Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

Un megaoperativo judicial y policial se desarrolló este viernes en Venado Tuerto y la región, con 20 allanamientos simultáneos que permitieron detener y/o aprehender a 10 personas, además de secuestrar armas, droga, teléfonos celulares y otros elementos de interés para distintas investigaciones.

Las medidas fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En total, se realizaron 18 procedimientos en distintos domicilios de la ciudad, uno en la localidad de María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

El operativo fue impulsado por el fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, Coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de la Dra. Mayra Vuletic, Coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, y de la fiscal adjunta Dra. Larisa Barucca.

La investigación se construyó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron establecer patrones de actuación, identificar a presuntos responsables y determinar domicilios vinculados a las causas.

Para llevar adelante los allanamientos se desplegaron alrededor de 130 efectivos policiales y 45 móviles, pertenecientes a la Policía de Investigaciones y a distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas y/o aprehendidas 10 personas. Una de ellas se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde también se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Además, los agentes incautaron una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos y 9,8 gramos de cocaína, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas policiales de la provincia, con el objetivo de esclarecer múltiples hechos delictivos, identificar a sus responsables y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a la comunidad.

La Justicia condenó a Rodrigo Alejandro Ríos a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes.

El acuerdo se formalizó en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Raposo, junto con la defensa del imputado.

La causa se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad.

La operatoria investigada

Según la acusación fiscal, Rodrigo Ríos habría cooperado en la comercialización de estupefacientes dentro de una estructura liderada por Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido como el “Wacho”.

La investigación tomó impulso a partir de declaraciones brindadas el 27 de mayo de 2025 por dos mujeres que habrían señalado tareas vinculadas a la distribución y cobranza del material estupefaciente.

La acusación también sostuvo que Ana V. recibía el dinero proveniente de la venta ilegal, tanto mediante transferencias como en efectivo.

Transferencias y administración del dinero

Uno de los puntos centrales del caso fue el movimiento de dinero detectado en una cuenta vinculada al condenado. Según el planteo fiscal, Maximiliano Ríos declaró en una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, realizada el 6 de octubre de 2025, que utilizó esa cuenta como canal para administrar y hacer circular fondos derivados de la venta de drogas mientras se encontraba detenido.

En ese marco, los investigadores detectaron transferencias realizadas desde una cuenta a nombre de Débora A. entre el 21 de diciembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025. En total, se registraron 11 movimientos por una suma de 414.000 pesos.

Para la Fiscalía, ese flujo de dinero constituyó un aporte esencial para el sostenimiento de la operatoria ilegal.

La pena acordada

Por estos hechos, Rodrigo Alejandro Ríos fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa de 45 unidades fijas.

La calificación legal acordada fue la de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe necesario.

El cierre de una etapa para Raposo

La condena también marca el cierre de una etapa dentro de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto. Se trata del último juicio abreviado impulsado por el fiscal Iván Raposo en esa área, ya que pasó a desempeñarse en la unidad de Delitos contra la Propiedad.

Durante su paso por Microtráfico, Raposo encabezó investigaciones que derivaron en allanamientos, detenciones, condenas y el desmantelamiento de puntos de venta de drogas en distintas localidades del sur santafesino y en el derribo de búnkers, contribuyendo de manera significativa a la seguridad pública y al fortalecimiento de la política criminal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Brian F. quedó en prisión preventiva ordinaria en el marco de una causa en la que se investiga el robo de 1.100 dólares en Venado Tuerto. El hecho habría ocurrido luego de que la víctima publicara en su estado de WhatsApp que tenía moneda extranjera para vender.

La audiencia imputativa se realizó este miércoles y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. Según la atribución fiscal, el acusado habría actuado junto a otros dos hombres: Yulián R. y un tercero cuya identidad aún se investiga.

Una operación de cambio que terminó en asalto

De acuerdo con la investigación, el robo se produjo el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada en calle Falucho al 100 de Venado Tuerto.

La víctima, Jonatan L., había publicado en WhatsApp que tenía 1.100 dólares para vender. A partir de esa publicación, se habría coordinado una supuesta operación de compra de divisas.

Según la Fiscalía, Brian F. llegó al local junto a Yulián R. con la aparente intención de concretar la transacción. Una vez dentro del comercio, la víctima les exhibió el dinero. Luego, los dos hombres se retiraron y regresaron acompañados por un tercer involucrado.

