El Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de un año de prisión efectiva para la mujer acusada de someter a su perro “Pluto” a sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente y prolongada de los cuidados básicos que requería.

Se trata de la pena máxima prevista por la Ley Nacional Nº 14.346, que reprime los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Según la acusación, la mujer era propietaria y responsable del cuidado de Pluto y, pese a conocer el progresivo deterioro de su salud, habría omitido proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamiento antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro donde permanecer.

El perro fue rescatado el 17 de julio de 2026, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500 de Venado Tuerto. En ese momento presentaba desnutrición severa, pulgas y garrapatas, mucosas pálidas compatibles con una posible anemia y múltiples lesiones cutáneas crónicas e infectadas, además de pérdida de pelo y contaminación bacteriana y fúngica.

El cuadro comprometía gravemente su bienestar y requería atención veterinaria inmediata. Luego de quince días de alimentación, tratamiento y cuidados adecuados, Pluto mostró una evidente mejoría, circunstancia que, para la Fiscalía, demuestra que gran parte de sus padecimientos podían haberse evitado mediante una asistencia oportuna.

La investigación cuenta con el informe de la médica veterinaria que examinó al animal, registros audiovisuales, conversaciones de WhatsApp y las declaraciones coincidentes de vecinos que describieron cómo Pluto permanecía habitualmente en la calle, visiblemente delgado y enfermo. Eran esas mismas personas quienes le proporcionaban comida y agua ante el estado de abandono en el que se encontraba.

La semana pasada se conoció el fallecimiento de Pluto, una noticia que causó una profunda tristeza y desazón entre quienes siguieron su historia, especialmente proteccionistas y amantes de los animales. Sin perjuicio de ello, deberá establecerse médicamente si existe alguna relación entre su fallecimiento y los padecimientos investigados en la causa.

El legajo fiscal se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Facundo Peña, titular de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, mientras que la actuación se desarrolla bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos.

Desde la Fiscalía destacaron que el maltrato animal no constituye una conducta menor ni puede ser naturalizado como una cuestión privada de quien tiene a su cargo una mascota. Los animales poseen protección legal y quienes asumen su guarda tienen la obligación de brindarles alimentación, asistencia veterinaria y condiciones de vida dignas.

Al referirse al caso, el fiscal coordinador Iván Raposo expresó: “La historia de Pluto conmovió profundamente a toda la comunidad. Quienes deciden incorporar un animal a su familia asumen una responsabilidad concreta e ineludible: alimentarlo, protegerlo y brindarle atención cuando la necesita. Cuando esa obligación se incumple conscientemente y se provoca un sufrimiento evitable, corresponde que intervenga la Justicia. Por la gravedad de los hechos acreditados, hemos solicitado la pena máxima prevista por la ley: un año de prisión efectiva”.

La Fiscalía requirió la apertura del juicio oral, instancia en la que procurará obtener una condena y una respuesta ejemplar frente a un caso que vuelve a poner en primer plano la necesidad de proteger a los animales contra el abandono, el sufrimiento y la crueldad.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo por un violento episodio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda de Venado Tuerto. En la misma causa, Wanda Rocío V. recuperó la libertad bajo reglas de conducta, mientras se analiza si su intervención pudo haberse producido en un contexto de legítima defensa.

Reclamo por una deuda

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 19 del domingo 2 de agosto, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la atribución realizada por la Fiscalía, que es provisoria y podrá modificarse durante el avance del proceso, Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. se habrían presentado en el domicilio donde se encontraban Diego Ezequiel F. y su pareja, Wanda Rocío V.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los dos hombres habrían concurrido con un cuchillo y un elemento de hierro para reclamarle una deuda de 400.000 pesos y amedrentarlo.

En esas circunstancias se habría iniciado un forcejeo que terminó con Diego Ezequiel herido en el tórax. La lesión, de características punzocortantes, fue considerada grave debido a que requirió tratamiento quirúrgico.

Qué delitos les atribuyó la Fiscalía

Los agresores fueron imputados, en esta instancia inicial de la investigación, como presuntos coautores de amenazas calificadas por el uso de arma blanca en concurso ideal con lesiones graves en riña.

Luego de las audiencias imputativas y del debate sobre las medidas cautelares, el tribunal resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la pesquisa.

La situación procesal de Wanda Rocío V. fue evaluada de manera diferente. La mujer quedó en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta mientras avanza la investigación.

Uno de los puntos centrales considerados en esta etapa es la posibilidad de que su intervención durante el enfrentamiento haya ocurrido en legítima defensa propia o de terceros.

Entre los elementos incorporados al legajo aparece un relato según el cual Héctor Damián habría llegado armado y amenazado a Wanda Rocío con un cuchillo. Siempre de acuerdo con esa versión, la mujer habría logrado quitarle el arma antes de lesionarlo.

La Fiscalía aclaró que esta reconstrucción constituye solamente una de las hipótesis bajo análisis y que todavía no representa una conclusión definitiva acerca de cómo sucedieron los hechos.

Una investigación que todavía tiene medidas pendientes

Las primeras diligencias de la causa fueron ordenadas por la fiscal Marianela Montemarani desde el inicio del legajo.

