La Justicia condenó a nueve años de prisión a Fabián Alejandro Suárez, un hombre de 34 años acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando la víctima era una niña, en la ciudad de Venado Tuerto.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Belén Vidal, luego del juicio oral y público que comenzó el 23 de julio y en el que Suárez fue juzgado por hechos calificados como abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino la fiscal Débora Valentín, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado Mauro Javier Blanco.

Los hechos investigados

Según sostuvo la Fiscalía durante el debate, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía alrededor de seis años y se habrían producido en una cantidad indeterminada de oportunidades.

La acusación planteó que Suárez se aprovechaba del vínculo familiar y de la confianza generada en situaciones en las que acompañaba a su pareja a cuidar a la niña y a su hermano.

De acuerdo con la teoría presentada por el MPA, el acusado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su sobrina para someterla a distintas conductas de contenido sexual.

La Fiscalía también describió otros episodios en los que Suárez llevaba a la niña hasta otro domicilio mediante diferentes excusas y allí continuaban los abusos.

El planteo de la Fiscalía

Durante su alegato de apertura, Valentín sostuvo que la prueba permitiría acreditar que el acusado actuó aprovechándose de la confianza y de las circunstancias de cuidado de la niña.

Para la representante del MPA, las conductas atribuidas a Suárez fueron prematuras e impropias para la edad de la víctima y tuvieron incidencia sobre su desarrollo sexual.

La fiscal consideró que durante el proceso quedaron acreditados tanto los hechos de abuso sexual como aquellos vinculados con la promoción de la corrupción de menores.

En función de esa acusación y del cuadro probatorio presentado durante el debate, la Fiscalía solicitó una pena de 14 años de prisión.

El desarrollo del juicio

El juicio oral comenzó el 23 de julio ante un tribunal unipersonal encabezado por la jueza Vidal.

Suárez participó presencialmente desde el inicio de las audiencias y fue informado de sus derechos y de la posibilidad de declarar durante el proceso.

Cuando prestaron testimonio los padres de la víctima, el acusado fue retirado de la sala principal y siguió las declaraciones desde un espacio contiguo. Allí pudo mantener contacto con su abogado defensor y proponer preguntas para los testigos.

Durante las audiencias se incorporaron los testimonios y demás elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación.

La condena

Tras analizar las pruebas producidas durante el juicio, la magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal de Suárez.

En consecuencia, resolvió condenarlo como autor de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima.

Si bien la Fiscalía había reclamado 14 años de cárcel, finalmente la jueza estableció una pena de nueve años de prisión.

De acuerdo con la parte resolutiva del fallo, las figuras penales por las que fue condenado fueron consideradas en concurso ideal.

Alexander B. quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de haber ingresado a una vivienda y sustraído una bicicleta rodado 29. La medida fue solicitada por la fiscal Débora Valentín, quien remarcó que el imputado tenía vigente una condena de tres años de prisión de ejecución condicional dictada en mayo pasado.

El robo y las cámaras de seguridad

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2026, alrededor de las 17:50, en una vivienda ubicada sobre calle Ulises Giacaglia, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción fiscal, Alexander B. habría abierto la puerta de ingreso de la propiedad y entrado al inmueble, donde se apoderó de una bicicleta rodado 29, marca Gribón, de color negro y verde, que se encontraba en el porch.

La propietaria advirtió lo sucedido al revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en su casa. Siempre según la acusación, a partir de esos registros logró reconocer al sospechoso.

Horas después, aproximadamente a las 23, un hermano de la víctima interceptó al acusado en la zona de las calles Libertad y Lola Mora.

El joven permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes concretaron su aprehensión.

La imputación

La audiencia imputativa se realizó el 7 de agosto en Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín atribuyó a Alexander B. la presunta autoría de los delitos de hurto simple y violación de domicilio en concurso real.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la abogada Antonela Dalzotto, del Ministerio Público de la Defensa.

Una condena condicional que estaba vigente

Uno de los elementos centrales considerados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva fue la situación penal previa del acusado.

El 8 de mayo de 2026 había sido condenado, mediante un procedimiento abreviado homologado judicialmente, a tres años de prisión de ejecución condicional. También se le habían impuesto reglas de conducta por un plazo de tres años.

