La Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, celebró la incorporación de tobilleras duales para casos de violencia de género. Sin embargo, advirtió acerca de la necesidad de trabajar en la elaboración de un protocolo que establezca las pautas para determinar en qué casos deben ser utilizados tales dispositivos. De lo contrario, alertó acerca de un colapso del sistema.

- ¿Cuáles son las estadísticas en materia de muertes violentas en la provincia por violencia de género? - consultó El Litoral-

- En 2024 hemos tenido 30.000 denuncias sobre casos de violencia de género. Los datos que manejamos en el Ministerio Público de la Acusación dan cuenta de que en lo que va del 2025 tuvimos 25 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 fueron femicidios cometidos por parejas o ex parejas, y otros cinco femicidios cometidos por familiares.

Entonces, la violencia doméstica intrafamiliar es muy importante y estamos trabajando en ello. Siempre hablamos del plan de persecución penal por objetivos provisorios y ustedes me han escuchado hablar de violencia altamente lesiva o de las economías ilegales. Bueno, la violencia de género también es un objetivo priorizado por la Fiscalía General.

Por eso celebramos la incorporación de tobilleras y ya estamos trabajando consensuadamente en un protocolo porque lo más importante es tratar de que todos los funcionarios judiciales y el Poder Ejecutivo tomen con responsabilidad la solicitud de un dispositivo.

De lo contrario, se corre el riesgo realmente de hacer colapsar el sistema antes de ser lanzado. Para eso hay que terminar de establecer un protocolo específico.

Los dispositivos de monitoreo.

- ¿En qué casos se deberían aplicar estos dispositivos, según su criterio?

- Nosotros ya tenemos una propuesta, pero la tenemos que consensuar porque somos muchos los actores institucionales involucrados. En Chaco, por ejemplo, tienen un protocolo donde se aplica de manera muy puntual.

Son los fiscales y el sistema penal quienes solicitan la instrumentación de este dispositivo pero hay equipos interdisciplinarios previos que establecen con indicadores específicos cuándo una mujer está en una situación de alto riesgo o incluso altísimo riesgo. Entonces, en esos casos en los que estos equipos interdisciplinarios lo establezcan, se solicita la aplicación de este dispositivo.

La Fiscal General busca acordar un protocolo de trabajo para el uso de las tobilleras.

- ¿Qué mejora este dispositivo respecto de lo que ya venía funcionando?

- Bueno, esto no sólo apunta al control y seguimiento, porque siempre pensamos en el seguimiento y el monitoreo del agresor, del violento… Pero acá también estamos pensando en darle la contracara y la protección a la propia víctima, que va a tener un dispositivo junto a ella y sonará cuando el agresor esté a determinado radio de distancia.

Creo que lo más importante es que se visibiliza a la víctima. Por eso es central el tema de los protocolos interinstitucionales, donde también tiene que trabajar la justicia civil, la justicia de familia… Todos los que tengamos injerencia en el trabajo sobre violencia de género.

- ¿Qué va a pasar con aquellas personas que porten esa tobillera, pero que se la saquen, porque puede haber también delitos que sean denunciados y se la quiten?

- Ésa es ya más una pregunta que va dirigida a quienes implementan el dispositivo que es el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero por supuesto, interpreto que incluso hasta ante un desperfecto técnico seguramente va a saltar una alarma.

Entiendo que lo primero que haríamos desde fiscalía es justamente requerir que esto sea revocado porque no deja de ser también una alternativa al encierro propiamente dicho también del agresor.

Por Juliano Salierno

La declaración de autarquía, autonomía e independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tras la entrada en vigencia de la Reforma Constitucional se escindió del Poder Judicial, tendrá en noviembre dos hitos, uno de ellos consumado y otro en marcha.

El primero tiene que ver con un paso estrictamente formal y burocrático, pero que hace a la independencia del MPA como órgano extrapoder y refiere al pago de haberes. “Por primera vez el MPA pagó sueldos a 799 personas” que se desempeñan en las cinco regionales de la provincia, confirmaron desde el MPA.

Aunque simbólico, el recibo lleva un membrete con la sigla MPA y “no dice más Poder Judicial”, destacan desde 1º de Mayo 2417.

En cuanto a la masa salarial de 799 personas, la misma se desglosa de la siguiente manera: Fiscal General, Auditor General, Fiscales Regionales y fiscales titulares y adjuntos: 202; funcionarios: 70; y empleados: 527".

En paralelo, “estamos en el trabajo de armar el régimen de ingresos y el sistema de carreras”; y si bien “hay una parte que va pasar por una nueva Ley Orgánica que tiene que dictar la Legislatura, hay temas reglamentarios que tiene que dictar la Fiscal General”, expresaron.

Otro hecho histórico que está a punto de consumarse será la jura de 8 fiscales adjuntos subrogantes, que a diferencia de sus colegas en actividad, no asumirán el compromiso institucional ante la Corte Suprema de Justicia provincial, sino ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.

Aunque todavía no fue definido, se espera que se realicen dos actos, uno en la ciudad de Santa Fe, donde jurarán seis fiscales para la Fiscalía Regional Nº 1 (Santa Fe) y uno para la Fiscalía Regional Nº 5 (Rafaela); en tanto que luego se celebrará un acto similar en Rosario, donde asumirá el octavo fiscal, que prestará funciones en la Fiscalía Regional Nº 2.

Los ocho fiscales que restan prestar juramento y que inaugurarán esta nueva etapa en la vida institucional del MPA, ya atravesaron la instancia de la Asamblea Legislativa el pasado 25 de septiembre y el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto designándolos el 24 de octubre último.

La lista está compuesta por seis fiscales para Santa Fe (FR1): Agostina Yanel Aimi; Jésica Bernard; Laura Gerard; Natalia Giordano; Julio Lema; y Pablo Gabriel Lipowy. Un fiscal para Rafaela (FR5): Mauricio Gabriel Spinosa. Y un fiscal para Rosario (FR2): Federico Damián Aranda.

Y si bien se aguardan precisiones en cuanto a definición de día y lugar, es un hecho que se realizará a mediados de la semana próxima. En cuanto a lo protocolar, se espera la presencia de autoridades académicas y del Ministerio de Justicia y Seguridad; legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad y fiscales y funcionarios del MPA.

Los antecedentes inmediatos en cuanto a los actos de jura se remontan al 12 de septiembre pasado, cuando el gobernador Pullaro en su discurso de cierre de la reforma de la carta magna provincial se refirió al rol de la Justicia, en el que se “definen con claridad cuáles son los límites de permanencia en los cargos para el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“Con esta Constitución tendremos un ministerio público de la acusación y defensa que protege a la sociedad, que persigue el delito y también esté al lado de los más vulnerables. Se democratiza el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores, y el procedimiento de remoción. Queremos consolidar un sistema de justicia más ágil, cercano y centrado en la protección de la sociedad”, completó.

Ese mismo día juraron la Fiscal General, Vranicich y la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, junto a las principales autoridades de los tres poderes tradicionales del Estado y los convencionales constituyentes.

Luego, el 27 de septiembre, en un acto realizado en el Museo de la Constitución, la Fiscal General tuvo su propio acto para recibirle juramento a los tres fiscales regionales del centro norte y a unos 60 fiscales. Acto que al mes siguiente se replicó en Rosario, en el Museo a la Bandera.

“Es un día histórico”, dijo Vranicich, subrayando que “es la primera vez que una autoridad del MPA toma juramento, y esto responde a la decisión de los convencionales que, en representación del pueblo santafesino, decidieron que el MPA sea un órgano extrapoder”.

(Por Juliano Salierno) - En un acto cargado de simbolismo político e institucional, la Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, encabezó este sábado 27 de septiembre la primera jura de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a la nueva Constitución Provincial.

El evento —realizado en el Museo de la Constitución de Santa Fe— marcó un punto de inflexión en la historia del sistema de justicia penal santafesino, en el que por primera vez una autoridad del MPA tomó juramento a sus propios funcionarios, consolidando su carácter extrapoder consagrado por la reciente reforma constitucional.

El primero juramento fue al Dr. Julio De Olazabal, primer fiscal general de la provincia. Foto: Prensa MPA

“Es un día histórico”, afirmó Vranicich ante la prensa, subrayando que “es la primera vez que una autoridad del MPA toma juramento, y esto responde a la decisión de los convencionales que, en representación del pueblo santafesino, decidieron que el MPA sea un órgano extrapoder”.

La ceremonia también tuvo un momento de fuerte contenido institucional con la presencia y el reconocimiento al Dr. Julio De Olazábal, primer Fiscal General de la provincia y figura clave en la implementación del sistema penal acusatorio que entró en vigencia en 2014.

Fue él quien recibió en primer lugar el juramento de manos de Vranicich, en un gesto cargado de significado histórico.

Cada uno de los jurantes se llevó un ejemplar y un diploma. Foto: Carolina Niklison

Visiblemente emocionado, De Olazábal tomó la palabra y recordó los inicios del nuevo sistema: “Me conmueve ver a todos ustedes reunidos y saber que el Ministerio Público de la Acusación está en marcha”, afirmó.

También destacó “la gran cantidad de obstáculos que aparecían todo el tiempo para frenar la implementación del sistema oral y adversarial” y reconoció el esfuerzo colectivo que permitió superarlos.

Tras el juramento de De Olazábal, la Fiscal General tomó compromiso constitucional a los tres fiscales regionales del centro-norte santafesino: Jorge Nessier (Santa Fe), Rubén Martínez (Reconquista) y Carlos Vottero (Rafaela). Ellos también forman parte de la estructura del MPA desde sus primeros años y fueron protagonistas en la consolidación territorial del sistema penal acusatorio.

Juramento del Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier. Foto: Prensa MPA

La ceremonia, que se completó con el juramento de más de 60 fiscales de las tres regionales convocadas y funcionarios de la Fiscalía General, representó no solo un acto simbólico sino una reafirmación pública del compromiso de estas autoridades con la independencia funcional y la calidad institucional que demanda esta nueva etapa.

En el marco de una reforma que redefine el rol de los ministerios públicos de la acusación y defensa en el esquema de poderes provinciales, la figura de Vranicich emerge como central en el proceso de transformación.

Con un discurso enfático, la Fiscal General delineó los principales desafíos de esta nueva etapa, que describió como una "refundación" del MPA.

Juramento del Fiscal Regional de Rafaela, Carlos Vottero. Foto: Prensa MPA

“Tenemos que rediseñar nuestra Ley Orgánica, establecer un régimen de carrera propio y, por supuesto, un nuevo régimen disciplinario”, explicó. Esta agenda no sólo apunta a dotar de mayor autonomía al organismo, sino también a establecer sus propias reglas de funcionamiento, en línea con el estatus institucional adquirido.

