Por Juliano Salierno

El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, presentó este miércoles en la ciudad de Coronda el Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un documento que resume los principales indicadores criminales, resultados judiciales y desafíos institucionales del organismo en el departamento La Capital y su zona de influencia.

La actividad se realizó desde las 11 de la mañana en el Instituto Superior del Profesorado Nº 6, ubicado en la intersección de San Martín y Rivadavia, y contó con la presencia de la fiscal general María Cecilia Vranicich.

La exposición marcó además el inicio de una recorrida institucional que continuará entre viernes y lunes con las presentaciones de los informes anuales de las fiscalías regionales de Rafaela y Reconquista.

El documento de 105 páginas elaborado por la Fiscalía Regional 1 y publicado en la web oficial www.mpa.santafe.gov.ar, fija como prioridades estratégicas para el período 2026-2027 la persecución de las violencias altamente lesivas vinculadas a economías criminales, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los hechos de violencia de género y los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.

Uno de los datos centrales del informe refiere a los homicidios dolosos registrados en el departamento La Capital durante 2025. Según el relevamiento oficial, hubo 52 víctimas, lo que representa una tasa de 8,6 cada 100 mil habitantes.

Aunque la cifra resulta levemente superior a la del año anterior, el MPA destacó que se trata del segundo registro más bajo desde 2014.

El informe señala además que el 61,5% de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, mientras que el 28,8% se perpetró con armas blancas. La mitad de los homicidios tuvo origen en conflictos interpersonales y un 23,1% estuvo vinculado a organizaciones criminales o economías ilegales.

Otro dato significativo es que el 67,3% de los asesinatos ocurrió en la vía pública.

En paralelo, la Fiscalía Regional registró 298 personas heridas por armas de fuego en el departamento La Capital, una reducción del 6,6% respecto del año previo.

Uno de los apartados más relevantes del informe pone el foco en un fenómeno que el MPA considera “invisibilizado”: la carga institucional que generan las muertes violentas no dolosas.

Durante 2025 se registraron en toda la provincia 964 muertes violentas. De ese total, el 46,5% correspondió a suicidios; el 31,7% a siniestros viales; y el 21,8% a homicidios dolosos.

En el ámbito específico de la Fiscalía Regional 1 se contabilizaron 264 muertes violentas: 126 suicidios, 77 fallecimientos en hechos viales y 61 homicidios, repitiendo el patrón provincial.

El informe remarca que tanto los suicidios como los siniestros viales demandan una intensa actividad investigativa y pericial para descartar hipótesis criminales, lo que implica autopsias, análisis forenses y relevamientos digitales que muchas veces no son percibidos públicamente.

Otro de los ejes destacados fue el crecimiento de las investigaciones por microtráfico desde que el MPA asumió competencias provinciales en esa materia.

La Fiscalía Regional 1 informó 4.178 ingresos vinculados al narcomenudeo y la apertura de 581 causas penales. Durante 2025 se concretaron 163 allanamientos específicos y se obtuvieron 85 condenas.

Dos fiscales de la ciudad de Santa Fe tendrán a su cargo las actuaciones correspondientes a la denuncia penal presentada contra otro integrante del Ministerio Público de la Acusación: el fiscal rosarino Matías Edery. María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, pertenecientes a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en esta ciudad fueron asignadas para la investigación, después de que se excusaran – por una cuestión de proximidad- sus pares de Rosario. Ambas estarán bajo la coordinación directa del Fiscal Regional Jorge Nessier.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. Ello, después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero. Edery había notificado a sus superiores en 2021 que la mujer era su "informante", pero Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos derivaba un intercambio inapropiado de información puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso. Asimismo, cuestionaron la figura del "informante", puesto que no está regulada por normativas provinciales.

Además de la denuncia penal, se tramita una investigación administrativa en el ámbito de la Auditoría General del propio Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Leandro Mai. Ante Mai, Socca amplió en las últimas horas su denuncia apuntando elementos probatorios sobre el posible encubrimiento de Edery hacia Ortigala. Según el denunciante, Edery, al inscribirla en el programa de Testigos Protegidos en el marco de la causa abierta a Esteban Alvarado por homicidio, no la incluyó como miembro de la asociación ilícita que estaba bajo investigación. Ello insinuaría que Ortigala gozaba de "protección institucional" desde la fiscalía, y que Edery – según el denunciante- encubría actividades ilegales de Ortigala, a cambio de información.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

En cuanto a la investigación que se tramita en la vía administrativa, el caso sigue por ahora en el ámbito de la Auditoría. Mai no se ha expedido aún respecto de si avanzará con las actuaciones, o se inhibirá. Sus competencias son acotadas, puesto que podrá intervenir si la falta eventualmente cometida por Edery es leve y en cuyo caso, la sanción no podría superar los dos meses de suspensión. En cambio, si la falta es considerada grave, debería intervenir directamente la Legislatura que tiene facultades plenas para llevar adelante un proceso disciplinario, incluso, hasta con la sanción máxima como la destitución.

La semana pasada, el auditor ya había notificado sobre el caso a la propia Comisión Bicameral de Acuerdo, que lo había citado para este miércoles a fin de conocer los pormenores de sus actuaciones. Pero el encuentro se pospuso hasta la próxima semana, a fin de poder procesar la información recabada y los alcances de la denuncia ampliada en las últimas horas.

Un hombre de 37 años identificado como Abraham Hilario fue condenado a 28 años de prisión por haber abusado sexualmente de seis mujeres en la vía pública en la ciudad de Santa Fe. En todos los casos, la modalidad fue la misma: asfixiaba a las víctimas, las dejaba inconscientes y luego las atacaba sexualmente.

Hilario también intentó agredir de la misma forma a una séptima víctima que logró reaccionar y escapar.

La investigación que permitió llegar a la condena estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1. Por su parte, las víctimas fueron notificadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.

Los hechos ilícitos fueron cometidos entre febrero y noviembre del año pasado. El MPA precisó que “cinco de las víctimas eran mujeres con las que el condenado había acordado pases sexuales, y a las otras dos las abordó con violencia”.

La Fiscalía también detalló que “Hilario llevó adelante su accionar delictivo en el Parque Sur; en una plazoleta ubicada entre calle Cruz Roja y la avenida Alem; en un baldío de calle Alvear y pasaje San Martín; en inmediaciones de una plazoleta del barrio Mayoraz y en cercanías de la esquina de San José y Jujuy”.

“A una de las personas a las que agredió sexualmente le robó un teléfono celular y 1.500 pesos; y a otra, 1.500 pesos”, se agregó.

Hilario reconoció su responsabilidad penal como autor de seis abusos sexuales con acceso carnal consumados y uno en grado de tentativa. También fue condenado por la autoría del delito de robo simple.

La pena fue impuesta por los jueces Martín Torres, José Luis García Troiano y Nicolás Falkenberg en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos realizado en los tribunales de la capital provincial.

La Defensa aceptó la calificación penal, la pena impuesta y la modalidad del juicio.