El fiscal Iván Raposo, de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto, pidió siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Miguel Alejandro E., de 53 años, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según la acusación, los hechos investigados ocurrieron en dos procedimientos realizados en el domicilio del acusado, ubicado en calle Pinto Lucero de Venado Tuerto. La Fiscalía sostiene que el material secuestrado y las tareas investigativas previas permiten presumir que las sustancias halladas estaban destinadas a la venta al menudeo.

Dos allanamientos

El primer hecho atribuido ocurrió el 23 de agosto de 2024, durante un allanamiento en el que se secuestraron 3,6 gramos de cocaína y $2.760 en efectivo. De acuerdo con la Fiscalía, ese procedimiento se enmarcó en una investigación desarrollada por la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

En ese expediente también se mencionaron registros fílmicos y antecedentes de otro allanamiento realizado en la misma vivienda por orden del Juzgado Federal el 1 de septiembre de 2022, cuando se habrían secuestrado estupefacientes y precursores químicos.

Segundo hecho

El segundo episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2025, también en horas de la tarde y en la misma vivienda. En ese procedimiento, según la acusación, se incautaron 44,34 gramos de cocaína, $588.760 en efectivo, dos plantas de marihuana de 40 y 50 centímetros, dos balanzas de precisión, recortes de nylon y una hoja con anotaciones.

Para la Fiscalía, esos elementos, sumados a registros fílmicos que habrían captado maniobras compatibles con la venta de drogas, sostienen la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Miguel Alejandro E. el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real, por dos hechos, en calidad de autor.

En función de esa calificación, el fiscal Raposo solicitó una pena de siete años de prisión efectiva, más las accesorias legales y las costas del proceso.

La Justicia condenó a Cecilia Andrea Troncoso y a su hija Nadin Aime Yustinelli a cuatro años de prisión efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes. Ambas aceptaron su responsabilidad penal en el marco de procedimientos abreviados, con la intervención del fiscal de Microtráfico, Iván Raposo y del abogado defensor Sergio Dibelo.

Según la acusación, las maniobras investigadas se desarrollaban en una vivienda ubicada en calle Valdez al 1600 de Venado Tuerto. Allí, de acuerdo con la evidencia reunida, se habrían registrado movimientos compatibles con la venta de drogas.

La causa se tramitó por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y tuvo como eje la presunta participación conjunta de Troncoso, Yustinelli y Carlos Salvador Muñoz, pareja de la primera, condenado a comienzos de 2026 a seis años de prisión efectiva por distintos hechos delictivos.

Allanamientos y evidencia

La investigación incluyó tareas de vigilancia, registros fílmicos y allanamientos. En uno de los procedimientos, realizado el 29 de septiembre de 2024, los investigadores secuestraron 15 envoltorios de nylon con un peso total de 7,8 gramos de cocaína, teléfonos celulares, dos frascos con sustancia vegetal de características similares a la marihuana —de 6 y 7 gramos— y 167.750 pesos en efectivo.

De acuerdo con la acusación fiscal, al momento del ingreso policial, Yustinelli habría intentado desprenderse de elementos de color blanco arrojándolos hacia una salamandra. Tras la voz de alto, los soltó en el piso, donde luego fueron secuestrados por los investigadores.

En otro allanamiento, realizado el 11 de septiembre de 2025, se incautaron 18,1 gramos de marihuana, siete teléfonos celulares y 381.350 pesos en efectivo. También se mencionó el secuestro de otros dos teléfonos durante un procedimiento posterior.

Mensajes y anotaciones 

Un punto central de la investigación fue el análisis de los teléfonos secuestrados. Según el legajo, de la extracción de información del celular de Yustinelli surgieron imágenes de estupefacientes, dinero, un arma aparentemente de fuego, hojas con anotaciones de deudas de clientes y conversaciones vinculadas con la venta de drogas.

La Fiscalía sostuvo que los mensajes intercambiados entre la joven, su madre y Muñoz permitieron acreditar la dinámica de comercialización. En esas conversaciones, según consta en la imputación, se hacía referencia a cantidades de droga, dinero, fraccionamiento, bolsitas preparadas y clientes que adeudaban pagos.

La pena acordada

Tanto Cecilia Andrea Troncoso como Nadin Aime Yustinelli fueron condenadas como autoras del delito de comercialización de estupefacientes. La pena impuesta para cada una fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 45 unidades fijas.

