Entre las necesidades y las urgencias, al Congreso Nacional le espera una agenda intensa para la segunda mitad del año. No es que el primer tramo de este 2024 haya sido monótono: desde enero se puso en debate el primer proyecto de ley de Bases (entonces, "ley ómnibus) que, luego de cambios y desprendimientos (del texto original se escindió el paquete fiscal), idas (a comisión) y venidas (al recinto) logró aprobación en la Cámara baja al filo del mes de abril, y en el Senado obtuvo aprobación, con modificaciones, el 12 de junio para lograr unos días después sanción definitiva en la cámara de origen.

Promulgadas ambas leyes en el Boletín Oficial, el primer tramo del año legislativo cerró con un logro importante para el Ejecutivo, que impulsó el enorme paquete de leyes condensados en los dos textos, pero también con dos reveses que también llegaron desde Congreso: el rechazo del Senado al mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que aún no debate Diputados, y la media sanción al régimen jubilatorio que aprobó la cámara joven y espera tratamiento en el recinto donde están representadas las provincias.

Pero el inventario es mucho más amplio y promete debates jugosos, no solo por los proyectos mencionados y por aquellos que presentó y va a presentar el Poder Ejecutivo, incluidos los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, sino por la agenda propia de bloques y legisladores.

Diputados tiene un pedido de sesión para el 7 de agosto a las 12. La convocatoria hecha por La Libertad Avanza, que preside Gabriel Bornoroni, y por el PRO, liderado por Cristian Ritondo, está compuesta por 14 iniciativas, incluidas modificaciones a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, y a la Ley 26.216 de Armas de Fuego, ambas con dictamen.

Al listado se suman la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como "Brigada Heroica" en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas. Además, están los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre la República Italiana y la República Argentina.

Otro punto es el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y estados asociados; y el de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas.

También está incorporada la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; los tratados extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

El Litoral consultó con legisladoras y legisladores de distintas fuerzas que representan, en Diputados, a la provincia de Santa Fe para conocer cuál es la agenda propia que prevén impulsar.

Mónica Fein, diputada nacional (Hacemos Coalición Federal). Créditos: Luis Cetraro

La socialista Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal) mencionó en primer lugar el financiamiento universitario y Fonid, a lo que se suma la agenda del bloque que incluye "exigir que el Congreso trate cualquier ampliación de partida presupuestaria (el presupuesto 2023 fue prorrogado por la actual administración), el debate sobre la situación de las Pymes, y proyectos que reflejan la preocupación por la eliminación de políticas que abordan la violencia de género y el Plan Enia, de prevención de embarazo adolescente".

Germán Martínez, diputado nacional (Unión por la Patria). Créditos: Guillermo Di Salvatore

El tema educativo, más precisamente el financiamiento, también fue mencionado en primer término por Germán Martínez (Unión por la Patria). "Nuestro bloque quiso terminar la primera parte del año con la aprobación de la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) pero, lamentablemente, el radicalismo levantó un pedido de sesión especial que había realizado al respecto". La fecha pasó de julio a agosto, hasta ahora sin fecha precisa.

La preocupación está también en los fondos universitarios, a días de que se haya declarado la emergencia salarial, tanto para docentes como no docentes. Como se recordará, el gobierno nacional recompuso los fondos para el funcionamiento de las casas de estudio, luego de un reclamo que visibilizó la manifestación pacífica y masiva del 23 de abril, pero sigue en pie el planteo por los bajos salarios del sector.

"A eso hay que agregar temas que están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los argentinos, como el de las tarifas, tanto de electricidad como de gas; la recuperación del fondo compensador de transporte de pasajeros del interior, cuya quita se traduce en un aumento de tarifas para el servicio que se presta en las provincias, y los despidos en el sector público y el privado".

En ese punto, el último jueves se realizó una audiencia pública convocada por integrantes de UxP, Frente de Izquierda Unidad y Socialismo para escuchar, de primera mano, testimonios de personas que quedaron desempleadas en el primer semestre de 2024. "La segunda parte del año está signada por el proyecto de Presupuesto; ahí también vamos a tener que trabajar mucho", cerró el legislador.

Germana Figueroa Casas, diputada nacional (PRO).

