El Fiscal Federal en lo Criminal de Rosario, Fernando Arrigo, solicitó nueve años de prisión para Mauro Nahuel Novelino, acusado de amenazar de muerte al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella y al ex delgado del Ministerio de Seguridad de la provincia, Sergio Maidana. 

La audiencia se llevó adelante en los tribunales de calle Chacabuco y Castelli en la jornada del jueves, y a cargo de los alegatos estuvieron los fiscales Mariano Barabani y Fernando Arrigo. En tanto, la defensa solicitó posponer la exposición para el próximo 8 de abril, marcando la necesidad de poder hablar en lo previo con el acusado. 

El caso

El 24 de enero del año 2023 Sergio Maidana radicó una denuncia luego de recibir un mensaje de WhatsApp que decía: “Tenes contacto. Con los de arriba? Desiles que me dejen de trasladar de acá para allá por [que] hay balas para todos. Empezando por Chiarela. Ok?” (sic).

Posteriormente lo llamaron en reiteradas oportunidades, aunque optó por no atender. 

Rápidamente se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, sin embargo el primer mandatario venadense descartó la posibilidad de contar con seguridad policial las 24 horas.

Luego de una serie de medidas investigativas la fiscalía solicitó el 27 de enero el allanamiento de la celda en el complejo penitenciario de Marcos Paz, donde estaba alojado Novelino, oportunidad en que fueron secuestradas varias anotaciones en poder del imputado.

Juicio

En la jornada del último miércoles, en el marco del juicio oral, Leonel Chiarella declaró ante el tribunal federal de Rosario integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrígues Da Cruz.

Aseguró que “en la declaración plantee como se desarrollaron los hechos en ese momento, donde decían que ‘las balas eran para Chiarella’. Luego de que me comunicaran dichas amenazas, se tomaron las medidas de seguridad correspondientes”.

Por eso “hice hincapié en que estas amenazas tienen que ver con las denuncias que venimos llevando adelante contra los principales líderes de las bandas narcos de nuestra ciudad, tanto Nahuel Novelino, como Maximiliano Ríos (el Guacho Maxi), como Matías Álvarez”, agregó.

Y en este caso “puntualmente tiene que ver con Nahuel Novelino, que lo venimos denunciando desde que estaba en libertad y después cuando estaba preso, ya que cometía delitos desde la cárcel. En las diferentes unidades penitenciarias donde estuvo se encargó de organizar el delito, ya sea en Rawson, en Salta, en Piñero o en Marcos Paz”.

Palabra de Novelino

Mauro Nahuel Novelino negó haber realizado dichas amenazas. Aseguró que en el mundo de la narcocriminalidad es “muy común” hacerse pasar por otra persona registrando una línea telefónica y usurpando la identidad con la foto de perfil.

Remarcó que se trata de “una maniobra” para perjudicarlo de parte de “bandas enemigas” de Venado Tuerto. Pero cuando el fiscal le preguntó sobre quién estaba detrás de todo esto, respondió: “Va a ser peor si lo digo, prefiero quedarme callado”.

Además, señaló que no tiene nada “contra el intendente”, pero posteriormente dejó entrever que le molestó la actitud de Chiarella al mostrar su foto en la apertura de sesiones ordinarias del concejo.

Alegato

Mariano Barabani, fue el encargado del alegato por parte de fiscalía en la jornada del jueves. Luego de la exposición solicitó nueve años de prisión para Mauro Nahuel Novelino, por considerarlo responsable de las amenazas contra Leonel Chiarella y Sergio Maidana, haciendo hincapié en la gravedad y la magnitud de lo que significa la frase “hay balas para todos”.

Las principales pruebas aportadas fueron la línea telefónica a nombre de Novelino, el disparo de antena informado por la empresa de telefonía celular que marca la zona del penal de Marcos Paz. A la lista se suma la fotografía en la foto de perfil y varias comunicaciones que se realizaron desde ese teléfono. 

Además, desde fiscalía destacaron que el intendente “desde el año 2018 viene denunciando a Novelino” y “eso le molestaba” mucho al acusado. 

