El juicio oral desarrollado en los tribunales de Melincué contra L. A. V. concluyó este jueves con una condena a 14 años de prisión de cumplimiento efectivo por hechos de abuso sexual cometidos contra su hijo cuando era menor de edad.

La resolución fue conocida luego del debate en el que intervino el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 8, quien sostuvo la acusación durante el proceso y en sus alegatos había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva.

La condena

El tribunal declaró a L. A. V. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser ascendiente de la víctima, y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con el menor de 18 años, reiterado en una cantidad indeterminada de oportunidades.

A partir de esa calificación, los jueces fijaron una pena de 14 años de prisión de ejecución efectiva, además de las accesorias legales y las costas correspondientes.

El fallo también establece que, oportunamente, se deberá proceder al encarcelamiento ordinario del condenado en una unidad penitenciaria provincial, donde quedará a disposición del Colegio de Jueces correspondiente y deberá recibir el tratamiento progresivo de resocialización previsto por la normativa vigente.

La acusación sostenida por Cochero

Durante el juicio, el fiscal Julián Cochero sostuvo que los abusos comenzaron cuando la víctima era menor de edad y convivía con sus padres en Rosario. Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su hijo para someterlo sexualmente.

La acusación planteó que posteriormente la familia se trasladó a Bombal y que los episodios denunciados continuaron durante un período prolongado. Sobre esa base, Cochero llevó el caso a juicio y reclamó una condena de 16 años de prisión efectiva.

Al fundamentar su pedido, el representante del Ministerio Público de la Acusación tuvo en cuenta el vínculo existente entre el acusado y la víctima, la reiteración de las conductas y las consecuencias psicológicas atribuidas a los hechos.

Parte de los hechos fueron declarados prescriptos

El tribunal hizo lugar parcialmente a un planteo de la defensa y declaró prescriptos los hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado atribuidos entre los años 2005 y 2007. Como consecuencia de esa decisión, dispuso el sobreseimiento de L. A. V. respecto de esos episodios.

También fue declarado prescripto el hecho atribuido como amenazas agravadas. Se trataba de un episodio que la Fiscalía había situado en febrero de 2019 en Bombal, cuando, de acuerdo con la acusación, la víctima manifestó que revelaría los abusos sufridos.

Estas decisiones no alcanzaron a los restantes hechos que llegaron al debate y por los cuales finalmente se estableció la responsabilidad penal del acusado.

El cierre del proceso en Melincué

Además de la pena de prisión, la sentencia dispone que, una vez firme, se realicen los exámenes destinados a obtener la identificación genética del condenado y su posterior inscripción en el registro correspondiente.

El tribunal también ordenó comunicar distintas medidas derivadas de la sentencia a los registros correspondientes y dispuso expresamente que la resolución sea notificada a la víctima.

Este jueves se conocerá el veredicto en el juicio oral que tiene como acusado a Leonardo Adrián V. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas. El proceso se desarrolla en los tribunales de Melincué y llega a su instancia de resolución luego de la presentación de los alegatos.

La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, quien solicitó al tribunal que el imputado sea condenado a 16 años de prisión efectiva. El pedido fue formulado al finalizar la etapa de producción de pruebas y luego de que durante las audiencias se expusieran los distintos elementos incorporados a la causa.

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos habrían comenzado cuando la víctima era menor de edad y residía junto a su familia en la ciudad de Rosario. Los hechos, según la hipótesis presentada ante el tribunal, se habrían mantenido durante un período prolongado.

Posteriormente, la familia se trasladó a la localidad de Bombal. La Fiscalía sostiene que, pese al cambio de residencia, las situaciones denunciadas continuaron, motivo por el cual Cochero planteó durante el debate la existencia de una reiteración de los hechos.

Dentro de la causa también fue incorporado un episodio ocurrido en febrero de 2019. Según la acusación, en esa oportunidad el imputado habría amenazado de muerte a la víctima utilizando un cuchillo, luego de que esta manifestara su intención de contar lo que estaba sucediendo.

Expectativa

A partir de los hechos expuestos durante el debate, el representante del Ministerio Público de la Acusación atribuyó a Leonardo Adrián V. los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas, encuadre legal sobre el cual formuló su pedido de condena.

Durante el juicio fueron analizadas las pruebas reunidas en la causa y escuchadas las distintas intervenciones previstas en el proceso oral. Concluida esa etapa y presentadas las posiciones de la acusación y la defensa, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto por el tribunal.

La causa tuvo su origen a partir de la denuncia de los hechos y posteriormente avanzó a través de las distintas etapas del proceso penal hasta llegar al debate oral. Allí se incorporaron los elementos que ahora deberán ser evaluados por los jueces para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El juicio oral llevado adelante en los tribunales de Melincué llegó a su etapa final y la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijo durante un prolongado período. Los hechos investigados habrían ocurrido primero en Rosario y luego en la localidad santafesina de Bombal.

El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N° 8, quien intervino en el debate contra Leonardo Adrián V., acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y de amenazas.

La acusación contra el hombre

De acuerdo con la acusación fiscal, los abusos habrían comenzado cuando la víctima era menor de edad y convivía con sus padres en la ciudad de Rosario.

La Fiscalía sostuvo que el acusado aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con su hijo para someterlo sexualmente. La situación, según la investigación, se habría reiterado durante años.

Posteriormente, cuando la familia se trasladó a Bombal, en el departamento Constitución, los episodios denunciados habrían continuado.

La acusación sostiene que las agresiones se produjeron en un contexto de amenazas y sometimiento, una circunstancia que fue considerada por el Ministerio Público de la Acusación al momento de fundamentar el pedido de pena.

Una amenaza con un cuchillo

Entre los hechos incluidos en la acusación también figura un episodio ocurrido en febrero de 2019 en Bombal.

