Por Gustavo Capeletti

La Legislatura de Santa Fe se reunirá este jueves 12 de marzo para definir la situación del fiscal adjunto Leandro Benegas, de la Cuarta Circunscripción Judicial (Vera), imputado por la justicia provincial por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores en perjuicio de una menor.

Ambas cámaras debatirán el dictamen de la Comisión de Acuerdos, que propone su suspensión preventiva.

Según publicó en su edición digital del lunes este medio -nota firmada por el periodista Luis Rodrigo-, una sesión conjunta de ambas cámaras legislativas definirá el próximo jueves 12 de marzo, a las 13 horas, si se aprueba o rechaza una medida disciplinaria contra el fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, integrada por ocho diputados y cuatro senadores provinciales, elevó a ambos cuerpos legislativos una propuesta de «suspensión preventiva» para Benegas.

El funcionario judicial ha sido imputado por la justicia como «autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad».

El procedimiento legislativo exige que cada cámara sesione con su propio quórum para votar por separado los dictámenes de la Comisión de Acuerdos. No obstante, en el caso de Benegas, se prevé un pronunciamiento unificado de la bicameral, que recomienda la medida disciplinaria sin reducción de su sueldo.

Consultado sobre la inminente sesión de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe convocada para tratar su posible suspensión preventiva, el fiscal adjunto Leandro Darío Benegas se refirió a la situación y pidió «prudencia institucional».

Benegas sostuvo que avanzar con una medida disciplinaria en este momento podría tener «consecuencias institucionales serias«, teniendo en cuenta recientes decisiones judiciales en la causa.

“Resulta imprescindible advertir sobre la gravedad institucional que implicaría adoptar una medida disciplinaria en el actual estado del proceso judicial”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió apartar a la jueza que intervenía en la causa, al considerar que existían cuestionamientos vinculados a la imparcialidad y al debido proceso.

“La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera de apartar a la jueza que intervenía en la causa por falta de imparcialidad y afectación del debido proceso constituye un elemento central que no puede ser ignorado por el ámbito legislativo”, expresó.

Según indicó, ese pronunciamiento judicial revela que el trámite del proceso presenta irregularidades que afectan las garantías fundamentales. “Dicho pronunciamiento evidencia que el trámite judicial ha estado atravesado por irregularidades que comprometen las garantías fundamentales del proceso”, afirmó.

El fiscal consideró que, en ese contexto, una eventual suspensión preventiva podría interpretarse como una «sanción anticipada«.

“Avanzar con una suspensión preventiva podría configurarse como una medida anticipada, desproporcionada e injusta, ya que se estaría aplicando una sanción institucional mientras la propia justicia reconoce que el procedimiento judicial presenta vicios que afectan su validez”, señaló.

Asimismo, sostuvo que cuando un tribunal de alzada determina la falta de imparcialidad de una magistrada, corresponde revisar el proceso antes de adoptar medidas que puedan afectar la trayectoria profesional de un funcionario.

“Cuando un tribunal de alzada determina que una magistrada actuó sin la debida imparcialidad, el proceso debe ser revisado y encauzado correctamente antes de que se adopten decisiones que puedan dañar irreversiblemente la honra, la trayectoria profesional y los derechos de un funcionario”, indicó.

Por último, Benegas pidió que la Asamblea Legislativa tenga en cuenta este nuevo escenario judicial al momento de tomar una decisión.

“La prudencia institucional exige que se respete el curso de la justicia. Solo así se podrá asegurar que las decisiones que se adopten no estén influenciadas por presiones externas ni por juicios anticipados, sino por la verdad de los hechos y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó.

En la madrugada de este lunes feriado, personal policial de Villa Cañás, que realizaba tareas preventivas tras el cierre de una fiesta en un club local, intervino en una gresca en la vía pública. El incidente ocurrió en calle 58, entre 49 y 51, donde se observó a dos grupos de jóvenes dispersándose.

Al arribar al lugar, los efectivos detectaron a un joven vestido de negro forcejeando con uno de los grupos. Al intentar entrevistarlo, el individuo comenzó a insultar e incluso a intentar agredir a los uniformados. Ante esta situación, el joven fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El fiscal en turno dispuso que el joven fuera notificado de la causa por Resistencia a la Autoridad.

En horas de la mañana del sábado, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de conducción peligrosa en la Ruta Nacional 8, a la altura de calle Dimmer.

Alrededor de las 7.15, los efectivos localizaron un Fiat Siena detenido en la banquina, con un hombre de 45 años dormido en su interior. Según un inspector de tránsito que había dado aviso al 911, momentos antes el sujeto había sido visto circulando de forma temeraria por Ruta 8 y calle 9 de Julio, realizando maniobras riesgosas antes de detenerse.

