Un joven de 19 años fue detenido y quedó alojado en prisión preventiva después de un intento de robo en la madrugada del lunes en una despensa de esta ciudad, en un hecho que habría contado con la participación de dos menores de edad.

El episodio se registró el lunes 11 de mayo alrededor de las 2:45 en el comercio Despensa Thiago, ubicado en calle Avellaneda al 1.265.

De la investigación, que lleva adelante el fiscal Damián Casullo, se desprende que el ladrón, identificado como Alex Nicolás T., habría ingresado al local tras forzar una puerta y una reja, junto a dos adolescentes.

Sustrajeron bebidas y encendedores

Según lo expuesto por el Ministerio Público de la Acusación, los acusados se habrían apoderado de 15 botellas de bebidas alcohólicas, entre vodka y gin, además de un pack de encendedores marca BIC que estaban en exhibición dentro del comercio.

Los objetos fueron colocados en una mochila y una bolsita que llevaban consigo. Los jóvenes intentaron escapar en tres bicicletas, pero, al ver la presencia policial, descartaron parte de lo sustraído. 

Finalmente, personal del Comando Radioléctrico llegó al lugar y aprehendió a los involucrados mientras huían, detallaron fuentes judiciales.

En la audiencia imputativa, el fiscal Damián Cassullo formuló cargos contra el joven de 19 años. El imputado enfrentó la acusación de robo simple agravado por la participación de dos menores de edad.

El acusado fue notificado de la acusación formal y quedó con prisión preventiva ordinaria, en tanto se continúa con el trámite de la investigación.

Una mujer fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por cometer varios hechos de estafa contra comercios venadenses, tras simular pagos mediante comprobantes bancarios y billeteras virtuales que nunca se acreditaron. Además, tuvo que devolver los montos defraudados y deberá cumplir estrictas reglas de conducta por dos años.

La decisión fue acordada en un juicio abreviado, con reconocimiento explícito de responsabilidad por parte de la imputada, y se enmarca en una investigación llevada adelante por el fiscal Damián Casullo.

Un patrón de engaños

Según surge de las investigaciones, la imputada —identificada como Sabrina Leonela Vallejos— utilizó un mismo mecanismo para inducir a error a sus víctimas: presentaba comprobantes de transferencias bancarias o de billeteras digitales que aparentaban ser válidos, pero que no correspondían con movimientos reales.

Primer fraude detectado

El 5 de octubre de 2025, Vallejos se presentó en el local gastronómico Henry Cook, ubicado en San Martín al 700, y tras realizar consumiciones por un total de $134.600 exhibió un comprobante de pago apócrifo. El dinero nunca ingresó a la cuenta de la firma, por lo que la encargada del comercio radicó la denuncia correspondiente.

Falsa transferencia

El 19 de marzo de 2026, alrededor de las 10 de la mañana, la acusada ingresó al comercio IM Básicos —ubicado en Maipú y Azcuénaga— y compró mercadería por $945.000. Presentó un comprobante apócrifo de la plataforma Personal Pay dirigido a cuentas vinculadas a la esposa del propietario. Como en el caso anterior, no existió acreditación bancaria real.

Centro estético

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, Vallejos utilizó el mismo ardid en un centro médico estético, donde accedió a múltiples tratamientos (como botox, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico y otros servicios) presentando comprobantes adulterados o falsos. El perjuicio total para la víctima se calculó en $4.316.500, incluyendo pagos pendientes por tratamientos de terceros.

Asociación Mutual

Entre el 16 y el 21 de marzo, la acusada simuló transferencias a la Asociación Mutual de Farmacia y Servicios Asistenciales por distintos montos —en operaciones que iban desde compras presenciales hasta solicitudes de envío a domicilio— por un total de $542.740. Nuevamente, los comprobantes resultaron apócrifos y el dinero nunca fue acreditado.

Condena y reglas de conducta

Como parte del acuerdo judicial, Vallejos fue condenada a un año de prisión bajo modalidad condicional, con accesorias legales y costas. Además, se estableció que deberá cumplir una serie de reglas de conducta por dos años, bajo apercibimiento de revocar la condicional y hacer efectiva la pena de cumplimiento en un establecimiento penitenciario.

Entre las obligaciones que le impusieron figura:

Asimismo, se ordenó el decomiso del teléfono celular que la imputada habría utilizado para llevar adelante los engaños.

Claves del fallo

Para la justicia, la conducta de Vallejos configura estafas reiteradas en concurso real e ideal, atentando contra la confianza y la buena fe de comerciantes locales y una entidad mutual. El acuerdo de juicio abreviado, con reconocimiento de culpabilidad, permitió agilizar la respuesta del sistema de justicia y asegurar el resarcimiento de las víctimas.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva por 30 días luego de ser imputados por un robo ocurrido en una vivienda en construcción en Venado Tuerto. La medida fue resuelta por el juez Leandro Martín, tras un pedido formulado por el fiscal Damián Cassullo durante la audiencia cautelar.

Los acusados fueron identificados como Nicolás Martín V., de 31 años, y Gustavo Gabriel A., de 27, quienes enfrentan cargos como coautores del delito de robo calificado por efracción.

El hecho

Según la investigación llevada adelante por Damián Casullo, el episodio se registró durante la madrugada del 4 de mayo en una vivienda ubicada en calle Balcarce al 2.719, propiedad de Agustín A.

De acuerdo con la imputación, los sospechosos ingresaron tras forzar la cerradura de la reja principal y acceder al inmueble aprovechando la ausencia de moradores. Una vez dentro, sustrajeron distintos elementos, entre ellos un disco de arado marca Essen con tapa, un acolchado, una frazada y una olla.

Además, habrían intentado llevarse un televisor Philco de 55 pulgadas que se encontraba amurado a una pared. Para ello, dañaron parte de la estructura interior de la vivienda.

