Un grave episodio de violencia conmocionó en la tarde de este sábado a la localidad de Murphy, donde un hombre de 61 años murió y una mujer resultó herida, en un hecho que, de manera preliminar, fue calificado como tentativa de femicidio seguida de suicidio.

Por el momento, la información oficial difundida sobre lo ocurrido es escasa, ya que la investigación se encuentra en sus primeras horas y bajo estricta preservación de elementos de prueba. De todos modos, fuentes consultadas indicaron que el hecho se registró a última hora de la tarde de este sábado.

Según los primeros datos recolectados, el hombre se habría presentado en el lugar de trabajo de la mujer, su ex pareja, ubicado en calle Córdoba al 300. Allí, por causas que son materia de investigación, le habría disparado con una escopeta, provocándole una herida en una mano.

Siempre de acuerdo a la reconstrucción preliminar, el agresor habría creído que le había causado una lesión de extrema gravedad a la víctima y, en ese contexto, decidió quitarse la vida con un arma de fuego.

La mujer sobrevivió al ataque y recibió asistencia médica, mientras que en el lugar trabajaron las fuerzas correspondientes para preservar la escena y avanzar con las pericias.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien lleva adelante las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que rodearon el caso.

En una audiencia que se extendió durante dos días, los abogados Arsenio Domínguez y José Marchisio solicitaron la absolución del “hermano” Pedro Ortiz y Hontoria en el marco de la causa judicial en la que fue condenado a 15 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual cometidos contra alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto cuando el religioso se desempeñaba como director del nivel primario durante los años 2018 y 2019.

En este marco, los letrados realizaron un planteo subsidiario solicitando que, en caso de no ser declarado inocente, se le imponga una pena de 3 años de ejecución condicional bajo la calificación legal de “abuso simple”.

En tanto, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, y la abogada querellante, Ana María Regidor, defendieron los argumentos esgrimidos durante el juicio y solicitaron que se sostenga la pena de 15 años contra el religioso.

Ahora, la Cámara de Apelaciones integrada por Gabriela Sanso, Daniel Curik y Tomás Orso contará con aproximadamente 30 días para resolver al respecto.

El religioso fue sentenciado el 30 de julio de 2025 al ser encontrado responsable de cuatro de hechos de abuso sexual, uno de ellos gravemente ultrajante, todos agravados por estar a la guarda de las niñas que en ese momento cursaban 6° y 7° grado. Dos de los abusos se registraron en el establecimiento educativo ubicado en Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, mientras que los dos restantes, en un hotel en Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio.

Por su parte, Pedro Ortiz y Hontoria estuvo conectado vía zoom, y en el tramo final de la audiencia hizo uso de la palabra, ratificando su inocencia.

Un hombre de 49 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una joven de su entorno familiar en el sur provincial. Desde el Ministerio Público de la Acusación evitaron dar precisiones en relación a los datos filiatorios del sentenciado y la ciudad donde ocurrieron los hechos, para evitar así que se conozca la identidad de la víctima y que puede lentamente rehacer su vida.

La sentencia fue dispuesta por el juez Adrián Godoy, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra estuvo a cargo de la investigación penal.

En relación a los ilícitos, la funcionaria del MPA señaló que “el imputado llevó a cabo su accionar delictivo en noviembre de 2023, en el marco de la convivencia que mantuvo con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto”. En tal sentido, precisó que “al momento de los hechos, la víctima ya era mayor de edad”.

Juicio abreviado

El condenado reconoció su responsabilidad penal como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva, la pena a 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Marcos David Feltes, de 34 años, a un año y nueve meses de prisión condicional por haber violado reiteradamente una orden de restricción que lo alejaba de su expareja (L.M.), y por haberla agredido físicamente en su propio domicilio.

El fallo fue dictado mediante un procedimiento abreviado, solicitado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora pública Silvia Couselo, en representación del imputado.

Los hechos

Según se desprende de la investigación judicial, el primer episodio ocurrió el 24 de junio de 2025, cuando Feltes violó una orden de restricción emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto. Aquel día, el acusado se presentó en el domicilio de su expareja en calle Libertad. Al no encontrarla allí, se dirigió al colegio N° 1.262, donde asiste la hija menor de ambos, y esperó a la mujer para pedirle que lo desbloquee del teléfono con la intención de retomar la relación.

El segundo y más grave hecho ocurrió el 19 de julio de 2025. Feltes ingresó sin autorización al domicilio de L.M., en calle San Martín. Tras una discusión por su negativa a recomponer la pareja, la arrojó sobre la cama, se abalanzó sobre ella y le propinó un golpe de puño en el ojo izquierdo. La agresión le provocó una contusión con hematoma y derrame ocular.

Posteriormente, se dirigió a la cocina, donde se encontraba su hija de 11 años, para impedir que llamara a la policía. Luego de un nuevo forcejeo con su ex pareja, volvió a golpearla para evitar que escapara y pidiera ayuda.

Ambos episodios se produjeron en violación expresa de la orden judicial de prohibición de acercamiento, que establecía un radio de 200 metros respecto de la víctima por un período de 180 días.

La condena y las condiciones impuestas

La Justicia resolvió condenar a Feltes a un año y nueve meses de prisión condicional, es decir, no efectiva, bajo el cumplimiento estricto de siete pautas de conducta durante tres años:

El juez de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Lavini Rosset, le negó la libertad a Pedro Ortiz y Hontoria, ex director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, sentenciado a 15 años de prisión al ser encontrado culpable de cuatro hechos de abuso sexual contra alumnas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

La audiencia se llevó adelante en la mañana de este miércoles en los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli.

Minutos después de las 7.30 el abogado defensor del religioso, Arsenio Domínguez, comenzó a fundamentar la defensa, basándose en que “no existe una condena firme contra” Ortiz y Hontoria, y en consecuencia “rige el principio de inocencia”.

