El Gobierno de Santa Fe explicó que no hay una distribución discrecional del Fondo Covid en la provincia. Lo confirmó a El Litoral el secretario de Integración, José Luis Freyre, quien admitió que “si hay algo que lamentablemente la pandemia demostró que es una enorme inequidad y deficiencia en la infraestructura sanitaria” y por eso fue “el enorme esfuerzo de la provincia en salir a ampliar Samcos o a construir o y reforzar la infraestructura sanitaria”.

“Veíamos que las grandes ciudades, aunque con algunas deficiencias, había una infraestructura sanitaria hasta 2019, pero claro, en las ciudades intermedias, este, alejadas de los centros urbanos, sin ni que sea, los centros de salud o los samcos, la verdad que habían quedado absolutamente desprovistos de de o de calidad de infraestructura y de servicios”, dijo el funcionario. “Entonces, gran parte de las comunas y los municipios han presentado proyectos y propuestas para poder fortalecer a veces su estrategia de prevención, a veces sus centros de salud o colaborar con la ampliación”, añadió.

“En esa distribución -continuó Freyre- hubo un aporte para las trescientas sesenta y cuatro localidades, pero no es para Rosario y Santa Fe. Rosario y Santa Fe tienen convenios específicos aparte para para en materia de salud, tienen acuerdos específicos con el Ministerio de Salud y tienen refuerzos de aportes donde dicen, “Mire, nosotros gastamos esto en salud, nosotros le aportamos este la provincia le aporta en eso”. Este es un esquema eh en el caso de Rosario venía de antes y ahora se amplía y en el caso de Santa Fe, diálogo permanente para poder avanzar en en esos programas”, detalló.

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El funcionario insistió en que “de ninguna manera se los excluye por contemplar o entender que está resuelta la situación o cubierta la situación”. “Sí tienen un esquema obviamente por su tamaño y su dimensión absolutamente diferente con convenios y acuerdos específicos”, puntualizó.

En el mismo sentido, indicó que “hoy, los trescientos sesenta y cinco municipios y comunas tienen aportes de la provincia este y tienen obras del gobierno de la provincia, muy a diferencia de lo que lamentablemente pasaba antes; claramente no queremos volver atrás en eso y, segundo, pareciera que es este adelantamiento del clima electoral en un momento -insisto- en un contexto difícil donde todos nos gustaría que los dirigentes estén unidos, trabajando en los temas importantes que tenemos por delante, no solo cuidar la producción, fortalecer los gobiernos locales, sino también atender las problemáticas de la sequía, ni que hablar de la inseguridad”. “Cuestiones que requieren que estemos trabajando juntos”, concluyó.

Por Ivana Fux El Litoral Una auditoría interna y un sumario impulsado por la Dirección de Asuntos Internos intentan clarificar el uso de 60 millones de pesos en el Servicio Penitenciario de la provincia. Se trata de fondos que fueron girados por el Poder Ejecutivo al sistema carcelario, para la adquisición de insumos y la contratación de personal, en el marco de la pandemia. El dato fue revelado durante la reunión que mantuvieron este lunes funcionarios de la repartición y diputados provinciales, a propósito de la fuga en la cárcel del Piñero. “Pero no es una faltante – aclaró más tarde y ante una consulta de El Litoral, el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi-. Es una situación que a priori se presenta como con desprolijidades, y donde se pretende determinar si eventualmente se cometieron irregularidades”, planteó. Se trata de cuatro partidas que comenzaron a ser giradas a principios del año pasado. La primera se remitió el 16 de marzo, la segunda el 17 de abril, la tercera el 7 de agosto y la cuarta, el 10 de setiembre. Cada una, por quince millones de pesos.

