Los dueños de una financiera ilegal que operaba en la ciudad de Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a la Municipalidad, en el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal.

La resolución fue alcanzada tras una “suspensión de juicio a prueba”, figura legal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado accede a reparar el daño causado. En este caso, se trata de una causa por intermediación financiera no autorizada, delito que sanciona la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Actividad clandestina

Los imputados, identificados como Edgardo U. y Marcela G., estaban a cargo de una “cueva” que funcionaba en una vivienda de calle Cabral al 4. El establecimiento fue escenario de un violento robo ocurrido el 27 de junio de 2024, en el que cuatro delincuentes se alzaron con una suma cercana a los 3.500.000 pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares.

La investigación por el robo fue tramitada por la Justicia provincial, que logró la detención y posterior condena de los autores materiales. Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con los fiscales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, avanzó con una causa por la actividad financiera clandestina que allí se desarrollaba.

"Tras una serie de allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que realizaban operaciones de cambio sin autorización", explicó Ghiorzi. En ese contexto, se imputó a los propietarios por violar la Ley de Entidades Financieras, específicamente por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

Acuerdo con fines sociales

Como parte del acuerdo alcanzado, cada uno de los imputados deberá aportar 15 millones de pesos en equipamiento médico, totalizando así una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal.

“La idea es que este dinero tenga un fin público, por eso nos pusimos en contacto con el área de Acción Social del municipio”, indicó la fiscal.

La entrega de los bienes (que deberá concretarse en un plazo máximo de un mes) incluye equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, según se detalló en el acta homologada por el Juzgado Federal.

Un robo violento

El asalto a la financiera clandestina ocurrió el 27 de junio de 2024 y fue ejecutado por un grupo de cuatro delincuentes. Dos de ellos, Emanuel Alejandro Alarcón (36) y Matías Alejandro Caprigfoglio (29), tocaron timbre en el lugar, ingresaron armados y redujeron con violencia a los propietarios.

Según consta en el juicio abreviado, golpearon a Edgardo U. con la culata de un arma, amenazaron con dispararle en la cabeza y luego intentaron asfixiarlo con una bufanda. A Marcela G., la obligaron a entregar el dinero a punta de pistola.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por calle Cabral, donde los esperaban los otros dos cómplices en un vehículo. Un par de horas más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía sobre ruta nacional 33, a la altura de la localidad de Villada, a unos 70 kilómetros de Venado Tuerto.

En el marco de un juicio abreviado fueron condenados dos de los cuatro ladrones a la financiera de Venado Tuerto ocurrido el 27 de junio del 2024. En el violento robo los malvivientes se llevaron aproximadamente 3.500.000 pesos y cerca de 3.500 dólares que fueron recuperados en un operativo policial que se registró en ruta nacional 33 a la altura de la localidad de Villada. 

El fiscal que llevó adelante la investigación fue Iván Raposo, mientras que Adrián Godoy fue el juez de la causa.

En tanto, una mujer, Carla Sabrina Alarcón fue condenada el año pasado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Y solo resta que uno de los ladrones sea sentado en el banquillo de los acusados.

El caso

Tanto Emanuel Alejandro Alarcón (36 años), como Matías Alejandro Caprigfoglio (29) fueron acusados de haber cometido el hecho delictivo en calle Cabral al 4, donde tocaron el timbre, para luego ingresar a la vivienda y agredir con un arma en la cabeza al propietario del lugar, provocándole un corte. 

Posteriormente ambos se dirigieron “hacia la planta alta de dicha vivienda, para apersonarse ante la Sra Marcela y apuntándole con un arma, exigirle la entrega de dinero, mientras el otro quedó con el Sr. Edgardo agrediéndolo a golpes”, precisa el juicio abreviado al que Sur24 tuvo acceso.

Segundos más tarde amenazaron al dueño de casa con pegarle un tiro en la cabeza. Luego le colocaron una bufanda en el cuello con la intención de asfixiarlo. 

Finalmente se hicieron de los pesos, los dólares, dos teléfonos y se dieron a la fuga por calle Cabral en dirección a Juan Bautista Alberdi, donde los esperaban en un automóvil los otros dos malvivientes.