La investigación continuará ahora con el análisis de declaraciones testimoniales, informes médicos, pericias criminalísticas, elementos secuestrados y otras medidas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en la vivienda de calle Almafuerte.

Las medidas cautelares adoptadas corresponden a una etapa preliminar del proceso. Por ese motivo, la situación de las tres personas imputadas podrá ser revisada si aparecen nuevas evidencias o elementos que modifiquen la hipótesis actual.

El fiscal Iván Raposo imputó este viernes a Sergio G., propietario del taller ubicado en calle Suipacha al 50 de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por un presunto circuito ilegal de vehículos y autopartes.

La audiencia se realizó en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto y el acusado estuvo asistido por su abogada defensora y se abstuvo de prestar declaración.

La Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, ambos en calidad de autor.

Según la imputación, el comerciante habría tenido en su poder piezas sin las obleas identificatorias exigidas por la normativa y otras autopartes que no están autorizadas para su reutilización.

También se le endilgó haber realizado cortes sobre vehículos para extraer piezas destinadas a una posterior comercialización y almacenar automotores dados de baja en lugares que no contaban con la habilitación correspondiente.

Camionetas, una BMW y motores adulterados

Las irregularidades fueron detectadas el martes 28 de julio, durante inspecciones realizadas por agentes de la Policía de Investigaciones en el taller de Suipacha al 50 y en un galpón ubicado en la esquina de Suipacha y Urquiza.

Entre los vehículos inspeccionados había una camioneta Toyota blanca, una motocicleta BMW R1200 y dos Dodge RAM 2500. De acuerdo con las verificaciones incorporadas a la causa, varios de sus motores presentaban codificaciones apócrifas, inconsistencias o alteraciones.

Los investigadores también encontraron motores Toyota y Cummins con anomalías en los grabados. En dos casos, las numeraciones se repetían en diferentes elementos, una circunstancia que llamó la atención de los peritos.

En una de las camionetas RAM no fue posible comprobar el número de motor porque la base de soporte estaba corroída. Otra unidad tenía colocado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins hallado dentro del mismo establecimiento.

Nuevos hallazgos

La investigación continuó en una propiedad de Suipacha al 60, donde la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado de una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación, seccionado con una herramienta autógena.

En el lugar también había un Volkswagen Polo cuyo número de chasis habría sido alterado mediante la modalidad conocida como “ventana”, que consiste en reemplazar o modificar el sector donde se encuentra grabada la identificación original.

La Fiscalía sostuvo que el imputado tenía conocimiento del presunto origen ilícito de los vehículos y autopartes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación.

Recuperó la libertad con restricciones

Luego de la audiencia, se dispuso la libertad de Sergio G., aunque deberá cumplir una serie de reglas mientras continúe el proceso judicial.

Entre las principales medidas, el acusado tendrá que presentarse semanalmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación, mantener el domicilio informado y comparecer cada vez que sea citado.

También tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y comunicarse con los peritos verificadores que intervinieron en los procedimientos.

Además, no podrá trasladar, vender, sustituir, ocultar ni manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas en esa propiedad.

La resolución le impide realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta que cuente con las habilitaciones correspondientes.

La Justicia ordenó trabar un embargo por 15.000 dólares. El imputado deberá acreditar esa garantía ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de un plazo de 30 días.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de Venado Tuerto, presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, aceptó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Raposo y permitió acreditar que el 9 de abril de 2025, aproximadamente a las 16:00, Barrios llegó junto con otras personas a una vivienda ubicada en Jujuy al 1.400 de Venado Tuerto.

Según la atribución fiscal, Barrios descendió de un automóvil portando una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el interior de la vivienda. Otro de los involucrados llevaba un revólver, con el que golpeó a una de las personas presentes, mientras que una mujer exhibía un arma blanca. Una cuarta persona permaneció en el vehículo.

La intervención policial se produjo inmediatamente después del ataque y culminó con la aprehensión de Barrios y otras personas sindicadas como participantes. En el lugar, personal de Policía Científica secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros y constató un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en una de las paredes del inmueble.

La responsabilidad de Barrios también fue respaldada por la declaración de una de las víctimas, quien lo identificó como la persona que portaba la pistola y efectuó los disparos. Para la Fiscalía, el testimonio, la evidencia científica obtenida en la escena y la inmediata actuación policial conformaron un cuadro probatorio sólido y concordante.

Los hechos fueron calificados como abuso de armas y amenazas calificadas por el uso de armas, en concurso con portación indebida de armas de fuego, agravada por la existencia de antecedentes condenatorios.

Además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el acuerdo contempla una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Barrios reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada. El procedimiento deberá ser evaluado por el juez interviniente, quien resolverá sobre su homologación.

Nahuel Agustín Fredes (19) fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento abreviado que comprendió nueve hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Venado Tuerto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Asimismo, participó en las tareas investigativas la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo fiscal coordinado por Raposo.

La condena comprende distintos delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, robo simple, tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por el uso de un elemento punzante como arma impropia. También se incluyeron reiterados incumplimientos de medidas judiciales y un hecho de daño.

Entre los episodios de mayor gravedad se encuentra el robo cometido contra un adolescente con discapacidad, a quien Fredes interceptó al salir de una panadería y amenazó con un elemento punzante apoyado sobre el abdomen para sustraerle su teléfono celular.

