Un joven de 23 años quedó en prisión preventiva en una causa que investiga el robo de 1.100 dólares en una peluquería de Venado Tuerto. La Fiscalía sostiene que los involucrados utilizaron una supuesta operación de cambio como pretexto para acercarse a la víctima.

El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2025 en un local ubicado en Falucho al 16. La investigación está a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la víctima había ofrecido dólares a través de WhatsApp. El acusado y otro hombre se habrían presentado en la peluquería con la excusa de comprar la moneda extranjera.

Posteriormente, ambos habrían regresado junto con un tercer sospechoso. En esa segunda instancia, uno de los integrantes del grupo habría exhibido un arma de fuego.

Según la acusación, los involucrados se apoderaron de los 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón. La maniobra es investigada como una presunta emboscada vinculada con la operación que habían simulado realizar.

Además de su presunta participación en el robo, al joven se le atribuyó el delito de desobediencia a la autoridad por un episodio ocurrido en septiembre de este año.

Ese hecho está relacionado con una persecución durante la cual habría escapado de la Policía, y forma parte de las conductas que se le imputaron en el proceso.

La causa por los padecimientos del perro Pluto quedó suspendida a prueba por doce meses, luego de que la jueza penal Andrea Cavallero aprobara una salida alternativa para M. N. L. S., imputada por actos de crueldad animal. La resolución establece trabajo comunitario, capacitación obligatoria y la prohibición de tener animales bajo su cuidado.

La medida fue dispuesta el miércoles 14 de octubre en Venado Tuerto, durante una audiencia desarrollada en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial. La suspensión no constituye una condena: el cumplimiento de las condiciones será determinante para la continuidad del proceso.

Por el Ministerio Público de la Acusación participó la fiscal subrogante Larisa Barucca, en reemplazo del fiscal coordinador Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Antonela Dalzotto. Las partes intervinieron por Zoom.

La imputada aceptó la aplicación de la medida y las reglas de conducta, manifestó comprender las consecuencias de incumplirlas y reconoció su firma en el acuerdo.

Según la acusación, Pluto fue rescatado el 17 de julio de 2026 de una vivienda situada en Azcuénaga al 1500. Presentaba desnutrición severa, parasitosis y múltiples lesiones en la piel que requerían atención veterinaria inmediata.

La Fiscalía sostuvo que la responsable del animal conocía su condición y habría omitido de manera sostenida darle alimentación adecuada, tratamiento veterinario y un entorno seguro. La imputación atribuye sufrimientos innecesarios provocados por la omisión consciente de los cuidados que debía garantizar.

Para fundamentar el caso se reunieron informes del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), evaluaciones veterinarias, testimonios de vecinos, imágenes y comunicaciones.

De acuerdo con el MPA, el perro mostró una mejoría clínica evidente durante los primeros quince días posteriores al rescate. Sin embargo, falleció a fines de agosto en las instalaciones del Refugio Canino.

La resolución obliga a la imputada a cumplir 120 horas de trabajo comunitario no remunerado para la Municipalidad de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. Las tareas realizadas y su duración deberán ser certificadas.

También deberá completar y aprobar el curso de Concientización en Bienestar Animal y Tenencia Responsable, a cargo de veterinarias designadas por el IMUSCA, con asistencia total y evaluación final.

Durante los doce meses tendrá prohibido adquirir, adoptar, recibir, alojar, mantener o tener bajo su cuidado animales domésticos o de compañía, tanto de manera personal como por medio de terceros.

Además, deberá someterse al proceso, mantener buena conducta y cumplir las pautas de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad. Las obligaciones incluyen abstenerse de consumir sustancias tóxicas y estupefacientes, y de ingerir alcohol en exceso.

La jueza aceptó como reparación una donación de $10.000 a Amigos Peludos, que deberá acreditarse ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de los 30 días posteriores a la audiencia. También ordenó informar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia.

Desde la Fiscalía informaron que inicialmente se había solicitado un año de prisión efectiva. El posterior trabajo con la Unidad de Salidas Alternativas, a cargo de Facundo Peña, permitió alcanzar el acuerdo aprobado por Cavallero.

Si la imputada cumple todas las obligaciones, el proceso podrá extinguirse. Ante un incumplimiento, la suspensión puede revocarse y la causa retomaría su curso, una consecuencia que fue explicada durante la audiencia.