Según la Fiscalía, cuando la víctima manifestó su intención de contar los abusos que había padecido, el acusado habría tomado un cuchillo, se lo habría colocado en el cuello y lo habría amenazado de muerte.

El episodio fue incorporado al proceso judicial como parte de las amenazas atribuidas al imputado.

El pedido de la Fiscalía

Al momento de los alegatos, el fiscal Julián Cochero solicitó que Leonardo Adrián V. sea condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para fundamentar el monto de la pena, la acusación tuvo en cuenta las pautas contempladas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, además del vínculo entre el acusado y la víctima, la prolongación de los hechos investigados y las consecuencias psicológicas que, según la Fiscalía, produjo la situación denunciada.

El Ministerio Público de la Acusación remarcó especialmente que los hechos habrían ocurrido durante un extenso período y dentro de una relación familiar y de convivencia.

Vecinos de la localidad de Chovet participaron de una charla de prevención sobre estafas virtuales que se realizó en el Centro de Jubilados, con la presencia del fiscal regional Mauricio Clavero y los fiscales Damián Casullo y Julián Cochero. Durante el encuentro, organizado por el Gobierno local, los especialistas explicaron las nuevas modalidades utilizadas por los delincuentes, brindaron recomendaciones para proteger datos personales y respondieron consultas de los asistentes sobre situaciones concretas.

El presidente comunal Mauricio Lucic valoró la convocatoria y remarcó la importancia de generar espacios de información frente al crecimiento de este tipo de delitos.

“El objetivo es prevenir, estar atentos, estar alertas, ante posibles estafas virtuales a las que todos estamos expuestos”, señaló Lucic, quien además expresó su satisfacción por la cantidad de personas que participaron.

Nuevas modalidades de engaño

Durante el encuentro, los funcionarios judiciales detallaron cuáles son las estrategias más frecuentes utilizadas por los estafadores y brindaron consejos para proteger datos personales, cuentas bancarias y dispositivos electrónicos.

Mauricio Clavero destacó el interés de los vecinos y la importancia de acercar información clara a la comunidad.

“Estamos muy contentos por la cantidad de vecinos que se acercaron, interesados en saber sobre este tipo de delitos que nos afectan a lo largo y ancho del país”, explicó el fiscal regional.

Los asistentes pudieron realizar preguntas, compartir experiencias y plantear situaciones particulares relacionadas con posibles intentos de fraude.

Recomendaciones

Durante la charla, los fiscales explicaron que los delincuentes modifican constantemente sus estrategias y utilizan distintos métodos para engañar a las personas, como llamadas telefónicas, mensajes, accesos falsos a plataformas digitales y otras técnicas conocidas como el “cuento del tío”.

Clavero explicó que se brindaron herramientas para reconocer señales de alerta y actuar correctamente frente a una posible situación de riesgo.

“En todas las situaciones pudimos evacuar consultas, además de contarles lo que están haciendo actualmente los delincuentes para estafar a quienes habitamos el sur de la provincia”, sostuvo.

Además, remarcó la importancia de prestar atención al uso cotidiano de los dispositivos electrónicos y evitar compartir información sensible con desconocidos.

Al finalizar la jornada, los representantes del Ministerio Público de la Acusación agradecieron la invitación de la comuna y destacaron el compromiso de los vecinos.

Clavero aseguró que este tipo de encuentros continuarán debido a que las modalidades delictivas cambian constantemente.

“El año que viene regresaremos, porque las modalidades del ‘cuento del tío’ que usan los estafadores van cambiando. Y si podemos salvar a una persona de ser víctima de un delito como estos, estamos muy satisfechos”, concluyó.

Ramón del Valle Aguilera acordó un procedimiento abreviado por dos robos cometidos el mismo día en Carreras y Villa Cañás. Uno de los hechos fue el de una motocicleta Honda Wave sustraída en Carreras, cuyo recorrido pudo ser reconstruido a través del sistema de videovigilancia comunal hasta que el sospechoso fue localizado y demorado en Alcorta.

El acuerdo fue presentado ante la Justicia por el fiscal Julián Cochero, de la Unidad Fiscal de Melincué, y la defensora pública Gisela Figuera. Las partes solicitaron unificar las dos causas y acordaron los hechos atribuidos, su calificación legal, la pena y su modalidad de cumplimiento.

El robo en Carreras y el seguimiento por las cámaras

El primero de los hechos ocurrió el 26 de mayo de 2026, entre las 13.15 y las 14.30, frente a una vivienda de calle Carreras 289. Según la acusación, Aguilera sustrajo una Honda Wave 110 cc negra que había quedado estacionada sobre la vereda con la llave colocada. Luego se retiró conduciendo el rodado en dirección a Alcorta.

Tras la denuncia, personal de la Subcomisaría 1ª de Carreras inició un operativo cerrojo y pidió colaboración a dependencias policiales de localidades vecinas. Una parte central de la investigación fue el acceso al sistema de videovigilancia comunal.

Según consta en el expediente, la Policía se comunicó con el presidente comunal Armando De Nenne para acceder al centro de monitoreo y posteriormente intervino Mauro Gianotto, encargado del sector. A través de una cámara ubicada en el arco de acceso pudieron observar una motocicleta con características similares a la denunciada que tomó la ruta provincial 90 en dirección a Alcorta.

La información fue compartida con la Policía de Alcorta y, alrededor de las 16.26, desde esa localidad informaron que habían demorado a un hombre cuyas características y vestimenta coincidían con las observadas en las imágenes y que circulaba en una motocicleta idéntica a la buscada.

