El FMI aprobó la creación de un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, que estará destinado a ayudar a países de ingresos bajos y medios como la Argentina, en el marco del “cambio climático y las pandemias”.

Justamente, el gobierno de Alberto Fernández recibirá U$S 1.300 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) a partir de esta iniciativa, que la directora ejecutiva del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, describió como una “ayuda para países vulnerables para enfrentar desafíos a más largo plazo, como el cambio climático y las pandemias, que plantean riesgos para las economías y las personas”.

“Buscamos ayudar a los países a construir un futuro resiliente y sostenible. El Fideicomiso amplificará el impacto de la asignación de DEG de U$S 650 mil millones implementada el año pasado, al canalizar recursos de miembros económicamente más fuertes a países donde las necesidades son mayores. La aspiración es construir un Fideicomiso de al menos U$S 45 mil millones en recursos”, explicó Georgieva.

El monto otorgado podrá ser devuelto en un plazo de hasta 20 años, y permitirá “ayudar a generar resiliencia frente a los riesgos a largo plazo para la estabilidad de la balanza de pagos”, indicó la directora del FMI, en un comunicado.

Alrededor de las tres cuartas partes de los países miembros del FMI serán elegibles para este financiamiento, “incluidos los miembros de bajos ingresos, así como la mayoría de los países de medianos ingresos y todos los pequeños Estados en desarrollo”, afirmó Georgieva.

El Fideicomiso de Resiliencia -que comenzará a funcionar desde el primero de mayo próximo- se creó para brindar asistencia económica a países vulnerables y se suma a otras herramientas del Fondo Monetario, como la Cuenta de Recursos Generales y el Fideicomiso para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza.

“Nuestros miembros nos pidieron que mejoráramos nuestro conjunto de herramientas de préstamo existente, para abordar una necesidad creciente de desarrollar resiliencia y sostenibilidad ahora para reducir los riesgos económicos en el futuro”, destacó Georgieva.

En agosto de 2021, la Argentina había recibido U$S 4.334 millones en DEG, que fueron depositado como reservas del Banco Central y se utilizó para pagar deuda con ese organismo.

La Secretaría de Comercio Interior fijó los precios de referencia a los que deberán vender los molinos sus productos, con el fin de mitigar el alza del precio de las harinas en el mercado argentino.

La medida forma parte del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, que estará constituido por fondos provenientes del aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja. Ese Fondo tiene como fin reducir el costo de la harina en el mercado interno, en el marco de las decisiones oficiales que apuntan a morigerar la escalada inflacionaria.

Ahora, a través de la Resolución 355/2022, Comercio Interior avanzó en la implementación del Fondo, para lo cual estableció los valores para las diferentes bolsas que proveen los molinos y cuál es el porcentaje de aumento que podrá agregársele, por zona, por el costo logístico.

Harina 000, en bolsa de 25 kilos: $ 1.150. Harina 0000, en bolsa de 25 kilos: $ 1.380. Harina 000, por tonelada: $ 45.137,50. Harina 0000, por tonelada: $ 54.165. Harina 000 calidad, por tonelada: $ 49.651,25. Harina tapera, por tonelada: $ 58.678,75. Semolín, por tonelada: $ 58.678,75.

Además de estos valores, se estableció el porcentaje extra que podrá agregarse a esa cotización en función de los costos logísticos, en cada zona del país: un 3,5% en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; un 5,5% en Centro, Cuyo y el Litoral; un 7% en Noreste y Noroeste y un 8% en la Patagonia.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo designó a BICE Fideicomisos SA como fiduciario del contrato de fideicomiso y publicó el modelo de contrato que suscribirá el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del secretario de Comercio Interior con esa entidad financiera oficial.

También conformó una Unidad Ejecutiva para “poner en conocimiento al fiduciario acerca de la información pertinente para cumplir con el objeto del fideicomiso” y aprobó el modelo de manual operativo para el contrato de fideicomiso de administración del Fondo.

Este instrumento fue creado por decreto en febrero de este año, debido el aumento sostenido del precio de los alimentos —que impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados- a partir del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, recordó el Gobierno.

En esa línea, destacó que el Fondo busca “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores anteriores al inicio del conflicto de las mercaderías involucradas”.