El fiscal Iván Raposo señaló que las condiciones buscan prevenir nuevos episodios y promover la tenencia responsable. Al referirse al trabajo del equipo, afirmó: “Nuestro compromiso es que cada investigación llegue a una respuesta concreta”.

La Fiscalía solicitó siete años de prisión efectiva para cada uno de los dos acusados por el robo a un hombre de 75 años en Venado Tuerto, quien recibió un golpe y sufrió cortes en el cuello durante el ataque. El fiscal Iván Raposo presentó la acusación contra L.M. y A.E. y promovió la apertura del juicio oral y público.

El episodio ocurrió en la madrugada del 20 de abril de 2026, en una casa ubicada en Ayacucho al 1300. La hipótesis fiscal indica que los imputados habrían actuado junto con un tercer hombre que aún no fue identificado.

Según la acusación, una mujer llamó al dueño de la vivienda por su nombre para conseguir que abriera la puerta. Cuando lo hizo, uno de los agresores le habría dado un golpe de puño y causado cortes en el cuello con un cuchillo para vencer su resistencia.

Los atacantes sustrajeron unos 30.000 pesos. Una vecina escuchó los pedidos de ayuda de la víctima y avisó a la Policía. El hombre recibió atención médica y fue trasladado a un centro de salud.

Para reconstruir lo sucedido, los investigadores reunieron declaraciones de testigos, actuaciones de la Comisaría 12 e imágenes de cámaras particulares y del Centro de Monitoreo Municipal. Los registros permitieron establecer el desplazamiento de tres personas cerca de la vivienda.

Raposo pidió que los acusados sean juzgados por robo calificado por el uso de arma blanca. La solicitud de siete años de cárcel para cada uno es el pedido de la Fiscalía: el tribunal deberá determinar sus responsabilidades y resolver las eventuales condenas.

Un particular hallazgo generó la intervención policial este martes en la localidad de Maggiolo, donde fue encontrada una antigua pieza con características compatibles con una munición o proyectil de artillería, cuya procedencia y antigüedad serán determinadas por personal especializado.

El elemento había sido encontrado en una vivienda desocupada y posteriormente fue acercado a la Casa de la Cultura de Maggiolo, ante la posibilidad de que, por sus características y aparente antigüedad, pudiera tratarse de una pieza de interés histórico destinada eventualmente a su exposición.

Frente a la particularidad del objeto, tomó intervención personal de la Comisaría 11.ª de Maggiolo, dependencia a cargo del inspector Martín Arce, junto al inspector Raúl Rosso y el oficial David Berte. Este último, por sus conocimientos adquiridos durante su paso por el Ejército Argentino, advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas especiales de seguridad para su manipulación. Como medida preventiva, la antigua munición fue colocada dentro de un recipiente con arena y trasladada a un sector aislado y alejado del contacto con personas. Paralelamente, se solicitó la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II, que deberá determinar técnicamente de qué tipo de proyectil se trata, su antigüedad y si conserva algún grado de peligrosidad.La actuación fue puesta en conocimiento del fiscal Iván G. Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, quien interviene en las actuaciones y dispuso el seguimiento de las diligencias correspondientes.

El episodio adquirió además un particular interés por la aparente antigüedad de la pieza, que podría remontarse a comienzos del siglo XX. De confirmarse esa circunstancia mediante los estudios correspondientes, el inesperado hallazgo podría representar no solamente una curiosidad surgida de un procedimiento policial, sino también una pieza de significativo valor histórico para la comunidad de Maggiolo.Por el momento, y hasta que finalice la intervención de los especialistas en explosivos, el elemento permanecerá bajo las medidas de seguridad correspondientes.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de siete años de prisión efectiva para José Osvaldo B., acusado de haber amenazado al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez, con el propósito de obligarlo a adoptar una decisión favorable vinculada con la ubicación y habilitación de un carro de venta de comidas.

La requisitoria de acusación fue presentada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto, en el marco de una investigación en la que también tuvo una intervención relevante el Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas.

Historia del caso

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la tarde del 24 de julio de 2026, cuando el imputado habría enviado a Rodríguez una serie de mensajes de audio a través de WhatsApp. En esas comunicaciones, le habría exigido una respuesta favorable para trasladar su puesto comercial o conseguir que otro carro fuera reubicado.

Según sostiene el MPA, Bustos habría reforzado esa exigencia mediante el anuncio de graves actos de violencia. Entre otras expresiones, manifestó que, si no obtenía una solución, haría “un ruido bárbaro en el pueblo”, que estaba acostumbrado “a otro nivel de violencia” y que podía recurrir a personas vinculadas con “los Cantero”, a quienes describió como capaces de cualquier cosa.

