Mariana Ortigala (1ro de septiembre de 2023, 13.37 hs): - Mati ! Más allá de todo la justicia es solo de Dios!

Mariana Ortigala (Idem, 13.38): - Gracias por todo te adoro de verdad siempre voy a estar para vos. Y para Luis aunque sea malo. Vos sabés que aunque nadie lo sepa o crea, lo que mas intento es frenar muertes, siempre intento ayudar sea quien sea la persona !

Matias Edery (Ídem, 14.10): - No es malo Luis. Pero él tiene miedo de que después nos quieran sancionar o sumariar por decir que nosotros lo ayudamos a Rodrigo.

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Si fuera una obra de teatro ese sería el epílogo de un acto, acaso uno de los más atractivos, del extenso intercambio de mensajes entre el fiscal de la ciudad de Rosario Matías Edery y Mariana Ortigala, su informante, que hoy está detenida por ser parte de Los Monos y presuntamente haber cometido extorsiones en una causa que se lleva adelante a nivel de la justicia federal.

Edery y Ortigala hablan del fiscal Luis Schiappa Pietra, el jefe de él; y de Rodrigo Ortigala, el hermano de ella. Son también personajes principales, siempre citados en sus diálogos.

Ciertamente, da para una obra de ficción novelada, pero todo es parte de una compleja realidad: la de la relación que complica a Edery (y comienza a hacerlo con Schiappa Pietra) con una testigo clave para llevar a juicio al jefe del Clan Alvarado, rival de aquella banda.

Según se desprende de lo que aquí se resume, también Ortigala habría sido clave para otra causa que hizo muy conocidos a ambos fiscales: la que se ha reabierto ahora contra el senador justicialista Armando Traferri, por presuntos vínculos y pedidos de coima con un empresario del juego ilegal. El legislador hace un par de meses ha dejado de ampararse en sus fueros y acepta enfrentar a la justicia. Su primer paso es pedir a la fiscalía regional del MPA que designe otros acusadores.

Más allá de que haya existido o no vinculación entre la trama de fondo de aquel diálogo con las acusaciones que, otro personaje femenino (ya se verá quién) efectivamente llevó a cabo contra el representante de San Lorenzo, está claro que hubo una cuidada negociación entre ambos. Ella sobreabunda en argumentos; él es parco, pero dice lo suyo.

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Para la defensa de Traferri (pero también para los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno que fueron apartados de la causa contra Edery) lo que Mariana Ortigala le "facturaba" a Edery era su aporte de un nuevo testigo contra el senador. Pero eso es materia de otro capítulo, con personajes llegados desde la ciudad de Rafaela. "Continuará...", decían los comics cuando se llamaban historietas.

Es evidente la presión de Ortigala sobre el fiscal para que su hermano no vaya a prisión, para que la causa que enfrenta pueda tener otro desenlace. Ella ya había sobrevivido a sicarios que le dispararon 35 balazos de los Alvarado y teme que no haya otro milagro para Rodrigo. Como se ha visto en las primeras líneas de este texto, los ruegos de Mariana tuvieron el efecto deseado sobre los fiscales y ella lo celebra, acude a la justicia divina.

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El primer día de septiembre de este año la justicia provincial dictó duras condenas contra los responsables de los disparos al Casino City Center que, en enero de 2020, mataron a alguien que simplemente había salido al balcón a fumar: Enrique Encino, ex gerente del Banco Nación de la localidad de Las Parejas, víctima de la violencia extorsiva de Los Monos.

Las crónicas sobre el fallo histórico de dos meses atrás mencionan que Rodrigo Ortigala fue condenado solo a un año y medio. Y que en la sentencia de Cámara constan reproches a los fiscales por lo insuficiente de su acusación sobre quien por ellos fue llevado a juicio por complicidad en una extorsión. Aquí se verá por qué. Y se deberá adivinar el objetivo.

