable. El Fondo fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el presupuesto nacional".

En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fonid "tuvieron una participación de 0,18% del PBI", costo fiscal que se elevaría este año si las propuestas analizadas se convierten en ley, y en el caso de que el presidente Javier Milei no vete la iniciativa.

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), destinado a engrosar el salario de los maestros provinciales, que fue interrumpido por el gobierno de Javier Milei a principios de año.

Aunque la falta de acuerdo entre los bloques impidió que haya un dictamen único, la firma de diferentes proyectos para restituir el FONID permitirá trasladar al recinto la discusión, que todavía no tiene una fecha fijada.

Luego del emplazamiento aprobado en la sesión especial del pasado 21 de mayo, las comisiones de Educación; y Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA), respectivamente, sesionaron este martes para tratar las modificaciones a la ley 25.053.

Finalmente hubo cinco proyectos distintos. El bloque de Unión por la Patria logró dictamen de mayoría y se presentaron dictámenes de minoría que corresponden a los bloques Frente de Izquierda, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical. A su vez, La Libertad Avanza presentó dictamen de rechazo.

Durante la reunión se dieron dos discusiones entre los legisladores a causa de dos propuestas que no estaban contempladas de antemano. En primer lugar, el titular de la comisión de Educación, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, propuso "un cronograma" que postergue la discusión "con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme". Pero el planteo fue rechazado.

A su vez, en paralelo a la discusión del FONID, el bloque de la UCR presentó un proyecto para incluir a la educación como un servicio esencial. Lo planteó Carla Carrizo: “desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga”. Se rechazó tras desatarse la discusión por ser un tema que viene siendo eje de presentaciones del oficialismo y al ser un tema que no estaba contemplado en el emplazamiento.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (UxP), expresó que “la educación argentina necesita docentes con buenos salarios, el FONID no soluciona cabalmente esa realidad, pero es indispensable que asumamos esta responsabilidad con la resolución mayoritaria de la Cámara, cumpliendo los antecedentes de la Constitución y la tarea desarrollada por el Consejo Interuniversitario Nacional, respondiendo a la solicitud de los ministros de educación de todas las jurisdicciones, y al mismo tiempo, respondiendo a una voluntad expresa de legisladores de distintos bloques que han presentado distintos proyectos”.

En tanto, la diputada radical Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que “garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.

El santafesino Esteban Paulón (HCF) sostuvo que en representación de distintos diputados, encabezados por la diputada Margarita Stolbizer “presentamos dictamen que firmamos con distintos mecanismos de actualización, no estamos creando un fondo para restituir el FONID, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado” como aumentar el salario docente de todo el país y “tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”.

Un paso más cerca de la restitución del #FONID Acabamos de firmar el dictamen para que el Gobierno nacional restituya el Fondo de Incentivo Docente, un complemento muy importante para el salario de la docencia en todo el país pic.twitter.com/2gc3Lhex0P

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (PRO) criticó que “legislamos con irresponsabilidad no sabiendo cuanto cuestan los proyectos que presentamos. Tenemos déficit fiscal porque los legisladores creemos que los gastos se escriben en un papel ¿cómo vamos a financiar el gasto?”, se preguntó.

El diputado oficialista Santiago Santurio (LLA) se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa: “El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”.

En tanto, la diputada Romina del Plá (FIT), sostuvo que “venimos insistiendo desde que comenzó el año la necesidad de darle una continuidad al FONID, se han negado sistemáticamente”. “En nuestro dictamen proponemos que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y jubiladas, y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. Esto se va a resolver con el sostenimiento real de la educación pública”.

En reclamo por la restitución del FONID, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encabezaron una movilización al Congreso Nacional.

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Mientras en Diputados debatían las iniciativas presentadas por los legisladores de la oposición, los gremios docentes nacionales se concentraron frente al Palacio Legislativo exigiendo que se repongan los fondos educativos recortados por la administración libertaria.

El FONID fue eliminado por el Gobierno Nacional a principio de año y significó un fuerte recorte a las provincias, provocando una fuerte disminución en el poder adquisitivo del salario docente.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a autoridades de universidades, sindicatos docentes y estudiantes que dieron testimonio de la grave situación por el retraso presupuestario y la falta de respuestas de parte del Estado nacional.