En ese momento, siempre de acuerdo con la acusación, uno de los sospechosos mostró un arma de fuego similar a las utilizadas por personal policial. Después revisaron el lugar y sustrajeron los 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

Tras el asalto, los involucrados escaparon corriendo pese a la resistencia de Jonatan L.

La calificación legal

El fiscal Raposo le atribuyó a Brian F. la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

La calificación es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación penal preparatoria.

Allanamientos y elementos secuestrados

La detención del imputado se dio luego de una serie de procedimientos realizados el martes 16 de junio por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de Venado Tuerto.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dos gorras que serían de interés para la causa, 18,6 gramos de marihuana y dos plantines de cannabis.

De acuerdo con la investigación, algunas de las prendas secuestradas coincidirían con registros fílmicos analizados en el marco de la causa.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Jonatan Ricardo Castillo, conocido como “Jeringozo”, a la pena de tres años de prisión efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa pública.

En la audiencia, como así también en la investigación, intervino el fiscal Iván Raposo en representación del MPA, mientras que la defensora pública Melisa Andreatta asistió al imputado, quien participó de la instancia judicial vía Zoom.

Durante el trámite, la Fiscalía solicitó que se avalara el acuerdo y que Castillo fuera declarado reincidente. La defensa se allanó a lo requerido y pidió que la resolución se tuviera por firme y consentida.

Tras escuchar los términos del acuerdo, la magistrada explicó al imputado los alcances del procedimiento abreviado, sus consecuencias legales y la pena acordada. Castillo aceptó la responsabilidad penal y ratificó el convenio en todos sus puntos.

Los hechos

El primero de los episodios ocurrió el 9 de junio de 2024, alrededor de las 17:30, en una vivienda ubicada en calle Valdez al 600 de Venado Tuerto.

Según la acusación, Castillo llegó al lugar junto a otro hombre, identificado como Rodrigo R., a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Una vez allí, descendió del rodado y comenzó a gritar para que los moradores salieran de la vivienda.

En ese contexto, amenazó a una mujer con frases intimidatorias vinculadas a su expareja. Luego volvió a subir a la motocicleta y escapó.

Ese hecho fue calificado legalmente como amenazas.

Persecución y moto robada

El segundo hecho se registró el 17 de junio de 2024, cerca de las 23, en la zona de Balcarce y Marconi.

De acuerdo con la investigación, Castillo circulaba en una motocicleta Honda Tornado junto a otros dos hombres cuando personal policial intentó detener la marcha del vehículo. Al advertir la presencia de los agentes, realizó maniobras evasivas y desobedeció la voz de alto.

En la fuga, intentó subir a la vereda, perdió el control del motovehículo y cayó. Luego escapó a pie, pero fue alcanzado y aprehendido por personal policial frente al hotel “Bahú”, sobre calle Balcarce.

Al momento de ser identificado, aportó datos falsos y dijo llamarse “Adam Castillo”.

La acusación también sostuvo que, durante el traslado a la Comisaría Segunda, Castillo amenazó a los policías intervinientes.

Además, se comprobó que la motocicleta Honda Tornado blanca y roja que tenía en su poder registraba pedido de secuestro activo. El vehículo había sido sustraído de una cochera ubicada en calle Pellegrini al 300 de Venado Tuerto, el 23 de febrero de 2024.

Por este episodio, la calificación penal fue resistencia a la autoridad, amenazas y encubrimiento, todo en concurso real.

La pena

La Justicia resolvió condenar a Castillo como autor de los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y encubrimiento, todos en concurso real.

La pena impuesta fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la misma instancia se informó que fue archivada una causa en la que Castillo era investigado por presunta venta de estupefacientes.

De esta manera, la condena quedó limitada a los hechos incorporados al procedimiento abreviado: las amenazas ocurridas en una vivienda de calle Valdez y el episodio posterior que incluyó una persecución policial, amenazas a efectivos y la tenencia de una motocicleta robada.

Un hombre y una mujer de Venado Tuerto fueron condenados a cuatro años de prisión de ejecución efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado celebrado entre el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

La sentencia alcanzó a Alexis José Randisi y Violeta Aylén Rodríguez, ambos domiciliados en una vivienda de calle López al 1500. La audiencia contó con la intervención del fiscal que llevó adelante la investigación, Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de la doctora María Cecilia Tosco.