El conductor se negó a someterse al test de alcoholemia, por lo que el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal. La fiscal en turno dispuso la formación de causa por conducción peligrosa.

Durante la tarde del sábado, tres adolescentes de 14 y 15 años fueron demorados por personal del Comando Radioeléctrico, tras ser identificados como presuntos autores de un hurto en un comercio de indumentaria ubicado en calle Brown al 200.

La propietaria del local denunció que los jóvenes se probaron varias prendas y se retiraron sin pagar. Al revisar las cámaras de seguridad, advirtió que habían ocultado parte de la mercadería. Posteriormente, publicó las imágenes en redes sociales, lo que permitió a vecinos advertir la presencia de los menores en Dorrego y Sáenz Peña.

Un móvil policial acudió al lugar y encontró a los adolescentes con varias prendas en su poder. Tras ser trasladados a la Comisaría 2ª, la fiscal penal juvenil dispuso la formación de causa por hurto y su posterior entrega a los progenitores.

Por Juliano Salierno

Aunque todavía falta mucho, el Fiscal Regional N° 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, sabe que este año no hará el tradicional informe de gestión en la ciudad de Santa Fe, como se viene realizando desde 2015, tras el primer año de vigencia del nuevo sistema de justicia penal santafesino, el 10 de febrero de 2014.

Esta vez será después de la feria judicial de invierno, probablemente entre julio y agosto, y la sede elegida se encuentra en la ciudad de Esperanza, donde funciona la Unidad Fiscal del departamento Las Colonias.

¿El motivo? Responder a un criterio de cercanía con la realidad de los habitantes de ciudades y pueblos del interior provincial, cuyas características, en muchos casos difieren notablemente de las problemáticas delictivas de la capital provincial e incluso son disímiles entre cada zona.

“La Fiscalía Regional N° 1 comprende territorialmente siete departamentos de la provincia. La sede está en Santa Fe, con unidades fiscales en los restantes seis departamentos”, introduce el fiscal Nessier, cuya política de trabajo implica visitar cada una de las fiscalías al menos dos veces por año.

Además de La Capital, con la ciudad de Santa Fe como eje, pero con un área metropolitana que se lleva el grueso de la labor de los fiscales, la Regional N° 1 alcanza a los departamentos San Martín, San Jerónimo, Las Colonias, San Justo, Garay y San Javier.

“En todos los departamentos existe un local con una unidad fiscal en marcha y con un fiscal -titular o subrogante-, salvo el departamento San Martín donde son dos los fiscales designados y un tribunal propio”.

En ese contexto de territorialidad, Nessier señala que “la Fiscal General María Cecilia Vranicich diseña el plan de persecución penal para toda la provincia. Pero es claro que somos los fiscales regionales quienes debemos, conjuntamente con los fiscales de cada lugar, trasladar esa política de persecución penal general a las particularidades de cada zona”.

“En nuestro caso, siete departamentos con una extensión territorial muy amplia y con particularidades sociales y delictivas específicas en cada uno”, abunda el titular de la Regional N° 1.

“Por eso es que la forma de tomar contacto con esas realidades es realizar periódicas visitas del Fiscal Regional, sin perjuicio de que funcionarios de la Regional vayan para cualquier cuestión puntual que se dé en las fiscalías”, apunta el Dr. Nessier.

En la misma tónica, el jefe de los fiscales santafesinos resalta que “tratamos de que sean al menos dos por año de manera ordinaria”.

El viaje “no sólo implica la visita y un relevamiento de la situación de la unidad fiscal, sino también un encuentro con las fuerzas policiales -provinciales y federales-; autoridades municipales -intendentes, concejales-; y hasta legisladores provinciales que provienen del departamento, que normalmente son los senadores y a veces algún diputado que la zona”.

-Hace poco estuvieron en Coronda y Gálvez. ¿Con qué problemática se encontraron?

-El último lugar en que estuvimos fue el departamento San Jerónimo, en las dos principales ciudades que son Gálvez y Coronda, esta última donde está la unidad fiscal. Son dos ciudades con características sociales, productivas y económicas muy diferentes, pero cada una con sus preocupaciones.

Lo que se hace es un testeo de cuáles son, desde la perspectiva de las autoridades locales, las problemáticas más acuciantes, que a veces no son hechos particularmente graves, pero sí tienen que ver con conductas delictivas tal vez menores, pero que en comunidades más pequeñas resultan preocupantes.

-¿Por ejemplo cuáles?