Otro robo el mismo día en Villa Cañás

La causa incluye un segundo hecho ocurrido durante la mañana de aquel 26 de mayo en Villa Cañás. La Fiscalía le atribuyó a Aguilera la sustracción de una bicicleta Nordic rodado 29 que se encontraba apoyada frente a una vivienda de calle 57 al 700, sin medidas de seguridad.

También en este caso fueron utilizadas cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos del sospechoso. Los dos expedientes terminaron incluidos en el mismo acuerdo judicial.

Un año de prisión efectiva

Fiscalía y Defensa acordaron calificar los hechos como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública o lugares de acceso público.

Como parte del procedimiento abreviado, el fiscal Cochero solicitó para Ramón del Valle Aguilera una pena de un año de prisión de ejecución efectiva. El imputado prestó su conformidad de manera libre y voluntaria junto con su defensora.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar el acuerdo presentado por las partes y resolver sobre su admisibilidad.

Con el objetivo de brindar herramientas de prevención y advertir sobre maniobras cada vez más frecuentes, se desarrolló en Wheelwright una charla sobre estafas dirigida a la comunidad.

La exposición estuvo a cargo del fiscal regional Mauricio Clavero, acompañado por Mauro Menéndez, fiscal de Rufino; Julián Cochero, de Melincué; y Damián Casullo, de Venado Tuerto.

Durante el encuentro se analizaron diferentes mecanismos utilizados para intentar engañar a las personas mediante teléfonos celulares y líneas fijas, así como nuevas modalidades vinculadas con herramientas digitales.

Llamadas, códigos QR y falsos organismos

Uno de los ejes de la jornada estuvo puesto en la variedad de estrategias utilizadas por quienes llevan adelante este tipo de maniobras.

Entre los casos abordados se mencionaron las llamadas telefónicas fraudulentas y los engaños realizados a través de celulares, además de maniobras relacionadas con códigos QR utilizados en comercios o supuestas multas.

También se hizo referencia a comunicaciones que simulan provenir de organismos o servicios reconocidos, como PAMI, ANSES y otras dependencias públicas, además de plataformas comerciales como Mercado Libre.

Estas modalidades buscan aprovechar la confianza de las víctimas y, en muchos casos, la apariencia de legitimidad de una llamada, mensaje o comunicación digital.

Herramienta de prevención

La propuesta organizada por la Comuna apuntó principalmente a fortalecer la prevención y ayudar a los vecinos a identificar situaciones sospechosas antes de avanzar con una operación, responder una comunicación o proporcionar información.

La presencia de representantes del Ministerio Público de la Acusación permitió abordar la problemática desde la experiencia acumulada en distintas localidades del departamento General López.

La prevención de las estafas virtuales y telefónicas viene ganando espacio en la región ante la aparición de nuevas formas de engaño y la utilización de canales cotidianos de comunicación para intentar captar víctimas.

Concientización en Wheelwright

La jornada dejó como eje central la importancia de estar informados frente a mecanismos que cambian permanentemente y pueden presentarse mediante una llamada, un mensaje, un código QR o una comunicación aparentemente vinculada con una institución conocida.

La iniciativa permitió acercar a la comunidad información sobre las características de estas maniobras y reforzar la prevención como una de las principales herramientas para reducir las posibilidades de ser engañado.

La Fiscalía de Melincué solicitó una pena de dos años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia para un hombre acusado de sustraer una consola de videojuegos de una vivienda de Hughes. Al día siguiente del presunto hurto, habría escapado de la dependencia policial, ingresado a una casa ajena y lesionado a una agente durante el procedimiento de detención.

El pedido fue formulado por el fiscal Julián Cochero en la requisitoria de acusación presentada contra Axel Matías M., de 29 años y domiciliado en la localidad de Hughes.

La presentación da por concluida la etapa de Investigación Penal Preparatoria y sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y procurar una sentencia condenatoria.

Robo en una vivienda

El primero de los hechos investigados habría ocurrido durante la mañana del 21 de abril de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Héctor Pernigotti, en Hughes.

Según la acusación, el imputado sustrajo una consola PlayStation 4 que se encontraba en el comedor y era utilizada por los hijos de la propietaria.

La mujer advirtió el faltante alrededor de las 12:45, cuando regresó de trabajar. Luego de consultar con vecinos, se dirigió a un comercio dedicado a la venta de productos tecnológicos y encontró la consola sobre el mostrador.

La víctima reconoció el equipo como propio y el comerciante se lo devolvió. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el acusado habría dejado la PlayStation en el negocio con la intención de permutarla por un teléfono celular.

La fuga de la sede policial

El segundo episodio se produjo el 22 de abril, cuando el sospechoso se encontraba en la Comisaría de Hughes y fue notificado de su detención.

La Fiscalía sostiene que el hombre empujó a una inspectora y escapó hacia la vía pública. A partir de ese momento comenzó una persecución por distintas calles de la localidad.

Durante la huida, habría ingresado sin autorización a una vivienda situada sobre calle Ameghino. Los efectivos lo localizaron posteriormente dentro de una de las habitaciones.

El acusado desobedeció la voz de alto y se resistió violentamente al arresto.

En medio del procedimiento, habría golpeado en el rostro a una oficial y forcejeado con ella para evitar ser reducido. La agente sufrió lesiones en ambos brazos, consideradas de carácter leve.

La acusación también señala que el imputado opuso resistencia hasta que finalmente pudo ser

 aprehendido por el personal policial.

Los delitos atribuidos y la pena solicitada

El fiscal Cochero atribuyó al acusado la autoría de los delitos de hurto simple, desobediencia y resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas, todos en concurso real.

En función de esos cargos y de los antecedentes, el representante del Ministerio Público de la Acusación pidió que se le imponga una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

También solicitó que sea declarado reincidente.

Diego de Alvear fue sede de un encuentro orientado a la prevención de estafas telefónicas y digitales, con la participación de referentes del Ministerio Público de la Acusación que llegaron a la localidad para compartir conocimientos, advertencias y recomendaciones con los vecinos.