Para Vranicich, este salto de calidad institucional “implica mayor responsabilidad funcional de quienes integramos el MPA”, y supone un compromiso renovado con la ciudadanía, particularmente con las víctimas de delitos.

El acto de jura no sólo fue significativo por su valor simbólico, sino también por la representación institucional y política que acompañó a la Fiscal General.

Juramento del Fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez. Foto: Prensa MPA

Entre los presentes estuvieron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Pablo Olivares (Economía); el procurador Jorge Barraguirre; los diputados provinciales Pablo Farías y Celia Arena; y referentes académicos y judiciales como la decana de la UNL, Claudia Levin y la administradora del MPD, la contadora Mariana Lirusso.

Este respaldo transversal, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y del Poder Judicial, refuerza el posicionamiento del MPA como un actor clave en el nuevo esquema institucional santafesino.

La jura encabezada por Vranicich —que se repetirá el próximo sábado en Rosario para fiscales del sur provincial— no fue un acto meramente formal. En sus palabras, “más allá de la solemnidad, la esencia del juramento es renovar el compromiso de cada uno de los integrantes del MPA con toda la ciudadanía”.

"Es un día histórico", afirmó Vranicich ante la prensa. Foto: Carolina Niklison

De esta manera, la titular del organismo deja en claro que el proceso de transformación no termina con la reforma constitucional, sino que recién comienza.

Su liderazgo, marcado por un tono institucional firme pero renovador, perfila al MPA como un actor con voz propia en la política judicial santafesina. Un órgano extrapoder, sí, pero también con una misión clara: construir un sistema penal más eficiente, transparente y comprometido con los derechos de las víctimas.

El sábado 4 de octubre se realizará una nueva ceremonia de jura en Rosario, en la emblemática Sala de las Banderas del Monumento Nacional a la Bandera.

El próximo sábado jurarán los fiscales de las regionales Rosario y Venado Tuerto. Foto: Carolina Niklison

Vranicich volverá a encabezar el evento, que incluirá a fiscales de las regiones de Rosario y Venado Tuerto.

Allí también se renovará el compromiso con la Constitución, pero sobre todo con un nuevo tiempo para la justicia penal en Santa Fe.

En doce mensajes, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo para su análisis las propuestas de 85 candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces de cámara, jueces de primera instancia así fiscales subrogantes y adjuntos del Ministerio Público Fiscal y defensores del Servicio Público de la Defensa.

La larga lista -cuyo envío anticipó El Litoral- será tema de análisis de la Comisión de Acuerdos ni bien finalice la Convención Reformadora donde el presidente y vice de la comisión legislativa, Lionella Cattalini y Raúl Gramajo, tienen un rol clave en la discusión de la futura Constitución.

Más de la mitad de las propuestas corresponden a la Circunscripción Judicial N° 2 con cabecera en Rosario donde son 45 los postulantes. 20 son de la N° 1 con cabecera en Santa Fe; 10 para la N° 5 con sede en Rafaela; otros 6 para la N° 4 con referencia en Reconquista y 4 para la N° 3 en el norte con cabeza en Reconquista.

El paquete de pliegos con los antecedentes respectivos tiene mayoría de mujeres (46) sobre los hombres (39).

El envío de los pliegos viene a responder en gran parte a los planteos de la Corte Suprema de Justicia así como a las titulares del Ministerio Público Fiscal y el Servicio de Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente. El tribunal superior emitió varias acordadas haciendo saber al Poder Ejecutivo la necesidad de cubrir vacantes en distintas zonas de la provincia.

Los mensajes con los pliegos no fueron enviados por circunscripción judicial sino por los fueros respectivos.

Jueces penales de segunda instancia: Silvia Castelli, Miguel Moreno, Ismael Manfrin y Nicolás Foppiani (Rosario).

Vocales de Cámara de Apelación en lo Laboral: todos para Rosario, María Victoria Acosta, María Victoria García y Pablo Gueiler.

Jueces de primera instancia en lo Laboral: Ignacio Eduardo Pandullo (Santa Fe), María Clara Benassi (Esperanza). Mariana Otarola (San Lorenzo); Martín Borselli (Venado Tuerto) y María del Mar Della Rosa (Reconquista).

Jueces de primera instancia en lo Penal: Federico Martín Rébola, Lisandro Artacho, Luciano Vallarella, Natalia Benvenuto, Jorge Andrés Rodríguez, Juan Ignacio Gasparini y María de los Angeles Granato (todos para Rosario).

Guillermo Lanfranco Pari (Cañada de Gómez), Andrea Melisa Cavallero (Venado Tuerto) y Shirli Tomasso (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Menores: Héctor José Aielo (Santa Fe), Leandro Matías Lucente (Rosario); Fabiola Piemonte (Casilda); Brenda Coassolo (Cañada de Gómez) y José Alberto Boaglio (Tostado).

Jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: Guillermo Adrián Vales; Francisco José Depetris, Rodrigo Carlos Ureta Cortés y Viviana Naveda Marcó (todos para Santa Fe). Sabrina Campbell y Sebastián Rupil (Rosario).

David Alberto Lisandrello (VIlla Constitución), Franco Raschetti (Reconquista), Mauro Daniel García y Marcelo Gelcich (Rafaela).

Jueces de primera instancia de Familia: Jorgelina Daneri (Venado Tuerto), María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal) y Hernán Andrés Julián (Reconquista), en este último caso como subrogante.

Jueces de primera instancia de Circuito: Sebastián Pantaleón Faravelli (Coronda), Hernán Guala (El Trébol), Martín Carlos Chasco (Venado Tuerto); José Ignacio Pastore, ejecución de Circuito en Santa Fe.

Fiscal adjunta: Virginia Gabenara (Rosario)

Fiscales adjuntos subrogantes: Agostina Aime, Jesica Bernard, Laura Gerard, Natalia Giordano, Julio Lema y Pablo Lipowy (todos para Santa Fe). Sofía Cudos, Abi Luz Cabrera, Anabel Cerutti, Javier Hugo Paz, Rocío Cosgaya, María Belén Oliva, Florencia Vergili, Lucila Cornier, Federico Aranda, Eliana Zingoni, Lucía Pazos y Mariana Vigo (Rosario).

Defensores adjuntos subrogantes: Valentín Acuña, Lucía Mognaschi, Esteban Montenovi (todos para Santa Fe). Para Rosario, Agustina Morielli, Wanda Vaschetto, Julieta Belén González, María Virgina Llaudel Maza, Lucía Araya, Matías Daruich, Pablo Bufarini, María Virginia Quiroga, Antonela Dalzotto, Flavia Renzi.

María Gimena Galbusera, Valeria Tourn y Tania Stechina (Reconquista) y Bruno Rossini y Victoria Romano (Rafaela).

La Legislatura tiene un plazo de 30 días para votar los pliegos, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. No es el propósito, se dijo en fuentes legislativas a El Litoral. Una vez que entre en vigencia la nueva Constitución -a mediados de mes- la Legislatura pasará a tener 45 días para pronunciarse sobre el acuerdo o no.

Al cabo de un minuto de silencio, en memoria de la convencional reformadora electa Alejandra “Locomotora” Oliveras, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el pliego del doctor Matías Sebastián Merlo, como Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Circunscripción Judicial Nº 2, con sede en la ciudad de Rosario.

La votación fue por signos y en el mismo sentido que el dictamen que, también con todas las firmas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos, recomendó la aprobación. El miércoles 30 de julio la bicameral tomó la entrevista de rigor a Merlo, quien ya estaba en esas funciones como interventor, designado por la fiscal general María Cecilia Vranicich.

El caso de Rosario y el MPA mereció algunas acotaciones nada al margen por parte de la diputada Lionella Cattalini (UCSF-PS) quien recordó la grave crisis de conducción que vivió esa fiscalía regional y las modificaciones hechas por Vranicich cuando contó con normas que votadas por la Legislatura que le dieron más poder. Tanto elogió la labor de la cabeza del MPA como la decisión política que en su momento tomaron los legisladores frente a la crisis de inseguridad rosarina y las acusaciones entre fiscales.

La Asamblea Legislativa rindió homenaje a la Locomotora Oliveras con un minuto de silencio.

En marzo de 2024, Merlo se hizo cargo de esa labor ante “los múltiples conflictos existentes entre los fiscales” que “ponen de manifiesto un ejercicio de la autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria” en esa fiscalía regional. Fue designado solo por seis meses inicialmente y continuó en esa función hasta su confirmación por el Poder Legislativo.

Antes, la fiscal general ordenó un monitoreo de 90 días del trabajo en las unidades “críticas” del MPA rosarino, desde septiembre de 2023, cuando los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su colega Matías Edery ante presuntas irregularidades en la relación informativa que mantenía con su informante Mariana Ortigala, a quien Moreno y Socca imputaron en septiembre de 2023 por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido del líder de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero. Además, la mujer está sindicada como posible testaferro del capo narco que está en el penal federal de Marcos Paz.

El 30 de julio la bicameral le tomó la entrevista de rigor a quien ya estaba en funciones como interventor.

Antes, esa oficina estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Iribarren, desde 2020, de forma interina, tras la detención del entonces fiscal regional, Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad por recibir coimas del juego clandestino.

Iribarren había estado al frente de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que luego fuera auditada. Presentó su renuncia al MPA para iniciar sus trámites jubilatorios a fines de 2024.

Una comitiva del Ministerio Público de la Acusación participó de una capacitación en persecución penal estratégica a partir de focos investigativos y análisis e inteligencia criminal. La actividad se desarrolló en la comuna de Las Condes, ubicada en la provincia de Santiago, en Chile.

La delegación estuvo integrada por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier; el Fiscal Regional Interventor del Distrito Rosario, Matías Merlo; los fiscales Diego Vigo, Carla Cerliani, María Laura Urquiza y Adrián Spelta, el Secretario de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, Gustavo González, y el subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional 2, Gabriel Ferrogiaro.

Los funcionarios santafesinos fueron al vecino país para conocer el funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del MP de Chile.

El objetivo fue conocer la experiencia del diseño e implementación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado (UCOD) del Ministerio Público (MP) de Chile, la cual fue creada recientemente y reúne los principales fenómenos criminales cuyas acciones suponen la existencia de una organización criminal.

Asimismo, los funcionarios santafesinos fueron al vecino país para conocer el funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) del MP de Chile. El SACFI se ocupa del diseño de estrategias para la producción de información y su análisis, y la incorporación de estrategias de investigación sobre los mercados o focos investigativos posibles de identificar en relación a tales delitos.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de forma remota de los encuentros de intercambio y presentó el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados del MPA.