-Problemas vinculados con delitos contra la propiedad. No ha habido prácticamente hechos de homicidio, si bien existen algunas situaciones de violencia altamente lesiva a través de riñas o peleas, no ha habido grandes hechos en ese sentido.

Y se dan cuestiones de índole rural, no solo abigeato, sino otro tipo de problemáticas rurales, como el hurto campestre, que tiene una regulación específica en el Código.

Además, la incursión de bandas o pequeños grupos que cometen hechos delictivos, particularmente robos, tanto en negocios como en viviendas particulares,urbanas como rurales, provenientes de otras provincias o de otros lugares de nuestra provincia.

-¿También estuvieron en otros departamentos?

Los departamentos San Justo, San Martín, San Javier y Garay también fueron visitados. La idea era completar la vuelta antes de la finalización de este semestre. Quedaría solamente Las Colonias, donde este año nos hemos comprometido a que el informe de gestión que realice la Fiscalía Regional va a ser llevado a cabo en Esperanza.

El año pasado el primer informe de gestión fue en la ciudad de Santa Fe (en la Estación Belgrano) y ahí asumimos el compromiso de que los futuros informes se vayan realizando en los distintos departamentos de nuestra jurisdicción.

-¿Para cuándo está previsto?

A diferencia de la Fiscal General, que realiza su informe de gestión en la Legislatura, alternando entre Senado y Diputados y dentro del primer mes de la apertura de las sesiones ordinarias, el nuestro tiene un periodo más amplio para hacerlo.

El año pasado se demoró bastante porque se terminó haciendo el 17 de octubre. Pero la idea este año es anticiparlo y probablemente antes de agosto o más tardar en agosto va a ser el informe de gestión.

El Senado de Paraguay instó el miércoles (11.10.2023) al Ministerio Público de su país a priorizar la investigación y la cooperación internacional en la causa penal por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia.

La Cámara Alta aprobó durante su sesión ordinaria una declaración dirigida al organismo de investigación a través del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón.

Los senadores solicitaronque se inste al MInisterio Público "a articular todos los medios para profundizar en la investigación, coordinar con sus pares extranjeros la obtención de informaciones que puedan ayudar a dilucidar el caso y, sobre todo, identificar a los responsables de tan deleznable crimen".

"Es inconcebible que mientras otros países hayan mostrado mayor interés en el esclarecimiento del caso, en Paraguay se haya pasado de una gran preocupación e indignación inicial, homenajes y conmemoraciones, a un estado de dejadez que raya el olvido, la ingratitud y, sobre todo, la aparente falta de interés en hallar la verdad", agregan en su exposición.

Además, indican que el Ministerio Público de Paraguay abrió una causa penal el 11 de mayo de 2022 y se ordenó la conformación de un equipo de trabajo.

Sin embargo, lamentaron, "no se ha registrado mayores avances en dicha causa", que consideraron "es actualizada más por medio de informaciones periodísticas que por las autoridades paraguayas".

El pasado lunes, Rolón, quien lidera el Ministerio Público desde marzo de este año, ordenó la apertura de una causa penal para investigar las declaraciones de Francisco Luis Correa, testigo en Colombia en el caso por Pecci.

Correa señaló, en declaraciones ante la Fiscalía de Colombia, al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", de supuestamente planear el crimen del fiscal.

Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado en mayo de 2022 por sicarios, cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, adonde viajó junto a su esposa, Claudia Aguilera, para su luna de miel.

Las autoridades colombianas han detenido en total a siete supuestos implicados en el asesinato del fiscal, un crimen con el que los investigadores creen que puede estar relacionado el Primer Comando de la Capital (PCC), banda nacida en las prisiones de Brasil y que hoy tiene tentáculos en casi toda la región. También ha habido capturas en Venezuela y El Salvador.

La Sesión Conjunta de Senado y Diputados fue citada para el jueves, a las 13, para considerar la posible suspensión de la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano, investigada por incumplimiento en los deberes de funcionaria pública. En tanto, uno de los abogados defensores de la integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gustavo Feldman, insistió en reclamar la paralización del trámite debido al "estado de indefensión" en que se encuentra su defendida.

La suerte de Lescano terminará de definirse este miércoles cuando se reúna la Comisión de Acuerdos que preside la socialista Lionella Cattalini y que tiene, en principio, tres expedientes vinculados a otros tantos fiscales, como adelantó El Litoral la semana pasada. Aldo Gerosa, suspendido fiscal de Reconquista, y Matías Edery son los otros dos expedientes en la agenda de trabajo de senadores y diputados que integran esa estratégica comisión. Acuerdos, que además de analizar las cualidades y calidades de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la justicia y otros organismos, tiene después de la reforma a las leyes orgánicas del MPA y del servicio provincial de la Defensa, el seguimiento de la conducta de fiscales y defensores tiene estos tres expedientes bajo análisis.

