En la audiencia que se desarrolló el último jueves, el fiscal Iván Raposo brindó detalles sobre las declaraciones de dos mujeres, quienes se presentaron como testigos arrepentidas y brindaron detalles en relación al funcionamiento de las dos principales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y la región. Según su relato, las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.

Las testigos, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, contaron cómo las organizaciones criminales recurrían a la agencia de turismo de Ezequiel A., dueño del local, para convertir grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de la venta de estupefacientes, en dólares estadounidenses. Según las declaraciones, este proceso de cambio de divisas era realizado sin ningún tipo de control o registro formal. “Nunca nos preguntaron por el origen del dinero ni nos dieron recibos. Todo era en negro”, aseguró una de las mujeres, quien trabajaba de forma directa con los cabecillas de la organización.

Los detalles que las testigos compartieron fueron fundamentales para entender cómo operaban las dos organizaciones en Venado Tuerto y en otras localidades del sur-sur santafesino. Según la fiscalía, la participación de Ezequiel A. fue clave, ya que proveía a los narcos de los dólares necesarios para realizar sus compras de estupefacientes, los cuales luego eran distribuidos y comercializados en el mercado local.

Ezequiel, quien fue imputado como “partícipe secundario” en el tráfico de estupefacientes, es señalado como uno de los principales responsables de facilitar este intercambio de dinero. Según las investigaciones, además de las transacciones que se realizaban con billetes en efectivo, el dueño de la agencia recibió transferencias bancarias de parte de miembros de las organizaciones. En particular, se destaca una por un total de 1.471.750 pesos provenientes de intermediarios cercanos a los cabecillas de las bandas, que operaban desde la cárcel.

Por su parte, su suegro, Jorge K., también fue imputado en el caso por su rol como colaborador financiero de la organización. Se le atribuye haber recibido una suma de 1.240.000 pesos mediante transferencias bancarias realizadas por parte de Kiara Rocío D., una de las implicadas en el tráfico de drogas. Además, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, que fueron encontradas en su hogar durante el allanamiento de las últimas semanas.

Las declaraciones de las testigos arrepentidas también ofrecieron detalles sobre cómo era la operatoria dentro de la agencia de turismo. “Yo mandaba un mensaje por WhatsApp preguntando el precio del dólar, luego llegaba a la agencia, me atendía una chica, le daba el dinero en efectivo, y me daban los dólares”, relató una de las mujeres. Según su testimonio, este proceso se repetía semanalmente, con sumas que oscilaban entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la cantidad de dinero que recaudaban. En tanto, otras de las organizaciones, adquiría mensualmente una suma cerca a los 8.000 dólares.

El relato de las testigos fue confirmado por la declaración de una empleada de la agencia, quien indicó que todas las transacciones eran supervisadas por Ezequiel A. “Él fijaba los precios, daba las instrucciones y autorizaba todas las operaciones. Nadie más podía hacer nada sin su consentimiento”, afirmó, quien también detalló que no se realizaba ningún tipo de control sobre el origen del dinero o la identidad de los clientes.

En el allanamiento realizado el 31 de marzo, en la agencia de turismo los agentes policiales incautaron la suma total de 7.027.200 de pesos, 12.215 euros y 39.438 dólares.

El caso sigue en plena investigación. El fiscal Iván Raposo destacó la importancia de las declaraciones de las testigos, ya que brindaron una visión integral sobre cómo se desarrollaba la operatoria de cambio de divisas y cómo las bandas narcos se beneficiaban de la actividad ilícita.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a dos años de prisión condicional en el marco de un juicio abreviado por un siniestro vial de extrema gravedad ocurrido el 17 de agosto de 2025, en la intersección de ruta nacional 33 y Avenida Chapuis.

De acuerdo a la investigación penal, el imputado (identificado como Germán Uriel Godoy, de 19 años) circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc junto a una joven cuando perdió el control del rodado.

La maniobra derivó en que ambos impactaran contra el guardarraíl ubicado en la banquina, en un episodio de fuerte violencia que dejó evidencias materiales en el lugar.

Alcohol al volante y pérdida de control

Uno de los elementos centrales del caso fue el estado del conductor al momento del hecho. Los estudios posteriores confirmaron que presentaba 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según la acusación, el joven conducía de manera imprudente, antirreglamentaria y sin los cuidados mínimos exigidos, lo que derivó en la pérdida del control de la motocicleta.

Tras el impacto inicial, el vehículo volvió a la calzada y terminó detenido sobre el carril contrario.

Lesiones gravísimas

Como consecuencia del siniestro, la acompañante (Antonella) sufrió heridas de extrema gravedad. El parte médico determinó múltiples excoriaciones y la amputación completa del pie derecho a la altura del tercio medio de la pierna.

La magnitud de las lesiones fue determinante para la calificación legal del hecho.

La resolución judicial

La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, a cargo de Iván Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado acordado con la defensa.

El tribunal consideró a Godoy autor del delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido.