Por su parte, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, participó de forma remota de los encuentros de intercambio y presentó el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados del MPA. De la misma manera, estuvo presente la Secretaria de Asuntos Penales de la provincia, Lucía Masneri, quien expuso el Modelo de Gestión de reclusos de alto riesgo implementado en Santa Fe.

Vranicich valoró que "la visita a Chile se enmarcó en el cambio en las lógicas de trabajo que estamos llevando adelante en el MPA". Afirmó que "el modelo chileno es una referencia significativa en materia de persecución penal por focos investigativos", y agregó que "conocer de primera mano ese tipo de experiencias es sumamente enriquecedor".

Asimismo, resaltó que "frente a los desafíos que implican la criminalidad organizada, las violencias altamente lesivas y el microtráfico de estupefacientes, es imprescindible abordar, identificar y comprender los fenómenos delictivos de forma estratégica". En tal sentido, planteó que "la Fiscalía de Chile compartió con la delegación del MPA sus metodologías de análisis e inteligencia criminal, así como los resultados obtenidos".

Convenio

Durante la primera jornada de intercambio, el MPA firmó un convenio de cooperación internacional con el Ministerio Público de Chile, con el fin de potenciar las investigaciones penales que se realizan desde ambas instituciones.

En el documento suscripto se indica que ambas Fiscalías se comprometieron a cooperar "en la persecución de la delincuencia organizada transnacional". Se explicita el objetivo de "intercambiar experiencias, desarrollos, avances, estrategias de investigación y litigio y capacitación técnica entre ambas instituciones", así como "información sobre investigaciones penales".

Gustavo Capeletti

El ex integrante de la Unidad Fiscal Reconquista fue sentenciado a la pena de 3 años de ejecución condicional en un juicio abreviado desarrollado en los Tribunales de la ciudad norteña este viernes.

El fallo dictado por la jueza penal Claudia Bressan sobre Rodrigo Germán González, quien fuera fiscal del MPA en la Cuarta Circunscripción Judicial, conlleva la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos dentro del Poder Judicial de la provincia y la Nación por el doble de tiempo de la pena impuesta.

Por las dos causas por las que estaba encartado, la magistrada lo halló autor penalmente responsable de un cúmulo de delitos cometidos en razón de la función pública que ejerció hasta marzo de 2021 en la sede norteña del ministerio público fiscal: amenazas coactivas, encubrimiento, violación de medios de prueba registros y documentos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos en concurso real.

En la audiencia, la Dra. Bressan dejó en claro el acuerdo prestado por la señorita S. S., víctima del caso, respecto del procedimiento abreviado y sopesó que de acuerdo al informe de Registro Nacional de Reincidencias “el imputado no tiene causas, trámite o condenas que impidieran la aplicación del sistema elegido por las partes y estaría dentro de las posibilidades que le otorga el Código Procesal Penal”, en virtud de lo cual considero ajustada derecho la petición de formulada para abreviar los plazos.

En la acusación, el fiscal Eduardo Lago le atribuyó “haber intimidado en reiteradas oportunidades infundiéndole temor a S. S. mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, manifestándole que tuviera cuidado con lo que iba a declarar en el marco de la investigación”, y que “haría todo lo posible que para no ingrese al Poder Judicial” además de revelar secretos de su intimidad para desacreditarla. También lo señaló por haber destruido legajos en noviembre y diciembre de 2018.

En la otra carpeta judicial, el Dr. Lago le anexó que en 2017 y respecto de salas de juego clandestino ubicadas en Vera, Avellaneda y Reconquista, no haber procedido estando obligado por su cargo en el MPA a denunciar y/o investigar las actividades ilícitas.

Paralelamente, lo acusó por haber sustraído en 2018 legajos fiscales que le fueron asignados y de los cuales era fiscal responsable, y en 2014 a 2018 haber recibido en concepto de multa dinero en efectivo por subvenciones de juicios a prueba entregadas por imputados que retuvo indebidamente.

Más adelante, presentó las evidencias obrantes, consistentes en una entrevista con S. S., y profusas escuchas telefónicas con operadores del juego clandestino del norte provincial.

A fines de 2018, luego de la exposición de dos pasantes que cumplían servicios en la fiscalía de González sobre irregularidades acontecidas con los expedientes de investigaciones en marcha y actos de discriminación por parte del funcionario, el fiscal regional Rubén Martínez confirmó que “se corroboraron las primeras manifestaciones que yo había recibido como funcionario público y en conocimiento de una situación irregular que puede configurar un delito penal, me corresponde hacer la denuncia”.

En aquel momento, el jefe de los fiscales del norte provincial reveló que “la desaparición de los expedientes es un tema grave porque son instrumentos públicos, son legajos de investigación donde constan las investigaciones”. Más tarde, González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas”.

En marzo de 2021 fue suspendido por la Legislatura con una reducción de su salario del 50 %, y en agosto del mismo año fue removido de su cargo por mal desempeño de sus funciones en una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas con 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene previsto sesionar este miércoles 26 para tomar su entrevista personal a los candidatos a fiscales titulares y suplentes, propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial para cubrir seis cargos del Ministerio Público de la Acusación en Rosario.

Se trata del primer envío de pliegos del gobernador Maximiliano Pullaro al Poder Legislativo para vacancias en el fuero penal. Y la decisión política del gobierno provincial ha sido la de no demorar su cobertura en la zona sur, la más difícil para la seguridad de los santafesinos.

Todo indica que el debut no deparará sorpresas porque el oficialismo tiene sólidas mayorías en ambas cámaras. Pero por ello el momento de enfrentar las preguntas y las consultas de los doce diputados y senadores provinciales que forman la bicameral será crucial para la suerte de cada uno de los propuestos, más allá de sus calificaciones en los concursos por los que fueron seleccionados.

Y a propósito de esto último, otro dato político-institucional: los pliegos enviados surgen de un proceso de exámenes que llevó adelante la gestión anterior del gobernador Omar Perotti, con otra conformación del Consejo de la Magistratura y, obviamente, con el sistema de calificaciones que se utilizaba por entonces.

Los seis candidatos a fiscales recibieron una “orden de mérito”. En pocas palabras, una calificación con un número. De ahora en más, en cambio, en esa instancia final de los concursos los participantes solo recibirán una aprobado o reprobado. A futuro serán solo dos criterios: “superó y no superó”.

La cuestión puede parecer menor, pero el asunto es relevante para el debate legislativo. Históricamente, cada vez que la oposición de turno sospechó que el gobernador de ese momento había privilegiado otros criterios (como el color político de los postulados) además de sus condiciones técnicas, las críticas se condimentaban con análisis de ese orden de mérito versus las decisiones del Ejecutivo. Y con la exhibición pública de los mejores calificados que, eventualmente, habían quedado fuera de las ternas o de los pliegos enviados.

En rigor, la Constitución de Santa Fe vigente no tiene previstos los concursos, ni la existencia de un consejo de la magistratura. Ha sido un progresivo avance del criterio de la autolimitación del Poder Ejecutivo el que puso mejores condiciones de transparencia, participación de los actores del sistema de justicia y mecanismos de control de los ciudadanos a una carta magna que solo dispone que el Ejecutivo proponga y la Asamblea Legislativa apruebe o rechace, sin más. Sólo exige el título de abogado para los pliegos.

Los años y la convivencia política en Santa Fe lograron que pueda pesar la opinión pública en un saludable ejercicio de poder de los ciudadanos. Lo dicho, sólo fue posible por esa progresiva y progresista autolimitación.

A continuación se ofrece un detalle de los pliegos de los postulantes para fiscales titulares y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial Nº 2, con sede en la ciudad de Rosario, que serán entrevistados por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Patricio Javier Saldutti y Alejandro Ariel Ferlazzo, que hoy son fiscales adjuntos, son propuestos como fiscales titulares.

En tanto, como fiscales adjuntas se encuentran los pliegos de Bárbara Glinkman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paula Barros.

Los pliegos enviados por la Casa Gris ingresaron al Senado el 23 de mayo y en esa fecha se remitieron a “la bicameral”, un término que se usa habitualmente en la Legislatura de Santa Fe para referirse a la Comisión de Acuerdos (así la nombra la Constitución). La Asamblea Legislativa fue convocada para este jueves 27, a las 13.

El senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio) preside la comisión y su vicepresidenta es la diputada Lionella Cattalini (PS). La integran además los senadores Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Orfilio Marcón (UCR-Gral. Obligado) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo); y los diputados Silvana Di Stefano (UCR), Astrid Hummel (UCR), Gisel Mahmud (PS), Ariel Bermúdez (CREO), Antonio Bonfatti (PS), Marcos Corach (PJ) y Emiliano Peralta (SV).

La semana pasada ingresaron formalmente a esa instancia tres expedientes, que aún no han sido considerados. Fueron elevados por el auditor del MPA, Leandro Mai y constituyen sendas denuncias de tres fiscales sobre presuntos hechos aún no evaluados en la Legislatura, contra el fiscal Matías Edery, quien fue suspendido temporalmente de sus funciones por el legislativo santafesino el 18 de abril, por cuatro meses, sin sueldo.

Gustavo Capeletti

El jefe de los fiscales del noreste provincial volvió a hacer hincapié en el contexto de escasez de recursos humanos en la Cuarta Circunscripción Judicial.

El fiscal regional Rubén Martínez formuló declaraciones a medios de prensa previó a encabezar una reunión de coordinación con jefes policiales de General Obligado y Vera para tratar las distintas problemáticas que se suscitan en el ámbito penal e “ir adelantando cuestiones que tengan que ver con mejorar la seguridad y, en definitiva, mejorar también la responsabilidad penal y la calidad de vida de la gente”.

El cónclave con la fuerza de seguridad provincial se dio en medio de una suerte de escalada en delitos contra las personas y las propiedades, algunos de los cuales sorprendieron por su virulencia en contra de las víctimas de esos ilícitos. Como en el caso Sartor, donde un hombre que luego fue declarado insano casi mata a escopetazos al dueño de una casa quinta y a un policía.

“Estamos tratando de mejorar las investigaciones en el contexto actual, que realmente es un contexto de escasez de recursos humanos, porque no tenemos fiscales. En este momento, Reconquista tiene únicamente cuatro fiscales”, observó el funcionario judicial.

Sobre la búsqueda de soluciones, recordó que “hemos presentado notas ya en octubre del año 2019 y empecé a hacer los reclamos pertinentes. Apenas asumió la Fiscal General (María Cecilia Vranicich) en mayo de este año, le presenté una nota explicándole todos los problemas que hay en la Cuarta Circunscripción, entre ellos el de los fiscales".