Según se resolvió, Randisi fue condenado como coautor de los delitos de robo simple, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, en concurso real. Rodríguez, en tanto, fue condenada como coautora de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Además de la pena de prisión efectiva, ambos recibieron una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para tener o portar armas de fuego.

El acuerdo abreviado

Durante la audiencia, el fiscal Raposo solicitó la homologación del procedimiento abreviado, expuso los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena acordada entre las partes.

La defensa manifestó su conformidad con lo planteado y pidió que el acuerdo fuera homologado. Luego, el juez explicó a los imputados los alcances del instituto y sus consecuencias legales. Tanto Randisi como Rodríguez ratificaron el acuerdo en todos sus términos y prestaron conformidad para que el fallo quedara firme.

Robo en una cochera céntrica

Uno de los hechos atribuidos a Randisi ocurrió el 9 de diciembre de 2022, alrededor de las 4.30, en la cochera del edificio Aconcagua, ubicado en Belgrano 1067 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación, el condenado actuó junto a otras tres personas cuya identidad aún se investiga. Tras forzar el portón de ingreso, sustrajeron tres bicicletas: una Venzo roja rodado 29, una KTM Myroon rodado 29 de cuadro de carbono y una FireBird negra con vivos rojos.

También se llevaron elementos del interior de un Peugeot 208 que estaba estacionado en el lugar: un GPS, una navaja con mango de madera, un cable USB y 18.000 pesos en efectivo.

Marihuana en una plaza

El segundo hecho se registró el 13 de agosto de 2025, cerca de la 1.10, en la plaza ubicada en inmediaciones de Colón y Lisandro de la Torre, también en Venado Tuerto.

Personal policial que realizaba tareas de prevención observó a la pareja sentada en el lugar. Al solicitarles que exhibieran el contenido de una riñonera que tenía Rodríguez, los agentes hallaron ocho envoltorios de nylon con sustancia vegetal.

El test de campo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 8,2 gramos.

El allanamiento en calle López

El tercer hecho fue acreditado a partir de un allanamiento realizado el 19 de marzo de 2026, en horas de la tarde, en la vivienda donde convivían los condenados, ubicada en López 1500.

Allí se secuestró una pistola calibre 22 municionada, cuatro cartuchos —uno calibre 38 y tres calibre 22—, 15 envoltorios termosellados de cocaína, con un peso total de 10,9 gramos, y 17 envoltorios de marihuana, con un peso total de 9,3 gramos.

También fueron hallados 552.800 pesos en efectivo, una balanza de precisión en funcionamiento, dos teléfonos celulares, frascos con cogollos de marihuana, semillas y recortes de nylon.

Para la acusación, la forma de acondicionamiento de las sustancias, la presencia de dinero, la balanza y los elementos de fraccionamiento permitieron sostener que la droga estaba destinada a la comercialización.

El fiscal Iván Raposo, de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto, pidió siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Miguel Alejandro E., de 53 años, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según la acusación, los hechos investigados ocurrieron en dos procedimientos realizados en el domicilio del acusado, ubicado en calle Pinto Lucero de Venado Tuerto. La Fiscalía sostiene que el material secuestrado y las tareas investigativas previas permiten presumir que las sustancias halladas estaban destinadas a la venta al menudeo.

Dos allanamientos

El primer hecho atribuido ocurrió el 23 de agosto de 2024, durante un allanamiento en el que se secuestraron 3,6 gramos de cocaína y $2.760 en efectivo. De acuerdo con la Fiscalía, ese procedimiento se enmarcó en una investigación desarrollada por la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

En ese expediente también se mencionaron registros fílmicos y antecedentes de otro allanamiento realizado en la misma vivienda por orden del Juzgado Federal el 1 de septiembre de 2022, cuando se habrían secuestrado estupefacientes y precursores químicos.

Segundo hecho

El segundo episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2025, también en horas de la tarde y en la misma vivienda. En ese procedimiento, según la acusación, se incautaron 44,34 gramos de cocaína, $588.760 en efectivo, dos plantas de marihuana de 40 y 50 centímetros, dos balanzas de precisión, recortes de nylon y una hoja con anotaciones.