La investigación permitió reunir testimonios de las víctimas, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales, inspecciones oculares, reconocimientos e informes técnicos. La valoración conjunta de esas evidencias permitió acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

En el acuerdo se tuvo especialmente en cuenta la cantidad y reiteración de las conductas, la violencia empleada, la vulnerabilidad de algunas de las víctimas y la afectación provocada. Fredes reconoció los hechos y prestó su conformidad con la calificación legal y con la pena impuesta, que deberá cumplir de manera efectiva.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante este miércoles nuevas medidas judiciales en el marco de una investigación por presunta comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas, en una causa dirigida por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto.

Los procedimientos constituyen la continuidad de los importantes operativos realizados el pasado martes, cuando la PDI efectuó 13 inspecciones en talleres y comercios del rubro, además de dos allanamientos, logrando controlar más de 90 motocicletas, 20 automóviles y camionetas y 15 motores, detectar una maniobra de venta ilegal de combustible, clausurar un inmueble y avanzar sobre un taller y un galpón donde fueron hallados vehículos, motores y autopartes con presuntas irregularidades registrales. Como resultado de aquellas actuaciones fue detenido el principal investigado, al advertirse indicios de una posible estructura dedicada a la reducción, adulteración y comercialización de vehículos y autopartes de origen ilícito.

En el marco de la continuidad de la investigación, durante la jornada del miércoles los efectivos concretaron un nuevo allanamiento en una vivienda vinculada al imputado, donde secuestraron documentación relacionada con vehículos, un disco rígido, una tablet y una tarjeta de memoria, además de otros elementos de interés para la causa.

Paralelamente, personal de la PDI junto a peritos verificadores de automotor continuó con la requisa del galpón inspeccionado durante el operativo inicial, donde se realizó un exhaustivo inventario de cientos de autopartes, motores, cajas de cambio, llantas y estructuras de vehículos.

Tras las pericias y verificaciones efectuadas sobre los guarismos identificatorios mediante los registros oficiales, fueron secuestrados un motor sin numeración visible, cuatro motores con presuntas adulteraciones, dos chasis con importantes irregularidades y un automóvil Volkswagen Polo que presentaba alteraciones en su número de chasis. Asimismo, quedó bajo custodia judicial un motor perteneciente a una camioneta Dodge Ram.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el origen de los vehículos, motores y autopartes secuestrados, establecer posibles vinculaciones con hechos de robo de automotores y profundizar la pesquisa sobre un presunto circuito de comercialización ilegal de autopartes en la región.

Un joven de Venado Tuerto fue condenado a cinco años de prisión efectiva en el marco de un procedimiento abreviado por una serie de hechos ocurridos entre 2024 y 2025. La causa incluyó un hurto agravado por escalamiento, la tenencia de marihuana con fines de comercialización y amenazas coactivas, algunas de ellas agravadas por el uso de arma.

La pena recayó sobre Benjamín David Hinochea, de 23 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el acuerdo impulsado por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. La defensa estuvo a cargo del abogado Carlos Víctor Villalba.

El robo en una vivienda

Uno de los hechos centrales ocurrió el 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 6:15, en una vivienda ubicada en la zona de Colón al 2300, en Venado Tuerto.

Según la acusación, Hinochea ingresó junto a otra persona a la propiedad mediante escalamiento. Tras acceder por los techos y llegar al patio trasero, entraron a una habitación desde donde sustrajeron 20.000 dólares, una notebook y un par de zapatillas de hockey.

La Fiscalía también atribuyó a los involucrados el robo de una escopeta Beretta calibre 12/70, municiones, chalecos de tiro, lentes deportivos, indumentaria, cuchillos, herramientas y otros accesorios vinculados a la práctica de tiro. Luego, ambos se dieron a la fuga por los techos y se dirigieron con los elementos sustraídos hacia el domicilio del condenado.

Marihuana secuestrada

Ese mismo día, alrededor de las 17:45, los investigadores detectaron que Hinochea tenía en su poder aproximadamente 88 gramos de marihuana. De acuerdo con la calificación penal, la droga estaba destinada a su comercialización.

Por ese hecho, fue considerado autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Amenazas a un ex empleador y su familia

La condena también incorporó hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024. Según el acuerdo judicial, durante la tarde de ese día Hinochea se presentó en el domicilio de su ex empleador para reclamar dinero tras un despido.

En ese contexto, lo amenazó con provocar daños y efectuar disparos contra un comercio familiar. Más tarde, alrededor de las 21, también intimidó a la esposa de su ex empleador cuando la mujer se acercó a dialogar con él.

La acusación sostuvo que esas conductas configuraron amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.

Amenazas con arma a su expareja

Otro de los hechos incluidos en la condena ocurrió en junio de 2024. La Fiscalía atribuyó a Hinochea haber amenazado de muerte a su expareja mientras le apuntaba en la cabeza con un arma tipo pistola de color negra.

Además, durante el vínculo de pareja, la habría intimidado para evitar que realizara una denuncia. Por esto, fue condenado por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas.

La calificación legal

Las conductas atribuidas fueron encuadradas como hurto agravado por escalamiento, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas coactivas, amenazas simples y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma.