De esta manera, el episodio investigado ahora habría ocurrido menos de tres meses después y mientras aquella condena estaba plenamente vigente.

Por qué se ordenó la prisión preventiva

Valentín solicitó que Alexander permanezca detenido durante el desarrollo de la investigación. La fiscal argumentó que la prisión preventiva era la medida cautelar adecuada para garantizar su sometimiento al proceso y neutralizar los riesgos procesales que consideró acreditados.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación y dispuso la prisión preventiva del joven.

Un hombre fue condenado en Venado Tuerto a un año y tres meses de prisión efectiva por amenazar con un arma blanca a su expareja, resistirse a un procedimiento policial e incumplir reiteradamente una orden judicial de “acercamiento”. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado y también incluyó la declaración de reincidencia.

El condenado es Diego Fernando Estévez, quien fue considerado autor de amenazas calificadas por el uso de arma blanca, resistencia a la autoridad y cinco hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Amenazas y resistencia

El primero de los episodios ocurrió durante la tarde del 22 de junio de 2025, cuando Estévez se presentó en la vivienda de su expareja, ubicada en Venado Tuerto.

Según consta en la investigación, el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Su intención era llevarse a sus hijos, quienes se negaron a acompañarlo.

Ante esa situación, amenazó a la mujer mientras le exhibía una navaja de color marrón. La víctima pidió ayuda mediante una llamada al 911 y, minutos después, arribó al lugar personal del Comando Radioeléctrico.

Estévez desobedeció las indicaciones de los agentes, los insultó y arrojó golpes de puño contra los uniformados. Luego escapó, aunque fue detenido poco después por otro móvil policial que había llegado en apoyo.

Prohibición de acercamiento

Al día siguiente del episodio, el Juzgado de Familia de Venado Tuerto dictó una prohibición de acercamiento por 180 días respecto de la expareja del acusado.

La medida también impedía cualquier tipo de comunicación telefónica o mediante mensajes y establecía la suspensión provisoria del régimen de contacto con sus hijos.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el hombre incumplió la resolución judicial en cinco oportunidades durante julio de 2025. Los contactos se realizaron a través del teléfono utilizado por uno de sus hijos y tenían como objetivo comunicarse con otra de las niñas.

Las llamadas fueron efectuadas desde la Alcaidía de Melincué donde el acusado se encontraba alojado bajo prisión preventiva.

Acuerdo homologado

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Débora Valentín.

El acuerdo de procedimiento abreviado contó con la conformidad del imputado, de la defensora pública Melisa Verónica Andreatta y de la víctima. Finalmente, fue homologado por el juez Adrián Godoy, luego del correspondiente control de legalidad.

Estévez reconoció su responsabilidad penal en los delitos atribuidos y aceptó la pena acordada por las partes.

Prisión efectiva

El magistrado condenó al acusado a un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas por el uso de arma blanca y desobediencia a la autoridad reiterada en cinco hechos.

Todos los delitos fueron considerados en concurso real. Además, el fallo dispuso la declaración de reincidencia del condenado.

Comenzó este jueves el juicio oral y público contra Fabián Alejandro S., de 34 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. La fiscal Débora Valentín, solicitó una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Según la acusación, los hechos se prolongaron durante aproximadamente un año y habrían ocurrido tanto en la vivienda donde residía la víctima con su madre como en el domicilio del propio imputado. El Ministerio Público de la Acusación sostiene que Fabián Alejandro S. se aprovechaba de los momentos en que quedaba a solas con la nena —en su carácter de pareja de una tía de la víctima— para cometer los abusos.

La causa, caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción agravada por la edad de la víctima" fue iniciada por la entonces fiscal Andrea Cavallero —hoy jueza— y continuada por Valentín. La imputación de cargos se formalizó el 11 de junio de 2024, con la defensa del acusado a cargo de la Dra. Silvia Couselo, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron calificados como gravemente ultrajantes en atención a sus características y a la normativa vigente al momento de su comisión, previa a la reforma introducida por la Ley N° 27.352 en 2017.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía comenzó a incorporar como prueba la evidencia recabada durante la investigación, con el objetivo de acreditar ante el tribunal la responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

El debate continuará en los próximos días.