La pesquisa también determinó que los acusados retiraron una ventana de aluminio de un ventiluz y utilizaron una silla para facilitar el ingreso y la salida del inmueble.

La causa avanzó luego de que el propietario de la vivienda, junto a un amigo, lograra ubicar a los sospechosos en distintos sectores de la ciudad.

Uno de ellos fue encontrado en una casa en estado de derrumbe ubicada en inmediaciones de Almafuerte y Azcoaga, donde intentó ocultarse dentro de un pozo. El otro fue retenido en calle Saavedra al 2400 luego de que vecinos advirtieran que algunos objetos robados estaban siendo ofrecidos para la venta.

Posteriormente, personal policial acudió tras llamados al 911 y concretó las aprehensiones.

Prisión preventiva por 30 días

Tras la audiencia imputativa, el fiscal Cassullo solicitó la prisión preventiva para ambos acusados mientras continúa la investigación judicial.

Finalmente, el juez Leandro Martín hizo lugar al pedido y ordenó que Nicolás Martín V. y Gustavo Gabriel A. permanezcan detenidos durante al menos 30 días.

La causa fue caratulada provisoriamente como “robo calificado por efracción en calidad de coautores”.

Cerca de 40 vecinos y vecinas de Sancti Spíritu participaron de una charla abierta centrada en las estafas virtuales y las nuevas formas delictivas que se registran en la actualidad. La actividad contó con la presencia de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, quienes compartieron información actualizada y recomendaciones prácticas.

El encuentro se destacó por su carácter participativo, permitiendo a los asistentes plantear dudas, compartir experiencias y recibir respuestas directas de los especialistas.

Prevención y cercanía institucionalLos fiscales Mauricio Clavero, Mauro Menéndez y Damián Cassullo encabezaron la jornada, poniendo el foco en la importancia de la prevención y la información como herramientas fundamentales para evitar caer en engaños.

Durante la charla, se abordaron las principales modalidades de estafas virtuales, como el phishing, los fraudes a través de redes sociales y las falsas promociones, entre otras. Además, se brindaron consejos concretos para detectar situaciones sospechosas y actuar de manera segura.

La importancia de informarseDesde la comuna destacaron que conocer de primera mano cómo operan los delincuentes permite a los ciudadanos anticiparse y protegerse. En este sentido, remarcaron que la educación digital y la difusión de información son pilares clave para reducir los delitos.

Asimismo, se valoró la predisposición de los fiscales para acercarse a la comunidad y generar un espacio de diálogo directo, fortaleciendo el vínculo entre la Justicia y los vecinos.

Dos personas fueron condenadas por un robo ocurrido el 1 de julio de 2025 en un domicilio de la ciudad de Venado Tuerto. La investigación, llevada adelante por el fiscal Damián Casullo, concluyó con sentencias para un joven de 21 años y una empleada doméstica, quien inicialmente se presentó como víctima del hecho.

La empleada doméstica, identificada como Luján Samar, fue condenada como coautora material y penalmente responsable del robo calificado por ser en poblado y en banda. La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional. En el caso de Mariano Masneri, de 21 años, también se dictó una condena por el mismo delito, con la misma pena y decisión de libertad condicional.

El robo, que habría sido realizado bajo el modus operandi de un “robo hormiga” por parte de la empleada doméstica, fue inicialmente disimulado con el ingreso de dos delincuentes a la vivienda. Según los detalles revelados en el juicio, el monto sustraído incluyó una suma de dinero en pesos, dólares y euros.

Tras el hecho, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se logró la detención de tres personas, entre ellas la empleada doméstica, y la recuperación parcial del dinero robado. En el marco de un juicio abreviado, las víctimas mostraron su conformidad con los acuerdos alcanzados y se dispuso un resarcimiento económico para ellas.

En tanto, una tercera persona que forma parte de la causa judicial, actualmente en libertad, no aceptó el juicio abreviado y sostiene su inocencia.

La conocida “estafadora de comerciantes” venadenses sigue sumando denuncias por delitos que la tienen como protagonista. Según trascendió, se ha conocido una nueva acusación que apunta a un hecho ocurrido en una clínica de estética, donde Sabrina Leonela V., de 36 años, se habría sometido a tratamientos de botox y otros procedimientos entre octubre de 2025 y el 27 de marzo de este año. La cifra de la estafa que se investiga supera los 3 millones de pesos.

Según fuentes confiables, la acusada habría utilizado el mismo modus operandi que en las denuncias anteriores: presentar un comprobante de pago falso y retirarse del lugar sin abonar por los servicios. En algunos de los casos, la joven quedó registrada por las cámaras de seguridad de los comercios involucrados.

La investigación de la causa la lleva adelante el fiscal Damián Casullo, quien ya imputó a la joven por dos hechos y al mismo tiempo logró la prisión preventiva al menos por 30 días.

Esta nueva acusación, se suma a otras tres presentadas previamente contra la misma persona: en el local gastronómico Henry Cook, en el comercio de ropa IM Básicos y en la Farmacia Mutual. En todos los casos, Sabrina Leonela V. se habría valido de transferencias falsas para efectuar compras que nunca fueron acreditadas.

Los detalles de las denuncias previas

La última denuncia conocida ocurrió entre el 16 y el 20 de marzo de 2026, cuando la imputada realizó compras por un valor cercano a los 500 mil pesos en una farmacia céntrica de Venado Tuerto. En al menos dos oportunidades, Sabrina Leonela V. presentó un comprobante de pago falso, que nunca fue acreditado.

Este comportamiento ya había sido detectado en dos ocasiones anteriores. En octubre de 2025, la joven simuló una transferencia de $134.600 en el restaurante Henry Cook, un pago que nunca llegó a concretarse. En marzo de 2026, en la tienda IM Básicos, la acusada llevó a cabo una compra por $945.000 utilizando un comprobante falso de la billetera virtual Personal Pay.

