Durante un patrullaje preventivo en la ciudad, efectivos policiales observaron una motocicleta sin luces ni dominio visible, ocupada por dos jóvenes, en la zona de Güemes y Antártida Argentina. La identificación se concretó luego en calle Santa Cruz al 200.

Tras consultar los guarismos del rodado, una Keller 110, y con colaboración de la Policía Federal, se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro desde el 7 de mayo. Por disposición de la Fiscalía Juvenil, se secuestró el vehículo y los menores, de 15 y 17 años, fueron trasladados a sede policial.

Finalmente, se dispuso la entrega del menor de 15 años a sus progenitores, mientras que el joven de 17 quedó detenido y notificado de la causa por encubrimiento.

En un episodio ocurrido en la madrugada, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por el 911 ante un llamado por pelea en las afueras de un bar ubicado en la intersección de Juan B. Alberdi y avenida Alem.

En el lugar, el personal de seguridad identificó a una pareja que se movilizaba en motocicleta, sindicada como responsable de la gresca y de daños ocasionados a un automóvil. Al intentar su identificación, ambos se dieron a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado que culminó con su aprehensión en Rivadavia y San Martín.

La Fiscalía dispuso que el joven de 20 años y la mujer de 19 sean notificados por los delitos de Desobediencia a la autoridad, Lesiones leves dolosas y Daños, y permanecieron trasladados a sede policial.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

Juliano Salierno

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, mantuvo este miércoles por la tarde una reunión de trabajo con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, Victoria Tejeda, y con la recientemente designada secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Fiscalía General, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el inicio formal de una agenda compartida entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las nuevas autoridades del área de género del Poder Ejecutivo.

Travaini (izq) fue designada recientemente en el cargo por el gobernador Pullaro. Foto: Prensa Gobierno

De la reunión también participó la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani.

Según se informó oficialmente, Travaini —quien fue nombrada en el cargo por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 26 de enero— se presentó formalmente ante la titular del MPA y, a partir de allí, se avanzó en la definición de prioridades para los primeros meses del año.

Fuentes del MPA y Gobierno coincidieron que durante el encuentro se trabajó sobre cuatro ejes centrales:

El primero fue la necesidad de establecer mecanismos estables de comunicación entre el organismo de la acusación y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de coordinar las intervenciones del denominado “segundo nivel” en relación con las víctimas de violencia de género.

En ese punto, se destacó la complejidad de los casos y la multiplicidad de actores que intervienen en la llamada “ruta crítica de atención”.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de fortalecer y ampliar los espacios destinados al abordaje de los varones que ejercen violencias por razones de género.

En ese sentido, se analizó la experiencia de dispositivos grupales que funcionan como instancias de concientización, tratamiento y eventual reinserción, ya sea ofrecidos de manera voluntaria o impuestos como reglas de conducta en el marco de procesos penales, generalmente a través de convenios con municipios y comunas.

El tercer eje estuvo vinculado a la necesidad de avanzar en la implementación de dispositivos de análisis y evaluación de riesgo para las víctimas de violencia de género, con criterios compartidos entre los distintos organismos del Estado.

La posibilidad de contar con un protocolo común que involucre a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, junto con el MPA, fue señalada como una herramienta clave para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones críticas.

En ese marco, se confirmó que el próximo martes se realizará una reunión con actores de los tres estamentos para profundizar ese trabajo.

Finalmente, se planteó la creación de dispositivos específicos para el abordaje de jóvenes menores de edad que cometen delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, hechos que dan origen a investigaciones a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).

Las fuentes coincidieron en que actualmente existen vacíos en este campo y que resulta necesario repensar las estrategias desde una lógica preventiva y territorial.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Género ampliaron que la reunión tuvo como telón de fondo la construcción de “una agenda compartida”, principalmente centrada en la atención integral de la violencia de género.

También se analizó la implementación de las tobilleras duales. Foto: Archivo

Uno de los puntos sensibles fue la necesidad de mejorar el “ida y vuelta” de información respecto de la situación procesal de los varones imputados, ya que, si bien la fiscalía brinda información, muchas veces resulta difícil de procesar para las mujeres víctimas en los primeros momentos.

También se analizó la implementación de las tobilleras duales, cuyo uso fue anunciado en la provincia el 25 de noviembre pasado. Si bien el sistema ya se encuentra operativo, se reconocen limitaciones técnicas que condicionan su aplicación, como la necesidad de conexión al 911 y una distancia mínima entre víctima y victimario, lo que dificulta su utilización en algunas localidades.

En conjunto, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación interinstitucional, ajustar los dispositivos existentes y avanzar hacia una política más integral, que no sólo contemple la respuesta penal, sino también la prevención y el trabajo en el territorio.

Este martes se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra un hombre sindicado como responsable por cometer estafas con viviendas modulares. En tanto, el fiscal Emiliano Ehret le atribuyó a A.M.P. de 27 años los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y estafas reiteradas, en 24 oportunidades en calidad de coautor, todo en concurso real.

“El hombre no se encontraba en el país, por eso cuando reingresa a la Argentina fue detenido. La gente pagaba y nunca se daban inicio a las obras, ni tampoco les daban una solución sobre los reclamos que se hacían sobre las mismas”, expresó el fiscal Emiliano Ehret, en diálogo con Mirador Provincial.

Por lo tanto, la jueza de primera instancia, Dra. Minetti, tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 16 de febrero de 2026. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

Estafas en la provincia

Se le atribuye a A.M.P. junto a A.M.B., y D.A.B. (ya imputados), y otras personas haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la comisión de estafas inmobiliarias, en forma habitual y continua, en el ámbito territorial de las localidades de Casilda, Venado Tuerto, San Justo, Bombal, Armstrong, Rosario y Gobernador Crespo de la provincia de Santa Fe, en el período temporal comprendido, al menos, entre el 26/05/20 y el 28/07/25.

Modus operandi

Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas mencionado, con plena representación de las características de la actividad que desarrollarían, asumieron distintos roles con variables niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo; con alternancias temporales en las que se verificó mayor o menor actividad pero que no interrumpieron la permanencia de la asociación; usufructuando las ganancias derivadas de la misma.

La actividad que la asociación ilícita efectivamente llevó adelante consistió en la captación de clientes de viviendas modulares, bajo la fachada de la S.R.L. “El Techo Moderno” (nombre de fantasía Emprender Viviendas), la cual era presentada como una empresa sólida y confiable, que ya había cumplido decenas de contratos, disimulando de este modo su verdadera intención de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligaba, generando así la disposición patrimonial y el posterior perjuicio económico de las víctimas contratantes que el incumplimiento acarrearía.