En función del acuerdo abreviado, se estableció para Hinochea una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

Un megaoperativo judicial y policial se desarrolló este viernes en Venado Tuerto y la región, con 20 allanamientos simultáneos que permitieron detener y/o aprehender a 10 personas, además de secuestrar armas, droga, teléfonos celulares y otros elementos de interés para distintas investigaciones.

Las medidas fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. En total, se realizaron 18 procedimientos en distintos domicilios de la ciudad, uno en la localidad de María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

El operativo fue impulsado por el fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, Coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, con la colaboración de la Dra. Mayra Vuletic, Coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, y de la fiscal adjunta Dra. Larisa Barucca.

La investigación se construyó a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron establecer patrones de actuación, identificar a presuntos responsables y determinar domicilios vinculados a las causas.

Para llevar adelante los allanamientos se desplegaron alrededor de 130 efectivos policiales y 45 móviles, pertenecientes a la Policía de Investigaciones y a distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas y/o aprehendidas 10 personas. Una de ellas se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde también se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Además, los agentes incautaron una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de delitos y 9,8 gramos de cocaína, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Fiscalía destacaron que el operativo fue resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas policiales de la provincia, con el objetivo de esclarecer múltiples hechos delictivos, identificar a sus responsables y fortalecer la respuesta judicial frente a los delitos que afectan a la comunidad.

La Justicia condenó a Rodrigo Alejandro Ríos a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras considerarlo partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes.

El acuerdo se formalizó en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el fiscal Iván Raposo, junto con la defensa del imputado.

La causa se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad.

La operatoria investigada

Según la acusación fiscal, Rodrigo Ríos habría cooperado en la comercialización de estupefacientes dentro de una estructura liderada por Maximiliano Ezequiel Ríos, conocido como el “Wacho”.

La investigación tomó impulso a partir de declaraciones brindadas el 27 de mayo de 2025 por dos mujeres que habrían señalado tareas vinculadas a la distribución y cobranza del material estupefaciente.

La acusación también sostuvo que Ana V. recibía el dinero proveniente de la venta ilegal, tanto mediante transferencias como en efectivo.

Transferencias y administración del dinero

Uno de los puntos centrales del caso fue el movimiento de dinero detectado en una cuenta vinculada al condenado. Según el planteo fiscal, Maximiliano Ríos declaró en una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba, realizada el 6 de octubre de 2025, que utilizó esa cuenta como canal para administrar y hacer circular fondos derivados de la venta de drogas mientras se encontraba detenido.

En ese marco, los investigadores detectaron transferencias realizadas desde una cuenta a nombre de Débora A. entre el 21 de diciembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025. En total, se registraron 11 movimientos por una suma de 414.000 pesos.

Para la Fiscalía, ese flujo de dinero constituyó un aporte esencial para el sostenimiento de la operatoria ilegal.

La pena acordada

Por estos hechos, Rodrigo Alejandro Ríos fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa de 45 unidades fijas.

La calificación legal acordada fue la de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe necesario.

El cierre de una etapa para Raposo

La condena también marca el cierre de una etapa dentro de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto. Se trata del último juicio abreviado impulsado por el fiscal Iván Raposo en esa área, ya que pasó a desempeñarse en la unidad de Delitos contra la Propiedad.

Durante su paso por Microtráfico, Raposo encabezó investigaciones que derivaron en allanamientos, detenciones, condenas y el desmantelamiento de puntos de venta de drogas en distintas localidades del sur santafesino y en el derribo de búnkers, contribuyendo de manera significativa a la seguridad pública y al fortalecimiento de la política criminal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico.

La Justicia de Venado Tuerto ordenó la prisión preventiva de F.G.A., de 21 años, luego de una audiencia imputativa en la que el fiscal Iván Raposo le atribuyó una grave secuencia de violencia contra su expareja durante la madrugada del 20 de junio.

Según la acusación fiscal, el episodio comenzó en el interior del boliche WESS y continuó luego en la vía pública, por distintos sectores de la ciudad. La víctima, que se encuentra embarazada, habría sido hostigada, empujada, tomada del cabello y golpeada en el rostro, lo que le provocó lesiones visibles en la zona de la boca y la nariz.

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y amenazas calificadas por el uso de arma, todo en concurso real y en calidad de autor.

De acuerdo con la imputación, tras los primeros hechos dentro y fuera del local nocturno, el acusado habría seguido a la víctima junto a otras personas y le habría dirigido amenazas de extrema gravedad, tanto a ella como a un joven que la acompañaba.

La situación escaló cuando la víctima se dirigió a sede policial para realizar la denuncia. Según la Fiscalía, el imputado se presentó en las inmediaciones de la comisaría portando un arma blanca tipo cuchillo y habría intentado agredir a la víctima, a su madre y a su tía.

En ese contexto, también se le atribuye haber golpeado nuevamente a la denunciante con el mango del cuchillo en la espalda y haber agredido a otra mujer que intervino durante el episodio.

Preventiva hasta agosto

La prisión preventiva fue dispuesta hasta el 20 de agosto a las 10. Según la resolución, si el Ministerio Público de la Acusación presenta la acusación formal y solicita una pena privativa de la libertad superior, la medida cautelar se prorrogará automáticamente hasta la audiencia preliminar.

