El caso que conmueve a la región tiene como imputado a Leonardo Adrián V., de 56 años, procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de parentesco y amenazas. La investigación del fiscal Matías Merlo comenzó en 2019, cuando se solicitó la captura del sospechoso. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo, hasta ser localizado el último lunes en Santa Fe.

Luego de un seguimiento de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue hallado en calle Estrada al 7.200, barrio San Martín de la capital provincial. Los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su arresto.

En la mañana del miércoles, en los tribunales de Melincué, se llevó a cabo la audiencia cautelar. A instancias del fiscal Julián Cochero, el juez ordenó la prisión preventiva sin plazo hasta la realización del juicio oral y público.

Los hechos investigados

La acusación sostiene que Leonardo Adrián V. habría abusado sexualmente de su hijo (Lucas, hoy de 25 años) desde que el menor tenía 12 años. Los primeros episodios ocurrieron en la ciudad de Rosario, en una vivienda ubicada en calle Juan José Passo y Campbell. Posteriormente, cuando la familia se mudó a Bombal, los abusos habrían continuado.

Según el expediente al que accedió Sur24, el acusado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con el niño para cometer los hechos, bajo amenazas y coacción. En febrero de 2019, cuando la víctima advirtió que contaría los abusos a su madre, el imputado habría tomado un cuchillo para intimidarlo.

Testimonio y pericias

En su declaración, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 23. Dijo que su padre lo llevaba a su habitación, lo obligaba a prácticas sexuales sin protección y le aseguraba que “eso era lo que hacían los padres con los hijos”.

Un informe psicológico incorporado a la causa detalla que la víctima presenta trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, pesadillas, sentimientos de culpa e insomnio, y concluye que el daño psíquico ocasionado es irreversible por la duración y reiteración de los hechos.

La pena solicitada

La Fiscalía pidió una condena de 16 años de prisión efectiva en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que agravan la pena por el vínculo familiar y la continuidad del abuso en el tiempo.

Finalizó en los tribunales de Melincué un juicio oral y público donde se juzga a un sujeto acusado e abusar sexualmente de su hermana en reiteradas oportunidades. Durante la audiencia final, el fiscal Julián Cochero fundamentó la solicitud de una pena de 20 años de cárcel para Brian Alejandro F. de 29 años, a quien se le atribuyen distintos episodios, ocurridos desde que la víctima tenía entre 9 y 10 años hasta el año pasado.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación, representado en esa etapa por Vanina Servidio Pozzi. La defensa del acusado fue ejercida por la abogada Jaquelina Cortes Luchesi. El tribunal que en los próximos días dará a conocer la sentencia está integrado por Lorena Garini, Adrián Godoy y Silvina Marinucci.

Hechos denunciados

De acuerdo con el expediente judicial, los abusos comenzaron en la vivienda familiar de calle Saavedra, en el barrio La Hermosa de Firmat, cuando los hermanos convivían bajo el mismo techo. Según el expdiente, Brian aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con la niña para someterla, bajo amenazas de muerte contra ella o contra su padre.

Los ataques se repitieron en diferentes momentos de la infancia y la adolescencia de la víctima, incluyendo episodios de tocamientos, violencia física y accesos carnales forzados. El último hecho habría ocurrido en 2024, en la cocina de la casa familiar, cuando el acusado la amenazó con un cuchillo antes de abusarla.

La calificación legal

El Ministerio Público encuadró la conducta de Brian Alejandro F. en los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia, abuso sexual con acceso carnal agravado por las mismas circunstancias, y amenazas, todos en concurso real y en carácter de autor.

Por la gravedad de los hechos y la prolongada duración de los abusos, la Fiscalía solicitó la pena de 20 años de prisión efectiva, además de las accesorias legales correspondientes.

Ahora resta que el tribunal dé a conocer la sentencia definitiva que determinará el futuro del acusado.

El poder judicial avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico de la ciudad de Firmat. El fiscal Julián Cochero solicitó 16 años de prisión efectiva para C.M. de 63 años, acusado de atacar a una mujer en marzo de 2013.