Como resultado, se le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional (sin cumplimiento efectivo) y la inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de cuatro años.

Una mujer de 30 años fue condenada en Venado Tuerto a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación estuvo a cargo del fiscal especializado en microtráfico, Iván Gastón Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado. En ese marco, la imputada, Joana Ríos, reconoció su responsabilidad penal por los hechos investigados.

La defensa fue ejercida por el abogado Mauro Blanco, quien acordó con la Fiscalía los términos de la condena.

Allanamiento y secuestro de droga

El hecho central de la investigación se remonta al 17 de octubre de 2025, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Obispo Rossi al 500.

Durante el procedimiento se incautaron:

De acuerdo con la acusación, la cantidad de sustancia secuestrada y los elementos hallados permitieron establecer que la droga estaba destinada a su comercialización.

Venta bajo modalidad “delivery”

Uno de los aspectos relevantes de la causa fue la incorporación de pruebas fílmicas obtenidas durante la investigación. Según detalló la Fiscalía, los registros muestran a la imputada realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Las operaciones se concretaban bajo la modalidad de “delivery”, utilizando una motocicleta, en distintos puntos de la ciudad durante los días 3, 4 y 9 de septiembre, en horas de la tarde.

Calificación legal y condena

El hecho fue encuadrado en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, prevista en la Ley 23.737.

En función de la evidencia reunida y el acuerdo entre las partes, la Justicia dispuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarla autora penalmente responsable del delito.

Este lunes, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Federal de Venado Tuerto llevaron adelante un allanamiento en una conocida agencia de turismo de la ciudad. El procedimiento se realizó de manera coordinada con otro operativo en la vivienda del titular de la firma.

Fuentes oficiales confirmaron que ambas medidas forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles maniobras ilegales relacionadas con el mercado cambiario.

Hipótesis: conexión con bandas narcoSegún las primeras informaciones, la causa estaría vinculada al presunto cambio ilegal de pesos a dólares para abastecer a organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto.

De acuerdo a los investigadores, al menos una de las bandas obtenía ganancias en moneda local por la venta de droga y luego recurría a la agencia para convertir esos ingresos a dólares estadounidenses.

La operatoria, siempre según fuentes cercanas a la pesquisa, respondía a una exigencia del proveedor de cocaína, radicado en Rosario, quien requería pagos en moneda extranjera. Esto habría generado un circuito ilegal donde el dinero proveniente del narcotráfico era “blanqueado” mediante operaciones cambiarias informales.

El origen de la investigaciónLa causa se remonta a comienzos de 2025, cuando una testigo protegida aportó datos clave sobre el funcionamiento de al menos dos bandas narco en la ciudad. A partir de esa declaración, los investigadores comenzaron a reconstruir la ruta del dinero y detectaron posibles conexiones con actores del ámbito comercial.

Un joven de 20 años, identificado como José Luis Ayala, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el imputado reconoce su participación en el hecho.

La causa fue investigada por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada Silvia Cousello.

Allanamiento y secuestro de droga

De acuerdo con la investigación judicial, Ayala comercializaba estupefacientes desde su domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en Venado Tuerto.

Las tareas investigativas permitieron documentar distintas maniobras de venta de droga, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento.

El procedimiento se concretó el 31 de enero de 2024, cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a la vivienda y secuestró 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 25,3 gramos.

Según se detalló en la causa, la sustancia se encontraba fraccionada y preparada para su comercialización bajo la modalidad de menudeo.

Durante el operativo, el joven intentó darse a la fuga por el patio trasero de la vivienda, aunque fue rápidamente reducido por los efectivos policiales que participaban del procedimiento.

La condena

Con las pruebas reunidas en la investigación y el acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia determinó la responsabilidad penal de Ayala como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Joaquín David Miranda, de 22 años, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco.

Miranda, nacido el 24 de diciembre de 2002 en Venado Tuerto, tenía domicilio en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1890, inmueble que funcionaba como punto de venta de drogas y que posteriormente fue demolido en el marco de las políticas de combate al narcomenudeo.

La investigación y el allanamiento

Según la investigación judicial, el domicilio estaba bajo vigilancia debido a maniobras reiteradas de comercialización de estupefacientes que habían sido documentadas durante las tareas de seguimiento.

El 22 de mayo de 2025, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) – Unidad de Microtráfico realizó un allanamiento en la vivienda. En el lugar se encontraban Miranda y una mujer identificada como Micaela Florencia V.

Durante el procedimiento se secuestraron numerosos elementos vinculados a la actividad de narcomenudeo, entre ellos:

Para los investigadores, la cantidad de droga y los elementos incautados permiten inferir claramente que los estupefacientes estaban destinados a la venta al menudeo.

La pena y el delito imputado

A partir del acuerdo entre la fiscalía y la defensa, Miranda fue condenado por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.

El tribunal homologó el acuerdo y estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva, además de la multa económica fijada en unidades fiscales.