En caso de que no se presente acusación ni se solicite una prórroga, el imputado podría recuperar la libertad bajo reglas de conducta, entre ellas restricciones de acercamiento y contacto.

El contexto del boliche WESS

El caso tomó mayor repercusión porque se conoció en paralelo a la clausura preventiva del pub WESS por 30 días hábiles, medida adoptada por el Tribunal Municipal de Faltas de Venado Tuerto tras evaluar infracciones y distintos episodios de violencia registrados dentro y en las inmediaciones del local nocturno.

Brian F. quedó en prisión preventiva ordinaria en el marco de una causa en la que se investiga el robo de 1.100 dólares en Venado Tuerto. El hecho habría ocurrido luego de que la víctima publicara en su estado de WhatsApp que tenía moneda extranjera para vender.

La audiencia imputativa se realizó este miércoles y estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación. Según la atribución fiscal, el acusado habría actuado junto a otros dos hombres: Yulián R. y un tercero cuya identidad aún se investiga.

Una operación de cambio que terminó en asalto

De acuerdo con la investigación, el robo se produjo el 9 de diciembre de 2025, entre las 19 y las 21, en una peluquería ubicada en calle Falucho al 100 de Venado Tuerto.

La víctima, Jonatan L., había publicado en WhatsApp que tenía 1.100 dólares para vender. A partir de esa publicación, se habría coordinado una supuesta operación de compra de divisas.

Según la Fiscalía, Brian F. llegó al local junto a Yulián R. con la aparente intención de concretar la transacción. Una vez dentro del comercio, la víctima les exhibió el dinero. Luego, los dos hombres se retiraron y regresaron acompañados por un tercer involucrado.

En ese momento, siempre de acuerdo con la acusación, uno de los sospechosos mostró un arma de fuego similar a las utilizadas por personal policial. Después revisaron el lugar y sustrajeron los 1.100 dólares que estaban guardados debajo de un colchón, en una habitación ubicada detrás de la peluquería.

Tras el asalto, los involucrados escaparon corriendo pese a la resistencia de Jonatan L.

La calificación legal

El fiscal Raposo le atribuyó a Brian F. la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.

La calificación es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación penal preparatoria.

Allanamientos y elementos secuestrados

La detención del imputado se dio luego de una serie de procedimientos realizados el martes 16 de junio por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de Venado Tuerto.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dos gorras que serían de interés para la causa, 18,6 gramos de marihuana y dos plantines de cannabis.

De acuerdo con la investigación, algunas de las prendas secuestradas coincidirían con registros fílmicos analizados en el marco de la causa.

Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a una pena única de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, luego de un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la imputada.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, quien atribuyó a Georgina Ayelén Fernández la tenencia de cocaína fraccionada con fines de venta.

La condena impuesta por este hecho fue de 4 años de prisión efectiva y multa de 45 unidades fijas. Sin embargo, al unificarse con una pena anterior de 6 años dictada por el Juzgado Federal de Rosario el 8 de julio de 2022, la sanción quedó fijada en una pena única y definitiva de 7 años.

El procedimiento que originó la causa

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando personal de la Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato.

Durante la requisa, los agentes hallaron en una riñonera nueve envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro envoltorio con la misma sustancia en forma de piedra, de aproximadamente 15,77 gramos.

Para la Fiscalía, la forma en que estaba acondicionada la droga permitía sostener que tenía como destino la comercialización.

Allanamiento

A partir de ese procedimiento, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Fernández, ubicado en calle San Luis al 1300 de Venado Tuerto.

En la vivienda, los investigadores secuestraron otros 25 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, cuyo peso total fue de 4,27 gramos. Ese material fue incorporado a la causa como parte de la evidencia reunida contra la imputada.

La calificación legal atribuida fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

Prisión domiciliaria

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, las partes acordaron que Fernández continúe cumpliéndola bajo modalidad domiciliaria.

El beneficio fue fundado en su situación familiar: es madre de tres niños menores de edad, uno de ellos menor de cinco años y otro con discapacidad. Además, se valoró que se encuentra sola a cargo de la crianza de los menores y que, según los informes incorporados al expediente, venía cumpliendo de manera rigurosa las condiciones de la prisión domiciliaria.

La modalidad fue aceptada en el marco del acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Jonatan Ricardo Castillo, conocido como “Jeringozo”, a la pena de tres años de prisión efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa pública.

En la audiencia, como así también en la investigación, intervino el fiscal Iván Raposo en representación del MPA, mientras que la defensora pública Melisa Andreatta asistió al imputado, quien participó de la instancia judicial vía Zoom.

Durante el trámite, la Fiscalía solicitó que se avalara el acuerdo y que Castillo fuera declarado reincidente. La defensa se allanó a lo requerido y pidió que la resolución se tuviera por firme y consentida.

Tras escuchar los términos del acuerdo, la magistrada explicó al imputado los alcances del procedimiento abreviado, sus consecuencias legales y la pena acordada. Castillo aceptó la responsabilidad penal y ratificó el convenio en todos sus puntos.

Los hechos

El primero de los episodios ocurrió el 9 de junio de 2024, alrededor de las 17:30, en una vivienda ubicada en calle Valdez al 600 de Venado Tuerto.