Por el lado del PRO, Germana Figueroa Casas también pone al Presupuesto entre los temas prioritarios de la agenda, además de un listado de proyectos relacionados con seguridad, algunos de los cuales ya figuran en el orden del día para el 7 de agosto. Algunos de ellos ya fueron presentados públicamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el titular de Defensa Luis Petri, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Se espera el ingreso de la iniciativa oficial para bajar la edad de imputabilidad, de 16 a 13 años.

Pero no va a ser ajeno a la agenda legislativa el tema electoral: "Queremos que se apruebe en el Senado Boleta Única, que ya tiene media sanción de Diputados", expuso. A esto se suman los proyectos de Ficha limpia, "en mi caso una modificación para que los fiscales puedan actuar en cualquier distrito".

Este último tema, que involucra la modificación de la Ley 23.298 de Partidos Políticos y postula la prohibición para que condenados en segunda instancia por delitos de corrupción sean candidatos en elecciones, llegará a comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia un día antes de la fecha prevista para la sesión, es decir, el 6 de agosto.

Marcelo Lewandowski, senador nacional (Unión por la Patria).

Por el lado de la Cámara alta, el proyecto de ley de reforma jubilatoria que ya tiene media sanción de Diputados, figura como prioridad. Al menos para Marcelo Lewandowski (UxP), quien confió en que el tema, que ya tiene media sanción en diputados, llegue al recinto en agosto.

"Particularmente estamos trabajando en un par de proyectos que son importantes vinculados con las Pymes y otros con la cuestión social", anticipó sobre iniciativas que serán dadas a conocer en detalle en los próximos días.

"Hay una cantidad de iniciativas que han impulsado los senadores del bloque que, al ser minoría y no tener el respaldo, quedaron trabados; algunos en respuesta a las medidas que ha tomado el gobierno nacional y otros impulsados por los legisladores. Vamos a tratar de que todos los integrantes tengan la posibilidad de impulsar cada uno de esos proyectos, a pesar de que somos minoría en todas las comisiones", confió.

Carolina Losada, senadora nacional (UCR-Juntos por el Cambio). Créditos: Flavio Raina

Carolina Losada (UCR-Juntos por el Cambio) confía en que en la primera sesión se tratará el proyecto que impulsa desde 2022 sobre tipificación de la venta de niños como delito federal.

El tema fue debatido en comisiones de Justicia y Asuntos Penales el miércoles último con presencia de expertos, entre ellos el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham; el juez del Tribunal Oral de Menores Nº2, Diego Freedman; el abogado y profesor de Derecho Penal, Horacio Romero Villanueva; Damián Muñoz, en representación de la Defensoría General de la Nación; y Gabriel Lerner, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. En particular se abordó la redacción del artículo 1° del proyecto que modifica el 139 bis y establece dejar exento de pena a los progenitores. Este punto tuvo discrepancias en la última sesión del Senado, donde el proyecto fue aprobado por unanimidad, y por eso volvió a comisiones para su tratamiento en particular. El compromiso es lograr dictamen para que llegue a la primera sesión del segundo semestre.

Eduardo Galaretto, senador nacional (UCR-Juntos por el Cambio).

Así lo confirmó Eduardo Galaretto (UCR-Juntos por el Cambio), quien señaló que junto con movilidad jubilatoria son los dos temas que estarán en el recinto del Senado apenas se retomen las sesiones.

"Nuestro bloque quiere analizar el tema de las PASO para procurar una posición de síntesis", dijo el senador que suma, además, una iniciativa propia sobre Ficha Limpia, otra de las materias que dominará el arranque de la segunda parte del año.

Pero también hay proyectos vinculados con el desarrollo de la provincia, como la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del proceso de licitación de la hidrovía, materia que considera clave para los santafesinos . Médico de profesión, advierte que aún no fue conformada la comisión de Salud, cuestión que atribuye a la discusión de representación, en particular de UxP: "No obstante, hice un conversatorio sobre la perspectiva y el tratamiento del dengue con buena participación de especialistas". Uno de los temas que espera debatir es la definición de la población que debe ser vacunada contra la enfermedad, "por ejemplo, el personal de salud".

Para el final reflexiona: "El Senado no funcionaba el año pasado, ni en plenario ni en comisiones; ahora cambió la dinámica y las comisiones están avanzando sobre los dictámenes pero, trabajan primero sobre los proyectos pendientes, algunos con aprobación de Diputados, para avanzar luego con los nuevos. Sin ir más lejos, la iniciativa de Losada que ahora tiene prioridad, data de 2022".