Prisión preventiva

La justicia, con el objetivo de evitar nuevos hechos y asegurar el avance de la investigación, dispuso la prisión preventiva de 30 días para Sabrina Leonela V. La acusada, considerada responsable de estafas reiteradas, seguirá detenida mientras se profundiza en la causa.

Por otro lado, se mantiene abierta la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias en los próximos días, ya que la modalidad de estafa podría haberse repetido en otros comercios de la ciudad.

Un antecedente curioso

En un giro inesperado, el fiscal Casullo confirmó a Sur24 que en 2025 la misma imputada había denunciado a comerciantes de Venado Tuerto por calumnias e injurias. La mujer había iniciado las acciones judiciales luego de que su imagen comenzara a circular en grupos de WhatsApp del sector comercial local, en los que se la señalaba como presunta autora de estafas bajo esta modalidad. Ante esta situación, Sabrina Leonela V. decidió accionar judicialmente contra los responsables de difundir su foto.

La investigación por estafas a comerciantes en Venado Tuerto continúa sumando capítulos. En las últimas horas, y en paralelo a la audiencia imputativa donde se dispuso la prisión preventiva de Sabrina Leonela V., se incorporó una nueva denuncia al expediente.

El fiscal Damián Casullo, a cargo del caso, confirmó que un comerciante se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación mientras se desarrollaba la audiencia. Según su testimonio, la acusada realizó compras en una farmacia céntrica por un monto cercano a los 500 mil pesos, utilizando el mismo ardid detectado en hechos anteriores.

Los episodios habrían ocurrido entre el 16 y el 20 de marzo, cuando la mujer se presentó en al menos dos oportunidades en el comercio.

El engaño De acuerdo con la investigación, la maniobra consistía en exhibir comprobantes de transferencias bancarias apócrifas. Con esa apariencia de pago, lograba retirar la mercadería sin que el dinero ingresara efectivamente en la cuenta del comercio.

Este patrón se repite en todas las denuncias registradas hasta el momento, lo que permitió a la fiscalía avanzar con la imputación por estafas reiteradas.

En este contexto, desde el MPA insistieron en la necesidad de que los comerciantes verifiquen la acreditación real del dinero antes de concretar cualquier operación.

Antecedentes: dos hechos clave en la imputaciónLa causa que derivó en la detención de la joven se sostiene, inicialmente, en dos hechos:

En ambos casos, la operatoria fue similar: mostrar el supuesto pago, retirarse del lugar y luego interrumpir el contacto con los vendedores.

El dato llamativoEl fiscal Casullo confirmó a Sur24 que durante 2025 la propia imputada había denunciado a comerciantes venadenses por calumnias e injurias.

Las presentaciones se originaron luego de que su imagen comenzara a circular en grupos de WhatsApp del sector, donde era señalada como presunta autora de estafas bajo esta modalidad. La mujer, al tomar conocimiento de esa situación, decidió accionar judicialmente contra quienes difundieron su foto.

Prisión preventivaLa Justicia dispuso una prisión preventiva de 30 días para Sabrina V., considerada autora de estafas reiteradas. La medida apunta a evitar nuevos hechos y asegurar el avance de la investigación.

Sin embargo, el caso permanece abierto y no se descarta la aparición de nuevas denuncias en los próximos días.

Un hombre de origen venezolano, identificado como Franklyn Gilberto N., y una mujer argentina, Milagros Araceli M., fueron detenidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acusados de extorsionar a un vecino de la localidad de Murphy. Los dos sospechosos habrían utilizado perfiles falsos en redes sociales para atraer a su víctima, quien atravesaba una difícil situación personal debido a su reciente separación.

El hecho comenzó en enero cuando el hombre, identificado como Raúl, contactó a un supuesto “chamán” a través de una publicación en Facebook. El anuncio prometía soluciones espirituales a personas en crisis. La víctima, buscando ayuda en medio de su dolor, decidió comunicarse con quien se presentaba como “Lic. Rubén Ortega” y efectuó una transferencia inicial de 80.000 pesos para que realizara un “trabajo espiritual”.

Sin embargo, la situación pronto se tornó dramática. Según relató el denunciante, en las siguientes horas comenzó a recibir amenazas de muerte, tanto contra él como contra su nieto, si no realizaba más pagos. La extorsión fue aumentando progresivamente, llegando a exigirle un total de 2.184.850 pesos, bajo la amenaza de que su familia sería asesinada si no cumplía con las exigencias.

Las amenazas incluían aterradoras imágenes de su nieto junto a una estatuilla de “San La Muerte”. “Los van a matar si no pagás”, le dijeron en repetidas ocasiones, lo que llevó a la víctima a realizar varias transferencias hasta que decidió denunciar el caso ante la justicia.

El fiscal Damián Casullo, al frente de la investigación, logró identificar a los responsables luego de que Raul recibiera una nueva llamada el 10 de febrero, en la que se le ofreció la devolución del dinero, a cambio de que desistiera de su denuncia. A partir de allí, se dio lugar a un allanamiento en el domicilio de los imputados, ubicado en la calle Sáenz Peña 1200, en el barrio porteño de Constitución, donde se secuestraron varios dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y una tablet.

El juez dispuso la prisión preventiva para ambos acusados, quienes fueron imputados por extorsión. En la audiencia imputativa y cautelar se abstuvieron de declarar. Las pruebas recabadas por el fiscal Casullo fueron contundentes y lograron demostrar la conexión entre los acusados y las transferencias de dinero realizadas por la víctima a través de la plataforma Mercado Pago.

