Por Juliano Salierno

La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, designó como nuevo secretario general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al abogado Leandro Maiarota, con reconocido trayectoria dentro de la órbita del Estado.

Aunque todavía falta la aprobación por decreto del Poder Ejecutivo, es decir, la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, el nombre de Maiarota fue propuesto este martes por la Corte Suprema de Justicia “para ocupar el cargo de Secretario General del Ministerio Público de la Acusación” con “categoría presupuestaria de Juez de Primera Instancia” y “con asiento en la ciudad de Santa Fe”, según el acta de acuerdo Nº 5 del 27 de febrero.

El artículo 23° de la Ley 13.013 -Ley orgánica del MPA- señala que el cargo de secretario general fue creado para “brindar asistencia administrativa y operacional al Fiscal General” y sus competencias alcanzan “las áreas del despacho de la Fiscalía General, asesoría jurídica, relaciones interinstitucionales, comunicación y las otras que le asigne” la titular del ministerio.

En su letra original, la designación debía realizarse “previo concurso de oposición y antecedentes”, además de cumplir con los requisitos formales, que tras la reciente modificación de Ley Nº 13.013 se sintetizan en: tener ciudadanía argentina, título universitario de abogado, acreditar 5 años de experiencia en la profesión o de la función judicial y 2 años de residencia inmediata en la provincia.

La sanción de la Ley 14.284 del pasado 8 de enero inserta un cambio sustancia a la norma original quitando el concurso como filtro y delegando en el o la fiscal general la facultad de su elección. En el artículo 8° de la mencionada ley dice que “su designación es facultad del Fiscal General, previa presentación por el propuesto de un plan de trabajo” y que “podrá ser removido por el Fiscal General y cesa en su cargo al concluir el mandato de éste”, es decir, a los 6 años como máximo.

En cuanto a los antecedentes, es de público conocimiento el derrotero laboral del Dr. Maiarota, quien fuera Fiscal Municipal de Santa Fe durante la administración del periodista Emilio Jatón hasta fines de 2023. Antes ocupó la presidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia, como secretario de Coordinación Legal y Políticas Judiciales durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

La decisión de Vranicich de reemplazar al Dr. Mario Martín Barletta, quien concursó la Secretaría General del MPA desde los tiempos de Julio De Olazabal y luego subrogó el cargo hasta la actualidad, fue comunicada el pasado 14 de febrero por Resolución Nº 18 y se encuentra publicado desde entonces en la página web oficial.

Allí se hace referencia a un “plan de trabajo” que es condición para ingresar a la función, el cual “ha sido puesto a disposición de la Fiscal General en tiempo y forma”. Asimismo, el plan “se ajusta adecuadamente a los objetivos que pretende plasmar esta Fiscalía General en las áreas que tiene a cargo” (…) “demostrando conocimiento en las problemáticas que se deben abordar, así como las posibles vías de solución”, al punto que marca la “idoneidad para el ejercicio del cargo” en base a sus antecedentes.

A su vez, la resolución oficial señala que el desembarco de Maiarota al MPA implica -en primera instancia- un corrimiento de funcionarios de primera línea que se encontraban subrogando puestos y deberán volver a sus cargos originales.

Se trata de tres profesionales de la planta estable del Ministerio Público de la Acusación. El primero de ellos es el Dr. Barletta, quien ocupará el cargo de prosecretario de la General (según Decreto Nº 330/17); el Dr. Fabián Álvarez, que subrogaba la prosecretaría, regresará a la Dirección de Legal y Técnica (según Decreto Nº 2114/13) y la Dra. María Lucrecia Bracchino, que subrogaba el área de Legal y Técnica, volverá a su rol original, puesto que los tres son funcionarios de carrera.

El propio Mario Barletta (hijo) asumió que se trata de un “cambio consensuado y hablado en buenos términos”. Recordó que en su caso, concursó para el cargo en el período inaugural del Nuevo Sistema, junto al Dr. Julio De Olazabal -exfiscal general-. No obstante, durante la gestión del Dr. Jorge Baclini, subrogó el puesto y transitó los primeros meses de la nueva etapa a cargo de la Dra. Vranicich hasta la fecha.

Consultada por Sur24, la Dra. Vranicich confirmó que “Mario va a seguir en el MPA”. Por otra parte, destacó que “por su perfil, es muy importante para las relaciones interinstitucionales y académicas”. En relación al rol que ocupará Maiarota como secretario de la General, dijo que “el funcionamiento y los procesos de trabajo van a cambiar” de acuerdo a la reciente modificación a la Ley Orgánica del MPA que amplía las facultades del Fiscal General y que por ello se enfrentan a “una nueva lógica de trabajo”.

La Legislatura sancionó, a medias, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo a la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el principal órgano de persecución penal que tiene la provincia. Lo sancionado apunta a empoderar al fiscal general (hoy a cargo de María Cecilia Vranicich), le permitir llevar adelante líneas investigativas por sobre los fiscales regionales e incluso habilita la creación de 17 nuevos cargos de fiscales que estarán en directa dependencia de la autoridad provincial.