Tras algunas postergaciones de su presidente, Alejandro Finocchiaro (PRO), la comisión desarrolló la primera de las reuniones informativas y se anticipó que el próximo martes 14 de mayo está invitado a exponer el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En varias intervenciones, hubo pedidos concretos para que también se incorpore a la mesa de discusión el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Así lo expresó por caso la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, quien remarcó que "la discusión entre el tema del financiamiento universitario y el Fonid no son dos temas separados".

"En Argentina durante muchísimos años hemos peleado por el financiamiento educativo, que incluye a las universidades y a las escuelas", indicó, y agregó que todos los niveles educativos "forman parte de un mismo plexo normativo".

"La Ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas", aclaró la líder del sindicalismo docente. En este sentido, Alesso advirtió que "estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el Fonid, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para los comedores y copa de leche, refuerzo nutricional a las provincias".

Sobre el presupuesto universitario expuso en primer lugar Roxana Puebla, rectora de la Universidad de la Patagonia Austral. Explicó lo que implica hoy no tener un presupuesto actualizado acorde a las funciones esenciales que desarrollan en las universidades.

Además, la rectora solicitó a los legisladores “que intervengan en la adecuación presupuestaria 2024 y puedan avanzar en el mecanismo de financiamiento universitario que garantice el federalismo de la educación superior y permitan disminuir las asimetrías”.

Más tarde tomó la palabra Lucía Ortega, doctora en Economía y docente de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Detalló que “hace ocho años los docentes universitarios podían comprar prácticamente el doble de lo que pueden comprar ahora”. “Esto hace a las condiciones de trabajo como así también a la calidad de la enseñanza”, remarcó.

En la continuidad, Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, puso en valor el rol de las quince universidades nacionales: “No hay otra institución pública de este país que haya logrado mantener el estándar de calidad internacional durante tanto tiempo, y eso tiene que ver con un modelo y política pública realmente efectiva, que ha permitido que miles de jóvenes hayan salido de la pobreza gracias al esquema de movilidad ascendente que genera”, ponderó.

Luego de escuchar a los expositores, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó que a la próxima reunión informativa de la comisión también sea citado el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El diputado opositor advirtió que "la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las universidades públicas frente a una situación económica más que crítica".

"Observamos, también, que la ejecución del primer trimestre refleja una reducción del 34% con respecto al año anterior, y que la caída interanual en la ejecución de las partidas presupuestarias para las universidades fue incluso mucho más pronunciada respecto a otros ítems o rubros vinculados al gasto público nacional", lamentó.

Al finalizar el encuentro, la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, reclamó que la comisión se aboque "lo más urgentemente posible a tener una reunión plenaria con Presupuesto y Hacienda".

La importancia de que la comisión que preside José Luis Espert se acople a una dinámica de trabajo conjunta con Educación es para que los proyectos desembarquen en el recinto, ya que requieren de ambas firmas de dictamen. Pero el economista libertario, hasta el momento, se resiste a convocar a su comisión.

En consonancia con los demás gremios, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Santa Fe rechazó la propuesta salarial del gobierno y realizará medidas de fuerza la semana que viene, los días 8 y 9 de mayo. Así lo resolvió este viernes en horas de la siesta, en su asamblea de delegados.

"Se rechazó la propuesta del gobierno, con mucho enojo, por cierto. Y hay una decisión de realizar medidas de fuerza la semana que viene, en conjunto con los demás gremios, los días miércoles y jueves", indicó Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, quien añadió que el resultado fue "casi unánime".

La medida tiene que ver no sólo con rechazar la oferta salarial hecha por el Ejecutivo santafesino, sino también con sumarse al paro general de la CGT previsto para el día 9, "contra el tremendo ajuste que impone el gobierno nacional por la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y por todas las propuestas tanto en lo previsional como en el régimen laboral, que se vienen estableciendo en la ley Bases", argumentó.

