El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.

Todo volverá a empezar. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días tendrán que declarar nuevamente.

Las audiencias se llevarán a cabo los días martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Pero el juicio quedó anulado por las acusaciones de que la jueza Makintach estaba grabando un documental ilegal sobre el caso.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

El fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio ante la sorpresa y el llanto de las hijas de Diego y Verónica Ojeda, mientras Makintach negaba rotundamente: "Esto no es mío".

En ese momento, Baqué se levantó de su asiento y calificó de "basura" a la funcionaria judicial, que fue expulsada del proceso, y una semana después se determinó la nulidad absoluta del debate.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

A su vez, se realizaron múltiples pedidos de juicio político y el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, también solicitó un jury de enjuiciamiento contra Makintach.

El 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de la hija del juez Juan Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la ex jueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Ahora, el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, tendrá la tarea de llevar adelante el litigio, a más de cinco años del deceso de Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Leopoldo Luque: neurólogo y ex médico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Diego. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma súbdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

Agustina Cosachov: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

Carlos Díaz: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla.

Ricardo Almirón: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

Mariano Perroni: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

Nancy Edith Forlini fue la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp "Tigre".

Por Juliano Salierno (El Litoral) 

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe fijó fecha de inicio para el juicio oral y público contra el preso “super VIP” Juan Ignacio Suris, acusado de haber pagado a quienes estaban a cargo de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, para mejorar sus condiciones de detención entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.

Con él, enfrentan cargos dos exjefes de la PFA -el comisario Leonardo Rafael Benítez (también detenido) y el subcomisario Guillermo Gabriel Gallo- cuya responsabilidad era custodiar a Suris; y una mujer entrerriana -Mariana Martínez- quien lo visitaba con frecuencia y se encargaba de la logística para que mejoraran las condiciones del detenido.

Los cuatro deberán comparecer a partir del miércoles 18 de febrero de 2026 y durante dos semanas en el edificio de calle Primera Junta y San Jerónimo, donde enfrentarán cargos por los delitos de cohecho -activo y pasivo-, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secreto, según cada caso.

El tribunal, integrado por los camaristas José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez, programó audiencias para los días 18, 19, 25 y 26 de febrero próximo, lapso durante el cual está previsto que declaren 41 testigos, entre ellos, efectivos de la fuerza que relataron que debían cocinar el asado que compraba Suris para compartir con otros internos.

También comparecerán otros presos federales que compartieron la estadía con Suris y veían como éste recibía un trato verdaderamente diferenciado. Además habrá testigos de actuación de los allanamientos y de concepto.

El juicio a Suris y los jefes de la federal santafesina tendrá interés central en la agenda pública santafesina, no sólo por las características del principal imputado -su nombre estuvo vinculado al mundo de la farándula la década pasada cuando estuvo en pareja con una vedete y actriz uruguaya-, sino por el equipo de abogados que participarán del debate.

Tres de los cuatro imputados cuentan con defensas de renombre nacional.

La defensa de Suris la ejerce el Dr. Carlos A. Broitman, defensor de ricos, famosos y narcos de alta gama. Defendió al empresario Matías Garfunkel, en una disputa millonaria con Victoria Vanucci; también a Mariana Nannis hace muchos años.

Pero sobre todo se lo vincula a causas pesadas como el triple crimen de la causa efedrina, cuando representó a Ivar Pérez Corradi; o a los hermanos Juliá, en la causa “narcojet” cuando transportaron casi mil kilos de cocaína a España.

Aunque con un papel casi secundario en la causa, Mariana Martínez cuenta con la representación de Fabián Améndola y Fernando Burlando, este último, quizás el más mediático de la Argentina.

Por su parte, el comisario Benítez delegó su defensa en el Dr. Leandro N. Amuy; mientras que el subcomisario Gallo contará con asesoría letrada de la Defensa Pública Oficial.

La acusación estará encabezada por el fiscal general Martín Suárez Faisal y su equipo, quienes parten del trabajo realizado por sus pares de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, encargados de requerir la elevación a juicio en mayo de 2025.

El pedido de elevación a juicio atribuye a los cuatro investigados graves cargos de corrupción.

Los comisarios, particularmente, están acusados de haber recibido dinero, supuestamente canalizado por Martínez en nombre del detenido Suris (quien enfrenta cargos de cohecho activo), a cambio de otorgarle privilegios especiales durante su reclusión, como acceso a teléfonos, visitas sin restricciones y uso de áreas no autorizadas.