Para la Fiscalía, esos elementos, sumados a registros fílmicos que habrían captado maniobras compatibles con la venta de drogas, sostienen la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Miguel Alejandro E. el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real, por dos hechos, en calidad de autor.

En función de esa calificación, el fiscal Raposo solicitó una pena de siete años de prisión efectiva, más las accesorias legales y las costas del proceso.

La Justicia condenó a Cecilia Andrea Troncoso y a su hija Nadin Aime Yustinelli a cuatro años de prisión efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes. Ambas aceptaron su responsabilidad penal en el marco de procedimientos abreviados, con la intervención del fiscal de Microtráfico, Iván Raposo y del abogado defensor Sergio Dibelo.

Según la acusación, las maniobras investigadas se desarrollaban en una vivienda ubicada en calle Valdez al 1600 de Venado Tuerto. Allí, de acuerdo con la evidencia reunida, se habrían registrado movimientos compatibles con la venta de drogas.

La causa se tramitó por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y tuvo como eje la presunta participación conjunta de Troncoso, Yustinelli y Carlos Salvador Muñoz, pareja de la primera, condenado a comienzos de 2026 a seis años de prisión efectiva por distintos hechos delictivos.

Allanamientos y evidencia

La investigación incluyó tareas de vigilancia, registros fílmicos y allanamientos. En uno de los procedimientos, realizado el 29 de septiembre de 2024, los investigadores secuestraron 15 envoltorios de nylon con un peso total de 7,8 gramos de cocaína, teléfonos celulares, dos frascos con sustancia vegetal de características similares a la marihuana —de 6 y 7 gramos— y 167.750 pesos en efectivo.

De acuerdo con la acusación fiscal, al momento del ingreso policial, Yustinelli habría intentado desprenderse de elementos de color blanco arrojándolos hacia una salamandra. Tras la voz de alto, los soltó en el piso, donde luego fueron secuestrados por los investigadores.

En otro allanamiento, realizado el 11 de septiembre de 2025, se incautaron 18,1 gramos de marihuana, siete teléfonos celulares y 381.350 pesos en efectivo. También se mencionó el secuestro de otros dos teléfonos durante un procedimiento posterior.

Mensajes y anotaciones 

Un punto central de la investigación fue el análisis de los teléfonos secuestrados. Según el legajo, de la extracción de información del celular de Yustinelli surgieron imágenes de estupefacientes, dinero, un arma aparentemente de fuego, hojas con anotaciones de deudas de clientes y conversaciones vinculadas con la venta de drogas.

La Fiscalía sostuvo que los mensajes intercambiados entre la joven, su madre y Muñoz permitieron acreditar la dinámica de comercialización. En esas conversaciones, según consta en la imputación, se hacía referencia a cantidades de droga, dinero, fraccionamiento, bolsitas preparadas y clientes que adeudaban pagos.

La pena acordada

Tanto Cecilia Andrea Troncoso como Nadin Aime Yustinelli fueron condenadas como autoras del delito de comercialización de estupefacientes. La pena impuesta para cada una fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 45 unidades fijas.

El acuerdo abreviado permitió cerrar la instancia judicial sin llegar a un juicio oral, a partir del reconocimiento de responsabilidad penal por parte de las imputadas y la aceptación de la calificación legal propuesta.

Una joven de 27 años fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento condicional por su participación como colaboradora en la venta de estupefacientes en un inmueble de Venado Tuerto. La investigación, que incluyó un allanamiento y el secuestro de drogas y otros elementos vinculados con la comercialización, permitió determinar su responsabilidad como partícipe secundaria del ilícito.

El operativo se realizó el 22 de mayo de 2025, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones —Unidad de Microtráfico— ingresaron a un domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en la ciudad de Venado Tuerto. En el lugar se encontró a Micaela Florencia Villalba, de 27 años, junto al principal investigado, Joaquín Miranda, ya condenado a cuatro años de prisión.

Durante el procedimiento se incautaron múltiples elementos que, según la Fiscalía, eran utilizados para la comercialización de drogas: 15 envoltorios de cocaína, 213,6 gramos de marihuana, seis celulares, dos balanzas de precisión, pipas, picadores, una réplica de arma de fuego, una contadora de billetes y la suma de $378.000 en efectivo.

La investigación se había iniciado a partir de diversas tareas de inteligencia y vigilancias que establecieron maniobras compatibles con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes en ese domicilio.