La Sesión Conjunta está convocada para disponer la posible suspensión de Lescano cuyo instrucción realizó la diputada radical Silvana Di Stéfano. No obstante, Feldman insistió en solicitar la paralización del proceso tanto en la sede legislativa como en la causa penal que tramita en Rosario. El letrado exhibe como fundamento a su pedido las certificaciones de médicos psiquiatras y psicólogos que dicen que Lescano "no puede ser sometida a proceso" .

Feldman le dijo a El Litoral que "la fiscal Lescano se encuentra en un estado de indefensión. En Rosario, 24 horas después de hecho el planteo ante la fiscal del caso, ésta ordenó la paralización del proceso". Se refiere el abogado a la fiscal Karina Bartocci quien el pasado 22 de septiembre paralizó el proceso de investigación a Lescano "en lo que hace a su estado psico-físico y su imposibilidad de defenderse", escribió en una resolución en letra cursiva. La paralización la ordenó "sin mengua de las diligencias que ésta fiscalía pueda realizar sin necesidad de la concurrencia o participación de la sindicada", agregó Bartocci.

Gerosa, Edery y Lescano, los tres casos analizados por Acuerdos.

Feldman informó a El Litoral que el cuerpo médico forense le dio a su defendida una licencia psiquiátrica por 60 días y ordenó además conformar una junta médica psiquiátrica. "La suspensión que quiere imponerle la Comisión de Acuerdos suena más a una pena anticipada que a una medida cautelar", acotó. Acuerdos deberá emitir dictamen y será el pleno de senadores y diputados los que deberán votar la decisión. Por último, el abogado critica la postura de los legisladores que se escudan en que esto es un juicio más político que jurídico. "El pretendido tinte político de estos procesos no puede implicar que el investigado resigne sus prerrogativas constitucionales como el derecho de defensa y el debido proceso legal", agregó.

La defensa de Lescano ya ingresó dos notas solicitando la paralización del trámite, la segunda después de la decisión de Bartocci. "Atento todo lo expuesto, tanto en el presente como en el escrito anteriormente presentado, se pone a esta Asamblea Legislativa en conocimiento de ello, y se acompaña copia del decreto referido, agregándose el mismo como documental fundante del pedido de paralización y suspensión de todo término que estuviera corriendo".

La fiscal sureña está siendo investigada por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una denuncia que reveló que alquilaba en una galería de Cañada de Gómez una oficina externa donde tenía una persona ajena al MPA trabajando los legajos de investigaciones que llevaba adelante. Meses atrás, Lescano cobró notoriedad cuando se encadenó en la escalinata de acceso a los tribunales para reclamar por las denuncias en su contra que sostienen que incumplió con sus deberes de funcionario público. La representante del MPA aseguraba allí que el cúmulo de denuncias administrativas que pesan en su contra constituyen "una persecución" por las causas que impulsaba.

Este jueves se resolverá si la Legislatura sigue adelante con la investigación, la suspende con algún recorte en los haberes o espera el avance del estado de salud como pide su defensor.

En el caso del suspendido Aldo Gerosa, fiscal de Reconquista, suspendido en el cargo, serán escuchados testigos por Acuerdos. La instructora de la causa, la diputada socialista Erica Hynes, aconsejó la destitución pero el tema no llegaría al recinto en la semana.

Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimización de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. El fiscal investigado aceptó un juicio abreviado redactado por la defensa de Galaz, lo que significó afrontar una pena de solo 7 años y el pago de una suma de dinero a la víctima a cambio de la confesión del aberrante delito cometido contra una niña a su cuidado, del ámbito familiar y durante años en el norte provincial.

Una estación de servicio de Rosario fue baleada en momentos en que había un grupo de 40 adolescentes a punto de partir de viaje hacia Córdoba, uno de los cuales recibió un disparo.

Los atacantes dejaron una nota con amenazas contra un fiscal.

El hecho ocurrió en una YPF ubicada en Rondeau y Marull, en la zona norte de la ciudad santafesina: a las 23 del pasado martes el contingente de alumnos se había juntado para emprender un viaje de estudios rumbo a Córdoba.

Cuando aguardaban junto a sus familias para subirse a las cuatro combis que los llevarían, una moto pasó por el lugar y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó en la pierna de uno de los estudiantes.