Además, Benítez es acusado de violación de secretos por filtrar información confidencial de una investigación judicial a Suris. El documento acusatorio detalla las pruebas documentales, testimoniales y periciales reunidas que respaldan la solicitud de llevar la causa a juicio oral.

Juan Ignacio Suris, empresario y financista bahiense condenado a 8 años de prisión por asociación ilícita fiscal y comercio de estupefacientes, fue detenido el 23 de noviembre de 2023 en Esperanza y alojado luego en la División Unidad Operativa Federal Santa Fe (DUOF) de la Policía Federal Argentina.

A los pocos meses de su detención, se reveló que Suris habría recibido tratos de privilegio sistemáticos, al punto de ser apodado por los propios agentes como “el tercer comandante” o “el inquilino”.

Según el Ministerio Público Fiscal, el detenido tenía acceso a oficinas de mando, participaba en reuniones internas, utilizaba instalaciones a discreción y contaba con el servicio de los agentes para realizar compras, pedir comida por aplicaciones o incluso preparar asados para él y otros reclusos.

La maniobra, que según la pesquisa se extendió entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, quedó al descubierto tras una denuncia anónima.

El allanamiento de Gendarmería a la sede de la DUOF permitió secuestrar documentación y recoger testimonios de agentes y otros detenidos que confirmaron el cuadro de privilegios.

Suris manejaba dinero en pesos y dólares dentro del lugar, administrado y registrado por personal policial en un libro interno especialmente habilitado. También compró materiales para realizar una remodelación de su lugar de encierro.

Como consecuencia, la Justicia Federal de Santa Fe ordenó la indagatoria de Benítez primero y avanzó en una causa que expone un funcionamiento irregular dentro de la dependencia, donde un preso condenado por delitos graves habría logrado convertirse en un detenido “súper VIP” con acceso y beneficios completamente prohibidos.

En la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el fiscal Patricio Ferrari presentó una imagen del día en que el astro del fútbol falleció, el 25 de noviembre de 2020. La foto, que muestra a Maradona recostado en una cama en su casa de Tigre, fue utilizada para ilustrar las condiciones en las que se encontraba en esos momentos. “Así murió Maradona”, expresó el funcionario judicial al mostrar la imagen ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de San Isidro.

El fiscal, que representa la acusación en este caso, argumentó que durante el juicio se probará que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, Maradona fue trasladado a su hogar en Tigre sin estar en “el uso pleno de sus facultades mentales” y sin poder tomar decisiones sobre su salud. Según Ferrari, la decisión de mantenerlo en esa situación y bajo cuidados médicos deficientes fue clave para su fallecimiento.

Además, calificó la internación domiciliaria de Maradona como “calamitosa” y al equipo médico responsable de su atención de “improvisados”. “Fue una internación domiciliaria temeraria, deficiente, sin precedentes. Ningún tipo de control existió durante ese período que terminó con la vida de Maradona”, aseguró ante el tribunal, y agregó que los profesionales a cargo de la salud del exfutbolista no tomaron las medidas necesarias para evitar una tragedia que, según él, fue completamente evitable.

Los acusados principales por la muerte de Maradona son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”. También están implicados el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz. Cada uno de ellos será juzgado por su presunta responsabilidad en el tratamiento de Maradona, que, según la fiscalía, no fue adecuado.

En cuanto al juicio, Ferrari presentó más detalles sobre el proceso que está comenzando. De acuerdo con lo informado por el fiscal, se espera que más de 100 testigos sean convocados durante el transcurso del juicio, el cual podría extenderse durante casi cinco meses. Entre los testigos se incluyen médicos que intervinieron en la salud de Maradona durante los últimos días de su vida, familiares cercanos, y otros profesionales que estuvieron involucrados de alguna forma en su atención.

Por otro lado, antes del inicio del proceso, Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Giannina Maradona, aseguró: “Vamos a escuchar cosas que van a estremecer”.

“Lo que hicieron fue un asesinato”, aseguró el letrado en comunicación con Radio Mitre. Además, consideró que el juicio permitirá brindar muchas respuestas a la familia y a la sociedad, pero quienes más ansían tener una respuesta de la Justicia son sus hijas.

En este sentido, Burlando determinó: “Lo internaron engañando a la familia, en un lugar inapropiado, sin ningún tipo de condición para una internación domiciliaria, una persona que tenía muchos problemas de salud. Se lo interna y se lo deja prácticamente en el abandono y la demencia de mucha gente, que hizo cualquier cosa con él, menos cuidarle la salud”.