Calificación judicial y condena

El fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico, Iván Raposo, acusó a Villalba de haber colaborado de forma consciente con la actividad ilícita de Miranda, aunque sin detentar dominio ni control sobre el accionar principal.

La conducta fue calificada como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de un procedimiento abreviado, el Tribunal determinó imponerle a Villalba una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Decomiso de bienes y pautas de conducta

La sentencia también dispone el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Entre los bienes decomisados figuran los seis teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, estupefacientes, pipas, picadores y la réplica de arma de fuego.

Además, al tratarse de una pena condicional, se establecieron una serie de pautas de conducta que la sentenciada deberá cumplir durante el plazo de la condena, entre ellas:

La Justicia de Venado Tuerto condenó a una mujer de 27 años por haber colaborado con su pareja en maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. La pena fue resuelta mediante un procedimiento abreviado y consiste en dos años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia alcanzó a Naiara Celeste Peruchini, quien admitió haber facilitado su cuenta bancaria para operaciones relacionadas con la venta de droga, según la investigación impulsada por el fiscal Iván raposo del Ministerio Público de la Acusación.

Investigación y acuerdo abreviado

La audiencia contó con la participación de Raposo y de la defensora pública Melisa Andreatta. Durante la misma, se dio lectura al acuerdo presentado por las partes, con la conformidad de la imputada, describiendo los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena consensuada.

De acuerdo con la acusación, Peruchini prestó cooperación a su pareja, Ezequiel Nicolás Díaz Vecellio (ya condenado a 4 años de prisión), para concretar maniobras de comercialización de estupefacientes mediante transferencias bancarias.

La pesquisa estableció movimientos de dinero hacia presuntos proveedores identificados como Débora A. y Maximiliano Ríos. El hecho investigado se extendió entre el 15 de mayo de 2024 y el 12 de agosto de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto.

La condena

El tribunal consideró acreditada la participación secundaria de la acusada en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, resolvió condenarla a dos años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las medidas dispuestas figuran la obligación de fijar residencia y someterse al control postpenitenciario, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos y cumplir con las pautas establecidas por la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad.

Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con los involucrados en la causa, aunque la restricción no alcanza al coimputado Díaz Vecellio, debido a que ambos tienen un hijo menor de edad.

Dinero, droga y municiones decomisadas

En el fallo también se dispuso el decomiso de distintos elementos secuestrados durante la investigación.

Entre ellos figuran $810.350 en efectivo, 61,4 gramos de cocaína, una planta de marihuana, varios envoltorios con cannabis, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Además, fueron decomisados fertilizantes, focos de luz utilizados para cultivo, cartuchos de distintos calibres, tijeras, recortes y otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Iván Raposo, personal de la Dirección General Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este jueves tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de la causa “Ontivero Romina y otros s/ Infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron efectuados por efectivos de División Microtráfico Región III, junto a personal del Departamento Operativo de Investigaciones y con colaboración de PDI Distrito Melincué, Firmat y grupos tácticos de irrupción. Las medidas judiciales se concretaron en domicilios ubicados en calle Lola Mora al 1000, Isaac Sigal al 1400 y Camarero al 1300, arrojando todos resultados positivos.

En el allanamiento realizado en calle Lola Mora se secuestraron 47,7 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana, un teléfono celular y anotaciones de interés para la causa. Además, intervino personal de Sección Canes, que marcó positivamente la presencia de material estupefaciente.

Por otra parte, en el procedimiento llevado adelante en calle Isaac Sigal al 1400, los investigadores secuestraron 2,9 gramos de cocaína, 9,7 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares, una notebook, cuatro tarjetas SIM, recortes de nylon, guantes y dinero en efectivo. Durante el operativo, un joven intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado por el personal actuante y quedó detenido. Se trata de F.B de 19 años.

Finalmente, en el domicilio de calle Camarero al 1300 se secuestraron 2,4 gramos de marihuana y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto en el marco de tareas investigativas y de inteligencia desarrolladas de manera encubierta por personal de PDI, orientadas a detectar posibles maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Dos hombres oriundos de Rufino fueron aprehendidos en la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto luego de un operativo realizado por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos viajaban en un colectivo de línea proveniente de Rosario con destino final en Rufino y habrían transportado droga con fines de comercialización y distribución.

