Este lunes comenzó la primera etapa del sorteo mensual número 20 del programa Créditos Nido, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe junto al Banco Municipal. La iniciativa ofrece líneas de financiamiento hipotecario con una de las tasas de interés más bajas del país y busca facilitar el acceso a la vivienda para familias santafesinas.

La jornada inicial del sorteo se llevó a cabo en la sede de la Lotería de Santa Fe, en la ciudad capital, y permitió conocer los resultados correspondientes a los inscriptos de Rosario y del departamento La Capital. El proceso se completará este martes con el sorteo de los participantes de los 17 departamentos restantes de la provincia.

En esta edición se ponen en juego 300 créditos hipotecarios y participan más de 46.000 santafesinos. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial del programa: www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios 

Durante la actividad, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, destacó la consolidación de la herramienta asegurando que “se trata de una política de acceso a la vivienda del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, mes a mes, incrementa la cantidad de inscriptos. Esto demuestra la relevancia que han adquirido los Créditos Nido dentro del sistema financiero argentino”.

El funcionario también recordó que permanece abierta la convocatoria de reinscripción hasta el 30 de abril. El trámite no condiciona la participación en los sorteos, pero permite actualizar la información de las familias inscriptas y agilizar los procesos administrativos para el otorgamiento de los créditos.

Quienes deseen postularse para los próximos sorteos pueden realizar el trámite en el sitio oficial del programa.

Desde su implementación, el programa Créditos Nido se consolidó como una de las principales políticas provinciales para facilitar el acceso a la vivienda. Hasta el momento, el Gobierno de Santa Fe ya otorgó de manera ininterrumpida financiamiento por más de 35.000 millones de pesos.

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes en Expoagro -la exposición que se realiza hasta el 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás- un amplio esquema de financiamiento productivo destinado a impulsar inversiones y ampliar la capacidad de las empresas. El paquete crediticio alcanza los $ 197.000 millones y reúne más de 20 líneas de crédito con tasas bonificadas por la Provincia.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de la banca privada al programa de financiamiento, que hasta ahora estaba integrado exclusivamente por bancos públicos. De esta manera, entidades privadas se suman a los tradicionales créditos ofrecidos por los bancos Nación, Santa Fe y Municipal de Rosario.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el alcance del programa y el rol de la Provincia en la promoción de inversiones. “Venimos nuevamente a jugar de local en esta gran feria del campo argentino. Por primera vez tenemos ocho bancos ofreciendo líneas de crédito que suman casi $ 197.000 millones, con tasas a las que la provincia les bonifica 10 puntos”, afirmó.

Entre las entidades estatales, el Banco Municipal de Rosario pone a disposición $ 25.000 millones para MiPyMEs de distintos sectores económicos. El esquema incluye líneas para descuento de documentos, capital de trabajo, inversión productiva, turismo regional y eficiencia energética, con plazos de hasta 36 meses y períodos de gracia de hasta un año. En la mayoría de los casos la provincia bonifica 10 puntos porcentuales de la tasa anual, y en algunas líneas específicas -como turismo y eficiencia energética- la bonificación alcanza los 20 puntos.

El Banco de Santa Fe, por su parte, ofrece financiamiento por $ 73.000 millones destinado tanto a MiPyMEs como a productores agropecuarios. Las líneas incluyen capital de trabajo, inversión productiva, leasing sustentable, riego, maquinaria agrícola, equipamiento tecnológico y herramientas para el sector agroindustrial.

En el caso de la maquinaria agrícola, el banco dispone de dos líneas de $ 10.000 millones cada una: una para equipos de origen nacional y otra destinada específicamente a maquinaria fabricada en Santa Fe. Los créditos pueden alcanzar hasta $ 1.000 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de 10 puntos.

El Banco Nación completa la oferta de la banca pública con $ 60.000 millones a través de su línea de Inversión Productiva, destinada a MiPyMEs de todos los sectores económicos. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 300 millones por empresa, con plazos de hasta 36 meses y una bonificación provincial de tres puntos porcentuales.

La principal novedad de este año es la participación de entidades financieras privadas, que se suman al esquema de financiamiento productivo.

El Banco Credicoop dispone de $ 6.000 millones para MiPyMEs, distribuidos entre capital de trabajo e inversión productiva, con bonificación provincial de 10 puntos y plazos de hasta 36 meses.

El Banco Coinag ofrece un esquema similar con otros $ 6.000 millones para capital de trabajo e inversión, también con una bonificación de 10 puntos en la tasa.

En tanto, los bancos Comafi y Bica ponen a disposición líneas por $ 2.000 millones cada uno, igualmente destinadas a capital de trabajo e inversión productiva para pequeñas y medianas empresas.

En todos los casos, los interesados pueden iniciar los trámites directamente en las sucursales de las entidades financieras participantes.

El esquema se completa con herramientas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que destinará $ 22.000 millones a proyectos productivos en la provincia. Los fondos se distribuirán en tres líneas: una para inversiones en tecnología y mejora de procesos productivos; otra orientada a proyectos liderados por mujeres y a iniciativas vinculadas con el uso eficiente del agua y la energía; y una tercera destinada a programas provinciales con impacto económico, social y ambiental.

Además, la provincia articula financiamiento específico a través de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo, con programas sectoriales que movilizan más de $ 3.200 millones. Estos créditos están dirigidos a sectores productivos estratégicos como horticultura, frutilla, arroz, industria textil y sistemas de videovigilancia.

Las tasas de estos programas se fijan al momento del otorgamiento del crédito y equivalen aproximadamente a la mitad de la tasa activa del Banco Nación más dos puntos. Los préstamos promedian el 20 % anual, con plazos de hasta 36 meses y seis meses de gracia.

(Por Mauro Muñoz) - La Libertad Avanza impulsa la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado antes de fin de año, buscando evitar que el proyecto de «ley de leyes» regrese a la Cámara de Diputados. Para alcanzar este objetivo, el oficialismo resignó el polémico capítulo 11, cuya readecuación se realizará por vía administrativa. Sin embargo, el peronismo y bloques federales centran su atención en el artículo 30, el cual prevé recortes en las metas de inversión para educación, ciencia y defensa.

El Gobierno nacional acelera las gestiones para lograr la sanción de la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2026 antes de que finalice el año. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado de la Nación para el viernes 26 de diciembre a las 12 horas, priorizando el tratamiento del proyecto de ley presupuestaria y, en segundo término, la denominada Ley de «Inocencia Fiscal». Esta convocatoria se da tras la emisión de los despachos de comisión y la reunión de Labor Parlamentaria, evidenciando la urgencia del Poder Ejecutivo para cerrar el ciclo legislativo con una de sus herramientas de gestión más importantes aprobada.

En Casa Rosada, la estrategia es clara: evitar cualquier modificación al texto proveniente de la Cámara de Diputados. El oficialismo ha decidido resignar una potencial «revancha» por el Capítulo 11 del proyecto, que había sido rechazado en la votación en particular en Diputados. Dicho capítulo contenía el artículo 75, que proponía la derogación de leyes clave como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad, además de incidir en ítems sensibles como los subsidios energéticos, la actualización de asignaciones familiares, la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los fondos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La premura radica en el calendario legislativo: cualquier alteración en la Cámara Alta obligaría al proyecto a regresar a Diputados, dejando al oficialismo sin margen de tiempo en los dos días hábiles restantes del año para una nueva discusión y sanción. El objetivo es mostrar rápidamente a los mercados un aval del Congreso a la hoja de ruta económica, aun cuando el presidente Javier Milei y su Gabinete ya han ratificado que reasignarán partidas presupuestarias por vía administrativa para alcanzar el objetivo de déficit cero.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se manifestó este martes a favor de la aprobación del presupuesto tal como fue girado, calificándolo como «un gran paso». En diálogo con El Observador, Santilli remarcó que la eventual sanción le otorgará «previsibilidad y ordenamiento a Argentina», siendo el primero en los tres años de gestión libertaria. El presidente Javier Milei ha sostenido públicamente que no vetará la Ley de Presupuesto si el Senado la aprueba sin modificaciones. El mandatario insistió en el «déficit cero» como «mantra libertario», asegurando que «vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos, corrigiendo por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas». Santilli complementó esta visión, explicando que el presupuesto se compone en un «85% de jubilaciones, AUH, salud, educación, discapacidad», lo que deja un «margen fino de maniobra para tener el presupuesto equilibrado». Además, afirmó que el proyecto contempla incrementos por encima de la inflación en «temáticas centrales» como educación, discapacidad y salud.