Según la acusación, Castillo llegó al lugar junto a otro hombre, identificado como Rodrigo R., a bordo de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Una vez allí, descendió del rodado y comenzó a gritar para que los moradores salieran de la vivienda.

En ese contexto, amenazó a una mujer con frases intimidatorias vinculadas a su expareja. Luego volvió a subir a la motocicleta y escapó.

Ese hecho fue calificado legalmente como amenazas.

Persecución y moto robada

El segundo hecho se registró el 17 de junio de 2024, cerca de las 23, en la zona de Balcarce y Marconi.

De acuerdo con la investigación, Castillo circulaba en una motocicleta Honda Tornado junto a otros dos hombres cuando personal policial intentó detener la marcha del vehículo. Al advertir la presencia de los agentes, realizó maniobras evasivas y desobedeció la voz de alto.

En la fuga, intentó subir a la vereda, perdió el control del motovehículo y cayó. Luego escapó a pie, pero fue alcanzado y aprehendido por personal policial frente al hotel “Bahú”, sobre calle Balcarce.

Al momento de ser identificado, aportó datos falsos y dijo llamarse “Adam Castillo”.

La acusación también sostuvo que, durante el traslado a la Comisaría Segunda, Castillo amenazó a los policías intervinientes.

Además, se comprobó que la motocicleta Honda Tornado blanca y roja que tenía en su poder registraba pedido de secuestro activo. El vehículo había sido sustraído de una cochera ubicada en calle Pellegrini al 300 de Venado Tuerto, el 23 de febrero de 2024.

Por este episodio, la calificación penal fue resistencia a la autoridad, amenazas y encubrimiento, todo en concurso real.

La pena

La Justicia resolvió condenar a Castillo como autor de los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y encubrimiento, todos en concurso real.

La pena impuesta fue de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

En la misma instancia se informó que fue archivada una causa en la que Castillo era investigado por presunta venta de estupefacientes.

De esta manera, la condena quedó limitada a los hechos incorporados al procedimiento abreviado: las amenazas ocurridas en una vivienda de calle Valdez y el episodio posterior que incluyó una persecución policial, amenazas a efectivos y la tenencia de una motocicleta robada.

Un hombre y una mujer de Venado Tuerto fueron condenados a cuatro años de prisión de ejecución efectiva, tras la homologación de un acuerdo de procedimiento abreviado celebrado entre el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

La sentencia alcanzó a Alexis José Randisi y Violeta Aylén Rodríguez, ambos domiciliados en una vivienda de calle López al 1500. La audiencia contó con la intervención del fiscal que llevó adelante la investigación, Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de la doctora María Cecilia Tosco.

Según se resolvió, Randisi fue condenado como coautor de los delitos de robo simple, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, en concurso real. Rodríguez, en tanto, fue condenada como coautora de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Además de la pena de prisión efectiva, ambos recibieron una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para tener o portar armas de fuego.

El acuerdo abreviado

Durante la audiencia, el fiscal Raposo solicitó la homologación del procedimiento abreviado, expuso los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena acordada entre las partes.

La defensa manifestó su conformidad con lo planteado y pidió que el acuerdo fuera homologado. Luego, el juez explicó a los imputados los alcances del instituto y sus consecuencias legales. Tanto Randisi como Rodríguez ratificaron el acuerdo en todos sus términos y prestaron conformidad para que el fallo quedara firme.

Robo en una cochera céntrica

Uno de los hechos atribuidos a Randisi ocurrió el 9 de diciembre de 2022, alrededor de las 4.30, en la cochera del edificio Aconcagua, ubicado en Belgrano 1067 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación, el condenado actuó junto a otras tres personas cuya identidad aún se investiga. Tras forzar el portón de ingreso, sustrajeron tres bicicletas: una Venzo roja rodado 29, una KTM Myroon rodado 29 de cuadro de carbono y una FireBird negra con vivos rojos.

También se llevaron elementos del interior de un Peugeot 208 que estaba estacionado en el lugar: un GPS, una navaja con mango de madera, un cable USB y 18.000 pesos en efectivo.

Marihuana en una plaza

El segundo hecho se registró el 13 de agosto de 2025, cerca de la 1.10, en la plaza ubicada en inmediaciones de Colón y Lisandro de la Torre, también en Venado Tuerto.

Personal policial que realizaba tareas de prevención observó a la pareja sentada en el lugar. Al solicitarles que exhibieran el contenido de una riñonera que tenía Rodríguez, los agentes hallaron ocho envoltorios de nylon con sustancia vegetal.

El test de campo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 8,2 gramos.

El allanamiento en calle López

El tercer hecho fue acreditado a partir de un allanamiento realizado el 19 de marzo de 2026, en horas de la tarde, en la vivienda donde convivían los condenados, ubicada en López 1500.

Allí se secuestró una pistola calibre 22 municionada, cuatro cartuchos —uno calibre 38 y tres calibre 22—, 15 envoltorios termosellados de cocaína, con un peso total de 10,9 gramos, y 17 envoltorios de marihuana, con un peso total de 9,3 gramos.