El acuerdo abreviado permitió cerrar la instancia judicial sin llegar a un juicio oral, a partir del reconocimiento de responsabilidad penal por parte de las imputadas y la aceptación de la calificación legal propuesta.

Una joven de 27 años fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento condicional por su participación como colaboradora en la venta de estupefacientes en un inmueble de Venado Tuerto. La investigación, que incluyó un allanamiento y el secuestro de drogas y otros elementos vinculados con la comercialización, permitió determinar su responsabilidad como partícipe secundaria del ilícito.

El operativo se realizó el 22 de mayo de 2025, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones —Unidad de Microtráfico— ingresaron a un domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en la ciudad de Venado Tuerto. En el lugar se encontró a Micaela Florencia Villalba, de 27 años, junto al principal investigado, Joaquín Miranda, ya condenado a cuatro años de prisión.

Durante el procedimiento se incautaron múltiples elementos que, según la Fiscalía, eran utilizados para la comercialización de drogas: 15 envoltorios de cocaína, 213,6 gramos de marihuana, seis celulares, dos balanzas de precisión, pipas, picadores, una réplica de arma de fuego, una contadora de billetes y la suma de $378.000 en efectivo.

La investigación se había iniciado a partir de diversas tareas de inteligencia y vigilancias que establecieron maniobras compatibles con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes en ese domicilio.

Calificación judicial y condena

El fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico, Iván Raposo, acusó a Villalba de haber colaborado de forma consciente con la actividad ilícita de Miranda, aunque sin detentar dominio ni control sobre el accionar principal.

La conducta fue calificada como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de un procedimiento abreviado, el Tribunal determinó imponerle a Villalba una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Decomiso de bienes y pautas de conducta

La sentencia también dispone el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Entre los bienes decomisados figuran los seis teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, estupefacientes, pipas, picadores y la réplica de arma de fuego.

Además, al tratarse de una pena condicional, se establecieron una serie de pautas de conducta que la sentenciada deberá cumplir durante el plazo de la condena, entre ellas:

La Justicia de Venado Tuerto condenó a una mujer de 27 años por haber colaborado con su pareja en maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. La pena fue resuelta mediante un procedimiento abreviado y consiste en dos años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia alcanzó a Naiara Celeste Peruchini, quien admitió haber facilitado su cuenta bancaria para operaciones relacionadas con la venta de droga, según la investigación impulsada por el fiscal Iván raposo del Ministerio Público de la Acusación.

Investigación y acuerdo abreviado

La audiencia contó con la participación de Raposo y de la defensora pública Melisa Andreatta. Durante la misma, se dio lectura al acuerdo presentado por las partes, con la conformidad de la imputada, describiendo los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena consensuada.

De acuerdo con la acusación, Peruchini prestó cooperación a su pareja, Ezequiel Nicolás Díaz Vecellio (ya condenado a 4 años de prisión), para concretar maniobras de comercialización de estupefacientes mediante transferencias bancarias.

La pesquisa estableció movimientos de dinero hacia presuntos proveedores identificados como Débora A. y Maximiliano Ríos. El hecho investigado se extendió entre el 15 de mayo de 2024 y el 12 de agosto de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto.

La condena

El tribunal consideró acreditada la participación secundaria de la acusada en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, resolvió condenarla a dos años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las medidas dispuestas figuran la obligación de fijar residencia y someterse al control postpenitenciario, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos y cumplir con las pautas establecidas por la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad.

Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con los involucrados en la causa, aunque la restricción no alcanza al coimputado Díaz Vecellio, debido a que ambos tienen un hijo menor de edad.

Dinero, droga y municiones decomisadas

En el fallo también se dispuso el decomiso de distintos elementos secuestrados durante la investigación.

Entre ellos figuran $810.350 en efectivo, 61,4 gramos de cocaína, una planta de marihuana, varios envoltorios con cannabis, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Además, fueron decomisados fertilizantes, focos de luz utilizados para cultivo, cartuchos de distintos calibres, tijeras, recortes y otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Iván Raposo, personal de la Dirección General Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este jueves tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de la causa “Ontivero Romina y otros s/ Infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron efectuados por efectivos de División Microtráfico Región III, junto a personal del Departamento Operativo de Investigaciones y con colaboración de PDI Distrito Melincué, Firmat y grupos tácticos de irrupción. Las medidas judiciales se concretaron en domicilios ubicados en calle Lola Mora al 1000, Isaac Sigal al 1400 y Camarero al 1300, arrojando todos resultados positivos.