"Fue contundente el rechazo de la docencia y de todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia a la propuesta salarial. El Gobierno debe leer esta decisión", destacó Bayúgar con respecto al paro. E indicó que "las amenazas de descuento por días de paro no pudieron por sobre la realidad que atraviesan los bolsillos de los maestros".

Bayúgar consideró, además, que así como se establecen los aumentos en los servicios públicos a partir del incremento de la inflación, también deberían referenciarse los salarios a partir de ese ítem.

"La verdad que particularmente me sorprendió (el porcentaje propuesto). Yo pensé que en los sondeos previos hablábamos que fuera de dos dígitos o bien un 9 y un 9%, y así repetíamos el 18% del mes anterior, que no era suficiente tampoco, pero que tenía más color. Pero un 5% definitivamente es inaceptable", adujo.

Por Mauro L. Muñoz

En la reunión paritaria de este lunes, el gobierno de Santa Fe informó a los gremios que representan a los maestros provinciales que realizará una presentación para que Nación retome el envío de las transferencias del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La información fue confirmada por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, al salir de la reunión. "Vamos a hacer una presentación para que Nación retome ese envío, porque creemos que debe ser una política pública de Estado", sostuvo en diálogo con los medios de prensa.

El titular de Hacienda detalló que la presentación se realizará en primera instancia por vía administrativa y, en caso de no tener curso, se acudirá a la Justicia. "De acuerdo a cómo se dan los reclamos entre una provincia y el Estado nacional, se va a tratar de completar la primera instancia que es administrativa. El Ministerio de Educación se ocupará de la presentación porque es el que tiene el vínculo. Seguramente, luego de agotar esa posibilidad, el reclamo seguirá por vía judicial".

De acuerdo a la información brindada por el gobierno santafesino, desde que asumió la actual gestión nacional, se restringió el envío del FONID. "Hasta el momento, representa unos $10 mil millones, de los cuales $3.200 millones correspondientes al mes de enero, fueron cubiertos por la Provincia", sostiene la comunicación gubernamental.

El eliminado FONID, junto al ítem de conectividad -que también fue discontinuado- representaban el 8,5% del salario bruto de un maestro de grado de jornada simple en Santa Fe, con 10 años de antigüedad, según los cálculos de la Fundación Mediterránea en base a los números de septiembre de 2023.

En tanto que la participación de las transferencias en concepto de FONID sobre los gastos corrientes de la provincia representaban el 1,1 %, de acuerdo a ese mismo estudio de las economistas Laura Caullo y Azul Chincarin.

El FONID fue creado por la Ley 25.053 sancionada en 1998, inicialmente con carácter de emergencia por el término de cinco años (hasta 2003), aunque luego fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y DNU, la última de ellas, hasta el 31 de diciembre pasado.

En enero 2024, la administración libertaria decidió no renovar su vigencia. El concepto hubiera supuesto para Santa Fe $3.154 millones de acuerdo a lo estimado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero el Fondo se venció legalmente y la confrontación de las provincias con la Casa Rosada impidió una salida política.

Cabe indicar que hay jurisdicciones que decidieron abonar el FONID con fondos propios, ante la negativa por parte del gobierno central a transferir esos recursos. En estos momentos, el Incentivo Docente significa una suma nacional de $ 28.000 por cargo a un docente de Santa Fe.

El Gobierno santafesino argumentó en reiteradas ocasiones que la evolución de los recursos propios es la regla que define la pauta salarial, descartando que pueda afrontarlo con presupuesto provincial.

En la reunión paritaria de este lunes, el ministro Olivares detalló que el mes de marzo ya marcó un déficit mensual de $ 22.000 millones. "No es casualidad: es el mes donde comenzaron las recomposiciones a cuenta de la paritaria 2024. Por lo tanto debemos seguir la posibilidad de recomposición de salarios con la evolución de los recursos", indicó.

La sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente no alcanzó quórum, y se desarrolla con expresiones de minoría en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se sentaron en las bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal y los cuatro diputados del Frente de Izquierda.

La convocatoria del bloque presidido por Germán Martínez tuvo lugar el día después de la masiva movilización en el centro porteño y en las grandes ciudades del país en el marco de la Marcha Federal Universitaria para denunciar el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno de Javier Milei.