Además, quedó expuesto el joven narcocriminal al dar a entender que le generaban problemas los traslados de una prisión a la otra, luego de pasar por Piñero, Chaco, Salta, Rawson, Marcos Paz y ahora Ezeiza. 

Matías Álvarez fue condenado a 15 años de prisión (pena unificada) al ser considerado líder de una organización narcocriminal dedicada a la venta de estupefacientes en Venado y la región, como así también responsable de organizar balaceras y amedrentamiento contra distintas personas.

La sentencia se conoció en la tarde del lunes en la ciudad de Rosario, en un tribunal presidido por el Juez Osvaldo Facciano.

Al mismo tiempo, el hermano del líder, Luciano Álvarez deberá cumplir una pena de 7 años. En tanto, Maximiliano González fue condenado a 11 años (pena unificada) y declarado reincidente; Kevin Aranda a 7 años y Daniel Núñez a 5 años y 6 meses.

Audiencia del juicio desarrollada en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto.

Inicio del juicio

El juicio comenzó el 6 de febrero con los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero que se trasladaron a Venado Tuerto a desarrollar las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad.

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados.

Solicitan hasta 18 años de prisión a acusados de integrar una banda narcocriminal en Venado

A los cinco acusados se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación. También semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

La última audiencia previo a los alegatos de la defensa y el fiscal federal.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio sufriese un atentado.

Sentencias

Si bien el fiscal federal Fernando Arrigo había solicitado 18 años de prisión para Matías Álvarez, el tribunal resolvió una condena de 15 años producto de la unificación de condenas. Y lo consideró autor de los delitos de organizador y financista de una organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como instigador de disparos de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Además, deberá pagar una multa de 4.500.000 de pesos.

Por su parte, Luciano Martín Álvarez, deberá cumplir una pena de 7 años de prisión al ser considerado como coautor penalmente responsable por la tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. Más una multa de 600.000 pesos.

Matías el Bicho Álvarez posando para la foto (Izquierda). Y parte del material incautado en los operativos (derecha).

Como consecuencias de la unificación de penas, Maximiliano Rodrigo González, fue condenado a 11 años de prisión como coautor penalmente responsable la tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Y por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. A su vez deberá afrontar una multa de 900.000 pesos.

Mientras que Kevin Fabián Aranda fue condenado a 7 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y una multa de 600.000 pesos.

Por último, Daniel Antonio Núñez, deberá cumplir 5 años y medio de prisión al ser encontrado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y una multa de 450.000 pesos.

Organización violenta

El fiscal Fernando Arrigo había considerado como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

Causas pendientes

Matías “Bicho” Álvarez afronta otras causas producto de ser acusado de autor intelectual del crimen de Érica Ávalos, quien el 28 de diciembre de 2022 recibió por parte de dos sicarios 17 balazos frente a su casa en la ciudad de Firmat, y tres días después perdió la vida tras agonizar en el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.

Grave amenaza de muerte contra el senador Enrico y el juez federal Cuello Murúa

Por otro lado, es sindicado como el autor de las amenazas de muerte contra el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, el senador Lisandro Enrico, la fiscal provincial Susana Pepino, el fiscal Federal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa, donde prometía “balas y granadas para todos” si seguían “metiendo presa a gente inocente”.

El fiscal general Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que imponga penas de entre 7 y 18 años de prisión para los cinco integrantes de una banda narcocriminal cuyo líder y financista manejaba desde su lugar de detención, y que está también imputado por haber ordenado un atentado contra una mujer imputada.

El juicio comenzó el 6 de febrero y para su celebración los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero se trasladaron a la ciudad de Venado Tuerto y desarrollan las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad local.

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados y se tuvo por probado el vínculo entre los imputados como parte de una misma organización, como también la tenencia de sustancias con fines de comercialización en ocho domicilios distintos.

Cinco en el banquillo

Los cinco acusados que siguen en juicio están señalados como parte de esta maniobra. Se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación, además de semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero asimismo fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio de aquella sufriese un atentado. De acuerdo a la acusación, Álvarez había dirigido la operatoria telefónicamente y desde el interior del complejo penitenciario donde se encontraba detenido, además de haber suministrado los elementos necesarios para llevarla a cabo y señalar a su destinataria.