A diferencia de los restantes proyectos del Ejecutivo sobre seguridad pública votados por amplia mayoría de votos, en este caso en Diputados fue con el aporte de los 27 integrantes de la oficialista bancada de Unidos para Cambiar Santa Fe, la abstención de todos los bloques opositores y el rechazo de los dos integrantes presentes del Frente Amplio por la Soberanía. En cambio, el texto girado en revisión al Senado tuvo el respaldo de todos los integrantes de la Cámara Alta.

De los 43 artículos que tiene el mensaje del Ejecutivo, se aprobaron 11 y el oficialismo informó que seguirá la discusión, artículo por artículo, a partir de febrero. Las abstenciones de justicialistas, Somos Vida e Inspirar obedecieron a que el dictamen de la mayoría se conoció media hora antes de iniciarse la sesión. Es más, al momento de iniciarse el tratamiento del proyecto hubo un cuarto intermedio para que los diputados oficialistas firmaran el dictamen correspondiente.

"Necesitamos votar algunas urgencias que tiene el MPA para que funcione de manera más ordenada y en febrero seguiremos discutiendo los otros aspectos del proyecto" señaló la socialista Lionella Cattalini al justificar el voto de la mayoría.

El miércoles, la Legislatura abrió el recinto de la Cámara de Diputados para escuchar distintas opiniones de actores del sistema judicial sobre este mensaje del Ejecutivo. Representantes del Colegio de Magistrados, de la Asociación de Fiscales tanto de Santa Fe como de Rosario, el sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario expusieron sus objeciones y sus propuestas ante legisladores de ambas cámaras.

Cattalini aseguró que lo que se llevó al recinto es la parte que no tiene objeciones por parte de las entidades al refutar a distintos bloques que se escudaron en las reuniones del día anterior para no apoyar a la mayoría con el voto.

"Hay una crisis institucional que afecta al MPA, hay que corregir falencias, no se puede funcionar con reglas que no son claras" señaló la socialista quien prometió que la parte referida a ingreso a la carrera judicial así como el régimen de disciplina y de control se discutirá desde febrero. Enseguida Fabián Palo Oliver señaló que el oficialismo no logró los consensos necesarios "y saca esta reforma a medias" para cuestionar la centralidad otorgada a la figura de la fiscal general. "Creemos en la descentralización y no en la centralización. Es un retroceso", afirmó.

Alicia Azanza (Somos Vida) consideró una falta de respeto que diez minutos antes del inicio de la sesión el oficialismo le hiciera llegar el proyecto a votar. "No tuvimos tiempo de analizarlo; no firmamos cheques en blanco. Somos Vida lee los proyectos, los interpreta y vota, pero no de esta manera" señaló la rosarina. Celia Arena (Juntos Avancemos) también hizo notar el corto tiempo entre la entrega del dictamen y el tratamiento. "Coincidimos en la necesidad de darle herramientas al gobierno, en mejorar las leyes y en que no puede haber manoseo político del MPA" afirmó la ex ministra de Gobierno quien no dejó de señalar que la anterior Legislatura rechazó varios pliegos de fiscales enviados por la gestión de Omar Perotti y también debió retirar 42 pliegos de jueces. "Dijeron que no se necesitaban más fiscales y ahora crean 17 por ley. Por lo menos utilicen los concursos ya realizados y envíen esos pliegos" recomendó.

El radical José Corral admitió que se necesita una mayor discusión sobre algunos aspectos del MPA pero también rescató la decisión de apurar la sanción de una parte del mensaje para dotar de mayores atribuciones a la fiscal general.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, dispuso iniciar un "proceso de monitoreo" por un lapso de 90 días sobre tres áreas de la fiscalía regional 2 con asiento en Rosario. Se trata de auditar el funcionamiento de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del equipo de trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego y de la Unidad de Homicidios Dolosos proponiendo al auditor general de gestión, Leandro Mai, para ejecutar la tarea. El trabajo sería la base para recomendar cambios en el funcionamiento o bien ratificar el rumbo.

En la resolución se indica que la secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General, a cargo de Gustavo Javier González, debe prestar apoyo institucional y articular el proceso con la fiscalía regional Rosario a cargo de María Eugenia Iribarren.

En la parte final de la resolución, Vranicich insta "a los órganos fiscales a realizar sus denuncias, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes".

La decisión de la fiscal general se conoció sobre el mediodía del viernes después de dos semanas signadas por denuncias de dos fiscales rosarinos contra el fiscal Matías Edery por sus vinculaciones con Mariana Ortigala una testigo de la causa contra el jefe narco Esteban Lindor Alvarado que ahora es imputada por ser la presunta testaferro del líder de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero. Trascendió que la fiscal general anticipó la decisión a la regional en una charla en la semana ante el avance del cuadro de situación.