Para lograr el quórum y los votos necesarios, el oficialismo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones, evalúa cuidadosamente la composición de fuerzas en la Cámara Alta. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 19 senadores, incluyendo a Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde. A ellos se suma Luis Juez, quien recientemente dejó el PRO. Las alianzas con los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y los 3 del PRO son consideradas una base sólida. En la búsqueda de acuerdos, se contemplan legisladores provinciales como el correntino «Camau» Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia), Julieta Corroza (Neuquén), la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La oposición, en tanto, ha focalizado su discusión en el artículo 30 del proyecto. Este artículo plantea la derogación de diversas normativas que afectan el financiamiento educativo, científico y de defensa. Entre ellas, se menciona el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, los artículos 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el artículo 52 de Educación Técnico Profesional, y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa. Desde el bloque peronista, liderado por el senador José Mayans, ya se adelantó la intención de buscar reformas para revertir lo que consideran un retroceso en materia educativa. En este contexto, se llevó a cabo una reunión en el Congreso entre senadores y diputados de la oposición con estudiantes, para articular el rechazo al mencionado artículo. Participaron por el Senado Jorge Capitanich, Carlos Linares y Mariano Recalde, y por Diputados Julia Strada, junto al exdirector del INET Gerardo Marchesini y alumnos de escuelas técnicas y agrotécnicas.

El frente opositor no presenta una postura monolítica. El bloque Convicción Federal había dejado trascender la posibilidad de votar afirmativamente el Presupuesto, generando una fisura en la unidad. Sin embargo, este miércoles el escenario se tornó más incierto con la declaración del senador puntano Fernando Salino, quien advirtió sobre una posible división en la bancada. «Creo que la Argentina necesita Presupuesto, en el bloque Convicción Federal estamos viendo la posición de cada uno de los cinco, cada uno representa a provincias distintas», sostuvo el jefe del bloque, integrado también por Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Salino fue categórico sobre su voto individual: «Yo voy a votar en contra del Presupuesto». En declaraciones radiales, anticipó que «seguramente no tendremos una posición uniforme» y criticó el trámite exprés del proyecto, señalando que «en la Comisión de Presupuesto hubo un atropello, esperábamos un tratamiento mucho más profundo y equitativo. Nuestras preguntas no han sido del todo respondidas». El senador puntano también lamentó que el oficialismo «no terminó de resolver las diferencias que tiene» en torno al Capítulo XI caído en Diputados, advirtiendo que si el Ejecutivo presiona para reponerlo, «se le va a dificultar», mientras que si se vota el texto sin cambios, «aparentemente los votos están». Salino se plantó firmemente contra el artículo 30, argumentando su trayectoria como «ministro de Educación de San Luis» y «rector de la Universidad de la Punta«, lo que le impide aprobar la medida. Finalmente, consideró un «error garrafal» del Ejecutivo el «tendría que tener otro diálogo con los legisladores», recordando que «en definitiva somos quienes tenemos que votar».

"Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la Provincia". Lo dijo desde Nueva York el ministro de Economía, Pablo Olivares, al referirse al financiamiento internacional que obtuvo la provincia por US$ 800 millones.

Adriano Mandolesi, Secretario de Finanzas; Pablo Gorbán, Secretario de Política Económica; Pablo Domingo, Subsecretario de Planificación Financiera y Pablo Rangel, Secretario Legal y Técnico del Ministerio, acompañaron al ministro en una gestión de una "transacción tensionada".

La comitiva siguió el desarrollo de las ofertas en la sede del Banco Santander en Wall Street, donde se sumaron ejecutivos de JP Morgan. Se recibieron propuestas por hasta US$ 1800 millones después de reuniones con más de 30 fondos de inversión de EEUU, Inglaterra, Dubai y Alemania. Hubo unos 120 inversores mediante plataforma virtual.

"Nos ayudó mucho haber venido con una oferta alta de inversores locales argentinos", señaló el ministro a El Litoral. Del total presentado en la convocatoria santafesina, hubo US$ 350 millones por parte de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas del país.

Santa Fe recibió ofertas por más del doble del monto finalmente adjudicado. Foto: Fernando Nicola.

Si bien los montos y plazos fueron los mejores que se han obtenido este año por un gobierno subnacional argentino, la tasa del 8,1% quedó levemente por encima de las expectativas, por lo que aún incide la "macro" argentina a pesar de la estabilización.

Para los operadores provinciales, pujar más suponía riesgo para toda la operación, lo que hubiese implicado un "costo reputacional" que para Santa Fe es muy importante. Junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los únicos distritos argentinos que no "reperfilaron" deuda.

Los pagos de los cupones por los intereses se realizarán en cuotas semestrales; los vencimientos de capital arrancan en 2031 para reiterarse anualmente hasta el 2034.

El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la Provincia. Pero aún no se conocen los detalles.

"Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe", señaló, destacando el carácter estratégico de la operación para acompañar el crecimiento sostenido del aparato productivo.

Entre los "destinos prioritarios" de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además -señala el parte oficial, sin mayores detalles- se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario.

Santa Fe logró financiamiento en Wall Street por US$ 800 millones. Foto: Reuters

"La operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables", destacó Olivares, que encabezó la misión que cerró la operación este jueves en Wall Street.

La provincia llegó a esta instancia con superávit fiscal en sus cuentas hasta agosto y con una deuda total que representaba hasta aquí menos del 7% de los recursos de un solo año, cuyo servicio no compromete más del 1,5% en el período.

El bono SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, volvió a posicionar a la Provincia "entre los distritos con mayor credibilidad del país", destacó el ministro.

"Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia", remarcó. Y destacó que "los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo".

Para Olivares, lo ocurrido en Wall Street este jueves con Santa Fe "es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales".

Como punto de referencia, se puede mencionar que después de las elecciones del 26 de octubre, YPF colocó deuda por US$ 500 millones de obligaciones negociables en dólares, con tasa fija de 8,75 % anual, y vencimiento en 2031, mientras que Techint emitió en dólares unos US$ 750 millones a tasa fija de 7,625 % anual, con vencimiento en 2030.

Santa Fe es el tercer distrito subnacional en colocar deuda este año. Antes lo hicieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (US$ 600 millones al 7,8 % por 6 años) y Córdoba (US$ 725 millones al 9,75 % con vencimiento en 2032).

El bono SF34 se emitió a una tasa de 8,10 % y con un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras el trabajo técnico y político desplegado en misiones internacionales, en las que la Provincia presentó sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su trayectoria de cumplimiento.

En la visión oficial, la emisión consolida a Santa Fe como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un uso del endeudamiento centrado en inversiones productivas y de infraestructura.

Con esta operación, el Gobierno Provincial refuerza su estrategia de financiar obras que expanden la capacidad económica del territorio y acompañan el crecimiento de los sectores productivos, al tiempo que preserva el equilibrio fiscal y mantiene un nivel de deuda sostenible y transparente.

La Federación Argentina de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció una jornada de protesta de 72 horas que comenzará este miércoles 12 de noviembre con un paro nacional sin actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales de la UTN y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.

La medida continuará el jueves 13 y viernes 14 con clases públicas, abrazos simbólicos, asambleas y acciones de visibilización en todo el país, en el marco de lo que el gremio define como una "protesta activa" frente al deterioro presupuestario del sistema universitario.

“Seguimos insistiendo por salarios dignos e inversión universitaria. El Gobierno se equivoca si piensa que en las elecciones la ciudadanía le dio un cheque en blanco para hacer lo que quiera”, expresó el secretario general de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi.

Desde el gremio informaron que esta semana también enviarán una Carta Documento al Poder Ejecutivo para exigir la inmediata convocatoria a paritarias, ante la falta de respuesta oficial.

Mozzi advirtió que las políticas de “ajuste terminal” están provocando que muchos docentes decidan migrar al sector privado en busca de mejores condiciones laborales y salariales.

“El Gobierno tiene una mirada reduccionista y cortoplacista. Cualquier país que tenga una mirada estratégica y de futuro debe invertir en sus universidades”, remarcó el dirigente.

Por último, desde FAGDUT manifestaron su preocupación por el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo nacional, al considerar que “lejos de ser una modernización, será un avasallamiento contra los derechos de los trabajadores”.