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Es el 26 de julio de 2022 y son las 16.51. Ortigala llama, envía mensajes y deja audios al fiscal Edery. Está desesperada y usa todo lo que ha vuelto a escuchar de sus chats con el MPA que no ha borrado. Debe cuidar a su hermano. Ruega que no vaya preso. (Se usan paréntesis para agregan datos que guíen al lector). ¿Qué estaba "re cerradito"?

Mariana Ortigala: - Mati, querido, yo sé que vos estás a full, lo sé, lo sé, lo sé. Te torturo con esto que es algo re personal, viste, yo ya lo tenía como, con lo que habíamos hablado, re cerradito, viste, y Luis (Schiappa Pietra) me cortó el rostro re mal, como que me dijo que lo que yo hablé con vos imposible, como que no hay posibilidades. Si vos querés lo hablamos solos y en persona, o con Luis, o con quien sea, con quien vos me digas, Mati, lo que sí… Yo apelo a... A ver, a la confianza que vos sabes de las cosas que yo te he mandado desde que te conozco. Apelo a eso. Vos imaginate Mati que... En el lugar en que estoy yo que... Ese teléfono del cual salen las mismas escuchas de Rodrigo (Ortigala)... Sale lo de Leo (Peiti, quien acusó a Traferri entre otros), sale lo de los fiscales (que debieron renunciar por coimas, el ex regional de Rosario, Patricio Serjal y su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad) y todo lo demás… (¿Qué será?) Ayer justamente estaba revisando los audios con Carla (una colaboradora del MPA con contacto directo con Ortigala), hasta ese teléfono se lo entregué yo. A ustedes. Ni hablar que... O sea... A Leo… Hemos parado allanamiento, hemos parado mediante ese allanamiento que yo te pasé. Hemos parado cosas gravísimas en Rosario. Hemos parado un montón de cosas y yo creo que he colaborado pero infinitas veces.

M O: - Siempre obviamente con la confianza que te tengo a vos, Mati, que vos no ibas a decir nada y yo tampoco, obviamente. Pero yo me he metido en villas a filmar a gente para mandárselo a Carla. Ayer justo leía todo eso. Carla me ha pedido un millón de cosas que tampoco correspondían y yo las he hecho, Mati. Yo esto no lo voy a hablar ni con Luis ni con nadie, solo con vos y si querés lo hablamos en persona. Pero yo necesito que me den una mano, Mati, con lo de mi hermano, porque encima es una pavada. O sea, si vos lees la imputación, yo no creo ni siquiera que se configure en una tentativa de extorsión. Nosotros ya hablamos con el muchacho (la víctima), el muchacho tampoco quiere denunciar, no quiere nada, ¿viste? Pero para mí es un problemón porque si Rodri va preso, a él lo matan. Ya sabemos todos que a él lo matan. Aparte mi hermano… mi mamá se muere, yo también, y mi hermano tiene cuatro hijos y la mujer de él no trabaja. Qué se yo, mi hermano nunca más… está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días construyendo cabañas, que eso está re bien mi hermano, está re tranqui, no se junta con absolutamente nadie. La verdad que nosotros con esto que nos metimos de Alvarado. Ya sabes Mati, como nos arruinamos la vida y todo lo demás, está bien, no es tu culpa, ¿no? Pero no sabíamos que iba a pasar lo de Bancora, o que nos iban a entregar así, y bueno, que iba a pasar todo lo que pasó. Así que yo te pido Mati, por favor, que nos reunamos y... que me den una mano, si no es nada extraño, no es que mató a una persona. Viste, tiene que haber algo, hay una posibilidad de algo. Yo creo que yo me he portado más que bien. Con Luis también, vos sabés que las últimas intenciones del loco, cuáles eran y… hablé con Vane, hablé con aquel, se paró todo. Yo creo que he colaborado mucho más que una pavada de esto de ahora. Avísame Mati, avísame cómo hacemos, porfi. Muchas gracias y disculpa Mati.

Matias Edery (dos minutos después): - No, no.

M O: - Jajaja, gracias

Edery: - Estoy resolviendo un quilombo

M O: - Tranqui Mati, tranqui, tranqui, yo re confío en vos, duermo más que tranquila, tranqui Mati, cuando puedas, no te hagas problema.

Edery (el mismo día, 8:32): - Sí, Mari, lo hablamos en persona con Luis, porque lo que me dice Luis, está bien, yo no había leído la acusación, pero lo que me dice Luis es que al margen de lo que diga o no diga la víctima, hay datos objetivos que van a salir en el juicio, que es la pericia básicamente, y que va a ser evidente que… que nosotros mínimamente tendríamos que haber llevado a Rodrigo a juicio o algo así. Y a nosotros no nos van a aprobar el archivo con esa evidencia. Eso es lo que dice Luis. Nos juntamos y lo hablamos bien. Ahora le pregunto a él cuánto puede y nos juntamos los tres.

M O: - Dale Mati, excelente, excelente. Claro, a mí me pareció un poquito raro cuando vos me dijiste eso, pero como que Luis tampoco me creía, obvio. Yo me quedé más que tranquila y después con lo que dijo Luis, me quedé más que no tranquila, me quedé desesperada. Mal, re mal. Pero dale, dale, nos juntamos los tres, vos decime cuándo y vemos, dentro de todo lo malo qué se puede hacer. Viste, igual a lo mejor, no sé… Bueno vos sabrás mejor, yo ahora le di lo que hay de prueba a Jesús (un abogado), pero para mí ni siquiera da para una tentativa de extorsión lo que hay, que son dos mensajitos de Rodrigo, loco, voladores, por ahí. Pero dale, vos decime cuándo y obvio que nos juntamos.

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De inmediato, el mismo día de julio del año pasado, ella pide información precisa (seguramente solicitada por su abogado) sobre "las fechas de Rodrigo de condena para tratar de buscarle, no sé, cualquier cosa, una domiciliaria con salida laborales, qué se yo, cualquier cosa, lo que sea, que no estaría encerrado". Para "ver legalmente qué vuelta le puedo dar, sé que es complejo. Encima, viste, que lo que yo te decía, me da una bronca bárbara que sea tan chiquita la causa, viste. Pero bueno, a lo mejor algo se puede hacer", le dice a Edery.

El fiscal solo pide que ella se lo recuerde al día siguiente, se van a ver en Tribunales. Así "te paso el reincidencia, te paso el certificado, que ahí están todas las fechas", comenta él. Ella agradece y sugiere: "a mí me suena como que capaz que estamos muy cerca también de que (su hermano) no sea reincidente, por eso quería agotar esa vía también, esa opción viste, qué se yo, un abreviado, pero bueno, sin que tenga un cumplimiento efectivo (de prisión) sería, sabes qué, tocar el cielo en las manos", predice. Y sí, la justicia acaso sea "sólo de Dios".

En cuanto el Senado de la Provincia de Santa Fe le quitó los fueros (con los que se había blindado en 2020), el senador Armando Traferri interpuso por medio de sus abogados defensores un recurso de queja para que se aparte de su caso a los dos fiscales acusadores: Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, porque han "faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación", según el legislador.

El representante por San Lorenzo pidió una audiencia pública para mostrar las pruebas contra ambos, a la que se permita el acceso a los periodistas. Traferri ha dicho, luego de lograr su reelección por el 42% de los votos, que irá "hasta las últimas consencuencias" para evitar que "la libertad de los ciudadanos no esté en manos de estos fiscales".

Durante la exposición que brindó en el recinto de la Cámara alta, cuando les pidió a sus pares de todas las bancadas que reviertan su resolución y lo autoricen a presentarse ante la justicia y ser imputado (no puede ser encarcelado) sostuvo que en estos tres años logró reunir pruebas que le permiten no solo defenderse sino acusar a sus acusadores. Ese será finalmente el primer paso de su estrategia legal.

Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray presentaron un escrito ante la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que solicita el apartamiento del caso Traferri para esos fiscales. (Como se sabe, Matías Edery está hoy bajo un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que votó el avocamiento tras la inhibición de la Auditoría del MPA, y todavía no se sabe si la diputada Lorena Uleldin, cuyo mandato termina en la primera semana de diciembre, aceptará o no ser su acusadora).

Edery es cuestionado por los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca por sus vínculos y el intercambio de información con Mariana Ortigalal, presa por ser parte de la banda Los Monos, en una causa por extorsiones y balaceras. Un primer dato al respecto: Moreno Socca fueron apartados por la fiscal regional Iribarren por haber hecha pública ante la prensa la identidad de Ortigala, una testigo protegida en otra causa (contra el clan rival de los Alvarado). Y una segunda acotación nada al márgen: Edery, y también Schiappa Pietra, escucharon el apellido Ortigala en varias oportunidades como parte de las extorsiones a Luis Peiti, un capitalista del juego clandestino, que tanto era exprimido en pagos mensuales por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el ex fiscal regional Patricio Serjal. Pese a esas acusaciones de 2020 no hubo una línea de investigación en la llamada causa del juego ilegal por la que ahora podrá ser por fin imputado Traferri al ser levantadas sus inmunidades.

En su banca, el 21 de septiembre, dijo que durante el actual gobierno provincial de su partido "la organización para espiar ilegalmente a objetivos establecidos y armarles causas llegó a tal nivel que el entonces ministro de Seguridad (Marcelo Sain) designó a una persona de su confianza para que trabajase dentro del MPA analizando la información recogida y reportando directamente a él. Esto debería ser realmente un escándalo. Había comunicación fluida con fiscales que reportaban directamente al entonces ministro y a su equipo de trabajo, según surge de los peritajes a sus dispositivos electrónicos", abundó.

Y enumeró: "Accedieron ilegalmente al registro de las llamadas entrantes y salientes de mis teléfonos, a la geolocalización de mis dispositivos móviles, violaron mi secreto bancario, les armaron causas a personas de mi entorno para escuchar las conversaciones conmigo, entrevistaron a supuestos testigos reservados en el domicilio personal del entonces ministro de Seguridad ¿Y qué encontraron? Nada que me incriminase. Porque tal cosa no existe", afirmó.

Traferri sostiene esos argumentos desde que comenzó el caso en su contra, desde una posición incómoda porque optó por el privilegio como legislador de no someterse a juicio. Ahora lo afrontará desde el banquillo de los acusados, tras los comicios provinciales y la crisis que muestra el MPA de Rosario precisamente con Edery en el centro de las miradas. De todos modos, hace ya un año en que el senador sintió que la taba comenzaba a darse vuelta: desde noviembre de 2022 Traferri es considerado por la fiscales de la ciudad de Santa Fe como víctima de espionaje, en la causa Sain.

Lo mismo les sucedió a otros dirigentes políticos y personalidades públicas que fueron "perfilados", como el hoy gobernador electo Maximiliano Pullaro, funcionarios del propio gobierno como Héctor "Pirucho" Acuña, empresarios, periodistas como el fallecido por esos días (de un infarto) Mauricio Marona, y empresarios de medios, como el titular de Arcadia y principal accionista de El Litoral, Nahuel Caputto.

Ahora aquellas declaraciones públicas de Traferri están avaladas por el caso Sain e incluso por un audio del propio ex ministro y al mismo tiempo director del Organismo de Investigaciones del MPA (en una polémica licencia) en la que "como compañero" les reprocha a los fiscales Edery y Schiappa Pietra no tener suficientes pruebas contra el por entonces jefe del bloque Juan Domingo Perón en el Senado.

El escrito que tiene en sus manos Iribarren (que debió ir a Acuerdos a dar explicaciones sobre la crisis entre sus subordinados días atrás) afirma que las acciones de los fiscales "responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra". Les endilga "una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar" a funcionarios del MPA.