También habría advertido que, si intervenía la policía, no regresaría a prisión y que se enfrentaría a tiros con quienes fueran a buscarlo. Finalmente, condicionó expresamente su accionar a la respuesta del presidente comunal, señalándole que, si no recibía una solución favorable, la buscaría “a su manera”.

La Fiscalía considera que las amenazas estuvieron dirigidas a condicionar la libertad de decisión de Rodríguez en el ejercicio de sus funciones públicas. La víctima manifestó que las expresiones le generaron temor por su seguridad y por la de su familia.

La acusación se encuentra respaldada principalmente por los audios y conversaciones de WhatsApp aportados por la víctima, su declaración, la intervención inmediata de personal de la Subcomisaría 10ª de Murphy y los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados el 30 de julio.

Pedido de condena

La conducta fue calificada como amenazas coactivas agravadas por haber tenido como propósito obtener una medida o concesión de los poderes públicos, delito que contempla una escala penal de cinco a diez años de prisión.

Además de solicitar siete años de prisión de cumplimiento efectivo, el MPA pidió que, en caso de condena, Bustos sea declarado reincidente por tercera vez, con las accesorias legales y las costas del proceso. Asimismo, requirió la apertura del juicio oral y público.

“No estamos frente a una mera discusión o a un reclamo formulado en términos inapropiados. La evidencia permite sostener que se habrían anunciado males graves y violentos para condicionar la decisión de una autoridad pública. Las diferencias o necesidades particulares deben canalizarse por las vías legales: ninguna persona puede pretender imponer su voluntad mediante amenazas, y mucho menos intentar doblegar de ese modo a quien ejerce una función institucional”, afirmó el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

La solicitud de pena constituye la pretensión del Ministerio Público de la Acusación y deberá ser debatida en juicio, instancia en la que se determinará definitivamente la responsabilidad penal del acusado.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de un año de prisión efectiva para la mujer acusada de someter a su perro “Pluto” a sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente y prolongada de los cuidados básicos que requería.

Se trata de la pena máxima prevista por la Ley Nacional Nº 14.346, que reprime los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Según la acusación, la mujer era propietaria y responsable del cuidado de Pluto y, pese a conocer el progresivo deterioro de su salud, habría omitido proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamiento antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro donde permanecer.

El perro fue rescatado el 17 de julio de 2026, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500 de Venado Tuerto. En ese momento presentaba desnutrición severa, pulgas y garrapatas, mucosas pálidas compatibles con una posible anemia y múltiples lesiones cutáneas crónicas e infectadas, además de pérdida de pelo y contaminación bacteriana y fúngica.

El cuadro comprometía gravemente su bienestar y requería atención veterinaria inmediata. Luego de quince días de alimentación, tratamiento y cuidados adecuados, Pluto mostró una evidente mejoría, circunstancia que, para la Fiscalía, demuestra que gran parte de sus padecimientos podían haberse evitado mediante una asistencia oportuna.

La investigación cuenta con el informe de la médica veterinaria que examinó al animal, registros audiovisuales, conversaciones de WhatsApp y las declaraciones coincidentes de vecinos que describieron cómo Pluto permanecía habitualmente en la calle, visiblemente delgado y enfermo. Eran esas mismas personas quienes le proporcionaban comida y agua ante el estado de abandono en el que se encontraba.

La semana pasada se conoció el fallecimiento de Pluto, una noticia que causó una profunda tristeza y desazón entre quienes siguieron su historia, especialmente proteccionistas y amantes de los animales. Sin perjuicio de ello, deberá establecerse médicamente si existe alguna relación entre su fallecimiento y los padecimientos investigados en la causa.

El legajo fiscal se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Facundo Peña, titular de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, mientras que la actuación se desarrolla bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos.

Desde la Fiscalía destacaron que el maltrato animal no constituye una conducta menor ni puede ser naturalizado como una cuestión privada de quien tiene a su cargo una mascota. Los animales poseen protección legal y quienes asumen su guarda tienen la obligación de brindarles alimentación, asistencia veterinaria y condiciones de vida dignas.