El adolescente herido debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Los investigadores hallaron en el lugar una nota con amenazas dirigidas al fiscal Matías Edery, quien ya había sido eje de este tipo de mensajes intimidatorios en otras ocasiones.

El joven herido fue asistido en el hospital HECA.

Minutos después de la balacera, dos personas fueron detenidas: según trascendió, coincidían con las descripciones brindadas por los testigos sobre los presuntos atacantes, aunque restaba se confirmado por parte de las autoridades policiales y judiciales.

En las últimas horas, trascendió la grabación de la cámara de seguridad del juzgado, de la provincia de Mendoza, que dejó en evidencia el accionar del preso que intentó apuñalar a la fiscal Claudia Ríos y acto seguido se intentó fugar del edificio.

El ataque ocurrió en la sala 25 en el marco de un debate sobre tres detenidos acusados de intentar matar a otro recluso del penal mendocino de Almafuerte. En ese contexto, uno de los sospechosos, identificado como Hugo Eduardo Arredondo (37), sorteó al personal del Servicio Penitenciario que custodia a las partes intervinientes y quiso apuñalar a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos con un arma blanca.

A través de los registros de una cámara del establecimiento se conoció cómo fue el momento. Allí, Ríos se encontraba sentada en el lado izquierdo de la sala cuando el hombre se levantó de su asiento, cruzó el recinto e intentó acertar el golpe letal con un arma blanca directo al cuello.

Pese a estirar el brazo, no llegó a realizar su cometido, y corrió a través del pasillo, saltando la barrera, hasta la puerta trasera por donde intentó escapar sin éxito dado que los guardias lograron arrinconarlo y detenerlo, según consignó el medio local El Sol Online.

Según se supo, la funcionaria se defendió con gas pimienta, y ese fue el motivo por el cual no llegó a herirla. En el lugar también se encontraban el juez Mauro Perassi y la defensora oficial Ximena Morales, además del público presente.

El video además evidenció la negligencia con la que actuaron los agentes de seguridad. En las imágenes se ve cómo en el momento en el que el hombre se levanta, los guardias, distraídos, le dan la espalda, mientras que algunos están de brazos cruzados, y tampoco impidieron avanzar en su ejecución al homicida.

Hugo Arredondo (37), condenado por homicidio a prisión perpetua, atacó a la funcionaria en una sala del Polo Judicial.

El preso que atacó a la fiscal cumple una pena de prisión perpetua por el crimen de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante baleado el 10 de marzo de 2015 por un grupo de asaltantes que intentaron robarle su camioneta en la puerta de su casa del barrio Tamarindos II, en Las Heras.

Asimismo, sobre Arredondo pesa una condena a 14 años de prisión por haber perpetrado el crimen de Nicolás Lozano, un preso de Almafuerte asesinado a golpes y puñaladas el 26 de diciembre de 2019.

Actualmente, el reo es juzgado por un ataque que habría cometido en el mismo penal el 5 de julio de 2019 junto a Jorge Darío Bracamonte (32) y Lucas Gabriel Garro (27). Todos son sospechosos del intento de asesinato de otro interno, identificado como Carlos Enrique Olmedo. Además, Arredondo tiene una causa abierta por drogar y empalar a otro recluso de la penitenciaría en septiembre de 2022. “Por este expediente se encuentra con prisión preventiva y la causa aún no ha sido elevada a juicio oral y público”, indicó el citado medio.

Un fiscal de Tierra del Fuego solicitó la aplicación de una condena más leve que el mínimo previsto por el Código Penal para el acusado de violar a una joven en la ciudad de Río Grande, bajo el argumento de que existen “circunstancias especiales” en el caso a partir de la relación amorosa “informal” que mantenían, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento que llamó la atención de abogados y juristas fue realizado por el fiscal fueguino Jorge López Oribe durante los alegatos del juicio oral a Maximiliano Geréz, un joven imputado de abusar sexualmente de una mujer con quien mantenía una relación ocasional en enero de 2019.

En su exposición ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, López Oribe consideró a Geréz como responsable penal del delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”, que tiene una pena mínima de seis años de prisión efectiva.

Sin embargo, durante su alegato, el fiscal pidió la declaración de inconstitucionalidad del mínimo legal para el tipo de delito, y en su lugar requirió que se condene al acusado a la pena de tres años de prisión en suspenso, señalaron los voceros consultados.

El titular del Ministerio Público fundamentó la inusual solicitud en las “circunstancias especiales” que rodearon el caso.

Según dijeron a Télam las fuentes, el funcionario judicial tuvo en cuenta que el imputado y la víctima mantenían una “relación informal”, que se concretaba cuando la joven regresaba de cursar estudios en Buenos Aires.