El Dr. Martínez manifestó que la semana pasada le dirigió una nueva nota porque "estamos en un estado de emergencia en Reconquista con cuatro fiscales; y bueno, no tenemos mucho eco, pero también pensando en la esperanza del nuevo gobierno, porque no debemos quedarnos únicamente en el pedido o en la crítica”.

Paralelamente, indicó que además del diagnóstico se presentó a la titular del MPA un documento -que se hará público en las próximas horas- con una serie de soluciones para que “el 10 de diciembre, o cuando el gobernador electo nos reciba, podamos ir con una carpeta y decirle, 'mire, esto es lo que la Cuarta Circunscripción necesita en materia de Derecho Procesal Penal”.

- Se han dado muchos hechos donde han participado menores de edad

- Es un poco lo que la gente dice, la preocupación por la cantidad de menores que son autores de delitos. Bueno, ese es un tema que por supuesto que también nos preocupa, pero eso hay que hablarlo con la Jueza de Menores, porque bueno, el Código de Menores tiene una determinada forma de actuar que no es la que se le aplica a los mayores de 18 años. Ustedes saben que en la Legislatura hay muchos proyectos del Código de Menores, pero todavía no se ha sancionado ninguno. Hay tres o cuatro ideas que están confrontando allí respecto del contenido que debe tener el Código de los Menores, pero nosotros por ahora no nos ocupamos de eso.

-Teniendo en cuenta que se viene un recambio de gobierno a nivel provincial, ¿cuáles son sus expectativas?

Nosotros tenemos muchísimas expectativas en el nuevo gobierno provincial que va a asumir el 10 de diciembre, porque sabemos que Pullaro estuvo en el Ministerio de Seguridad y hemos tenido en su época de diputado varias conversaciones respecto del accionar que más o menos nosotros estamos encarando. Nosotros hemos implementado dentro de la Fiscalía Regional lo que se llama la Unidad de Apoyo a Investigaciones Fiscales Priorizadas, que son el grupo que antes pertenecía al Organismo de Investigaciones, que están dirigido por el doctor Rolando Garfascoli, que es el Subsecretario de Persecución Penal, y que lo que hacemos es tratar de coordinar todas las acciones tendientes a apoyar, ayudar con la Policía en la función judicial para mejorar las investigaciones fiscales priorizadas, porque evidentemente no nos podemos ocupar de todo, pero sí de aquella que de alguna manera mayor perjuicio está representando.

- Existe una superpoblación carcelaria, ¿le preocupa eso a usted, hay algún tipo de novedad al respecto?

- Bueno, claro que es preocupante porque cada vez que se produce una detención, el fiscal tiene que andar pendiente de ver dónde la policía consiguió el alojamiento, y a veces eso causa algunos inconvenientes porque nosotros tenemos 72 horas para traerlo a la audiencia imputativa y hay detenidos que los llevan a Casilda, por ejemplo, y hay que traerlos de Casilda, entonces en un contexto de escasez de recursos es un problema.

Pero sabemos que es un problema serio. Nosotros empezamos el sistema en el año 2014 con alrededor de 4.300 presos, y hoy hay 10.000, un poco más de 10.000. Con la estructura que es un poco mayor, pero no la suficiente. Y si uno hace el cálculo de los que regresaron por haber cumplido las penas, y los que ingresan es una demanda de aproximadamente de 1.000 plazas más por año. Con lo cual, si no se pone el gobierno a trabajar seriamente en esto, vamos a seguir aumentando el déficit poblacional de las cárceles.

- ¿Se viene la investigación de procedimientos por droga en el ámbito de la provincia de Santa Fe?

- Bueno, ustedes saben que el gobernador electo tiene entre sus proyectos lo que se llama la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, que se llama narcomenudeo o microtráfico. Yo ya me expresé, hace dos o tres años, públicamente en varias oportunidades de que apoyo. Pero, por supuesto que este apoyo tiene que estar supeditado a contar con los elementos necesarios, porque si no nos vamos a quedar en el discurso. Y a la gente le vamos a generar una expectativa que después no vamos a poder cumplirle. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Yo lo escuché al doctor Pullaro la otra vez, que fue claro en este aspecto.

A mí me parece que hay dos temas que son muy importantes. Primero, la decisión política. La decisión política no es nuestra. Y luego, en base a la decisión política, tienen que venir las disposiciones operativas. Pero no puede ser que los obstáculos operativos que existan, frenen la decisión política. ¿Me explico? Si vos tenés una enfermedad terminal, ¿vas a decir “no, yo prefiero tomar una cafiaspirina”?. No, porque no es la solución. Por dar un ejemplo absurdo, porque a veces por lo absurdo se entienden mejor las cosas.

Mariana Ortigala (1ro de septiembre de 2023, 13.37 hs): - Mati ! Más allá de todo la justicia es solo de Dios!

Mariana Ortigala (Idem, 13.38): - Gracias por todo te adoro de verdad siempre voy a estar para vos. Y para Luis aunque sea malo. Vos sabés que aunque nadie lo sepa o crea, lo que mas intento es frenar muertes, siempre intento ayudar sea quien sea la persona !

Matias Edery (Ídem, 14.10): - No es malo Luis. Pero él tiene miedo de que después nos quieran sancionar o sumariar por decir que nosotros lo ayudamos a Rodrigo.

* * *

Si fuera una obra de teatro ese sería el epílogo de un acto, acaso uno de los más atractivos, del extenso intercambio de mensajes entre el fiscal de la ciudad de Rosario Matías Edery y Mariana Ortigala, su informante, que hoy está detenida por ser parte de Los Monos y presuntamente haber cometido extorsiones en una causa que se lleva adelante a nivel de la justicia federal.

Edery y Ortigala hablan del fiscal Luis Schiappa Pietra, el jefe de él; y de Rodrigo Ortigala, el hermano de ella. Son también personajes principales, siempre citados en sus diálogos.

Ciertamente, da para una obra de ficción novelada, pero todo es parte de una compleja realidad: la de la relación que complica a Edery (y comienza a hacerlo con Schiappa Pietra) con una testigo clave para llevar a juicio al jefe del Clan Alvarado, rival de aquella banda.

Según se desprende de lo que aquí se resume, también Ortigala habría sido clave para otra causa que hizo muy conocidos a ambos fiscales: la que se ha reabierto ahora contra el senador justicialista Armando Traferri, por presuntos vínculos y pedidos de coima con un empresario del juego ilegal. El legislador hace un par de meses ha dejado de ampararse en sus fueros y acepta enfrentar a la justicia. Su primer paso es pedir a la fiscalía regional del MPA que designe otros acusadores.

Más allá de que haya existido o no vinculación entre la trama de fondo de aquel diálogo con las acusaciones que, otro personaje femenino (ya se verá quién) efectivamente llevó a cabo contra el representante de San Lorenzo, está claro que hubo una cuidada negociación entre ambos. Ella sobreabunda en argumentos; él es parco, pero dice lo suyo.

* * *

Para la defensa de Traferri (pero también para los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno que fueron apartados de la causa contra Edery) lo que Mariana Ortigala le "facturaba" a Edery era su aporte de un nuevo testigo contra el senador. Pero eso es materia de otro capítulo, con personajes llegados desde la ciudad de Rafaela. "Continuará...", decían los comics cuando se llamaban historietas.

Es evidente la presión de Ortigala sobre el fiscal para que su hermano no vaya a prisión, para que la causa que enfrenta pueda tener otro desenlace. Ella ya había sobrevivido a sicarios que le dispararon 35 balazos de los Alvarado y teme que no haya otro milagro para Rodrigo. Como se ha visto en las primeras líneas de este texto, los ruegos de Mariana tuvieron el efecto deseado sobre los fiscales y ella lo celebra, acude a la justicia divina.

* * *

El primer día de septiembre de este año la justicia provincial dictó duras condenas contra los responsables de los disparos al Casino City Center que, en enero de 2020, mataron a alguien que simplemente había salido al balcón a fumar: Enrique Encino, ex gerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, víctima de la violencia extorsiva de Los Monos.

Las crónicas sobre el fallo histórico de dos meses atrás mencionan que Rodrigo Ortigala fue condenado solo a un año y medio. Y que en la sentencia de Cámara constan reproches a los fiscales por lo insuficiente de su acusación sobre quien por ellos fue llevado a juicio por complicidad en una extorsión. Aquí se verá por qué. Y se deberá adivinar el objetivo.

* * *

Es el 26 de julio de 2022 y son las 16.51. Ortigala llama, envía mensajes y deja audios al fiscal Edery. Está desesperada y usa todo lo que ha vuelto a escuchar de sus chats con el MPA que no ha borrado. Debe cuidar a su hermano. Ruega que no vaya preso. (Se usan paréntesis para agregan datos que guíen al lector). ¿Qué estaba "re cerradito"?

Mariana Ortigala: - Mati, querido, yo sé que vos estás a full, lo sé, lo sé, lo sé. Te torturo con esto que es algo re personal, viste, yo ya lo tenía como, con lo que habíamos hablado, re cerradito, viste, y Luis (Schiappa Pietra) me cortó el rostro re mal, como que me dijo que lo que yo hablé con vos imposible, como que no hay posibilidades. Si vos querés lo hablamos solos y en persona, o con Luis, o con quien sea, con quien vos me digas, Mati, lo que sí… Yo apelo a... A ver, a la confianza que vos sabes de las cosas que yo te he mandado desde que te conozco. Apelo a eso. Vos imaginate Mati que... En el lugar en que estoy yo que... Ese teléfono del cual salen las mismas escuchas de Rodrigo (Ortigala)... Sale lo de Leo (Peiti, quien acusó a Traferri entre otros), sale lo de los fiscales (que debieron renunciar por coimas, el ex regional de Rosario, Patricio Serjal y su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad) y todo lo demás… (¿Qué será?) Ayer justamente estaba revisando los audios con Carla (una colaboradora del MPA con contacto directo con Ortigala), hasta ese teléfono se lo entregué yo. A ustedes. Ni hablar que... O sea... A Leo… Hemos parado allanamiento, hemos parado mediante ese allanamiento que yo te pasé. Hemos parado cosas gravísimas en Rosario. Hemos parado un montón de cosas y yo creo que he colaborado pero infinitas veces.