En tanto, la fiscal Florencia Schiappa Pietra hizo hincapié en el riesgo de fuga y en la falta de arraigo del sentenciado. Habló del Sagrado Corazón como institución, sosteniendo que “siguen fomentando el descreimiento contra las víctimas”. Y que “desde la congregación no van a hacer nada si se fuga, lo protegen y lo defendieron a ciegas. Para concluir: “La congregación es un peligro”.

Por su parte, la abogada querellante, Ana María Regidor, habló sobre la triple vulnerabilidad de las víctimas. También se refirió a la falta de arraigo y al peligro de fuga.

Sostuvo que independientemente de que Pedro “tenga fijado domicilio, no significa que tenga arraigo”. Y también fue dura con la institución diciendo que el religioso “tiene el apoyo incondicional y económico del Sagrado Corazón”. Además, remarcó que “se puede fugar del país o se puede esconder en una provincia con el apoyo de la Iglesia”.

Fundamentación del juez

Pasadas las 10 de la mañana, el magistrado decidió resolver oralmente sin solicitar un cuarto intermedio.

“El resultado fue confirmar el mantenimiento de la prisión preventiva de Pedro Ortiz y Hontoria tal como había sido impuesta en primera instancia”, aseguró Juan Pablo Lavini Rosset.

Los fundamentos “tienen que ver con el incremento de las posibilidades de riesgo de abstracción de la justicia luego del dictado de una condena sumamente intensa, de 15 años de prisión, impuesta en primera instancia. A partir de ello se puede inferir que se incrementa el riesgo de fuga del imputado. A esto se suma las particularidades del imputado y todo el tránsito cautelar anterior”, agregó el magistrado.

La próxima audiencia será la apelación a la condena de 15 años de prisión, con un tribunal integrado por tres magistrados. Pensando en ese escenario, Lavini Rosset también basó parte de su fundamentación para que Ortiz y Hontoria continúe detenido. “Es habitual que en las instancias recursivas los tribunales que revisan una sentencia condenatoria modifiquen algo de esa decisión: puede ser la calificación legal, el monto de la pena o incluso la absolución en alguno de los hechos”.

Pero en “mi entendimiento, al haber cuatro víctimas y una multiplicidad de hechos de abuso sexual, es muy difícil pensar en la modificación total. Por lo tanto, aunque él (por Pedro) obtuviera algún beneficio en la modificación de su sentencia, lo más razonable es pensar que va a seguir teniendo que cumplir con una pena de efectiva ejecución”, finalizó Lavini Rosset.

Débora Cieri, la primera madre en denunciar al “Hermano” Pedro por abuso sexual, sostuvo que las docentes del Sagrado Corazón de Venado Tuerto tuvieron una actitud pasiva y que “nunca se preocuparon por cómo estaban las niñas” que aseguraron haber sido víctimas de abuso sexual por parte del Director el nivel primario del establecimiento educativo.

El juicio contra el religioso se llevó adelante durante los últimos días de junio y comienzos de julio. La fiscal que realizó la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó una pena de 16 años de prisión. En tanto, el tribunal, integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, informará la sentencia el próximo miércoles 30. 

Comienzo del caso

Durante el año 2021 se potenciaron los rumores sobre ciertas conductas de Pedro Ortiz y Hontoria que incomodaban a las niñas que cursaban la etapa final del nivel primario. En consecuencia, desde Cáritas Diocesana convocaron a un grupo de padres para dialogar al respecto, y en septiembre de 2021 se radicó la primera denuncia. 

El caso se conoció mediáticamente tras una nota periodística publicada por Sur24. Posteriormente desde el establecimiento educativo emitieron un comunicado de prensa desmintiendo los abusos, y defendiendo institucionalmente al “hermano” Pedro. Más tarde, se radicaron tres nuevas denuncias. 

“¿Cómo semejante institución, como el Sagrado Corazón, no va a ponerse a disposición de los padres, de los alumnos? Dijeron ‘nunca se acercaron a hablar’. Pero yo me pregunto: ¿A qué me voy a acercar a hablar al colegio, si ya sé cuál era la respuesta? Además, mi hija pudo contar dos años después lo que había ocurrido”.

Durante las audiencias del juicio “escuché todos los testimonios. Fue muy triste ver a los maestros y a los profesores. En ningún momento se preguntaron por las chicas. Se limitaron a contar cual era la relación con el hermano Pedro y cómo era él en la escuela. Pero sobre las niñas, nada. Tampoco nos preguntaron nunca sobre cómo estaban nuestras hijas”, contó Débora

A esto se suma que “todas las respuestas (de los profesores) eran como muy parecidas, no parecían espontaneas. Dijeron que Pedro tenía un carácter fuerte, pero que se preocupaba por los niños”, añadió.

Puertas adentro

Dos de los cuatro abusos denunciados se habrían registrado en una especie de sala de Dirección donde el religioso convocaba a las alumnas para corregir los “cuadernos de matemática”. Los otros dos, en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita. 

A lo largo del juicio hubo alumnos que prestaron declaración, testimoniando que en distintas oportunidades los abrazos “efusivos” del Director se daban en el patio del colegio a “la vista de todos” y “nadie hacía nada”.

Débora Cieri asegura que “siempre había docentes. El único lugar en el que no había, era cuando Pedro llevaba a las niñas a su Dirección, que era un lugar que estaba medio escondido, y cerraba con llave. Y eso lo dijeron todas las víctimas y los ex alumnos que fueron a declarar. Contaron que en el recreo en el patio estaban todas las maestras y que Pedro se paraba cerca de la cocina, pero parece que nunca nadie vio nada”.

Recta final

El próximo 30 de julio se conocerá la sentencia que le pondrá fin a un largo juicio, y seguramente abrirá una etapa de apelaciones.