El hecho denunciado

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 14 de marzo de 2013, en una vivienda ubicada en calle Luis Terrarosa al 600, en Firmat.La víctima, identificada como B.C, habría acudido al domicilio del pastor para entregarle dinero de una publicidad.

Según la investigación, C.M. se habría aprovechado de su rol religioso y de la confianza depositada en él. La denuncia sostiene que la mujer comenzó a sentirse descompensada tras ingerir unos mates y, en ese estado de indefensión, fue atacada sexualmente. El fiscal imputó al acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ocasionar un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser cometido por un ministro de culto.

Rechazo a la defensa

En la audiencia realizada este martes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Daniel Curik, rechazó el pedido de los defensores del pastor (los abogados Oscar Berra Giuliano y Gustavo Ponce Asahad), quienes intentaban morigerar la calificación legal.

Con esta decisión, la acusación quedó firme y la causa está en condiciones de pasar a la instancia de juicio oral y público.

Qué viene ahora

El próximo paso procesal será que la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha de inicio del debate oral. Sin embargo, la defensa aún podría intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

En una audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Melincué, el juez homologó un acuerdo de procedimiento abreviado en el que José Daniel Espinosa, de 28 años, oriundo de Firmat, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.El fiscal de distrito Julián Cochero estuvo a cargo de la acusación, mientras que la defensa fue ejercida por la defensora pública Gisela Figuera.

Espinosa enfrentaba varias causas acumuladas por delitos graves que incluyeron tentativa de homicidio simple, hurto, amenazas calificadas, lesiones graves y robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Intento de homicidioEl episodio más grave ocurrió el 18 de enero de 2025, cuando Espinosa ingresó a una vivienda de calle Callao al 1.400 de Firmat. Allí atacó a una mujer que dormía, golpeándola con un palo y exigiéndole pertenencias. Luego, la amenazó con un cuchillo y llegó a herirla con un punzón en la zona del cuello antes de huir.

HurtoEl 9 de enero de 2025, por la mañana, entró a una casa de calle Las Heras al 900 y se llevó un teléfono celular perteneciente a una vecina.

Amenazas y lesiones gravesEse mismo día por la tarde, en inmediaciones de calle 3 de Febrero, Espinosa golpeó con un caño a otra mujer, causándole fracturas y hematomas. Luego la persiguió hasta su vivienda, donde la amenazó con un arma blanca.

Violación de domicilio:En diciembre de 2024, escaló un portón de más de dos metros en una vivienda de calle Marconi al 100, de donde intentó sustraer objetos. Fue sorprendido por el dueño y huyó refugiándose en una fábrica cercana sin autorización.

La pena

Tras la valoración de los hechos y el acuerdo entre las partes, la Justicia resolvió imponerle a Espinosa cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue dictada en el marco del sistema procesal penal santafesino, que permite procedimientos abreviados cuando existe consenso entre fiscalía y defensa.

El ex mandatario y actual candidato a presidente comunal en la localidad de Melincué, Silvio Garbolino, fue denunciado por modificar el importe de tres cheques que le había pedido prestado a un vecino.

Fuentes oficiales consultadas por Sur24 indicaron que el monto original de los valores ascendía a 500.000 pesos cada uno, pero finalmente y tras algunos retoques, en donde se les agregó el número “29”, pasaron a ser de 29.500.000 pesos.

La denuncia fue radicada por la persona damnificada, un vecino de toda la vida de Silvio Garbolino. Posteriormente la investigación quedó en manos del fiscal Julián Cochero, quien en la jornada del miércoles ordenó un allanamiento en una mutual de la localidad de Alcorta done fueron incautados los tres cheques que habían sido depositados por el acusado.

Desde fiscalía continúan llevando adelante una serie de medidas y no se descarta que en las próximas horas sea imputado el ex mandatario comunal.

Fuentes de la investigación confiaron a Sur24 que el ex primer mandatario le habría pedido prestado a un vecino los tres cheques para cubrir un crédito que contrajo un familiar. Lo cierto es que finalmente esos valores al parecer fueron modificados y depositados en una entidad crediticia para cubrir una deuda aún mayor.

Lo llamativo del caso es que Garbolino se encuentra en plena campaña política ya que aspira a volver a conducir los destinos del pueblo, enfrentándose el próximo 29 de junio en las elecciones generales con la actual jefa comunal, Yamila Gallisso. 