La actividad, organizada por la Comuna, contó con la presencia de Mauricio Clavero, Fiscal Regional; Damián Cassullo, fiscal del MPA Venado Tuerto; Mauro Menéndez, fiscal del MPA Rufino; y Julián Cochero, fiscal del MPA Melincué. El objetivo central fue brindar información útil para detectar maniobras de engaño, evitar el robo de datos personales y actuar a tiempo ante situaciones sospechosas.

La prevención como herramienta

Bajo la consigna “Prevenir es el camino”, el encuentro puso el foco en una idea clave: la seguridad no depende únicamente de la respuesta judicial o policial posterior al delito, sino también de la capacidad de la comunidad para reconocer señales de alerta antes de caer en una estafa.

Las modalidades de engaño suelen incluir llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp, enlaces falsos, supuestas promociones, falsas gestiones bancarias, pedidos urgentes de dinero o intentos de obtener claves personales. Por eso, uno de los ejes de la charla fue remarcar la importancia de no compartir contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios ni información sensible por teléfono o redes sociales.

Fiscales en territorio

La presencia de fiscales en Diego de Alvear fue valorada por las autoridades locales, que destacaron la importancia de acercar la Justicia al territorio y promover espacios de diálogo directo con la comunidad.

Desde la Comuna agradecieron a los integrantes del MPA por su participación y por poner a disposición de los vecinos su experiencia en la investigación de este tipo de delitos. La actividad permitió despejar dudas, conocer cómo operan los estafadores y reforzar la necesidad de denunciar cualquier intento de fraude.

Cómo actuar ante una sospecha

Ante un llamado o mensaje sospechoso, los especialistas recomiendan cortar la comunicación, no responder enlaces desconocidos, verificar la información por canales oficiales y consultar con familiares, entidades bancarias o autoridades antes de realizar cualquier operación.

También es fundamental realizar la denuncia correspondiente cuando una persona fue víctima o estuvo cerca de serlo. Cada caso puede aportar información valiosa para detectar patrones, identificar responsables y prevenir nuevos hechos.

Un hombre oriundo de Bombal recuperó parte del dinero que le fue sustraído en una estafa virtual cometida en septiembre de 2025. En el marco de la causa, una mujer domiciliada en Boulogne fue imputada por haber recibido transferencias en dólares en una cuenta bancaria de su titularidad. La acusada negó formar parte de la maniobra y sostuvo que también fue víctima del hecho.

La maniobra investigada

La investigación se tramita en la Unidad Fiscal de Melincué, a cargo del fiscal Julián Cochero. Según la atribución fiscal, entre el 6 y el 7 de septiembre de 2025 un grupo de personas habría accedido de manera ilegítima y sin autorización a la cuenta bancaria de un hombre oriundo de Bombal.

A partir de ese ingreso, se habrían realizado distintas transferencias que provocaron un perjuicio económico de 2.621.755 de pesos y 17.100 dólares.

La acusación alcanza, en principio, a cuatro personas: Román Jesús R., Lucas Antonio A. I., Luca Arian Z. y María Lorena R. H., esta última domiciliada en la localidad bonaerense de Boulogne.

Dos transferencias en dólares

De acuerdo con la imputación, parte del dinero sustraído fue derivado a una cuenta bancaria en dólares perteneciente a María Lorena R. H.

La fiscalía le atribuyó haber recibido dos transferencias de 6.000 dólares cada una, efectuadas los días 6 y 7 de septiembre de 2025. En total, la suma ingresada a esa cuenta habría ascendido a 12.000 dólares.

Tras el congelamiento de fondos dispuesto en el marco de la causa, durante una audiencia se restituyeron 5.000 dólares a la víctima.

La calificación legal

La calificación jurídica provisoria atribuida por la fiscalía es la de defraudación mediante manipulación informática en concurso ideal con acceso ilegítimo a un sistema informático.

La audiencia imputativa se desarrolló mediante plataforma Zoom ante la Unidad Fiscal de Melincué. La mujer compareció asistida por su abogado, el Dr. Agustín Dutto, defensor público.

La postura de la acusada

La imputada rechazó formar parte de una organización delictiva. Según su versión, no participó de la estafa y también resultó afectada por la maniobra investigada.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y la atribución penal es provisoria. La responsabilidad de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva para un hombre de Hughes acusado de haber abusado sexualmente, en reiteradas oportunidades, de dos sobrinas políticas cuando eran menores de edad. El juicio se desarrolla en los tribunales de Melincué.

El juicio

La causa tiene como acusado a un hombre identificado por sus iniciales M.I.C., domiciliado en la localidad santafesina de Hughes. La acusación está a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica es ejercida por el abogado Alejandro Ferrari.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto familiar y se habrían extendido durante varios años. Las víctimas son dos sobrinas políticas del acusado, ambas menores de edad al momento de los episodios denunciados.

La acusación del Ministerio Público

Según el planteo de Fiscalía, una de las víctimas habría comenzado a sufrir abusos desde temprana edad y de manera reiterada, aprovechando el acusado situaciones de confianza y guarda dentro del entorno familiar.

En el segundo hecho atribuido, el fiscal sostuvo que otra menor también habría sido abusada cuando se encontraba bajo cuidado familiar en el domicilio del acusado.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual y de víctimas menores de edad, se omiten detalles que puedan resultar revictimizantes o permitir la identificación de las denunciantes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado, gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual agravado gravemente ultrajante. La acusación contempla múltiples hechos, dos víctimas menores de edad y la circunstancia de que la guarda habría sido confiada al acusado dentro del ámbito familiar.