Mozzi destacó además que “el sentimiento identitario de la sociedad a favor de la universidad pública sigue intacto”, y recordó que “esto se demostró con las tres marchas federales que se llevaron adelante en defensa de la educación pública y gratuita”.

El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), una norma que busca asegurar la continuidad del sistema universitario público, garantizar la actualización presupuestaria y establecer un mecanismo de recomposición salarial para los trabajadores del sector.

La sanción se dio luego de que el Senado confirmara por dos tercios la decisión de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional, y enviara la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La ley tiene como objetivo central “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

Entre sus puntos más destacados, establece la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de definir partidas presupuestarias específicas dentro del programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, para fortalecer la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

El texto promueve una mirada integral del sistema universitario: desde el acceso y la permanencia del estudiantado, hasta la mejora de las condiciones laborales del personal docente y no docente.

También impulsa la expansión de la oferta académica en función de las necesidades del desarrollo regional y nacional, y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y las comunidades locales.

En este sentido, la norma prevé que el Estado nacional deberá destinar recursos para consolidar las distintas funciones universitarias —docencia, investigación y extensión—, mejorar la infraestructura y equipamiento, promover la formación continua del personal, y asegurar programas de bienestar estudiantil y becas para los sectores sociales más desfavorecidos.

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 27.795 es la recomposición presupuestaria para el año 2024 y la actualización bimestral automática durante 2025. Según lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá ajustar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Esta actualización se aplicará a las actividades vinculadas al funcionamiento universitario, los hospitales universitarios, la ciencia y la técnica, y la extensión.

A la par, la ley dispone la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción, en un porcentaje no inferior al índice de inflación del mismo período. Dicho aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y tendrá efecto a partir del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Además, el Ejecutivo estará obligado a convocar a la paritaria nacional universitaria dentro del mes siguiente a la sanción, con reuniones periódicas que no podrán espaciarse más de tres meses. En cada tramo de negociación, los incrementos salariales deberán garantizar una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC.

Este mecanismo busca recomponer los ingresos del personal universitario frente al deterioro provocado por la inflación y asegurar un esquema de actualización continua que brinde previsibilidad al sector.

Otro eje de la ley es la recomposición de los programas de becas —como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería— según la variación del IPC desde diciembre de 2023. También se establece un incremento progresivo del número de beneficiarios, en función del crecimiento de la matrícula de las instituciones públicas.

De esta forma, el Estado deberá garantizar que las becas acompañen el costo de vida y permitan sostener el acceso a la educación superior gratuita.

En materia científica, la ley obliga al Poder Ejecutivo a destinar una partida especial durante el año en curso para regularizar los ingresos a la carrera de investigador y otorgar becas tanto a ingresantes como a investigadores posdoctorales.

Este punto apunta a evitar la paralización de los programas de investigación en las universidades públicas y fortalecer el vínculo con el sistema científico nacional.

Por otro lado, se incorpora la realización de auditorías externas al sistema universitario a través de la Auditoría General de la Nación, que deberá controlar la gestión administrativa y remitir los informes al Congreso. El propósito de esta medida es reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos y asegurar un seguimiento efectivo del cumplimiento de la ley.

En su artículo 9°, la norma establece que la financiación de estas medidas no afectará la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional destinados a las provincias. En cambio, el Poder Ejecutivo podrá utilizar incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios.

Este detalle fue clave para destrabar el consenso político en el Congreso, al evitar que el financiamiento universitario compita con los recursos provinciales. La ley, por lo tanto, define una vía específica de actualización presupuestaria que no impacta en el reparto de fondos entre Nación y provincias.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó el jueves dos acuerdos de financiamiento internacional por un total de 83 millones de dólares, destinados a proyectos estratégicos de eficiencia energética en edificios públicos y obras de defensa hídrica en la ciudad de San Javier.

Las gestiones fueron encabezadas por el Ministerio de Economía provincial, en articulación con organismos multilaterales de crédito.

“Este logro de financiamiento es resultado de una constante gestión de recursos para la concreción de inversiones que realiza el Gobierno Provincial. En ese marco, el equipo económico se encuentra abocado a la gestión de financiamiento en el mercado de capitales”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Por un lado, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aprobó un préstamo por 50 millones de euros (equivalentes a unos 58 millones de dólares) para ejecutar un ambicioso plan de reducción del consumo energético en hospitales, escuelas y aeropuertos. La iniciativa prevé una disminución del 40 % en el consumo energético de los edificios intervenidos, mediante reformas de infraestructura, instalación de tecnología de bajo consumo y adecuación climática.

Entre los inmuebles incluidos se encuentran los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario, los hospitales José María Cullen de Santa Fe y Centenario de Rosario, así como más de 20 escuelas distribuidas en todo el territorio provincial.

El proyecto contempla además acciones de fortalecimiento institucional para la promoción de la eficiencia energética y la resiliencia climática en los servicios públicos.“El objetivo es optimizar el uso de los recursos, reducir el gasto en energía y mejorar el acceso a servicios públicos en espacios renovados, eficientes y más preparados para afrontar eventos climáticos extremos”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

En simultáneo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) aprobó un préstamo de 25 millones de dólares para garantizar la continuidad y finalización de la obra de defensa hídrica en San Javier.

La intervención apunta a mitigar el riesgo de inundaciones y estabilizar las barrancas de la zona este de esa ciudad costera, históricamente expuesta a emergencias por crecidas del río.

La obra había comenzado con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, respaldado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero sufrió una interrupción en julio de 2024 tras el corte de transferencias por parte del Gobierno Nacional, pese a estar los fondos previamente aprobados. Desde entonces, la Provincia decidió continuar los trabajos con recursos propios mientras gestionaba alternativas de financiamiento internacional.

Ambas operaciones son parte de las acciones emprendidas por el Ejecutivo santafesino en la búsqueda de recursos externos para el desarrollo de infraestructura estratégica, en un contexto de restricción nacional de transferencias y caída de inversiones públicas.Desde la cartera económica subrayaron que estas operaciones no solo representan una inyección clave para proyectos concretos, sino también el reconocimiento internacional a la solidez institucional y financiera de la provincia, que mantiene cuentas equilibradas y un riguroso cumplimiento de sus compromisos.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo no estatal que nuclea a las casas de altos estudios de todo el país, manifestó su "profunda preocupación por la parálisis casi total" de todos los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y "la ausencia de una política para la ciencia, la innovación y el desarrollo del país".

En un documento difundido en los últimos días, el CIN alerta, en definitiva, "sobre la grave situación del sistema científico del país".

El pronunciamiento va en línea con un documento reciente suscripto por más de 150 integrantes de la Junta de Calificación y Promoción del Conicet, donde piden el cumplimiento de la ley 27.614 de financiamiento del sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y, a los planteos realizados por referentes de todo el país en la última reunión de comisión de la Cámara de Diputados.

"En Argentina, más del 70 % de la producción científica se origina en el sistema universitario nacional y la totalidad de la formación doctoral de nuestros profesionales está a cargo de nuestras instituciones, que además contribuyen a financiar la mayoría de sus trabajos de investigación. Esta realidad posiciona a las universidades no solo como espacios de enseñanza, sino como motores fundamentales de la innovación, el desarrollo tecnológico y el avance del conocimiento", explican las universidades.

En ese contexto, realizan un punteo sobre las medidas que confirman "el desfinanciamiento de la ciencia":

"La crisis del sistema científico es grave y profunda. La falta de recursos para la investigación no solo limita la capacidad de las universidades para generar avances científicos, sino que, también, debilita la formación profesional. Laboratorios desactualizados, menos becas para jóvenes investigadoras e investigadores y la fuga de talentos son algunas de las consecuencias inmediatas de este recorte en el financiamiento" advierten las universidades, en coincidencia con los conceptos vertidos en distintos medios por otros referentes de ese ámbito. "A largo plazo, esto repercute en la capacidad del país para competir internacionalmente, desarrollar tecnología propia y responder a desafíos globales con soluciones innovadoras".

"Recortar el apoyo a la ciencia es condenar a la nación a la dependencia tecnológica y a la pérdida de talento humano", sostiene el CIN, en tanto advierte que "lejos de impulsar un plan estratégico para el desarrollo del país, la gestión actual parece enfocada en desacreditar el trabajo de personas científicas y académicas a través de campañas mediáticas, ignorando el impacto directo que esto tiene en la formación profesional, la fuga de cerebros, la innovación tecnológica y el crecimiento económico".