Cieri considera que “la fiscal presentó pruebas contundentes, de sobra, contra el hermano Pedro. Cuando escuchas todo lo que pasó, te das cuenta de la cantidad de pruebas que hay, principalmente el testimonio de las chicas. Es imposible que todas las chicas se pongan de acuerdo para inventar sobre el modus operandi de Pedro”.

Débora espera que haya una sentencia condenatoria “y que ese día quede preso. Sé que es difícil que le den una pena de 16 años. Es algo que venimos charlando, y quizás la pena puede ser menor, pero lo que interesa es que sea declarado culpable”.

En relación a su hija, contó que viven el “día a día. Ella está mucho mejor, pero este proceso es muy movilizante. A esto se suma la espera hasta el 30 de julio, que es terrible por la ansiedad que genera, algo que nos juega muy en contra a todos”.

Por último, dejó en claro que “quiero esperar el fallo, y ver que dicen desde el colegio. Una de las maestras, la directora actual, tuvo una declaración terrible. Están del lado de una persona que está acusada de abuso, y era director de un colegio. Por eso si ‘la cabeza’ de la institución y las personas que están trabajando todavía no pueden ver lo que pasó, es preocupante”. 

La fiscal Florencia Schiappa Pietra aseguró que “hubo una desprotección” del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto con las víctimas que denunciaron al “hermano” Pedro por abuso sexual. También habló de “omisión institucional”, y de la no colaboración, “sino todo lo contrario, de las máximas autoridades corazonistas” a nivel país, como ser Javier Lázaro.

Schiappa Pietra señaló que en las audiencias una docente contó que en el año 2017 desde el establecimiento educativo le habían recomendado al religioso que no vaya más a los viajes de estudio, “ante los rumores que había sobre hechos de abusos” ocurridos en la pileta del hotel en Santa Rosa de Calamuchita.

Juicio oral

El juicio desarrollado en los tribunales venadenses a lo largo de dos semanas llegó a su fin el viernes 4 de julio con los alegatos de cierre.

Pedro, ex director del nivel primario, se expone a una condena de 16 años de prisión solicitados por la fiscal y por la abogada querellante Ana María Regidor. La sentencia se conocerá el 30 de julio.

Schiappa Pietra, en diálogo con Sur24, realizó un balance de las audiencias y brindó una mirada sobre las actitudes del religioso y la posición institucional de las autoridades educativas. 

“Había una extrema vulnerabilidad de las víctimas. Y cuando más vulnerables, más fácil es para el abusador concretar los hechos. Es por eso que hago hincapié en la ‘omisión institucional’. Y no lo hago porque me interesa atacar de alguna manera al colegio o a la congregación, sino que fue indispensable esa omisión”, aseveró Florencia Schiappa Pietra.

En este marco, agregó que “había víctimas, no solo vulnerables por ser niñas, en un contexto de relación asimétrica de poder alumno-director, sino que había una desprotección institucional que las colocaba en un escenario aún más vulnerable”.

Relatos de testigos 

Durante las audiencias se presentaron testimonios en Cámara Gesell de las niñas que denunciaron al religioso, de docentes, autoridades educativas, psicólogos y psiquiatras. 

Al respecto, la fiscal sostiene que “son múltiples los relatos de chicas y chicos diciendo ‘y nadie hacía nada, nadie hacía nada’. Por ejemplo, en relación a los hechos registrados en la pileta (en el hotel en Santa Rosa de Calamuchita), se mostró un video donde estaban todos los docentes al lado. Y ahí fueron los tocamientos a dos de las víctimas”.

Profundizando en detalles, contó que “esas víctimas salieron sorprendidas, quedaron heladas ante esta situación. Una declaró que vio como tocaron a una compañera suya. Otra niña dije que vio con las ‘caras’ que salían de la pileta. Y todos coinciden en que ‘nadie hacía nada’. Conductas sádicas de parte de él (Pedro), por ejemplo, haciendo llorar a la víctima y después dándole un abrazo”.

De vuelta casa

Al regreso del viaje muchos padres percibieron conductas pocos frecuentes en sus hijos. Fue el comienzo de los rumores que luego desembocaron en las cuatro denuncias. 

“Cuando regresan del viaje, se hablaba en los pasillos de la escuela, en muchas casas, y ahí se produjo el develamiento de dos casos. Además, una testigo, una docente de ese colegio, aseguró que le dijeron a Pedro: ‘No vaya más a los viajes de 7°, cuídese hermano, cuídese por todo esto que están diciendo’. Pero a pesar de eso, que ocurrió en 2017, dejaron que se siga encerrando en la dirección con las chicas a corregir el cuadernillo de matemática y que esté hasta 40 minutos a solas con las alumnas”, reveló Schiappa Pietra.

En este marco, “los chicos nombraron a muchos docentes, que fueron citados por la fiscalía y negaron todo, y finalmente no fueron llevados a juicio. Pero hubo una desprotección que desembocó en que los chicos no cuenten, no hablen en la casa y que Pedro pueda hacer esto”.

Autoridades corazonistas

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) mostraron su preocupación a lo largo del proceso por la falta de colaboración de la institución a nivel local y de la congregación a nivel país. 

“El Jefe de la Congregación en Argentina, el hermano (Javier) Lázaro, no hizo nada, sino todo lo contrario. Desde el minuto cero que comenzó la investigación dijo ‘esto no puede ser, acá no hay ninguna prueba’”, expresó la fiscal.

Por último, dejó en claro que “estamos ante Jefes que no están dispuestos ni quisieron investigar, recepcionar testimonios, ni acercarse al MPA a ver qué pasó. Además, se mostraron enojados con el sacerdote (Martín Cabrera Erro) que realizó la primera denuncia desde Cáritas”.

El ex Director del nivel primario del colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto, Pedro Ortiz y Hontoria, denunció que fue víctima de una “interna religiosa” y que jamás abusó de cuatro alumnas que estaban a su cargo y que en ese momento cursaban 6° y 7° grado.