Historia reciente

Silvio Garbolino asumió como presidente comunal el 10 de diciembre de 2019. Fue reelecto en dos oportunidades y a poco de asumir su tercer mandato, en enero de 2024 presentó la renuncia indeclinable aduciendo problemas de salud. 

Con el correr de las horas se supo que su salida estaría vinculada principalmente a serios problemas económicos y financieros que atravesaba su gestión. 

En su lugar asumió la vice presidenta, Yamila Gallisso, quien declaró la “emergencia económica” dando paso a un plan de austeridad.

Los investigadores dieron inicio a la tarea solicitando documentación, y finalmente el 19 de junio de 2024 se llevó adelante un allanamiento en el edificio comunal.

Intervino la División de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Seguridad. Según explicaron, se secuestraron registros informáticos, documental de actuaciones contables y administrativas.

Fuentes del caso señalaron que desde el 2023, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se encuentra tras los pasos de lo que fue la “gestión Garbolino”. El organismo estatal intervino luego del “excesivo movimiento de fondos” que surgió en el sistema del Banco Nación, para una población pequeña como lo es la de Melincué.

Se hace referencia a una cifra superior a los $300 millones en cheques rechazados como deuda en una entidad crediticia, sumado a los gastos “exorbitantes” y llamativos registrados en la diaria de la administración. Se puede mencionar entre otros los gastos “alevosos” en combustible para un solo vehículo o motoguadaña.

Posteriormente los investigadores allanaron la vivienda del ex presidente comunal, como así también una estación de servicio de Melincué, una en Hughes, una entidad crediticia en Alcorta, entre otros lugares.

Los pesquisas detectaron la emisión de cheques al portador (algo prohibido para una administración comunal), pagos en efectivo, proveedores sin registrar, acreedores sin registrar, gastos excesivos en combustible, personas y entidades que tienen créditos contra la comuna.

Garbolino contraataca 

Garbolino, en junio de 2024 emitió un comunicado en su cuenta de Facebook donde aseguró que “jamás” de llevó “un centavo” y que los integrantes de la actual gestión le “hicieron una cama” para ganar las elecciones.

Al mismo tiempo aseguró que le salió “carísimo” oponerse a la construcción de la cárcel, y que además del trabajo, perdió el “auto” y la “paz”.

Por el momento el ex primer mandatario es investigado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”, y ahora se podrían sumar nuevas calificaciones legales, como “estafa” y “falsificación de instrumento público”. En tanto, el 29 de junio son las elecciones generales, donde Garbolino compite por la comuna con la actual mandataria, Yamila Gallisso. 

Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al policía de 32 años Iván Jesús Leguizamón por la autoría del femicidio de su expareja Claudia Lorena González. El ilícito fue cometido en 2021 en ruta provincial 90, en cercanías de la localidad de Elortondo (departamento General López).

Los camaristas Juan Pablo Lavini Rosset (presidente del tribunal), Daniel Curik y Alfredo Ivaldi Artacho, revisaron la sentencia a partir de un recurso presentado por la Defensa del condenado. La audiencia de apelación se llevó adelante en los tribunales venadenses y el fiscal Julián Cochero representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

“Observaciones insustanciales”

Cochero indicó que “mediante agravios reiterativos e inconsistentes, la abogada defensora solicitó la absolución del condenado, con el argumento de que en el juicio oral había habido una valoración parcial y arbitraria de la prueba”. En tal sentido, informó que “tanto la Fiscalía como dos querellantes que intervinieron como representantes de las víctimas planteamos que la sentencia recurrida fue debidamente fundamentada”.

En un voto al que adhirieron los otros dos camaristas, el juez Lavini Rosset afirmó que “la Defensa realizó observaciones que se aprecian insustanciales, incapaces para variar el estado conviccional sobre la autoría de Leguizamón y torcer así su decisión”. 

Por otro lado, en respuesta a un agravio defensivo vinculado a la calificación penal del ilícito, el presidente del tribunal de alzada refirió que “no tengo dudas de que el hecho cometido por Leguizamón ha constituido un brutal acto de violencia hacia la mujer”. En línea, destacó la existencia de un “cuadro probatorio con alta carga incriminante”.