Además, la Fiscalía consideró que los hechos se dieron en un contexto de violencia de género y pidió que el acusado sea condenado como autor penalmente responsable.

El pedido de pena

El fiscal Julián Cochero solicitó una pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ahora, el tribunal deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía, si acepta los planteos de la defensa o si adopta una decisión distinta en función de la prueba producida durante el debate.

Un hombre de 33 años (del cual se reserva el nombre para evitar la revictimización de la denunciante) de la localidad de Hughes fue condenado a 9 años y seis meses de prisión tras aceptar en un juicio abreviado la responsabilidad por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones y violación de domicilio cometidos contra su ex pareja. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero.

Crimen y denuncia

La víctima realizó la denuncia el 24 de octubre de 2024, detallando una serie de agresiones físicas y sexuales que habrían ocurrido de manera reiterada durante aproximadamente dos meses.

Según consta en la investigación fiscal, el acusado la habría maltratado golpeándola, mordiéndola, quemándole con un encendedor y profiriéndole amenazas en múltiples oportunidades. En uno de los hechos descriptos, le habría “clavado una lapicera en el pulgar izquierdo”, en otro “propinado un cabezazo que le provocó la ruptura del labio”.

Además, en un hecho que agrava la acusación, el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima en Hughes y, siempre según la imputación, la obligó a mantener relaciones sexuales, lo que fue calificado penalmente como abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio en concurso ideal.

El marco legal de la acusación

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa condujo a la presentación de un procedimiento abreviado, en el cual las partes convinieron la calificación de los hechos y la pena a imponer.

La fiscalía califica los ilícitos como:

Ante ello, el fiscal solicitó una pena de 9 años y seis meses de prisión, la cual fue aceptada y avalada por el tribunal en el marco del juicio abreviado.

El caso que conmueve a la región tiene como imputado a Leonardo Adrián V., de 56 años, procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de parentesco y amenazas. La investigación del fiscal Matías Merlo comenzó en 2019, cuando se solicitó la captura del sospechoso. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo, hasta ser localizado el último lunes en Santa Fe.

Luego de un seguimiento de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue hallado en calle Estrada al 7.200, barrio San Martín de la capital provincial. Los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su arresto.

En la mañana del miércoles, en los tribunales de Melincué, se llevó a cabo la audiencia cautelar. A instancias del fiscal Julián Cochero, el juez ordenó la prisión preventiva sin plazo hasta la realización del juicio oral y público.

Los hechos investigados

La acusación sostiene que Leonardo Adrián V. habría abusado sexualmente de su hijo (Lucas, hoy de 25 años) desde que el menor tenía 12 años. Los primeros episodios ocurrieron en la ciudad de Rosario, en una vivienda ubicada en calle Juan José Passo y Campbell. Posteriormente, cuando la familia se mudó a Bombal, los abusos habrían continuado.

Según el expediente al que accedió Sur24, el acusado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con el niño para cometer los hechos, bajo amenazas y coacción. En febrero de 2019, cuando la víctima advirtió que contaría los abusos a su madre, el imputado habría tomado un cuchillo para intimidarlo.

Testimonio y pericias

En su declaración, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 23. Dijo que su padre lo llevaba a su habitación, lo obligaba a prácticas sexuales sin protección y le aseguraba que “eso era lo que hacían los padres con los hijos”.

Un informe psicológico incorporado a la causa detalla que la víctima presenta trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, pesadillas, sentimientos de culpa e insomnio, y concluye que el daño psíquico ocasionado es irreversible por la duración y reiteración de los hechos.

La pena solicitada

La Fiscalía pidió una condena de 16 años de prisión efectiva en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que agravan la pena por el vínculo familiar y la continuidad del abuso en el tiempo.

Finalizó en los tribunales de Melincué un juicio oral y público donde se juzga a un sujeto acusado e abusar sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades. Durante la audiencia final, el fiscal Julián Cochero fundamentó la solicitud de una pena de 20 años de cárcel para Brian Alejandro F. de 29 años, a quien se le atribuyen distintos episodios, ocurridos desde que la víctima tenía entre 9 y 10 años hasta el año pasado.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación, representado en esa etapa por Vanina Servidio Pozzi. La defensa del acusado fue ejercida por la abogada Jaquelina Cortes Luchesi. El tribunal que en los próximos días dará a conocer la sentencia está integrado por Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

Hechos denunciados

De acuerdo con el expediente judicial, los abusos comenzaron en la vivienda familiar de calle Saavedra, en el barrio La Hermosa de Firmat, cuando los hermanos convivían bajo el mismo techo. Según el expdiente, Brian aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con la niña para someterla, bajo amenazas de muerte contra ella o contra su padre.

Los ataques se repitieron en diferentes momentos de la infancia y la adolescencia de la víctima, incluyendo episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados. El último hecho habría ocurrido en 2024, en la cocina de la casa familiar, cuando el acusado la amenazó con un cuchillo antes de abusarla.

La calificación legal

El Ministerio Público encuadró la conducta de Brian Alejandro F. en los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, abuso sexual con acceso carnal agravado por las mismas circunstancias, y amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor.

Por la gravedad de los hechos y la prolongada duración de los abusos, la Fiscalía solicitó la pena de 20 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales correspondientes.

Ahora resta que el tribunal dé a conocer la sentencia definitiva que determinará el futuro del acusado.

El poder judicial avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico de la ciudad de Firmat. El fiscal Julián Cochero solicitó 16 años de prisión efectiva para C.M. de 63 años, acusado de atacar a una mujer en marzo de 2013.

El hecho denunciado

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 14 de marzo de 2013, en una vivienda ubicada en calle Luis Terrarosa al 600, en Firmat.La víctima, identificada como B.C, habría acudido al domicilio del pastor para entregarle dinero de una publicidad.