De acuerdo con las pruebas agregadas al expediente judicial, el día del abuso, la pareja se disponía a mantener relaciones sexuales consentidas por ambos, pero acordaron que no hubiese penetración porque no contaban con preservativos.

Al parecer el hombre no hizo caso de ese pedido de la mujer, quien terminó denunciándolo por violación, dando origen a la investigación.

Durante el juicio, la parte querellante representante de la víctima solicitó la aplicación de una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva y la “inmediata detención” del acusado, quien se encuentra en libertad.

Por su parte, la defensa de Geréz pidió su absolución de culpa y cargo con el argumento de que la violación no existió y que se trató de una relación sexual consentida.

El Tribunal de Juicio pasó a un cuarto intermedio hasta hoy en que se escucharon las últimas palabras del acusado previas al dictado del veredicto.

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A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y mientras la investigación continúa trabada entre los peritajes y los testimonios, la DAIA pidió volvió a pedir justicia con un emotivo video.

“7 años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. 7 años exigiendo justicia”, se puede leer al inicio de la filmación que tiene menos de dos minutos de duración.

Mientras van pasando fotos del fiscal, quien toma la palabra es el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó”, aseguró el presidente de la entidad judía.

Y agregó: “Una hoja más en blanco, como blanco está hace 30 años la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, como el blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la Ciudad de Buenos aires y como hace 7 años en blanco está la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman”.

“Ay de las generaciones que deben juzgar a sus jueces”, afirmó.

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. Eso ocurrió cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada: en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito.

“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó en ese momento Knoblovits. Y se preguntó: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”

El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.

La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.

“Alberto investigó la causa más contaminada de la Argentina. La causa AMIA estuvo atravesada por servicios de inteligencia y políticos. Alberto fue quien pudo enderezar esa causa. Todos sabemos que cuando las certezas se alejan de lo jurídico, lo que opera es el desorden y el caos. Cuando se firmó un pacto con el acusado del atentado a la AMIA se quitaron la certezas. Cuando se dice que en la causa hay que revisar pericias y se violan las pruebas también están violando las certezas. Cuando se violan las certeza desaparece el delito”, había afirmado el presidente de la DAIA al cumplirse 26 años de la muerte del fiscal.

Hoy, la investigación se desliza sobre cuatro ejes: la profundización sobre las comunicaciones telefónicas que tuvieron lugar ese fin de semana, la convocatoria a más agentes de inteligencia -puntualmente a los que ocuparon altos cargos al momento de los hechos-, el análisis de los equipos informáticos secuestrados a los imputados -que se había demorado por un recurso de Lagomarsino que escaló hasta la Corte Suprema y fue rechazado hace unos meses- y el seguimiento de la pista sobre el incendio que ocurrió en la Casa Rosada en la tarde del 17 de enero, un día clave para la causa Nisman.

Precisamente, el análisis de los registros de ingresos y egresos a Balcarce 50 que se destruyeron ese día con el fuego era una de las pruebas a las que apuntaba Nisman para acreditar su denuncia. La fiscalía ya solicitó el informe forense y ordenó el interrogatorio de personal de la Casa Militar para saber cómo eran los protocolos de seguridad en esos registros de 2015.

Durante este año, de la lista de 89 testigos que se había ordenado, declararon una treintena de ex agentes, en medio de las limitaciones que impone el Covid-19. la necesidad de hacerlo en un lugar ajeno a la fiscalía y el operativo que impone la declaración bajo reserva de esas testimoniales.

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Se trata del Marcelo Ricardo Blanco, quien fue encontrado muerto este jueves a la tarde por un familiar que cerca de las 17 entró a la casa y lo encontró tendido en el suelo.

Nueva amenaza a la Justicia: “Suelten a Los Monos o matamos a todos los fiscales”

Tras un llamado al 911, la policía fue al domicilio situado en la calle Viamonte al 3100, donde halló a Blanco ya fallecido.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el fiscal habría muerto tras sufrir un accidente doméstico, aunque se aguardan los resultados de la autopsia y de otras diligencias para establecerlo.

La causa por “averiguación de causales de muerte” es investigada por la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Mar del Plata, Romina Díaz.

Detienen a una mujer y a su hijo por las amenazas a fiscales

Blanco trabajo en la Justicia de Mar del Plata como fiscal de la unidad especializada en estupefacientes entre 2007 y 2015 y en la actualidad se desempeñaba en el área de Ejecución Penal.

La entrada Mar del Plata: encontraron muerto a un fiscal se publicó primero en Notife.