Arma reglamentaria

El fiscal recordó que “el femicidio fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021”. Precisó que “Leguizamón y otros dos policías transitaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en la mano contraria circulaba un automóvil en el que González iba con un hombre”.

“Los policías comenzaron una persecución con señas de luces, baliza y sirena encendidas, hasta que a alrededor de tres kilómetros de Elortondo, cruzaron el patrullero, por lo que el vehículo en el que viajaba la víctima tuvo que detenerse en la banquina”, relató.

Según expuso, “Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto y le ordenó al conductor que descendiera, lo cual él acató”. Al respecto, subrayó que “entonces el condenado realizó un disparo con su arma reglamentaria hacia la cabeza de su expareja, quien falleció en el acto a causa del ataque”.

Asimismo, sostuvo que “tras matar a la mujer, el agresor también trató de dispararle a la persona que había llegado con ella”, y aclaró que “no pudo concretar su objetivo porque el arma se encasquilló”. Con todo, señaló que “ambos forcejearon y el hombre que resultó víctima logró sacarle el arma al condenado, quien a su vez intentó ahorcarlo".

Calificación penal

Por haber provocado la muerte de González, Leguizamón fue condenado como autor de femicidio agravado (por el vínculo de pareja que habían tenido, por el uso de arma de fuego y por el abuso de la función de integrante de una fuerza de seguridad).

En tanto, por el ataque a la otra víctima, recibió la pena como autor de una tentativa de homicidio agravado (por abuso de su función en la fuerza de seguridad).

Inacción

Cochero mencionó que "los ilícitos transcurrieron ante la inacción de los dos policías que estaban con Leguizamón en ese momento". Detalló que "se trata de Jonatan Matías Rojo y Mario Luciano Agüero, quienes en 2023 fueron condenados por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos".

El titular de una empresa de viviendas industrializadas de la ciudad de Firmat se expone a seis años de prisión, acusado de estafar a dos familias que le hicieron entrega de una importante suma de dinero, pero nunca les construyeron la casa.

Se trata de Lucas Fabricio G., quien previamente fue imputado por “estafa en dos hechos en concurso real y en carácter de autor”.

En la jornada ayer jueves se llevó adelante la audiencia preliminar, que es el paso previo al inicio del juicio oral y público. Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación y solicitó una pena elevada (teniendo en cuenta el delito) y de ejecución efectiva.

Se trata de dos casos donde los damnificados entregaron pesos, dólares y hasta vehículos, pero la empresa solo les construyó la platea de la vivienda.

Luego de largos meses de reclamos sin respuestas, decidieron radicar formalmente la denuncia y avanzar intentando revertir la situación, y que la persona acusada afronte la responsabilidad del hecho. 

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de Sur24, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido. 

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hicieron una primera entrega de 500.000 pesos.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda. Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, informándolo a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin llegar a solucionar absolutamente nada. 

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 20 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que “hagan la casa o reintegren el dinero”. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer, también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 entregando 4.500 dólares y una camioneta. A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra.

La damnificada comenzó a realizar los reclamos correspondientes, primero en forma telefónica y luego presencialmente, pero nunca obtuvo una respuesta satisfactoria. 

Finalmente, cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal. 

Ahora Lucas Fabricio G. está a pasos de un juicio oral y público que puede desembocar en seis años de prisión de ejecución efectiva. 

En la jornada del lunes fue allanada la vivienda familiar del ex presidente comunal de Melincué, Silvio Garbolino, como así también distintos locales y comercios ubicados en la cabecera departamental, en Alcorta y en Hughes.

Todo es en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Julián Cochero en donde se buscan determinar irregularidades en los “deberes de funcionario público” de la comisión comunal que estuvo al frente de la administración hasta enero de 2024.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 confirmaron los allanamientos, indicando que “al menos un par tuvieron que ver con proveedores de la comuna, y otros con acreedores no registrados”.

Renuncia

Garbolino se desempeñó como presidente comunal a lo largo de cuatro años. Pero a poco de asumir su tercer mandato, sorpresivamente para muchos, presentó su renuncia indeclinable el 17 de enero aduciendo problemas de saludad.