También fueron hallados 552.800 pesos en efectivo, una balanza de precisión en funcionamiento, dos teléfonos celulares, frascos con cogollos de marihuana, semillas y recortes de nylon.

Para la acusación, la forma de acondicionamiento de las sustancias, la presencia de dinero, la balanza y los elementos de fraccionamiento permitieron sostener que la droga estaba destinada a la comercialización.

El fiscal Iván Raposo, de la Unidad de Microtráfico de Venado Tuerto, pidió siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Miguel Alejandro E., de 53 años, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según la acusación, los hechos investigados ocurrieron en dos procedimientos realizados en el domicilio del acusado, ubicado en calle Pinto Lucero de Venado Tuerto. La Fiscalía sostiene que el material secuestrado y las tareas investigativas previas permiten presumir que las sustancias halladas estaban destinadas a la venta al menudeo.

Dos allanamientos

El primer hecho atribuido ocurrió el 23 de agosto de 2024, durante un allanamiento en el que se secuestraron 3,6 gramos de cocaína y $2.760 en efectivo. De acuerdo con la Fiscalía, ese procedimiento se enmarcó en una investigación desarrollada por la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

En ese expediente también se mencionaron registros fílmicos y antecedentes de otro allanamiento realizado en la misma vivienda por orden del Juzgado Federal el 1 de septiembre de 2022, cuando se habrían secuestrado estupefacientes y precursores químicos.

Segundo hecho

El segundo episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2025, también en horas de la tarde y en la misma vivienda. En ese procedimiento, según la acusación, se incautaron 44,34 gramos de cocaína, $588.760 en efectivo, dos plantas de marihuana de 40 y 50 centímetros, dos balanzas de precisión, recortes de nylon y una hoja con anotaciones.

Para la Fiscalía, esos elementos, sumados a registros fílmicos que habrían captado maniobras compatibles con la venta de drogas, sostienen la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

La calificación legal

El Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Miguel Alejandro E. el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real, por dos hechos, en calidad de autor.

En función de esa calificación, el fiscal Raposo solicitó una pena de siete años de prisión efectiva, más las accesorias legales y las costas del proceso.

La Justicia condenó a Cecilia Andrea Troncoso y a su hija Nadin Aime Yustinelli a cuatro años de prisión efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes. Ambas aceptaron su responsabilidad penal en el marco de procedimientos abreviados, con la intervención del fiscal de Microtráfico, Iván Raposo y del abogado defensor Sergio Dibelo.

Según la acusación, las maniobras investigadas se desarrollaban en una vivienda ubicada en calle Valdez al 1600 de Venado Tuerto. Allí, de acuerdo con la evidencia reunida, se habrían registrado movimientos compatibles con la venta de drogas.

La causa se tramitó por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y tuvo como eje la presunta participación conjunta de Troncoso, Yustinelli y Carlos Salvador Muñoz, pareja de la primera, condenado a comienzos de 2026 a seis años de prisión efectiva por distintos hechos delictivos.

Allanamientos y evidencia

La investigación incluyó tareas de vigilancia, registros fílmicos y allanamientos. En uno de los procedimientos, realizado el 29 de septiembre de 2024, los investigadores secuestraron 15 envoltorios de nylon con un peso total de 7,8 gramos de cocaína, teléfonos celulares, dos frascos con sustancia vegetal de características similares a la marihuana —de 6 y 7 gramos— y 167.750 pesos en efectivo.

De acuerdo con la acusación fiscal, al momento del ingreso policial, Yustinelli habría intentado desprenderse de elementos de color blanco arrojándolos hacia una salamandra. Tras la voz de alto, los soltó en el piso, donde luego fueron secuestrados por los investigadores.

En otro allanamiento, realizado el 11 de septiembre de 2025, se incautaron 18,1 gramos de marihuana, siete teléfonos celulares y 381.350 pesos en efectivo. También se mencionó el secuestro de otros dos teléfonos durante un procedimiento posterior.

Mensajes y anotaciones 

Un punto central de la investigación fue el análisis de los teléfonos secuestrados. Según el legajo, de la extracción de información del celular de Yustinelli surgieron imágenes de estupefacientes, dinero, un arma aparentemente de fuego, hojas con anotaciones de deudas de clientes y conversaciones vinculadas con la venta de drogas.

La Fiscalía sostuvo que los mensajes intercambiados entre la joven, su madre y Muñoz permitieron acreditar la dinámica de comercialización. En esas conversaciones, según consta en la imputación, se hacía referencia a cantidades de droga, dinero, fraccionamiento, bolsitas preparadas y clientes que adeudaban pagos.

La pena acordada

Tanto Cecilia Andrea Troncoso como Nadin Aime Yustinelli fueron condenadas como autoras del delito de comercialización de estupefacientes. La pena impuesta para cada una fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 45 unidades fijas.

El acuerdo abreviado permitió cerrar la instancia judicial sin llegar a un juicio oral, a partir del reconocimiento de responsabilidad penal por parte de las imputadas y la aceptación de la calificación legal propuesta.

Una joven de 27 años fue condenada a dos años de prisión de cumplimiento condicional por su participación como colaboradora en la venta de estupefacientes en un inmueble de Venado Tuerto. La investigación, que incluyó un allanamiento y el secuestro de drogas y otros elementos vinculados con la comercialización, permitió determinar su responsabilidad como partícipe secundaria del ilícito.