En los hechos, la resolución adoptada es una de las pocas facultades que tiene la fiscal general para intrometerse en una de las cinco regionales en que está dividido el MPA. En ámbitos legislativos se sigue muy de cerca la situación de Rosario, no solo por Edery.

En los considerandos de la resolución, Vranicich afirma que "es de público conocimiento la situación de gravedad institucional que está atravesando la Fiscalía Regional de la segunda circunscripción, marco en el cual se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajos fiscales". Mientras el MPA informaba oficialmente sobre la decisión de su titular, en Legislatura trascendía que el auditor de gestión, Leonardo Mai, había comunicado su decisión de inhibirse de seguir entendiendo en la conducta de Edery por entender que su actuación merecería una sanción superior a los dos meses, instancia por la cual serán las cámaras legislativas las encargadas de entender en el caso. Precisamente Mai está citado para el miércoles por la comisión de Acuerdos por el caso Edery.

Edery integra Delitos Complejos cuya jefatura está a cargo de Luis Schiappa Pietra e integran los fiscales adjuntos David Carizza y José Luis Catterina. En el caso de Homicidios Culposos el jefe de Adrián Spelta y son integrantes Gastón Avila, Ademar Bianchini, Carla Ceriani, Marisol Fabbro, Gisela Paolicelle, Alejandro Ferlazzo, Georgina Pairola y Patricio Saldutti. En tanto, el equipo de Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego lo conforman Franco Carbone, Valeria Haurigot, Pablo Socca y Federico Rébola.

La decisión de la titular del MPA fue tomada a través de la resolución número 337, en la que refiere que "se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales", y agrega que ello "no puede constituir un obstáculo para que el Ministerio Público de la Acusación asuma como prioridad dar una respuesta unificada, eficiente, eficaz a los múltiples hechos delictivos generadores de violencias altamente lesivas focalizadas en la ciudad y en el departamento de Rosario". Por ello, en cumplimiento del principio de unidad de actuación, de transparencia y de objetividad, se impone la necesidad de realizar un proceso de monitoreo por el plazo de 90 días sobre esas tres áreas.

Explica más adelante que en la estructura orgánica funcional del MPA, la Fiscalía General cuenta con órganos de apoyo a la gestión, siendo la Auditoría General de Gestión el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los órganos fiscales a fin de asegurar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la actividad fiscal.

Señala que "dentro de las funciones legales del auditor se encuentran la de comprobar el funcionamiento de todos los despachos fiscales, en todo lo que hace a la observancia de la ley, y la de evaluar el desempeño de los órganos fiscales, definiendo los indicadores y estándares de desempeño e identificando las buenas y malas prácticas de actuación".

Cohesión

Vranicich no deja de mencionar en su resolución la necesidad de tener cohesión institucional. "Esta fiscalía entiende que a los fines de evitar mayores consecuencias dañosas para la institución y restaurar la cohesión interna, teniendo presente el tenor y las formas asumidas por los órganos fiscales en sus intervenciones tanto en audiencias como en los medios de comunicación, se interpela a los órganos fiscales a realizar sus denuncias, presentaciones, defensas y/o planteos por los carriles institucionales correspondientes".

Este viernes, el Auditor General del MPA se inhibió de avanzar en la investigación de la conducta del fiscal rosarino Matías Edery e informó de esta situación a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, según trascendió en fuentes del palacio legislativo.

La decisión es interpretada como que la investigación de Mai sobre Edery habría permitido determinar que le correspondería una sanción superior a los dos meses. Mai fue citado para el miércoles por la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini para conocer el tenor de la investigación realizada en torno a la actuación de Edery.

Por otra parte, el jueves, desde la Fiscalía Regional 1 del MPA se informó de la inspección judicial en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, medida ordenada por las fiscales María Laura Urquiza y Barbara Ilera en el marco de la investigación iniciada a raíz de la denuncia formulada por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno respecto del fiscal Edery.

La inspección se llevó a cabo en distintas áreas de la Fiscalía Regional 2 y en la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. "Se secuestraron teléfonos celulares, documentación y archivos digitales", se informó.

Este lunes, al mediodía, venció el plazo para la inscripción de postulantes a ocupar los principales cargos de conducción tanto en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Publico Provincial de Defensa Penal.

Entre los anotados para el MPA, los inscriptos buscan ser fiscales regionales en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto y están incluidos los postulantes para el cargo de Fiscal General que hoy desempeña Jorge Baclini y que no tiene posibilidad legal de repetir la tarea.

Mientras, para la Defensa; concursan la conducción del órgano -hoy a cargo de Jaquelina Balangione, que no tiene posibilidad de reelección- más los defensores regionales para Santa Fe, Rosario, Rafaela y Reconquista.

Ahora, la Secretaría de Justicia deberá evaluar si las presentaciones cumplen con los requisitos para luego publicar la lista de concursantes para recibir posibles observaciones y luego poner en marcha la etapa de evaluación de los postulantes con jurados ya anunciados con la participación de expertos nacionales y provinciales.