Respecto a las responsabilidades de cada uno de ellos, consideró que era posible salvar al exfutbolista: “Hasta el día 24, él fue internado en esta casa que era una tapera, el día 11/11 al 24 a Diego le salvaban la vida con un llamado telefónico. El que hubiese visto los síntomas notorios y que eran muy visibles, llamaban un taxi o un remis, lo ponían en un sanatorio y sabían qué hacer”. Además, afirmó que alguien o más de una persona podría haber contratado “a esta gente y llegaron a este resultado”.

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna, ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, finalizó este mediodía en la Morgue Judicial y permitió la extracción de "mucho material que oportunamente fuera inyectado" a la modelo y actriz fallecida el jueves pasado y que será "motivo de pericia", según confirmó el abogado de la familia, Fernando Burlando.

El procedimiento comenzó alrededor de las 10 tras la ratificación del pedido por parte del juez Schelgel, luego de que Burlando solicitara "que se postergue" la autopsia hasta que se cumplan "todas las garantías" procesales y que sean notificadas las partes.

"Fue una diligencia como se realiza habitualmente", precisó el abogado en declaraciones a la prensa finalizado el procedimiento, que la familia observó desde afuera de la mesa forense por "razones de bioseguridad" y "sin peritos de parte por el momento".

"Se llevó adelante la preservación de los riñones y demás órganos y se extrajo mucho material que oportunamente fuera inyectado a Silvina, que será motivo de pericia", agregó Burlando, que representó a Luna en el juicio que concluyó el año pasado con la condena del médico Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión, sentencia que no está firme, y cinco de inhabilitación por "lesiones graves" en perjuicio de su clienta, de Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Burlando dijo que “macroscópicamente se pudo observar la extracción de material en la zona de glúteos, en las piernas, y en el hueco poplíteo (detrás de la rodilla). La existencia del material es una realidad que le generaba a Silvina muchísimos dolores”.

Agregó que “había material en diferentes zonas que comprometían su columna” y que “el material es muy duro y jamás iba a disolverse. La aplicación es de hace más de 10 años”.

“Había una cantidad grande de granulomas (área pequeña de inflamación) que fueron extraídos”, explicó, y remarcó que “los granulomas generan una situación de hipercalcemia; los riñones de Silvina estaban llenos de calcio”.

Consultado sobre el procedimiento de la autopsia, Burlando opinó que “el trabajo de los profesionales de la Corte siempre es excepcional” y destacó que “había no menos 10 realizando la autopsia”.

Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna, quien falleció el jueves pasado por inconvenientes de salud derivados de una operación estética, advirtió este lunes que "no puede quedar un homicidio impune", tras la autopsia que le realizaron al cuerpo de la actriz.

Luego de presenciar la necropsia y visiblemente conmovido, el abogado remarcó que "se extrajo material duro y pesado". Burlando señaló que decidió impulsar en persona la denuncia contra el cirujano Aníbal Lotocki.

"Denunciamos a Lotocki por homicidio. Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia", expresó el letrado. "La Justicia no se pone en el lugar de las víctimas. Le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique", agregó.

Luego de la muerte de Luna en el Hospital Italiano, el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado al día siguiente por el TOC N° 28, y por ello se vio postergado el entierro.

El hermano de Silvina, Ezequiel Luna, se constituyó como particular querellante para reclamar Justicia.

"Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular (...), como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley", expresó en su presentación judicial.

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki, que ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno", sostuvo el querellante.

"Es más, no documentó esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 28″, agregó.

Luego de la autopsia, la Justicia investigará si la muerte de la actriz está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Lotocki en 2010.

El abogado Fernando Burlando aseguró que representará a la familia Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida en Chaco hace casi 20 días.

“Nos llama la atención que la justicia no cuente los avances de la causa”, dijo el letrado, al mismo tiempo que indicó: “No estoy conforme con la investigación, debería haber venido un cuerpo independiente de peritos e investigadores”.

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Además sostuvo que: “Si las pericias forenses dan negativas en la casa del clan Sena, la causa queda en la nada. Están dejando pasar el tiempo, es una estrategia”.

Los familiares de Cecilia creen que la joven, de la que no saben nada desde el 1º de junio, fue asesinada por su esposo, César Sena, con la ayuda de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

“No podemos obviar los orígenes de los asesinos y sus vínculos. Es una situación que se repite en el interior donde los excesos están presentes, son episodios que no nos podemos permitir”, lanzó Burlando.