Un búnker que terminó demolido

La vivienda de calle Pavón al 1890, señalada como punto de venta de drogas en el barrio, fue derribada posteriormente como parte de las acciones impulsadas para desarticular lugares utilizados para el narcomenudeo en la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca evitar que los inmuebles vuelvan a ser utilizados para la comercialización ilegal de estupefacientes.

La madre del narcotraficante Maximiliano “Wacho” Ríos, identificada como Ana V. D., y su hermano Rodrigo seguirán detenidos por decisión judicial, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso una serie de elementos que los vinculan a distintas actividades ilícitas en Venado Tuerto.

La investigación sostiene que ambos formaban parte de una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, y que utilizaban los fondos obtenidos para adquirir dólares en una agencia local y reinvertir en la compra de más droga.

Allanamientos y pruebas clave

Hace pocas semanas, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Almafuerte al 1600, donde residían los acusados. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares que resultaron determinantes para la causa.

De acuerdo con la acusación, en los dispositivos se hallaron audios y mensajes de texto que detallan parte del accionar de la banda. Entre los contenidos, se menciona continuar con las amenazas contra el intendente Leonel Chiarella, y un plan para intentar matar al jefe de la Policía de Investigaciones.

Venta de droga y compra ilegal de dólares

Otro de los puntos centrales de la acusación fue describir cómo funcionaba aceitadamente la banda.

La fiscalía sostiene que el dinero recaudado por la comercialización de cocaína era utilizado para adquirir dólares en una agencia no autorizada de Venado Tuerto. Esos fondos, posteriormente, eran destinados a la compra de más droga, en un esquema que permitía sostener y ampliar la operatoria ilegal.

Casino online clandestino

En paralelo, la investigación determinó que Ana V. D. administraba un casino online ilegal denominado “Zeus”. Esta actividad, según la acusación, también formaba parte del entramado delictivo y generaba ingresos adicionales para la organización.

La explotación de juegos de azar sin habilitación constituye un delito y, en este caso, se suma a las imputaciones por narcotráfico, amenazas y maniobras financieras ilegales.

Con los nuevos elementos incorporados al expediente, la Justicia consideró que persisten los riesgos procesales y resolvió mantener la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la investigación.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en el marco de un expediente que involucra delitos graves.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas semanas en el marco de la ley de microtráfico, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de líderes narcos y el desmantelamiento de búnkers de venta de droga.

“Estamos avanzando muy firmes en la denuncia, en derrumbar y terminar con estos aguantaderos que le hacen tanto daño a la sociedad”, manifestó el mandatario local, quien destacó especialmente la tarea del fiscal Iván Raposo, a cargo de las investigaciones.

Chiarella afirmó que continuará trabajando en conjunto con la senadora Leticia Di Gregorio y el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli, para presentar nuevas denuncias. “El objetivo es que los vecinos puedan vivir tranquilos”, remarcó.

El intendente valoró que en los últimos años se diera la detención de Nahuel Novelino, Matías Álvarez y Maximiliano “Wacho” Ríos, señalados como líderes de las principales organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Además, por otro lado, se refirió puntualmente a un procedimiento llevado a cabo en una vivienda de calle República Irlanda al 1.500, donde fueron arrestados dos individuos identificados como Alvizo y Castro. Según explicó, “vendían droga a menores” y el lugar era un “aguantadero donde pasaban muchas cosas más que la venta de droga”.

“Ese búnker hay que derrumbarlo. A fines de 2022 hubo un crimen en ese lugar, y eso es lo que genera la droga: intranquilidad, miedo, encierro. Los vecinos ya no pueden salir a la vereda”, lamentó.

Presencia territorial

Chiarella también contó que visita personalmente las zonas conflictivas. “He pasado por esos lugares. Voy a observar, a sacar fotos, a registrar lo que pasa para que la Justicia tenga herramientas para actuar”, explicó.

En ese sentido, valoró el accionar del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces. “Cuando se pide la prisión preventiva, no miran para el costado. Eso es lo que necesitamos: una Justicia comprometida con la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Nuevas denuncias

El intendente señaló que las denuncias parten muchas veces de los propios vecinos, que se acercan con datos sobre puntos de venta. “Nosotros presentamos esa información al fiscal Raposo y se avanza con allanamientos que están dando resultados todas las semanas”, destacó.

Asimismo, hizo referencia a la estructura criminal detrás de la banda del “Wacho Maxi”: “Toda su familia estaba involucrada. Hasta la madre se encargaba del lavado de dinero y las transferencias. Esas organizaciones son las que atacamos, y esos grandes vendedores hoy están presos”, aseguró.

 “Vamos a seguir firmes”

Finalmente, Chiarella afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta lucha es posible porque hay una decisión política clara. Vamos a seguir con esta actitud para devolverles la tranquilidad a los vecinos”, concluyó.

Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por vender estupefacientes desde su vivienda en Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Ontivero, quien aceptó su responsabilidad en el marco de un procedimiento abreviado.

La sentencia fue resultado de una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo. La defensa del imputado, a cargo del Dr. Had, prestó conformidad con el acuerdo que incluye la pena, la calificación legal y su modalidad de cumplimiento.

Allanamiento y secuestro de droga

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de marzo de 2025, en horas de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Camarero al 1300.

Ese día, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento judicial que permitió el secuestro de 0,2 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión con restos de la misma sustancia, $75.000 en efectivo, recortes de nylon usados para el fraccionamiento y dos plantas de marihuana, cuyo peso total, luego del deshoje, ascendió a 4 kilogramos.

También se halló una tarjeta bancaria a nombre de un tercero, lo que fue incorporado como elemento indiciario en la causa.

La fiscalía consideró que el conjunto de elementos colectados permite sostener que Ontivero tenía droga con fines de comercialización, configurando así el delito previsto en la Ley de Estupefacientes.

Procedimiento abreviado

La pena acordada fue de cuatro años de prisión efectiva, en el marco de un procedimiento abreviado previsto por el Código Procesal Penal.

El imputado, quien se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Melincué, prestó conformidad con los términos del acuerdo.

Un joven de 21 años fue imputado y quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por venta de drogas en Venado Tuerto. La investigación está vinculada a una denuncia pública realizada por el intendente, Leonel Chiarella, y la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio.

El procedimiento fue llevado adelante por el fiscal Iván Raposo, quien imputó al acusado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En los próximos días, el funcionario judicial solicitaría además el derribo de la vivienda donde se concretó el allanamiento, por considerarla un “aguantadero” dedicado al narcomenudeo.

Allanamiento y evidencia

El joven, identificado como Adrián Emanuel R., fue detenido tras un operativo realizado en una propiedad ubicada en calle República de Irlanda al 1500, en el oeste de Venado Tuerto.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos envoltorios con marihuana (2,1 gramos), una balanza de precisión y un teléfono celular. Además, se comprobó que el domicilio no contaba con ningún tipo de servicio básico: ni agua, ni gas ni electricidad.

Según detalló el fiscal Raposo, el análisis de los elementos secuestrados permitió establecer que el joven tenía vínculos directos con redes de comercialización de drogas en la ciudad.

Relación con otra causa

El caso se conecta con otra investigación abierta a partir de denuncias del intendente Chiarella y la senadora Di Gregorio, que alertaron sobre presuntas maniobras de narcomenudeo en una vivienda de calle Avellaneda al 2.300.

Allí, en un procedimiento anterior, se secuestró un celular que, tras ser peritado, reveló conversaciones por Telegram vinculadas a la venta de estupefacientes. Uno de los usuarios investigados, bajo el alias "Wuili Wolca", fue identificado como el propio Adrián R., quien utilizaba el apellido de su madre de manera informal.

Entre el material extraído del teléfono se encontraron fotografías de plantas de marihuana, imágenes de droga ya cosechada sobre balanzas y publicaciones con precios, lo que refuerza la sospecha de que se trataba de un punto de venta.

Posible demolición del inmueble

En base a los elementos recolectados, el fiscal Raposo evalúa solicitar el derribo del inmueble de República de Irlanda al 1500, en aplicación de la normativa que permite esa medida en casos donde una vivienda es utilizada para actividades ilícitas.

La propiedad ya había sido señalada como conflictiva en otras oportunidades y fue escenario de un homicidio a fines de 2022, lo que refuerza su consideración como “aguantadero”.

Imputación y prisión preventiva

La calificación legal del hecho es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y la Fiscalía sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación si el imputado recuperara la libertad.

Por ese motivo, la jueza resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo para Adrián Emanuel R., quien permanecerá detenido mientras avanza la causa.

Una joven de 23 años quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto. Se trata de Sofía Belén O., quien fue imputada formalmente en una audiencia realizada este lunes 26 de enero por el fiscal Iván Raposo.

El hecho por el cual se la investiga ocurrió el pasado 22 de enero, cuando personal policial llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Matassi al 400, donde se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, además de una suma de dinero y otros elementos de interés para la causa.

Investigación en curso

La imputación parte de una investigación iniciada en mayo de 2025, cuando una mujer identificada como Agustina A. declaró ante la Justicia, que se dedicaba a la distribución y cobranza de drogas en distintos domicilios de Venado Tuerto. Entre ellos, señaló una vivienda de calle Matassi al 400, y mencionó a la ahora imputada como una de las personas que participaban en la venta.

Dicha declaración fue ratificada en una audiencia posterior, celebrada el 19 de enero de este año, en la que se volvió a identificar a Sofía O. como presunta vendedora.

A esta declaración se sumaron otras pruebas, como un informe bancario que mostró una transferencia de $20.000 por parte de la acusada a una tercera persona involucrada, y un primer allanamiento realizado el 21 de agosto de 2025 en el que se hallaron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.

Cámaras y más droga

Además, la Fiscalía incorporó registros fílmicos tomados el 20 de enero de 2026, donde se observan siete secuencias de personas ingresando y saliendo del domicilio en tiempos breves, lo cual fue interpretado como maniobras compatibles con la venta de drogas.

El allanamiento decisivo tuvo lugar dos días después, el 22 de enero, en la vivienda actual de la joven, ubicada en calle Matassi al 400. Allí, los agentes secuestraron:

Según sostuvo el fiscal Raposo en la audiencia, estos elementos permiten presumir "de manera inequívoca" que la imputada tenía estupefacientes con fines de comercialización.

Medida cautelar

El juez interviniente dio lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y dispuso que Sofía O. permanezca en prisión preventiva, en esta etapa inicial de la investigación.

La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas imputaciones o derivaciones a partir del análisis del material incautado.

Un joven de 18 años fue condenado por intentar robar una rotisería ubicada en la zona céntrica de Venado Tuerto. El episodio ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 20.00. De acuerdo con la investigación, el ahora condenado, nacido en diciembre de 2007, junto a otra persona cuya identidad aún se investiga, intentó forzar el ingreso a la rotisería denominada Casita Cocina.

Para ello, los jóvenes escalaron la reja del frente del local y provocaron daños en la puerta de madera del inmueble. Sin embargo, al ser advertidos por un vecino, el intento fue frustrado. El testigo dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió rápidamente al lugar y logró la aprehensión del joven quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La condena

En el marco de un acuerdo de partes, el fiscal Iván Raposo y la defensa particular de Ustares, a cargo del abogado Alfredo Cutuli, arribaron a una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, al ser considerado autor del delito de robo calificado por escalamiento en grado de tentativa.

El juez interviniente homologó el acuerdo, que incluye además una serie de reglas de conducta que el joven deberá cumplir durante el mismo período de la condena.

Medidas impuestas

Las condiciones establecidas por la Justicia son las siguientes:

Quedó en prisión preventiva un venadense de 34 años acusado de producir material de pornografía infantil, tras una investigación del fiscal Iván Raposo que se inició por una denuncia realizada por la organización estadounidense National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

La audiencia se llevó adelante en la jornada del lunes. El sujeto, cuyas iniciales son G.L. fue imputado como “autor del delito de producir material de pornografía infantil y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso real entre sí”.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron la prisión preventiva, la cual fue otorgada por el juez.

Puntualmente el imputado está acusado de producir material pornográfico con su sobrina de cinco años.

Detalles del caso

La detención de G.L. la realizó personal policial a partir de una orden judicial impulsada por el fiscal Iván Raposo, en el marco de una causa que tomó carácter prioritario luego de que NCMEC informara sobre posibles delitos graves contra un menor de edad.

Con esos datos, la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires cruzó los parámetros de búsqueda con bases de datos disponibles para identificar al usuario sospechado.

La búsqueda arrojó coincidencias en los sistemas comerciales de antecedentes, identificando al hombre como residente de Venado Tuerto.

Con esa información, la justicia ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado en la zona sur de Venado Tuerto, con resultados negativos. Luego dieron con el sospechoso en una vivienda de calle Vélez Sarsfield al 800.  Allí se encontraron y secuestraron dispositivos electrónicos, y elementos clave que serán analizados para aportar más evidencia al expediente judicial.

Marco legal y repercusiones

La producción, posesión y difusión de material pornográfico que involucra a menores de edad es un delito gravemente penado en la legislación argentina, y motivó una investigación conjunta entre autoridades judiciales locales y organismos internacionales como NCMEC, que actúan en la prevención de delitos informáticos de esta naturaleza.

La causa continuará su curso en instancias judiciales correspondientes, mientras los dispositivos secuestrados son analizados por expertos para determinar el alcance de las pruebas y establecer responsabilidades.

Un hombre de 34 años fue detenido en Venado Tuerto acusado de producir material de pornografía infantil, tras una investigación que se inició por una denuncia realizada por la organización estadounidense National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial a partir de una orden judicial impulsada por el fiscal Iván Raposo, en el marco de una causa que tomó carácter prioritario luego de que NCMEC informara sobre posibles delitos graves contra un menor de edad.

La pesquisa se inició tras recibir el reporte desde la ONG estadounidense, que alertó sobre la posible producción de material sexual infantil y la difusión de contenido a través de internet. Con esos datos, la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires cruzó los parámetros de búsqueda con bases de datos disponibles para identificar al usuario sospechado.

La búsqueda arrojó coincidencias en los sistemas comerciales de antecedentes, identificando al hombre como residente de Venado Tuerto.

Allanamiento y detención

Con esa información, la justicia ordenó el allanamiento de un domicilio ubicado en la zona céntrica de Venado Tuerto. Allí se encontraron y secuestraron múltiples dispositivos electrónicos, y elementos clave que serán analizados para aportar más evidencia al expediente judicial.

Durante el operativo, el hombre fue aprehendido y trasladado bajo custodia policial. Está imputado provisionalmente como presunto autor del delito de producción de material de pornografía infantil, figura que en Argentina es severamente penalizada por la ley.