En el allanamiento realizado en calle Lola Mora se secuestraron 47,7 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana, un teléfono celular y anotaciones de interés para la causa. Además, intervino personal de Sección Canes, que marcó positivamente la presencia de material estupefaciente.

Por otra parte, en el procedimiento llevado adelante en calle Isaac Sigal al 1400, los investigadores secuestraron 2,9 gramos de cocaína, 9,7 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares, una notebook, cuatro tarjetas SIM, recortes de nylon, guantes y dinero en efectivo. Durante el operativo, un joven intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado por el personal actuante y quedó detenido. Se trata de F.B de 19 años.

Finalmente, en el domicilio de calle Camarero al 1300 se secuestraron 2,4 gramos de marihuana y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto en el marco de tareas investigativas y de inteligencia desarrolladas de manera encubierta por personal de PDI, orientadas a detectar posibles maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Dos hombres oriundos de Rufino fueron aprehendidos en la Terminal de Ómnibus de Venado Tuerto luego de un operativo realizado por personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos viajaban en un colectivo de línea proveniente de Rosario con destino final en Rufino y habrían transportado droga con fines de comercialización y distribución.

La investigación y el procedimiento

La causa se inició tras información aportada al fiscal regional Mauricio Clavero por una fuente de identidad reservada. A partir de esos datos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Iván Raposo, ordenó tareas investigativas y un operativo discreto de vigilancia en la terminal venadense.

Al arribar el micro, efectivos de la División Microtráfico identificaron a los dos sospechosos y, con autorización judicial, realizaron una inspección dentro de la unidad. Durante la requisa encontraron un envoltorio oculto entre las butacas ocupadas por ambos individuos.

Posteriormente, las pruebas de campo efectuadas sobre la sustancia secuestrada confirmaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron:

Además, todo el material quedó incorporado a la causa como evidencia de interés para la investigación.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como:

Ambos quedaron inicialmente detenidos por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

La causa pasó al fuero federal

Debido a que la modalidad investigada encuadra en el delito de transporte de estupefacientes, el Ministerio Público de la Acusación se declaró incompetente por razones de materia y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.

La investigación continuará ahora bajo la órbita de la fiscal federal Daniela Ghiorzi, quien seguirá adelante con las medidas judiciales correspondientes.

Personal de la Policía de Investigaciones llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Microtráfico, con intervención de la Fiscalía a cargo del fiscal Iván Raposo.

Las tareas investigativas se iniciaron a partir de información que daba cuenta de una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en la zona, por lo que efectivos de la División Microtráfico de la PDI desplegaron labores de campo, vigilancia discreta y registros encubiertos, logrando documentar maniobras compatibles con la venta de droga.

En ese contexto, este sábado y con colaboración de personal de los Distritos Melincué y Firmat, junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se realizaron dos allanamientos emanadas por la autoridad judicial competente.

Durante el operativo, y previo al ingreso a uno de los domicilios, los efectivos observaron la salida de un vehículo vinculado a la investigación. Ante esta situación se inició un seguimiento controlado, durante el cual el conductor desoyó reiteradas órdenes de detención, dándose a la fuga. El rodado fue finalmente interceptado y su conductor detenido.

En la requisa personal y del vehículo, realizada con conocimiento del fiscal interviniente y en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con sustancia blanquecina similar a cocaína, teléfonos celulares, recortes de nailon, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, en los allanamientos realizados, cuyas ubicaciones se reservan por razones operativas, se obtuvieron resultados positivos, procediéndose al secuestro de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, material de corte, recortes de nailon y dispositivos electrónicos.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En total, se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana, teléfonos celulares, una cámara filmadora, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

La Justicia homologó un procedimiento abreviado y condenó a Lucas Adrián Ramón Domingorena como autor de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas, en concurso ideal.

La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución efectiva y diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, en el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal Iván Raposo. 

De acuerdo con la resolución, el cumplimiento de la condena comenzará bajo modalidad domiciliaria debido a un padecimiento psiquiátrico del condenado.

El hecho

El siniestro ocurrió el 13 de julio de 2025, alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 642 de la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Murphy.

Según la acusación fiscal, Domingorena conducía un Volkswagen Gol Trend en sentido Venado Tuerto–Murphy con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre. En esas condiciones, invadió el carril contrario y continuó su marcha pese a las señales y advertencias realizadas por otro automovilista que logró esquivarlo.

Momentos después, impactó de frente contra un Volkswagen Polo Classic en el que viajaban Christian Ruiz, Celia Moya y sus hijos.

Como consecuencia del choque, Celia Moya murió por traumatismo craneoencefálico, traumatismo cerrado de tórax y lesiones pulmonares y cardíacas.

Christian Ruiz sufrió lesiones graves, entre ellas politraumatismos, fracturas en vértebras lumbares, contusión pulmonar derecha, lesión costal y fractura de huesos nasales.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Abel Ezequiel Santone, de 32 años, a la pena de 9 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarlo responsable de una extensa seguidilla de delitos contra la propiedad perpetrados entre julio y septiembre de 2024.

La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la defensora Silvia Cecilia Couselo, con la aceptación del imputado, quien reconoció su participación en los hechos.

Raid delictivo en distintos puntos de la ciudadDe acuerdo a la acusación, Santone llevó adelante al menos 13 episodios delictivos en distintos barrios de Venado Tuerto, afectando tanto a particulares como a comerciantes.

La secuencia comenzó el 7 de julio de 2024 con el intento de ingreso a una vivienda tras forzar una puerta balcón, y se extendió durante agosto y principios de septiembre con robos consumados en domicilios y locales comerciales.

Entre los hechos más relevantes, se destacan asaltos en negocios donde el condenado intimidó a víctimas con cuchillas tipo carnicero para apoderarse de dinero en efectivo y teléfonos celulares. En otros casos, utilizó un arma de fuego para concretar los robos o intentar sustraer pertenencias.

Las sumas sustraídas variaron según cada episodio, alcanzando en algunos casos montos cercanos a los 150 mil pesos, además de mercadería, electrodomésticos y objetos personales.

Violencia, reiteración y fugaSegún la investigación, el accionar delictivo evidenció un patrón reiterado: ingreso sorpresivo, intimidación mediante armas y rápida fuga. Para escapar, el imputado utilizaba bicicletas o motocicletas, lo que le permitía desplazarse con agilidad tras cometer los ilícitos.

También se registraron hechos en la vía pública, como el robo de un teléfono celular a una mujer a quien amenazó con un cuchillo.

Detención y agravante por arma de fuegoEl 10 de septiembre de 2024, Santone fue detenido en un domicilio de Venado Tuerto. En su poder, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 con municiones, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Calificación legal y condenaLos hechos fueron encuadrados por la Fiscalía como robos calificados por efracción —consumados y en tentativa—, robos agravados por el uso de arma blanca y de fuego, robos simples, hurto y tenencia ilegal de arma.

La multiplicidad de hechos, la reiteración delictiva y el uso de violencia fueron factores determinantes para fijar la pena acordada, que fue homologada por el tribunal interviniente.

En el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, el imputado Brian Ezequiel Martínez, de 22 años, aceptó su responsabilidad penal en un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Gastón Raposo, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en microtráfico de la 3° Circunscripción Judicial.

La defensa estuvo representada por la abogada Silvia Couselo, quien asistió al acusado durante el proceso judicial que culminó con la imposición de la pena.

Los hechos investigadosSegún la investigación, el hecho ocurrió el 13 de febrero de 2025, alrededor de la medianoche, cuando personal policial detectó al joven realizando maniobras de comercialización de estupefacientes en dos puntos de la ciudad: la intersección de Pavón y Juan Bautista Alberdi, y la plaza Dr. Juan Escribano.

Las acciones fueron debidamente documentadas por las fuerzas de seguridad, lo que permitió avanzar en la causa.

Allanamiento y secuestro de drogaPosteriormente, al ejecutarse un allanamiento en el domicilio del imputado —ubicado en calle Libertad al 700—, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron:

Estos elementos fueron considerados indicios claros de que la sustancia estaba destinada a la venta al menudeo.

Calificación legal y penaLa conducta fue encuadrada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Como resultado, el tribunal resolvió condenar a Martínez a:

En el marco de un procedimiento abreviado, la Justicia homologó la condena contra Gian Damián Rolón por delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia ilegal de armas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, con la participación de la defensa técnica del imputado.

Rolón fue condenado como autor de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil, en concurso real, recibiendo una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y el pago de una multa.

El allanamiento El hecho central de la causa se remonta al 10 de octubre de 2025, cuando personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Independencia al 700 de la localidad de Elortondo.

En el lugar, los agentes secuestraron un envoltorio con cocaína, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes y otros elementos que, según la Fiscalía, resultan compatibles con la preparación y fraccionamiento de droga para su comercialización.

