Por Gustavo Capeletti (El Litoral)

El ex integrante de la Unidad Fiscal Reconquista fue sentenciado a la pena de 3 años de ejecución condicional en un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales de la ciudad norteña este viernes.

El fallo dictado por la jueza penal Claudia Bressan sobre Rodrigo Germán González, quien fuera fiscal del MPA en la Cuarta Circunscripción Judicial, conlleva la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos dentro del Poder Judicial de la provincia y la Nación por el doble de tiempo de la pena impuesta.

Por las dos causas por las que estaba encartado, la magistrada lo halló autor penalmente responsable de un cúmulo de delitos cometidos en razón de la función pública que ejerció hasta marzo de 2021 en la sede norteña del ministerio público fiscal: amenazas coactivas, encubrimiento, violación de medios de prueba registros y documentos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real.

En la audiencia, la Dra. Bressan dejó en claro el acuerdo prestado por la señorita S. S., víctima del caso, respecto del procedimiento abreviado y sopesó que de acuerdo al informe de Registro Nacional de Reincidencias “el imputado no tiene causas, trámite o condenas que impidieran la aplicación del sistema elegido por las partes y estaría dentro de las posibilidades que le otorga el Código Procesal Penal”, en virtud de lo cual considero ajustada derecho la petición de formulada para abreviar los plazos.

En la acusación, el fiscal Eduardo Lago le atribuyó “haber intimidado en reiteradas oportunidades infundiéndole temor a S. S. mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, manifestándole que tuviera cuidado con lo que iba a declarar en el marco de la investigación”, y que “haría todo lo posible que para no ingrese al Poder Judicial” además de revelar secretos de su intimidad para desacreditarla. También lo señaló por haber destruido legajos en noviembre y diciembre de 2018.

En la otra carpeta judicial, el Dr. Lago le anexó que en 2017 y respecto de salas de juego clandestino ubicadas en Vera, Avellaneda y Reconquista, no haber procedido estando obligado por su cargo en el MPA a denunciar y/o investigar las actividades ilícitas.

Paralelamente, lo acusó por haber sustraído en 2018 legajos fiscales que le fueron asignados y de los cuales era fiscal responsable, y en 2014 a 2018 haber recibido en concepto de multa dinero en efectivo por subvenciones de juicios a prueba entregadas por imputados que retuvo indebidamente.

Más adelante, presentó las evidencias obrantes, consistentes en una entrevista con S. S., y profusas escuchas telefónicas con operadores del juego clandestino del norte provincial.

A fines de 2018, luego de la exposición de dos pasantes que cumplían servicios en la fiscalía de González sobre irregularidades acontecidas con los expedientes de investigaciones en marcha y actos de discriminación por parte del funcionario, el fiscal regional Rubén Martínez confirmó que “se corroboraron las primeras manifestaciones que yo había recibido como funcionario público y en conocimiento de una situación irregular que puede configurar un delito penal, me corresponde hacer la denuncia”.

En aquel momento, el jefe de los fiscales del norte provincial reveló que “la desaparición de los expedientes es un tema grave porque son instrumentos públicos, son legajos de investigación donde constan las investigaciones”. Más tarde, González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas”.

En marzo de 2021 fue suspendido por la Legislatura con una reducción de su salario del 50 %, y en agosto del mismo año fue removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas con 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.

La Legislatura de Santa Fe impuso este jueves 22 la suspensión por 90 días a dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el marco de procesos que fueron seguidos en su contra por “mala actuación en sus funciones”, en distintos casos que fueron revisados por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

En sesión conjunta, los diputados y los senadores provinciales aprobaron por unanimidad los dos dictámenes de la comisión bicameral mencionada, para los fiscales Juan Carlos Alberto Ledesma y Melisa Selena que pertenecen a la Fiscalía Regional de Rosario y se desempeñan en la ciudad de San Lorenzo.

Con las abstenciones de ocho diputados de distintos bloques que rechazan el mecanismo de penalizaciones a los fiscales titulares y adjuntos del Ministerio Público de la Acusación, la enorme mayoría de los legisladores aceptaron participar de la votación de cada Cámara y aprobar por signos, por unanimidad, las sanciones propuestas por Acuerdos.

La sesión conjunta de ambas cámaras estuvo a cargo de la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y contó con números cómodos en cuanto a la constitución de quórum, así como respecto de las decisiones adoptadas. El presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador justicialista Joaquín Gramajo pidió que se votara por signos ante el consenso alcanzado que, si bien no impone la remoción que por momentos se estudió, impone una penalidad severa.

En el caso del fiscal Ledesma la sanción incluye la no percepción de sus haberes y se inicia se contarán los 90 días desde la notificación de lo resuelto. En cambio, para la fiscal adjunta Selena ese lapso correrá desde el 1ro de noviembre a los fines de que no se detengan sus investigaciones en curso.

En ambos casos, la justicia ordinaria también les sigue distintas causas por idénticas razones. En el de Selena, la diputada acusadora Gisel Mahmud del Partido Socialista consideró necesario exponer el fondo de su labor en el proceso llevado a cabo en la Legislatura. Dijo que la fiscal debe ser suspendida porque no se desempeñó correctamente ante la denuncia de una menor de edad que denunció un doble abuso sexual. Y que cuando le tocó actuar en el primer caso dispuso la custodia policial de la niña y su familia recién 21 días después de presentada la acusación. Mahmud dijo que la fiscal no recurrió a la cámara Gesell para protegerla y que tampoco fue correcta su actuación para la persecución penal del denunciado, así como la investigación del hecho. Sostuvo que antes que profundizar sobre la denuncia se ocupó de calificar como mendaces los dichos de la menor.

No formaron parte de la votación los siguientes diputados provinciales que se oponen a las leyes -cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Santa Fe recientemente- que le permite a la Legislatura tomar sanciones disciplinarias sobre fiscales y defensores del fuero penal, además de sus conducciones.

Los radicales críticos Fabián Palo Oliver y Mónica Peralta; las justicialistas de Unidad Ciudadana Paola Bravo y Matilde Bruera; los integrantes del bloque Social y Popular Carlos del Frade y Damaris Pachiotti; del bloque Igualdad, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani.