Este lunes, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Federal de Venado Tuerto llevaron adelante un allanamiento en una conocida agencia de turismo de la ciudad. El procedimiento se realizó de manera coordinada con otro operativo en la vivienda del titular de la firma.

Fuentes oficiales confirmaron que ambas medidas forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles maniobras ilegales relacionadas con el mercado cambiario.

Hipótesis: conexión con bandas narcoSegún las primeras informaciones, la causa estaría vinculada al presunto cambio ilegal de pesos a dólares para abastecer a organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto.

De acuerdo a los investigadores, al menos una de las bandas obtenía ganancias en moneda local por la venta de droga y luego recurría a la agencia para convertir esos ingresos a dólares estadounidenses.

La operatoria, siempre según fuentes cercanas a la pesquisa, respondía a una exigencia del proveedor de cocaína, radicado en Rosario, quien requería pagos en moneda extranjera. Esto habría generado un circuito ilegal donde el dinero proveniente del narcotráfico era “blanqueado” mediante operaciones cambiarias informales.

El origen de la investigaciónLa causa se remonta a comienzos de 2025, cuando una testigo protegida aportó datos clave sobre el funcionamiento de al menos dos bandas narco en la ciudad. A partir de esa declaración, los investigadores comenzaron a reconstruir la ruta del dinero y detectaron posibles conexiones con actores del ámbito comercial.

Los dueños de una financiera ilegal que operaba en la ciudad de Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a la Municipalidad, en el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal.

La resolución fue alcanzada tras una “suspensión de juicio a prueba”, figura legal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado accede a reparar el daño causado. En este caso, se trata de una causa por intermediación financiera no autorizada, delito que sanciona la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Actividad clandestina

Los imputados, identificados como Edgardo U. y Marcela G., estaban a cargo de una “cueva” que funcionaba en una vivienda de calle Cabral al 4. El establecimiento fue escenario de un violento robo ocurrido el 27 de junio de 2024, en el que cuatro delincuentes se alzaron con una suma cercana a los 3.500.000 pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares.

La investigación por el robo fue tramitada por la Justicia provincial, que logró la detención y posterior condena de los autores materiales. Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con los fiscales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, avanzó con una causa por la actividad financiera clandestina que allí se desarrollaba.

"Tras una serie de allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que realizaban operaciones de cambio sin autorización", explicó Ghiorzi. En ese contexto, se imputó a los propietarios por violar la Ley de Entidades Financieras, específicamente por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

Acuerdo con fines sociales

Como parte del acuerdo alcanzado, cada uno de los imputados deberá aportar 15 millones de pesos en equipamiento médico, totalizando así una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal.

“La idea es que este dinero tenga un fin público, por eso nos pusimos en contacto con el área de Acción Social del municipio”, indicó la fiscal.

La entrega de los bienes (que deberá concretarse en un plazo máximo de un mes) incluye equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, según se detalló en el acta homologada por el Juzgado Federal.

Un robo violento

El asalto a la financiera clandestina ocurrió el 27 de junio de 2024 y fue ejecutado por un grupo de cuatro delincuentes. Dos de ellos, Emanuel Alejandro Alarcón (36) y Matías Alejandro Caprigfoglio (29), tocaron timbre en el lugar, ingresaron armados y redujeron con violencia a los propietarios.

Según consta en el juicio abreviado, golpearon a Edgardo U. con la culata de un arma, amenazaron con dispararle en la cabeza y luego intentaron asfixiarlo con una bufanda. A Marcela G., la obligaron a entregar el dinero a punta de pistola.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por calle Cabral, donde los esperaban los otros dos cómplices en un vehículo. Un par de horas más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía sobre ruta nacional 33, a la altura de la localidad de Villada, a unos 70 kilómetros de Venado Tuerto.