La cantante colombiana dejó España hace meses, pero aún debe resolver cuestiones judiciales por presuntamente haber defraudado a Hacienda años atrás.

Ahora, Shakira está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de este año por una supuesta evasión fiscal de U$S 16,2 millones, que habría tenido lugar en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.

Son hechos sobre los que la artista defiende su inocencia. Afirma “haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, informó su equipo legal.

Pero a esta causa además se le suma otra investigación por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2018, tal y como notificó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya este pasado mes de julio.

Si bien hasta este martes se desconocía el alcance de esta segunda investigación, se filtró el texto de la querella presentado por la Fiscalía provincial de Barcelona en la que acusa a Shakira por defraudar otros US$ 6,4 millones a la Hacienda española. De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.

Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”, así como que dedujo gastos que no procedían.

Su equipo legal manifestó: “No se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella en relación con el ejercicio 2018”. Además, aclararon que su equipo de abogados están centrados en la preparación del juicio por los ejercicios 2012 - 2014 que comienza el próximo 20 de noviembre.

Los delitos contra la Hacienda Pública que motivan la denuncia de la Fiscalía por el ejercicio fiscal de 2018, comprendidos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal son castigados en España con la pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada.

La Fiscalía de Barcelona pidió ocho años y dos meses de cárcel para la cantante colombiana Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública que implican una defraudación por 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, por haber simulando que no residía en España. 

El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 la cantante residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en ese país. 

La artista colombiana ya ha devuelto 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria española, más otros tres millones en concepto de intereses. Sin embargo, eso no la libera de sentarse en el banquillo. Está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública. 

El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que, se comunicó, ella confía “plenamente” en su inocencia. 

Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero finalmente los representantes legales de la artista rechazaron la última oferta del ministerio público. 

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”. 

Sin embargo, la opción de un acuerdo existe hasta el mismo día del juicio. 

La última información de la Fiscalía de Barcelona llega dos días después de que Shakira rechazara el acuerdo que le ofreció la Fiscalía, anunciando que se sentará en el banquillo. Según comunicaba su agencia de comunicación, la artista confía “plenamente” en su inocencia y espera salir victoriosa de esta batalla. 

La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en ese país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado de empresas con sede en paraísos fiscales. 

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados “papeles del paraíso”, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que Shakira residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba figuraba en diferentes documentos como domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas. 

El mes pasado la artista anunció su separación del jugador, su pareja en los últimos doce años. 

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones. 

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004 pero los años siguientes tuvo que viajar “sin parar”, que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que “cumple con todos los requisitos legales”.