Es que, como se dijo al principio, la primera mitad del año estuvo dedicada al debate de la Ley de Bases y el paquete fiscal: "Yo dije cuando se trató el proyecto en el recinto, que hubo un excesivo juego político legislativo; no eran temas para llevarlos a seis meses", cerró.

El Gobierno Nacional anunció la prórroga para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, conocida como Ley de Financiamiento Educativo. Esta decisión, plasmada en el Decreto Nº 231/2024, busca garantizar la continuidad de recursos destinados a fortalecer el sistema educativo nacional, ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el presente año.

La situación se originó a principios del ejercicio presupuestario, cuando el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2024 no obtuvo la aprobación correspondiente en el Congreso de la Nación. Ante este escenario, el Gobierno emitió el Decreto Nº 88 del 26 de diciembre de 2023, en el cual se estableció que, a partir del 1º de enero de 2024, regirían las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, junto con sus modificatorias y complementarias.

Posteriormente, la Decisión Administrativa Nº 5 del 11 de enero de 2024 determinó los recursos y créditos presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.701, considerando las adecuaciones institucionales del Poder Ejecutivo Nacional establecidas por el Decreto N° 8 del 10 de diciembre de 2023.

En el contexto de estas medidas, se destaca la importancia de la asignación específica de recursos coparticipables establecida por el artículo 7° de la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. Originalmente, esta disposición preveía una asignación por un plazo de cinco años con el objetivo de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, así como contribuir a la disponibilidad de recursos en los presupuestos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el vencimiento del plazo fijado por la Ley N° 26.075, se realizaron sucesivas prórrogas, siendo la última dispuesta por el artículo 13 de la Ley N° 27.701. La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar la inversión en educación a nivel provincial, destinando fondos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa.

La dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 generó preocupación, ya que impide la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir con los objetivos de financiamiento educativo. Esto afecta directamente la situación económica de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular en lo que respecta al respaldo financiero del sistema educativo.

En este contexto, el Gobierno Nacional considera necesario e urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga establecida, con el fin de garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional. La naturaleza excepcional de la situación planteada hace que sea imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de leyes.

En respuesta a esta urgencia, el presidente de la Nación argentina, en acuerdo general de ministros, emitió el presente decreto en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.

El decreto establece la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias. El objetivo principal es asegurar el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educativa.

La medida busca garantizar la continuidad de la asignación específica de recursos coparticipables, contribuyendo así a mantener y mejorar las condiciones educativas en todo el país. Sin embargo, la aprobación de esta medida excepcional está sujeta al pronunciamiento de la Comisión Bicameral Permanente, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Decreto 231/2024 by El Litoral

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó una reunión informativa de la Comisión de Educación, presidida por la diputada Blanca Osuna (FdT), junto a otros funcionarios de su gabinete.

El objetivo fue introducir los lineamientos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece “un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI)”.

El texto busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.

Al inicio de su exposición, el ministro de Educación manifestó que “somos defensores de la educación pública y queremos cuidarla y defenderla, por eso creemos que hay que mejorarla y transformarla”.

“Queremos defender la obligatoriedad de la escuela, el responsable de esa obligatoriedad son las familias, es el Estado y la sociedad”, dijo.

En ese sentido, Perczyk explicó que esta ley toma antecedentes de proyectos en discusión, pero también se basa en la anterior Ley de Financiamiento Educativo, que “fue un éxito para la Argentina”.

“Ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, antes de la Ley era del 75%. Lo logró en provincias donde el mapa político está pintado de diversos colores, por eso, es algo que Argentina logró”, indicó el titular de la cartera educativa.

Entre los objetivos de la nueva norma, manifestó que una de las primeras metas “tiene que ver con los 190 días de clase”. “Hay que comenzar un ciclo de alfabetización entre el nivel inicial y el primer ciclo de la escuela primaria, eso es algo que la ley quiere asegurar”, dijo.

En cuanto la escuela secundaria, Perczyk dijo que “hay que fortalecer los vínculos con el mundo del trabajo: estamos proponiendo incorporar programación y robótica en el segundo ciclo del secundario, también creemos que, para que sea exitoso, hay que reforzar lengua y matemática”.