El religioso pidió declarar en la última audiencia del juicio, previo a los alegatos del viernes, en donde se expone a una pena de prisión de 16 años solicitada por la fiscalía y la querella, en el marco de un veredicto que informarán los jueces Aldo Baravalle, Mariana Vidal y Mauricio Clavero, el próximo 31 de julio. 

Audiencia

El “hermano” Pedro dio inicio, vía zoom, a su testimonio minutos antes de las 9 horas del miércoles. Llevó adelante una especie de repaso histórico de su vida y de los 47 años que lleva en Argentina tras haber nacido y vivido durante dos décadas en España.

A la hora de analizar el proceso que atraviesa, acusó puntualmente al padre Martín Cabrera Erros, quien se desempeñaba al frente de Cáritas Diocesana, lugar desde donde acompañaron a la primera familia a radicar formalmente la denuncia penal.

Dejó entrever que el sacerdote tenía ciertos intereses. “No voy a parar hasta ver al hermano Pedro preso”, aseguró que se le escuchó decir a Cabrera Erros. En ese contexto el ex Obispo de la Diócesis, Monseñor Gustavo Arturo Help, llorando le pidió perdón. “No lo quería hacer, no lo quería hacer”, afirmó Pedro Ortiz y Hontoria que le dijo Help mientras lo abrazaba en un velorio y lloraba desconsoladamente, dando a entender que el “líder de la iglesia” en el sur-sur provincial se había sumado a la “operación judicial” en su contra. 

Además, contó que Help viajó en dos oportunidades a Temperley para visitarlo en su casa de calle 9 de Julio al 200, donde le pidió perdón por lo que estaba ocurriendo, le ofreció “rezar juntos”, y le aseguró que a él le habían pasado cosas peores. 

Los hechos

Dos denuncias contra el religioso hacen referencia a que los abusos se produjeron en una sala, tipo Dirección, cuando Pedro convocaba a las alumnas para corregir el cuadernillo de matemática,

Sobre este punto, el “hermano” desmintió los hechos, señalando que “nunca las llevé a la dirección” a las niñas, y que esas tareas extras se daban para las vacaciones de verano, y no durante el año en curso.

En relación a los dos hechos de abuso que se habrían registrado en la pileta del hotel de Santa Rosa de Calamuchita, el religioso desmintió que hayan ocurrido. Sostuvo que en una oportunidad “me metí al agua y había aproximadamente 100 chicos. Como tengo ciertas dificultades para nadar, estuve en la parte playa”. En ese momento un grupo de niños “comenzó a arrojarme agua”, con el objetivo de jugar. Posteriormente “tomé a una de las niñas y la arrojé”, para de esta maner seguir con el “juego”, pero “desmiento que le haya tocado los pechos o sus zonas íntimas”, manifestó.

Autorización especial

El religioso mostró su enojo con la fiscal del caso, Florencia Schiappa Pietra, a quien responsabilizó por no poder acceder a una autorización para viajar a España y visitar a sus familiares. Fue en ese momento que Pedro se puso a llorar tras recordar que no fue posible despedir a su madre. 

Posteriormente, respondió una pregunta que realizó la fiscal, y más tarde la abogada querellante, Ana María Regidor, para finalizar su exposición. 

Se llevó adelante la segunda jornada de audiencia en el marco el juicio oral y público que tiene sentado en el banquillo de los acusados al “hermano” Pedro Ortiz y Hontoria, ex director el nivel primario el colegio Sagrado Corazón. Sobre el religioso pesan cuatro denuncias de abuso sexual contra alumnas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019, y por las cuales la fiscalía solicitó 16 años de prisión.

En los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli en la jornada del miércoles prestaron testimonio psicólogas y psiquiatras que atendieron en los últimos años a una de las niñas que denunció los abusos del religioso. 

Ante el tribunal integrado por Aldo Baravalle (presidente), Mariana Vidal y Mauricio Clavero, a lo largo de las exposiciones la tarea de la fiscal Florencia Schiappa Pietra apuntó a consolidar las evidencias con el objetivo de que no queden dudas en cuanto a los episodios padecidos por las alumnas, ya sea en el establecimiento educativo como en el viaje de estudio a Santa Rosa de Calamuchita, lugar donde se habrían registrado dos de los cuatro casos. 

Testigos

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde brindaron testimonios un importante número de profesionales. En primer lugar, estuvo el Trabajador Social Miguel Ávila, quien confirmó que la primer denunciante estaba en plenas condiciones para declarar en Cámara Gesell. 

Luego prestó declaración la psicóloga Angélica Rinaudo, encargada de la entrevista en Cámara Gesell.

La abogada querellante, Ana María Regidor, sostuvo que “fueron testimonios muy contundentes sobre todos los síntomas indicadores de abusos, los daños psicológicos, emocionales. Una de las psicólogas señaló que de los 40 indicadores de abusos que existen, una de las niñas tenía más de 30, conforme la bibliografía especializada en el tema”.

En consecuencia, “todos esos indicadores llevaban claramente a pensar que el trauma con el que la nena llegó a terapia era por un abuso sexual”, agregó la penalista.

Las profesionales también hicieron referencia a “los daños psicológicos y emocional irreversibles. Además, por los síntomas que presentaba mi defendida, las psicólogas y psiquiatras estuvieron en contacto con médicos de distintas especialidades: clínicos, otorrinos laringólogos, neurólogos de Venado y de Rosario. Todos descartaron cuestiones orgánicas sobre estos síntomas que presentaba la niña”, aseguró Ana Regidor. 

Algunos de los síntomas que se mencionaron como indicadores de abuso sexual fueron “la imposibilidad de defenderse, auto reproches, baja autoestima, intentos de suicidios, depresión, ansiedad, desesperanza, trastornos con el sueño, distanciamientos afectivos, la imposibilidad de concurrir al colegio”, entre otros. 