Marco legal y repercusiones

La producción, posesión y difusión de material pornográfico que involucra a menores de edad es un delito gravemente penado en la legislación argentina, y motivó una investigación conjunta entre autoridades judiciales locales y organismos internacionales como NCMEC, que actúan en la prevención de delitos informáticos de esta naturaleza.

La causa continuará su curso en instancias judiciales correspondientes, mientras los dispositivos secuestrados son analizados por expertos para determinar el alcance de las pruebas y establecer responsabilidades.

Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe derribaron en Venado Tuerto el búnker de venta de droga número 100 desde que está en vigencia hace dos años la ley de microtráfico.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado Leo Calaianov, el fiscal Iván Raposo, el jefe Regional de fiscales Matías Merlo y el jefe de fiscales de microtráfico, Franco Carbone.

Estas intervenciones responden a un trabajo conjunto entre distintos poderes y niveles estatales, que golpea a bandas narcocriminales y reduce los niveles de violencia lesiva, pacificando territorios para tranquilidad de los vecinos.

Historia reciente

La investigación comenzó el 29 de abril de 2025 cuando Leonel Chiarella presentó una denuncia formal ante la Justicia, luego de recibir alertas de vecinos que señalaban que en el domicilio de calle Pavón 568 se cometían distintos ilícitos, entre ellos la venta de drogas.

Posteriormente el fiscal Raposo solicitó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron 17,3 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, un plato y cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones con nombres y números telefónicos, y $53.500 en efectivo.

Luego en audiencia imputativa, el fiscal formalizó cargos contra Alejandra Patricia T. (48 años) y Matías David R. (34), ambos domiciliados en la vivienda allanada, quienes fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el juez dispuso que permanezcan en prisión preventiva.

Finalmente, en una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a instancias de Iván Raposo, el juez Adrián Godoy autorizó el derribo del búnker.

Palabras oficiales

El primer mandatario venadense sostuvo que “para nosotros es un mensaje contundente en el marco de la lucha que venimos llevando adelante contra la venta de drogas”.

En tal sentido destacó el “trabajo que realiza el ministro (Pablo Cococcioni) y el gobernador Pullaro para combatir al narcotráfico, a los que venden drogas, a los delincuentes. en este caso están los dos presos junto a su banda conformada por ocho personas”.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni, manifestó que la Ley de Microtráfico, “es una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que realmente asolaba a muchísimas ciudades. La ley nos está permitiendo dar una respuesta inmediata y efectiva, trabajando en coordinación con la fiscalía”.

En este marco, agregó que “contamos con esta herramienta que es fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta territorial de estupefacientes hay uso de armas, personas con antecedentes, comisión de otros delitos, hay robos para comprar estupefacientes, hay fomento de la prostitución, entre otros delitos”.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber participado del robo y faena clandestina de seis lechones en un establecimiento rural de la localidad de Teodelina.

Se trata de Matías Enrique Weber, de 33 años, apodado “Cacho”, quien fue hallado penalmente responsable del delito de abigeato simple en calidad de coautor, según lo estableció la Unidad Fiscal del Distrito Judicial N°3, con asiento en Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo.

Robo en la madrugada

El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de agosto de 2024, cuando Weber, junto a Marcos Adrián Diez, ingresó al criadero de cerdos propiedad de Federico M., ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano de Teodelina.

Según la investigación, ambos sujetos rompieron una lona y levantaron el tejido de uno de los galpones para sustraer seis lechones de aproximadamente 25 kilos. Tras ser faenados en el lugar, los restos de los animales fueron abandonados a metros del criadero.

Investigación y hallazgos

La denuncia fue radicada por el propio dueño del establecimiento, quien se comunicó con la policía local tras advertir el faltante. Un agente acudió al lugar y, junto al encargado del criadero, detectó signos claros del ilícito.

Durante el recorrido en el predio, se hallaron manchas de sangre que se extendían por más de 500 metros, donde finalmente fueron encontradas seis vísceras de cerdo, prueba de que los animales fueron faenados en cercanías del galpón. Más adelante, a unos mil metros, se registraron pisadas humanas y huellas de una motocicleta, que fueron documentadas por el personal policial.

Condena

La Fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión efectiva, pena que fue confirmada por la Justicia.

El caso se encuadra dentro de los delitos tipificados como abigeato simple, contemplado en el Código Penal argentino con penas de entre tres y ocho años de prisión.

El Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto solicitó una pena de nueve años de prisión efectiva para dos hombres acusados de integrar una banda delictiva que en noviembre de 2022 perpetró un robo millonario en una vivienda de esta ciudad.

Los imputados, Agustín Damián A. y David Sebastián S., son oriundos de la provincia de Buenos Aires y enfrentarán el juicio oral a partir de este martes 16 de diciembre. La acusación es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, con el acompañamiento de la fiscal adjunta Débora Valentín.

