Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural (FER), que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Producto del debate en comisiones con el bloque del justicialismo y con el consenso de las autoridades del Poder Ejecutivo se dispuso que en lugar de 10 sean 12 años los de la prórroga, a partir de julio de este años, por lo que serán tres las gestiones involucradas en la norma que asegura que la masa de los recaudado en la totalidad de las boletas de la Epe tenga como destino el servicio eléctrico rural.

Se trata de un típico subsidio cruzado entre usuarios en un servicio público monopólico. Va del común de los clientes a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan de la prestación y que podrían hacerlo si se extienden las redes o mejora la infraestructura existente. Las áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o las muy pequeñas localidades, con el norte de beneficiar a la producción guían las decisiones para esas inversiones.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig (UCR) es el autor de la iniciativa y quien lideró la media sanción. El presidente provisional de la Cámara debió hablar desde el estrado de la presidencia al conducir la sesión, en ausencia de la vicegobernadora Gisella Scaglia. Subrayo que todos sus pares del oficialismo y de la oposición acompañaron con su firma el expediente y que además del voto por unanimidad hubo aportes valiosos. Destacó especialmente los de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias ) quien luego también habló de la norma.

La ley que renueva la vigencia del FER amplia su comisión de seguimiento que hasta ahora solo contaba con integrantes legisladores y ahora contará también con un representante de la compañía estatal, otro de las cooperativas eléctricas, lo mismo de la Secretaría de la Energía de la Provincia y de la Secretaría de Municipios y Comunas. Deberá rendir cuentas mensualmente de cómo se usan los recursos y reunirse también con esa periodicidad. Ese control pretende que el subsidio cruzado no pueda usarse para gastos corrientes de la empresa. La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que aún cubre el tesoro provincial.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano.

El FER es una política de Estado en Santa Fe. Nació durante las gestiones de gobernadores socialistas con el Senado como impulsor; siguió durante la gestión del peronismo en la Casa Gris y ahora es también apoyado por el radicalismo con mayoría en la Cámara alta y la conducción del gobierno provincial actual. Las últimas modificaciones al texto que tomó el dictamen de la Comisión de Economía se hicieron junto al ministro de la Producción, Gustavo Puccini. Como es casi habitual los jueves en la Legislatura, estuvo en los pasillos el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

Un proyecto de ley del senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ingresó este jueves 11 a la Cámara alta de la Legislatura, recibió la habilitación del Poder Ejecutivo Provincial para su tratamiento en sesiones extraordinarias y también el compromiso del tratamiento en la próxima sesión, para que Santa Fe comience a debatir la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Se trata de una vieja iniciativa, que Gramajo (hoy electo por Unite y parte del interbloque del oficialismo) trajo al debate sin suerte durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando el déficit de la Caja era aún sensiblemente menor y llegaban (aunque mal y tarde) los correspondientes aportes del gobierno nacional.

Por aquel entonces su proyecto para crear una comisión y obtener un estudio de fondo sobre los números del sistema previsional fue mal interpretado. Lo rechazaron sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas.

Hoy la situación política -acaso por la realidad contable de la Caja- es muy distinta. Ya han acompañado con sus rúbricas el expediente los senadores del radicalismo y los 5 del bloque PJ en minoría estudian un eventual apoyo. Se trata justamente de salvar al sistema previsional amenazado por la decisión ilegal del gobierno nacional de no enviar fondos de compensación dispuestos por leyes vigentes pero también de los desequilibrios propios de sus ingresos y egresos. En rigor, hoy es el conjunto de los santafesinos (beneficiarios o no de las jubilaciones y pensiones) quienes pagan el rojo. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la mayoría en el Senado de la Provincia busca aprobar con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural, que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Se trata de un subsidio cruzado del común de los usuarios a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan del servicio y que podrían hacerlo si se extienden las redes. También para mejorar los servicios existentes en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o en muy pequeñas localidades.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig es el autor de la iniciativa que busca sostener por diez años ese fondo, que tiene la ventaja de contar con un control externo para su ejecución, a cargo de los propios legisladores de ambas Cámaras para evitar que esos recursos sean utilizado con otros fines (como gastos corrientes) dentro de la empresa distribuidora estatal.