La investigación y el procedimiento

La causa se inició tras información aportada al fiscal regional Mauricio Clavero por una fuente de identidad reservada. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo discreto de vigilancia en la terminal venadense.

Al arribar el micro, efectivos de la División Microtráfico identificaron a los dos sospechosos y, con autorización judicial, realizaron una inspección dentro de la unidad. Durante la requisa encontraron un envoltorio oculto entre las butacas ocupadas por ambos individuos.

Posteriormente, las pruebas de campo efectuadas sobre la sustancia secuestrada confirmaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron:

Además, todo el material quedó incorporado a la causa como evidencia de interés para la investigación.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como:

Ambos quedaron inicialmente detenidos por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

La causa pasó al fuero federal

Debido a que la modalidad investigada encuadra en el delito de transporte de estupefacientes, el Ministerio Público de la Acusación se declaró incompetente por razones de materia y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.

La investigación continuará ahora bajo la órbita de la fiscal federal Daniela Ghiorzi, quien seguirá adelante con las medidas judiciales correspondientes.

Personal de la Policía de Investigaciones llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Microtráfico, con intervención de la Fiscalía a cargo del fiscal Iván Raposo.

Las tareas investigativas se iniciaron a partir de información que daba cuenta de una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en la zona, por lo que efectivos de la División Microtráfico de la PDI desplegaron labores de campo, vigilancia discreta y registros encubiertos, logrando documentar maniobras compatibles con la venta de droga.

En ese contexto, este sábado y con colaboración de personal de los Distritos Melincué y Firmat, junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se realizaron dos allanamientos emanadas por la autoridad judicial competente.

Durante el operativo, y previo al ingreso a uno de los domicilios, los efectivos observaron la salida de un vehículo vinculado a la investigación. Ante esta situación se inició un seguimiento controlado, durante el cual el conductor desoyó reiteradas órdenes de detención, dándose a la fuga. El rodado fue finalmente interceptado y su conductor detenido.

En la requisa personal y del vehículo, realizada con conocimiento del fiscal interviniente y en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con sustancia blanquecina similar a cocaína, teléfonos celulares, recortes de nailon, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, en los allanamientos realizados, cuyas ubicaciones se reservan por razones operativas, se obtuvieron resultados positivos, procediéndose al secuestro de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, material de corte, recortes de nailon y dispositivos electrónicos.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En total, se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana, teléfonos celulares, una cámara filmadora, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La Justicia homologó un procedimiento abreviado y condenó a Lucas Adrián Ramón Domingorena como autor de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas, en concurso ideal.

La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución efectiva y diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, en el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal Iván Raposo. 

De acuerdo con la resolución, el cumplimiento de la condena comenzará bajo modalidad domiciliaria debido a un padecimiento psiquiátrico del condenado.

El hecho

El siniestro ocurrió el 13 de julio de 2025, alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 642 de la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Murphy.

Según la acusación fiscal, Domingorena conducía un Volkswagen Gol Trend en sentido Venado Tuerto–Murphy con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre. En esas condiciones, invadió el carril contrario y continuó su marcha pese a las señales y advertencias realizadas por otro automovilista que logró esquivarlo.

Momentos después, impactó de frente contra un Volkswagen Polo Classic en el que viajaban Christian Ruiz, Celia Moya y sus hijos.

Como consecuencia del choque, Celia Moya murió por traumatismo craneoencefálico, traumatismo cerrado de tórax y lesiones pulmonares y cardíacas.

Christian Ruiz sufrió lesiones graves, entre ellas politraumatismos, fracturas en vértebras lumbares, contusión pulmonar derecha, lesión costal y fractura de huesos nasales.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Abel Ezequiel Santone, de 32 años, a la pena de 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarlo responsable de una extensa seguidilla de delitos contra la propiedad perpetrados entre julio y septiembre de 2024.

La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la defensora Silvia Cecilia Couselo, con la aceptación del imputado, quien reconoció su participación en los hechos.

Raid delictivo en distintos puntos de la ciudadDe acuerdo a la acusación, Santone llevó adelante al menos 13 episodios delictivos en distintos barrios de Venado Tuerto, afectando tanto a particulares como a comerciantes.

La secuencia comenzó el 7 de julio de 2024 con el intento de ingreso a una vivienda tras forzar una puerta balcón, y se extendió durante agosto y principios de septiembre con robos consumados en domicilios y locales comerciales.