Según la investigación, C.M. se habría aprovechado de su rol religioso y de la confianza depositada en él. La denuncia sostiene que la mujer comenzó a sentirse descompensada tras ingerir unos mates y, en ese estado de indefensión, fue atacada sexualmente. El fiscal imputó al acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser cometido por un ministro de culto.

Rechazo a la defensa

En la audiencia realizada este martes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Daniel Curik, rechazó el pedido de los defensores del pastor (los abogados Oscar Berra Giuliano y Gustavo Ponce Asahad), quienes intentaban morigerar la calificación legal.

Con esta decisión, la acusación quedó firme y la causa está en condiciones de pasar a la instancia de juicio oral y público.

Qué viene ahora

El próximo paso procesal será que la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha de inicio del debate oral. Sin embargo, la defensa aún podría intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

En una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Melincué, el juez homologó un acuerdo de procedimiento abreviado en el que José Daniel Espinosa, de 28 años, oriundo de Firmat, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.El fiscal de distrito Julián Cochero estuvo a cargo de la acusación, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora pública Gisela Figuera.

Espinosa enfrentaba varias causas acumuladas por delitos graves que incluyeron tentativa de homicidio simple, hurto, amenazas calificadas, lesiones graves y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Intento de homicidioEl episodio más grave ocurrió el 18 de enero de 2025, cuando Espinosa ingresó a una vivienda de calle Callao al 1.400 de Firmat. Allí atacó a una mujer que dormía, golpeándola con un palo y exigiéndole pertenencias. Luego, la amenazó con un cuchillo y llegó a herirla con un punzón en la zona del cuello antes de huir.

HurtoEl 9 de enero de 2025, por la mañana, entró a una casa de calle Las Heras al 900 y se llevó un teléfono celular perteneciente a una vecina.

Amenazas y lesiones gravesEse mismo día por la tarde, en inmediaciones de calle 3 de Febrero, Espinosa golpeó con un caño a otra mujer, causándole fracturas y hematomas. Luego la persiguió hasta su vivienda, donde la amenazó con un arma blanca.

Violación de domicilio:En diciembre de 2024, escaló un portón de más de dos metros en una vivienda de calle Marconi al 100, de donde intentó sustraer objetos. Fue sorprendido por el dueño y huyó refugiándose en una fábrica cercana sin autorización.

La pena

Tras la valoración de los hechos y el acuerdo entre las partes, la Justicia resolvió imponerle a Espinosa cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue dictada en el marco del sistema procesal penal santafesino, que permite procedimientos abreviados cuando existe consenso entre fiscalía y defensa.

El ex mandatario y actual candidato a presidente comunal en la localidad de Melincué, Silvio Garbolino, fue denunciado por modificar el importe de tres cheques que le había pedido prestado a un vecino.

Fuentes oficiales consultadas por Sur24 indicaron que el monto original de los valores ascendía a 500.000 pesos cada uno, pero finalmente y tras algunos retoques, en donde se les agregó el número “29”, pasaron a ser de 29.500.000 pesos.

La denuncia fue radicada por la persona damnificada, un vecino de toda la vida de Silvio Garbolino. Posteriormente la investigación quedó en manos del fiscal Julián Cochero, quien en la jornada del miércoles ordenó un allanamiento en una mutual de la localidad de Alcorta done fueron incautados los tres cheques que habían sido depositados por el acusado.

Desde fiscalía continúan llevando adelante una serie de medidas y no se descarta que en las próximas horas sea imputado el ex mandatario comunal.

Fuentes de la investigación confiaron a Sur24 que el ex primer mandatario le habría pedido prestado a un vecino los tres cheques para cubrir un crédito que contrajo un familiar. Lo cierto es que finalmente esos valores al parecer fueron modificados y depositados en una entidad crediticia para cubrir una deuda aún mayor.

Lo llamativo del caso es que Garbolino se encuentra en plena campaña política ya que aspira a volver a conducir los destinos del pueblo, enfrentándose el próximo 29 de junio en las elecciones generales con la actual jefa comunal, Yamila Gallisso. 

Historia reciente

Silvio Garbolino asumió como presidente comunal el 10 de diciembre de 2019. Fue reelecto en dos oportunidades y a poco de asumir su tercer mandato, en enero de 2024 presentó la renuncia indeclinable aduciendo problemas de salud. 

Con el correr de las horas se supo que su salida estaría vinculada principalmente a serios problemas económicos y financieros que atravesaba su gestión. 

En su lugar asumió la vice presidenta, Yamila Gallisso, quien declaró la “emergencia económica” dando paso a un plan de austeridad.

Los investigadores dieron inicio a la tarea solicitando documentación, y finalmente el 19 de junio de 2024 se llevó adelante un allanamiento en el edificio comunal.

Intervino la División de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Seguridad. Según explicaron, se secuestraron registros informáticos, documental de actuaciones contables y administrativas.

Fuentes del caso señalaron que desde el 2023, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se encuentra tras los pasos de lo que fue la “gestión Garbolino”. El organismo estatal intervino luego del “excesivo movimiento de fondos” que surgió en el sistema del Banco Nación, para una población pequeña como lo es la de Melincué.

Se hace referencia a una cifra superior a los $300 millones en cheques rechazados como deuda en una entidad crediticia, sumado a los gastos “exorbitantes” y llamativos registrados en la diaria de la administración. Se puede mencionar entre otros los gastos “alevosos” en combustible para un solo vehículo o motoguadaña.

Posteriormente los investigadores allanaron la vivienda del ex presidente comunal, como así también una estación de servicio de Melincué, una en Hughes, una entidad crediticia en Alcorta, entre otros lugares.