Ventas bajo la modalidad deliveryLa investigación incluyó además tareas de vigilancia y análisis de registros fílmicos. Según se indicó, el joven habría sido captado junto a su pareja realizando maniobras de venta de estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, utilizando un vehículo particular.

Estos movimientos se habrían concretado en distintos puntos de la localidad, lo que reforzó la hipótesis de comercialización sostenida en el tiempo.

Armas sin autorizaciónDurante el procedimiento también se incautaron armas de fuego: una escopeta calibre 12/70 con cartuchos y una pistola calibre 22 con numeración adulterada, además de municiones. Todo el material era poseído sin la correspondiente autorización legal.

Este hallazgo derivó en una imputación adicional, que se sumó a la causa por estupefacientes.

Una denuncia que inició la investigaciónEl caso tuvo su origen en una denuncia anónima realizada el 21 de agosto de 2025 a través del “Buzón de la Vida”. En ella, vecinos alertaban sobre un movimiento constante de personas y motocicletas en el domicilio investigado, con presuntas maniobras de intercambio de droga a distintas horas del día.

A partir de ese dato, se desplegaron tareas investigativas que culminaron con el allanamiento y la posterior imputación del joven.

Una investigación judicial que comenzó por un robo calificado en la localidad de Sancti Spiritu derivó en el desbaratamiento de una presunta actividad de narcomenudeo en Venado Tuerto.

El fiscal Iván Raposo imputó a Micaela Ayelén B. (ex pareja del narco Matías Alvarez), de 26 años, quien fue detenida tras permanecer prófuga luego del hecho delictivo en el que habría participado junto a su pareja, Agustín B.

Según la investigación, la identificación de la joven se logró a partir de tareas de análisis fílmico y de la declaración del propio Agustín en audiencia judicial.

Allanamiento clave en Venado TuertoLa detención se concretó mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Deán Funes al 1000, donde además se produjo un hallazgo que cambió el eje de la causa.

En el lugar, los efectivos secuestraron:

Para la fiscalía, estos elementos resultan compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Vínculos con una red de microtráficoA partir del procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas de análisis criminal y detectaron que la joven no actuaría de manera aislada.

En ese marco, fue vinculada con Cintia Lorena Z., señalada como una figura relevante dentro de una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona.

Los indicios recolectados ubican a Micaela Ayelén B. dentro de ese entramado, con participación en la comercialización de droga.

Imputación y medida cautelarEn la audiencia imputativa, el Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.

El juez interviniente dispuso la prisión preventiva de la joven mientras avanza la investigación, que no descarta nuevas medidas y posibles detenciones.

En la audiencia que se desarrolló el último jueves, el fiscal Iván Raposo brindó detalles sobre las declaraciones de dos mujeres, quienes se presentaron como testigos arrepentidas y brindaron detalles en relación al funcionamiento de las dos principales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Venado Tuerto y la región. Según su relato, las bandas operaban desde la cárcel a través de los líderes Maximiliano Ezequiel Ríos y Augusto Nicolás Cechetti, actualmente detenidos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en que estas redes se abastecían de divisas extranjeras para financiar la compra de droga: mediante el cambio ilegal de pesos por dólares en una agencia de turismo local ubicada en la intersección de Belgrano y 9 de Julio.

Las testigos, cuyas identidades no fueron reveladas por razones de seguridad, contaron cómo las organizaciones criminales recurrían a la agencia de turismo de Ezequiel A., dueño del local, para convertir grandes sumas de dinero en efectivo, provenientes de la venta de estupefacientes, en dólares estadounidenses. Según las declaraciones, este proceso de cambio de divisas era realizado sin ningún tipo de control o registro formal. “Nunca nos preguntaron por el origen del dinero ni nos dieron recibos. Todo era en negro”, aseguró una de las mujeres, quien trabajaba de forma directa con los cabecillas de la organización.

Los detalles que las testigos compartieron fueron fundamentales para entender cómo operaban las dos organizaciones en Venado Tuerto y en otras localidades del sur-sur santafesino. Según la fiscalía, la participación de Ezequiel A. fue clave, ya que proveía a los narcos de los dólares necesarios para realizar sus compras de estupefacientes, los cuales luego eran distribuidos y comercializados en el mercado local.

Ezequiel, quien fue imputado como “partícipe secundario” en el tráfico de estupefacientes, es señalado como uno de los principales responsables de facilitar este intercambio de dinero. Según las investigaciones, además de las transacciones que se realizaban con billetes en efectivo, el dueño de la agencia recibió transferencias bancarias de parte de miembros de las organizaciones. En particular, se destaca una por un total de 1.471.750 pesos provenientes de intermediarios cercanos a los cabecillas de las bandas, que operaban desde la cárcel.