Por primera vez en Argentina, una empresa del sector ganadero emitió un warrant sobre sus animales. Fue el establecimiento lechero Milkynet SA, ubicada en Tacural, el que logró concretar este histórico avance. A través de este mecanismo, la firma accedió a un crédito de 314 millones de pesos a 5 años de plazo en UVA, gracias a la reciente modificación de la Ley N° 9.643, que flexibilizó el marco regulatorio para incluir productos ganaderos en este tipo de operaciones financieras.

Milkynet, que se autodenomina "el primer tambo 4.0 de Argentina", tiene sus instalaciones en un predio de 20 hectáreas, ubicado a la altura del Km 275 de la Ruta Nacional 34. La empresa combina tecnología de vanguardia, robótica y genética aplicada, con un sistema estabulado que garantiza el máximo confort animal, lo que la coloca como un referente en innovación dentro de la producción lechera. Este esquema eficiente y tecnificado fue clave para que la firma pudiera utilizar su ganado como garantía para obtener el financiamiento.

El warrant emitido por Pampa Negocios y Garantías SA asegura un total de 200 vacas del tambo bajo un sistema de "existencia de vida". Esta tecnología, basada en Silo Real y DeLaval VMS, permite un monitoreo continuo (24/7) de cada animal, que cuenta con un identificador vinculado al registro del Senasa, asegurando trazabilidad y origen. La operación también está respaldada por Seguros Sura SA, que garantiza la seguridad del ganado involucrado.

El warrant es un título de crédito que permite a los dueños de una mercadería, en este caso ganado, utilizarla como garantía de un préstamo. De esta manera, funciona como una herramienta financiera simple y accesible, que ofrece al acreedor una garantía real sobre el crédito otorgado. Este mecanismo, previamente limitado a productos agrícolas o forestales, fue ampliado con los decretos 70/2023 y 640/2024 emitidos por el Gobierno nacional, permitiendo que también se utilicen productos ganaderos para acceder a financiamiento.

La implementación del warrant en la ganadería no solo ofrece más flexibilidad a los productores, sino que también garantiza una mayor trazabilidad y seguridad en las operaciones. En el caso de Milkynet SA, la innovación tecnológica aplicada a su modelo productivo fue clave para aprovechar esta nueva herramienta financiera. La empresa ha logrado combinar tecnología avanzada con genética aplicada, creando un modelo de producción lechera altamente eficiente y tecnificado que ya está siendo replicado por otras empresas del sector.

La emisión del warrant ganadero también refleja un contexto de modernización en las políticas de financiamiento del sector agropecuario. La decisión del Gobierno de flexibilizar el marco legal para incluir al ganado en este tipo de operaciones responde a la necesidad de ofrecer herramientas de crédito más accesibles para los productores. En este sentido, la operación de Milkynet SA no solo es pionera, sino que sienta un precedente importante para futuras emisiones en el sector.

La utilización de herramientas como el warrant ganadero, ahora posible gracias a los decretos 70/2023 y 640/2024, se proyecta como una de las soluciones más viables para que empresas del rubro accedan a financiamiento sin necesidad de depender exclusivamente de productos agrícolas o forestales. El caso de Milkynet SA es el mejor ejemplo de cómo la innovación, combinada con un marco regulatorio adecuado, puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el sector agropecuario en Argentina.

(Por Mariela Goy) - El ministro de Educación de la provincia, José Goity, indicó que si bien acuerda con las demandas de financiamiento nacional y defensa de las universidades que llevan a un paro y marcha federal del próximo 2 de octubre, sostuvo categóricamente que "la prioridad son las clases" en la provincia. "Así que primero vamos a dar clases, y luego vamos a acompañar los reclamos que creemos que son justos", consideró.

Como se recordará, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) anunció una medida de fuerza para el próximo miércoles, en reclamo al gobierno por las políticas en educación y para sumar su apoyo a la marcha federal universitaria prevista por rectores, estudiantes y docentes. A la medida se adhiere el gremio de base en la provincia (Amsafe) por lo que ese día habrá paro de la docencia pública santafesina.

Consultado al respecto, el titular de la cartera educativa de Santa Fe, remarcó: "Nosotros tenemos una prioridad, lo dijimos desde el primer día, y son las clases. Todo lo demás es importante, no decimos que no lo sea. Pero la prioridad es que haya clases y que los chicos estén en la escuela".

"Si nosotros tenemos una comunidad educativa tan potente como esta, tenemos un edificio tan hermoso como este, y después empezamos a discontinuar el dictado de clases por causas justas muchas veces; pero, en definitiva, no hay nada más justo ni más importante que las clases", reiteró Goity este viernes, en el marco de la inauguración del nuevo edificio para la Escuela Nº 16 de Rincón.

De igual manera, aseguró que "nosotros acordamos con las demandas que se hacen el 2 de octubre. Acordamos con el financiamiento -estamos poniendo mucho financiamiento también-, acordamos que las universidades son un pilar fundamental en el sistema educativo. Ahora bien, vamos a acompañar desde las aulas. Primero, vamos a dar clases, y luego vamos a acompañar también los reclamos porque creemos que son justos".

Ante la consulta de si se prevén recuperar días de clases que se perdieron por los paros, Goity indicó: "Nosotros siempre buscamos ampliar los conocimientos. Cada una de las acciones que hacemos para ganar horas de clase y contenidos. Entonces, no solamente vamos a recuperar días, sino que vamos a recuperar horas y aprendizajes".

"Estamos planteando un dispositivo de intensificación posterior al 13 de diciembre -amplió el ministro-, para que aquellos chicos que necesitan seguir en el aula, estén. Ante la pregunta concreta, vamos a incorporar días, pero sobre todo vamos a incorporar contenidos, acompañamiento y horas de aprendizaje".

También indicó que "las últimas medidas de fuerza tuvieron un acatamiento muy bajo, por lo tanto tendremos que trabajar sobre aquellos chicos que no tuvieron suerte de tener clases esos días. Planteamos muchas veces que la educación es muy diversa, que los chicos aprenden a distintos ritmos. Por eso también tenemos que tener abordaje y estrategia de recuperación de días y aprendizajes de manera diversa, de acuerdo a cuántas clases tuvieron y cuáles son las características de los chicos".

El presidente Javier Milei adelantó que aplicará un "veto total" a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en las últimas horas por el Senado de la Nación.

A través de un mensaje en redes sociales, el jefe de Estado dio a conocer que rechazará la norma, del mismo modo que lo había hecho con la ley que incrementa las jubilaciones mínimas.

"Veto total", respondió el presidente a un posteo en X que había hecho el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

Ese funcionario había manifestado que la "última palabra" respecto de la suerte de esa medida la tenía Milei.

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales, y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, e incluye un incremento para los docentes y no docentes.

El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el "superávit fiscal".

De concretarse el veto presidencial, las casas de altos estudios se quedarían sin los $738.595 millones en materia presupuestaria que prevé la norma sancionada por el Congreso.

En el marco de la misión institucional a Europa para buscar financiamiento externo para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, este viernes la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo de la Provincia, Gonzalo Saglione, mantuvieron un encuentro de trabajo con representantes del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en Luxemburgo.

Al respecto, Olivares precisó que el BEI “es el banco de la Unión Europea, para la financiación de proyectos, y en los últimos años destinó 15.000 millones de euros a otros países. A partir de que la Agencia Francesa para el Desarrollo calificó a Santa Fe y le otorgó un préstamo, marcó el interés del staff técnico del BEI en conocer las particularidades de la provincia y se mostraron interesados en recepcionar proyectos de inversión”.

Luego del encuentro con el responsable del BEI para Argentina, Juan Gorriño; y la jefa de División Sector Público para América Latina y el Caribe, Kristin Lang, el ministro de Economía señaló que “la reunión nos permitió conocer cuáles son las líneas que hoy está priorizando el BEI, que refieren principalmente a proyectos vinculados a energías renovables, a energías limpias”.

Por último, Olivares indicó que representantes del BEI encabezarán “en septiembre, una misión en Argentina y acordamos mantener reuniones técnicas con funcionarios de la provincia de Santa Fe”.