El hecho

El violento asalto ocurrió el sábado 12 de noviembre de 2022, en una casa ubicada en calle Colón de Venado Tuerto, propiedad de un matrimonio de jubilados. Según la investigación, ese día la pareja salió de su domicilio alrededor de las 16.30 y, al regresar cerca de las 20, notaron las luces encendidas, signos de violencia en las aberturas y la casa completamente revuelta.

Al revisar las habitaciones, la víctima descubrió que habían sido sustraídos 2 millones de pesos en efectivo, 64.000 dólares, 7.000 euros y joyas de alto valor sentimental y económico, entre ellas relojes de oro, cadenas y anillos con iniciales grabadas.

Los delincuentes forzaron una reja, ingresaron por el patio trasero y revolvieron cada ambiente del hogar en busca del botín. Finalmente, encontraron los ahorros de toda una vida escondidos en un hueco de la claraboya del baño.

Robo planificado

De acuerdo al relato de la Fiscalía, Damián Agustín A. fue el encargado de la logística. Condujo un vehículo Ford Focus azul con el que la banda se trasladó desde Buenos Aires a Venado Tuerto. Una vez en la ciudad, siguieron a las víctimas cuando salían rumbo a su comercio habitual, y confirmaron que la vivienda quedaba deshabitada.

Luego, Damián Agustín A. dejó a David y a un tercer cómplice aún no identificado a pocas cuadras del domicilio. Ambos saltaron las rejas del frente, subieron al techo y descendieron al patio trasero. Desde allí forzaron una reja y una puerta para ingresar al interior del inmueble.

Mientras los autores materiales del robo saqueaban la vivienda, Damián coordinaba las acciones por teléfono desde una esquina cercana, según surge de los registros de comunicaciones. Tras el golpe, los recogió con el vehículo y los tres huyeron rumbo a Buenos Aires.

La acusación

El fiscal Raposo imputó a ambos sujetos por el delito de "robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con escalamiento y efracción", y solicitó nueve años de prisión efectiva para cada uno.

El juicio oral comenzará este martes 16 de diciembre y será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y el posible avance en la identificación del tercer integrante de la banda.

Un hombre de 44 años quedó en prisión preventiva luego de ser imputado como autor del violento siniestro vial ocurrido el pasado 11 de noviembre en Venado Tuerto, cuando una motociclista fue atropellada por una camioneta antigua cuyo conductor escapó sin brindar asistencia. La víctima, una mujer de 31 años, sufrió graves lesiones y continúa internada.

El hecho

El accidente se registró cerca de las 13.35, en la intersección de Avenida Lisandro de la Torre y calle Azcoaga, Magalí Soledad Álvarez, de 31 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Titán 150 cc cuando fue embestida por una camioneta que circulaba por Azcoaga en dirección a Ruta Nacional 8.

Tras el impacto, el conductor del vehículo huyó del lugar sin detenerse a asistir a la víctima, quien quedó tendida sobre la calzada. Un móvil policial arribó minutos más tarde y constató que Álvarez presentaba heridas de gravedad. Fue asistida por personal médico y derivada de urgencia.

La investigación

Una testigo presencial del hecho (Gabriela) declaró que circulaba delante de la motociclista y que ambas fueron superadas por una camioneta antigua, color celeste o verdosa, con una estructura tipo jaulón en la parte trasera. Según relató, esa misma camioneta protagonizó el siniestro y se dio a la fuga inmediatamente.

Gracias a registros de cámaras de videovigilancia municipal y material aportado por allegados a la víctima, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo. En uno de los registros se lo observa ingresando a una vivienda de calle Tonelli al 1300, propiedad de Pablo Daniel C., quien finalmente fue identificado como el presunto conductor.

Lesiones y antecedentes

El informe médico forense determinó que la víctima sufrió múltiples lesiones: traumatismo craneal con hematomas subdurales bilaterales, fractura temporal izquierda, desplazamiento de línea media, fractura de clavícula izquierda y signos de broncoaspiración, entre otras complicaciones. Álvarez continúa internada y su evolución es reservada.

En tanto, Pablo Daniel C. cuenta con antecedentes penales: cumplió una condena de 11 años de prisión por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

Prisión preventiva

Durante la audiencia realizada este miércoles en los Tribunales de Venado Tuerto, el fiscal Iván Raposo imputó al acusado por el delito de “lesiones graves culposas agravadas por darse a la fuga”. El juez, Mauricio Clavero, ordenó la prisión preventiva sin plazos, atendiendo a la gravedad de los hechos y al riesgo procesal por sus antecedentes.

Desde la Fiscalía no se descarta la posibilidad de una recalificación legal si se agrava el estado de salud de la víctima.

El Juzgado de Venado Tuerto condenó este lunes a Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido en el ambiente delictivo como “el Wacho Maxi”, a 8 años de prisión efectiva tras aceptar un acuerdo de procedimiento abreviado. En el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, la sentencia fue homologada por el juez Mauricio Clavero, tras constatarse la responsabilidad penal en una serie de hechos ocurridos entre junio de 2024 y febrero de 2025, que incluyeron una balacera, resistencia a la autoridad y la venta de drogas, incluso desde el penal de Coronda.