El pedido de apartamiento dice que los fiscales no fueron objetivos que carecieron de "buena fe, lealtad, y legalidad". Y advierte que "del relato fáctico que forma el corpus de este escrito se desprenden hechos con apariencia de delito". En ese contexto, agrega: "detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain".

Entre las pruebas ofrecidas hay "testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de 'llevarse puesto' al senador". Ese testigo citado por la defensa afirma: "Hubo mucho interés el último año con todo lo que pasaba en Traferri. Había mucho interés en encontrar algo que lo perjudique"

De las relaciones probadas entre integrantes del MPA y Sain queda claro para el escrito que se excedían largamente los vínculos institucionales. "La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él".

"Los funcionarios del Ministerio de Seguridad solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso".

Finalmente, el tercero de los apartados, llamado "El sumario de Cotichini", desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el Espionaje Ilegal. En esta causa, justamente, Traferri es querellante y como se ha dicho, víctima.

El 30 de noviembre de 2017, en medio del gobierno de Miguel Lifschitz (1995-2021), la Legislatura aprobó una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Fue tratada sin debate y con un texto que fue el producto de un intenso intercambio de borradores entre ambas Cámaras.

En aquella jornada, que fue justamente durante la última sesión de prórroga del período ordinario de sesiones, es decir, cuando no se necesita que el Poder Ejecutivo habilite una asunto, los legisladores decidieron que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal debían tener límites además de los que imponen la ley y las instancias de auditoría interna previstas para ambos órganos.

Es bueno recordar cuál era el escenario del poder seis años atrás: gobernaba el Frente Progresista, Cívico y Social, que tenía mayoría de socialistas, radicales y otras fuerzas (en ese orden) en la Cámara de Diputados, y el peronismo su histórica mayoría en el Senado (que cambiará de manos en poco tiempo). Fue un acuerdo político de unanimidades, que se ejecutó con el consenso de todos los partidos relevantes. Algunos años después dijeron estar arrepentidos de haber votado de manera favorable; otros (casi todos los que siguieron en la Legislatura) reivindican esa decisión y por acción u omisión nada se ha cambiado.

Por entonces hubo polémica y quejas desde el Poder Judicial, en especial de las asociaciones de fiscales. En ese sentido se dijo que se trataba de la invasión de un poder sobre otro, que las decisiones políticas iban a manchar la administración del servicio de justicia en sus instancias anteriores a los fallos de los jueces. Pero en la corriente de opinión contraria, que apenas se había recuperado una facultad que ya estaba presente en las normas que crearon los institutos de Acusación y de Defensa. Aquella discusión fue saldada con la promulgación de la ley por el gobernador Lifschitz en 2018. Y casi tres años después, en 2021, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de validar ese control legislativo sobre la conducta de fiscales y defensores. El máximo tribunal entendió que no viola la Constitución Provincial la norma cuestionado por uno de los sancionados por la Legislatura en Sesión Conjunta de Ambas Cámaras (que requiere quórum y mayoría de cada cuerpo, lo que exige aún más consenso).

En la Corte votaron por la constitucionalidad Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. En tanto, Mario Netri y Daniel Erbetta entendieron lo contrario que no es constitucional el procedimiento derivado de la ley 13.807, sancionada a fines de 2018. Antes, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, también se había pronunciado por la inconstitucionalidad de la norma. En síntesis, el sistema creado (faltas leves a cargo de los auditores y faltas graves a ser juzgadas por la Legislatura) dividió y divide opiniones, pero hoy está vigente sin cambios de fondo.

Aquel proyecto que se aprobó en cuestión de horas ingresó por el Senado, pero por los pasillos se dejó en claro que ya había sido acordado con los diputados. Sólo Lisandro Enrico (UCR-General López) -quien se quedó con las ganas de incluir algún artículo sobre los jueces- se limitó a decir que los fundamentos serían agregados en la versión taquigráfica, en el momento del tratamiento en la Cámara alta. En la copia que se repartió a los cronistas parlamentarios aquel jueves, aún no figuraban esos argumentos.