Entre los hechos más relevantes, se destacan asaltos en negocios donde el condenado intimidó a víctimas con cuchillas tipo carnicero para apoderarse de dinero en efectivo y teléfonos celulares. En otros casos, utilizó un arma de fuego para concretar los robos o intentar sustraer pertenencias.

Las sumas sustraídas variaron según cada episodio, alcanzando en algunos casos montos cercanos a los 150 mil pesos, además de mercadería, electrodomésticos y objetos personales.

Violencia, reiteración y fugaSegún la investigación, el accionar delictivo evidenció un patrón reiterado: ingreso sorpresivo, intimidación mediante armas y rápida fuga. Para escapar, el imputado utilizaba bicicletas o motocicletas, lo que le permitía desplazarse con agilidad tras cometer los ilícitos.

También se registraron hechos en la vía pública, como el robo de un teléfono celular a una mujer a quien amenazó con un cuchillo.

Detención y agravante por arma de fuegoEl 10 de septiembre de 2024, Santone fue detenido en un domicilio de Venado Tuerto. En su poder, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 con municiones, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Calificación legal y condenaLos hechos fueron encuadrados por la Fiscalía como robos calificados por efracción —consumados y en tentativa—, robos agravados por el uso de arma blanca y de fuego, robos simples, hurto y tenencia ilegal de arma.

La multiplicidad de hechos, la reiteración delictiva y el uso de violencia fueron factores determinantes para fijar la pena acordada, que fue homologada por el tribunal interviniente.

En el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, el imputado Brian Ezequiel Martínez, de 22 años, aceptó su responsabilidad penal en un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Gastón Raposo, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en microtráfico de la 3° Circunscripción Judicial.

La defensa estuvo representada por la abogada Silvia Couselo, quien asistió al acusado durante el proceso judicial que culminó con la imposición de la pena.

Los hechos investigadosSegún la investigación, el hecho ocurrió el 13 de febrero de 2025, alrededor de la medianoche, cuando personal policial detectó al joven realizando maniobras de comercialización de estupefacientes en dos puntos de la ciudad: la intersección de Pavón y Juan Bautista Alberdi, y la plaza Dr. Juan Escribano.

Las acciones fueron debidamente documentadas por las fuerzas de seguridad, lo que permitió avanzar en la causa.

Allanamiento y secuestro de drogaPosteriormente, al ejecutarse un allanamiento en el domicilio del imputado —ubicado en calle Libertad al 700—, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron:

Estos elementos fueron considerados indicios claros de que la sustancia estaba destinada a la venta al menudeo.

Calificación legal y penaLa conducta fue encuadrada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Como resultado, el tribunal resolvió condenar a Martínez a:

En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia homologó la condena contra Gian Damián Rolón por delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia ilegal de armas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con la participación de la defensa técnica del imputado.

Rolón fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil, en concurso real, recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de una multa.

El allanamiento El hecho central de la causa se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Independencia al 700 de la localidad de Elortondo.

En el lugar, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes y otros elementos que, según la Fiscalía, resultan compatibles con la preparación y fraccionamiento de droga para su comercialización.

Ventas bajo la modalidad deliveryLa investigación incluyó además tareas de vigilancia y análisis de registros fílmicos. Según se indicó, el joven habría sido captado junto a su pareja realizando maniobras de venta de estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, utilizando un vehículo particular.

Estos movimientos se habrían concretado en distintos puntos de la localidad, lo que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida en el tiempo.

Armas sin autorizaciónDurante el procedimiento también se incautaron armas de fuego: una escopeta calibre 12/70 con cartuchos y una pistola calibre 22 con numeración adulterada, además de municiones. Todo el material era poseído sin la correspondiente autorización legal.

Este hallazgo derivó en una imputación adicional, que se sumó a la causa por estupefacientes.

Una denuncia que inició la investigaciónEl caso tuvo su origen en una denuncia anónima realizada el 21 de agosto de 2025 a través del “Buzón de la Vida”. En ella, vecinos alertaban sobre un movimiento constante de personas y motocicletas en el domicilio investigado, con presuntas maniobras de intercambio de droga a distintas horas del día.

A partir de ese dato, se desplegaron tareas investigativas que culminaron con el allanamiento y la posterior imputación del joven.