M O: - Siempre obviamente con la confianza que te tengo a vos, Mati, que vos no ibas a decir nada y yo tampoco, obviamente. Pero yo me he metido en villas a filmar a gente para mandárselo a Carla. Ayer justo leía todo eso. Carla me ha pedido un millón de cosas que tampoco correspondían y yo las he hecho, Mati. Yo esto no lo voy a hablar ni con Luis ni con nadie, solo con vos y si querés lo hablamos en persona. Pero yo necesito que me den una mano, Mati, con lo de mi hermano, porque encima es una pavada. O sea, si vos lees la imputación, yo no creo ni siquiera que se configure en una tentativa de extorsión. Nosotros ya hablamos con el muchacho (la víctima), el muchacho tampoco quiere denunciar, no quiere nada, ¿viste? Pero para mí es un problemón porque si Rodri va preso, a él lo matan. Ya sabemos todos que a él lo matan. Aparte mi hermano… mi mamá se muere, yo también, y mi hermano tiene cuatro hijos y la mujer de él no trabaja. Qué se yo, mi hermano nunca más… está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días construyendo cabañas, que eso está re bien mi hermano, está re tranqui, no se junta con absolutamente nadie. La verdad que nosotros con esto que nos metimos de Alvarado. Ya sabes Mati, como nos arruinamos la vida y todo lo demás, está bien, no es tu culpa, ¿no? Pero no sabíamos que iba a pasar lo de Bancora, o que nos iban a entregar así, y bueno, que iba a pasar todo lo que pasó. Así que yo te pido Mati, por favor, que nos reunamos y... que me den una mano, si no es nada extraño, no es que mató a una persona. Viste, tiene que haber algo, hay una posibilidad de algo. Yo creo que yo me he portado más que bien. Con Luis también, vos sabés que las últimas intenciones del loco, cuáles eran y… hablé con Vane, hablé con aquel, se paró todo. Yo creo que he colaborado mucho más que una pavada de esto de ahora. Avísame Mati, avísame cómo hacemos, porfi. Muchas gracias y disculpa Mati.

Matias Edery (dos minutos después): - No, no.

M O: - Jajaja, gracias

Edery: - Estoy resolviendo un quilombo

M O: - Tranqui Mati, tranqui, tranqui, yo re confío en vos, duermo más que tranquila, tranqui Mati, cuando puedas, no te hagas problema.

Edery (el mismo día, 8:32): - Sí, Mari, lo hablamos en persona con Luis, porque lo que me dice Luis, está bien, yo no había leído la acusación, pero lo que me dice Luis es que al margen de lo que diga o no diga la víctima, hay datos objetivos que van a salir en el juicio, que es la pericia básicamente, y que va a ser evidente que… que nosotros mínimamente tendríamos que haber llevado a Rodrigo a juicio o algo así. Y a nosotros no nos van a aprobar el archivo con esa evidencia. Eso es lo que dice Luis. Nos juntamos y lo hablamos bien. Ahora le pregunto a él cuánto puede y nos juntamos los tres.

M O: - Dale Mati, excelente, excelente. Claro, a mí me pareció un poquito raro cuando vos me dijiste eso, pero como que Luis tampoco me creía, obvio. Yo me quedé más que tranquila y después con lo que dijo Luis, me quedé más que no tranquila, me quedé desesperada. Mal, re mal. Pero dale, dale, nos juntamos los tres, vos decime cuándo y vemos, dentro de todo lo malo qué se puede hacer. Viste, igual a lo mejor, no sé… Bueno vos sabrás mejor, yo ahora le di lo que hay de prueba a Jesús (un abogado), pero para mí ni siquiera da para una tentativa de extorsión lo que hay, que son dos mensajitos de Rodrigo, loco, voladores, por ahí. Pero dale, vos decime cuándo y obvio que nos juntamos.

* * *

De inmediato, el mismo día de julio del año pasado, ella pide información precisa (seguramente solicitada por su abogado) sobre "las fechas de Rodrigo de condena para tratar de buscarle, no sé, cualquier cosa, una domiciliaria con salida laborales, qué se yo, cualquier cosa, lo que sea, que no estaría encerrado". Para "ver legalmente qué vuelta le puedo dar, sé que es complejo. Encima, viste, que lo que yo te decía, me da una bronca bárbara que sea tan chiquita la causa, viste. Pero bueno, a lo mejor algo se puede hacer", le dice a Edery.

El fiscal solo pide que ella se lo recuerde al día siguiente, se van a ver en Tribunales. Así "te paso el reincidencia, te paso el certificado, que ahí están todas las fechas", comenta él. Ella agradece y sugiere: "a mí me suena como que capaz que estamos muy cerca también de que (su hermano) no sea reincidente, por eso quería agotar esa vía también, esa opción viste, qué se yo, un abreviado, pero bueno, sin que tenga un cumplimiento efectivo (de prisión) sería, sabes qué, tocar el cielo en las manos", predice. Y sí, la justicia acaso sea "sólo de Dios".

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura analizó este miércoles la situación de tres expedientes que involucran a otros tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación y, acordó solicitar la convocatoria a una Sesión Conjunta de Senadores y de Diputados para votar la suspensión de Gabriela Lescano quien cumple servicios en Cañada de Gómez.

Acuerdos se hizo además de la acusación formal presentada contra el suspendido fiscal de Reconquista, Aldo Gerosa, instancia que cumplimentó la diputada socialista Erica Hynes mientras que resolvió citar para el miércoles venidero al auditor general del MPA, Lisandro Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza sobre la conducta del fiscal de Rosario, Matías Edery.

La fiscal Gabriela Lescano.

El encuentro de Acuerdos fue encabezado por la diputada Lionella Cattalini (PS) quien tramitará ante la presidencia del Senado la convocatoria a la reunión conjunta de la semana venidera donde únicamente se ventilaría el caso Lescano.

Lescano está siendo investigada por posible incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública y la instrucción del caso la lleva adelante la diputada Silvana Di Stefano (UCR - Evolución). El caso de la fiscal de Cañada de Gómez cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA asegura que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsa.

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando legajos de investigación.

El fiscal Aldo Gerosa.

En el caso de fiscal Gerosa de Reconquista está suspendido con la reducción de su sueldo al 50% y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. Hynes presentó el pasado 14 de agosto la acusación formal contra el fiscal y Acuerdos ahora citará a algunos testigos antes de elaborar el o los dictámenes para determinar si el profesional sigue o no en el MPA.

El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.

Hynes llevó adelante la investigación de la actuación del fiscal siguiendo el informe de la Auditoría de Control de Gestión del propio MPA que considera gravísimo el caso y lo elevó directamente al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

El fiscal de Rosario, Matías Edery.

En cuanto a Edery, Acuerdos citó para el miércoles próximo, a las 9.30 al Auditor del MPA, Leonardo Mai, para conocer la marcha de la investigación que realiza en torno al comportamiento y actuación del fiscal rosarino denunciado por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, que tienen su a cargo la investigación por una serie de extorsiones atribuidas al jefe narco Ariel "Guille" Cantero. Le atribuyeron la presumible comisión de delitos de acción pública y la fiscal general, María Cecilia Vranicich giró la actuación al auditor.

Edery quedó en el ojo de la tormenta a partir de su relación con Mariana Ortigala, un vínculo evidenciado en uno de los teléfonos secuestrados en una case de un country de Funes donde personal policial incautó vehículos y dos armas. Uno de los celulares estaba destinado únicamente "a pasarle información a Edery".

El MPA informó la apertura de una causa judicial contra el fiscal Edery que integra la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 y giró el expediente al auditor Mai para evaluar el desempeño del fiscal. Sobre su tarea, Mai informará el miércoles a los legisladores.

Dos fiscales de la ciudad de Santa Fe tendrán a su cargo las actuaciones correspondientes a la denuncia penal presentada contra otro integrante del Ministerio Público de la Acusación: el fiscal rosarino Matías Edery. María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, pertenecientes a la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en esta ciudad fueron asignadas para la investigación, después de que se excusaran – por una cuestión de proximidad- sus pares de Rosario. Ambas estarán bajo la coordinación directa del Fiscal Regional Jorge Nessier.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno por la presunta comisión de delitos de acción pública. Ello, después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero. Edery había notificado a sus superiores en 2021 que la mujer era su "informante", pero Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos derivaba un intercambio inapropiado de información puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso. Asimismo, cuestionaron la figura del "informante", puesto que no está regulada por normativas provinciales.

Además de la denuncia penal, se tramita una investigación administrativa en el ámbito de la Auditoría General del propio Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Leandro Mai. Ante Mai, Socca amplió en las últimas horas su denuncia apuntando elementos probatorios sobre el posible encubrimiento de Edery hacia Ortigala. Según el denunciante, Edery, al inscribirla en el programa de Testigos Protegidos en el marco de la causa abierta a Esteban Alvarado por homicidio, no la incluyó como miembro de la asociación ilícita que estaba bajo investigación. Ello insinuaría que Ortigala gozaba de "protección institucional" desde la fiscalía, y que Edery – según el denunciante- encubría actividades ilegales de Ortigala, a cambio de información.

Edery había sido denunciado penalmente por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno después de ventilar conversaciones entre el fiscal y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

En cuanto a la investigación que se tramita en la vía administrativa, el caso sigue por ahora en el ámbito de la Auditoría. Mai no se ha expedido aún respecto de si avanzará con las actuaciones, o se inhibirá. Sus competencias son acotadas, puesto que podrá intervenir si la falta eventualmente cometida por Edery es leve y en cuyo caso, la sanción no podría superar los dos meses de suspensión. En cambio, si la falta es considerada grave, debería intervenir directamente la Legislatura que tiene facultades plenas para llevar adelante un proceso disciplinario, incluso, hasta con la sanción máxima como la destitución.

La semana pasada, el auditor ya había notificado sobre el caso a la propia Comisión Bicameral de Acuerdo, que lo había citado para este miércoles a fin de conocer los pormenores de sus actuaciones. Pero el encuentro se pospuso hasta la próxima semana, a fin de poder procesar la información recabada y los alcances de la denuncia ampliada en las últimas horas.

El Poder Ejecutivo trabaja en el envío de al menos 40 pliegos de jueces para ocupar vacantes en toda la provincia. El objetivo es remitirlos en las próximas horas ante el pedido de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y los cinco colegios de abogados nucleados en la Federación de Colegios de la Abogacía.

La semana pasada en la Asamblea Legislativa, el diputado radical Fabián Bastia, pidió que no envíen nuevos pliegos y que en caso de que esto ocurra serían rechazados por la mayoría de los integrantes de ese cuerpo.

Cabe acotar que por la propia mecánica parlamentaria, la convocatoria a la Asamblea Legislativa será para después de las elecciones del 10 de septiembre. Es más, ninguna de las dos cámaras será convocada antes de esa fecha a las sesiones ordinarias.

El gobernador Omar Perotti tiene múltiples ternas de candidatos seleccionados en diferentes concursos por el Consejo de la Magistratura tanto para jueces y camaristas como para jueces de pequeñas causas, los viejos jueces de paz o comunales.