La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que cubre el tesoro. Por eso es clave que el aporte de 1,5% de cada una de las boletas tenga la supervisión de una comisión bicameral específica.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano. Desde que llegó a la Cámara alta el asunto impulsado por el presidente provisional radical (que preside el Comité Provincial de la UCR) dos hechos mostraron el consenso que despierta: primero fue firmado por todos sus pares del oficialismo y de la oposición; los 19 representantes de los departamentos acordaron la continuidad de esa política de Estado que se inició con los gobernadores socialistas, continuó con la gestión del justicialismo y ahora tiene fecha de vencimiento en junio. Por otra parte, en cada una de las sesiones de la Cámara alta se renovó la preferencia para su tratamiento sólo con el objetivo de agregar más opiniones y mejorar el texto inicial. Sin prisa, ni pausa, para que también la Cámara de Diputados tenga el tiempo necesario para que no haya cambios en la facturación de la empresa.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención desde su banca, al presentar su proyecto, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

El otro tema pendiente para esta tarde es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que hoy padece la desfinanciación ilegal de su déficit por parte del gobierno nacional. La situación de hecho es que la Nación se niega a remitir los fondos que corresponden a Santa Fe por la transferencia de otras cajas provinciales que -desde la década de los ‘90- con la creación de las AFJP y su posterior estatización recae sobre los impuestos de todos los argentinos, los santafesinos incluidos.

Pero más allá de la incluso declamada idea de las autoridades de la Casa Rosada de no cumplir con su obligación legal de asistir a las cajas provinciales no transferidas (Córdoba sufre lo mismo), la Caja provincial santafesina tiene un déficit creciente que requiere de más fondos que los que debería aportar la Nación. (El gobierno nacional anterior difería pagos y remitía fondos con demoras o detracciones discutibles pero al menos no desconocía el derecho de Santa Fe a recibir una compensación por no haber transferido su organismo previsional, y su déficit, a las arcas nacionales como casi todas las provincias).

Del tema ya se había ocupado el senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) durante la gestión de Miguel Lifschitz. Pero su proyecto fue mal interpretado por sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa de estudiar a fondo los números previsionales de los agentes del Estado provincial podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas que las de Gramajo que tiene su propio bloque con Unite y está cerca del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ahora ese texto vuelve a presentarse pero con más firmas del interbloque oficialista de Unidos por Santa Fe que integra el senador norteño, y que preside el radical Rodrigo Borla. Habrá que ver si a esas rúbricas se suman los de los cinco senadores del PJ por la minoría. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

En cualquier caso el ánimo que domina a la totalidad del cuerpo es el de cuidar el órgano de los pasivos públicos provinciales. Tanto de la arbitrariedad del gobierno nacional que eventualmente deberá ser resuelta por la justicia como de sus propios desequilibrios.

(Por Luis Rodrigo) – El bloque de senadores del radicalismo pidió públicamente que el titular del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, convoque a la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Electrificación Rural (FER), con el propósito de que los legisladores que lo integran puedan ejercer el control del uso de esos recursos.

El senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) recordó que el FER es producto de una ley nacida en esa Cámara y que “ya en dos oportunidades” el funcionario mencionado “se comprometió aquí en sendas reuniones” a convocar a la mencionada instancia de revisión del uso de los recursos que provienen de cada una de las boletas de la Empresa Provincial de la Energía. Cada usuario paga un impuesto del 1,50 % “sobre el monto facturado por la prestación del servicio”, deduciendo los montos correspondientes a otras tasas, derechos e impuestos provinciales y nacionales, recargos adicionales, intereses, aportes “y toda otra suma que incorporada en la facturación no responda específicamente a un elemento que integre el costo de abastecimiento eléctrico y excluyendo el facturado a otros redistribuidores provinciales o cooperativas eléctricas”.

El radical recordó que hubo “reuniones muy amenas y muy productivas” con Caussi, que hubo un proyecto de comunicación que lo solicitó, que “en las dos ocasiones él se comprometió a poner en marcha los mecanismos de control” pero lo cierto es que “aún no se ha puesto en marcha la Comisión de Seguimiento”. Y abundó: “hace ya casi tres años” que no funciona, luego de sacar la cuenta de que al actual gobierno le quedan por delante “unos 15 meses”.

Michlig habló desde su banca al aprobarse un proyecto de pedido de informes de su correligionario Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) que reclama datos precisos sobre el uso del FER, ante la inexistencia de la instancia de control “que está ordenada por una ley que no se ha cumplido”, subrayo´.

Dijo que el pedido de informes “no sería necesario si estuviese constituida esta comisión de seguimiento que precisamente integra el senador Marcón con otros dos pares y tres diputados, ellos podrían darnos toda la información” pero pese al compromiso del funcionario la primera reunión que deje en acción a la comisión aún no se ha celebrado.

Michlig destacó que son “fondos importantes” los que se maneja mediante el FER para “las obras de infraestructura en la ruralidad” y que ha sido un mecanismo exitoso para expandir las redes en zonas con menos población en “un servicio que es esencial”.

Habitualmente la Cámara de Senadores de Santa Fe aprueba todos los pedidos de informes de los legisladores a fin de que puedan cumplir con sus tareas de control de los actos de gobierno. En este caso, además de los fundamentos del autor del proyecto, la presidencia del Cuerpo que ejerce la vicegobernadora Alejandra Rodenas se dirigirá formalmente a la EPE para expresar el pedido de pronta convocatoria a la citada Comisión de Seguimiento.