Los pesquisas detectaron la emisión de cheques al portador (algo prohibido para una administración comunal), pagos en efectivo, proveedores sin registrar, acreedores sin registrar, gastos excesivos en combustible, personas y entidades que tienen créditos contra la comuna.

Garbolino contraataca 

Garbolino, en junio de 2024 emitió un comunicado en su cuenta de Facebook donde aseguró que “jamás” de llevó “un centavo” y que los integrantes de la actual gestión le “hicieron una cama” para ganar las elecciones.

Al mismo tiempo aseguró que le salió “carísimo” oponerse a la construcción de la cárcel, y que además del trabajo, perdió el “auto” y la “paz”.

Por el momento el ex primer mandatario es investigado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”, y ahora se podrían sumar nuevas calificaciones legales, como “estafa” y “falsificación de instrumento público”. En tanto, el 29 de junio son las elecciones generales, donde Garbolino compite por la comuna con la actual mandataria, Yamila Gallisso. 

Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al policía de 32 años Iván Jesús Leguizamón por la autoría del femicidio de su expareja Claudia Lorena González. El ilícito fue cometido en 2021 en ruta provincial 90, en cercanías de la localidad de Elortondo (departamento General López).

Los camaristas Juan Pablo Lavini Rosset (presidente del tribunal), Daniel Curik y Alfredo Ivaldi Artacho, revisaron la sentencia a partir de un recurso presentado por la Defensa del condenado. La audiencia de apelación se llevó adelante en los tribunales venadenses y el fiscal Julián Cochero representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

“Observaciones insustanciales”

Cochero indicó que “mediante agravios reiterativos e inconsistentes, la abogada defensora solicitó la absolución del condenado, con el argumento de que en el juicio oral había habido una valoración parcial y arbitraria de la prueba”. En tal sentido, informó que “tanto la Fiscalía como dos querellantes que intervinieron como representantes de las víctimas planteamos que la sentencia recurrida fue debidamente fundamentada”.

En un voto al que adhirieron los otros dos camaristas, el juez Lavini Rosset afirmó que “la Defensa realizó observaciones que se aprecian insustanciales, incapaces para variar el estado conviccional sobre la autoría de Leguizamón y torcer así su decisión”. 

Por otro lado, en respuesta a un agravio defensivo vinculado a la calificación penal del ilícito, el presidente del tribunal de alzada refirió que “no tengo dudas de que el hecho cometido por Leguizamón ha constituido un brutal acto de violencia hacia la mujer”. En línea, destacó la existencia de un “cuadro probatorio con alta carga incriminante”.

Arma reglamentaria

El fiscal recordó que “el femicidio fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021”. Precisó que “Leguizamón y otros dos policías transitaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en la mano contraria circulaba un automóvil en el que González iba con un hombre”.

“Los policías comenzaron una persecución con señas de luces, baliza y sirena encendidas, hasta que a alrededor de tres kilómetros de Elortondo, cruzaron el patrullero, por lo que el vehículo en el que viajaba la víctima tuvo que detenerse en la banquina”, relató.

Según expuso, “Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto y le ordenó al conductor que descendiera, lo cual él acató”. Al respecto, subrayó que “entonces el condenado realizó un disparo con su arma reglamentaria hacia la cabeza de su expareja, quien falleció en el acto a causa del ataque”.

Asimismo, sostuvo que “tras matar a la mujer, el agresor también trató de dispararle a la persona que había llegado con ella”, y aclaró que “no pudo concretar su objetivo porque el arma se encasquilló”. Con todo, señaló que “ambos forcejearon y el hombre que resultó víctima logró sacarle el arma al condenado, quien a su vez intentó ahorcarlo".

Calificación penal

Por haber provocado la muerte de González, Leguizamón fue condenado como autor de femicidio agravado (por el vínculo de pareja que habían tenido, por el uso de arma de fuego y por el abuso de la función de integrante de una fuerza de seguridad).

En tanto, por el ataque a la otra víctima, recibió la pena como autor de una tentativa de homicidio agravado (por abuso de su función en la fuerza de seguridad).

Inacción

Cochero mencionó que "los ilícitos transcurrieron ante la inacción de los dos policías que estaban con Leguizamón en ese momento". Detalló que "se trata de Jonatan Matías Rojo y Mario Luciano Agüero, quienes en 2023 fueron condenados por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos".

El titular de una empresa de viviendas industrializadas de la ciudad de Firmat se expone a seis años de prisión, acusado de estafar a dos familias que le hicieron entrega de una importante suma de dinero, pero nunca les construyeron la casa.

Se trata de Lucas Fabricio G., quien previamente fue imputado por “estafa en dos hechos en concurso real y en carácter de autor”.

En la jornada ayer jueves se llevó adelante la audiencia preliminar, que es el paso previo al inicio del juicio oral y público. Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación y solicitó una pena elevada (teniendo en cuenta el delito) y de ejecución efectiva.

Se trata de dos casos donde los damnificados entregaron pesos, dólares y hasta vehículos, pero la empresa solo les construyó la platea de la vivienda.

Luego de largos meses de reclamos sin respuestas, decidieron radicar formalmente la denuncia y avanzar intentando revertir la situación, y que la persona acusada afronte la responsabilidad del hecho. 

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de Sur24, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido. 

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hicieron una primera entrega de 500.000 pesos.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda. Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, informándolo a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin llegar a solucionar absolutamente nada. 

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 20 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que “hagan la casa o reintegren el dinero”. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer, también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 entregando 4.500 dólares y una camioneta. A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra.

La damnificada comenzó a realizar los reclamos correspondientes, primero en forma telefónica y luego presencialmente, pero nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. 

Finalmente, cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal. 

Ahora Lucas Fabricio G. está a pasos de un juicio oral y público que puede desembocar en seis años de prisión de ejecución efectiva. 