Además de Angélica Rinaudo, brindaron testimonio la psicóloga Silvina Gross, la médica pediatra con formación en psiquiatría infanto-juvenil Susana Petinón, la psiquiatra Florencia Coronel y Jessica Valeria Sibuet, terapeuta dedicada a la programación neuro-lingüística. 

Este martes 17 de junio comenzará el juicio oral y público contra el “Hermano” Pedro. El religioso que se desempeñaba como Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto está acusado de cuatro abusos sexuales contra niñas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

En tal sentido, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó 16 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

En tanto, el tribunal estará integrado por los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal y Aldo Baravalle. 

El religioso, luego de “dejar” su cargo en el establecimiento educativo local, se instaló en Buenos Aires en donde tuvo que cumplir con una serie de reglas de conductas. Y mientras duró el proceso, surgieron una serie de polémicas, principalmente por los pedidos oficiales que realizaba ante el poder judicial solicitando autorización para viajar a España a visitar a su familia. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner la malla delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven describió que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el, en ese entonces, fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

La fiscal María Florencia Schiappa Pietra apeló la decisión de otorgar la libertad a un hombre de 45 años, cuyas iniciales son GDO, al que se investiga por abusos sexuales cometidos en perjuicio de tres personas de su entorno en Villa Cañas (departamento General López). Las víctimas son una mujer que era su pareja y dos hijas de ella que eran menores de edad cuando comenzaron los ilícitos.

Schiappa Pietra está a cargo de la investigación y presentó el recurso de apelación en los tribunales de Venado Tuerto. La funcionaria del MPA había realizado la atribución delictiva y había solicitado la prisión preventiva ante el juez Leandro Martín, quien no hizo lugar al pedido de la fiscal.

Investigación proactiva

Schiappa Pietra señaló que “al comunicar su decisión en la audiencia en la que se debatieron las cautelares, el magistrado valoró el gran cúmulo de evidencia que presentamos para acreditar las conductas delictivas del imputado, avaló las calificaciones penales que propusimos y puntualizó que la pena en expectativa es alta y de cumplimiento efectivo”. En tal sentido, afirmó que “sin embargo, planteó que no había riesgos procesales y dispuso medidas alternativas”.

La fiscal remarcó que “las circunstancias del caso ameritaban que el hombre de iniciales GDO transitara el proceso judicial privado de su libertad”. Explicó que “sobre todo, deben contemplarse las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan cada una de las personas que sufrieron los abusos, quienes fueron escuchadas por el juez antes de que el investigado ingresara a la sala”.

“Al abordar la peligrosidad procesal, el juez no tuvo en cuenta lo manifestado por las víctimas, y con su decisión contradijo toda la normativa vigente nacional e internacional respecto de las obligaciones estatales de garantía en este tipo de casos de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, sostuvo Schiappa Pietra.

“El magistrado se basó en que las diligencias comenzaron hace más de un año y se desarrollaron con el hombre de iniciales GDO en libertad, sin contemplar que el estadío procesal cambió después de la audiencia imputativa”, manifestó la fiscal. “Tampoco tuvo en cuenta que se trata de una investigación proactiva, que por lo tanto demanda tiempos distintos a los de legajos de origen reactivo”, especificó.

Según subrayó, “el imputado recibió cautelares que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales que tanto la Fiscalía como la Querella argumentamos que existen”. Detalló que “de acuerdo con lo resuelto, tendrá que pasar a firmar a diario en una comisaría y fijar domicilio en Villa Cañás y no podrá salir del país ni tener armas de fuego”, y agregó que “se aceptaron como caución real dos motovehículos ofrecidos por la Defensa”.

Hermanas

Schiappa Pietra manifestó que “los abusos en perjuicio de una de las hijas de la pareja del imputado comenzaron en 2008, cuando ella iba a la escuela primaria, y se extendieron por una década”. Aseveró que “mediante supuestos juegos que en realidad eran vulneraciones a la integridad sexual, el investigado provocó la naturalización de las conductas delictivas”. Al respecto, añadió que “todos los ilícitos tuvieron lugar en el domicilio familiar, en momentos en los que la madre de la víctima no estaba allí”.

En relación a la otra hija de la pareja del imputado, la fiscal afirmó que “durante el último tramo de su infancia y los primeros años de su adolescencia, sufrió abusos en reiteradas oportunidades, en circunstancias similares a las de su hermana”.

Por otro lado, destacó que “en una ocasión de 2017, cuando esta segunda víctima ya había alcanzado la mayoría de edad, el imputado la agredió sexualmente”.

“Por sus características y contexto, lo ocurrido tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo sexual de ambas víctimas, una de las cuáles resultó con un grave daño en su salud mental”, resaltó Schiappa Pietra.

Violencia de género

La fiscal indicó que “en 2016, el hombre investigado abusó de la mujer que era su pareja mientras estaban en la casa en la cual convivían”. En tanto, expuso que “durante la relación que mantuvieron, el agresor ejerció violencia de género de manera permanente”, y precisó que “controlaba las actividades cotidianas de la mujer, le hacía reproches por celos y la amenazaba con quitarse la vida si se separaban”. A su vez, explicitó que “varias veces, le dijo que los iba a matar tanto a ella como a sus hijos y a cualquier persona con la que ella iniciara un nuevo vínculo sentimental”.

Delitos

Por hechos en perjuicio de una de las hijas de su expareja, al imputado se le atribuyó

la autoría de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años con la cual convivía), y corrupción de menores agravada (por ser conviviente y encargado de la guarda).

Además, por los ilícitos sufridos por la otra hija de su expareja, al hombre investigado se le endilgó la autoría de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda y por haber sido cometido contra una víctima menor de 18 años con la cual convivía), y corrupción de menores agravada (por la convivencia y por la guarda).

En cuanto a los delitos en perjuicio de la mujer que era su pareja, el imputado es investigado como autor de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples.