La misión institucional, financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzó en Viena con el encuentro de trabajo con funcionarios del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional (OFID), que ha financiado proyectos de infraestructura en la provincia de Santa Fe, desde hace una década, como los acueductos Reconquista y Desvío Arijón.

Durante ese encuentro, se realizó un seguimiento de la operatoria en vigencia que incluye el financiamiento por parte del organismo del ramal de Acueducto hacia la ciudad de San Vicente, de reciente licitación; dialogaron sobre la posibilidad de que el Fondo de la OPEP pueda integrarse al financiamiento de los próximos tramos del Acueducto Biprovincial, el cual suministrará agua potable a más de 30 localidades santafesinas y a la provincia de Córdoba; y la posibilidad de presentar otros proyectos de infraestructura como parte de futuras operatorias de financiamiento.

Posteriormente, las autoridades provinciales se reunieron con funcionarios del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para analizar la posibilidad de trabajar en una agenda que identifique oportunidades de cooperación y financiamiento.Asimismo, mantuvieron reuniones bilaterales con funcionarios del Fondo Saudí para el Desarrollo y del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe. 

Con el primer organismo se realizó un seguimiento del financiamiento de los Bloques B y C del Acueducto Biprovincial, y se remarcó la expectativa de que el Gobierno Nacional suscriba en breve el aval de garantía, paso necesario para que el préstamo del organismo se torne operativo; y con el Fondo de Kuwait se abordó el avance de la ejecución del Bloque A de la obra. Además, se les presentaron proyectos de inversión en infraestructura vial, que se podrían incluir posibles futuras operatorias de financiamiento.

En tanto, este miércoles y jueves en París, la comitiva santafesina mantuvo reuniones de trabajo con funcionarios del Departamento de Estudios Económicos de la  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y les expresaron la voluntad de la provincia de acompañar el proceso que se encuentra transitando la República Argentina para lograr el estatus de “país OCDE”, lo que redundaría en atracción de inversiones y financiamiento, en este último caso mejorando el acceso y reduciendo el costo.

Luego, se reunieron con autoridades de la Agencia Francesa para el Desarrollo para realizar un seguimiento de la marcha de la operatoria del proyecto financiado mediante el convenio de préstamo, destinado a inversión para la preservación de la biodiversidad de la provincia, y evaluaron la posibilidad de incluir a Santa Fe en programas de cooperación técnica y financiamiento para iniciativas de eficiencia energética.

El Gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Desarrollo Productivo, desplegará todo su potencial en una nueva edición de Agroactiva, que tendrá lugar en Armstrong del 5 al 8 de junio. En una ambiciosa propuesta que integra exposiciones, lanzamientos, presentaciones, ofertas culturales, rondas de negocios y capacitaciones, Santa Fe redobla la apuesta y exhibe toda la producción regional durante 4 días en un sólo lugar: “Agroactiva es el gran evento del campo de nuestra provincia. Es un orgullo y una marca de nuestra identidad que se afianza año a año. En esta oportunidad vamos a llevar a 130 firmas vinculadas a la innovación, el agro y la industria. Pero además vamos a presentar una nutrida agenda de actividades: capacitaciones, conversatorios, rondas de negocios, espectáculos culturales. También presentaremos una línea de financiamiento especial dentro de “Santa Fe Activa” y programas vinculados al comercio exterior con el objetivo de acompañar a nuestras firmas en los primeros pasos para la exportación. En el espacio de la provincia podrán encontrarse ofertas para emprendedores, empresarios, exportadores, estudiantes y público en general. Será un espacio que invite a la participación y en el que todos los santafesinos puedan sentirse representados. Queremos mostrar al país todo lo que somos capaces con innovación y empuje”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. La inauguración de la gran propuesta provincial será el miércoles 5, pero el acto de apertura oficial está previsto para el jueves 6.En total, la provincia contará con 14.000 metros cuadrados, distribuidos en 6 lotes, en los cuales se dispondrá una carpa institucional donde se promocionarán los programas provinciales; además se instalará una carpa para AgTech (firmas de tecnología para el agro), una carpa que albergará a firmas industriales y alimenticias, y cuatro lotes exteriores con empresas metalmecánicas y del rubro agropecuario. El espacio santafesino contará, además, con la presencia de la Secretaría de Turismo, que expondrá los atractivos provinciales. En el stand institucional se atenderán las inquietudes del público sobre el quehacer productivo provincial y los programas de Gobierno de Santa Fe. El espacio, además, contará con un auditorio, una sala de reuniones comerciales para rondas de negocios, un living y un lugar de paseo y encuentro, con bancos para descanso de los visitantes.

En cuanto a las rondas de negocios, contarán con la participación de empresas internacionales. Se confirmaron más de 170 encuentros con 12 compradores de 5 países, entre ellos, Bulgaria, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Los productos más demandados en las citas son bombas oleohidráulicas, cabezales maiceros, cosechadoras, pulverizadoras, cuchillas y elevadores de granos, entre otros. 

La Provincia también presentará una innovadora propuesta para generar negocios y atraer inversiones: “Santa Fe Business Forum” se plantea como una ronda de negocios inversa que convocará empresas del exterior de más de 30 destinos con el objetivo de generar encuentros comerciales con firmas locales. La propuesta incluye también seminarios informativos y capacitaciones; así como también sesiones de networking de negocios y matchmaking. “Santa Fe Business Forum es un proyecto grande y muy ambicioso con múltiples aristas, pero ante todo representa el compromiso de una gestión que va a fortalecer a Santa Fe como territorio de oportunidades, facilitando negocios y generando confianza para traccionar inversiones genuinas”, añadió Puccini.

El programa “Santa Fe Activa” llevará su batería de líneas de financiamiento para campo, industria, comercio, turismo, ciencia e innovación bajo un esquema de articulación con entidades financieras. Se presentarán 2 líneas con el Banco Nación por un monto total de 17 mil millones de pesos destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas. Una de las ofertas crediticias tendrá vigencia exclusivamente en Agroactiva. Desde provincia afirmaron que las tasas “prometen ser muy agresivas”.Con respecto a los tipo de líneas, explicaron que una de ellas está destinada a la compra de maquinaria agrícola de fabricación nacional, con un cupo bonificable por la provincia de 7 mil millones de pesos y por un plazo de 48 meses. El monto máximo por beneficiario será de 200 millones de pesos, con un subsidio de 7 puntos por parte del Gobierno provincial. Además se anunciará otra oportunidad financiera que tendrá 2 destinos posibles: inversiones y capital de trabajo, que podrá emplearse para cualquier eslabón de la cadena productiva. La línea de inversiones contemplará 5 mil millones de cupo bonificable, 36 meses de plazo y hasta 200 millones de pesos por beneficiario. En el caso de capital de trabajo, el cupo también será de 5 mil millones y el plazo de devolución, 18 meses. En ambos casos, la provincia subsidiará 7 puntos. Además, junto al Nuevo Banco de Santa Fe, se expondrá una financiación de 7 mil millones de pesos de cupo para maquinaria agrícola, con un descuento de 7 puntos; también aplicable exclusivamente en Agroactiva.Para completar la oferta, se relanzarán las líneas vigentes con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y se sumará una propuesta dirigida a las Agencias de Desarrollo. En cuanto a CFI, se trata de dos iniciativas: una para inversiones y otra con líneas especiales: porcina, avícola, transporte de carga, financiamiento verde y mujeres. Por su parte, el proyecto direccionado a las Agencias de Desarrollo prevé destinar mil millones de pesos para las cadenas de valor priorizadas en las 24 instituciones regionales de la provincia.Cabe recordar que Santa Fe Activa busca fortalecer y diversificar las fuentes de financiamiento disponibles para las diversas cadenas de valor presentes en el territorio provincial. El Programa procura facilitar el acceso a instrumentos crediticios mediante alianzas estratégicas con entidades financieras operativas en la región, con el fin de impulsar el desarrollo económico de manera efectiva.

Asimismo, durante los 4 días podrá encontrarse en la feria el dispositivo “Santa Fe acá” que ofrece asistencia ciudadana para trámites como el DNI, Pasaporte, Boleto Educativo y trámites vinculados a asesoría integral para empresas de alimentos por parte de ASSAL. Además estará el camión sanitario del Ministerio de Salud de la provincia donde se hará aplicación de vacunas, testeos rápidos y asesoría en prevención.