Condenas

Arrigo solicitó que se condene a una pena de 18 años de prisión y al pago de una multa de 4,5 millones de pesos a Matías Álvarez, al acusarlo como autor de los delitos de organizador y financista de la organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Dado que Álvarez ya había recibido una condena previa, el fiscal solicitó se unifiquen las penas en 21 años de prisión y que se declare su reincidencia.

Para Maximiliano González, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 9 años de prisión y multa de un 1.2 millones de pesos por los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Dado que González se encuentra ya cumpliendo una pena, Arrigo solicitó una unificación de condenas en 13 años de prisión y la declaración de reincidencia.

Para Luciano Álvarez y Daniel Núñez, el fiscal solicitó penas de 7 años y multas de 600 mil pesos a cada uno por tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. En el caso de Álvarez, Arrigo solicitó se lo declare reincidente -el acusado ya había sido condenado dos veces y cumplido las penas-, en tanto requirió que a Núñez se le dicte una pena única de 7 años y 6 meses de prisión y que se lo declare reincidente, en función de que se encuentra cumpliendo una condena por otros hechos.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 9 años de prisión y multa de 1.2 millones de pesos para Kevin Aranda, como autor del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En los casos de Matías y Luciano Álvarez, Aranda y González, el fiscal consideró como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

Respecto al líder de la organización, Arrigo señaló también como agravante su edad y madurez a la fecha los hechos, sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido los hechos cumpliendo una condena a prisión. También remarcó “un comportamiento hostil e irreverente constante hacia el tribunal (…) que denota un profundo querer desconocer la autoridad y desapego a las normas de convivencia”, y la multiplicidad de hechos que se le atribuyen.

En el caso de Luciano Álvarez, el fiscal consideró como agravantes sus antecedentes penales, su actitud al momento de ser detenido (de acuerdo a uno de los testigos del operativo, amenazó a una mujer policía con violarla y matarla), el rol desempeñado dentro de la organización y la multiplicidad de hechos que se le imputan. En relación con Gónzález, el fiscal Arrigo destacó sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido el hecho por el que fue imputado mientras gozaba de salidas laborales. Por último, para el caso de Núñez el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la multiplicidad de hechos que se le endilgan, la cantidad de droga incautada en cada uno de los allanamientos realizados contra la finca que habitaba, la forma violenta en la que llevaba adelante la actividad ilícita que se le atribuye y sus antecedentes penales.

“No podemos naturalizar estas amenazas”, sostuvo el fiscal federal Fernando Arrigo, a la hora de opinar sobre los mensajes intimidatorios prometiendo “balas y granadas para todos” que apuntaron al juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, al fiscal Javier Arzubi Calvo, como así también al senador Lisandro Enrico, al intendente Leonel Chiarella y a la fiscal provincial Susana Pepino.

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Arrigo, de larga trayectoria judicial ha estado al frente de investigaciones relevantes y casos que ocuparon horas y horas de radio y televisión. Entre ellos, se destaca que fue el fiscal de “La Tragedia de 11”, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en donde murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.

Por estos días Arrigo está en Venado Tuerto, ya que es el fiscal de la causa en la que son juzgados por venta de estupefacientes cinco personas, entre ellas Matías A., quien nuevamente es el sindicado como autor de las amenazas a las autoridades políticas y judiciales.

El contundente mensaje decía: “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del juzgado federal Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”.

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Al respecto, Fernando Arrigo sostuvo que “eso está siendo motivo de investigación por parte de la justicia, en aras de analizar responsabilidades y pruebas para dar con las posibles personas que hayan intervenido en el hecho ilícito”.

Y en este marco, agregó que “como reflexión general creo que esto no se puede naturalizar. Distintas ciudades de países del mundo que han desarrollados estas etapas, una vez naturalizadas se produce un desorden a nivel institucional y de violencia, que esperemos no llegar nunca”.

Por último, sostuvo que “en la jurisdicción están sucediendo un montón de eventos, y debemos hacer el máximo esfuerzo para evitar que suba la escalada de violencia y descontrol que está habiendo”.