Dentro de esta organización, D.A.B. y A.M.B. (ya imputados) ocuparon el rol de jefes, con plena autoridad de decisión y acción, teniendo por misión la organización y dirección de las actividades llevadas adelante por la empresa, como así también, la gestión de los recursos económicos. Por su parte, A.M.P. y otras personas en su carácter de miembros, llevaron adelante distintas tareas que contribuían al funcionamiento de la empresa bajo el control y dirección de los jefes. A.M.P. realizaba tareas administrativas tales como cobranzas y emisión de recibos. En el marco del esquema descrito se atribuye a la asociación ilícita en general y a cada uno de sus miembros en particular, por haber actuado en conjunto, con pleno dominio y de acuerdo a la distribución de roles ya referida.

De esta manera la empresa el Techo Moderno S.R.L. -nombre de fantasía Emprender Viviendas- celebraban contratos para la construcción de diversas viviendas, a través de su representante. Los imputados, simulaban un propósito serio de contratar, exhibiendo solvencia y experiencia en el rubro cuando, pretendiendo aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a las de las víctimas, oculta la intención de incumplir las propias obligaciones contractuales. Las víctimas realizaban disposiciones patrimoniales en conceptos de señas, avance de obras y pago de cuotas, sin recibir contraprestación alguna, a pesar de haber realizado con los diferentes miembros de la asociación los correspondientes reclamos formales e informales.

Antecedentes 

En 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada penalmente por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.

Un total de cinco hombres fueron demorados en la mañana de este domingo en diferentes escuelas de la ciudad vecina de San Lorenzo por haber violado la disposición que prohíbe utilizar celulares dentro del box de votación.

Todos habrían tomado fotografías de su voto luego de marcar su preferencia. Esto será investigado en la Fiscalía de San Lorenzo ya que es plausible de ser indicio de una práctica fraudulenta como la compra de votos, en las que se suele exigir una prueba fotográfica para efectuar el pago.

En el primero de los casos conocidos, un hombre fue demorado en la Escuela Primaria 218 “Leandro N. Alem”, luego de ser visto tomando una fotografía de su boleta dentro del box de votación, temprano en la mañana. Las autoridades de mesa alertaron a los policías que custodian la escuela, quienes demoraron al votante luego de que lograra depositar la boleta en la urna.

Al ser requisado, se encontró en su teléfono celular una fotografía reciente de la boleta electoral que había usado momentos antes. El votante fue demorado, se le labró un acta y fue llevado a la Fiscalía de San Lorenzo.

Poco después se conoció que esto ocurrió nuevamente, esta vez en el local electoral que funciona en la Escuela N° 1332 “Roque Nosseto” de barrio Norte de la misma ciudad. Un votante fue descubierto tomando una foto con su teléfono celular del voto ya marcado. El segundo sujeto fue demorado y trasladado en un móvil policial, tras labrarse el acta correspondiente.

Las autoridades de mesa alertaron a los policías que custodian la escuela, quienes demoraron al votante luego de que lograra depositar la boleta en la urna. Foto: gentileza

Un tercer caso se produjo en la Escuela Secundaria 438, donde un votante también realizó la práctica prohibida de tomar una foto de la boleta dentro del box una vez marcada. Al ser advertida su conducta, los efectivos que custodiaban la escuela procedieron a demorarlo.

Poco después del mediodía se conoció que lo mismo ocurrió en dos locales de votación de dicha ciudad: la escuela San Carlos y la escuela «Vera Peñaloza».

El acto de fotografiar el voto se encuentra prohibido por el Código Electoral, así como por las normativas del Tribunal Electoral de Santa Fe. Del mismo modo lo es utilizar el celular, de cualquier forma, al momento de sufragar.

Esta prohibición garantiza el secreto del sufragio, y de esta forma se previenen prácticas fraudulentas como la compra de votos, donde a menudo se exige una “prueba” fotográfica para efectuar un pago al votante.

A partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada en la mañana de este lunes en los tribunales rufinenses, quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años, cuyas iniciales son MNQ, que es investigado por delitos cometidos en un contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja en Rufino.La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini.“Con su accionar, el hombre incumplió una prohibición de contacto y de acercamiento a la víctima, y una medida que le impedía ingresar a la ciudad de Rufino”, remarcó la fiscal Florit y aclaró que “estas dos normas de conducta, junto con otras que tampoco respetó, se le habían impuesto en el marco de otra investigación penal también por violencia de género en perjuicio de la misma víctima”.Florit valoró que “si bien la Defensa propuso alternativas a la privación de la libertad, la magistrada las desestimó, hizo lugar al pedido que hicimos desde la Fiscalía e impuso la prisión preventiva ordinaria y sin plazos”.

Florit señaló que “el lunes de la semana pasada, el imputado fue a la casa en la que estaba vivienda su expareja, discutió con ella, le quitó de las manos el teléfono celular y, a pesar de los reiterados pedidos de la mujer, se fue del lugar sin devolvérselo”. La fiscal advirtió que “previamente, el imputado la había amenazado a través de distintas redes sociales”.“Al día siguiente, MNQ nuevamente volvió a buscar a su expareja”, subrayó Florit e hizo hincapié en que “la mujer se había mudado a la casa de un amigo”. En tal sentido, la funcionaria del MPA relató que “el hombre investigado ingresó a la vivienda, comenzaron a discutir, ella se fue de la casa diciendo que se iba a comprar algo y en el camino se encontró con un conocido, a quien le pidió prestado el teléfono para llamar a la policía”.La fiscal informó que “personal del Comando Radioeléctrico fue al lugar y aprehendió al imputado”.

Al hombre que quedó en prisión preventiva se le atribuyó la autoría de los delitos de robo simple, amenazas y tres hechos de desobediencia judicial.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la fiscal General, María Cecilia Vranicich; el fiscal Regional Matías Merlo; los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta; el titular de la PDI, Natalio Marciani y el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, brindaron detalles sobre los allanamientos y detenciones realizadas por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, la balacera contra la Comisaría 12ª de Rosario y el abuso de arma a un colectivo de la línea 122.

Previamente, por la mañana, el gobernador Maximiliano Pullaro había manifestado: “30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de narcoterrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra policía y el compromiso de los fiscales. El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”.

“Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, concluyó Pullaro.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones a la prensa, explicó que participaron de la investigación “tanto la Policía de Santa Fe como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Se trata de un procedimiento muy voluminoso, pero que tiene la característica de haber sido perfectamente coordinado entre el ministerio, las agencias investigativas policiales y con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de una intervención coordinada entre fuerzas provinciales y federales”.