La provincia de Santa Fe expresa a través de sus pymes y micropymes una clara diversidad productiva extendida a lo largo y ancho de todo su territorio. Con el programa Santa Fe Expone, el gobierno provincial acompaña a estas empresas en eventos que se llevan a cabo en todo el país, brindándoles la oportunidad de exhibir sus productos en espacios proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Dentro del calendario de eventos y exposiciones del programa Santa Fe Expone, Agroactiva se constituye como una feria emblemática, que en su enorme despliegue representa todo el trabajo que se realiza a través de esta iniciativa. Agroactiva, que nació como una pequeña expresión local y con los años se constituyó en una referencia internacional, reúne a empresas, fábricas, importadores y distribuidores de bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario.Con 30 años de actividad ininterrumpida, Agroactiva se transformó en la exposición agropecuaria a cielo abierto más convocante de Argentina y la región, que supo ganarse el prestigio y el respeto de cada productor o contratista que la visitó, pero también de los empresarios que siente en ella el acompañamiento genuino en cada una de sus ediciones.

El gobernador Maximiliano Pullaro consideró que la movilización en defensa de la educación pública fue "muy fuerte", que constituyó un reclamo que no fue de un sector, sino "de toda la sociedad" y que espera que así lo valore el gobierno nacional. Y enfatizó que, más allá de auditorías para controlar la calidad del gasto, "entienda que la educación tiene que tener alto nivel de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando".

En diálogo con el periodismo luego de firmar convenios con municipios y comunas en el marco del plan Mil Aulas, el mandatario santafesino se reivindicó como "un hijo más de la educación pública de la República Argentina, y de hecho cuando era estudiante también marchaba defendiendo la educación pública cuando algún gobierno quería privatizarla. Creo que fue una muestra genuina de lo que representa para la argentinidad la educación pública, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de ascender socialmente, la posibilidad que tuvimos miles de personas porque la educación tuvo financiamiento".

Imagen de la masiva movilización en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

Por otra parte, ante la consulta de cómo piensa que el gobierno nacional recibirá este mensaje, se aseguró de dejar en claro que "ayer no marchó la comunidad educativa: marchó gran parte de la sociedad en su conjunto, entendiendo que la educación pública constituye un valor fundamental en la esencia y en la identidad nacional. Así que espero que el gobierno pueda reflexionar y que entienda que la educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando."

De la misma manera, no rechazó la posibilidad de que se lleven adelante auditorías "y que se pueda saber que no hay corrupción en la administración, y que los fondos se invierten de manera correcta y estratégica. Pero una cosa es auditar y tener en claro que la administración es eficiente y es eficaz, y otra cosa es que no pueda tener financiamiento. Yo creo que lo de ayer fue un mensaje muy fuerte de la sociedad en su conjunto en defensa de la educación, así de que creo que va a venir una reflexión inmediatamente".

El Banco de Desarrollo Fonplata aprobó un financiamiento por 200 millones de dólares para impulsar el Plan Alimentar, el cual se suma a otro de 400 millones de dólares aprobados por la CAF el mes pasado. De esta forma, se confirma el redireccionamiento de los préstamos de distintos organismos multilaterales a apoyar las políticas de ayudas sociales y seguridad alimentaria en la República Argentina, enmarcado en la priorización del apoyo social durante el programa de estabilización del Gobierno.

En el marco de la reunión de Directorio de Fonplata, se aprobó por unanimidad el financiamiento que serán destinados a complementar los recursos del Plan Alimentar, que apunta a facilitar el acceso a una canasta básica alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social.

Durante el encuentro, en el que participó en representación de Argentina el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Matías Mana, se aprobó el financiamiento que permitirá continuar fortaleciendo la ejecución del programa, que tiene impacto directo en más de 2,5 millones de beneficiarios directos.

El financiamiento al Plan se suma a los US$400 millones aprobados por CAF para este mismo programa en marzo de este año durante la Reunión de Directorio del organismo desarrollada en Punta Cana. Los beneficiarios están integrados por madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años, embarazadas a partir de los tres meses, personas con discapacidad y madres con 7 o más hijos que reciban una pensión no contributiva.

De esta manera, se contribuirá a asegurar condiciones básicas de alimentación de niños, niñas y adolescentes de contextos vulnerables y reduciendo la prevalencia de situaciones de inseguridad alimentaria. Fonplata es un Banco de Desarrollo conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.

Su objetivo es contribuir a reducir las disparidades socio- económicas y privilegiar la complementariedad y la sinergia de los esfuerzos de las instituciones de desarrollo nacional, así como de otras agencias de desarrollo, mediante proyectos de dimensión media y pequeña a ser ejecutados en espacios geográficos delimitados.

La Argentina y Paraguay acordaron avanza en un corto plazo en superar las diferencias derivadas por el cobro de la tasa establecida en el tramo del río Paraná entre Confluencia y el puerto de Santa Fe, en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Así lo acordaron en una reunión realizada en la sede de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE).

El encuentro, que fue convocado por la AGPSE, se hizo en su sede Dársena Norte del Puerto Buenos Aires, y contó con la presencia de directivos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), junto a la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) y la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (CATERPPA), así como de representantes gubernamentales de Argentina y Paraguay.

En ese sentido, con la visión compartida de mejorar las condiciones de navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la prerrogativa de los Estados de cobrar tasas retributivas por servicios efectivamente prestados, los participantes acordaron establecer bases para adecuar y optimizar los servicios requeridos a fin de mejorar la navegabilidad y su contraprestación correspondiente, a partir de un abordaje integral, que contemple otras herramientas disponibles que contribuyan al desarrollo, modernización y eficiencia de la navegación y transporte fluvial.

También se definió profundizar los mecanismos actuales de consultas entre usuarios privados y la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a través de una mesa de trabajo técnica que se reunirá con periodicidad.

Los avances de la reunión fueron informados a los demás representantes de los países que integran el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná con el fin de aportar mayores elementos para arribar a una solución del asunto.

Baja relevante del Riesgo País

A partir de la suba de los bonos en dólares, el riesgo país de la Argentina perforó hoy el piso de los 1.400 puntos, lo que mejora el perfil crediticio del país. El indicador elaborado por el JP Morgan se ubicó en los 1.367 puntos con los bonos subiendo un 1,5% en promedio, según la evolución de los Globales del canje en Wall Street.

Tanto los bonos Globales -con ley extranjera- como los Bonares -con ley local- experimentan un 2024 con alzas firmes de un 30% en promedio. En tanto, el riesgo país cae 56 unidades, a la cifra más baja desde el 18 de noviembre de 2020 (1.355 puntos).

En sus precios máximos desde que salieron a cotizar en el mercado secundario el 10 de septiembre de 2020, los títulos públicos más líquidos y, a la vez, los de plazo más corto (Bonares 2029 y 2030, y Globales 2029 y 2030) operan holgadamente sobre los USD 50 y, a criterio de los analistas, aún mantienen un upside o margen para seguir subiendo considerable.

E l indicador de JP Morgan rompió ahora el piso de los 1.400 puntos, un evento que no ocurría desde el 11 de enero de 2021 (1.395 unidades). Este índice mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con comparables emisiones emergentes en cuanto a plazo.

El riesgo país argentino marcó un máximo reciente de 2.900 puntos en julio de 2022. Y solo en 2024 disminuyó en más de 500 puntos básicos. Si bien el clima internacional favorece el desempeño de la deuda soberana en dólares argentina, el factor local tuvo una ponderación más que relevante, según especialistas.

(Por Federico Aguer) - Según el nuevo director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, hay mucho para hacer. Y en este sentido, las líneas crediticias son el primer paso. "Se presentaron varias líneas de financiamiento en lo que respecta al sector lechero para capital de trabajo, en un momento clave de confección de reservas, silajes y pasturas".

El funcionario remarcó que el Ministerio de Desarrollo Productivo hace un aporte de 25 puntos sobre la tasa para que los tamberos puedan acceder. "Es una época dura, donde se necesita capital de trabajo y por la crisis que está teniendo como complemento de la sequía y la crisis económica".

Carlos De Lorenzi, director provincial de Lechería.

Por otro lado, aclaró que, si bien se presentaron en Expoagro, van a seguir vigentes hasta que se acaben los cupos, a través del acuerdo alcanzado con el Banco de Santa Fe y el Banco Ciudad de Rosario, de hasta 2 mil millones de pesos renovable. "Que el productor se quede tranquilo que los podrá renovar", insistió.