Maximiliano Pullaro destacó este sábado por la mañana que comparte mucho de los objetivos del gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

“Coincido con muchos objetivos que tiene Milei que tiene que ver con sanear el Estado nacional. Es imposible que una economía se sostenga gastando más de lo que ingresa. Te fundís. El Estado no se funde, pero genera déficit, que se financia con emisión o con créditos internacionales y genera altos niveles de inflación”, aseguró el gobernador santafesino en diálogo con Bigote Agosta por LT8.

En ese sentido, el mandatario provincial señaló que “en Milei miró más el fondo que las formas, aunque incomodan. Por ejemplo, no es una persona que dialoga mucho y tiene expresiones que acá no estamos acostumbrados. Pero el fondo es el objetivo que persigue, que es un Estado saneado y que Argentina pueda tener crecimiento económico”.

Pullaro también dejó en claro que cuando hubo que salir a cuestionar, desde el gobierno santafesino se lo hicieron saber a Nación. “Fundamentalmente cuando afecta a nuestra provincia. Cuando nos sacó el Fonid nos manifestamos, los subsidios a los transportes y las retenciones también”, manifestó.

Para cerrar el tema de vínculos con Milei, Pullaro declaró: “Tenemos que construir una relación seria. En donde la provincia le lleve indicadores y le proponga políticas públicas cuando entendemos que no están haciendo como creemos que se deben hacer”.

El mandatario dejó su postura respecto a la relación con Nación. Foto: Mauricio Garin

Al ser consultado por la inversión en obra pública, el gobernador santafesino focalizó en que la provincia no acompañó la decisión de frenar las inversiones nacionales. En contrapartida, destacó: “Las obras provinciales hemos retomado las que se había paralizado en la última etapa de la gestión anterior”.

Y anticipó: “Estamos empezando a planificar una nueva inversión en obra pública, fundamentalmente para llevar adelante una economía anticíclica en un momento de recesión económica e inflación nos permita sostener a los trabajadores de la construcción, que son unos 40 mil en la provincia. Vamos a invertir alrededor de $ 400 mil millones en 2024 en esta materia”.

En otro tramo de la extensa entrevista que tuvo lugar este sábado, al mandatario santafesino le preguntaron por la reforma de la Constitución provincial. “No negamos la importancia pero no es la prioridad”, aclaró.

“Es importante pero no está en mi cabeza ni agenda política. Como gobernador estoy concentrado en dedicarle todas las horas de trabajo en los temas de agenda: seguridad pública, educación y producción. Y sumemos las finanzas de la provincia en términos generales”, amplió Pullaro sobre el tema.

Pullaro destacó el rol de Región Centro. Foto: Luis Cetraro

Al mismo tiempo, el gobernador habló sobre el rol fundamental de Región Centro para sacar adelante al país. “”Somos 8.960.000 personas, de las cuales dos millones trabajan en el sector privado. Más de 500 mil estudiantes. La potencia que tiene es inconmensurable, es el motor de la producción del país”, remarcó.

Y opinó: “Cambiar esa ecuación tan perversa que es que provincias productoras aportamos para sostener espacios geográficos improductivos de la Argentina”.

En esa línea, consideró que Santa Fe debe empezar a tallar en el debate sobre la hidrovía. “Tenemos un programa y un plan. Entendemos que Santa Fe tiene que liderar, pero acompañados con las provincias de la región litoral que compartimos el río Paraná como Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Juntos tener una mirada de qué hacer con el río”.

Cuando se le consultó por la violencia en el sur provincial, con eje en Rosario, Pullaro contestó: “Le ha dado a la seguridad una prioridad absoluta. Es el mandato que me dio la gente, trabajar para mejorar los niveles y estándares de seguridad”.

Y puntualizó sobre el rol del policía. “Hay que trabajar muchísimo en la formación, el entrenamiento y el reentrenamiento de nuestros jóvenes, hombres y mujeres que quieren y van a ser policías de la provincia. Estoy muy esperanzado en las generaciones que vienen. Vamos a tener una mejor policía”, aseguró.