Al referirse al caso, el fiscal coordinador Iván Raposo expresó: “La historia de Pluto conmovió profundamente a toda la comunidad. Quienes deciden incorporar un animal a su familia asumen una responsabilidad concreta e ineludible: alimentarlo, protegerlo y brindarle atención cuando la necesita. Cuando esa obligación se incumple conscientemente y se provoca un sufrimiento evitable, corresponde que intervenga la Justicia. Por la gravedad de los hechos acreditados, hemos solicitado la pena máxima prevista por la ley: un año de prisión efectiva”.

La Fiscalía requirió la apertura del juicio oral, instancia en la que procurará obtener una condena y una respuesta ejemplar frente a un caso que vuelve a poner en primer plano la necesidad de proteger a los animales contra el abandono, el sufrimiento y la crueldad.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo por un violento episodio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda de Venado Tuerto. En la misma causa, Wanda Rocío V. recuperó la libertad bajo reglas de conducta, mientras se analiza si su intervención pudo haberse producido en un contexto de legítima defensa.

Reclamo por una deuda

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 19 del domingo 2 de agosto, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la atribución realizada por la Fiscalía, que es provisoria y podrá modificarse durante el avance del proceso, Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. se habrían presentado en el domicilio donde se encontraban Diego Ezequiel F. y su pareja, Wanda Rocío V.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los dos hombres habrían concurrido con un cuchillo y un elemento de hierro para reclamarle una deuda de 400.000 pesos y amedrentarlo.

En esas circunstancias se habría iniciado un forcejeo que terminó con Diego Ezequiel herido en el tórax. La lesión, de características punzocortantes, fue considerada grave debido a que requirió tratamiento quirúrgico.

Qué delitos les atribuyó la Fiscalía

Los agresores fueron imputados, en esta instancia inicial de la investigación, como presuntos coautores de amenazas calificadas por el uso de arma blanca en concurso ideal con lesiones graves en riña.

Luego de las audiencias imputativas y del debate sobre las medidas cautelares, el tribunal resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la pesquisa.

La situación procesal de Wanda Rocío V. fue evaluada de manera diferente. La mujer quedó en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta mientras avanza la investigación.

Uno de los puntos centrales considerados en esta etapa es la posibilidad de que su intervención durante el enfrentamiento haya ocurrido en legítima defensa propia o de terceros.

Entre los elementos incorporados al legajo aparece un relato según el cual Héctor Damián habría llegado armado y amenazado a Wanda Rocío con un cuchillo. Siempre de acuerdo con esa versión, la mujer habría logrado quitarle el arma antes de lesionarlo.

La Fiscalía aclaró que esta reconstrucción constituye solamente una de las hipótesis bajo análisis y que todavía no representa una conclusión definitiva acerca de cómo sucedieron los hechos.

Una investigación que todavía tiene medidas pendientes

Las primeras diligencias de la causa fueron ordenadas por la fiscal Marianela Montemarani desde el inicio del legajo.

La investigación continuará ahora con el análisis de declaraciones testimoniales, informes médicos, pericias criminalísticas, elementos secuestrados y otras medidas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en la vivienda de calle Almafuerte.

Las medidas cautelares adoptadas corresponden a una etapa preliminar del proceso. Por ese motivo, la situación de las tres personas imputadas podrá ser revisada si aparecen nuevas evidencias o elementos que modifiquen la hipótesis actual.

El fiscal Iván Raposo imputó este viernes a Sergio G., propietario del taller ubicado en calle Suipacha al 50 de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por un presunto circuito ilegal de vehículos y autopartes.

La audiencia se realizó en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto y el acusado estuvo asistido por su abogada defensora y se abstuvo de prestar declaración.

La Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, ambos en calidad de autor.

Según la imputación, el comerciante habría tenido en su poder piezas sin las obleas identificatorias exigidas por la normativa y otras autopartes que no están autorizadas para su reutilización.

También se le endilgó haber realizado cortes sobre vehículos para extraer piezas destinadas a una posterior comercialización y almacenar automotores dados de baja en lugares que no contaban con la habilitación correspondiente.

Camionetas, una BMW y motores adulterados

Las irregularidades fueron detectadas el martes 28 de julio, durante inspecciones realizadas por agentes de la Policía de Investigaciones en el taller de Suipacha al 50 y en un galpón ubicado en la esquina de Suipacha y Urquiza.

Entre los vehículos inspeccionados había una camioneta Toyota blanca, una motocicleta BMW R1200 y dos Dodge RAM 2500. De acuerdo con las verificaciones incorporadas a la causa, varios de sus motores presentaban codificaciones apócrifas, inconsistencias o alteraciones.