Trascendió que los pliegos a enviar Legislatura comprendería diez jueces de circuito para distintos puntos de la provincia; cinco jueces penales e igual número de magistrados en civil y comercial de distrito. La nómina contendría tres jueces de cámara civil y comercial; otros tantos jueces civil, comercial y laboral; civil y comercial y jueces penales de menores. Además incluirían dos jueces de cámara civil, comercial y laboral; otros tanto de cámara laboral. En tanto, se completaría con un juez de cámara de circuito, otro de familia, otro laboral y finalmente otro de responsabilidad extracontractual.

El Colegio de Abogados de Rafaela, con las delegaciones de abogados de San Cristóbal, de Tostado y de Ceres, más la Asociación de Abogados y Procuradores de Villa Trinidad, Suardi y San Guillermo, enviaron una nota al gobernador Omar Perotti comunicándole que "los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio se encuentran en situación de colapso judicial en materia civil, comercial, laboral y de familia".

La nota da cuenta de las vacantes producidas por el acogimiento jubilatorio de Graciela Gutscher, el traslado a un juzgado de Santa Fe de Marisa Malvestiti y del fallecimiento de Haydeé Regonat.

Tras recordar las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo, la nota afirma que "la realidad es que existe una mora evidente y denegación del servicio de justicia que están padeciendo todos los ciudadanos de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. En ambos departamentos existen tres juzgados de distrito en el Civil, Comercial y Laboral (Tostado, San Cristóbal y Ceres), y uno de distrito de Familia (San Cristóbal) de los cuales solo hay un solo magistrado en funciones, recordando además que el juzgado de fuero pleno de Tostado asume competencia de causas de un circuito".

En base a esta situación es que los firmantes solicitan se arbitren los medios conducentes a la pronta cobertura de los cargos "a fin de resolver el colapso, que hoy es una realidad, en el sistema judicial de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio".

(Por Luis Rodrigo) – Una publicación de la revista Noticias que en tapa se titula “Fiscales en peligro” e incluye fotos y citas textuales de cuatro fiscales de la ciudad de Rosario son el nudo de un procedimiento disciplinario interno del Ministerio Público de la Acusación, por sus declaraciones a la prensa.

En la revista Noticias, hablan de su trabajo, del riesgo que enfrentan y hasta de sus temores cuatro fiscales que suelen tener exposición pública y que no han tenido mayores inconvenientes por formular declaraciones a los periodistas o mantenerlos informados. Son Matías Edery, Franco Carbone, Valeria Haurigot y Pablo Socca.

Ese sería el meollo del reproche que debe resolver el área de Auditoría interna del MPA: que pese a que hubo una indicación del encargado de la comunicación institucional las entrevistas fueron igualmente concedidas.

El tema fue expuesto en su edición de hoy por el diario La Capital, con la firma de Hernán Lascano. Fuentes cercanas a la Fiscalía Regional de Rosario confirmaron a El Litoral que el tema está aún bajo estudio en la oficina que encabeza el auditor del MPA, Leandro Mai.

En Noticias se publicaron, en marzo de este año, expresiones de los fiscales como las que siguen: “Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”; “Es increíble, en las audiencias se nos cagan de risa”; “No nos matan porque no quieren, no porque no puedan”. En tapa, la nota fue promocionada con información bajo los adelantos: “cómo viven los funcionarios que acusan a las bandas”, “el miedo a ser custodiados por policías corruptos” y “los mensajes mafiosos más feroces y extorsiones”.

En páginas interiores, con la firma del periodista Carlos Claá se menciona que hay fiscales que necesitan ir a terapia, además de contar con custodios, para enfrentar el miedo. La nota abunda en casos conocidos de aprietes a fiscales por parte del mundo del narcotráfico. Describe la muy comentada escena en un juicio oral donde, en plena audiencia y frente a un juez un sicario amenazó a dos fiscales, al tramitarse el juicio contra Nazareno Gauna. Los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone recibieron ese apriete, en diciembre del año pasado.

“En mayo, previo a una audiencia con el líder de Los Monos, hubo un llamado telefónico anónimo de una mujer al 911. ‘Si El Viejo Cantero no sale hoy en libertad, habrá plomo para todos. Fierros y balas nos sobran’, dijo”, cita a Haurigot la publicación al describir otra amenaza. También recuerda que la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero amenazó a Edery, lo que “viniendo de quien viene, era una situación para preocuparse”, según expresó ese fiscal y enumera los mensajes que por otros medios llegaron a manos de los integrantes del MPA.

El gobierno nacional promulgó la ley de fortalecimiento de la Justicia federal de Santa Fe, para aumentar el número de jueces, fiscales y defensores. La iniciativa nació a partir de la grave crisis desatada por el avance del narcotráfico, sobre todo en el sur santafesino, fue impulsada por legisladores nacionales de la provincia de distintos partidos, y se aprobó por unanimidad en el Congreso el 13 de abril.

Este mismo miércoles, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, solicitó por nota al presidente del organismo encargado de la selección de los candidatos a cubrir vacantes judiciales, Horacio Rosatti, que se abran los concursos para 14 cargos.

La aprobación de la ley fue impulsada decididamente por el gobernador Omar Perotti, que participó de la jornada en la que obtuvo media sanción en Diputados, e hizo mención a ella en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, para remarcar el hecho de que todos los diputados y senadores nacionales santafesinos avalaran la iniciativa, sin distinción de filiaciones partidarias.

La norma recién promulgada establece la creación de veintisiete cargos de fiscal federal penal, quince de los cuales tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe. Pero habrá uno además en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde terminan impactando numerosas causas que tienen origen en territorio santafesino. Además, se crean nueve cargos de defensor público oficial federal, de los cuales tres tendrán asiento en la ciudad de Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Entre otros puestos, crea seis cargos de juez penal federal con funciones de Garantía, con asiento en las siguientes ciudades: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Los jueces del Juzgado Federal Nº 3 y Nº 4 de Rosario y el Nº 2 de San Nicolás pasarán a ejercer simultáneamente, sin perder las funciones actuales, las funciones de garantía en la aplicación del Código Procesal Penal Federal.

La ley que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo Nacional establece que los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario actuarán simultáneamente, sin perder las funciones actuales, como jueces con funciones de revisión. Ley de Alcohol Cero El gobierno nacional promulgó también la Ley de Alcohol Cero en las rutas nacionales y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

Después de la aprobación en Diputados y Senadores la normativa comenzó a regir a nivel nacional. La Ley de Tránsito (27.714) reglamentada modifica uno de los artículos de la anterior (Ley 24.449) donde se establecía una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre para conductores de autos. Con respecto a los choferes de las motos y ciclomotores era de 200 miligramos (0,2) y para los de transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.

“Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario”, indica el documento en el Boletín Oficial.

El siguiente paso que buscan aprobar es que la normativa de Alcohol Cero alcance los caminos provinciales en aquellas jurisdicciones donde todavía no hay leyes similares. Hasta la sanción de esta ley de alcance federal, 13 provincias y más de 50 ciudades argentinas ya tenían una normativa de alcohol cero al volante.

Emerio Agretti

La entrada en vigencia del Nuevo Sistema Penal de Santa Fe -febrero de 2014- con el desembarco de la oralidad como puntal y de los fiscales como actores principales, trajo aparejado el nacimiento de la institución que hoy los representa y es la Asociación de Fiscales de Santa Fe.

Recambio de autoridades, equiparación de funciones y régimen disciplinario, son las principales temáticas que, sumadas a la coyuntura de violencia disparada en el sur provincial, atañe a la labor cotidiana del conjunto de funcionarios públicos agrupados en la naciente entidad.

A la cabeza, los fiscales Ana Laura Gioria y Agustín María Nigro, en sus respectivos roles de presidenta y secretario de la asociación, dieron cuenta de sus inquietudes, expectativas y desafíos para el año que corre.

-¿Cuáles fueron las primeras inquietudes para la conformación de la asociación?

-El MPA es una institución relativamente joven, se puso en marcha en febrero de 2014 y su evolución hizo necesario que los fiscales tengamos algún grado de representación, tanto para hablar con las autoridades superiores de la institución como para tener una voz hacia la comunidad.

Hay tres temas de agenda muy presentes, que para nosotros son fundamentales, que están vinculados en primer lugar al régimen disciplinario: hemos hecho expresiones públicas al respecto y participamos en audiencia pública en agosto del año pasado. También la equiparación entre fiscales adjuntos y titulares: hay una actuación judicial en marcha que nuclea a fiscales adjuntos y defensores de toda la provincial. Y un tema muy importante sobre el cual estuvimos trabajando todo el año pasado, refiere al concurso de autoridades superiores: este último adquirió más relevancia porque es inminente la renovación.

Los tres temas que nosotros mencionamos hacen al nombramiento de los funcionarios, cuál es la carrera fiscal que se diseña y cómo tienen que rendir cuentas esos funcionarios. Y lo hicimos en relación con los fiscales de grado, manteniendo conversaciones con la Legislatura y el Ejecutivo y lo hacemos ahora respecto de las autoridades superiores porque creemos que es el momento crucial en la decisión de cuál va a ser el MPA del futuro, por los próximos 6 años.

-¿Qué es lo que esperan que suceda con las nuevas autoridades?

Antes de qué conducción esperamos, nos preocupa cómo elegimos a quienes nos van a conducir. Es tan importante quiénes son las personas a cuál va a ser el proceso. De hecho se armó una comisión conjunta con Rosario. Y obviamente nosotros pensamos en transparencia, capacidad técnica e idoneidad profesional y moral.

Quien emerja como autoridad superior tiene que estar legitimado por quienes integramos el MPA, pero fundamentalmente frente a la sociedad. Son cargos de fundamental trascendencia para la provincia de Santa Fe, por eso no sólo hace falta una persona que sepa, sino que además tenga el coraje necesario para liderar una institución que hoy tiene un rol fundamental. La palabra de ‘coraje institucional’ tiene que ser adecuadamente encarnada.

Pero, cómo hacemos para elegir esas personas. El plan de trabajo tiene que ser evaluado por un jurado, pero tiene que ser conocido por quienes integramos actualmente el MPA y allí radica la preocupaciones que le hicimos ver al Ejecutivo y a los legisladores. El plan de trabajo tiene que decir cuál va a ser el diseño institucional; cuáles son las líneas directrices; cómo se va a atacar el delito de funcionario público y de corrupción, por ejemplo. Hoy el concurso no exige que haya una registración al respecto.

Además tienen que dar cuenta de la historia del MPA. Nosotros ya hemos tenido dificultades en ese aspecto, por lo que a partir de ese diseño, tener en cuenta cuáles son los recurso necesarios. Cuando hay una política pública concreta se pueden asignar los recursos. No se puede pensar una política de persecución criminal sin tener en cuenta los recursos. Y ahí se mecha con la agenda de la asociación y nos preguntamos si somos una cantidad de fiscales suficientes o insuficientes para esa agenda de trabajo.