Por Luis Rodrigo (El Litoral)

Los senadores y los diputados santafesinos aprobaron, este jueves 29 de abril, la remoción de su cargo del ahora ex fiscal adjunto Mauro Blanco, de Venado Tuerto.

En sesión especial conjunta, con el debido quórum y las mayorías requeridas para sendas Cámaras, se votó por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que recomendó la medida más dura para Blanco, que le impide ingresar a las dependencias del Ministerio Público de la Acusación y lo inhabilita para intentar concursar por el cargo diez años.

El ex integrante del MPA había sido suspendido hace seis meses, sin goce de sueldo, a la espera de que haya un avance en la causa que la justicia le sigue a Blanco por la que aguarda, bajo prisión domiciliaria, una sentencia.

En el recinto de la Cámara de Diputados, como miembro acusador contra Blanco, el senador Joaquín Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio) destacó la unanimidad del dictamen producido en esa instancia. Explicó que el encartado contó con todas las garantías del proceso que se ha reservado la Legislatura sobre defensores y fiscales del fuero penal santafesino y que los doce integrantes de la comisión que preside el diputado Fabián Bastia (UCR-FPCyS) acordaron la medida.

La sesión se cumplió puntual a partir de las 13 horas, con la enorme mayoría de las bancas ocupadas de manera remota por los legisladores, por videoconferencia. El tiempo que demandó verificar el quórum en cada Cámara fue mayor al del momento de la votación, que no registró votos por la negativa. Lo mismo había ocurrido el 22 de octubre del año pasado, pero aquella vez un tenso debate había tenido lugar en el seno de la Comisión de Acuerdos.

A poco de que terminara el período ordinario de sesiones de 2020 se prefirió que si hubiera avances sobre la causa judicial en contra de Blanco en Tribunales, habría una sanción mayor. Es lo que ahora ha ocurrido.

Gramajo pidió en las dos oportunidades la medida más dura para el fiscal. Pero, en octubre pasado, ante el peligro de que el Poder Legislativo santafesino votara de manera dividida, se optó por la suspensión. Por entonces, el tema generaba dudas especialmente en el radicalismo.

El lunes, a las 6.30 el fiscal Leandro Mai imputará a su par venadense Mauro Blanco por una serie de hechos delictivos sobre los cuales cuenta con indicios que fueron cometidos durante el ejercicio de su función en el MPA, en el marco de una investigación iniciada el año pasado. El juez de turno es Adrian Godoy.

Blanco aguarda la audiencia detenido desde el jueves a la noche y alojado en el destacamento de la Guardia Rural Los pumas de Venado Tuerto.

Al fiscal Mai del MPA Reconquista, le asignaron esta investigación en julio de 2020 y desde entonces recolectó indicios y pruebas sobre 9 hechos delictivos que le imputará al Dr. Blanco por cohechos pasivos agravados reiterados, encubrimiento y revelación de secretos, entre otros delitos.

Además y según escuchas recibidas por el fiscal Mai se sospecha que Blanco realizó importantes inversiones durante los últimos meses, como la compra de propiedades, cuyo origen, según la investigación, podría ser ilícito.

Según información también la justicia federal acreditó que Blanco tenía relación con Novelino, otro narco preso en la cárcel de Piñero. De las escuchas telefónicas se desprende que Blanco tendría relación con una mujer apodada Mili, quien manifestó que le había dado dinero para no ser involucrada en una causa.

Allanamientos

Esta mañana se realizaron 16 allanamientos simultáneos en las provincias de Santa Fe y Córdoba, 12 en las ciudades santafesinas de Venado Tuerto y Rufino; y otros 4 en la localidad cordobesa de Villa Dolores.

Si bien el funcionario del MPA actuante demoró bastantes meses en realizar la imputación las pruebas recabadas apuntan a una serie de hechos delictivos que podría haber cometido su par venadense, nacidos de las escuchas y otras pruebas que serán presentadas oportunamente.

Cabe recordar que en enero del 2020 hubo una denuncia realizada por la Fiscalía Federal de Venado ante la Fiscalía Regional y la Fiscalía General que involucraba a Blanco en una investigación a un narcotraficante que realizaba el fuero federal.

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Mauro Blanco, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA)

El fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco, fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación donde se lo liga a un sujeto involucrado en el narcotráfico. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación había sido suspendido en sus funciones. Y el arresto se dio en el marco de 16 allanamientos que se realizaron de manera simultánea en las provincias de Santa Fe (seis en Venado Tuerto y seis en Rufino) y Córdoba (los cuatro en Villa Dolores).