“Se terminaron los tiempos donde la responsabilidad siempre es del otro. Frente a la criminalidad organizada, el Estado en todos sus niveles debe responder unido, con contundencia y sin distinción de partidismo político”, resaltó.

En principio, Vranicich informó que se realizaron “alrededor de 30 allanamientos, con detención de personas menores y mayores de edad” y expresó: “Esto se ha logrado por una madurez interinstitucional, porque el Ministerio Público de la Acusación ha trabajado coordinadamente con la Justicia de Menores, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a través de la PDI, y también hemos trabajado intensamente con el Ministerio de Seguridad de Nación”.

Por su parte, el fiscal Spelta aclaró que “no se podrá brindar mucha información hasta la audiencia que se va a celebrar el día martes, donde se imputarán con mayor precisión los roles”. “Podemos decir que los hechos que nos tocó investigar estaban claramente coordinados”, dijo y agregó: “Están identificados, mencionados y detenidos muchos de los autores materiales y que en muchos de estos casos fue necesario subir en la cadena de mando y llegar a la mayoría de los autores intelectuales”.

A continuación, el funcionario judicial explicó que “la mayoría de ellos ya formaba parte de investigaciones previas, no es un hecho de autores primarios, se trata de autores que tienen antecedentes y venían cumpliendo roles delictivos”. “Es apresurado afirmar un móvil, lo que podemos decir es que hay un grupo que se armó para cometer estos hechos”, remarcó.

Finalmente, el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, remarcó la importancia de “generar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que en estos casos hay menores involucrados” y recordó que “desde la implementación del Operativo Bandera que se está llevando a cabo en territorio”, se trabaja de manera coordinada “poniendo todos los recursos con que cuenta el Estado Nacional a disposición de la ciudad de Rosario, de los santafesinos, por expresa instrucción del Presidente de la Nación y de la Ministra Bullrich”. “Se han puesto fuerzas federales no solo en el territorio, sino en investigación que han trabajado sesudamente en el marco de todas estas investigaciones que se llevaron a cabo por estos actos de terrorismo y que hoy empieza a encontrar un resultado esa labor”, concluyó.

La actividad se realizó este martes, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, con la presencia del intendente Pablo Javkin y la diputada provincial, Clara García, entre otras autoridades provinciales y judiciales.

Todo comenzó el pasado jueves 11 de enero en horas de la tarde, cuando el propietario de un depósito de materiales ubicado en barrio Victoria notó movimientos extraños en un bolsón repleto de escombros.

Al acercarse e indagar entre los desechos, notó la presencia de una perra galga de edad avanzada, en muy malas condiciones y que había sido enterrada viva bajo los escombros.

Según la información otorgada por la directora del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal de Venado Tuerto (Imusca), Inés Carusillo, tras ser advertida la situación los vecinos llamaron a Natalia Jaureguizahar, integrante de Imusca, quien rápidamente activó el retiro del animal para su atención, ya que aún se encontraba con vida, “en shock, deshidratada y con lesiones por compresión”. Más allá de los intentos médicos, el animal falleció el viernes. 

Ahora, y tras ser identificada la familia propietaria de “La Flaca”, como fue bautizada la perra galga, los integrantes del Imusca realizan este lunes una presentación ante Fiscalía, y esperan que las sanciones sean las máximas que se contemplan en la Ley 14.346 que estipula, para personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a animales, penas que van desde 15 días a un año de prisión. 

“Todos los que cuidamos y vivimos con animales somos conscientes que algún día, ante una patología, nos pueden decir ‘ya no hay más por hacer’ o vernos limitados en las posibilidades de asistir a nuestras mascotas”, manifestó Carusillo, añadiendo que “lo humanamente esperable es un acto de compasión hacia ese animal sufriendo, al menos en sus últimos días. Esta situación de desatención y crueldad de no evitar más sufrimiento, si no, por el contrario, exponer al animal a una situación extrema, no medir consecuencias, es un acto de crueldad. Y como toda crueldad, innecesaria”.

Por otro lado, la médica veterinaria destacó la preocupación del Imusca ya que “muchos de estos actos, y este en particular, parten de hábitos y costumbres de tenencia, que no respetan ni el bienestar ni contemplan las necesidades mínimas de los animales y nuestra obligación como tutores de garantizarlas”.

Además, expuso que más allá del amor o afinidad que podamos tener, debemos “reconocer a los animales como los seres sintientes que son, y además su vinculación con la familia humana”, agregando que, si no se es capaz de garantizar estas cuestiones, “no hay que tener mascotas”.      

Shakira logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar la posible condena de prisión por su fraude fiscal de 14,5 millones de euros a Hacienda.

La artista colombiana reconoció los cargos que se le imputaban y aceptó una condena de tres años de prisión, acompañada de una sanción económica global de aproximadamente siete millones de euros. Sin embargo, la pena de cárcel será sustituida por el pago de una multa de 432.000 euros.

Shakira llegó al Palacio de Justicia de Barcelona minutos antes del inicio programado del juicio, manifestando la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía y las otras acusaciones, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña. Finalmente, este acuerdo se ha ratificado ante el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La reconocida cantautora admitió su responsabilidad en los seis delitos contra la Hacienda pública que se le imputaban. Previamente, ya había reembolsado a la Agencia Tributaria los 14,5 millones de euros defraudados durante el periodo entre 2012 y 2014, cuando evadió el pago de impuestos al simular su residencia fuera de España.

Después de la confirmación del acuerdo, la artista emitió un comunicado a través de Llorente & Cuenca (LLYC) en el que explica su decisión de evitar el juicio.

La cantante señaló que, a pesar de sentirse lista para enfrentar el proceso y defender su inocencia, después de muchos años de lucha decidió cerrar este capítulo de su vida y mirar hacia adelante.

En sus declaraciones, Shakira destaca la dificultad de seguir luchando en el sistema legal español y carga contra la Agencia Tributaria, abogando por la revisión del sistema en beneficio de los ciudadanos.

Además, subrayó la importancia de recuperar su tiempo y critica las largas batallas legales que algunos ciudadanos deben enfrentar para defenderse.

Cabe mencionar que este no es el único frente judicial abierto para la artista, ya que enfrenta otra investigación en Esplugues de Llobregat (Barcelona) por presunta evasión de impuestos en el año 2018, utilizando un entramado societario en paraísos fiscales.