Quisiéramos que aparezcan personas como resultado de este proceso de selección de este concurso que tengan el coraje suficiente con un plan de trabajo sólido y que ubique al MPA como una institución modelo.

-¿En qué instancia está el reclamo de equiparación?

Existe un reclamo judicial en marcha. Se inició como un recurso de amparo que presentamos la mayoría de fiscales y defensores adjuntos de la provincia, que tuvo sentencia favorable ante la justicia civil de distrito de Santa Fe pero que no se hizo efectivo.

La sentencia no tuvo ejecutoriedad en ese momento, porque la Corte determinó readecuar el trámite hacia un contencioso administrativo. Entonces tuvimos que presentar una nueva demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo; ya se sustanció todo el procedimiento y estamos esperando el fallo, que después tendrá instancias de apelación.

-¿Quién podría no estar de acuerdo con un reclamo que surge legítimo?

No se trata de estar en contra, la Corte juega el rol de ordenador. En la Legislatura el proyecto (de equiparación) tuvo media sanción (en el Senado) y luego en Diputados no avanzó. Todo el mundo dice que sí, que tenemos razón pero no se abre el camino.

No creemos que la limitante sea una cuestión presupuestaria, porque no es relevante en el presupuesto del Poder Judicial y hace al criterio de Justicia: todos sabemos que los fiscales titulares y adjuntos trabajamos en igualdad de condiciones, sufrimos las mismas cosas y tenemos las mismas responsabilidades.

-¿Qué postura tiene la Asoc. respecto de las intimidaciones públicas y privadas a fiscales de toda la provincia?

Todas son inaceptables, pero no es lo mismo hablar de balaceras, sobre todo como ocurre en la zona sur, que algún episodio aislado dentro de una sala de audiencias, donde solicitamos la responsabilidad de los magistrados para poner orden y tratar de evitar manifestaciones inadecuadas o agresiones y así lo hicimos saber.

Otra cosa es cuando los fiscales estamos siendo sometidos a un grado de presión de la criminalidad organizada. Ahí el grado de virulencia y peligro para las personas -porque detrás del funcionario están las familias-, se pone muy preocupante y es un poco la situación de seguridad que atraviesa a Santa Fe.

Nosotros vivimos en la misma ciudad, recorremos los mismos espacios y además estamos expuestos porque hacemos una actividad vinculada a tratar de encarcelar a personas que cometen delitos. Hace falta mejorar todos los aspectos de la seguridad inclusive la que hace a la seguridad de los funcionarios.

En la ciudad de Santa Fe ha habido episodios de violencia vinculados a causas por abusos sexuales en la puerta de tribunales y por eso se ha pedido cambiar el lugar de ingreso al edificio. La verdad que no deja de preocuparnos y ocuparnos todos los días, pero cuando el crimen organizado golpea tu puerta el miedo persona aparece.

-¿Qué postura tienen sobre la exposición mediática?

Hay que conjugar la necesidad de dar publicidad a la actividad del MPA, porque eso hace a la transparencia y porque la gente tiene que conocer lo que el hacemos, pero con el necesario margen de privacidad que merecemos y necesitamos los funcionarios. Una buena práctica es difundir los pasos o hitos procesales que puedan interesar a la sociedad, sin mencionar nombres propios y sin la necesidad de la exposición de la imagen.

Lo trabajamos con la Fiscalía Regional que fue receptiva al planteo, para que el sujeto de esa comunicación pública sea el propio MPA y no la persona. Porque cuando un fiscal es efectivo y logra un éxito procesal en realidad el que triunfa en esa actividad es la propia institución.

Y cuando hay dificultades también, más allá de las rendiciones de cuentas individuales de cada uno, entendemos que quien debe capitalizar el reconocimiento es el MPA en su conjunto y de esa manera tiene que ser diseñada la actividad.

Comisión Directiva

La Asociación de Fiscales de Santa Fe la conforman: Ana Laura Gioria (presidenta); Agustín Nigro (secretario); Barbara Ilera (Órgano de Rendición de Cuentas); Marcelo Fontana (Órgano de Rendición de Cuentas); Jorgelina Moser Ferro (tesorera); Gabriela Arri, Alejandro Benítez, Roberto Apullán y Gonzalo Iglesias (vocales).

41 fiscales

Son los que ejercen actualmente sus funciones como titulares y adjuntos en la Primera Circunscripción Judicial que comprende a las ciudades de Santa Fe y zona metropolitana, San Jorge, San Javier, San Justo, Esperanza y Coronda.

En la provincia de Santa Fe hay dos asociaciones de fiscales que se desempeñan en el marco del Ministerio Público de a Acusación (MPA) y se encuentran en los dos polos urbanos más grandes: Santa Fe y Rosario.

“Tenemos la aspiración de que se incorporen los colegas de Rafaela y Reconquista. Dejamos abierta esa posibilidad pero nunca la formalizamos”, señaló la Dra. Ana Laura Gioria, que se desempeña en la Unidad Fiscal de Homicidios de Santa Fe y preside la asociación local.

“La idea durante todo el 2022 fue tejer esos lazos”, amplió el fiscal Agustín María Nigro (Oficina de Delitos Informáticos), quien actualmente es secretario de la joven institución. “Hemos hablado bastante con nuestros pares de Rafaela y avanzado en diálogo con la asociación de Rosario. Hay mucha agenda en común, y más allá de las diferencias territoriales y la idiosincrasia, el grueso de los temas atañen al conjunto de los fiscales de la provincia”, apuntó.

“La historia es relativamente corta”, recordó Gioria. En la primera circunscripción “empezó a conformarla el fiscal Estanislao Giavedoni” tras la puesta en marcha del nuevo sistema en 2014; “luego a partir de octubre de 2021 se hizo un proceso de normalización y se conformó una nueva comisión directiva por unanimidad de quienes participamos”.

“La adhesión es voluntaria, no está el 100 % de los colegas adheridos” pero “actualmente la mayoría se encuentra asociada”, informaron.

El fiscal Matías Merlo proporcionó más detalles sobre la investigación que se encuentra llevando a cabo el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de las amenazas que recibieron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico; y la fiscal de Melincué Susana Pepino. Cabe recordar que hay una persona imputada por este hecho y con prisión preventiva sin plazo.

“La investigación se inicia el 4 de enero a raíz de una denuncia realizada por el intendente venadense, por un video y mensajes de texto que le hacen llegar a través de una tercera persona, donde se expresa, palabras más palabras menos, que dejen de meter a personas inocentes presas, que se dejen de joder con los pibes y que los iban a hacer boleta. Estas manifestaciones estaban dirigidas tanto a Chiarella como a Enrico y la fiscal Pepino”, comentó Matías Merlo, resaltando que el caso continuará a cargo del fiscal Damián Casullo.

Asimismo, contó que “pudimos descubrir que el mensaje salió de un teléfono propiedad de una personas a la cual la tenemos vinculada e investigada de participar de una organización narcocriminal en Venado Tuerto”, añadiendo que rápidamente pudieron relacionar el contexto de la amenaza con una investigación que está desarrollando la fiscal Pepino por el homicidio de Érica Ávalos, que se registró el 28 de diciembre en la ciudad de Firmat, cuando recibió 17 disparos de armas de fuego. A su vez, hay otras cusas por extorsión.

Un detenido por amenazar al intendente Chiarella, al senador Enrico y a la fiscal Pepino

“La persona que mandó a ejecutar a Érica Ávalos y que está detrás de las extorsiones, había sido denunciada en Venado Tuerto por venta de estupefaciente”, exclamó, señalando que “sería la misma que ideó estas amenazas”, haciendo referencia a Matías A. quien está preso en una cárcel federal en Rawson (Chubut) por una causas de narcotráfico.

Merlo además informó que el día domingo, el fiscal Casullo solicitó una serie de allanamientos para detener a la persona identificada como la autora de las amenazas a Chiarella, Enrico y Pepino. “Nosotros ya lo habíamos detenido en el mes de agosto por un hecho de robo calificado en Firmat. Allí también se logró determinar que había sido enviada, por un tercero, a cometer este ilícito por cuestiones vinculadas al narcotráfico, siendo remitida la información a la Justicia Federa. A su vez, a través de un trabajo que realizamos, pudimos demostrar a que grupo criminal pertenece esta persona”.

En la audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas, se lo imputó por Amenazas calificadas y Amenazas graves por ser anónimas, y se le impuso prisión preventiva sin plazo.

“En este marco se dispuso una serie de medidas de seguridad tanto para Chiarella como para Enrico y Pepino, ya que estamos frente a un hecho grave por el contexto, luego de un homicidio en Firmat, además de extorsiones, abusos de armas de fuego y una tentativa de homicidio que se dio en el mes de noviembre en la misma ciudad de Firmat”, enfatizó. Y añadió: “Recién se están dando los primeros pasos de la investigación y un punto importante es saber si hay más personas vinculadas a estas amenazas”.

Repudio de la UCR General López a las amenazas a Enrico, Chiarella y Pepino

Por otro lado, el fiscal Merlo sostuvo indicó que hay otros hechos que se están investigando, como la brutal balacera contra una vivienda de Venado Tuerto, ubicada en Francia al 1800, que dentro de las hipótesis que se manejan está incluida esta banda.

A días de la audiencia imputativa del 29 de noviembre, un audio confirma la estrecha relación del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, con los fiscales Matías Eddery y Luis Schiappa Pietra. Se trata de un mensaje enviado a sus ya por entonces ex colaboradores de esa cartera, que aún estaban en funciones con otro ministro (Jorge Lagna), y que está rotulado como una comunicación a esos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. “Audio mío a los fiscales (reservado)”, dice la captura de pantalla del envío a sus ex subordinados Nadia Shujmann y Germán Montenegro.

Allí supuestamente el ya depuesto funcionario de la Casa Gris da consejos a ambos fiscales por el caso contra el senador por San Lorenzo Armando Traferri (PJ-NES) y palabras más, palabras menos, les indica que lo que hasta ahora han mostrado públicamente o han hecho trascender era poco. Que no alcanzaba, al menos para la consideración pública “y la prensa”.

Puede colegirse por las palabras del por entonces solo jefe del Organismo de Investigaciones del MPA (ya había sido desplazado por Omar Perotti del ministerio) que el audio es de marzo de 2021. Y les habla a Eddery y Schiappa Pietra del evidente estancamiento de la causa, tras la negativa del Senado a quitarle los fueros al presidente del bloque Juan Domingo Perón y de la Justicia en todas sus instancias -incluso la Corte- respecto de la constitucionalidad del Código Procesal Penal que ordena archivar el expediente tras la decisión de los senadores.