Un joven de 23 años fue imputado y quedó en prisión preventiva en la ciudad de Venado Tuerto, acusado de protagonizar dos hechos de robo ocurridos el mismo día, el pasado 6 de enero, en distintas viviendas ubicadas sobre calle Islas Malvinas.

La medida fue dispuesta tras una audiencia realizada el último viernes, donde el fiscal Damián Cassullo formuló cargos por robo agravado por efracción y robo agravado en grado de tentativa, ambos en calidad de autor, calificación legal que fue confirmada por la jueza, al igual que dio por acreditada la probabilidad a autoría.

Ingresos forzados y fuga

Según la acusación, el primer hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Islas Malvinas al 700, entre las 18.45 y las 19.30. El imputado habría aprovechado la ausencia de los propietarios para forzar una puerta metálica de ingreso al patio y acceder al interior del inmueble. Una vez dentro, sustrajo $9.400 en efectivo, que estaban guardados en un monedero sobre una mesa de luz. Luego, huyó por el mismo lugar por donde ingresó.

Horas más tarde, alrededor de las 21.45, se registró un segundo intento de robo en una casa situada en Islas Malvinas al 300. En este caso, el acusado habría arrancado la reja de una ventana frontal para entrar a la vivienda, cuyos dueños estaban de vacaciones. Una vez adentro, revolvió distintos ambientes en busca de objetos de valor, pero no logró sustraer ningún elemento, ya que fue advertido por vecinos y captado por las cámaras de seguridad del domicilio. Finalmente, escapó antes de que pudiera intervenir la policía.

Medida cautelar

El joven, identificado como Micael E., fue detenido tras una serie de medidas investigativas encabezadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En la audiencia, el fiscal Cassullo solicitó la prisión preventiva ordinaria, al considerar que existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La jueza interviniente hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso que el imputado permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Cabe destacar que el acusado se abstuvo de declarar en la audiencia.

Ambos hechos fueron calificados provisoria como "robo agravado por efracción", en uno de los casos consumado y en el otro en grado de tentativa, conforme lo establece el Código Penal.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este martes a Brandon Andrés R., de 23 años, en el marco de una investigación por dos hechos delictivos ocurridos recientemente en la ciudad de Venado Tuerto.

Durante la audiencia desarrollada el 8 de enero, el fiscal Damián Cassullo acusó al joven de ser autor penalmente responsable de hurto calificado y robo agravado por el uso de arma blanca. El juez interviniente resolvió hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva, por considerar que existen riesgos procesales si el imputado permanece en libertad.

Hurto en un local gastronómico

El primer hecho se registró el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:25, en el local de comidas “Burger Club”, ubicado en calle Casey 299.

Según expuso el fiscal, el imputado habría obtenido la llave del ingreso principal del comercio de manos de su entonces pareja, empleada del lugar, y con ello logró ingresar al local y sustraer alrededor de $100.000 en efectivo.

Por las características del caso, la conducta fue calificada provisoriamente como hurto calificado.

Asalto en una vivienda

El segundo hecho ocurrió en la madrugada del 5 de enero de 2026, cuando Brandon, acompañado de un segundo sujeto no identificado, habría ingresado por la fuerza a una vivienda ubicada en calle Belgrano al 1500, propiedad de un hombre de 68 años.

Allí, y bajo amenaza con un arma blanca tipo cuchillo, los delincuentes exigieron la entrega de dinero en efectivo. Finalmente se alzaron con $67.600, documentación personal y otros elementos de valor, para luego escapar en motocicleta.

Brandon fue detenido horas más tarde por personal policial en inmediaciones de Avellaneda al 400, mientras intentaba ocultarse detrás de un tapial para evadir el operativo.

En este caso, el MPA lo imputó como autor del delito de robo agravado por el uso de arma, una figura penal que prevé penas elevadas de cumplimiento efectivo.

Resolución judicial

Tras valorar los elementos presentados por la fiscalía, el juez resolvió dictar la prisión preventiva ordinaria, medida que busca asegurar el normal avance del proceso y evitar eventuales intentos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La causa sigue su curso, mientras se continúa con las tareas investigativas para dar con el segundo partícipe del asalto domiciliario.

Un hombre de 32 años oriundo de Santa Isabel fue imputado este miércoles en Venado Tuerto por una serie de delitos cometidos en Villa Cañás. Se trata de Matías Ezequiel H., acusado de ingresar en dos oportunidades a una vivienda y de sustraer productos en dos ocasiones del mismo supermercado.

La audiencia imputativa se realizó el 7 de enero en los tribunales venadenses, donde el fiscal Damián Casullo solicitó y obtuvo la prisión preventiva ordinaria del sospechoso.

Dos robos a la misma casa

El primer hecho atribuido ocurrió el 27 de diciembre de 2025. Según la investigación, habría ingresado por la fuerza a una casa ubicada en calle 49 al 500, propiedad de Marta R., quien actualmente reside en un geriátrico. En esa ocasión, se llevó un televisor Noblex de 32 pulgadas y una plancha marca Atma.

Tres días después, el 30 de diciembre, el imputado habría regresado al mismo domicilio, del que sustrajo un equipo de música marca AIWA. Testigos lo habrían visto cargar los objetos en un automóvil Renault R18 gris, acompañado por otra persona.

Ambos episodios fueron caratulados provisoriamente como robo simple.

Hurtos en un supermercado

El tercer y cuarto hecho ocurrieron en el supermercado “Cooperativa Federada”, ubicado en avenida 51 y calle 48 de Villa Cañás. El 2 de enero de 2026, Matías Ezequiel ingresó al local junto a su hermana y, tras recorrer las góndolas, se retiró sin abonar varios perfumes y desodorantes.

El 3 de enero, volvió al mismo comercio con la misma acompañante. En esa oportunidad, mientras ella pagaba algunos productos, él ocultó entre sus prendas entre cuatro y cinco paquetes de carne envasada, y se retiró sin abonar su valor.