Un hombre de 45 años, identificado como Gustavo O., docente y residente de la ciudad de Villa Cañás, fue imputado por la Fiscalía de Venado Tuerto por múltiples delitos sexuales cometidos presuntamente contra sus dos hijastras (menores de edad al momento de los hechos) y su ex pareja, con quienes convivía en el mismo domicilio.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Florencia Schiappa Pietra encabezó la audiencia imputativa donde se le atribuyeron los cargos. Según la acusación, los hechos ocurrieron durante más de una década, en un contexto de abuso de poder, confianza y convivencia familiar.

El hombre, atravesará en libertad el proceso que lo separa de un posible juicio oral y público. 

Abusos durante una década

J.P., hija de la ex pareja del imputado, relató haber sido víctima de tocamientos desde los 9 años, aproximadamente en 2008, en momentos en que su madre se ausentaba del hogar. El imputado, según el expediente, aprovechaba esos momentos para abusar de la menor mientras compartían la siesta en su cama.

La fiscalía sostiene que el acusado persistió en estos abusos hasta que la víctima cumplió 19 años, incrementando su intensidad durante la adolescencia, cuando realizaba tocamientos en distintas partes del cuerpo, bajo la excusa de juegos.

Como consecuencia, J.P. sufrió graves secuelas psicológicas, incluyendo, trastornos de ansiedad y medicación psiquiátrica.

La calificación legal fue “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración, triplemente agravado por ocasionar daño en la salud mental, por el vínculo y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores”.

Segundo hecho

La segunda víctima es J.P.L., hermana de J.P. Los abusos comenzaron, según su testimonio, cuando tenía aproximadamente 12 años. Durante ese período, el acusado habría ejecutado juegos sexuales disfrazados de inocentes y tocamientos frecuentes.

Uno de los hechos más graves ocurrió en febrero de 2017, cuando J.P.L. tenía 23 años. Según la denuncia, Gustavo O. ingresó a su habitación durante la madrugada, la encontró dormida y bajo los efectos del alcohol, y la sometió a un intento de abuso sexual con acceso carnal. El ataque se detuvo solo por la irrupción de otra persona en la vivienda.

El acusado fue imputado bajo la calificación legal de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y la convivencia, en concurso ideal con corrupción de menores agravada, y en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”.

Abuso y amenazas

La tercera víctima es F.B., ex pareja de Gustavo O. y madre de las dos jóvenes mencionadas. En 2016, luego de una discusión, la mujer tomó medicación para dormir. Según la denuncia, en ese estado fue violada por el imputado, quien luego le dijo que “siempre iba a ser de él”.

Durante la relación, Gustavo habría ejercido control y violencia psicológica sistemática, con amenazas constantes de suicidio. Luego de que F.B. descubriera los abusos contra sus hijas y le pidiera que la hija en común que tienen no durmiera más en su casa, el imputado la amenazó con matarla a ella y a sus hijos. En 2023, tras saber que ella estaba conociendo a otra persona, repitió las amenazas.

El hombre fue imputado bajo la figura de abuso sexual con acceso carnal y amenazas simples reiteradas.

Un joven oriundo de Venado Tuerto fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión al ser encontrado culpable por hechos de violencia de género contra su ex pareja. El sentenciado, Thiago Nicolás Córdoba, aceptó la responsabilidad de los actos cometidos en el marco de un juicio abreviado desarrollado en la mañana de este viernes, donde la fiscal fue Florencia Schiappa Pietra y Mauricio Clavero el Juez. 

Historia del caso

El sujeto fue acusado de siete hechos registrados a lo largo de 2024.

El 22 de febrero ingresó a la vivienda de su ex pareja, en calle Valdez al 600 y le robó un teléfono celular.

Cuatro días más tarde, regresó a las 2 AM y tras abrir la ventana de la habitación la amenazó de muerte. Luego la tomó del cuello de la remera y la golpeó dos veces contra la reja, ocasionándole excoriaciones leves en el rostro y en el brazo izquierdo. Asimismo, momentos más tarde, apersonarse nuevamente en el domicilio de la víctima y desde la ventana de la habitación haber agarrado un ventilador y un cochecito de juguete y arrojarlos a su ex pareja que se encontraba acostada junto a la hija de dos años que ambos tienen en común. 

En tanto, el 5 de marzo concurrió a la panadería, en el centro de Venado, donde trabaja la víctima y en actitud amenazante se quedó media hora en la vidriera observando hacia el interior.

Más robos

Por otro lado, el 17 de mayo, en horas de la noche robó un teléfono celular a un conocido en la plaza ubicada en Brown y Saavedra. 

Y posteriormente le sustrajo un teléfono a una persona con la que convivía en la conflictiva vivienda ubicada en esa misma esquina. 

Condena

Finalmente, Thiago Córdoba, en marco de unificación de penas, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva, al haber sido encontrado responsable del delito de “hurto simple -tres hechos-; desobediencia al mandato judicial -cinco hechos-; amenazas simples; lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. 

Tomás Valentín Lavallén, de 21 años, fue sentenciado a cuatro años de prisión por la venta de drogas al menudeo y la portación ilegítima de un arma de fuego. El fallo se emitió en los tribunales de Venado Tuerto y estuvo a cargo del juez Mauricio Clavero.

La condena se originó a partir de un operativo policial realizado en la madrugada del sábado 9 de marzo de 2024. Durante un control de rutina en la vía pública, Lavallén fue interceptado mientras circulaba en una moto sin patente visible, acompañado por otro hombre que también fue imputado y está siendo investigado.

En el procedimiento, la policía secuestró:

El caso fue investigado por el fiscal Iván Raposo, mientras que la fiscal Florencia Schiappa Pietra representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia de juicio abreviado.

Lavallén reconoció su responsabilidad penal como coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y como autor de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Aceptó las calificaciones legales, la pena impuesta y la modalidad abreviada del juicio, lo que permitió acelerar el proceso judicial.