Al mismo tiempo, dijo que “respecto a la violencia no estamos bien. Durante muchos años, la violencia creció en Rosario. Hubo altibajos, se trabajó en algunos momentos mejor y en otros peor. Pero yo tengo la determinación de llevar adelante altos niveles de control, que permitan mostrar indicadores de baja considerable de la violencia. No es un lapso corto sino en dos años aproximadamente, con lo cual es una carrera importante”.

Por último, remarcó el trabajo de la fiscalía. “El MPA está mucho mejor. La Dra. Vranicich está siendo un gran trabajo. La intervención del Dr. Merlo ha dado rápidamente buenos resultados. Siento que tengo un acompañamiento de la Justicia en las cosas que estamos llevando adelante”.

La seguridad de la provincia, eje central de la gestión.

Pullaro no esquivó la pregunta sobre el debate que se desató sobre el plan Asistencia Perfecta, que consiste en premiar a los maestros que no falten a sus trabajos. “El ausentismo (docente) es un problema en la provincia de Santa Fe. En el 2023 hubo un 32% de ausentismo, es altísimo. Se llevó un cuarto del presupuesto de Educación”, aseguró el gobernador.

“Con los niveles de control que empezamos a tener logramos una reducción en estos primeros 45 días y con ese ahorro entendimos que había que implementar un premio que llamamos Asistencia Perfecta”, resaltó.

Gobierno y docentes reanudarán esta tarde la discusión paritaria para intentar reencauzar un conflicto que ya ha generado once días de paro. En la ocasión, la provincia llevará una nueva oferta salarial con la que espera ponerle fin a la discusión salarial correspondiente a marzo.

El gobierno ha anticipado que replicará la misma propuesta que ya recibieron y aceptaron los estatales; esto es un 20% para categorías iniciales y un 17 para las restantes. Sin embargo, desde los sindicatos que representan a los maestros "Amsafe, Sadop y UDA" advirtieron que un porcentaje diferencial repercutiría negativamente en el sector, puesto que "achataría" la pirámide o escala salarial según la carrera docente. La dirigencia gremial considera, por otra parte, que la recomposición no sólo debería contemplar un porcentaje de incremento, sino también un adicional que pueda sustituir y compensar "la rebaja salarial" que sufrieron a partir de la decisión de la Nación de eliminar el Fondo de Incentivo Docente.

Por el lado del gobierno, en tanto, persiste el malestar confesado por el propio Maximiliano Pullaro la semana pasada a raíz de la adhesión de Amsafe al paro nacional de la Ctera. En la ocasión, el gobernador deslizaba que se habría cruzado "un límite" con ese accionar; y por primera vez, admitía que se evaluaba el eventual descuento de los días no trabajados a quienes hayan adherido a las medidas de fuerza.

Sobre esa base, es que la administración provincial tomará el encuentro de hoy como una suerte de última chance para destrabar la negociación; desde el Poder Ejecutivo -según pudo saber El Litoral- advierten que, si la propuesta que se formula esta tarde no es valorada positivamente y convalidada en asamblea, se dará por cerrada la discusión correspondiente a marzo. Ello habilitaría al gobierno a adoptar diferentes decisiones, por ejemplo, a establecer por decreto los aumentos para el sector o hasta a consumar el mencionado descuento de los días no trabajados.

Asimismo, el gobierno define si juega la carta asociada al problema del ausentismo, que dejó sobre la mesa de discusión desde el primer encuentro paritario a inicios de enero. En tal sentido, algunos integrantes del gabinete han insistido en la posibilidad de reconocer en términos salariales al docente "cumplidor", pero ello genera resistencia sindical. "Si quieren reinstalar el presentismo, que lo digan con todas las letras", alertó públicamente la semana pasada Rodrigo Alonso, titular de Amsafe.

En paralelo, mientras el sector docente no ha podido cerrar aún la política salarial de marzo, los gremios estatales se reunirán esta misma semana para comenzar a discutir ya la política salarial de abril.

Según pudo saber este diario, entre miércoles y jueves, los dirigentes de UPCN y ATE serán convocados para empezar a definir cómo se recompondrán los ingresos durante el presente mes.