Con el correr de las horas asumió en su lugar la vicepresidenta, Yamila Gallisso y también se supo que la abrupta salida estaba relacionada con importantes desmanejos económicos y financieros en la administración comunal.

Los investigadores dieron inicio a la tarea solicitando documentación, y finalmente el 19 de junio se llevó adelante un allanamiento en el edificio comunal. 

Intervino la División de Delitos Económicos dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Seguridad. Según explicaron, se secuestraron registros informáticos, documental de actuaciones contables y administrativas.

Además, contaron que están siendo investigados como “corresponsables” no solo Garbolino, sino también toda la comisión que lo acompañaba, entre ellos Yamila Gallisso. La totalidad fueron “notificados a derecho”, no imputados, en el marco de una carátula que encuadra dentro de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de poder”. 

Fuentes del caso señalaron a Sur24 que desde el 2023, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se encuentra tras los pasos de lo que fue la gestión de Silvio Garbolino en la Comuna. El organismo estatal intervino luego del “excesivo movimiento de plata” que surgió en el sistema del Banco Nación, para una población pequeña como lo es la de Melincué. 

Se habla por ejemplo de una cifra superior a los $300 millones en cheques rechazados como deuda en una entidad crediticia, sumado a los gastos “exorbitantes” y llamativos registrados en la diaria de la administración. Se puede mencionar entre otros los gastos “alevosos” en combustible para un solo vehículo o motoguadaña. 

Nuevos allanamientos

En la jornada del lunes los investigadores allanaron la vivienda del ex presidente comunal, como así también una estación de servicio de Melincué, una en Hughes, una entidad crediticia en Alcorta, entre otros lugares.

Los pesquisas detectaron la emisión de cheques al portador (algo prohibido para una administración comunal), pagos en efectivo, proveedores sin registrar, acreedores sin registrar, gastos excesivos en combustible, personas y entidades que tienen créditos contra la comuna. 

Una alta fuente del Ministerio Público de la Acusación aseguró que “son investigadas todas las personas que formaban parte de la comisión comunal porque del 1 al 5 de cada mes tenían que aprobar los balances parciales, algo que al parecer no se hacía”.  

El 31 de julio dará inicio el juicio contra el policía de Seguridad Vial, Iván Leguizamón (31), acusado de matar de un disparo en la cabeza a su ex pareja de Villa Cañás, Claudia Lorena González (29), el 18 de septiembre en Ruta Provincial 90 a escasos kilómetros de la localidad de Elortondo.

Por el violento hecho fueron condenados en juicio abreviados otros dos policías que ese día se movilizaban junto al femicida en el mismo patrullero y no hicieron nada para evitar que se produzca el ataque contra la víctima y un hombre que la acompañaba en el auto, quien pudo salvar su vida de milagro. 

Julián Cochero es el fiscal que llevó adelante la investigación por el Ministerio Público de la Acusación, y dejó en claro que solicitó la prisión perpetua para el imputado.

Al mismo tiempo, indicó a Sur24 que entre los testigos que ofrecerá, fueron citados los dos agentes que presenciaron el brutal hecho.

Historia del caso

El femicidio de González fue cometido minutos antes del mediodía del sábado 18 de septiembre de 2021. "El acusado y otros dos policías circulaban por la ruta provincial número 90 desde Elortondo a Chapuy en un patrullero de la Policía de Seguridad Vial de la provincia, cuando vieron que en sentido contrario se trasladaba un automóvil en el que iba su expareja y un hombre", detalló el fiscal en el escrito acusatorio.

Cochero precisó que "al advertir quiénes iban en el vehículo, los policías cambiaron el sentido de circulación y comenzaron una persecución –con señas de luces, baliza y sirena encendidas–, hasta que a unos tres kilómetros de Elortondo, los policías cruzaron el patrullero, y el automóvil tuvo que detenerse en la banquina".

"Leguizamón se bajó del móvil oficial, se acercó a la ventanilla del otro auto, le pidió al conductor que descendiera y luego le disparó con el arma reglamentaria en la cabeza a su expareja, ataque que le produjo la muerte de forma inmediata", narró el fiscal.