Los investigadores también encontraron motores Toyota y Cummins con anomalías en los grabados. En dos casos, las numeraciones se repetían en diferentes elementos, una circunstancia que llamó la atención de los peritos.

En una de las camionetas RAM no fue posible comprobar el número de motor porque la base de soporte estaba corroída. Otra unidad tenía colocado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins hallado dentro del mismo establecimiento.

Nuevos hallazgos

La investigación continuó en una propiedad de Suipacha al 60, donde la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado de una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación, seccionado con una herramienta autógena.

En el lugar también había un Volkswagen Polo cuyo número de chasis habría sido alterado mediante la modalidad conocida como “ventana”, que consiste en reemplazar o modificar el sector donde se encuentra grabada la identificación original.

La Fiscalía sostuvo que el imputado tenía conocimiento del presunto origen ilícito de los vehículos y autopartes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación.

Recuperó la libertad con restricciones

Luego de la audiencia, se dispuso la libertad de Sergio G., aunque deberá cumplir una serie de reglas mientras continúe el proceso judicial.

Entre las principales medidas, el acusado tendrá que presentarse semanalmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación, mantener el domicilio informado y comparecer cada vez que sea citado.

También tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y comunicarse con los peritos verificadores que intervinieron en los procedimientos.

Además, no podrá trasladar, vender, sustituir, ocultar ni manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas en esa propiedad.

La resolución le impide realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta que cuente con las habilitaciones correspondientes.

La Justicia ordenó trabar un embargo por 15.000 dólares. El imputado deberá acreditar esa garantía ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de un plazo de 30 días.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de Venado Tuerto, presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, aceptó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Raposo y permitió acreditar que el 9 de abril de 2025, aproximadamente a las 16:00, Barrios llegó junto con otras personas a una vivienda ubicada en Jujuy al 1.400 de Venado Tuerto.

Según la atribución fiscal, Barrios descendió de un automóvil portando una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el interior de la vivienda. Otro de los involucrados llevaba un revólver, con el que golpeó a una de las personas presentes, mientras que una mujer exhibía un arma blanca. Una cuarta persona permaneció en el vehículo.

La intervención policial se produjo inmediatamente después del ataque y culminó con la aprehensión de Barrios y otras personas sindicadas como participantes. En el lugar, personal de Policía Científica secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros y constató un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en una de las paredes del inmueble.

La responsabilidad de Barrios también fue respaldada por la declaración de una de las víctimas, quien lo identificó como la persona que portaba la pistola y efectuó los disparos. Para la Fiscalía, el testimonio, la evidencia científica obtenida en la escena y la inmediata actuación policial conformaron un cuadro probatorio sólido y concordante.

Los hechos fueron calificados como abuso de armas y amenazas calificadas por el uso de armas, en concurso con portación indebida de armas de fuego, agravada por la existencia de antecedentes condenatorios.

Además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el acuerdo contempla una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Barrios reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada. El procedimiento deberá ser evaluado por el juez interviniente, quien resolverá sobre su homologación.

Nahuel Agustín Fredes (19) fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento abreviado que comprendió nueve hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Venado Tuerto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Asimismo, participó en las tareas investigativas la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo fiscal coordinado por Raposo.

La condena comprende distintos delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, robo simple, tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por el uso de un elemento punzante como arma impropia. También se incluyeron reiterados incumplimientos de medidas judiciales y un hecho de daño.

Entre los episodios de mayor gravedad se encuentra el robo cometido contra un adolescente con discapacidad, a quien Fredes interceptó al salir de una panadería y amenazó con un elemento punzante apoyado sobre el abdomen para sustraerle su teléfono celular.

La investigación permitió reunir testimonios de las víctimas, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales, inspecciones oculares, reconocimientos e informes técnicos. La valoración conjunta de esas evidencias permitió acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

En el acuerdo se tuvo especialmente en cuenta la cantidad y reiteración de las conductas, la violencia empleada, la vulnerabilidad de algunas de las víctimas y la afectación provocada. Fredes reconoció los hechos y prestó su conformidad con la calificación legal y con la pena impuesta, que deberá cumplir de manera efectiva.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante este miércoles nuevas medidas judiciales en el marco de una investigación por presunta comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas, en una causa dirigida por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Los procedimientos constituyen la continuidad de los importantes operativos realizados el pasado martes, cuando la PDI efectuó 13 inspecciones en talleres y comercios del rubro, además de dos allanamientos, logrando controlar más de 90 motocicletas, 20 automóviles y camionetas y 15 motores, detectar una maniobra de venta ilegal de combustible, clausurar un inmueble y avanzar sobre un taller y un galpón donde fueron hallados vehículos, motores y autopartes con presuntas irregularidades registrales. Como resultado de aquellas actuaciones fue detenido el principal investigado, al advertirse indicios de una posible estructura dedicada a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito.