El operativo se realizó el 22 de mayo de 2025, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones —Unidad de Microtráfico— ingresaron a un domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en la ciudad de Venado Tuerto. En el lugar se encontró a Micaela Florencia Villalba, de 27 años, junto al principal investigado, Joaquín Miranda, ya condenado a cuatro años de prisión.

Durante el procedimiento se incautaron múltiples elementos que, según la Fiscalía, eran utilizados para la comercialización de drogas: 15 envoltorios de cocaína, 213,6 gramos de marihuana, seis celulares, dos balanzas de precisión, pipas, picadores, una réplica de arma de fuego, una contadora de billetes y la suma de $378.000 en efectivo.

La investigación se había iniciado a partir de diversas tareas de inteligencia y vigilancias que establecieron maniobras compatibles con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes en ese domicilio.

Calificación judicial y condena

El fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico, Iván Raposo, acusó a Villalba de haber colaborado de forma consciente con la actividad ilícita de Miranda, aunque sin detentar dominio ni control sobre el accionar principal.

La conducta fue calificada como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de un procedimiento abreviado, el Tribunal determinó imponerle a Villalba una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

Decomiso de bienes y pautas de conducta

La sentencia también dispone el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Entre los bienes decomisados figuran los seis teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo, estupefacientes, pipas, picadores y la réplica de arma de fuego.

Además, al tratarse de una pena condicional, se establecieron una serie de pautas de conducta que la sentenciada deberá cumplir durante el plazo de la condena, entre ellas:

La Justicia de Venado Tuerto condenó a una mujer de 27 años por haber colaborado con su pareja en maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. La pena fue resuelta mediante un procedimiento abreviado y consiste en dos años de prisión de ejecución condicional.

La sentencia alcanzó a Naiara Celeste Peruchini, quien admitió haber facilitado su cuenta bancaria para operaciones relacionadas con la venta de droga, según la investigación impulsada por el fiscal Iván raposo del Ministerio Público de la Acusación.

Investigación y acuerdo abreviado

La audiencia contó con la participación de Raposo y de la defensora pública Melisa Andreatta. Durante la misma, se dio lectura al acuerdo presentado por las partes, con la conformidad de la imputada, describiendo los hechos atribuidos, la calificación legal y la pena consensuada.

De acuerdo con la acusación, Peruchini prestó cooperación a su pareja, Ezequiel Nicolás Díaz Vecellio (ya condenado a 4 años de prisión), para concretar maniobras de comercialización de estupefacientes mediante transferencias bancarias.

La pesquisa estableció movimientos de dinero hacia presuntos proveedores identificados como Débora A. y Maximiliano Ríos. El hecho investigado se extendió entre el 15 de mayo de 2024 y el 12 de agosto de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto.

La condena

El tribunal consideró acreditada la participación secundaria de la acusada en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, resolvió condenarla a dos años de prisión de ejecución condicional, además de imponerle reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las medidas dispuestas figuran la obligación de fijar residencia y someterse al control postpenitenciario, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos y cumplir con las pautas establecidas por la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad.

Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento y contacto con los involucrados en la causa, aunque la restricción no alcanza al coimputado Díaz Vecellio, debido a que ambos tienen un hijo menor de edad.

Dinero, droga y municiones decomisadas

En el fallo también se dispuso el decomiso de distintos elementos secuestrados durante la investigación.

Entre ellos figuran $810.350 en efectivo, 61,4 gramos de cocaína, una planta de marihuana, varios envoltorios con cannabis, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Además, fueron decomisados fertilizantes, focos de luz utilizados para cultivo, cartuchos de distintos calibres, tijeras, recortes y otros elementos considerados de interés para la causa.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Iván Raposo, personal de la Dirección General Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este jueves tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de la causa “Ontivero Romina y otros s/ Infracción Ley 23.737”.

Los procedimientos fueron efectuados por efectivos de División Microtráfico Región III, junto a personal del Departamento Operativo de Investigaciones y con colaboración de PDI Distrito Melincué, Firmat y grupos tácticos de irrupción. Las medidas judiciales se concretaron en domicilios ubicados en calle Lola Mora al 1000, Isaac Sigal al 1400 y Camarero al 1300, arrojando todos resultados positivos.

En el allanamiento realizado en calle Lola Mora se secuestraron 47,7 gramos de cocaína, 3 gramos de marihuana, un teléfono celular y anotaciones de interés para la causa. Además, intervino personal de Sección Canes, que marcó positivamente la presencia de material estupefaciente.

Por otra parte, en el procedimiento llevado adelante en calle Isaac Sigal al 1400, los investigadores secuestraron 2,9 gramos de cocaína, 9,7 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares, una notebook, cuatro tarjetas SIM, recortes de nylon, guantes y dinero en efectivo. Durante el operativo, un joven intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado por el personal actuante y quedó detenido. Se trata de F.B de 19 años.

Finalmente, en el domicilio de calle Camarero al 1300 se secuestraron 2,4 gramos de marihuana y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Venado Tuerto en el marco de tareas investigativas y de inteligencia desarrolladas de manera encubierta por personal de PDI, orientadas a detectar posibles maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.