Balacera contra un auto estacionado

Uno de los hechos más graves ocurrió la noche del 7 de junio de 2024, cuando Ríos disparó tres veces contra un vehículo Volkswagen Bora estacionado en calle Formosa al 400. El auto, propiedad de un vecino identificado como Brian N., resultó con daños visibles en la puerta del acompañante.

La justicia calificó este acto como “daño calificado por uso de arma de fuego” en concurso con “portación ilegítima de arma de uso civil”, agravando la situación del acusado.

Persecución policial y hallazgo de drogas

Apenas horas después, durante la madrugada del 8 de junio, Ríos fue interceptado por personal policial en inmediaciones de Presidente Perón y Eva Perón. Lejos de detenerse, se dio a la fuga en un Ford Focus, protagonizando una persecución que se extendió por 14 cuadras hasta ser finalmente detenido.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en su poder 8,9 gramos de cannabis, dinero en efectivo por más de $600.000, municiones de distintos calibres, celulares y un cuaderno con anotaciones que resultaron clave para profundizar la causa.

Desde la cárcel

La investigación reveló que, mientras cumplía prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda, Ríos continuaba operando. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, enviaba droga a una mujer identificada como Débora A., quien actuaba como intermediaria en las entregas y recibía pagos por más de $14 millones a través de transferencias y depósitos en Mercado Pago.

Esta operatoria fue documentada mediante análisis de dispositivos móviles y registros financieros, consolidando la imputación por comercialización de estupefacientes en dos hechos distintos.

La pena

El juez aceptó el acuerdo presentado por el fiscal Iván Raposo y la defensa de Ríos, a cargo del abogado Ignacio Blanc Codina, en una audiencia virtual donde el propio imputado ratificó su consentimiento.

Ríos fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de:

La pena fue fijada en 8 años de prisión efectiva, con inhabilitación para portar armas por el doble del tiempo de condena.

Iván Raposo fue admitido por el Consejo de la Magistratura para el concurso que definirá quién será el próximo Fiscal Regional de la Circunscripción N° 3 Venado Tuerto.

De esta manera, en carrera para reemplazar a Matías Merlo se encuentran los jueces Mauricio Clavero, Mariana Vidal, Leandro Martín, y el fiscal de Rufino, Mauro Menéndez.

En tanto, en la jornada de hoy martes se llevarán adelante las correspondientes entrevistas con cada uno de los interesados.

Raposo había sido impugnado por no cumplir con 10 años de ejercicio en su cargo, al haber asumido como fiscal adjunto en el año 2016. Sin embargo, en la apelación, dejó en claro que su ingreso al Ministerio Público de la Acusación se produjo en 2014, con lo cual lleva más de una década de la profesión.

En la Resolución, que se conoció en la jornada del lunes, el Consejo de la Magistratura resolvió “admitir en forma condicional al Dr. Iván Gastón Raposo en el marco del concurso de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación Circunscripción Judicial Nº 3”.

Al mismo tiempo define “convocar al Dr. Raposo para la realización de la prueba de oposición y entrevista personal para el día martes 11 de noviembre del corriente a las 12:00 hs en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario”.

Por último, determina “condicionar la admisión del recurrente, a la resolución definitiva por parte del Poder Ejecutivo del recurso presentado”.

Palabra fiscal

En diálogo con Sur24 Raposo se mostró satisfecho con la resolución del Consejo de la Magistratura. Sostuvo que su motivación pasa por “investigar, por buscar la verdad en todos los hechos delictivos que ocurren”.

Además, “me motiva esta profesión, ya que desde el 2014 a esta parte estuve siempre en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tengo la convicción de que es el lugar donde quiero estar, y que tengo la capacidad para llevar adelante un equipo de trabajo donde el objetivo principalmente sea darle respuestas a las víctimas”, agregó.

Raposo, señaló que en lo personal lo que más le “gusta es la parte instructiva de las causas judiciales. Razón por la cual, en todo este tiempo transcurrido, donde empecé siendo empleado, luego fiscal adjunto y ahora fiscal de distrito, me siento con la aptitud y capacidad para liderar un equipo de trabajo para dar respuestas a las víctimas de delitos de cualquier índole”.

A la hora de presentar la candidatura a Fiscal Regional los interesados deben detallar por escrito los desafíos, objetivos y mecanismos en que llevarán adelante el trabajo.

Al respecto, Raposo expresó que “presenté un plan de trabajo en donde puse varios puntos, entre ellos la política de persecución del delito, siguiendo obviamente los lineamientos de la fiscalía General; la relación interinstitucional entre la fiscalía y los demás órganos intervinientes, como lo policial, municipal o de salud; la relación y el trato con las víctimas”.

Por último, Raposo dejó en claro que “la carrera que deseo es dentro de la actividad fiscal, dentro del MPA. En esta instancia, la magistratura hoy en día no está en mi interés”.