En el marco de la continuidad de la investigación, durante la jornada del miércoles los efectivos concretaron un nuevo allanamiento en una vivienda vinculada al imputado, donde secuestraron documentación relacionada con vehículos, un disco rígido, una tablet y una tarjeta de memoria, además de otros elementos de interés para la causa.

Paralelamente, personal de la PDI junto a peritos verificadores de automotor continuó con la requisa del galpón inspeccionado durante el operativo inicial, donde se realizó un exhaustivo inventario de cientos de autopartes, motores, cajas de cambio, llantas y estructuras de vehículos.

Tras las pericias y verificaciones efectuadas sobre los guarismos identificatorios mediante los registros oficiales, fueron secuestrados un motor sin numeración visible, cuatro motores con presuntas adulteraciones, dos chasis con importantes irregularidades y un automóvil Volkswagen Polo que presentaba alteraciones en su número de chasis. Asimismo, quedó bajo custodia judicial un motor perteneciente a una camioneta Dodge Ram.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el origen de los vehículos, motores y autopartes secuestrados, establecer posibles vinculaciones con hechos de robo de automotores y profundizar la pesquisa sobre un presunto circuito de comercialización ilegal de autopartes en la región.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

Un megaoperativo judicial y policial se desarrolló este viernes en Venado Tuerto y la región, con 20 allanamientos simultáneos que permitieron detener y/o aprehender a 10 personas, además de secuestrar armas, droga, teléfonos celulares y otros elementos de interés para distintas investigaciones.

Las medidas fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En total, se realizaron 18 procedimientos en distintos domicilios de la ciudad, uno en la localidad de María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

El operativo fue impulsado por el fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, Coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de la Dra. Mayra Vuletic, Coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, y de la fiscal adjunta Dra. Larisa Barucca.

La investigación se construyó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron establecer patrones de actuación, identificar a presuntos responsables y determinar domicilios vinculados a las causas.

Para llevar adelante los allanamientos se desplegaron alrededor de 130 efectivos policiales y 45 móviles, pertenecientes a la Policía de Investigaciones y a distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas y/o aprehendidas 10 personas. Una de ellas se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde también se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Además, los agentes incautaron una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos y 9,8 gramos de cocaína, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas policiales de la provincia, con el objetivo de esclarecer múltiples hechos delictivos, identificar a sus responsables y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a la comunidad.

La Justicia condenó a Rodrigo Alejandro Ríos a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes.

El acuerdo se formalizó en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Raposo, junto con la defensa del imputado.

La causa se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad.

La operatoria investigada

Según la acusación fiscal, Rodrigo Ríos habría cooperado en la comercialización de estupefacientes dentro de una estructura liderada por Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido como el “Wacho”.

La investigación tomó impulso a partir de declaraciones brindadas el 27 de mayo de 2025 por dos mujeres que habrían señalado tareas vinculadas a la distribución y cobranza del material estupefaciente.

La acusación también sostuvo que Ana V. recibía el dinero proveniente de la venta ilegal, tanto mediante transferencias como en efectivo.

Transferencias y administración del dinero

Uno de los puntos centrales del caso fue el movimiento de dinero detectado en una cuenta vinculada al condenado. Según el planteo fiscal, Maximiliano Ríos declaró en una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, realizada el 6 de octubre de 2025, que utilizó esa cuenta como canal para administrar y hacer circular fondos derivados de la venta de drogas mientras se encontraba detenido.

En ese marco, los investigadores detectaron transferencias realizadas desde una cuenta a nombre de Débora A. entre el 21 de diciembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025. En total, se registraron 11 movimientos por una suma de 414.000 pesos.

Para la Fiscalía, ese flujo de dinero constituyó un aporte esencial para el sostenimiento de la operatoria ilegal.

La pena acordada

Por estos hechos, Rodrigo Alejandro Ríos fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa de 45 unidades fijas.