Ambos hechos fueron calificados como hurto en concurso real.

Allanamientos y secuestros

El 4 de enero, se llevaron a cabo allanamientos en Villa Cañás y en Santa Isabel, que arrojaron resultados positivos. Se secuestraron productos vinculados a los hechos investigados, como cortes de carne, un desodorante, prendas de vestir y el vehículo involucrado en uno de los robos.

Entre los objetos incautados también se encontraron zapatillas, una camiseta de la Selección Argentina con el dorsal de Ángel Di María, un pantalón de jogging y una bicicleta de paseo.

Prisión preventiva

El fiscal Casullo solicitó la prisión preventiva de Matías Ezequiel, medida que fue aceptada por el juez interviniente. La defensa estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Tosco.

De este modo, el imputado continuará detenido mientras avanza la investigación penal preparatoria.

En una audiencia de imputación realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, a instancias del fiscal Damián Casullo, el juez Mauricio Clavero dispuso la prisión preventiva para María Eugenia O. y Alberto Juan Q., quienes fueron acusados de integrar un plan conjunto para extorsionar, hostigar y amenazar a un vecino de esta ciudad.

La investigación, encabezada por Cassullo, se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató haber sido extorsionado a través de mensajes y llamadas que comenzaron el 18 de noviembre. El caso derivó en una compleja causa con múltiples hechos y una intervención judicial que permitió detener a los sospechosos y secuestrar elementos clave.

Contacto virtual, amenazas reales

Según la acusación, María Eugenia O. se contactó con la víctima a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía “drogas y sexo”. Luego de mantener conversaciones de contenido íntimo, la mujer utilizó ese material para iniciar una serie de amenazas, exigiéndole dinero bajo la advertencia de difundir las imágenes y contactar a su pareja.

La víctima transfirió dos pagos de $300.000 el 18 y 19 de noviembre, y una suma adicional de $50.000 el 29, totalizando $650.000. Los fondos fueron enviados a una cuenta bancaria a nombre de Alberto Juan Q., quien —según la Fiscalía— estaba al tanto de la maniobra y facilitó su cuenta para recibir y redistribuir el dinero.

Hostigamiento y presencia intimidante

El hostigamiento no se limitó a lo digital. El 23 de noviembre, la mujer se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta marca Honda, propiedad de su cómplice, con el objetivo de amedrentar. También se registraron llamadas intimidantes desde líneas telefónicas registradas a nombre de ambos imputados.

La situación alcanzó su punto culminante el 1° de diciembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) coordinó una entrega controlada con dinero marcado. Alberto Juan Q. fue arrestado en inmediaciones de Brown e Italia, luego de recibir un sobre con $20.000, que llevaba consigo al momento de su detención.

Ese mismo día se realizó un allanamiento en el domicilio de María Eugenia, donde se secuestraron varios teléfonos celulares, tarjetas SIM y un CPU. También se incorporaron escuchas telefónicas que confirmaron la convivencia entre los imputados y su participación en los hechos.

Más causas en su contra

Durante la audiencia se ventiló que María Eugenia O. enfrenta otras causas en trámite. El 3 de octubre fue detenida junto a otro individuo cuando fue encontrada con una bicicleta denunciada como robada. El vehículo estaba desarmado y su tenencia derivó en una imputación por encubrimiento.

Asimismo, fue acusada de amenazas coactivas contra una mujer a la que le había alquilado una vivienda. La denunciante aportó audios de WhatsApp con mensajes intimidantes, entre ellos: “Te voy a matar si no me traes el dinero antes de las diez de la noche” y “te voy a prender fuego a vos y a tus hijos”. También hizo alusión a supuestos vínculos con narcotraficantes.

Estas amenazas obligaron a la víctima a abandonar la vivienda por miedo a represalias.

Calificación legal

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Cassullo, los imputados enfrentan los siguientes cargos:

Ambos fueron imputados en concurso real de delitos y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

Tecnología y delito

El caso visibiliza una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de redes sociales y medios digitales para extorsionar, manipular o amenazar a las víctimas, amparados en el anonimato y la dificultad de rastreo.

En esta oportunidad, la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió actuar con rapidez, contener a la víctima y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención.

La víctima declaró que su mayor temor era que pudieran dañar a su familia, y agradeció el accionar que permitió poner fin al hostigamiento.

Un vecino de Venado Tuerto cayó en una trampa virtual tras ingresar a una página de servicios sexuales. Lo que parecía un contacto con una supuesta mujer terminó en una peligrosa extorsión por parte de tres presos alojados en el penal de González Catán, provincia de Buenos Aires. Desde sus celdas, los delincuentes no solo amenazaron al hombre, sino que también intimidaron a su hija con mensajes violentos.

La investigación, liderada por el fiscal Damián Casullo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió imputar a uno de los detenidos, mientras que otro fue identificado y será formalmente acusado en los próximos días. El tercero aún no fue localizado, aunque se presume que también está preso en la misma unidad penitenciaria.

Cómo operaban los extorsionadores

El hecho se remonta al domingo 28 de septiembre de 2025. Ese día, desde el penal de González Catán, los internos accedieron al sitio web SimpleEscorts, que ofrece contactos de mujeres para encuentros sexuales. A través de esa plataforma, lograron obtener el número telefónico de un hombre de Venado Tuerto, quien había navegado por la página.

Usando una línea de WhatsApp (11-26201083), comenzaron a enviarle mensajes de texto y audios con amenazas. Se hacían pasar por proxenetas y jefes de una organización delictiva ligada a la web de escorts, asegurando que él debía abonar una “multa” por haber contactado a las supuestas mujeres y no haber concretado el encuentro sexual.