Como han anticipado, atentos a la actual coyuntura económica de alta volatilidad, la estrategia de la Casa Gris es mantener una suerte de paritaria abierta de manera permanente discutiendo "mes a mes" cómo se recomponen los salarios del sector público.

Se cumplen este jueves 17 años del crimen del maestro Carlos Fuentealba durante una represión policial para desalojar la ruta 22, a la altura de Arroyito, a partir de una protesta por mejoras salariales que realizó la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) el 4 de abril de 2007.

Ese día la policía provincial recibió la orden del gobernador Jorge Sobisch de impedir que los manifestantes realizaran un piquete para impedir el paso de los vehículos durante el comienzo del feriado por la Semana Santa.

La fuerza disparó balas de goma y gases lacrimógenos. En plena retirada de los manifestantes, el policía José Darío Poblete (integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Zapala) arrojó desde dos metros una granada de gas que traspasó la luneta trasera de un Fiat 147 donde se encontraba el maestro. El proyectil impactó en su cabeza y le causó gravísimas heridas que terminaron con su muerte al día siguiente. Carlos Fuentealba tenía 40 años y dos hijas de 10 y 14. Su pareja, Sandra Rodríguez, también era docente.

La muerte del maestro generó una gran conmoción tanto en la provincia como en el país. La CTA y la CGT lanzaron un paro nacional y se realizaron masivas movilizaciones para pedir Justicia.

La huelga docente en Neuquén se extendió por más de 50 días hasta que el gobierno acordó con el gremio un aumento salarial, una pensión para la viuda de Fuentealba y otras reivindicaciones.

El policía Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua en 2008, aunque desde el año pasado la Justicia le otorgó el beneficio de salidas transitorias por buena conducta.

El pedido de juicio político al gobernador Jorge Sobisch nunca prosperó.

Carlos Fuentealba había nacido en Junín de los Andes en 1966 donde realizó los estudios primarios. Luego se trasladó a la capital de la provincia para realizar sus estudios secundarios en la escuela industrial General Torres donde se recibió de técnico químico.

En los años siguientes trabajó en diferentes empleos: en un laboratorio, en un supermercado, en un hangar, en una radio y en una fábrica de jugo.

Después se recibió de docente y daba clases como profesor de química en el CPEM 69 del barrio Cuenca XV.

El pasado 14 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los defensores de los policías condenados en el marco de la causa Fuentealba II.

De esta forma, ratificó la sentencia de primera instancia –confirmada por el Tribunal de Impugnación– que condenó a Benito Ariel Matus por el delito de abuso de armas, agravado por haber sido cometido abusando de su función como miembro integrante de la fuerza policial y a Carlos David Zalazar y Jorge Bernabé Garrido por el delito de abuso de autoridad.

También quedaron ratificadas las condenas de otros ex altos mandos policiales que fueron encontrados culpables de abuso de la autoridad, condenados a la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional. Se trata de Carlos Salazar, quien era comisario General, Jefe de la Policía de Neuquén; Moisés Soto, quien era comisario general, subjefe policial; Adolfo Soto, comisario General, Superintendente de Seguridad Metropolitana; Mario Rinzafri, director de Seguridad a Cargo del operativo; Jorge Garrido, jefe de Departamento de Seguridad Metropolitana.

Con motivo de un nuevo aniversario del crimen de Carlos Fuentealba, ATEN realizará este jueves una huelga provincial en el marco del paro lanzado a nivel nacional por Ctera, el principal gremio del sector, que también incluye el reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Inventivo Docente (Fonid) y por la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente.

Según las actividades previstas, a las 9 se llevará adelante un acto en Arroyito, lugar donde ocurrió el asesinato y el inicio de la marcha será a las 11 desde el monumento a San Martín.

En Neuquén, la medida fue anunciada el pasado jueves en el plenario de secretarios generales de ATEN, realizado en Cutral Co, donde también se confirmó la aceptación de la última oferta salarial ofrecida por el gobierno provincial tras cuatro semanas de medidas de fuerza.