La calificación legal acordada fue la de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe necesario.

El cierre de una etapa para Raposo

La condena también marca el cierre de una etapa dentro de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto. Se trata del último juicio abreviado impulsado por el fiscal Iván Raposo en esa área, ya que pasó a desempeñarse en la unidad de Delitos contra la Propiedad.

Durante su paso por Microtráfico, Raposo encabezó investigaciones que derivaron en allanamientos, detenciones, condenas y el desmantelamiento de puntos de venta de drogas en distintas localidades del sur santafesino y en el derribo de búnkers, contribuyendo de manera significativa a la seguridad pública y al fortalecimiento de la política criminal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Brian F. quedó en prisión preventiva ordinaria en el marco de una causa en la que se investiga el robo de 1.100 dólares en Venado Tuerto. El hecho habría ocurrido luego de que la víctima publicara en su estado de WhatsApp que tenía moneda extranjera para vender.

La audiencia imputativa se realizó este miércoles y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. Según la atribución fiscal, el acusado habría actuado junto a otros dos hombres: Yulián R. y un tercero cuya identidad aún se investiga.

Una operación de cambio que terminó en asalto

De acuerdo con la investigación, el robo se produjo el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada en calle Falucho al 100 de Venado Tuerto.

La víctima, Jonatan L., había publicado en WhatsApp que tenía 1.100 dólares para vender. A partir de esa publicación, se habría coordinado una supuesta operación de compra de divisas.

Según la Fiscalía, Brian F. llegó al local junto a Yulián R. con la aparente intención de concretar la transacción. Una vez dentro del comercio, la víctima les exhibió el dinero. Luego, los dos hombres se retiraron y regresaron acompañados por un tercer involucrado.

En ese momento, siempre de acuerdo con la acusación, uno de los sospechosos mostró un arma de fuego similar a las utilizadas por personal policial. Después revisaron el lugar y sustrajeron los 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

Tras el asalto, los involucrados escaparon corriendo pese a la resistencia de Jonatan L.

La calificación legal

El fiscal Raposo le atribuyó a Brian F. la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

La calificación es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación penal preparatoria.

Allanamientos y elementos secuestrados

La detención del imputado se dio luego de una serie de procedimientos realizados el martes 16 de junio por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de Venado Tuerto.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dos gorras que serían de interés para la causa, 18,6 gramos de marihuana y dos plantines de cannabis.

De acuerdo con la investigación, algunas de las prendas secuestradas coincidirían con registros fílmicos analizados en el marco de la causa.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Jonatan Ricardo Castillo, conocido como “Jeringozo”, a la pena de tres años de prisión efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa pública.

En la audiencia, como así también en la investigación, intervino el fiscal Iván Raposo en representación del MPA, mientras que la defensora pública Melisa Andreatta asistió al imputado, quien participó de la instancia judicial vía Zoom.

Durante el trámite, la Fiscalía solicitó que se avalara el acuerdo y que Castillo fuera declarado reincidente. La defensa se allanó a lo requerido y pidió que la resolución se tuviera por firme y consentida.

Tras escuchar los términos del acuerdo, la magistrada explicó al imputado los alcances del procedimiento abreviado, sus consecuencias legales y la pena acordada. Castillo aceptó la responsabilidad penal y ratificó el convenio en todos sus puntos.

Los hechos

El primero de los episodios ocurrió el 9 de junio de 2024, alrededor de las 17:30, en una vivienda ubicada en calle Valdez al 600 de Venado Tuerto.

Según la acusación, Castillo llegó al lugar junto a otro hombre, identificado como Rodrigo R., a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Una vez allí, descendió del rodado y comenzó a gritar para que los moradores salieran de la vivienda.

En ese contexto, amenazó a una mujer con frases intimidatorias vinculadas a su expareja. Luego volvió a subir a la motocicleta y escapó.

Ese hecho fue calificado legalmente como amenazas.

Persecución y moto robada

El segundo hecho se registró el 17 de junio de 2024, cerca de las 23, en la zona de Balcarce y Marconi.

De acuerdo con la investigación, Castillo circulaba en una motocicleta Honda Tornado junto a otros dos hombres cuando personal policial intentó detener la marcha del vehículo. Al advertir la presencia de los agentes, realizó maniobras evasivas y desobedeció la voz de alto.

En la fuga, intentó subir a la vereda, perdió el control del motovehículo y cayó. Luego escapó a pie, pero fue alcanzado y aprehendido por personal policial frente al hotel “Bahú”, sobre calle Balcarce.