El trámite veloz es, aunque poco prolijo, perfectamente legítimo, solo se lo describe para mostrar las urgencias que en aquellas circunstancias. Ciertamente había apuro en establecer una instancia más por sobre acusadores y defensores.

De hecho, 2016 estuvo marcado en la Legislatura por el apartamiento del ex titular de la Defensa, Gabriel Ganón -quien finalmente fue suspendido- y los cuestionamientos al fiscal regional Eladio García, que sufrió la misma suerte, por decisión de la Legislatura. Fueron decisiones políticas, que sopesaron sus actos en el Poder Judicial.

Lo que hoy sucede en la Legislatura con las chances de modificar o no el panorama en la Fiscalía Regional de Rosario o en el propio MPA refiere a esas facultades de los diputados y los senadores provinciales que son anteriores al control directo de todos los fiscales y los defensores votado en 2017. Así nació la reforma penal con control político de fiscales generales y regionales, que esta semana debieron acudir a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.

Distinto es lo que puede o no suceder con Matías Edery. Para su caso aún la bicameral no votó el avocamiento, aunque a partir del contenido de las acusaciones en su contra, de la gravedad institucional de los presuntos hechos en cuestión, se desató una catarata de invitaciones a María Eugenia Iribarren, su superior en Rosairo y María Cecilia Vranicich en la jefatura de los fiscales que se cumplieron el miércoles 11 y el jueves 12.

Los integrantes de Acuerdos y los legisladores en general tanto hacen evaluaciones políticas sobre cómo proceder para recuperar credibilidad en el MPA del punto más candente del mapa de la bota referido al delito, pero también sopesan consideraciones entre el deber ser de cómo debe actuar un fiscal y de sus actos. Mientras tanto, el gobernador electo que pronto dejará de ser diputado provincial pone en igualdad de condiciones a los fiscales acusadores y a su par acusado. Habrá que ver qué se impone, en medio de la transición también en las Cámaras, donde el futuro oficialismo estará fortalecido.

El Litoral El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe inició una “investigación penal preparatoria” tras las amenazas al fiscal rosarino Matías Edery por parte de Lorena Verdún, viuda del “Pájaro” Cantero, durante una audiencia en el juicio por extorsión a comerciantes que le siguen a “Lucho” Cantero, de la banda narco “Los Monos”. En un comunicado de prensa, el organismo manifestó “su más enérgico repudio a las expresiones intimidantes”. En ese sentido, “la Fiscalía Regional 2 inició una investigación penal preparatoria, se ordenaron las diligencias correspondientes para cautelar toda la evidencia y se dispusieron las medidas de seguridad pertinentes para proteger la integridad física del funcionario del MPA amenazado”, añadieron.

El MPA manifiesta su más enérgico repudio a las expresiones intimidantes realizadas contra el fiscal Matías Edery en el marco de una audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario. pic.twitter.com/xYfij4q2bk

— Ministerio Público de la Acusación (@mpa_santafe) January 23, 2022

Por otra parte, el MPA advirtió “que no permitirá ningún tipo de condicionamiento a la independencia con la que ejercen sus funciones los y las fiscales y todas las personas que trabajan a diario en la persecución penal de los delitos cometidos en la provincia de Santa Fe”. El cruce de palabras entre Lorena Verdún, acusada por poseer un arma sin documentación, y el representante del Ministerio Público ocurrió este sábado por la mañana en el Centro de Justicia Penal, ante el juez Alejandro Negroni. La mujer dijo que para la justicia “siempre son los Cantero” y pidió que dejen de “agarrársela” con su familia, tras lo cual se dirigió a Edery: “Le digo al fiscal que esto no va a quedar así”. “Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza”, fue la respuesta del fiscal. Tras esto, hubo expresiones de preocupación, muestras de solidaridad y respaldo a la labor del fiscal de todo el arco político.