Las amenazas escalaron rápidamente. Le informaron al hombre que sabían datos personales suyos, incluidos los de su hija y su nieto. Incluso le aseguraron que, si no resolvía la situación “por las buenas”, actuarían “por las malas”.

Amenazas a la hija y mensajes con armas

El mismo día, a las 09:45, la hija de la víctima también comenzó a recibir mensajes extorsivos. Le enviaron por WhatsApp un video de un arma de fuego y le exigieron una suma de dinero para no concretar represalias.

Los reclusos —identificados como Lucas Patricio S. J., de 34 años, y Pablo R. B., además de un tercer cómplice aún no individualizado— continuaron con los mensajes intimidatorios en los días siguientes.

En una de las comunicaciones más alarmantes, los extorsionadores le dijeron al hombre:

“No querés que se involucre tu familia. Si no pagás, traigo a tu hija a laburar de puta hasta que me completes la multa”.

La causa judicial y la imputación

El hecho fue investigado por el fiscal Damián Casullo, quien formalizó la imputación contra Lucas Patricio S. J., en una audiencia desarrollada en la jornada del jueves en Venado Tuerto. El acusado, representado por la defensora pública Melisa Andreatta, fue notificado de los cargos en su contra y accedió a declarar ante el MPA.

La calificación legal provisoria es extorsión en calidad de coautor, aunque no se descartan otras imputaciones conforme avance la investigación.

El Ministerio Público de la Acusación imputó a un hombre de Villa Cañás (N.A.) por ingresar en dos ocasiones a robar a un campo ubicado a cinco kilómetros del casco urbano. Además, fue acusado de encubrimiento por tener en su domicilio una bicicleta sustraída. La medida fue dispuesta por el fiscal Damián Casullo, quien llevó adelante la investigación, solicitó y obtuvo la prisión preventiva por 30 días.

Dos robos en un mismo campo

Según la acusación del fiscal, el acusado habría ingresado en dos oportunidades al mismo predio rural, conocido como “Campo Quinart”, ubicado a 5 kilómetros al sudeste de Villa Cañás, sobre la Ruta 94.

En el primer hecho, ocurrido entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril de 2022, N.A. descalzó las guías del portón de un galpón y sustrajo al menos cuatro baterías de vehículos, un alternador y otros elementos. Las baterías correspondían a distintos tractores y una camioneta Ford F-100.

La policía secuestró parte de los elementos robados en un procedimiento realizado el 30 de abril de ese año. Dos baterías fueron halladas en el interior de la camioneta del acusado, mientras se encontraba cerca del ingreso al campo. El alternador fue encontrado ese mismo día durante un allanamiento en su vivienda, donde además el imputado habría resistido la requisa voluntaria.

Segundo intento frustrado

El segundo hecho ocurrió el 30 de abril de 2022 por la noche. N.A. volvió al mismo galpón rural con intenciones de robar herramientas eléctricas (entre ellas, dos taladros, una amoladora y un gato hidráulico), pero fue sorprendido por la activación de la alarma del lugar. Al huir, dejó abandonadas tanto las herramientas como su camioneta Ford F-100.

Horas más tarde, regresó junto a su hermano y dos menores a bordo de una camioneta, con la intención de recuperar el vehículo. En esa instancia, la policía comprobó que en su vehículo aún tenía en su poder dos baterías sustraídas y en la vivienda familiar el alternador denunciado en el primer hecho.

Una bicicleta robada en su poder

A los hechos mencionados se suma una tercera acusación: el 15 de noviembre de 2025, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto detectó a N.A. circulando en una bicicleta marca Firebird, rodado 29, que había sido robada días antes de la cochera de un domicilio ubicado sobre calle Santa Fe al 1600 en Venado Tuerto. El fiscal lo imputó por encubrimiento, al considerar que sabía que el rodado tenía origen ilícito.

Prisión preventiva por 30 días

Con estos elementos, el fiscal Damián Casullo imputó a N.A. como autor de los delitos de robo calificado en despoblado, robo calificado en grado de tentativa y encubrimiento.

El juez Leandro Martín resolvió dictar prisión preventiva por el plazo de 30 días mientras avanza la investigación.

Dos personas fueron condenadas por la venta de droga al menudeo en Venado Tuerto. Se trata de Valentín Lucio Vivas y Sasha Ailín Maldonado, quienes tienen 22 y 21 años, respectivamente.

A Vivas se le impuso una pena de seis años de prisión y se lo inhabilitó por diez años para conducir vehículos, ya que además del hecho de microtráfico cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por otro lado, Maldonado recibió una pena a cuatro años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por la Fiscalía General en su Plan de Persecución Penal. En tanto, el fiscal Damián Cassullo llevó adelante la investigación.

En una moto

Cassullo señaló que “el sábado 1 de marzo de este año, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los condenados circulaban a bordo de una motocicleta cuando agentes policiales que estaban haciendo un patrullaje preventivo les ordenaron que frenaran la marcha”. Al respecto, añadió que “intentaron evadir a la fuerza de seguridad, pero momentos después fueron interceptados en la esquina de Francia y 25 de Mayo”.

Al ser requisados “por los uniformados, Maldonado tenía en su poder envoltorios de nylon que contenían cocaína, dinero en efectivo y dos celulares”, precisó el fiscal. “Las dosis de material estupefaciente estaban destinadas a la venta al menudeo”, especificó.

Siniestro vial

En relación al homicidio culposo, el funcionario del MPA detalló que la persona que falleció era una mujer identificada como Martina Ailén León.

Casullo puntualizó que “el domingo 30 de julio de 2023 aproximadamente a las 7:00 de la mañana, Vivas transportaba a la víctima por Venado Tuerto en una moto que él conducía mientras tenía alcohol en sangre”, y agregó que “actuó de manera imprudente, negligente y antireglamentaria”. Según remarcó, “en la avenida Santa Fe, el condenado provocó un siniestro vial al intentar pasar por delante de un automóvil que cruzaba por calle Pueyrredón”.