La Fiscalía General de Colombia presentó este lunes una acusación formal contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ante los tribunales de Barranquilla, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por lo que el legislador regional será sometido a juicio, un paso que el joven atribuyó a que buscaron convertirlo “en un arma” contra su padre.

Petro, de 37 años, es investigado por la Fiscalía por la presunta recepción de dineros ilegales de manos de personas bajo sospecha, una parte de la cual habría usado para gastos de la campaña de su padre en el norte del país, sin informar de sus actos.

Nicolás Petro Burgos y su defensora en una audiencia en Bogotá, Colombia, durante el mes de agosto. Crédito: Fiscalía de Colombia

La Fiscalía aseguró que el caso contra Nicolás Petro apenas se inicia, y adelantó que "informará oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar".

El hijo del presidente fue arrestado a inicios de agosto, junto con su exesposa Daysuris Vásquez, por decisión del ente investigador.

Durante la imputación de cargos en ese momento, Nicolás Petro ofreció colaborar con la investigación, pero la imputación de este lunes muestra que no se alcanzó un acuerdo.

La Fiscalía descartó la propuesta de un acuerdo por considerar que no cumplió nada de lo prometido sobre el caso, a diferencia de Vásquez, que sí ofreció datos clave para el curso de la investigación.

“Hoy inicia la lucha de mi vida; sabía que la Fiscalía de (Francisco) Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, escribió el asambleísta en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Crédito: Nadja Wohlleben / Reuters

Barbosa, fiscal general del país, está duramente enfrentado con el gobierno de Petro, sobre todo por el proceso de la llamada “paz total” que el Ejecutivo puso en marcha y que implica negociaciones con organizaciones ilegales.

Una vez imputado formalmente Nicolás Petro, el caso irá obligatoriamente a juicio en un proceso en el que la Fiscalía presentará todas sus pruebas.

El escrito de acusación fue presentado en los juzgados de la norteña ciudad de Barranquilla, que sortearán qué despacho juzgará a Petro.

La Fiscalía acusa a Petro de recibir millones de pesos por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro -que fue extraditado y condenado por narcotráfico, en los 90, en Estados Unidos- y por un emisario del empresario Alfonso del Cristo Hilsaca, alias el Turco, quien actualmente enfrenta varios procesos judiciales.

Samuel Santander Lopesierra, el "Hombre Malboro".

Vásquez declaró que Nicolás Petro recibió en su propia casa en Barranquilla a emisarios de Lopesierra e Hilsaca, y que el dinero que le entregaron, en efectivo, fue utilizado para la compra de un departamento en un exclusivo sector en la capital del Atlántico, artículos de lujo (entre ellos zapatos y relojes) y el pago de deudas.

El presidente Petro negó en todo momento estar al tanto de las operaciones de su hijo.

La etapa de réplicas y duplicas tras los alegatos en la causa que investiga los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza, y tiene como imputada a la monja Kumiko Kosaka, en los que la fiscalía pide 25 años de prisión, y su defensa la absolución, finalizó en las últimas horas, informaron hoy fuentes judiciales. Tras el cierre de esta etapa, cuyos alegatos de las partes comenzaron en mayo último, comienzan a prepararse los alegatos de la otra causa en este juicio, que tiene como imputadas a la monja Asunción Martínez, a la ex representante legal del lugar, a ex directoras de la institución y la psicóloga, entre otras imputadas.

El debate se reiniciará con estas acusaciones el 14 de agosto y aun no hay fecha probable de sentencia, informaron desde la querella, aunque estimaron un plazo no menor a dos meses.

A mediados de mayo, la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual pidió 25 años de prisión para la monja Kosaka Kumiko y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades por los abusos sexuales que salieron a la luz en noviembre de 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

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Así lo requirió el jefe de fiscales de esa unidad, Alejandro Iturbide, al alegar ante el Tribunal compuesto por la jueza Gabriela Urciuolo; Belén Salido y Belén Renna, en el Polo Penal Judicial, en el tercer juicio por estos hechos.

En tanto, las querellas se sumaron al pedido de la fiscalía y el abogado Sergio Salinas (ONG Xumek) solicitó durante su alegato a fines de mayo “la pena de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos en albergues educativos donde asistan menores” en virtud de “la acumulación de los delitos que representamos en ese combo de causas por cuatro víctimas”, según explicó en ese momento a Télam.

“Esta investigación llevó siete años. Esto comienza en noviembre de 2016, cuando una chica, que fue llamada como la testigo de identidad reservada número 1, realizó una denuncia con una lengua de señas muy precaria”, recordó el letrado.

“Con los meses de investigación empezamos a notar que había una monja que era mala (por Kosaka) y con el tiempo nos dimos cuenta de que no era una monja mala en término de malicia, era una persona con indicadores de abuso sexual y que hacía propiamente ella los abusos”, agregó Salinas en ese momento.

En tanto, el lunes 24 de julio -tras 17 jornadas hábiles- finalizaron los alegatos la defensa de Kumiko Kosaka, representada por Carlos Varela Álvarez y otros letrados, quienes pidieron su absolución.

“Se ha podido establecer la debilidad de las acusaciones basadas en contradicciones, hechos imposibles, mentiras, derivados esencialmente de la contaminación a que han sido expuestos muchos de los testigos y denunciantes”, sostuvieron mediante un comunicado los abogados de la acusada.

Este tercer debate, a diferencia del anterior, contiene tres causas acumuladas, por lo que habrá un alegato por cada una de ellas: en dos de los expedientes la única imputada es Kosaka, quien tiene imputaciones como autora además de partícipe y encubridora, mientras las otras ocho imputadas están acusadas como partícipes en comisión, por omisión.

El primer juicio fue un abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y exempleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

En tanto, el segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a 45, mientras que el jardinero Armando Ramón Gómez recibió 18 años de prisión.

Este jueves, se llevaron a cabo en la ciudad de Villa Cañás varios allanamientos para poder dar con el paradero de una persona que está acusada de ser la autora material del doble crimen del fotógrafo Mario D’Angelo y su esposa Graciela Picech, ocurrido en Firmat el mes de noviembre del año 2015.

La información fue confirmada a Sur24 por altas fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes adelantaron que este viernes por la mañana se realizará en los tribunales de Melincué la audiencia imputativa, donde se le informará de los cargos. Por el momento no se brindaron detalles sobre la persona detenida y recién habrá más información una vez culminada esta etapa del proceso judicial.

La vivienda de Aristóbulo del Valle y Juan Manuel de Rosas donde la pareja fue encontrada sin vida.