La investigación dio inicio en 2020, cuando se acusó a Blanco de cohecho agravado, producto de una denuncia radicada por la Fiscalía del Juzgado Federal de nuestra ciudad. Aun no se conocen mayores detalles sobre el día y hora de la audiencia imputativa.

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, al igual que en Venado Tuerto, personal policial de la Agencia de Investigación Criminal y del Grupo de Acción Táctica llevó a cabo cinco allanamientos en la ciudad de Rufino, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía de Reconquista al fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco.

La medida judicial, en la que no participaron fuerzas policiales rufinenses, tuvo lugar en primer término en los domicilios de Jujuy al 600, Balcarce al 700, Santa Fe al 1000, y luego los efectivos hicieron lo propio en dos casas contiguas del barrio Güemes.

En octubre último, tras una sesión conjunta de las cámaras de Senadores y Diputados, el fiscal Blanco había sido suspendido por seis meses sin goce de sueldo, en una resolución unánime que contó con el voto favorable de los 64 legisladores presentes. Además, como castigo accesorio se determinó que el funcionario acusado tendrá “expresamente prohibido ingresar a cualquier ámbito del MPA” durante los 180 días que estará suspendido en sus funciones.

Aunque no se conocerá información oficial hasta las próximas horas, la detención de Blanco estaría ligada al avance en la causa originada en una serie de escuchas que hizo la Justicia Federal a los teléfonos de un distribuidor de drogas de Venado Tuerto, captando en ellas al menos cinco conversaciones con el citado fiscal en un corto período. En esos diálogos aluden desde la provisión de estupefacientes para consumo personal, hasta allanamientos que parecen hechos “a medida” de los intereses del dealer, situación de detenidos e información reservada.

También hay distintos registros de la presencia del fiscal cuestionado en la casa del distribuidor, a la que al menos en una ocasión llegó en un vehículo oficial del MPA. “Blanco tenía la obligación de formular denuncia contra el vendedor por la comercialización de estupefacientes y en lugar de ello las adquiría personalmente”, dice la acusación. En febrero último, Blanco rompió el silencio ante la prensa: “Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo.

Asimismo, la auditora general María Cecilia Vranicich abrió en su momento un proceso disciplinario interno del MPA con motivo de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el fiscal Mauro Blanco, e incorporó más adelante a la causa una denuncia penal en relación con los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.

En los primeros pasos de la investigación, el senador provincial Raúl Gramajo, quien a la vez es el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, observó que se había “acreditado que la relación de suministro de estupefacientes se completa en una relación en la que el vendedor aparece como socio del fiscal adjunto Blanco en el suministro de información y en la investigación relacionada con delitos y con personas del hampa de Venado Tuerto”. Por su parte “Blanco brindaba información por fuera de la ley, que el distribuidor suministraba a terceros interesados”, señaló Gramajo.

También hay otras situaciones que son parte de la acusación, como es el caso de una escucha telefónica en la que una mujer imputada por cuatro estafas dice que Blanco le pidió un arreglo y que ella fue pagando. La revisión de los legajos de dicha investigación confirmó que el fiscal inicialmente pidió 12 años de prisión para la acusada y al final el caso cerró en un juicio abreviado con una pena de tres años de ejecución condicional.

En otra escucha telefónica entre una mujer y un prominente “narco” con causas abiertas en el sur santafesino, la primera cuenta que le dio plata a Blanco para que “no les arme una causa”. Y en el marco de otra investigación federal relacionada con la banda del citado delincuente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto informó que previo a concretar allanamientos, el fiscal Blanco se adelantó al ordenar “con motivo desconocido” el secuestro de un vehículo de color blanco de patente casi ilegible que la banda utilizaba para cometer ilícitos ordenados desde la cárcel.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

“Cuando un fiscal se esfuerza al máximo por investigar un hecho tan aberrante, lamentablemente suele pagar las consecuencias”, sostuvo Mauro Blanco cuando rompió el silencio ante la prensa local.

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]El fiscal Ivan Raposo confirmó la información. Se trata de un hombre de 48 años (trabajaría para una remisería) domiciliado en calle Giacaglia al 300 de nuestra ciudad.

“Prima facie de lo que tengo conocimiento es que se trata de un hombre de 48 años que aparentemente tenía síntomas de Covid, puesto que su señora estaba internada en terapia intensiva, y hoy cuando el 107 lo iba a hisopar se encuentra con esa escena”, detalló el funcionario.

Y agregó que“fue constatado por médico policial que la muerte fue natural, por lo tanto se va a hisopar a los fines de establecer si es Covid positivo. Si no lo es se hará la autopsia correspondiente para saber los motivos del fallecimiento y si lo es, por protocolo, no se realiza el procedimiento”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]