Además, se refirió a “una oferta de educación profesional secundaria, de cuatro años, con cuatro áreas curriculares, que tiene 800 horas de formación profesional, para que los chicos salgan de la escuela secundaria con su titulo secundario y su título técnico”. “En términos productivos y de desarrollo social es fundamental para la Argentina”, aseveró.

Al mismo tiempo, el ministro dijo que la nueva norma plantea “cumplir con todos los objetivos de la ley de Educación Sexual Integral (ESI)” y se propone recuperar “un 5,3% de nuestros pibes que no va a la escuela secundaria y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar”.

En cuanto a las universidades, se refirió a la implementación de aulas hibridas, equipos de bio-simulación para profesionales de la salud y conectividad, que “requiere una inversión muy importante”. Dijo también que se busca crear carreras cortas y técnicas, con salida laboral, y nuevas universidades.

“Esta ley requiere de un esfuerzo. En el crecimiento de la inversión hace un esfuerzo más grande la Nación y divide 6,5% de la inversión destinado a la educación obligatoria y 1,5% a la universidad pública”, explicó, en función del 8% de inversión del PBI que propone el texto.

“La manera de combatir la pobreza y la desigualdad es la educación y eso requiere inversión. Y este país quiere mejorar y expandir la educación. Esta es una ley que plantea el esfuerzo que creemos y podemos hacer”, concluyó.

Junto al ministro, estuvieron presente Silvina Gvirtz, secretaria de Educación en el Ministerio de Educación de la Nación; Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa; Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias; Andrea García, secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, entre otros funcionarios

El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, anunció este miércoles la transferencia de 700 millones de pesos del gobierno provincial a los gobiernos locales en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo.

“Por decisión del gobernador (Omar) Perotti siempre en la tarea de fortalecer a los gobiernos locales, de generar aportes para la tarea cotidiana, se han definido los importes correspondientes a 2022 del Fondo de Financiamiento Educativo”, detalló Freyre.

Se trata de un aporte que se coparticipa con los 365 gobiernos del interior santafesino para invertirlo en obras, tareas de mantenimiento en escuelas o programas de acción educativa en cada localidad.

“Esto le permite a los municipios y comunas fortalecer la tarea educativa desde la accesibilidad de servicios, equipamiento, poder realizar un acompañamiento a equipos multidisciplinarios”, es decir que cada uno le da “un destino diferente a estos fondos que cuando iniciamos la gestión tenían un año de atraso y que por decisión del gobernador se han puesto al día”, indicó el funcionario.

Atento a ello, Freyre recordó que “en estos dos años llevamos transferidos más de 2.800 millones de pesos que hoy han llegado a todas las localidades y lo que empieza a transferirse ahora son las cuotas correspondientes al 2022: son 700 millones de pesos, dos cuotas juntas, que le están llegando a cada municipio y comuna de todo el territorio de la provincia” y adelantó que “en total durante el año van a recibir más de 4.000 millones de pesos, inversión directa para cada gobierno del interior para las áreas educativas”.

El secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, del Ministerio de Gestión Pública, recordó la existencia del Fondo de Asistencia Educativa que es un porcentaje de la coparticipación de la provincia que reciben los municipios y comunas y que por ley tienen que asignar a las cooperadoras de las escuelas, mientras que el Fondo de Financiamiento Educativo “son estos 700 millones de pesos que se transfieren en el día de hoy y que van a sumar en el año más de 4.000 millones de pesos para llevar adelante obras o acciones, o mantenimiento en cada una de las escuelas de la provincia que se hace en coordinación con los ministerios de Educación, de Economía y de Gestión Pública”.

El Poder Ejecutivo santafesino dictó el decreto 1155, con fecha 7 del corriente mes, por el cual dispone la coparticipación a municipios y comunas, para el presente ejercicio fiscal, del Fondo de Financiamiento Educativo establecido por el gobierno nacional en sucesivas leyes presupuestarias. Además del gobernador Omar Perotti, el instrumento lleva las firmas de los ministros de Educación (Adriana Cantero); Gestión Pública (Marcos Corach) y de Economía (Walter Agosto), carteras que deberán validar el giro de los recursos.

Son $5.792 millones de pesos que el gobierno provincial transferirá a municipios y comunas “en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de julio de 2022”. La cifra representa el 13,4372% que es la determinación fijada por la ley 7.457. De todas maneras, las comunas recibirán la parte correspondiente en forma mensual mientras que para los municipios hay todo un procedimiento a seguir.