Los hechos Apenas unos meses después de que se recibiese la última partida, se produjo un recambio de autoridades en el Servicio. Así, en febrero de este año, fue desplazado Héctor Acuña como director y asumió Bortolozzi en su reemplazo. A poco de iniciada su gestión, el flamante funcionario se topó con una observación del Tribunal de Cuentas de la provincia advirtiendo sobre la falta de rendición de los recursos que se habían girado con la primera cuota, el 16 de marzo. El nuevo director ordenó, entonces, una auditoría interna sobre los cuatro envíos, y el correspondiente sumario de parte de Asuntos Internos. “Lo que detectamos cuando se inició nuestra gestión (a prácticamente un año de que se realizase el primer envío), es que esos fondos no estaban rendidos – dijo Bortolozzi-. Por eso decidimos iniciar una investigación interna para poder hacer la rendición correspondiente, pero además, para determinar cómo fue usado ese dinero; se realizó un peritaje de la facturación, se tomó declaración a las personas que intervinieron en el proceso de compra de insumos o de contratación de profesionales médicos, se hicieron inspecciones oculares… Se sabe en qué se usó el dinero, pero lo que queremos saber es si fue bien usado; si se pagaron los precios más convenientes y justos, si se buscaron más de una oferta… Nos encontramos con un montón de facturas sueltas”, mencionó el funcionario para graficar la “desprolijidad”.

Responsabilidades Bortolozzi admitió que las desprolijidades que se investigan pueden derivar en “irregularidades”, en cuyo caso se deberán determinar las eventuales responsabilidades. “Queremos aclarar la situación y determinar la calidad del gasto para despejar las dudas y posibles errores, y también para deslindar responsabilidades. Pero no se trata de una faltante de dinero”, insistió. Y acotó que las investigaciones internas continuarán para verificar si se cometieron faltas o delitos, y si correspondiese, la eventual aplicación de sanciones a los responsables. Según comentó, ya se terminaron de auditar y sumariar el primer y segundo envío de dinero; resta determinar qué sucedió con la tercera y cuarta cuota. “Los hechos son investigados y de surgir irregularidades, se imputará a quien corresponda como responsable”, concluyó.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología informó que se transfirieron aportes cercanos a los 100 millones de pesos, teniendo como destinatarios a 1.700 locales comerciales. En esta ocasión, el beneficio comprende tanto a salones, caterings y eventos, como a gimnasios, fútbol 5, centros de yoga y pilates, complejos de paddle y otros servicios afines que se sumaron al Programa de Asistencia Económica de Emergencia que el gobierno provincial viene instrumentando desde junio del 2020.

Cabe destacar que estos pagos corresponden a las inscripciones que se dieron hasta el 21 de mayo y forman parte de la gran inversión que está efectuando la gestión del gobernador Omar Perotti. Dicha asistencia se suma al resto de medidas indirectas en materia tarifaria e impositiva, con el objetivo de seguir sosteniendo las fuentes de trabajo, y al Repro II que estos mismos comercios pueden tramitar a nivel nacional.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, expresó: “Hoy hicimos el primer pago a un sector importante de comercios afectados por la pandemia. En los próximos días y semanas continuaremos haciendo lo propio, a medida que se vayan completando las inscripciones y documentaciones de cada solicitante”.

Por su parte, el Secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, luego de visitar un complejo de fútbol 5 de la ciudad de Santa Fe junto a referentes del sector, confirmó la continuidad de los pagos: “La decisión del gobernador es seguir acompañando porque entendemos que la situación así lo amerita”.

Además detalló lo hecho en el Programa hasta el momento: “A la par de la salud, abordamos la economía. Santa Fe es la provincia que más invirtió en asistencias directas a sus comercios y locales de servicios. Esto fue posible gracias a la decisión política de administrar los recursos de las y los santafesinos de manera eficaz, con prioridades claras y sin endeudarnos”.

Por último, Aviano informó que “algunos beneficiarios pudieron acreditar actividad y gastos por hasta 100 mil pesos y el promedio de pagos osciló los 50 mil, un grupo de pequeños locales percibieron el monto mínimo establecido en 30 mil pesos. Son ayudas que suman, que más el Repro II, los planes de tarifas de EPE y ASSA, y el no pago de impuestos y tributos, responden a la necesidad que están atravesando todos estos rubros de actividad comercial y de servicios”.