Lo importante es que nunca se dejó de investigar este terrible hecho que se produjo en Firmat, donde dos vecinos fueron asesinados y luego de casi 8 años se logra la aprehensión de quien sería el autor material del crimen.

La madrugada del 19 de noviembre de 2015, el fotógrafo Mario D’Angelo (44) y su esposa Graciela Picech (41), que se dedicaba a la venta de bijouterie, fueron asesinados en su casa de barrio Carlos Casado de la ciudad de Firmat. Según se pudo determinar a través de la investigación, el día 18 de noviembre, pasadas las 21, la pareja llegó en su Volkswagen Passat gris hasta la vivienda ubicada en Aristóbulo del Valle y Juan Manuel de Rosas. Volvían tras haber estado unas horas en Rufino realizando trámites personales. Tras cenar, alrededor de las 22.30, Graciela se fue a dormir y Mario se quedó chateando y mirando televisión.

Graciela y Mario fueron asesinados en la madrugada del 19 de noviembre del año 2015.

Doce horas más tarde, en la mañana del 19 de noviembre, una de las hermanas de Picech encontró los cuerpos sin vida. Graciela estaba sobre la cama matrimonial y Mario en el living, muy cerca de la puerta de ingreso. El televisor estaba encendido con el volumen muy alto. Ambos tenían profundos cortes de degüello. El médico forense ubicó la hora de las muertes entre la 0.30 y las 2 de la mañana; y dijo que la única arma utilizada tendría una hoja de cuatro centímetros de ancho y podría tratarse de una cuchilla.

En sus declaraciones de aquel día, el fiscal Matías Merlo reiteró varias veces que el doble crimen fue cometido con “ensañamiento”. Desde entonces, la Fiscalía de Melincué sigue el caso para dar con el autor y entender los motivos por los que mataron a Mario y Graciela.

Según se supo, a Mario lo atacaron en un hall ubicado en la entrada a la casa e inmediatamente después a Graciela la ejecutaron en una de las habitaciones, a 10 metros de donde mataron al fotógrafo. De la casa no faltó nada, ni la bijouterie que comercializaba Graciela ni los valiosos equipos que utilizaba Mario para trabajar como fotógrafo, hasta incluso había una mochila con $60.000 que nadie se llevó y que estaba en la habitación donde encontraron muerta a Graciela. Por tal motivo, la Fiscalía descartó el robo como posible móvil y avanzó en otras líneas de investigación, incluso con datos que pudieron obtener de las cientos de entrevistas realizadas.

Tras casi 8 años se logró detener el presunto autor material del doble crimen.

A principios del 2016, pocos meses después del crimen, el padre de Graciela Picech recibió un llamado amenazándolo con que asesinarían a sus otros dos hijos, hermanos de Graciela, Roxana y Marcelo. Un hombre de 70 años de Firmat – desconocido para los familiares de Mario y Graciela- fue identificado como el autor del llamado, se lo sometió a examen de ADN para corroborar si estaba vinculado al doble crimen pero el resultado fue negativo. Además en base a rastrillajes se pudo corroborar que el día del crimen esa persona estaba en Venado Tuerto. Ese hombre recibió una condena por amenazas.

Este martes en la tarde, se conoció la resolución de la audiencia cautelar contra Sebastian T. (30 años), quien está acusado de haber disparado al joven de 18 años Andrés G., el pasado fin de semana en Junín al 2600.

De acuerdo a lo solicitado por Fiscalía, el Tribunal dictó la prisión preventiva sin plazos, sujeta a revisión antes de los 90 días en caso de que surja alguna evidencia de parte del MPA o la defensa del condenado.

Cabe recordar que el acusado había sido imputado por Lesiones Graves Agravadas por el uso de arma de fuego. Hasta esta tarde, se sabía que el joven baleado, que está internado en el Hospital Dr. A. Gutiérrez, fue derivado a Sala Común donde se recupera.

Venado Tuerto: joven de 18 años en grave estado tras recibir un disparo

Todo se originó en un confuso episodio, donde el joven de 18 años, de nombre Andrés G., recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen, siendo trasladado al Hospital Gutiérrez. El hecho se registró en la madrugada de este domingo. De inmediato, la policía detuvo a un sujeto 30 años, Sebastián T., en calle Junín al 2600, donde también incautaron un arma de fuego. Tras el operativo, personal policial procedió al traslado del principal sospechoso a sede de Comisaría Segunda. La Fiscalía local dispuso que le formen causa por “lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil”.

Este lunes, se llevó a cabo la audiencia donde se imputó por Lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego a Sebastián T., quien está acusado de herir a un joven de 18 años con un arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil; todo en calidad de autor. A su vez, este martes se realizará la audiencia cautelar, donde se solicitará la prisión preventiva.

Si bien una de las primeras hipótesis hacían referencia a que el acusado se habría defendido de un intento de robo, incluso vinculando a otras dos personas, hasta el momento no se logró constatar dicha versión y por ende, se solicitará la prisión preventiva, al menos hasta obtener más datos que se sumen a la investigación.

Venado Tuerto: joven de 18 años en grave estado tras recibir un disparo

Mientras tanto, el joven baleado se recupera en el Hospital regional Dr. Gutiérrez, donde permanece internado. En las últimas horas tuvo notorias mejorías.

Todo se originó en un confuso episodio, donde el joven de 18 años, de nombre Andrés G., recibió un disparo de arma de fuego en su abdomen, siendo trasladado al Hospital Gutiérrez. El hecho se registró en la madrugada de este domingo. De inmediato, la policía detuvo a un sujeto 30 años, Sebastián T., en calle Junín al 2600, donde también incautaron un arma de fuego.

Tras el operativo, personal policial procedió al traslado del principal sospechoso a sede de Comisaría Segunda.

La Fiscalía local dispuso que le formen causa por “lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil”.

Foto: Ilustrativa

Este jueves finaliza la etapa de testimoniales en el debate oral y público que tiene en el centro de la escena al médico y presidente comunal de Intiyaco, Fernando Antonio Roda (43). El juicio que se desarrolla en los Tribunales de Vera, comenzó este lunes con los alegatos de apertura, donde la fiscalía adelantó que pedirá 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. El motivo: la muerte de una nena de 4 años que, según los acusadores, no recibió la asistencia correspondiente en el efector público.

Al pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), actualmente a cargo del fiscal de Las Toscas, Norberto Ríos, se suma la parte querellante, representada por los abogados Luciana González y Andrés Ghío -por la madre de la víctima- y el Dr. Rubén Agustini -por el padre Mario Altamirano-, quienes elevaron la pena a 10 años de prisión para Roda.