Por su parte, su suegro, Jorge K., también fue imputado en el caso por su rol como colaborador financiero de la organización. Se le atribuye haber recibido una suma de 1.240.000 pesos mediante transferencias bancarias realizadas por parte de Kiara Rocío D., una de las implicadas en el tráfico de drogas. Además, enfrenta cargos por la tenencia ilegal de varias armas de fuego, que fueron encontradas en su hogar durante el allanamiento de las últimas semanas.

Las declaraciones de las testigos arrepentidas también ofrecieron detalles sobre cómo era la operatoria dentro de la agencia de turismo. “Yo mandaba un mensaje por WhatsApp preguntando el precio del dólar, luego llegaba a la agencia, me atendía una chica, le daba el dinero en efectivo, y me daban los dólares”, relató una de las mujeres. Según su testimonio, este proceso se repetía semanalmente, con sumas que oscilaban entre los 700.000 y 1.000.000 de pesos, dependiendo de la cantidad de dinero que recaudaban. En tanto, otras de las organizaciones, adquiría mensualmente una suma cerca a los 8.000 dólares.

El relato de las testigos fue confirmado por la declaración de una empleada de la agencia, quien indicó que todas las transacciones eran supervisadas por Ezequiel A. “Él fijaba los precios, daba las instrucciones y autorizaba todas las operaciones. Nadie más podía hacer nada sin su consentimiento”, afirmó, quien también detalló que no se realizaba ningún tipo de control sobre el origen del dinero o la identidad de los clientes.

En el allanamiento realizado el 31 de marzo, en la agencia de turismo los agentes policiales incautaron la suma total de 7.027.200 de pesos, 12.215 euros y 39.438 dólares.

El caso sigue en plena investigación. El fiscal Iván Raposo destacó la importancia de las declaraciones de las testigos, ya que brindaron una visión integral sobre cómo se desarrollaba la operatoria de cambio de divisas y cómo las bandas narcos se beneficiaban de la actividad ilícita.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a dos años de prisión condicional en el marco de un juicio abreviado por un siniestro vial de extrema gravedad ocurrido el 17 de agosto de 2025, en la intersección de ruta nacional 33 y Avenida Chapuis.

De acuerdo a la investigación penal, el imputado (identificado como Germán Uriel Godoy, de 19 años) circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc junto a una joven cuando perdió el control del rodado.

La maniobra derivó en que ambos impactaran contra el guardarraíl ubicado en la banquina, en un episodio de fuerte violencia que dejó evidencias materiales en el lugar.

Alcohol al volante y pérdida de control

Uno de los elementos centrales del caso fue el estado del conductor al momento del hecho. Los estudios posteriores confirmaron que presentaba 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según la acusación, el joven conducía de manera imprudente, antirreglamentaria y sin los cuidados mínimos exigidos, lo que derivó en la pérdida del control de la motocicleta.

Tras el impacto inicial, el vehículo volvió a la calzada y terminó detenido sobre el carril contrario.

Lesiones gravísimas

Como consecuencia del siniestro, la acompañante (Antonella) sufrió heridas de extrema gravedad. El parte médico determinó múltiples excoriaciones y la amputación completa del pie derecho a la altura del tercio medio de la pierna.

La magnitud de las lesiones fue determinante para la calificación legal del hecho.

La resolución judicial

La causa fue tramitada por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, a cargo de Iván Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado acordado con la defensa.

El tribunal consideró a Godoy autor del delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido.

Como resultado, se le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional (sin cumplimiento efectivo) y la inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de cuatro años.

Una mujer de 30 años fue condenada en Venado Tuerto a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación estuvo a cargo del fiscal especializado en microtráfico, Iván Gastón Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado. En ese marco, la imputada, Joana Ríos, reconoció su responsabilidad penal por los hechos investigados.

La defensa fue ejercida por el abogado Mauro Blanco, quien acordó con la Fiscalía los términos de la condena.

Allanamiento y secuestro de droga

El hecho central de la investigación se remonta al 17 de octubre de 2025, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Obispo Rossi al 500.

Durante el procedimiento se incautaron:

De acuerdo con la acusación, la cantidad de sustancia secuestrada y los elementos hallados permitieron establecer que la droga estaba destinada a su comercialización.