Y tan solo un par de horas más tarde fueron detenidos en un operativo policial a la altura de la localidad de Villada, distante 70 kilómetros de Venado Tuerto. 

Condenas

Emanuel Alejandro Alarcón, fue encontrado culpable bajo la carátula de “robo doblemente calificado por haber sido en lugar de poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego” y condenado a cinco años y ocho meses de prisión de ejecución efectiva, por ser reincidente.

En tanto, Matías Alejandro Caprifoglio, fue condenado a cinco años de prisión bajo la misma calificación legal. 

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso la detención del “arrepentido” Leonardo Fariña en el marco de la causa por la “ruta del dinero K”. Ya había sido condenado pero nunca comenzó a purgar la pena. Días atrás lo encontraron en el interior de una financiera del barrio porteño de Belgrano y lo apresaron.

La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Actualmente, Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una "cueva" en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya le negó la excarcelación en esta investigación.

El "imputado colaborador" en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, estaba beneficiado con libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.

Pero días atrás, volvió a estar en primera plana cuando su foto lo mostraba en el interior de una financiera que quedó bajo investigación de la justicia por presunto lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

"El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación", consideró el juez Costabel.

Fariña aseguró que él no trabaja allí ni es el dueño del lugar, y que estaba en esas oficinas porque había ido ir a "visitar unos amigos". Sin embargo, cayó preso y fue acusado otra vez por lavado de dinero y quedó a disposición de lo que resuelva el juez en lo penal económico Pablo Yadarola. Incluso, cuando fue detenido portaba una tobillera electrónica que le permitía moverse en un rango de 150 kilómetros desde su domicilio.

Pero el fiscal que había acusado al “arrepentido”, Abel Córdoba, consideró que incumplía con las reglas de su libertad y que había peligro de fuga porque él aún tenía los contactos y el dinero para llevarla a cabo si así lo quería y también que podría haber un entorpecimiento de la investigación, todo a partir de su detención en la financiera.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba entendió que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

No sólo eso, sino que también hay riesgo de entorpecimiento de investigación a lo que se suma la “expectativa de nuevas condenas” por el juicio del Entrevero, la compra de un campo en Uruguay por la que comenzó hace poco a ser juzgado, y por esta otra causa en el fuero penal económico a raíz de su posible vínculo con la financiera.

Ante esta situación, el juez Costabel consideró que "corresponde revocar la libertad condicional concedida a quien se encuentra detenido en el marco de otro proceso, pues dicha circunstancia impide al encartado cumplir con las condiciones que prevé el art. 13 del Código Penal a efectos de lograr su reinserción social".

Ocurrió durante la víspera, en Alem y Bv. Centenario donde, tras un operativo cerrojo, interceptaron a dos hombres y una mujer que se conducían en un utilitario y escapaban de la policía cordobesa, luego de que perpetrarían un ilícito en una financiera de la ciudad de Marcos Juárez (provincia de Córdoba).

Agentes del Comando Radioeléctrico de Cañada de Gómez, dependiente de la Unidad Regional X, Depto. Iriondo, lograron la aprehensión de dos sujetos de 32 y 21 años y una femenina de 36 años, además de secuestrar una pistola calibre 38, municiones, dinero moneda nacional y extranjera, celulares y demás objetos presuntamente mal habidos mediante el uso de arma de fuego, desde una entidad crediticia marcosjuarense.

Los dos hombres y la mujer fueron interceptados cuando huían en un utilitario.

Alertados de la novedad por la Central de Emergencias 911, los uniformados realizaron un rápido despliegue y, con los datos recabados, pudieron divisar e interceptar a los presuntos delincuentes, quienes eran perseguidos por efectivos de la Policía de Córdoba.

Tras ser aprehendidos, incautaron desde las pertenencias de los malogrados fugitivos el citado armamento, una importante suma de dinero en efectivo discriminados en pesos, dólares americanos y euros, dispositivos telefónicos, entre otros elementos, además del rodado donde circulaban.

Finalmente, una vez comunicado lo actuado al órgano judicial competente, trasladaron el procedimiento hasta la dependencia policial correspondiente donde labraron el acta procesal de rigor.