El juzgamiento del funcionario púbico y doctor del pueblo está a cargo del juez Martín Gauna Chapero, quien a su vez oyó a los abogados de la defensa Facundo Ruilopez y Miguel Deltone pedir el sobreseimiento para Roda, por prescripción por el paso del tiempo, y por consiguiente se dicte su absolución.

Según fuentes tribunalicias del norte provincial, hubo cuatro intentos por llevar a Roda a los estrados, ya que por distintos motivos, las fechas de debate agendadas se fueron suspendiendo y postergando a lo largo de estos últimos años.

El médico de Intiyaco está acusado en carácter de autor de haber cometido los delitos de “homicidio culposo”, “falsedad ideológica de instrumento público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en torno a la muerte de la pequeña Estefanía Alejandra Altamirano (4) ocurrida el 16 de mayo de 2015.

La causa, que se inició con la denuncia de Alejandra Villanueva, madre de la niña, fue investigada en un principio por el fiscal Gustavo Latorre, el cual debió apartarse hace más de tres años por pedido de las querellas.

Según consta en la carpeta judicial y así fue ventilado en las primeras audiencias de juicio oral, el hecho se remonta al 15 de mayo de 2015 por la tarde-noche, cuando en medio de un fuerte temporal que había dejado caminos anegados, Estefanía fue llevada por su madre al hospital “Dr. Luis E. Bentos” de Intiyaco con un fuerte dolor abdominal, algunas líneas de fiebre y vómitos.

En ese momento el Dr. Roda estaba de guardia, pero como suele ocurrir en los pueblos, no estaba en el centro de salud, por lo que la atención se demoró unos 20 minutos. Realizó un chequeo palpareo, y la medicó con antinflamatorios -un inyectable y gotas-, pero no la dejó en observación, ni le prescribió estudios complementarios, como análisis de sangre ni ecografía. “Es un empacho”, le dijo a la madre de la paciente.

La niña regresó a su casa de la localidad de Colmena -en la Cuña Boscosa-, unos 10 km al sur de Intiyaco-, junto con su madre, una tía y un primito de su misma edad que también había sido llevado a la consulta.

Si bien el dolor de panza pasó, cada vez que tomaba agua Estefanía vomitaba. Pasaron la noche en vela, hasta que a las 8 del día siguiente decidieron volver al hospital. Pero antes de emprender el viaje la pequeña se desvaneció y su madre debió pedir auxilio a dos albañiles que trabajaban en una obra vecina para que la llevaran de urgencia en una camioneta.

Como la primera vez, el médico no estaba en el hospital cuando llegaron. Demoró entre 15 o 20 minutos, transcurso en el cual la enfermera le avisó que la niña había fallecido.

Estefania dejó de existir ese 16 de mayo de 2015 y hasta el momento del juicio no ha podido acreditarse la causa del deceso.

Para la familia de la joven víctima, Roda prestó “negligentemente la atención médica solicitada”, ya que se limitó a realizar un examen superficial sin cotejo de estudios complementarios como lo exige la práctica para casos de estómago agudo y que de haberlo hecho, hubiera podido medicar correctamente a la menor o derivarla a un centro de mayor complejidad en caso de que hubiere correspondido.

Además, lo responsabilizan de haber retardado un año y medio la extensión del certificado de defunción de la menor, el cual fue confeccionado por el médico recién el 23 de noviembre de 2016 para ser entregado ante las oficinas del Registro Civil.

Sostiene la acusación que el certificado de defunción de Estefanía Altamirano “contiene falsedades”, ya que el médico consigna en el escrito que la muerte fue producto de una gastroenteritis no atendida a tiempo y que la muerte se produce en Colmena, lo cual no pudo ser constatado.

A lo largo de esta semana, el juez Gauna Chapero se fue imponiendo de las diferentes versiones de los más de 30 testigos aportados por las partes. Según informaron los medios de la zona, hasta el momento declararon los médicos forenses de Santa Fe y Reconquista; personal policial de la comisaría de Intiyaco, familiares de la víctima y los albañiles que colaboraron en el traslado.

El tribunal unipersonal escuchó al personal de salud que también se encontraba de guardia en el nosocomio aquel fatídico día e incluso la propia madre de Estefanía llevó a la sala de audiencias un vívido recuerdo de las últimas horas de su hijita.

Aunque no pudo precisarse con exactitud, las hipótesis de los peritos apuntan a que la niña murió producto de un sangrado en el aparato digestivo cuyo origen se desconoce, pero coinciden en que no recibió la asistencia correspondiente.

Este jueves será la última audiencia de testigos y el tribunal pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 27 de marzo, para la realización de los alegatos finales.

El pedido de condena a prisión elevado por fiscalía y querellas se encuentra acompañado de “inhabilitación para ejercer la medicina e inhabilitación para ejercer cargos público” por un lapso de 6 años.

Luego, el juez Gauna Chapero pasará a deliberar y según lo previsto por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Vera, el miércoles 29 de marzo se dará a conocer el veredicto, en tanto que los fundamentos estarán disponibles para las partes en el plazo legal.

Exministra

Para este jueves está prevista la presencia frente a los estrados verenses de la abuela de Estefanía Altamirano, una pediatra, un psiquiatra y la ex ministra de Salud de la provincia en la fecha del hecho, la Dra. Andrea Uboldi, quien será consultada en torno al sumario administrativo realizado bajo su ministerio.

El juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa está entrando en su etapa final, luego de varias audiencias y testimonios. Este jueves, Hugo Tomei y Emilia Pertossi, presentaron los alegatos de la defensa de los ocho acusados de matar a Fernando en la puerta del boliche Le Brique.

Mientras el miércoles la Fiscalía y la Querella pidieron la prisión perpetua para los ocho imputados, Tomei y Pertossi solicitaron al jurado la absolución de todos. La defensa acusa a los amigos de Fernando de no animarse a ayudarlo y sostiene que ellos decidieron correrse y que no hubo una barricada humana.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz se fueron pasando el micrófono uno por uno y pidieron disculpas. Los ocho tuvieron un discurso similar: se disculparon con la familia Báez Sosa y aseguraron que no tuvieron intención de matar a nadie.

Sin embargo, el que sorprendió a todos fue Máximo Thomsen, quien está señalado como líder del grupo y el acusado más complicado. Segundos después de tomar el micrófono, Thomsen rompió en un llanto desconsolado y expresó: “Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando y a las personas que fueron afectadas. Nunca tuvimos intensión de algo así, murió un chico de nuestra edad. Las disculpas no alcanzan, estoy arrepentido. Ojalá se pudiera volver el tiempo atrás, pero sé que no se puede”.