Al momento de ser identificado, aportó datos falsos y dijo llamarse “Adam Castillo”.

La acusación también sostuvo que, durante el traslado a la Comisaría Segunda, Castillo amenazó a los policías intervinientes.

Además, se comprobó que la motocicleta Honda Tornado blanca y roja que tenía en su poder registraba pedido de secuestro activo. El vehículo había sido sustraído de una cochera ubicada en calle Pellegrini al 300 de Venado Tuerto, el 23 de febrero de 2024.

Por este episodio, la calificación penal fue resistencia a la autoridad, amenazas y encubrimiento, todo en concurso real.

La pena

La Justicia resolvió condenar a Castillo como autor de los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y encubrimiento, todos en concurso real.

La pena impuesta fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la misma instancia se informó que fue archivada una causa en la que Castillo era investigado por presunta venta de estupefacientes.

De esta manera, la condena quedó limitada a los hechos incorporados al procedimiento abreviado: las amenazas ocurridas en una vivienda de calle Valdez y el episodio posterior que incluyó una persecución policial, amenazas a efectivos y la tenencia de una motocicleta robada.

Un hombre y una mujer de Venado Tuerto fueron condenados a cuatro años de prisión de ejecución efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado celebrado entre el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

La sentencia alcanzó a Alexis José Randisi y Violeta Aylén Rodríguez, ambos domiciliados en una vivienda de calle López al 1500. La audiencia contó con la intervención del fiscal que llevó adelante la investigación, Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de la doctora María Cecilia Tosco.

Según se resolvió, Randisi fue condenado como coautor de los delitos de robo simple, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, en concurso real. Rodríguez, en tanto, fue condenada como coautora de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Además de la pena de prisión efectiva, ambos recibieron una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para tener o portar armas de fuego.

El acuerdo abreviado

Durante la audiencia, el fiscal Raposo solicitó la homologación del procedimiento abreviado, expuso los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena acordada entre las partes.

La defensa manifestó su conformidad con lo planteado y pidió que el acuerdo fuera homologado. Luego, el juez explicó a los imputados los alcances del instituto y sus consecuencias legales. Tanto Randisi como Rodríguez ratificaron el acuerdo en todos sus términos y prestaron conformidad para que el fallo quedara firme.

Robo en una cochera céntrica

Uno de los hechos atribuidos a Randisi ocurrió el 9 de diciembre de 2022, alrededor de las 4.30, en la cochera del edificio Aconcagua, ubicado en Belgrano 1067 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación, el condenado actuó junto a otras tres personas cuya identidad aún se investiga. Tras forzar el portón de ingreso, sustrajeron tres bicicletas: una Venzo roja rodado 29, una KTM Myroon rodado 29 de cuadro de carbono y una FireBird negra con vivos rojos.

También se llevaron elementos del interior de un Peugeot 208 que estaba estacionado en el lugar: un GPS, una navaja con mango de madera, un cable USB y 18.000 pesos en efectivo.

Marihuana en una plaza

El segundo hecho se registró el 13 de agosto de 2025, cerca de la 1.10, en la plaza ubicada en inmediaciones de Colón y Lisandro de la Torre, también en Venado Tuerto.

Personal policial que realizaba tareas de prevención observó a la pareja sentada en el lugar. Al solicitarles que exhibieran el contenido de una riñonera que tenía Rodríguez, los agentes hallaron ocho envoltorios de nylon con sustancia vegetal.

El test de campo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 8,2 gramos.

El allanamiento en calle López

El tercer hecho fue acreditado a partir de un allanamiento realizado el 19 de marzo de 2026, en horas de la tarde, en la vivienda donde convivían los condenados, ubicada en López 1500.

Allí se secuestró una pistola calibre 22 municionada, cuatro cartuchos —uno calibre 38 y tres calibre 22—, 15 envoltorios termosellados de cocaína, con un peso total de 10,9 gramos, y 17 envoltorios de marihuana, con un peso total de 9,3 gramos.

También fueron hallados 552.800 pesos en efectivo, una balanza de precisión en funcionamiento, dos teléfonos celulares, frascos con cogollos de marihuana, semillas y recortes de nylon.

Para la acusación, la forma de acondicionamiento de las sustancias, la presencia de dinero, la balanza y los elementos de fraccionamiento permitieron sostener que la droga estaba destinada a la comercialización.