Cochero indicó que, "inmediatamente después de matar a la mujer, el policía acusado también quiso dispararle con el arma reglamentaria al hombre que estaba con ella". En tal sentido, aclaró que "no consiguió su objetivo porque el arma se encasquilló, razón por la cual comenzaron a pelear y el hombre logró sacarle el arma al acusado, quien luego intentó quitarle la vida ahorcándolo ante la inacción de los otros dos policías".

Calificación penal

En relación a la muerte de González, el fiscal Cochero le atribuyó al policía la autoría de "femicidio, también agravado por la relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad". Por el ataque al hombre que estaba con la mujer, le endilgó la autoría de "tentativa de homicidio agravado por abuso de la función de las fuerzas de seguridad".

Otros policías acusados

Los otros dos policías que iban en el patrullero junto a Leguizamón son Jonatan Rojo (29) y Mario Aguero (26). El fiscal Cochero les atribuyó no haber actuado ante los ataques que cometió su compañero.

"No cumplieron el artículo 25 de la ley provincial número 12.521, en el que se establece el deber del personal policial de defender contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad, la propiedad y la integridad de los derechos de los habitantes", planteó el funcionario del MPA.

Por esto, les atribuyó la autoría del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Finalmente, ambos reconocieron la responsabilidad en un jucio abreviado en el cual fueron condenados a una pena de ejecución condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. 

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Melincué llevaron adelante una serie de allanamientos en el marco de una causa donde se investiga un posible caso de consumo, distribución o producción de pornografía infantil.

La denuncia ingresó en la fiscalía de la cabecera departamental como consecuencia de un aviso enviado por Missing Children internacional, el cual marcaba supuestos IP (la identificación de la computadora) desde donde surgían dichos contenidos. 

En los últimos días se llevaron adelante dos allanamientos, pero no hubo personas detenidas. Uno se concretó en la ciudad de Firmat donde incautaron documentos y archivos que pueden llegar a ser de interés para la causa, aunque no se conocieron precisiones. Mientras que el segundo fue en un geriátrico de Los Quirquinchos, disparando una serie de conjeturas al respecto.

Finalmente se supo que en la residencia de adultos mayores está instalada la base de una empresa de internet regional desde donde se subdistribuye el servicio a una cantidad importante de usuarios. Con lo cual no se trataba del lugar desde el cual se consumía o distribuía la pornografía infantil tal cual pensaban desde Missing Children. 

A cargo de la investigación se encuentra el fiscal Julián Cochero, quien aguarda el resultado del material que están analizando desde la Policía de Investigación.

En tanto, se avanza para colectar una mayor cantidad de pruebas y proceder a realizar más allanamientos. 

El juez de la Cámara de Apelaciones, Tomás Orso, revocó la prisión preventiva para los dos policías de Seguridad Vial que presenciaron pasivamente el femicidio de Claudia González en manos de su ex pareja, también agente del orden público, quien a su vez intentó ultimar al acompañante de la víctima.

La decisión se conoció en la jornada de ayer y los agentes (Jonatán R. y Mario R.) podrán recuperar la libertad en las próximas horas.

La decisión del Poder Judicial generó malestar en una de las abogadas querellantes de la familia de la víctima, Carolina Walter Torres, quien realizó un duro posteo en las redes sociales.

En tanto, desde la Cámara considera que se trata de “dos policías jóvenes subordinados a Leguizamón (el femicida).  Mientras que la defensa entiende que los agentes tenían la obligación de actuar en defensa de las víctimas.

Como no evitaron el fatal desenlace, les indilgaron una participación secundaria, no esencial, como una complicidad primaria, con una pena en expectativa de 10 años prisión.

Tomás Orso entiende que “tampoco se puede descartar que los dos policías, por inexperiencia o escases de formación hayan quedo shokeados por lo sucedido, por lo vertiginoso y extremo. Y por el beneficio de la duda, la prisión puede ser suplida con una serie de reglas”.

Juez Tomás Orso

Orso a su vez definió una caución y reenvío la causa para que se trate la cuestión en Primera Instancia, en una audiencia que se llevará adelante en las próximas horas y donde se fijarán restricciones.