Los créditos de capital son a 18 meses, con tres meses de gracia, con una tasa que está en un 90% ahora, "pero si un productor tiene que sacar un financiamiento similar, le cuesta un 25 % más en el mercado. Si bien el número asusta, si se mantienen los costos de implantación, resulta siendo más que atractiva".

Además, para inversión hay varios financiamientos. "Para que empiecen a trabajar con las sociedades de garantías recíprocas. Como los del CFI tienen líneas muy interesantes, con muchos meses de gracia. Estas herramientas se van a ir profundizando y mejorando, pero la situación financiera de la provincia era más crítica que la que creíamos, por eso hay que ser ingeniosos para desarrollar estrategias".

En este sentido, el funcionario remarcó que se plantearon un plan de acción participativo con una Mesa Provincial en la que se suman las instituciones para lograr consenso en las decisiones, "esa es la idea principal de nuestro secretario, y se elaboró un plan de acción en base a las problemáticas".

El funcionario remarcó el apoyo en compra de maquinaria y compra de tecnología para mejorar la productividad

Según manifestó, la que más salta a la vista es la falta de infraestructura, "que está muy degradada si la comparás con otras provincias, como Córdoba, por ejemplo. Con muchos tambos que todavía tienen monofásica, o postes que se caen. La red vial con caminos destruidos, por eso apostamos a un programa de mejoramiento de caminos rurales de la lechería que se va a estar presentando en poco tiempo".

Y después, apuntó a lo que sea apoyo en compra de maquinaria y compra de tecnología para mejorar la productividad. "Sabemos que el tambo tiene que ser más competitivo, y hay que ayudar a que lo logre, porque van a venir momentos donde van a perdurar los que sean competitivos, y por eso queremos crecer en producción y ser exportadores". De Lorenzi enfatizó que a nivel provincial hay más de 80 empresas chicas, "y vamos a trabajar junto con Senasa y con quienes participan en los esquemas de exportación para fomentar la actividad".

Por otro lado, se explayó considerando que las BPA son una herramienta clave. "Consideramos que tiene ser sostenible, no podemos dejar de lado el ambiente, y vamos a estar trabajando de manera regional para generar trazabilidad a la hora de generar mercados internacionales. Las expectativas son muy buenas, hay muchos por hacer, hay que ser ágiles para conseguir financiamiento, pero las condiciones están dadas para mejorar la lechería de Santa Fe".

Finalmente, insistió en que tenemos una Mesa Provincial para volcar las inquietudes, y de hecho fue la primera que hizo el Ministerio. "Y ya se está por hacer la segunda, de forma descentralizada, en donde vamos a debatir un montón de temas. La lechería no es Santa Fe; es regional y nacional, porque hay intercambio de leche, y hay que ser muy estratégico en el trabajo para cumplir con las alternativas que se han presentado".

Y cerró analizando que, si a nivel nacional el objetivo es liberar todo y no molestar a los tambos, no está mal, "porque el intervencionismo del Estado en la cadena fue uno de los grandes problemas del sector. La Mesa está abierta y, a título personal, creo que es la herramienta técnica para lograr soluciones consensuadas".

Por Mauro L. Muñoz

El día previo a la reunión pautada con los gobernadores, el gobierno nacional prorrogó un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, de manera que resolvió enviar a las provincias los recursos de coparticipación destinados al sistema educativo. Sin embargo, gremios docentes salieron a señalar que esta decisión "significa cero pesos en el bolsillo de los trabajadores".

La medida fue confirmada a través del Decreto 231/2024, publicado en la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial. Con la firma del presidente Javier Milei, se decretó la vigencia del artículo 7 de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que asegura que un porcentaje de los fondos coparticipables se destinen al gasto educativo.

La norma garantiza el envío de los recursos para que las provincias y municipios destinen un porcentaje específico a Educación. Aunque no implica que la Nación envíe más dinero, sino que se trata de una “asignación específica” que busca “proteger” la inversión en este área en cada una de las jurisdicciones del país.

De esta manera, según aclaró el gobierno mediante un comunicado que hizo circular la secretaría de Educación de la Nación, "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la obligatoriedad, pueden ejecutar estos fondos educativos tanto al pago de salarios, como al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

"Si bien el cálculo de la afectación específica determina qué monto se deduce del total de recursos coparticipables en cada jurisdicción para ser destinado a Educación, se calcula que alrededor del 25% de los fondos son los que se deben destinar a tal fin", se aclaró en el comunicado enviado a los medios de prensa.

La decisión no es una novedad en si misma pero cobra relevancia de cara a la cumbre entre el Presidente y los Gobernadores que este viernes tendrá lugar en Casa Rosada, como parte de la convocatoria al Pacto de Mayo, en el cual se busca consensuar un acuerdo fiscal en las provincias en medio del programa de ajuste nacional.

En la antesala de esta cumbre, este miércoles se llevó a cabo una reunión entre las carteras económicas de la Nación y las provincias. Allí, entre otras promesas, el Gobierno central comunicó la intención de comenzar a girar algunos fondos para actividades educativas ante el contexto de ahogo financiero que expresaron los ministros.

Esa voluntad fue expresada en los considerandos del Decreto publicado este jueves. Allí, el Poder Ejecutivo Nacional explicó que, frente a la decisión de prorrogar el mismo presupuesto que el año pasado, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias”, necesarias para “garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Aun así, la medida no significa una novedad por sí sola. Las anteriores gestiones de gobierno dispusieron sucesivas prórrogas de este artículo de la ley sancionada en 2005 con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. La última había vencido en 2023.

Conocida la disposición, la secretaría de políticas educativas de la CGT que encabeza Sergio Romero, junto a los gremios docentes UDA, Amet, CEA y Sadop, salieron a señalar que estos recursos "significan 'cero peso' para el bolsillo".

Asimismo las entidades de representación nacional advirtieron que el Decreto 231/2024 del Poder Ejecutivo Nacional "no incorpora ni el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) ni el ítem 'material didáctico'" por lo que acusaron "una quita salarial significativa y concreta para la remuneración docente".

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/mnScmPfSil

Si bien los dirigentes celebraron que “el Poder Ejecutivo reconozca que debe garantizar el Financiamiento de la Educación en Argentina", reclamaron que el Decreto “resulta claramente parcial, escaso e incompleto” porque “se olvida de las personas que trabajamos en la educación y sostenemos el sistema”.

“Este DNU -agregaron- busca oxigenar los presupuestos educativos provinciales, con fines y objetivos específicos, en el marco de una disputa política que mantienen las jurisdicciones con el poder central de la que los trabajadores no formamos parte”.

“El Estado Nacional aparentemente cumplirá con parte de la tarea (financiar la educación) que hasta ahora buscaba eludir, pero se olvidó de los docentes que hemos sostenido el reclamo por salarios y fondos para la educación”, completaron los sindicatos.

Protesta frente al Congreso

Por otra parte, este jueves se realizó una jornada nacional de protesta por parte de la Ctera, en el marco del conflicto con el gobierno nacional ante el fracaso de las negociaciones paritarias y el desfinanciamiento del sector.

La concentración principal se realizó frente al Congreso de la Nación, y fue encabezada por la secretaría general de la entidad, Sonia Alesso, quien rechazó la "embestida del gobierno de Milei contra la educación pública, los docentes, nuestros salarios, los programas educativos nacionales y los haberes de los jubilados”.

En ese marco, Alesso explicó que durante las últimas semanas vienen llevando adelante reuniones “con varios bloques de la Cámara de Diputados de la Nación” y que ya hay “9 proyectos de ley para restituir el FONID y fondos para la educación”.

Además, se informó sobre un fallo de la Justicia que estableció que la educación “no es un servicio esencial”, y que determinó la inconstitucionalidad y el “avasallamiento” de la prohibición al derecho a la protesta, presente en el DNU del gobierno nacional.

El próximo martes los gremios docentes nacionales volverán a verse las caras con la secretaría de Educación y Trabajo dependientes del ministerio de Capital Humano, tras el cuarto intermedio pactado tras el fracaso de la última reunión para definir el mínimo salarial de los docentes de todo el país.

El Gobierno lanzó el programa Cuota Simple, una iniciativa que busca brindar facilidades de financiamiento a plazo a los consumidores argentinos. Este programa, que reemplaza al ya conocido Ahora 12, entró en vigencia este jueves y tiene previsto extenderse durante los próximos cuatro meses.