Para finalizar su palabra aseguró que, pese a su arrepentimiento y el de sus compañeros, “vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

Tras escuchar a los ocho acusados, el jurado comunicó que el veredicto final se leerá el próximo lunes 6 de febrero a las 13.

La Fiscalía apeló la decisión de rechazar la prisión preventiva solicitada para dos hombres, cuyas iniciales son PAH y MEI, que son investigados como coautores de un robo calificado cometido en Villa Cañás, que fue difundido por este medio, donde se informaba que dos amigos atacaron a otro y le robaron el celular.

Villa Cañás: tomaban cerveza, “se desconocieron” y le robaron a un amigo

El recurso fue interpuesto en los tribunales de Venado Tuerto por la fiscal Mariana Vidal, quien está a cargo de la investigación.

Vidal indicó que “a los hombres investigados se les impusieron medidas cautelares no privativas de la libertad que no son suficientes para mitigar los riesgos procesales”. En tal sentido, aseguró que “la resolución de primera instancia es manifiestamente arbitraria y contraria a la ley”.

“La libertad de los imputados afecta las garantías constitucionales del principio de legalidad, el debido proceso legal, la debida fundamentación de las resoluciones y el derecho de las víctimas”, señaló la funcionaria del MPA. “Lo dispuesto es contrario a los estándares internacionales”, agregó.

La fiscal hizo referencia a que “sin contemplar la contundente evidencia expuesta en la audiencia de medidas cautelares, se descartó la probabilidad de autoría del hecho por parte de los imputados”. Al respecto, se remarcó que “además de la sólida declaración de la víctima, hay registros de cámaras de seguridad que dan cuenta de la conducta de los investigados”.

Asimismo, se hizo hincapié en que “más allá de que la persona atacada pidió la libertad de los imputados, ese requerimiento no se puede deslindar del temor que expresó tener cuando brindó su testimonio en la audiencia”.

Por otro lado, Vidal afirmó que “actualmente, ambos están en condiciones de fugarse y entorpecer la investigación, ya que hay un tercer coautor del ilícito que tiene un pedido de detención vigente”. Añadió que “de ser condenados, les corresponderían penas de ejecución efectiva”.

El robo fue cometido alrededor de las 2 de la mañana del martes de la semana pasada en inmediaciones de la intersección de la calle 42 y la avenida 49 de Villa Cañás.

La fiscal sostuvo que “los imputados y quien está prófugo abordaron de forma violenta a otro hombre con el fin de apoderarse de sus pertenencias”. Expuso que “lo amedrentaron con una pistola en la cabeza, lo empujaron, lo hicieron caer al piso y le exigieron la entrega de todo el dinero que llevaba consigo”.

“Mientras la víctima estaba en el suelo, le propinaron una patada y le sustrajeron un teléfono celular y un juego de llaves”, detalló Vidal. “Luego apuntaron el arma hacia el rostro del hombre agredido y se preguntaron entre sí: ‘¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no?’”, precisó.

La representante del MPA mencionó que “el imputado de iniciales PAH es investigado también por un hecho delictivo cometido en julio de este año”. Según relató, “llamó por teléfono a una joven menor de edad con la que había mantenido una relación de pareja, la insultó y la amenazó con hacerle daño”.

A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego; y por haber sido cometido en poblado y en banda). A su vez, PAH es investigado como autor de amenazas simples.

El último viernes, la Municipalidad de Venado Tuerto clausuró preventivamente el geriátrico de Santa Fe al 500, donde se produjera el deceso de una abuela durante el mes pasado y por el que su dueña se encuentra privada de la libertad.   

Al respecto, el titular del área de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, explicó: “El local no contaba con habilitación municipal; estaba en trámite desde hacía varios meses y el establecimiento no cumplimentó los requerimientos de las áreas de Inspección General y de la Dirección de Seguridad Alimentaria”.

Acuerdan protocolos para lograr más controles en geriátricos venadenses 

A su vez, Quaglia destacó que “se fueron labrando las actuaciones correspondientes, como las constataciones de las irregularidades que había en el lugar, lo que devino en actas de infracción que, una vez analizadas por el Juzgado de Faltas, determinó la clausura preventiva, sumado a todo el hecho colateral que ocurre, que tiene que ver con la parte médica de una de las personas que estaba en el lugar y que originó la detención de la dueña, que está siendo investigada por la justicia”.   

Respecto a las obligaciones que corresponden al Municipio y a la Provincia, Quaglia destacó que “la responsabilidad de la parte médica de las personas que se encuentran en este tipo de establecimientos es responsabilidad del Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Salud, en este caso a cargo del doctor Pedro Bustos y de sus auditores”.  

Además, adelantó que a la brevedad se van a ampliar estos operativos al resto de los establecimientos de este tipo y “se está formando una mesa de trabajo en conjunto con Provincia para dialogar sobre esta problemática y desarrollar estrategias para abordarla y poder resolverla en el corto plazo”. 

Hace poco menos de un mes sucedió el lamentable fallecimiento de una abuela alojada en un geriátrico ubicado en avenida Santa Fe al 500, cuya propietaria está detenida tras dictársele el pasado 25 de julio la prisión preventiva por 30 días acusada de abandono de persona seguido de muerte. 

La situación, además de otros casos de abandono de persona en ese espacio y en otra institución ubicada en calle Dean Funes, propiedad de la misma titular y donde fueron a parar varios de los abuelos que se encontraban en el local de Santa Fe al 500, sacudió a la comunidad venadense y a las autoridades que, a raíz de eso, comenzaron a evaluar mecanismos para trabajar articuladamente y constatar que los geriátricos estén habilitados y cuenten con las medidas necesarias a fin de garantizar el cuidado que las personas de la tercera edad necesitan. 

En ese sentido, se empezó a generar una mesa de trabajo con el fin de aceitar la relación entre los distintos actores y poder unificar criterios para un correcto control de los lugares, ya que desde provincia hay un solo local habilitado que recibe controles, pero hay muchos más funcionando.  

Dictaron prisión preventiva para dueña de geriátricos por abandono de persona seguido de muerte

“En primer lugar charlamos sobre este caso terrible que sucedió para analizar esta situación y ver cómo evoluciona”, explicó Pedro Bustos, al referirse al encuentro mantenido con los distintos estamentos que deberán coordinar acciones de control y habilitación de los hogares para ancianos. Sobre este caso en particular, informó que “se trata de dos geriátricos donde, en el de calle Santa Fe ya no hay nada y muchos de los que estaban allí se fueron a otros lugares, pero algunos han ido a la casa de calle Dean Funes”, asegurando que “va a haber un seguimiento un poco más estricto en esa locación y articulado, porque cada uno tienen que cumplir una función”.  