El fiscal indicó que “como consecuencia de la colisión, León fue proyectada por encima del auto y cayó al suelo”. En tal sentido, manifestó que “ella sufrió un fuerte golpe en la cabeza que causó su muerte en el acto”.

Responsabilidad penal

Tanto Vivas como Maldonado reconocieron su responsabilidad penal como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Por su parte, el condenado además admitió la autoría de homicidio culposo.

En ambos casos, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, cada una de las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Al menos dos allanamientos se llevaron adelante en la tarde-noche el miércoles en la localidad de Moreno, ubicada a 35 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 7, en el marco de las amenazas de bomba y balaceras contra la Escuela de Enseñanza Median N° 446, Juan Bautista Alberdi, conocida popularmente como “El Nacional”.

Según fuentes oficiales se habrían incautado cuatro teléfonos celulares que son de interés para la causa.

Semana preocupante

Las amenazas comenzaron en el teléfono fijo del establecimiento educativo cerca del mediodía de lunes, lo que obligó a evacuar el inmueble, activando el protocolo y convocando a las fuerzas de seguridad, bomberos, personal de tránsito, de la Cooperativa Eléctrica y de Litoral Gas.

El escenario de amedrentamiento se repitió durante la tarde, continuando también en la mañana del martes y obligando a establecer una guardia policial permanente, potenciando el patrullaje y las inspecciones en la escuela.

La preocupación de los padres fue escalando. El miércoles se autoconvocaron frente a la Región VII de Educación (en Rivadavia y Casey) y fueron atendidos por las autoridades. No son pocas las familias que sostienen que lo mejor es descontinuar el dictado de clases por estos días, hasta que el caso quede esclarecido.

Novedades

La investigación recayó en el fiscal Damián Casullo, aunque en las últimas horas pasó a manos de Mayra Vuletic. Mediante un exhorto autorizado por el juez Mauricio Clavero, personal policial de la localidad de Moreno llevó adelante al menos dos allanamientos en donde incautaron cuatro teléfonos celulares de interés para la causa.

Si bien por el momento no hubo detenidos, las líneas investigativas indican que las primeras llamadas salieron desde un inmueble ubicado en esa localidad bonaerense.

Las autoridades judiciales están confiadas en el avance de la investigación, y apuntan a resolver el caso lo más rápido posible.

En una audiencia celebrada en Venado Tuerto, el juez Mauricio Clavero resolvió rechazar el pedido de morigeración de la prisión preventiva solicitado por la defensa de Jonatan Tomás C., conocido como “Tomatito”. El joven se encuentra detenido desde el 15 de abril por los delitos de abuso de armas y amenazas calificadas.

Durante la audiencia, el fiscal Damián Cassullo amplió la acusación contra el detenido, sumando cargos por comercialización de estupefacientes. La imputación se fundamenta en evidencia clave obtenida de su teléfono celular, donde se hallaron imágenes de armas —una de ellas coincidente con el calibre utilizado en la balacera— y conversaciones vinculadas a la venta de drogas, incluso desde su propio domicilio.

“Tomatito”, una figura recurrente en Ciudad Nueva

Jonatan Tomás C. había sido mencionado por funcionarios municipales como uno de los integrantes de un grupo que genera temor en el barrio Ciudad Nueva. Su prontuario incluye robos, amenazas armadas y, recientemente, la vinculación con el narcotráfico.

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en la madrugada del domingo 13 de abril. Según la investigación, “Tomatito” se desplazaba junto a otro individuo en una moto BMW GS robada en Rosario. Al llegar a un comercio en calle Derqui al 900, disparó en varias oportunidades contra el local y dejó una nota amenazante con la frase: “Dejen de batir la cana con cartitas”.

En la misma secuencia, amenazó a un hombre colocándole un arma en la cabeza y exigiéndole silencio: “Cerrá el orto”, le dijo. Horas más tarde fue detenido e imputado por abuso de armas, portación ilegal y dos robos calificados.

Nuevas pruebas, mayores riesgos procesales

El juez Clavero fundamentó su decisión en la peligrosidad del acusado y en los nuevos elementos probatorios, que fortalecen la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. El informe de la PDI detalló no sólo el hallazgo de armas y drogas en el celular del acusado, sino también conversaciones que confirmaban su rol activo en la venta de estupefacientes.

La defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera, propuso reglas de conducta alternativas a la prisión preventiva, pero la solicitud fue rechazada por el magistrado, quien argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes.

Un hombre que se encontraba detenido en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber extorsionado a un vecino de la localidad de María Teresa. La maniobra fue llevada a cabo mediante engaños en redes sociales, a través de un perfil falso desde el cual obtuvo material íntimo de la víctima y luego le exigió dinero a cambio de no denunciarlo.

La investigación del caso la llevó adelante el fiscal Damián Casullo. La sentencia recayó sobre Genestal Jalil Dante Gabriel, de 38 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el marco de un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía. El fallo reconoce su autoría en el delito de extorsión sexual y determina el cumplimiento de la pena de forma efectiva.

Un perfil falso y una amenaza

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2023. Según consta en el expediente, Jalil creó un usuario falso de Facebook con el nombre “Milagros Gómez” y desde allí se contactó con la víctima, identificada como Andrés, oriundo de María Teresa, en el sur santafesino.

Tras establecer contacto e intercambiar mensajes y fotografías de carácter íntimo, el imputado lo llamó desde el número +54 9 11 6576 3552, haciéndose pasar por un supuesto comisario de Buenos Aires. Le dijo que la joven ficticia y su familia lo estaban denunciando por acoso, y que el abogado de la parte denunciante exigía $2.000.000 para no radicar la denuncia.