Venta bajo modalidad “delivery”

Uno de los aspectos relevantes de la causa fue la incorporación de pruebas fílmicas obtenidas durante la investigación. Según detalló la Fiscalía, los registros muestran a la imputada realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Las operaciones se concretaban bajo la modalidad de “delivery”, utilizando una motocicleta, en distintos puntos de la ciudad durante los días 3, 4 y 9 de septiembre, en horas de la tarde.

Calificación legal y condena

El hecho fue encuadrado en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, prevista en la Ley 23.737.

En función de la evidencia reunida y el acuerdo entre las partes, la Justicia dispuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarla autora penalmente responsable del delito.

Este lunes, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Federal de Venado Tuerto llevaron adelante un allanamiento en una conocida agencia de turismo de la ciudad. El procedimiento se realizó de manera coordinada con otro operativo en la vivienda del titular de la firma.

Fuentes oficiales confirmaron que ambas medidas forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles maniobras ilegales relacionadas con el mercado cambiario.

Hipótesis: conexión con bandas narcoSegún las primeras informaciones, la causa estaría vinculada al presunto cambio ilegal de pesos a dólares para abastecer a organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto.

De acuerdo a los investigadores, al menos una de las bandas obtenía ganancias en moneda local por la venta de droga y luego recurría a la agencia para convertir esos ingresos a dólares estadounidenses.

La operatoria, siempre según fuentes cercanas a la pesquisa, respondía a una exigencia del proveedor de cocaína, radicado en Rosario, quien requería pagos en moneda extranjera. Esto habría generado un circuito ilegal donde el dinero proveniente del narcotráfico era “blanqueado” mediante operaciones cambiarias informales.

El origen de la investigaciónLa causa se remonta a comienzos de 2025, cuando una testigo protegida aportó datos clave sobre el funcionamiento de al menos dos bandas narco en la ciudad. A partir de esa declaración, los investigadores comenzaron a reconstruir la ruta del dinero y detectaron posibles conexiones con actores del ámbito comercial.

Un joven de 20 años, identificado como José Luis Ayala, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el imputado reconoce su participación en el hecho.

La causa fue investigada por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada Silvia Cousello.

Allanamiento y secuestro de droga

De acuerdo con la investigación judicial, Ayala comercializaba estupefacientes desde su domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en Venado Tuerto.

Las tareas investigativas permitieron documentar distintas maniobras de venta de droga, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento.

El procedimiento se concretó el 31 de enero de 2024, cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a la vivienda y secuestró 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 25,3 gramos.

Según se detalló en la causa, la sustancia se encontraba fraccionada y preparada para su comercialización bajo la modalidad de menudeo.

Durante el operativo, el joven intentó darse a la fuga por el patio trasero de la vivienda, aunque fue rápidamente reducido por los efectivos policiales que participaban del procedimiento.

La condena

Con las pruebas reunidas en la investigación y el acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia determinó la responsabilidad penal de Ayala como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario.

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia condenó a Joaquín David Miranda, de 22 años, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Mauro Blanco.

Miranda, nacido el 24 de diciembre de 2002 en Venado Tuerto, tenía domicilio en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1890, inmueble que funcionaba como punto de venta de drogas y que posteriormente fue demolido en el marco de las políticas de combate al narcomenudeo.

La investigación y el allanamiento

Según la investigación judicial, el domicilio estaba bajo vigilancia debido a maniobras reiteradas de comercialización de estupefacientes que habían sido documentadas durante las tareas de seguimiento.

El 22 de mayo de 2025, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) – Unidad de Microtráfico realizó un allanamiento en la vivienda. En el lugar se encontraban Miranda y una mujer identificada como Micaela Florencia V.

Durante el procedimiento se secuestraron numerosos elementos vinculados a la actividad de narcomenudeo, entre ellos:

Para los investigadores, la cantidad de droga y los elementos incautados permiten inferir claramente que los estupefacientes estaban destinados a la venta al menudeo.

La pena y el delito imputado

A partir del acuerdo entre la fiscalía y la defensa, Miranda fue condenado por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.

El tribunal homologó el acuerdo y estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva, además de la multa económica fijada en unidades fiscales.

Un búnker que terminó demolido

La vivienda de calle Pavón al 1890, señalada como punto de venta de drogas en el barrio, fue derribada posteriormente como parte de las acciones impulsadas para desarticular lugares utilizados para el narcomenudeo en la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca evitar que los inmuebles vuelvan a ser utilizados para la comercialización ilegal de estupefacientes.