Cabe acotar que la investigación y condena se enmarcan en los objetivos del MPA para combatir el narcotráfico y la inseguridad en Santa Fe. Según destacaron desde la Fiscalía, este tipo de delitos son abordados con prioridad por su impacto directo en la comunidad.

El fallo contra Lavallén representa un avance en la lucha contra el narcotráfico al menudeo en Venado Tuerto, aunque las autoridades remarcan la importancia de continuar con las investigaciones y los controles preventivos para desarticular estas redes.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 27 años al que se investiga por delitos contra la propiedad cometidos en Venado Tuerto (departamento General López).La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Clavero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses.La fiscal Florencia Schiappa Pietra está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son LNM, transite el proceso judicial privado de su libertad.

En la audiencia en la que se debatieron las medidas cautelares, Schiappa Pietra precisó que “el domingo pasado, aproximadamente a las 15.30, el imputado junto con otros dos hombres -ya identificados e imputados-, ingresaron a una vivienda en Venado Tuerto”. La fiscal agregó que “una vez dentro de una casa, desarmaron una pileta de lona, la sustrajeron y mientras escapaban fueron vistos por la víctima, quien llamó inmediatamente a la policía”.“Los tres hombres intentaron huir por una zona de pastizales, escondieron la pileta en el camino, pero fueron aprehendidos por el personal policial que llegó al lugar”, subrayó Schiappa Pietra.La funcionaria del MPA sostuvo que “al imputado también se le atribuyeron dos hechos ilícitos cometidos en la vía pública en contra de personas y otros dos en locales comerciales”, y concluyó que “además se le endilgó el robo de una moto cometido el viernes de la semana pasada en el porche de una casa en Venado Tuerto”.

La fiscal Schiappa Pietra le atribuyó al imputado la autoría de los delitos de robo y hurto, y la coautoría de tentativa de hurto, tentativa de robo y robo.

Continuará en prisión preventiva un hombre de 38 años, cuyas iniciales son DDR, que es investigado por el abuso sexual de una niña del entorno familiar de su expareja en Venado Tuerto.La decisión fue tomada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mauricio Clavero, a raíz del pedido formulado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales venadenses.Schiappa Pietra explicó que “solicitamos que se prorrogue la prisión preventiva a raíz de que aportamos nueva evidencia incriminante que da cuenta de la conducta ilícita del imputado”.“Entendemos que siguen latentes los peligros procesales”, argumentó la fiscal y agregó que “hay que cautelar los testimonios de quienes deberán declarar en juicio para que no se entorpezca la investigación”. En tal sentido, sostuvo que “también hay que tener en cuenta que ante la pena en expectativa prevista por los delitos atribuidos, el imputado podría fugarse”.Los abogados defensores rechazaron el planteo de la Fiscalía y pidieron que el imputado recupere la libertad con normas de conducta. “Sin embargo, el juez dispuso que se mantenga la prisión preventiva durante todo el proceso y habilitó a que en 60 días se revise la medida cautelar, siempre que haya nuevas evidencias que así lo ameriten”, valoró Schiappa Pietra. 

Finalmente se confirmó que el juicio oral y público contra el “Hermano” Pedro comenzará el 17 de junio de 2025. El religioso que se desempeñaba como Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto está acusado de cuatro abusos sexuales contra niñas que cursaban 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

En tal sentido, la fiscal que llevó adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra, solicitó 16 años de prisión, al igual que la abogada querellante, Ana María Regidor.

En tanto, el tribunal estará integrado por los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal y Aldo Baravalle. 

El religioso, luego de “dejar” su cargo en el establecimiento educativo local, se instaló en Buenos Aires en donde tuvo que cumplir con una serie de reglas de conductas. Y mientras duró el proceso, surgieron una serie de polémicas, principalmente por los pedidos oficiales que realizaba ante el poder judicial solicitando autorización para viajar a España a visitar a su familia. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner las mallas delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven describió que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

En la jornada de hoy jueves será trasladado de San Luis a Venado Tuerto, Juan Caros Castillo, el hombre de 36 años acusado de ser el autor material del ataque a puñaladas que terminó con la vida de Daniel Cuzcueta.

En tal sentido, la fiscal que lleva adelante la investigación, Florencia Schiappa Pietra estaría solicitando ante la Oficina de Gestión Judicial la audiencia imputativa y cautelar para la jornada del próximo lunes.

De esta manera, se le formará la causa correspondiente al detenido y al mismo tiempo se solicitará la prisión preventiva ordinaria. 

Historia del caso

Cuzcueta sufrió múltiples puñaladas el 24 de noviembre en el marco de un hecho al cual era ajeno. 

Finalmente, y tras 20 días internado, perdió la vida el 16 de diciembre. 

La hipótesis principal plantea que la víctima no conocía a su agresor y que no tenía relación con la discusión que el homicida sostenía con una mujer.

Todo ocurrió en “un bar de calle Chapuis al 2.100 de Venado Tuerto donde se encontraba la víctima junto a otra persona. Llega al bar una mujer que habría tenido un conflicto con su pareja, y que es prima de una de las personas que se estaba en el bar”, detalló Schiappa Pietra. 

A los pocos minutos arribó al sitio “el imputado de esta causa y tuvo una discusión con la chica, la cual después se retira caminando. La víctima y el otro masculino se suben al auto y cuando Cuzcueta estaba sentado para darle arranque es atacado a puñaladas en el rostro, en el mentón en la mejilla en la clavícula y en el cuello”, añadió.

Además del testimonio de personas que esa noche se encontraban en el lugar, fue clave el aporte de cámaras de seguridad para determinar la identidad del agresor.

Desde esa madrugada Cuzcueta estuvo internado en el Hospital Gutiérrez y posteriormente en el sanatorio Castelli.

“La puñalada en la clavícula fue la que le generó un coágulo y le comprimió la tráquea, lo que le impidió la respiración y luego se fueron generando complicaciones que desembocaron en la muerte de la víctima”, detalló Schiappa Pietra. 