La víctima, presa del miedo, realizó una transferencia de $150.000 a un CBU a nombre de Dora Delicia Miranda, y envió el comprobante por WhatsApp. Sin embargo, la extorsión continuó: le exigieron que sacara un préstamo bancario para completar el supuesto pago de la “denuncia archivada”.

Fue en ese momento que Andrés decidió acudir a la policía y radicar la denuncia formal.

Allanamiento en prisión

A raíz de la investigación, el 27 de abril de 2023 se llevó a cabo un allanamiento en el Complejo Penitenciario N°46 de José León Suárez, en el partido de San Martín. Jalil se encontraba alojado en el pabellón 4, celda 5, desde donde ejecutó la maniobra delictiva.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares (uno marca Motorola y otro Huawei), cargadores adaptados para uso permanente, una hoja con anotaciones y un acta donde constaban los datos de la línea telefónica utilizada por el interno.

Condena firme

El proceso judicial culminó recientemente con un acuerdo de procedimiento abreviado, mediante el cual Genestal Jalil reconoció los hechos y aceptó la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, decisión que fue avalada por su defensora técnica y homologada por la Justicia.

El condenado, oriundo del partido de Tigre (Buenos Aires), con instrucción primaria completa y oficio de albañil, ya se encontraba cumpliendo una pena por otra causa al momento del nuevo hecho.

Un prestamista fue condenado en la ciudad de Venado Tuerto a tres años de prisión de ejecución condicional, tras ser hallado culpable de un violento robo cometido contra un hombre con movilidad reducida, durante una operación de cambio de divisas. La resolución se alcanzó en el marco de un juicio abreviado, a partir de un acuerdo entre el fiscal Damián Casullo y la defensa del imputado.

El hecho

El episodio tuvo lugar el pasado 10 de marzo, alrededor de las 7.30, en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle al 1500. Hasta allí llegó César Darío Espejo, de 54 años, con el objetivo de entregar 6.000 dólares en una transacción acordada previamente con José Adrián L., de 64, quien se moviliza con muletas.

Según reconstruyó la fiscalía, Espejo exhibió un arma de fuego, apuntó a la víctima y le exigió que entregara el dinero en pesos (una suma cercana a los 7.560.000 pesos) para luego golpearlo en dos oportunidades: primero en una pierna y luego cuando ya estaba en el suelo. Antes de retirarse del lugar, lo amenazó diciéndole: “Si me llegás a denunciar, te hago volar la cabeza”.

El dinero en dólares había sido entregado a Espejo minutos antes por Federico V., un joven de 31 años que lo había contactado para la operación. 

Investigación y declaraciones

Tras el violento episodio, Espejo volvió a encontrarse con Federico y le dijo que había sido el comprador quien le había robado. Juntos regresaron a la vivienda de José Adrián, donde este último afirmó que había sido asaltado por el prestamista.

Ambas partes fueron trasladadas a la Comisaría Segunda, donde se recibieron las declaraciones correspondientes. El hombre de 64 años aseguró que Espejo, además de quedarse con el dinero, intentó buscar más efectivo en su dormitorio. El relato de los involucrados permitió establecer con claridad la responsabilidad del imputado.

Juicio abreviado y condena

La causa fue elevada bajo la modalidad de juicio abreviado, y el propio Espejo admitió su culpabilidad como autor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

Como parte del acuerdo judicial, del cual la víctima prestó su consentimiento, se estableció una condena de tres años de prisión condicional y el pago de un resarcimiento económico de 9 millones de pesos para José Adrián L., reponiendo de esta manera su patrimonio y como reparación a la situación padecida. El tribunal valoró que el imputado no posee antecedentes penales, reconoció su responsabilidad y expresó voluntad de reparar el daño.

En un juicio abreviado homologado este jueves por el juez Mauricio Clavero, Pablo Ezequiel Zurek (36) fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por haber agredido a su pareja, amenazarla y luego participar junto a ella en un robo. La fiscalía a cargo, representada por Damián Casullo y Mayra Vuletic, presentó un acuerdo con amplias pruebas.

Detalles del fallo judicial

Pablo Ezequiel Zurek, albañil de 36 años, con domicilio en Venado Tuerto, fue hallado responsable de múltiples delitos: lesiones leves dolosas (tres hechos), amenazas, robo simple en coautoría, lesiones leves dolosas calificadas por contexto de género y vínculo, amenazas simples y resistencia a la autoridad. 

Zurek fue detenido por orden fiscal el 5 de mayo de 2024 y quedó en prisión preventiva desde el 9 de mayo. Durante el proceso de juicio abreviado, permaneció privado de su libertad por un total de 416 días, hasta la sentencia de este jueves en Venado Tuerto.

Cómputo de la penaCon la homologación del acuerdo, la pena única de cuatro años de prisión efectiva comienza a regir, considerando como tiempo cumplido los 416 días ya transcurridos bajo detención. De este modo, la liberación está estimada para el 5 de mayo de 2028, fecha en que Zurek habrá completado el tiempo legal de condena.

Detalles de caso

El fiscal Damián Casullo detalló que “la mayoría de los hechos estuvieron vinculados a conflictos intrafamiliares. Las víctimas eran su pareja y su suegra, pero el hecho que derivó en su detención fue el robo de una motocicleta. En primer término, se detuvo a su pareja, y tiempo después a Zurek”.

El hombre fue condenado por “golpear a su ex pareja y luego robar en forma conjunta”, añadió el fiscal.

En tanto, a la mujer “se le aplicó una ‘suspensión de procedimiento a prueba’ por el término de dos años, con reglas de conductas. Y se le ofreció una reparación económica a una de las víctimas”, finalizó Damián Casullo.