Matías Sebastián Merlo juró como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial. Fue en una ceremonia realizada este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la ciudad de Rosario. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó del acto.

Merlo fue fiscal de la Unidad Fiscal Melincué y hasta ahora se desempeñaba como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y como Fiscal Interventor del Distrito Rosario.

En la ceremonia también estuvieron presentes otros funcionarios del MPA, así como autoridades provinciales.

En el acto además se tomó juramento a nueve fiscales titulares subrogantes para el sur provincial. Se trata de fiscales adjuntos que fueron designados a través del primer concurso interno para ese tipo de cargos realizado en la historia institucional del MPA.

Para la Fiscalía Regional 2, juraron Valeria Piazza Iglesias, José Luis Caterina, Gabriela Rosana Bassagaisteguy, Juan Pablo Baños, Diego Ariel Meinero y Luciana Vallarella. En tanto, para la Fiscalía Regional 3, lo hicieron Andrea Melisa Cavallero, Mayra Soledad Vuletic y María Florencia Schiappa Pietra.

Por otro lado, mañana se tomará juramento a otros cinco fiscales titulares subrogantes. Se trata de Ana Laura Gioria para la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc para la Fiscalía Regional 4, y Guillermo Nicolás Loyola para la Fiscalía Regional 5. La Fiscal General Vranicich también participará de los dos actos.

En otra fecha a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe. 

Una vez más los fiscales del Nuevo Sistema Procesal Penal de Santa Fe hicieron visible su reclamo para “equiparar” a los adjuntos con los titulares, o lisa y llanamente eliminar la figura del adjunto, cuyo rol ideal se ha convertido en letra muerta en la rutina diaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Recursos administrativos, documentos, comunicados, planteos ante la Legislatura, se repiten con el correr de los años en pos de una modificación en la legislación que demora en llegar. En esta ocasión, la caja de resonancia fue el IX Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal, que se desarrolló el pasado 10 y 11 de noviembre en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto.

Anunciado bajo el título “Análisis crítico del Sistema Procesal Penal a 8 años de su reforma. Claves para su consolidación”, las instituciones que nuclean a los fiscales provinciales aprovecharon la ocasión para volver a plantear sus críticas.

“Es necesario ser claro, desde el primer día de la puesta en marcha del actual sistema procesal penal, los fiscales adjuntos han cumplido funciones en igualdad de condiciones a los fiscales de distrito”, señalan desde la Asociación de Fiscales de Santa Fe.

“Durante los más de ocho años, los fiscales adjuntos han dirigido investigaciones, ordenado detenciones, requerido cautelares y apertura de juicio, liderado unidades fiscales, recurrido en apelación ante los Colegios de Segunda Instancia, presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Corte e incluso formulado recursos extraordinarios por ante la Corte nacional”. Además, “han sido sometidos a procesos disciplinarios sin intervención del supuesto fiscal supervisor y delegante”.

Y aunque “esta situación es reconocida y admitida por todos los operadores del sistema de justicia penal”, la pretendida equiparación no tiene tratamiento parlamentario.

Uno de los puntos clave que sostiene y fortalece el reclamo está directamente ligada a la inviabilidad del sistema si los operadores con la categoría de “adjuntos” se limitasen a sus funciones de subordinados.

No se trata de un simple “reclamo salarial” o de “recategorización” de un sector de los fiscales, sino de comprender que es sólo uno de los problemas de diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal de la provincia que debe ser atendido de manera urgente y en una revisión integral de todo el sistema.

“Es de público conocimiento la lucha emprendida contra el narcotráfico, las organizaciones delictivas y la corrupción. No parece necesario puntualizar procesos, cuando se ha necesitado crear una ‘fiscalía de balaceras’ y cuando el accionar de las bandas criminales es airadamente pública y ostentosa con la finalidad de intimidar a la población y a los encargados de combatirlas”, señalan.

“No es casual, ni aleatoria esta descripción, los fiscales se enfrentan a diario contra el inmenso poder de estos grupos, que no dudan en utilizar todos los recursos posibles para eludir las investigaciones.

Agresiones, intimidaciones, amenazas, descalificaciones personales en redes sociales y medios de comunicación, denuncias a los fiscales para apartarlos, sancionarlos y removerlos y un sinnúmero de acciones dirigidas a doblegar la voluntad de combatir el delito y procurar el bienestar general de la población.

La corrupción generalizada (por oposición a los simples hechos aislados), ha encontrado un Ministerio Público de la Acusación que no dudó en procesar, detener y juzgar a colegas, y funcionarios policiales”, enunciaron los representantes del MPA.

Por último, la entidad que concentra a los fiscales santafesinos advierte que “de no reparar los errores conceptuales en el diseño legal del Ministerio Público, las consecuencias serán gravísimas”.

Existe un consenso al pensar que todo cambio genera oportunidades para quienes participan de él. Pero también se crean desigualdades, en algunos casos difíciles de subsanar.

Así lo expresa la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) al comparar las escalas salariales de fiscales (adjuntos y titulares) con la de los jueces.

“Es insostenible e ilógico que un Fiscal (adjunto o titular) tenga una categoría administrativa o remuneración menor que el Juez ante la instancia en la que litiga, por una sencilla razón: nadie querrá ejercer el cargo de fiscal si por el mismo examen puede ser juez. No hay otro modo de decirlo”, señalaron.

“Peor aún, son los mismos miembros del Ministerio Público de la Acusación quienes por las presiones constantes, amenazas, intimidaciones, y por ser un trabajo mucho más desgastante, prefieren volver a rendir exámenes y concursos para la misma instancia, pero como Juez. El último llamado a concurso para cubrir 6 cargos de jueces fueron cubiertos por 4 fiscales adjuntos y 1 fiscal titular”, recordaron.

“Esta situación produce un debilitamiento progresivo del Ministerio Público de la Acusación, que requiere inmediata atención. Un éxodo perfectamente evitable”, vaticina el órgano nacional.