Desde la Cámara de Apelaciones, en contacto con Sur 24, también consideran que “un aspecto relevante es que la inacción los colocó a los dos policías en serio riesgo de vida. Con el primer disparo aún estaban dentro del móvil”.

Historia de los hechos

El brutal femicidio se produjo el sábado 18 de septiembre sobre Ruta Provincial 90 en jurisdicción de Elortondo.

El fiscal a cargo Julián Cochero expuso que “los hechos ilícitos ocurrieron minutos antes del mediodía del sábado 18 en un tramo de la ruta provincial número 90 que es jurisdicción de Elortondo”.

Según precisó, “los uniformados estaban cumpliendo funciones a bordo de un patrullero de la policía de Seguridad Vial”.

El funcionario del MPA relató que “González transitaba en auto junto a su actual pareja y los agentes comenzaron a perseguirlos con el móvil”. En tal sentido, destacó que “los policías encendieron las sirenas e hicieron señas de luces para que el otro vehículo detuviera la marcha”.

Narró que “ante la intimidación, las víctimas pararon en la banquina y, por orden de los imputados, se bajaron del auto”.

Planteó que “entonces, el uniformado con el que la mujer había mantenido una relación de pareja le quitó la vida con el arma reglamentaria”, y añadió que “si bien el policía intentó dispararle al hombre que viajaba con ella, no lo logró por razones ajenas a su voluntad”.

“Luego, quien provocó la muerte de González forcejeó con la otra víctima y trató de ahorcarla”, afirmó el fiscal. “Todo el accionar delictivo fue cometido con la complicidad de los otros dos agentes investigados, quienes no hicieron nada para impedir la persecución por la ruta, el femicidio ni la tentativa de homicidio”, aseguró.

Delitos

El funcionario del MPA recordó que “a los policías se les endilgan el delito de homicidio doloso calificado (por haber sido perpetrado por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género -femicidio-; por la relación de pareja y por abuso de la función de las fuerzas de seguridad); y una tentativa de homicidio agravado (por abuso de la función de fuerzas de seguridad)”.

“El agente que disparó el arma tiene 28 años, y está imputado como autor de los ilícitos”, detalló Cochero. “Por su parte, los otros uniformados, cuyas iniciales son MLA y JR, son investigados como partícipes secundarios de los delitos”, concluyó.

El miércoles 23 de septiembre en una audiencia cautelar, quedaron en prisión preventiva los tres policías investigados por el femicidio de Claudia González.

Así lo había resuelto la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Silvina Marinucci, en una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de Melincué.

El fiscal Julián Cochero, había solicitado que se ordene la prisión preventiva sin plazo, por lo que debía regir durante todo el proceso judicial.

Cochero se refirió en ese momento a la situación procesal, diciendo que “a los otros dos policías se les endilga haber sido partícipes secundarios en el femicidio”.

Al respecto, indicó que “aunque la Defensa pidió que ambos transitaran el proceso en libertad y fueran reincorporados a la fuerza de seguridad en la que prestaban servicios, la magistrada dispuso que cumplan prisión preventiva por 90 días”.

Enojo de la Defensa

Carolina Walker Torres es la abogada querellante que representa a la familia de Claudia González. En un posteo realizado en la jornada de ayer, manifestó que “hoy (por el lunes), como una cachetada a la memoria de Claudia y a la lucha colectiva de las mujeres víctimas de violencia de género, máxime la violencia cometida por policías, el Camarista de Venado Tuerto Dr. Tomás Orso, en un fallo carente de perspectiva de género, y como otro tiro en la cabeza, dispone la libertad con la única alternativa de una fianza económica, para los 2 compañeros cómplices del feminicida Leguizamón”.

Abogada, Carolina Walker Torres

Además, expresó que “nos negamos a acostumbrarnos a una justicia selectiva y patriarcal, que protege feminicidas y les da la espalda a las víctimas, y a una sociedad harta de jueces vetustos. Que se vayan, que se jubilen, que sean destituidos, estamos hartas, nos duele Claudia, nos duele esta justicia de porquería. Nos duele esta circunscripción judicial. Nos duele esta provincia.

Aguero y Rojo son cómplices. El Estado Provincial también.