Bustos explicó que “el municipio regula fundamentalmente la parte edilicia y nosotros la parte interna, en cuanto a recursos humanos”, y en cuanto a requisitos, sostuvo que “pedimos conocer quién es el médico encargado y quienes son las enfermeras, con número de matrículas, además de una serie de requisitos. En la teoría, el abuelo debe tener su médico de cabecera por PAMI, el médico de la institución junto a la enfermera, y un servicio de emergencias en caso de cualquier situación que lo requiera. En ese marco teórico, sucedió lo que sucedió, por lo que hay algo que no está funcionando”. 

En otro tramo, el venadense a cargo de la Región de Salud provincial enfatizó que aparte de lo que se venía haciendo, ahora se va a tener el “control con Fiscalía para que, cuando no se cumpla con estas funciones, ellos tomen parte inmediatamente”. También hizo hincapié en que habrá “un protocolo para una interrelación mucho más dinámica que hasta ahora; posiblemente nosotros tengamos que empezar a auditar las historias clínicas y hablar con los médicos de cabecera, porque uno descansaba en un posible y correcto control, pero si esto no es así, hay que empezar a ver otras formas de que los abuelos estén bien”. 

Finalizando la alocución, el profesional de la Salud instó a “todas aquellas personas que ven alguna irregularidad pueden usar los Buzones de la Vida para manifestar esta situación o dirigirse a Fiscalía”. 

“Uno ve un descuido total de la tercera edad de parte de las familias. Nadie pude prohibir ver a los abuelos, aunque sea por videollamada”, concluyó. 

El viernes se dictó la prisión preventiva por 30 días a la propietaria de dos geriátricos de Venado Tuerto, acusada de abandono de persona seguido de muerte de una anciana que, a causa del estado de salud en el que se encontraba al momento de ser rescatada por un familiar, falleció el pasado lunes.    

La abuela se encontraba alojada junto a su hijo, que padece Síndrome de Down, en uno de los locales de la detenida, ubicado calle Santa Fe al 500 (entre Chacabuco y Alvear), aunque pesan sobre ella otras dos causas por similares hechos ocurridos en ese lugar y en otro de sus locales, en Dean Funes 60 (casi Santa Fe). Cabe destacar que el hijo de la anciana fallecida el último lunes también presentaba estado de abandono.    

El trágico desenlace llevó a que el jueves se desarrolle la audiencia imputativa y el viernes, a pedido del fiscal Horacio Puyrredón, se dictara la prisión preventiva a la acusada por la gravedad de los hechos.  

“Habíamos recibido una denuncia sobre un hecho en particular que podía tener apariencia de delito”, destacó el funcionario del MPA, añadiendo que en medio de esa investigación “ocurre otro hecho que tenía que ver también con abandono de persona y a las pocas horas la víctima falleció. Eso agravó el tipo penal seleccionado al inicio de la causa, llevándonos a la imputación más grave para estos delitos, que es abandono de persona seguido de muerte”.   

Además, informó que “las víctimas por las que se hizo la imputación son tres, una de ellas fallecida”.

Venado Tuerto: detienen a la dueña de un geriátrico acusada de abandono de persona seguido de muerte 

En cuanto al proceso de la investigación, Puyrredón destacó que se han tomado muchas testimoniales y que hay “varias situaciones que no han podido ser atendidas aún porque hay médicos que han visitado alguna vez el geriátrico y que hoy no están en Venado Tuerto”.   

Por otro lado, pidió a aquellas personas que “han tenido vínculo o contacto o tengan alguna cuestión para contar, que se acerquen a la Fiscalía (San Martín 650) de 7 a 13. Es necesario seguir tomando testimonios”.    

El fiscal también subrayó que “este hecho es de absoluta gravedad. Hay una persona que ha perdido la vida y la pena que prevé el Código Penal es de las que denominamos ‘graves’, que tiene un mínimo de 5 años de prisión efectiva y un máximo de 15. Este hecho necesita ser investigado y juzgado, porque estamos hablando de la vida, la salud y el bienestar de nuestros abuelos”.    

Según la información otorgada por las autoridades que se hicieron presentes al momento de trasladar a la víctima a un centro médico, su estado era de deshidratación y desnutrición, con heridas en su piel, lo que llevó a que quede hospitalizada con el posterior fallecimiento.   

“Se realizaron allanamientos en cada domicilio donde funciona la misma firma, donde hay abuelos alojados y personas con distintas problemáticas”, destacó Horacio Puyrredón, agregando que “se hicieron cuatro documentaciones con evidencia, que son importantes para la causa, además de relevamientos fotográficos y demás”.   

También destacó la convocatoria al área de Salud municipal a los efectos de determinar el estado de las personas que se encuentran alojadas. “Me acompañó el doctor (Marcelo) Krenz, quien hizo una inspección y un diagnóstico del lugar y se trasladaron dos personas al hospital y una a un centro privado”.   

“Por el momento hay una sola persona imputada”, informó el fiscal, agregando que “no significa que la investigación no arroje más responsables. El tipo de delito prevé una prisión preventiva y desde la Fiscalía estamos trabajando con esa posibilidad”.   

Uno de los interrogantes que por estas horas circula es cuál será el destino del resto de las personas alojadas en estos geriátricos, a lo que el fiscal Horacio Puyrredón expresó: “Nosotros investigamos la posible comisión de un hecho ilícito que para la Fiscalía, de acuerdo a la investigación que llevamos adelante, son tres: el funcionamiento de este tipo de establecimientos, su control y las sanciones que pudieran corresponder por sus deficiencias, en tanto que todo aquello que no configure un delito es potestad de las autoridades administrativas. Ya se le ha dado intervención al Ministerio de Salud. Nosotros hemos oficiado al Ministerio y a la Regional de Salud, donde el doctor Pedro Bustos se ha puesto a disposición y están trabajando toda la situación desde esa área. También nos acompañó el área de Salud municipal de Venado Tuerto”.   

Por lo pronto, el coordinador de la Regional de Salud, Pedro Bustos, dijo a Sur24 haber realizado un relevamiento a pedido de Fiscalía. “Los resultados los mandamos a la Dirección Provincial de Auditorías, quien va a responder en breve”, estimó.