En el decreto, las ocho primeras páginas están destinadas a los antecedentes legales de este fondo federal surgido en la ley de Presupuesto Nacional 2006 por un plazo de cinco años “con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional”, pero que fue prorrogándose en sucesivos presupuestos.

En el decreto 1155 de este año, el gobierno provincial replica el esquema de los decretos anteriores, en especial del decreto N° 830/21 por el cual se instrumentara la distribución correspondiente al año 2021. En su primer artículo dispone que a cada localidad le corresponderá un monto anual que resultará de aplicar, sobre el importe a recibir por la provincia en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo, los coeficientes de distribución primaria y secundaria de distribución de la coparticipación federal”. Dicho importe sería el crédito total de cada municipio o comuna en concepto de este fondo.

El artículo 4 es el más extenso y regula cómo se salda la diferencia entre lo que le corresponde a cada municipio y lo aportado automáticamente. Se fijan allí los criterios de aplicación de ese dinero: inversión en edificios escolares; acompañamiento y sostenimiento de las trayectorias escolares fragilizadas; proyectos de intervención e inclusión socioeducativa que garanticen el derecho a la educación; asistencia técnica para la formulación de proyectos socioeducativos; fortalecimiento y financiamiento de equipos territoriales educativos y a la promoción y financiamiento de recursos tecnológicos.

Para recibir ese saldo, el municipio deberá presentar la solicitud ante la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gestión Pública detallando en cuál de los conceptos encuadrará la inversión de los fondos solicitados. Luego, una comisión integrada por funcionarios de tres carteras (Educación, Economía y Gestión Pública) analizará la elegibilidad del gasto según el concepto invocado por el municipio en su solicitud. Si el análisis resulta favorable, el Ministerio de Gestión Pública transferirá el saldo al municipio solicitante.

(Por Ana Inés Dobal) – Con el capital proveniente del denominado Fondo de Financiamiento Educativo, diferentes entidades escolares locales fueron visitadas durante la mañana de este lunes por las autoridades locales para hacer entrega de la primera cuota del año y conocer qué inversiones y mejoras se ejecutaron con el capital recibido durante los años anteriores.

Las instituciones educativas visitadas fueron: el Jardín N° 50, la Escuela N° 669, el CEF N° 18 y la Escuela Técnica N° 286. En esta oportunidad se visitó a cada una de las instituciones mencionadas de manera particular, efectuando un puntilloso recorrido que permitió conocer los insumos adquiridos hasta hoy y los trabajos cumplimentados en cada edificio con los fondos ya adquiridos.

La cuota adjudicada con la que se benefician dichas entidades dedicadas a la educación ofrece la cifra total de 1,5  millón de pesos, que se divide de manera pareja en cada escuela, correspondiendo a cada una el monto total de 100 mil pesos. En los próximos días se continuará con la entrega y recogida en otros establecimientos, ya que las mismas son numerosas.

Para la recorrida institucional y entrega del beneficio económico, estuvieron presentes como representantes legales del Municipio, la directora de Educación, Marina Fasano; la directora de Relaciones Institucionales, Carla García y la responsable de Rendiciones, Micaela Leva.

Se espera la definición de días y horarios para continuar con la gira y cumplimentación correspondiente a las demás instituciones beneficiarias.

En la mañana de este martes, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rufino se llevó a cabo una nueva entrega del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Fueron 15 instituciones de la ciudad que recibieron $275 mil pesos cada una, lo que representa un monto total de $4.125.000.

Estuvieron presentes en el acto, el coordinador de Gestión Administrativa Manuel da Silveira, la directora de Relaciones Institucionales Carla García y la responsable de rendición Micaela Leva.

En la mañana de este miércoles, en el Salón Verde de la Municipalidad de Rufino, se llevó a cabo una nueva entrega del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) a 15 instituciones de la ciudad. Se trata de la cuarta cuota del año 2019, por un monto total de $654.235,22, lo que significa que cada escuela recibió $43.615,70.

Estuvieron presentes el secretario Legal y Técnico Norberto Verna, el subsecretario de Hacienda Juan Carlos Pero, la directora de Relaciones Institucionales Carla García y la responsable de rendición Micaela Leva.

“Estos fondos son de suma importancia para las instituciones ya que se invierten en obras que

mejoran la calidad educativa”, destacan desde el municipio local.