Gustavo Capeletti

El ex integrante de la Unidad Fiscal Reconquista fue sentenciado a la pena de 3 años de ejecución condicional en un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales de la ciudad norteña este viernes.

El fallo dictado por la jueza penal Claudia Bressan sobre Rodrigo Germán González, quien fuera fiscal del MPA en la Cuarta Circunscripción Judicial, conlleva la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos dentro del Poder Judicial de la provincia y la Nación por el doble de tiempo de la pena impuesta.

Por las dos causas por las que estaba encartado, la magistrada lo halló autor penalmente responsable de un cúmulo de delitos cometidos en razón de la función pública que ejerció hasta marzo de 2021 en la sede norteña del ministerio público fiscal: amenazas coactivas, encubrimiento, violación de medios de prueba registros y documentos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real.

En la audiencia, la Dra. Bressan dejó en claro el acuerdo prestado por la señorita S. S., víctima del caso, respecto del procedimiento abreviado y sopesó que de acuerdo al informe de Registro Nacional de Reincidencias “el imputado no tiene causas, trámite o condenas que impidieran la aplicación del sistema elegido por las partes y estaría dentro de las posibilidades que le otorga el Código Procesal Penal”, en virtud de lo cual considero ajustada derecho la petición de formulada para abreviar los plazos.

En la acusación, el fiscal Eduardo Lago le atribuyó “haber intimidado en reiteradas oportunidades infundiéndole temor a S. S. mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, manifestándole que tuviera cuidado con lo que iba a declarar en el marco de la investigación”, y que “haría todo lo posible que para no ingrese al Poder Judicial” además de revelar secretos de su intimidad para desacreditarla. También lo señaló por haber destruido legajos en noviembre y diciembre de 2018.

En la otra carpeta judicial, el Dr. Lago le anexó que en 2017 y respecto de salas de juego clandestino ubicadas en Vera, Avellaneda y Reconquista, no haber procedido estando obligado por su cargo en el MPA a denunciar y/o investigar las actividades ilícitas.

Paralelamente, lo acusó por haber sustraído en 2018 legajos fiscales que le fueron asignados y de los cuales era fiscal responsable, y en 2014 a 2018 haber recibido en concepto de multa dinero en efectivo por subvenciones de juicios a prueba entregadas por imputados que retuvo indebidamente.

Más adelante, presentó las evidencias obrantes, consistentes en una entrevista con S. S., y profusas escuchas telefónicas con operadores del juego clandestino del norte provincial.

A fines de 2018, luego de la exposición de dos pasantes que cumplían servicios en la fiscalía de González sobre irregularidades acontecidas con los expedientes de investigaciones en marcha y actos de discriminación por parte del funcionario, el fiscal regional Rubén Martínez confirmó que “se corroboraron las primeras manifestaciones que yo había recibido como funcionario público y en conocimiento de una situación irregular que puede configurar un delito penal, me corresponde hacer la denuncia”.

En aquel momento, el jefe de los fiscales del norte provincial reveló que “la desaparición de los expedientes es un tema grave porque son instrumentos públicos, son legajos de investigación donde constan las investigaciones”. Más tarde, González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas”.

En marzo de 2021 fue suspendido por la Legislatura con una reducción de su salario del 50 %, y en agosto del mismo año fue removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas con 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura terminará de escuchar, entre martes y miércoles, testimonios en la investigación que lleva adelante sobre la conducta del fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa y luego podría poner a la firma al o a los dictámenes para la sesión conjunta de Senadores y Diputados que deberá definir si lo expulsa del Ministerio Público de la Acusación o lo repone en el cargo.

Este martes, Acuerdos -presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini- escuchará a testigos testimoniales que el propio fiscal ofreció. Ya el grupo entrevistó a otros actores, incluso a la víctima de Galaz. En tanto, el miércoles será el turno de Gerosa de presentarse ante la comisión para hacer su descargo ante senadores y diputados.

El 15 de junio, la sesión conjunta de Senadores y Diputados suspendió a Aldo Héctor Gerosa por el término que demande la investigación sobre su actuación en el caso del violador Marcelo Galaz. La suspensión de Gerosa fue solicitada ante Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control del propio MPA, Leandro Mai, quien consideró gravísimo el caso y elevó directamente el asunto al Poder Legislativo como marca la ley.

Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso del violador Galaz, que ha admitido haber cometido ese delito durante seis años contra su sobrina menor de edad. Un tribunal de Reconquista aceptó el abreviado a pedido de las partes y Galaz, ex funcionario municipal de Avellaneda resarció con dinero a la víctima y aceptó purgar siete años de prisión.

La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró la admisibilidad del trámite sobre ese miembro del MPA que aceptó bajar la pena de Galaz a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la justicia aunque provocó una fuerte polémica.