Juan Carlos Castillo estuvo prófugo de la justicia desde esa madrugada, y finalmente fue detenido el domingo 20 de diciembre en la ciudad de San Luis. 

Juan Carlos Castillo (36), el hombre acusado de matar a Daniel Cuzcueta (60), fue detenido en las últimas horas en la provincia de San Luis. Posteriormente fue aojado en sede policial y este lunes será trasladado a Venado Tuerto para comparecer ante el poder judicial.

La noticia la confirmó el intendente Leonel Chiarella en el programa radial “A pesar de todo”, que se emite por LT29.

En lo previo, el primer mandatario local había realizado una publicación en redes sociales con la fotografía del sospechoso y una leyenda que decía: “Este es Juan Carlos Castillo, está prófugo de la justicia. Mató a Daniel Cuzcueta de varias puñaladas. Mostramos la foto, con nombre y apellido porque hay que encontrarlo para que termine preso”.

Historia del caso

Cuzcueta sufrió múltiples puñaladas el 24 de noviembre en el marco de un hecho al cual era ajeno. 

Finalmente, y tras 20 días internado, perdió la vida el 16 de diciembre. 

La hipótesis principal plantea que la víctima no conocía a su agresor y que era ajena a la discusión que el homicida sostenía con una mujer.

Todo ocurrió en “un bar de calle Chapuis al 2.100 de Venado Tuerto donde se encontraba la víctima junto a otra persona. Llega al bar una mujer que habría tenido un conflicto con su pareja, y que es prima de una de las personas que se estaba en el bar”, detalló Schiappa Pietra. 

A los pocos minutos arribó al sitio “el imputado de esta causa y tuvo una discusión con la chica, la cual después se retira caminando. La víctima y el otro masculino se suben al auto y cuando Cuzcueta estaba sentado para darle arranque es atacado a puñaladas en el rostro, en el mentón en la mejilla en la clavícula y en el cuello”, añadió.

Además del testimonio de personas que esa noche se encontraban en el lugar, fue clave el aporte de cámaras de seguridad para determinar la identidad del agresor.

Desde esa madrugada Cuzcueta estuvo internado en el Hospital Gutiérrez y posteriormente en el sanatorio Castelli.

“La puñalada en la clavícula fue la que le generó un coágulo y le comprimió la tráquea, lo que le impidió la respiración y luego se fueron generando complicaciones que desembocaron en la muerte de la víctima”, detalló Schiappa Pietra. 

Palabra del intendente

Leonel Chiarella confirmó la detención “en las últimas horas de Juan Carlos Castillo en la provincia de San Luis. Y será trasladado a Venado Tuerto para que pueda terminar preso y cumplir con la pena”.

En tal sentido, “para nosotros es muy importante, porque ante esta desgracia y el dolor de una familia, que puedan encontrar un poco de paz y de justicia por sobre todas las cosas. Ha sido un gran trabajo de las unidades fiscales y de las fuerzas de seguridad”, agregó.

En relación a la publicación de la fotografía del sospechoso en redes sociales, con el nombre y el apellido, Chiarella sostuvo que “muchas veces se le pide a la ciudadanía que brinden información, pero no se les dan herramientas para que puedan hacerlo. No hay nada que esconder acá, y todo el mundo debe saber quiénes son, para que cuando estén prófugos pasen estas cosas”.

Por último, dijo que “estamos hablando de una persona que mató a otra. Y lo mató en una circunstancia donde no había una gresca ni una pelea, ni un ajuste de cuenta, aunque nada es justificable. Pero en este caso, mató a un inocente que estaba comiendo una pizza y vino un delincuente como es Castillo y lo apuñaló”. 

Continúa prófugo de la justicia Juan Carlos Castillo (36) el hombre acusado de atacar a puñaladas a Daniel Cuzcueta (60) la madrugada del 24 de noviembre en un local ubicado en Chapuis y Piacenza de Venado Tuerto, provocando su deceso el último lunes.

La noticia la confirmó en conferencia de prensa Florencia Schiappa Pietra, la fiscal que lleva adelante la investigación, dando además precisiones en relación a cómo se habrían desencadenados los hechos.

La hipótesis principal plantea que la víctima no conocía a su agresor y que era ajena a la discusión que el homicida sostenía con una mujer.

Todo ocurrió en “un bar de calle Chapuis al 2.100 de Venado Tuerto donde se encontraba la víctima junto a otra persona. Llega al bar una mujer que habría tenido un conflicto con su pareja, y que es prima de una de las personas que se encontraba en el bar”, detalló Schiappa Pietra. 

A los pocos minutos arribó al sitio “el imputado de esta causa y tuvo una discusión con la chica, la cual después se retira caminando. La víctima y el otro masculino se suben al auto y cuando Cuzcueta estaba sentado para darle arranque es atacado a puñaladas en el rostro, en el mentón en la mejilla en la clavícula y en el cuello”, añadió.

Además del testimonio de personas que esa noche se encontraban en el lugar, fue clave el aporte de cámaras de seguridad para determinar la identidad del agresor.

El sujeto “hasta el momento está prófugo de la justicia. Se requisó la vivienda el día del hecho y no fue hallado. Se hizo un allanamiento a los pocos días y tampoco dimos con su paradero, además de otras medidas que llevó adelante la PDI”, indicó la fiscal. 

Desde esa madrugada Cuzcueta estuvo internado en el Hospital Gutiérrez y posteriormente en el sanatorio Castelli.

“La puñalada en la clavícula fue la que le generó un coágulo y le comprimió la tráquea, lo que le impidió la respiración y luego se fueron generando complicaciones que desembocaron en la muerte de la víctima”, detalló Schiappa Pietra. 

Por último, confirmó que “el imputado es Juan Carlos Castillo, tiene 36 años y lo estamos buscando. Por eso le pedimos a la población si tienen información se dirijan a la fiscalía de calle San Martín 650”.