La madre del narcotraficante Maximiliano “Wacho” Ríos, identificada como Ana V. D., y su hermano Rodrigo seguirán detenidos por decisión judicial, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso una serie de elementos que los vinculan a distintas actividades ilícitas en Venado Tuerto.

La investigación sostiene que ambos formaban parte de una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, y que utilizaban los fondos obtenidos para adquirir dólares en una agencia local y reinvertir en la compra de más droga.

Allanamientos y pruebas clave

Hace pocas semanas, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Almafuerte al 1600, donde residían los acusados. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares que resultaron determinantes para la causa.

De acuerdo con la acusación, en los dispositivos se hallaron audios y mensajes de texto que detallan parte del accionar de la banda. Entre los contenidos, se menciona continuar con las amenazas contra el intendente Leonel Chiarella, y un plan para intentar matar al jefe de la Policía de Investigaciones.

Venta de droga y compra ilegal de dólares

Otro de los puntos centrales de la acusación fue describir cómo funcionaba aceitadamente la banda.

La fiscalía sostiene que el dinero recaudado por la comercialización de cocaína era utilizado para adquirir dólares en una agencia no autorizada de Venado Tuerto. Esos fondos, posteriormente, eran destinados a la compra de más droga, en un esquema que permitía sostener y ampliar la operatoria ilegal.

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En paralelo, la investigación determinó que Ana V. D. administraba un casino online ilegal denominado “Zeus”. Esta actividad, según la acusación, también formaba parte del entramado delictivo y generaba ingresos adicionales para la organización.

La explotación de juegos de azar sin habilitación constituye un delito y, en este caso, se suma a las imputaciones por narcotráfico, amenazas y maniobras financieras ilegales.

Con los nuevos elementos incorporados al expediente, la Justicia consideró que persisten los riesgos procesales y resolvió mantener la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la investigación.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en el marco de un expediente que involucra delitos graves.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas semanas en el marco de la ley de microtráfico, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de líderes narcos y el desmantelamiento de búnkers de venta de droga.

“Estamos avanzando muy firmes en la denuncia, en derrumbar y terminar con estos aguantaderos que le hacen tanto daño a la sociedad”, manifestó el mandatario local, quien destacó especialmente la tarea del fiscal Iván Raposo, a cargo de las investigaciones.

Chiarella afirmó que continuará trabajando en conjunto con la senadora Leticia Di Gregorio y el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli, para presentar nuevas denuncias. “El objetivo es que los vecinos puedan vivir tranquilos”, remarcó.

El intendente valoró que en los últimos años se diera la detención de Nahuel Novelino, Matías Álvarez y Maximiliano “Wacho” Ríos, señalados como líderes de las principales organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Además, por otro lado, se refirió puntualmente a un procedimiento llevado a cabo en una vivienda de calle República Irlanda al 1.500, donde fueron arrestados dos individuos identificados como Alvizo y Castro. Según explicó, “vendían droga a menores” y el lugar era un “aguantadero donde pasaban muchas cosas más que la venta de droga”.

“Ese búnker hay que derrumbarlo. A fines de 2022 hubo un crimen en ese lugar, y eso es lo que genera la droga: intranquilidad, miedo, encierro. Los vecinos ya no pueden salir a la vereda”, lamentó.

Presencia territorial

Chiarella también contó que visita personalmente las zonas conflictivas. “He pasado por esos lugares. Voy a observar, a sacar fotos, a registrar lo que pasa para que la Justicia tenga herramientas para actuar”, explicó.

En ese sentido, valoró el accionar del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces. “Cuando se pide la prisión preventiva, no miran para el costado. Eso es lo que necesitamos: una Justicia comprometida con la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Nuevas denuncias

El intendente señaló que las denuncias parten muchas veces de los propios vecinos, que se acercan con datos sobre puntos de venta. “Nosotros presentamos esa información al fiscal Raposo y se avanza con allanamientos que están dando resultados todas las semanas”, destacó.

Asimismo, hizo referencia a la estructura criminal detrás de la banda del “Wacho Maxi”: “Toda su familia estaba involucrada. Hasta la madre se encargaba del lavado de dinero y las transferencias. Esas organizaciones son las que atacamos, y esos grandes vendedores hoy están presos”, aseguró.

 “Vamos a seguir firmes”

Finalmente, Chiarella afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta lucha es posible porque hay una decisión política clara. Vamos a seguir con esta actitud para devolverles la tranquilidad a los vecinos”, concluyó.