Las empresas de medicina prepaga deberán aportar como las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución. La medida fue confirmada a través del Decreto 600/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El Decreto, reemplaza el artículo 19 de la Ley N° 23.660 y deroga el artículo 19 bis de la misma ley. La nueva normativa busca simplificar y unificar los montos de aportes, eliminando disparidades que, según el gobierno, han generado desequilibrios y contradicen los principios de equidad.

La medida se basa en la necesidad de actualizar y revisar un sistema que, hasta ahora, permitía una variabilidad en los aportes al Fondo Solidario de Redistribución en función de las remuneraciones brutas mensuales y la clasificación de las obras sociales. Anteriormente, los aportes podían variar entre el 10%, 15% y 20% dependiendo de estas variables.

El gobierno señalo que el monto de $1000 pesos establecido en el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 23.660 para diferenciar las remuneraciones brutas mensuales se ha quedado desactualizado, no reflejando la realidad económica actual. Esta disparidad se traduce en un sistema inequitativo, beneficiando a ciertos agentes sobre otros y contradiciendo los principios de igualdad y libre competencia.

Unificación de Aportes:

Nuevo Porcentaje de Contribución: Se establece un porcentaje fijo del 15% para todas las entidades que deben contribuir al Fondo Solidario de Redistribución. Este cambio busca eliminar la variabilidad y promover una mayor transparencia y equidad en el sistema.

Derogación del Artículo 19 bis: Se elimina el coeficiente del 20% destinado a entidades que recibían adicionales, buscando simplificar y unificar los aportes.

Modificaciones a la Ley N° 26.682:

Planes de Adhesión Voluntaria: Los planes de adhesión voluntaria comercializados por las Entidades de Medicina Prepaga y las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 26.682 no realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni participarán del mismo, excepto si reciben aportes y contribuciones del artículo 16 de la Ley N° 23.660.

Nuevas Regulaciones para Agentes del Seguro de Salud:

Se aclara que los Agentes del Seguro de Salud, dependiendo de su inclusión en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660, pueden ofrecer planes superadores dentro del marco de la Ley N° 26.682.

Se especifican los requisitos para la afiliación, evitando discriminaciones y periodos de carencia, con excepciones para ciertos agentes.

El gobierno indicó que estas modificaciones tienen como objetivo asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en el sistema de salud, fortaleciendo el Fondo Solidario de Redistribución. La medida también busca garantizar que todos los planes que se rijan por la Ley N° 23.660 y reciban aportes y contribuciones del artículo 16 contribuyan de manera justa, promoviendo los principios de solidaridad y equidad.

Además, la nueva normativa permite que los Agentes del Seguro de Salud amplíen sus funciones y ofrezcan servicios de salud más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad, en concordancia con la Ley N° 26.682. Esta flexibilidad es vista como un paso importante hacia un sistema de salud más dinámico y eficiente.

El Decreto 600/2024 comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 1 de agosto de 2024. Además, se dio cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para que se pronuncie respecto a la validez o invalidez de este decreto en el plazo de diez días hábiles.

El martes último, en Venado Tuerto y distintos puntos del país, prestadores de servicios a personas con discapacidad se movilizaron para visibilizar sus reclamos ante las demoras en los pagos de las obras sociales, que los afectan en mayor medida en tiempos de inflación desbocada, a lo que debe sumarse los anunciados recortes presupuestario en dicha área.

María Carolina Regis, abogada.

Al respecto, la abogada María Carolina Regis, presente en la manifestación en la plaza San Martín, comentó a Sur24 que los prestadores son los que brindan servicios a las personas con discapacidad, mencionando entre otros a transportistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y centros de día. “Algunos trabajan en forma particular y otros en instituciones. Veamos qué está pasando: las prestaciones por discapacidad se brindan a través de obras sociales y para aquellos que no tienen obra social, les cubre el Estado a través del programa Incluir Salud. Para cubrir estas prestaciones existe el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 %. De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se dirige al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, describió. Y amplió: “Los recursos del FSR se integran además con el producido de las multas que aplica la Superintendencia de Servicios de Salud. El Estado le asigna ese fondo a las obras sociales por los servicios que pagan de discapacidad y de otras prestaciones médicas de baja incidencia, de alto impacto económico y las de tratamiento prolongado”.

Más adelante, la especialista en Derecho de Salud, alertó que “ese fondo no es dinero del Estado, es dinero que el Estado le retiene a los trabajadores y a las empresas para administrarlo. Si este fondo entra en crisis, lo que entra en crisis es el sistema de atención de las personas con discapacidad que brindan las obras sociales. Desde hace dos meses circula un borrador de DNU que el propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad admitió públicamente y por el cual quieren estatizar las prestaciones. Es decir, le quieren avisar a las obras sociales: ‘Señores, no paguen más las prestaciones de discapacidad que ahora las va a cubrir el Estado’.

Y sostuvo: “Nosotros nos oponemos totalmente a la estatización del sistema, como familias de personas con discapacidad y como profesionales. Todos marchamos el martes 30 porque defendemos el sistema de prestaciones a través de las obras sociales, ya que, al menos, con sus deficiencias, hay mucha gente que tiene que pelear con la obra social, pero es un sistema que existe, y que con sus carencias y demoras, funciona. Muchas familias de personas con discapacidad deben recurrir a reclamos y juicios de amparos, pero por lo menos la obra social existe y responde. ¿Cuál es el mayor miedo? Si lo que hace el Estado con ese fondo, es estatizarlo y administrarlo… probablemente desaparezca el sistema y no le paguen a nadie”.

Con tono enérgico, Regis advirtió que “el borrador del DNU prevé que ese fondo lo va a administrar la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo bastante burocrático y que no da soluciones concretas a nadie, y lo más probable es que ese fondo se pierda en más burocracia y corrupción, en lugar de llegar a las personas con discapacidad por las prestaciones que requieren. Esa es la gran preocupación de hoy en día de los prestadores y de las familias de personas con discapacidad. Hay mucha presión y lobbies para que este fondo se estatice. Y ese es justamente el ajuste que quieren hacer. Tememos que el Estado diga ‘me hago cargo yo’ y que después no pague”.

Sin embargo, ése no es el único problema, pues últimamente las personas con discapacidad se encuentran con otra barrera: la escasez de dólares: “El Banco Central está impidiendo que las empresas importadoras de insumos esenciales para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, como sillas de ruedas, elementos para gastrostomía o traqueotomía, etc., puedan hacerlo, ya que no facilita los dólares para la operación. Las obras sociales en este momento no están recibiendo los pedidos de ese tipo de insumos que hacen los afiliados porque entienden que después no lo van a conseguir en el mercado, ya que están frenando las importaciones. Este es otro drama que están viviendo hoy las personas con discapacidad y sus familias”.

“Hay convenciones internacionales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, nuestra Constitución Nacional y numerosas leyes en nuestro país. Por eso insistimos y nos unimos en la preocupación de los prestadores, porque todos defendemos los derechos de las personas con discapacidad. No estamos ajenos a la crisis argentina que atravesamos, pero nos oponemos rotundamente a que el ajuste empiece con el sector más vulnerable de la sociedad: las personas con discapacidad. Los mayores problemas que atraviesan las prestaciones de discapacidad son la inflación y la escasez de dólares. Y ahora, para sumar más preocupación, el intento de estatizar el Fondo Solidario de Redistribución”, sintetizó.