En la jornada del lunes fue allanada la vivienda familiar del ex presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino, como así también distintos locales y comercios ubicados en la cabecera departamental, en Alcorta y en Hughes.

Todo es en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Julián Cochero en donde se buscan determinar irregularidades en los “deberes de funcionario público” de la comisión comunal que estuvo al frente de la administración hasta enero de 2024.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 confirmaron los allanamientos, indicando que “al menos un par tuvieron que ver con proveedores de la comuna, y otros con acreedores no registrados”.

Renuncia

Garbolino se desempeñó como presidente comunal a lo largo de cuatro años. Pero a poco de asumir su tercer mandato, sorpresivamente para muchos, presentó su renuncia indeclinable el 17 de enero aduciendo problemas de saludad.

Con el correr de las horas asumió en su lugar la vicepresidenta, Yamila Gallisso y también se supo que la abrupta salida estaba relacionada con importantes desmanejos económicos y financieros en la administración comunal.

Los investigadores dieron inicio a la tarea solicitando documentación, y finalmente el 19 de junio se llevó adelante un allanamiento en el edificio comunal. 

Intervino la División de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Seguridad. Según explicaron, se secuestraron registros informáticos, documental de actuaciones contables y administrativas.

Además, contaron que están siendo investigados como “corresponsables” no solo Garbolino, sino también toda la comisión que lo acompañaba, entre ellos Yamila Gallisso. La totalidad fueron “notificados a derecho”, no imputados, en el marco de una carátula que encuadra dentro de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de poder”. 

Fuentes del caso señalaron a Sur24 que desde el 2023, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se encuentra tras los pasos de lo que fue la gestión de Silvio Garbolino en la Comuna. El organismo estatal intervino luego del “excesivo movimiento de plata” que surgió en el sistema del Banco Nación, para una población pequeña como lo es la de Melincué. 

Se habla por ejemplo de una cifra superior a los $300 millones en cheques rechazados como deuda en una entidad crediticia, sumado a los gastos “exorbitantes” y llamativos registrados en la diaria de la administración. Se puede mencionar entre otros los gastos “alevosos” en combustible para un solo vehículo o motoguadaña. 

Nuevos allanamientos

En la jornada del lunes los investigadores allanaron la vivienda del ex presidente comunal, como así también una estación de servicio de Melincué, una en Hughes, una entidad crediticia en Alcorta, entre otros lugares.

Los pesquisas detectaron la emisión de cheques al portador (algo prohibido para una administración comunal), pagos en efectivo, proveedores sin registrar, acreedores sin registrar, gastos excesivos en combustible, personas y entidades que tienen créditos contra la comuna. 

Una alta fuente del Ministerio Público de la Acusación aseguró que “son investigadas todas las personas que formaban parte de la comisión comunal porque del 1 al 5 de cada mes tenían que aprobar los balances parciales, algo que al parecer no se hacía”.  

El 31 de julio dará inicio el juicio contra el policía de Seguridad Vial, Iván Leguizamón (31), acusado de matar de un disparo en la cabeza a su ex pareja de Villa Cañás, Claudia Lorena González (29), el 18 de septiembre en Ruta Provincial 90 a escasos kilómetros de la localidad de Elortondo.

Por el violento hecho fueron condenados en juicio abreviados otros dos policías que ese día se movilizaban junto al femicida en el mismo patrullero y no hicieron nada para evitar que se produzca el ataque contra la víctima y un hombre que la acompañaba en el auto, quien pudo salvar su vida de milagro. 

Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación por el Ministerio Público de la Acusación, y dejó en claro que solicitó la prisión perpetua para el imputado.

Al mismo tiempo, indicó a Sur24 que entre los testigos que ofrecerá, fueron citados los dos agentes que presenciaron el brutal hecho.

Historia del caso

El femicidio de González fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021. "El acusado y otros dos policías circulaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en sentido contrario se trasladaba un automóvil en el que iba su expareja y un hombre", detalló el fiscal en el escrito acusatorio.

Cochero precisó que "al advertir quiénes iban en el vehículo, los policías cambiaron el sentido de circulación y comenzaron una persecución –con señas de luces, baliza y sirena encendidas–, hasta que a unos tres kilómetros de Elortondo, los policías cruzaron el patrullero, y el automóvil tuvo que detenerse en la banquina".

"Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto, le pidió al conductor que descendiera y luego le disparó con el arma reglamentaria en la cabeza a su expareja, ataque que le produjo la muerte de forma inmediata", narró el fiscal.

Cochero indicó que, "inmediatamente después de matar a la mujer, el policía acusado también quiso dispararle con el arma reglamentaria al hombre que estaba con ella". En tal sentido, aclaró que "no consiguió su objetivo porque el arma se encasquilló, razón por la cual comenzaron a pelear y el hombre logró sacarle el arma al acusado, quien luego intentó quitarle la vida ahorcándolo ante la inacción de los otros dos policías".

Calificación penal

En relación a la muerte de González, el fiscal Cochero le atribuyó al policía la autoría de "femicidio, también agravado por la relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad". Por el ataque al hombre que estaba con la mujer, le endilgó la autoría de "tentativa de homicidio agravado por abuso de la función de las fuerzas de seguridad".

Otros policías acusados

Los otros dos policías que iban en el patrullero junto a Leguizamón son Jonatan Rojo (29) y Mario Aguero (26). El fiscal Cochero les atribuyó no haber actuado ante los ataques que cometió su compañero.

"No cumplieron el artículo 25 de la ley provincial número 12.521, en el que se establece el deber del personal policial de defender contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de los derechos de los habitantes", planteó el funcionario del MPA.

Por esto, les atribuyó la autoría del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Finalmente, ambos reconocieron la responsabilidad en un jucio abreviado en el cual fueron condenados a una pena de ejecución condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos.