En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.

Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

En este caso, la auditoría de Sigen había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelistas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.

La decisión de la Casa Rosada de cerrar las dependencias del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en todo el país, generó serias controversias en las distintas sedes y, en particular, entre los 28 trabajadores que se desempeñaban en las oficinas de la Delegación Rosario (otros 14 lo hacían en la ciudad capital de la provincia).

Consultado por Sur24, el exdelegado regional del Enacom, Franco Balzaretti, contó en primer término que presentó la renuncia al cargo el 10 de diciembre último, pero señaló que “desde entonces no había ningún tipo de indicación desde la nueva administración nacional y un mes atrás dejé de pertenecer al organismo, pero como los casi 30 empleados no tenían ningún referente nacional, ni tampoco instrucciones de trabajo, acepté seguir acompañándolos hasta la designación de nuevas autoridades regionales”.

“Luego de un tiempo sin ninguna comunicación, el primer mensaje fue que no teníamos que seguir imputando a las empresas del área de comunicaciones, es decir que, a pesar de nuestra condición de órgano de control, sólo había que avisarles de la existencia de denuncias en su contra. De esta manera, se comenzaron a resignar las facultades del Enacom y se vislumbró lo que vendría con el correr de los días”, expresó el exfuncionario oriundo de Venado Tuerto.

Más adelante, informó que “a través de unos de los primeros decretos, se habilitó a la empresa de Elon Musk y Amazon a prestar servicios de internet, telefonía y TV por cable, entre otros, en todo el territorio nacional, todo esto mientras estaba intervenido el organismo, porque se había disuelto el Directorio”.

En la continuidad de los acontecimientos, Balzaretti puntualizó que “en los últimos días empieza a circular el decreto de disolución de todas las delegaciones de Enacom, que se cierran directamente, y desde el miércoles 27 se dispuso un patrullero de la Policía Federal en la puerta de cada una de las delegaciones del país. En el caso de Rosario, este miércoles 3, cuando los empleados se presentaron a trabajar, se encontraron con el patrullero y dos policías en la puerta, que no los dejaron pasar. Yo estuve ahí -relató- durante la mañana y en ese lapso los dejaron pasar a retirar sus pertenencias, pero como se demoraron, llegaron otros seis efectivos de la Policía Federal y los desalojaron desde el interior de sus oficinas, aunque a ninguno de ellos le llegó el telegrama de despido, es decir que estaban en su puesto de trabajo y fueron echados por la fuerza. Ahora quedó todo desmantelado, no hay más delegaciones de Enacom, con todo lo que eso implica”, avisó el exdirector de Tercera Edad.

“Esto es muy grave por las consecuencias que conlleva”, reforzó y dio un ejemplo: “Nosotros controlamos el espectro y las interferencias, y en Rosario está el Aeropuerto internacional, que no puede tener interferencias por una cuestión lógica, dado que la torre de control se comunica permanentemente con los aviones y muchas veces surgen interferencias y ahí tenemos que intervenir desde Enacom para detectarlas y hacer bajar esa señal de modo que no perjudique las comunicaciones de la estación aérea. Hoy ese rol no lo cumple nadie, solamente quedó un organismo cuya única función es cobrar el 1% a todas las empresas de tecnología de la información y la comunicación, sin prestar ningún tipo de servicio, ni atención a los usuarios, que es lo que hacíamos nosotros, y con ese 1%, que era el Fondo Fiduciario que tenía Enacom, se emprendían los diferentes planes de conectividad”.

Sobre esos desarrollos a través del Fondo Fiduciario, rescató Balzaretti que “en la pandemia cubrimos 25 mil nuevas familias con el servicio de Internet en la provincia de Santa Fe, cambiamos tramos de cable de cobre por fibra óptica, modernizamos -en la medida de lo posible- el servicio de internet en la provincia y en el país, y otro dato relevante es que Argentina, durante la pandemia, fue uno de los pocos países que no sufrió cortes en el servicio de Internet porque se fueron haciendo las obras necesarias. Todo eso lo hizo el Enacom, más allá de la entrega de licencias y el ordenamiento de la documentación de todas las radios de la provincia, entre otras tareas, y de pronto nos encontramos con 30 personas en la calle, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen problemas de salud…”, lamentó el dirigente massista.

Además, Franco Balzaretti enfatizó que, en función del DNU vigente, “los cesanteados no van a tener indemnización ni tampoco el servicio con tres meses de gracia que las mutuales debían prestar una vez finalizado el contrato laboral. La situación es compleja, con gente de más de 60 años que trabajaba en el organismo, algunos con más de 20 años de antigüedad, y a los que califican livianamente de ñoquis. Yo pondría a disposición del Presidente todo lo que se ha hecho desde el Enacom durante estos últimos años para demostrar lo contrario”, concluyó.

(Por José Weber) – En el 2002, dada la situación de crisis que vivía nuestro país, se acordó entre las entidades de la producción y el Gobierno de transición, incorporar las “retenciones” al agro para paliar la difícil situación económica que se vivía. Esta decisión, surgida de un consenso, debía ser transitoria, pero se transformó en una gabela permanente, que afecta la rentabilidad y desalienta al sector productivo.

José Weber, ex ministro de Agricultura y Ganadería de Santa Fe.

La peor consecuencia es que esta decisión generó un conflicto entre los sucesivos gobiernos y el campo, que parece ser un problema sin solución. Para el campo se transformó en una bandera de lucha sectorial, y para los gobiernos en un callejón sin salida. Todo esto, con el agravante, que gran parte del pueblo ha transformado este problema en un conflicto “ideológico”, que en realidad no es tal, agravando cada vez más la “grieta política” de la sociedad en la que convivimos.

Por haber transitado en mi carrera los avatares de la producción agropecuaria y de la política, me atrevo en el otoño de mi vida a sugerir a nuestros legisladores, una idea que podría transformar el problema en una oportunidad.

En Argentina tenemos una rica experiencia en la administración de recursos públicos a través de una gestión de administración “público/privada”, especialmente entre el Estado Nacional y las entidades del agro, que en algunos casos resultó positiva y en otros no tanto.

Uno de los principales reclamos del sector agropecuario, son las deficiencias existentes en la infraestructura de transporte y su mantenimiento, tanto la vial, la aérea de cargas, la ferroviaria, la fluvial y la marítima. No porque existan deficiencias de proyectos, sino por problemas de gestión, economía, priorizar de otras erogaciones estatales, financiamiento, etc.

Por ello, y en carácter de “idea primaria”, propongo a nuestros legisladores y a los dirigentes agropecuarios que se debata una legislación nacional por la cual los fondos generados por retenciones al agro no ingresen a “Rentas Generales”, sino que con ellos se constituya un “Fondo Fiduciario”, que debería administrarse por un “Ente público/privado”, con representación del Estado Nacional y las entidades agropecuarias.

El destino exclusivo de este fondo debería ser el de financiar o cofinanciar, las obras públicas y su mantenimiento (viales, ferroviarias, fluviales, portuarias, aeroportuarias de carga, de almacenamiento y acondicionamiento, etc.), que resulten indispensables para no limitar ni la rentabilidad de los sistemas productivos ni el comercio nacional e internacional, caracterizado por una creciente demanda interna y externa.