La esencia de Cuota Simple radica en ofrecer a los compradores la posibilidad de adquirir productos de alrededor de 30 rubros diferentes, distribuidos en tres y seis cuotas fijas. Esta medida busca proporcionar a los consumidores una mayor flexibilidad financiera y, al mismo tiempo, dinamizar diversos sectores de la economía que se vieron afectados en los últimos tiempos.

La tasa de interés establecida para el programa es del 85% de la tasa de plazo fijo mayorista del Banco Central, lo que se traduce en una tasa nominal anual del 93%. En términos prácticos, esto se traduce en una tasa del 23% para las compras realizadas en tres cuotas y del 46% para aquellas en seis cuotas. Este enfoque busca equilibrar el estímulo al consumo con una tasa de interés razonable.

Es importante destacar que, según lo dispuesto oficialmente, las compras deberán realizarse exclusivamente a través de tarjetas de crédito bancarias. Esto no solo garantiza un seguimiento transparente de las transacciones, sino que también impulsa el uso de servicios financieros electrónicos, promoviendo la inclusión financiera.

Los rubros incluidos en el programa abarcan una amplia gama de productos y servicios. Desde línea blanca hasta servicios educativos, pasando por indumentaria, calzado, telefonía móvil, muebles, bicicletas, motos, servicios técnicos, libros, juguetes, y una variedad de bienes duraderos. Esta diversidad busca atender las necesidades de diferentes segmentos de la población, fomentando así un impacto positivo en varios sectores económicos.

Cuota Simple estará en vigencia hasta el 31 de mayo de 2024, proporcionando a los consumidores un periodo de cuatro meses para aprovechar las ventajas de este programa. Además, es importante señalar que este beneficio estará disponible a nivel nacional, permitiendo a los ciudadanos de todo el país acceder a estas facilidades. Las compras podrán realizarse tanto en tiendas físicas como en plataformas virtuales que estén adheridas al programa, garantizando así una cobertura amplia y accesible.

La Secretaría de Comercio proporcionó información adicional sobre las preferencias de los consumidores, destacando que, según antecedentes de programas anteriores, las tres y seis cuotas son las opciones más elegidas, representando el 80% de las transacciones. Basándose en este comportamiento del consumidor, el Gobierno optó por ofrecer estos plazos, buscando alinear la oferta del programa con las preferencias del público.

Al oficializar la iniciativa, el Gobierno subrayó su objetivo principal: "estimular la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo". Esta estrategia no solo busca impulsar las ventas, sino también generar un efecto positivo en la cadena de suministro y producción, beneficiando a diversos sectores de la economía nacional.

El tradicional Ahora 12 vence este 31 de enero y dejará de existir tal como se conoce a partir de febrero. El Gobierno de Javier Milei tiene decidido que habrá un nuevo programa de cuotas para incentivar el consumo, tal como lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Si bien en las últimas horas circuló que se llamaría “Cuota simple”, aún está en estudio el nombre que tendrá el renovado plan y se negocia con los bancos cuál será la tasa de interés que se aplicará, en medio de las nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sí está definido que contempla 6 y 12 cuotas.

La semana pasada Lavigne visitó junto con el secretario de Economía del Conocimiento, Emprendedores y Pyme, Marcos Ayerra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Allí solicitaron la continuidad de un programa similar al vigente Ahora 12 para compras en 3 y 6 cuotas financiadas. “Para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González.

Durante el encuentro, el secretario de Comercio manifestó que el Banco Central y los bancos estaban en negociaciones sobre las pautas financieras del nuevo plan. En concreto, la tasa de interés solía ser uno de los principales reclamos de los bancos al Gobierno anterior en medio del descalabro macroeconómico acumulado en los últimos años.

En concreto, el descontento era que la tasa nominal anual para el Ahora 12 vigente es del 82,5% mientras que las entidades bancarias pagan a los ahorristas el 110% por los depósitos a plazos fijos. Además, las transacciones son liquidadas a los comercios a los 10 días hábiles con una tasa directa para la financiación emisora del 31,31 por ciento.

La búsqueda de un esquema para fomentar las compras con tarjeta de crédito es uno de los pedidos que realizaron en las últimas semanas las empresas industriales al Secretario de Comercio, Pablo Lavigne. Por su parte, las pymes habían solicitado la continuidad de un instrumento con cuotas a tasa preferencial.

La decisión oficial se da en el marco de una fuerte aceleración de la inflación, que llegó a los niveles más altos en más de tres décadas, y la caída de la demanda interna que anticipan para 2024 economistas, empresarios y el propio Gobierno. Adelantar consumo con este tipo de programas fue un refugio para los pesos en los últimos años, algo que en parte explicó el sostenimiento de la actividad económica en niveles relativamente razonables.

El programa oficial emblema del kirchnerismo sumó en los primeros once meses del 2023, últimos datos oficiales, 70.700 operaciones por un monto de casi $3,5 billones, con un crecimiento nominal de 133% respecto al mismo período del año anterior. Indumentaria, electrodomésticos y materiales de construcción suelen ser los rubros de mayores ventas en el marco de Ahora 12.

En declaraciones a medios periodísticos, el gobernador Maximiliano Pullaro realizó un análisis de los primeros días al frente del Gobierno Provincial, oportunidad en la que hizo hincapié en la importancia de contar con un Estado eficiente y austero: “La primera medida que tomamos fue la reducción de ministerios y de secretarías de Estado. Yo no tengo ninguna secretaría de Estado; eso trae una estructura burocrática aparejada y de 13 ministerios pasamos a tener 11. Es decir, de 18 ministerios y secretarías de Estado que tenía la gestión pasada, tenemos solamente 11 ministerios. Eso claramente hace que haya menos funcionarios, menos estructura burocrática”, aseveró.

Pullaro afirmó que “estamos trabajando para ser más eficientes para darle las mismas respuestas a los santafesinos y santafesinas y mejorar las respuestas que tenemos. Por eso, en esta situación de absoluta complejidad, donde el año que está terminando va a cerrar con un déficit financiero de alrededor de 200.000 millones de pesos, recordemos que el presupuesto 2023 fue de 1.800.000.000, casi más del 10%”.

“Nosotros planificamos la primera semana, los primeros tres meses y también los seis meses iniciales con acciones, objetivos e indicadores. Trazamos un mapa de trabajo que se va manteniendo y eso es clave en nuestra gestión: saber lo que hay que hacer en cada una de las áreas y en cada momento, porque si no la coyuntura te corre de ese eje y no se puede llevar adelante las grandes transformaciones de mediano y largo plazo”, continuó.

En otro apartado, Maximiliano Pullaro contó que “nos encontramos con ambulancias que le faltaban las baterías, y hacía un año que estaban paradas; o patrulleros que le faltaban repuestos sencillos y por eso fue que sacamos ya el 60% más de la flota de la que había en la calle y esperamos rápidamente resolver por lo menos el resto, los que son problemas menores, de manera urgente. Creo que cuando uno habla de cómo administra los recursos del Estado, habla de esto, de eficiencia, de resolver problemas”, señaló Pullaro.

El gobernador remarcó que “el gasto a veces del Estado está cuando los recursos se disponen mal, no se controlan, y cuando el empleado público en definitiva no cumple su tarea. Resolviendo esas cuestiones creo que va a ser todo mucho, pero mucho más sencillo, resolviendo que cada empleado público lleva adelante el trabajo por el cual se le paga y a su vez teniendo un sistema que nos permita a nosotros tener la infraestructura, fundamentalmente vehículos y edificios en condiciones óptimas, con los presupuestos que tenemos”.

También, adelantó que “reducir todo tipo de gastos superfluos que tiene el Estado nos tiene que llevar a tener un Estado ordenado. No podemos gastar más de lo que generamos o de lo que tenemos, sino siempre va a ser muy difícil poder llevar adelante niveles de crecimiento”.

Por otra parte, Pullaro hizo referencia a que “para nosotros la obra pública es muy importante, la obra pública nacional y la provincial. No vamos a frenar ninguna obra provincial de las que se comenzaron, ni ninguna obra nacional. Las obras nacionales las vamos a gestionar, a hablar, a golpear puertas, permanentemente, lo vamos a hacer juntos instituciones productivas, a entidades de la producción, para que continúen. Con lo cual, todas las obras que están en marcha en la provincia de Santa Fe se van a continuar”, completó.