Con una nota dirigida a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, la Asociación Civil Florentina de la ciudad de Rafaela, impugnó el pliego de Carlos Vottero propuesto por el Poder Ejecutivo como fiscal regional de la 5ta. Circunscripción judicial con sede en esa ciudad del oeste santafesino.

“La Justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas”, titulan la presentación ingresada el lunes a Legislatura firmada por la titular de la asociación, Soledad Comini Borda.

El nombre de Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo en Asamblea Legislativa del pliego de Orlando Toniolo, y en principio, será considerado en una nueva reunión de senadores y diputados convocada para el 11 de mayo.

Perotti envió dos pliegos para completar las regionales del MPA y la Defensa

Florentina informa que es una asociación civil que trabaja con víctimas de violencia de género y pide que la impugnación sea considerada cuando se evalúe el pliego de Vottero. “El caso Pilar, no es un caso más de violencia de género sino que configura un caso terrible, atroz porque la víctima era una menor de edad que fue abusada “en manada”, es decir, una adolescente abusada por once adultos y un menor de edad, durante largas horas en la localidad de Pilar, departamento Las Colonias en 2018, causa que tiene a cargo el Dr. Vottero”, señala. Agrega la nota que “este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso; proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”.

Plantea que “desde que el fiscal asumió no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la víctima, es más, las veces que fue citada a declarar la menor no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía. No garantizo el derecho a la información a la víctima. También queremos destacar que la extrema vulnerabilidad económica, social y familiar que vive la víctima requiere de esfuerzos efectivos por parte de la Justicia para asegurar el debido proceso, en pos de que pueda movilizarse para declarar y entender todo el proceso en el que participa como víctima, justamente por haberse vulnerado sus derechos y haber padecido vejaciones a su cuerpo e intimidad inimaginables”.

Precisa la nota que “en reiteradas oportunidades la víctima quiso establecer contacto con el fiscal y por eso, desde esta Asociación garantizamos los pasajes para que pudiera viajar, lo cual no hizo la Fiscalía, que se los negó aduciendo desconocimiento, a pesar de que cuenta con una larga trayectoria en garantizar los traslados de las víctimas que así lo requieren. Asimismo, el acompañamiento psicológico también es aportado por esta Asociación en forma remota, ya que por sus permanentes mudanzas, producto de las amenazas recibidas y su vulnerabilidad, la menor no aceptaba el apoyo psicológico ofrecido por la anterior fiscal”.

También objeta “las dilaciones en torno al juicio que debía comenzar en diciembre pasado, pero, por maniobras de los abogados defensores, se postergó para el pasado 3 de abril. Curiosamente en esa fecha el Fiscal solicitó suspenderlo nuevamente. No entendemos esta actitud, y necesitamos entender por qué el representante del Ministerio Público Provincial elige demorar el inicio del juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima L”.

En la nota, hacen notar que la víctima después de conocer el nuevo aplazamiento del juicio comentó en Casa Florentina que “me cansa sostener esto, necesito poder decir mi verdad y seguir con mi vida”.

Florentina afirma que “este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso, proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social”.

Se pregunta luego la asociación si “¿un fiscal que no garantizó los derechos de una víctima de violencia de género tan vulnerable, siendo ese un caso tan importante para la víctima como para la sociedad, puede estar a cargo de una Fiscalía Regional?”. Acota saber “que la impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay una sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan. Queremos ser claras: la impunidad nos pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de mano del Estado que nos debe proteger”.

La Comisión de Acuerdos recibirá impugnaciones a los dos pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo hasta el 8 de mayo al mediodía. Además de Vottero, propone a Martín Gabriel Riccardi como defensor regional de Rosario.

El 10 de mayo será la entrevista a ambos candidatos y al día siguiente está citada la Asamblea Legislativa. Una segunda convocatoria a la Asamblea está prevista para el 18 de mayo y en caso de no reunirse el 20 de mayo habrá aprobación tácita de los nombres.

En su página web la Asociación Civil Florentina, situada en Rafaela, informa que viene trabajando desde el año 2012 contra las violencias hacia las mujeres. Tiene sede desde 2108 donde brinda actividades de empoderamiento y talleres con salida laboral, así como contención y asesoramiento legal para las víctimas. El objetivo de la entidad es erradicar las violencias hacia las mujeres para garantizar una sociedad democrática, igualitaria y pacifista y la misión que se impuso es defender y promover los derechos humanos de mujeres y niñas así como trabajar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

La asociación lleva el nombre en homenaje a la dirigente radical María Florentina Gómez Miranda “docente, abogada, política y feminista argentina, que trabajó para alcanzar muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres”.