“En este marco, resulta oportuno adoptar las medidas necesarias para preservar el derecho a una alimentación a precios accesibles para el conjunto de nuestra población”, añadió.

A las 20 de este viernes, la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) suscribirá el fideiocomiso con un grupo empresario para desarrollar una estrategia que en la práctica comercial y financiera significará un salvataje que le permitirá a la firma superar una situación económica que se va complicando año tras año. Cuando finalmente el fideicomiso sea aprobado por los socios de SanCor, los verdaderos dueños de la cooperativa, un grupo de empresarios, con el respaldo del gobierno nacional, comenzará a aportar fondos que garantizarán la operatividad de la industria.

La reunión se concretará en Sunchales, donde tiene su sede SanCor, y asistirán miembros de su Consejo Directivo, autoridades de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) y representantes de los inversionistas.

El acuerdo, reflejado en el fideicomiso resuelto en Buenos Aires, es entre la cooperativa y el grupo de empresarios que encabezan José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital y Canal 3 de Rosario), un experto en lechería, como Jorge Estévez (que se hiciera conocido por su paso por la empresa La Sibila), y el abogado Leandro Salvatierra (socio del estudio jurídico Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser) que tuvo relación con inversiones en Rosario.

La participación en el fideicomiso habría quedado resuelta de la siguiente manera: 20% para SanCor; 80% para inversores y acreedores.

Pero más allá de la trascendencia que el sector lácteo comienza a otorgarle a esta negociación, hay que aclarar que el fideicomiso quedará ad-referéndum de la asamblea de socios de SanCor CUL, la que tiene la facultad de aceptar o rechazar la iniciativa. Ese trámite, por cuestiones de análisis y consulta, no tiene fecha de realización.

De acuerdo con las mismas fuentes, el fideicomiso está diseñado por un período de 15 años. En los primeros cinco, SanCor se llevaría el total de las utilidades netas que se hubiesen generado. En los tres años siguientes pasaría a quedarse con el 50% y del noveno año en adelante con el equivalente al 20%.

En la decisión que será refrendada esta noche está acordado una conducción empresaria a cargo de siete directores: cinco representarán a los inversores y los dos restantes a SanCor y a Atilra, el gremio que desde 2002 conduce Héctor “Etín” Ponce. Atilra no invertirá en el fideicomiso pero igual tendrá un lugar en la mesa de decisiones. Algunos especialistas en el tema recordaron que Ponce fue el que encaró varias gestiones para alcanzar este objetivo, siempre en defensa de los trabajadores.

La láctea respaldaría su presencia en el fideicomiso con cinco plantas en producción, el centro de distribución que se encuentra sobre la Panamericana, en el acceso a la capital federal, y varias otras marcas propias que sostiene en el mercado.

Esta mañana, medios nacionales apuntaron que la firma radicada al oeste de la provincia estaría afrontando una deuda total -entre préstamos, intereses y otros conceptos- que rondaría los US$ 384 millones.

Como oportunamente señaló este diario, la situación de SanCor se viene monitoreando desde 2017. Un año antes, la combinación de factores, como la mala gestión interna y el deterioro del mercado lechero argentino, colocaron a la cooperativa láctea frente a una crisis financiera y productiva muy aguda, al punto tal de tener que frenar sus operaciones a principios de 2017. Entonces no había capital para poner a producir las plantas y la leche debía ser derivada a otras industrias.

Llegó la gestión del kirchnerismo y el amigo del matrimonio presidencial, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, encabezó el salvataje. Ese país inició compras que le aseguraron a la cooperativa, con medidas adicionales, superar la coyuntura e iniciar el camino hacia la recuperación.

Pero Venezuela fue discontinuando los pagos por la leche en polvo que se le enviaba desde nuestra provincia y la deuda se elevó a U$ S18 millones.

SanCor procesa actualmente alrededor de 650.000 litros de leche diario y si su objetivo es alcanzar 1,5 millones para hacer uso pleno de su capacidad operativa.

El Gobierno ha estado al tanto de la propuesta de los empresarios. En rigor, el 9 de noviembre pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, su par de Trabajo, Claudio Moroni, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, recibieron a directivos de la cooperativa, al gremio y el grupo de empresarios nacionales interesados en tomar el control del negocio de la láctea.

Allí se dijo que las partidas específicas serían destinadas “a la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad”.