Sain incluso usa una comparación para exponerles qué piensa de cómo van las cosas, en un tono de particular respeto, pero también de confianza: “Creo que ustedes deberían revisar eso (‘la estrategia de la construcción del caso’, según el propio Sain) porque si pretenden descubrir quién mató a Kennedy van a tener un problema y vamos a tener todos el problema. Se los digo con franqueza”.

La escucha fue difundida por el portal Sin Mordaza, que indica que el audio es del 24 de marzo del 2022 a las 12 hs, “6 días después de su renuncia como ministro de Seguridad”. Aún sin ese detalle, todo indica que la escucha es parte del material con que cuenta la fiscalía sobre los perfilamientos y las persecuciones (así como la idea de armar causas judiciales) contra periodistas, empresarios y dirigentes políticos hechos durante la gestión Sain, desde la Casa Gris.

Desde hace semanas, es conocida la existencia de más de dos terabytes de material secuestrado en la llamada causa por espionaje, y a unos pocos días de la imputativa se confirma que era un vínculo estrecho el del ex ministro y los fiscales que acusaron a Traferri, pero no obtuvieron el visto bueno del Senado para imputarlo.

La relación entre un alto funcionario del Poder Ejecutivo y los dos integrantes del MPA, que pertenece al Poder Judicial, es conocida pero no ha había pruebas al respecto. En la audiencia que los senadores les concedieron a los fiscales Eddery y Schiappa Pietra antes de votar en contra de su pedido, cuando ambos intentaron probar ante los integrantes del cuerpo que contaban con pruebas para imputar al legislador, quedó claro en un momento de descanso -por lo que se hablaba en los pasillos- que ambos se habían reunido con Sain. Y ese elemento fue una y otra vez mencionado por Traferri en cada una de sus diatribas desde su banca contra sus acusadores.

Este jueves 24 está convocada la Asamblea Legislativa que entre 82 pliegos debe tratar el de Eddery, quien ha concursado para ser fiscal titular. Hoy es fiscal adjunto. Fue impugnado formalmente por un ex comisario retirado, Ernesto Andriozzi, quien sostiene que su nombre fue agregado por los fiscales en la transcripción de una declaración de un imputado judicial para así poder allanar su domicilio y la oficina de su hija, abogada en este último caso -a su entender- sin orden judicial.

Por otra parte, cabe recordar que a fines de julio pasado la Comisión de Acuerdos decidió por 6 votos a 2 archivar la denuncia que Traferri había presentado contra ambos fiscales.

“(…) Lo que digo es sigan investigando; profundicen la investigación. Yo les reitero algo: entre diciembre (2020) y ahora, pese a todo lo que tienen en relación a la estructura de lavado de dinero de Peiti, la mujer de él, y compañía, no se produjo nada, públicamente hablando. Por lo cual, para la política y para la prensa no hay más. Ahí deberían revisar ustedes la estrategia de la construcción del caso. Con franqueza lo digo, de compañero. Yo ahora estoy afuera del cargo, ya no tengo más. Respeto la labor de ustedes. Ustedes manejan los tiempos de fiscales. Yo les hago la lectura desde la política. Y, particularmente, cómo en realidad Traferri, compañía y sus socios socialistas y radicales, usan ese vacío público en contra de todos nosotros. Creo que ustedes deberían revisar eso, porque si pretenden descubrir quién mató a Kennedy van a tener un problema y lo vamos a tener todos al problema. Se los digo con franqueza”, dice el ya ex ministro de Seguridad que, para entonces solo contaba con el cargo de titular de la OI en el MPA, del que fue destituido el 4 de noviembre de 2021 por muy amplia mayoría: votaron por la afirmativa 12 senadores y 38 diputados, mientras que por la negativa lo hicieron 4 y 9, respectivamente.

Solo veinte días después el depuesto por mal desempeño en sus funciones, según la acusación formulada por el senador Lisandro Enrico (General López), hoy jefe del bloque de la UCR, Sain fue nombrado como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández. En ese cargo se mantuvo hasta su renuncia, que entró en vigor el 27 de octubre de este año.

“Desde el bloque de diputados y diputadas socialistas de la provincia de Santa Fe reafirmamos nuestro histórico compromiso con la transparencia y calidad institucional, y los concursos públicos que pusimos en marcha durante nuestros gobiernos provinciales y locales.

Por tal motivo, negamos rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo y repudiamos cualquier intento político de asociar a nuestro partido con algún tipo de maniobras para designar jueces y fiscales que no sea según los mecanismos establecidos.

Desde que llegamos al gobierno de la provincia en 2007, apelamos a transparentar los concursos públicos y a elegir funcionarios judiciales y de cualquier índole por su idoneidad y aptitud, y desde nuestro lugar de oposición es lo que le hemos reclamado siempre al gobierno provincial y seguiremos haciendo en esta oportunidad.

El Poder Ejecutivo, como responsable del proceso de selección, arma las ternas y eleva nombres al Poder Legislativo para su aprobación o rechazo en virtud de un examen, de antecedentes y de una entrevista. La Legislatura es la que luego evalúa ese proceso y da acuerdo o no a esos pliegos.

Desde el Socialismo evaluaremos responsablemente cada uno de esos pliegos y solo prestaremos acuerdo para aquellos que respeten la legalidad y cuyos postulantes sean idóneos para el cargo propuesto.

De la misma manera exigiremos transparencia en la designación de todos los cargos judiciales y seguiremos exigiendo ejemplaridad en el proceso de concurso de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincia de la Defensa Penal (SPPDP), apelando a la total independencia del jurado y a la citación de los ministros y funcionarios a cargo.

Por todo lo antes expresado, nos llama la atención que algunos sectores de la política dirijan las críticas al Socialismo, ensucien con nombres propios a personas sin mostrar pruebas, como si nuestro partido hoy fuera gobierno y como si esos pliegos estuvieran aprobados.

No vamos a permitir ni a tolerar falsas acusaciones, extorsiones ni aprietes públicos propios de una forma de hacer política que no compartimos ni aceptamos”.

Ni impasse, ni paralización, ni freno. Pese a las observaciones diversas y dudas generadas en torno del concurso para renovar autoridades en el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, Celia Arena defendió la transparencia del proceso y ratificó su continuidad. Como ministra de Gobierno, quedó al frente del procedimiento – junto al Fiscal de Estado- después de que uno de los audios difundidos en el marco de la causa sobre presunto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain, comprometiese al actual secretario de Justicia.

Gabriel Somaglia es también quien preside el Consejo de la Magistratura y, tras aquella difusión, se excusó de seguir interviniendo en este concurso en particular y el Poder Ejecutivo convalidó el corrimiento. En las últimas horas, otro elemento volvió a sumar volumen a la polémica. Uno de los integrantes del cuerpo evaluador – Arsenio Domínguez- fijó domicilio legal en el estudio jurídico de Somaglia. El hecho no constituye una incompatibilidad, pero la desprolijidad terminó forzando la renuncia del profesional al jurado – es el noveno que da un paso al costado, entre dimisiones y excusaciones-, y enardeció la discusión política en torno de un proceso que generó controversias desde su origen.

Para aplacarlas, y para frenar una posible interpelación en la Cámara de Diputados a los funcionarios que ahora pilotean el proceso, el oficialismo convocó a la oposición. Funcionarios y jefes de bloques se reunirán el 18 de octubre próximo para intentar zanjar dudas y sospechas. No habrá definiciones administrativas mientras tanto, pero tampoco el proceso se detendrá.

Así lo expresó en diálogo con El Litoral, la ministra Celia Arena. “Ratificamos la continuidad del proceso y hay un fuerte compromiso no sólo nuestro, sino también de todos los postulantes que se han inscripto”, aseveró.

En tal sentido, destacó que la gran mayoría de inscriptos – 93 sobre 112- presentó sus planes de trabajo en el plazo previsto. “Por lo tanto – sostuvo-, muchos de los cuestionamientos que vinieron de algunos sectores de la oposición, no fueron vividos por los propios interesados. Así que seguimos adelante.

– ¿En qué instancia se encuentran hoy los concursos?

– En este momento estamos evaluando las renuncias y excusaciones de los integrantes del jurado, evaluando cómo queda a la vez la admisibilidad de cada una de las personas que se inscribieron para saber si cumplen o no con los datos formales. Respecto de los planes de trabajo, es importante decir que son anónimos; eso tiene un código que se revela el día de la entrevista. Allí, cada concursante define su plan y se profundiza en esa línea. Pero reitero, 96 sobre 112 demuestra un compromiso. Respecto de la transparencia, todo está ajustado a la normativa existente y hay una decisión de avanzar en profundizar esa transparencia. Por eso el gobernador tomó la decisión cuando se puso en marcha este concurso de que todas las entrevistas fuesen transmitidas en directo para que las personas que quisiesen participar, pudieran hacerlo. Todos los que quieran ser veedores este proceso, podrán serlo.

– ¿Cuándo serán esas entrevistas?

– No hay plazos estipulados. La fecha de cambio de autoridades es en abril de 2023, pero nuestra idea es poder avanzar en los próximos meses para tener el proceso terminado.

– ¿No se piensa, como lo está sugiriendo la oposición, en constituir un nuevo cuerpo evaluador a partir de las vacantes que se produjeron?

– No, por eso justamente se sortean titulares y suplentes. La decisión es continuar con este jurado y evaluar las excusaciones y renuncias; se cubrirán las vacantes con los suplentes y eventualmente se tomarán las medidas necesarias (un nuevo sorteo, por ejemplo), para completar los lugares que hagan falta.

– ¿Los postulantes no pueden objetar que se cambió ese jurado ‘a mitad de camino’?

– No, porque en realidad sí hay un período de tres días después de que los nuevos nombres se publican para efectuar las eventuales recusaciones u objeción.

– ¿Somaglia seguirá estando a cargo de los demás concursos que se tramitan en el Consejo de la Magistratura?

– Sí, sólo se ha excusado y así se le ha aceptado, para no participar de este concurso que pretende renovar autoridades en el MPA y MPD. Estamos a cargo el Fiscal de Estado y yo. En el resto de las cuestiones sigue funcionando todo de la misma manera. Claramente hay una decisión respecto de este concurso en marcha de poder trabajar particularmente, no sólo con la transparencia que mencionaba, sino con un diálogo permanente hacia todos los involucrados porque pensemos que es un concurso que se hace cada seis años y con las autoridades que estarán a cargo de la política de persecución penal de los próximos años. Están todos los esfuerzos puestos allí.

– Habla de diálogo entre todos los sectores y hay una oposición que objeta el concurso y que deberá aportar los votos cuando deban aprobarse los pliegos. ¿Se dialoga con ellos?

– Sí, por supuesto. El diálogo está presente siempre, más allá de las expresiones que plantean diferencias, sobre todo, a través de los medios.