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Luego, remarcó que con su equipo van a plantear “una serie de medidas que tienen que ver con los avances de la investigación”.

De ese modo, opinó que “hay situaciones que deben repetirse, procedimientos que deben efectuarse para ver si podemos encontrar algo de lo que fue en vida Cecilia”.

“Todos estamos de acuerdo en que una investigación de estas características debe manejarse con suprema eficiencia y responsabilidad. La presencia de la política en estas investigaciones generalmente traban el procedimiento de la Justicia”, sumó.

“Creo y tengo confianza en que toda esta trama se puede esclarecer. Lamentablemente, para los oídos de la mamá y los argentinos va a ser sorprendente lo que se sepa”, finalizó.

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, dijo este lunes por la tarde que van a apelar el fallo que condenó a 15 años de prisión a tres de los ochos rugbiers como “partícipes secundarios” del crimen y consideró que se hizo “una justicia débil, y una justicia débil no es justicia”.

“Esto recién comienza (…) Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando”, señaló el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

“No estoy enojado, soy un poco pasional. Sí tenemos una justicia que es contemplativa, una contemplación que no tuvieron cuando Fernando pedía clemencia, la Justicia no es justicia”, siguió, y apuntó: “El tribunal tuvo clemencia con los acusados. Es muy difícil discriminar la participación secundaria en un hecho que es un plan”.

Burlando sumó: “Hablamos de alevosía, que es matar en estado de desprotección. ¿Vieron cuando se desmayó Thomsen? Así, en esa situación, lo cagaron a trompadas y lo mataron a Fernando, cuando no tenía posibilidad de siquiera levantar una mano”.

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Mientras que, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión por ser partícipes secundarios.

Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones” en el crimen de Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020 frente a las puertas del boliche Le Brique en Villa Gesell.

En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.

Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron “por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse” a la víctima, y sostuvo que “no hubo pelea” entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones”.

En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró “el móvil” que generó que lo mataran afuera.

García dijo que tras la expulsión de “Le Brique”, los acusados permanecieron “alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo”.

El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que “se asemeja más a una prueba que a un alegato” y consideró que es “un montaje” y “una prueba nueva” no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato “es una metodología aprobada” y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.

“De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque”, dijo.

El fiscal indicó que entre los ocho acusados “no hubo roles, todo hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon”.

“No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea”, afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: “Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando”.

Luego reiteró que “hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza”, por lo que aseguró que “no hay posibilidad” de encuadrarlo como “riña o agresión”, tal como intentará demostrar la defensa.

Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.

El abogado de la familia de Báez Sosa Fernando Burlando se mostró furioso tras la sorpresiva declaración de Máximo Thomsen, uno de los principales acusados por el crimen de Villa Gesell, quien manifestó que nunca “quiso matar” y que todo fue “una pelea”. “Es la peor estrategia que vi en toda mi vida. Lo que dice no condice con los videos”, exclamó el letrado querellante.

“Fue una audiencia interesante y reflejó la desorientación que tiene este grupo de asesinos”, expresó el abogado que representa a Graciela y Silvino, papás de Fernando Báez Sosa.

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Como ocurrió en casi todas sus declaraciones, Burlando señaló que los rugbiers son “cobardes” y que Thomsen con su testimonio “se hundió él y hundió a los demás” pese a que no respondió preguntas acerca de terceros.

“Me ofrecí a irme si se sentía incómodo, total Améndola tenía toda la información. Evidentemente la cobardía continúa y eso no cambia en la vida. Fernando murió así”, resaltó.

“Pensamos que iba a ser algo más inteligente. No coincide con las imágenes. Inventó todo, es insólito. Repito, todas las imágenes lo muestran que estaba perfecto y no alcoholizado como dijo. Hay que probar lo que decís y no pasó eso”, sostuvo Burlando.

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Con respecto a la salida del Tribunal de Silvino y Graciela antes de la declaración de las madres de los acusados, el abogado explicó: “Fue una jornada dura y es muy fuerte tener que tolerar todo lo que dicen. Menos mal que no lo escucharon en persona. Son verdugos porque eso es lo que hicieron con el joven”.

“Las mamás de ellos tienen motivos para llorar, pero Silvino y Graciela ¿Qué motivos tienen para hacer con lo que los acusados le hicieron a su hijo? Mi sensibilidad ahí se rompe”, señaló.

Por último, se le consultó si Blas Cinalli se emocionó con al declaración de su mamá, así como lo hizo Thomsen: “Por lo que pude ver sí”, dijo al respecto.