Tres magistrados habilitaron la feria judicial de verano para que avancen las causas penales que investigan presuntas maniobras de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión permite que las medidas de prueba sigan tramitándose en enero, a pesar del receso.

La primera de las investigaciones está a cargo del juez federal Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Allí se investigan desvíos de dinero mediante Sur Finanzas y TourProdEnter LLC, empresas vinculadas a Ariel Vallejo y Javier Faroni. La hipótesis es que la AFA intermedió en operaciones de financiamiento y sponsoreo usando fondos de los derechos televisivos del fútbol.

Entre las medidas ordenadas figuran allanamientos en domicilios de Faroni y sedes de la AFA, además del levantamiento del secreto fiscal y financiero. Faroni deberá declarar el 19 de enero.

Otra de las causas habilitadas la lleva el juez penal económico Marcelo Aguinsky. El expediente gira en torno a una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar, registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, aunque se sospecha que el verdadero dueño sería Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La Justicia también investiga 54 vehículos de alta gama asociados al mismo entorno.

Durante los allanamientos se encontraron elementos vinculados a la AFA, y se tomó testimonio a los pilotos de un helicóptero que aterrizó en el predio. La causa aún discute jurisdicción con el juzgado federal de Campana.

La tercera causa es instruida por el juez Diego Amarante, con impulso del fiscal Claudio Navas Rial. Se investiga una presunta retención indebida de unos 17.000 millones de pesos en aportes previsionales, denunciada por el organismo ARCA. Los imputados son Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal. Con la feria judicial habilitada, las causas seguirán activas durante todo enero.

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad pidió que al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2 que habilite la feria judicial y defina si el mega DNU 70/2023 que empezó a regir el 30 de diciembre de 2023 del presidente Javier Milei es constitucional o no.

"Sustentamos el pedido de habilitación de feria judicial, ya que con la entrada en vigencia del DNU, la población argentina está sufriendo una transformación radical de su modo de organización social y económica, eliminación de derechos reconocidos por leyes del Congreso, sin haber tenido la posibilidad de participar en su debate a través de sus representantes electos democráticamente que integran las cámaras del Congreso", justificó la ONG.

"La imposición de un modelo de desarrollo, a contramano de lo que establece el actual ordenamiento jurídico y la Constitución que dispone un progreso con justicia social, se instaura autoritariamente con la quita de cientos de derechos de la ciudadanía en temas habitacionales, de consumidores, laborales, etc", añadieron.

Para argumentar la rapidez en su resolución, la Asociación también pone como ejemplo que se ha derogado la ley de alquileres que afecta a más de 9 millones de personas, derechos laborales o también cuestiones del ámbito de la salud por la medicina prepaga por el aumento de la cuota.

Ante la solicitud, el Juzgado remitió el planteo al fiscal Miguel Ángel Guilligan para que opine si corresponde o no habilitar el receso de verano para resolver el amparo, aunque la expresión del representante del Ministerio Público no es vinculante para el magistrado.

El Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo Federal es donde se están concentrando muchos de los planteos porque ha dispuesto tratarlo como amparo colectivo y fue el primero en hacerlo: por ello muchas presentaciones hechas en otros juzgados del fuero o bien de otros están siendo centralizadas allí para que no haya resoluciones contrapuestas y sea allí donde se defina la situación.

"Hemos enviado un proyecto de ley a la Legislatura que plantea que no se detenga la labor de la justicia durante todo el período de feria judicial, que para nosotros no debería existir; proponemos que los descansos y las licencias en la Justicia sean secuenciados de manera que los santafesinos podamos ver que no se corta la actividad en los juicios", dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

El funcionario involucró al Poder Judicial cuando un periodista lo consultó sobre los primeros resultados de las medidas tomadas en su cartera y las políticas públicas en favor de combatir los delitos.

En otro momento de sus declaraciones a un grupo de cronistas invitados a compartir un desayuno de trabajo en el Salón del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia, Cococcioni graficó: "vemos que se ha dispuesto que sigan en enero algunos juicios, mientras la ley que impulsamos para que se termine la feria judicial está en tratamiento en sesiones extraordinarias en la Legislatura, imaginen si tuviéramos esa ley", deslizó.

El titular del ministerio al que el gobernador Maximiliano Pullaro le ha otorgado la prioridad dijo que su primera tarea es enfrentar una "crisis operacional que se ha heredado". Y describió una vez más que encontró "un sistema de patrullaje desmantelado".

"Desde el primer día hemos dispuesto medidas para sacar hasta el último policía a la calle, largamos el bloqueo administrativo con ese fin y hemos llevado talleres móviles para recomponer la flota policial y disuelto oficinas y tareas administrativas para tener más personal en la calle, que son los caminantes que hoy ven dispersos en la ciudad", comentó.

Explicó que en estos casos "son agentes que hace cinco días estaban en oficinas" y agregó que comprende que la decisión de privar de licencias a la policía "no es una medida simpática y no nos gusta tener que adoptarla, pero tuvimos que pedirles a los policías que no se tome vacaciones: enero va a ser un mes típicamente complicado", dijo. Indicó que con esas decisiones "hemos podido triplicar el patrullaje en las calles" de la capital provincial.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe. Crédito: Mauricio Garín.

El "patrullaje preventivo en cuadrícula" es lo que "nosotros contamos" y reiteró que había 8 patrulleros y dos motos en la ciudad "operativos", es decir, listos para actuar ante una llamada de emergencia. Hoy "son en promedio 25, se ha triplicado", sostuvo. Aunque advirtió que el número "igual sigue siendo muy bajo".

En cuanto a los resultados, opinó que la estadística anterior "no era confiable" por lo que las comparaciones tampoco lo son. "Mi impresión es que hay más labores de investigación criminal, que hay más aprendidos en flagrancia, por ejemplo, pero no se los puedo decir porque los mecanismos de control para esas acciones de la policía no eran claras", agregó.

Respondió ante otra pregunta que la disolución de la Policía Comunitaria no parte de una evaluación de resultados sino de la necesidad de poder enfrentar un panorama de "absoluto colapso absoluto operacional para contar con móviles y policías en el número necesario en la calle", advirtió.

"Hemos tomado todos los medios a nuestro alcance para poder darle al señor jefe de la policía provincial todos los uniformados a sus órdenes para estar en la calle". Sostuvo que los cambios en las Cárceles para tener separados a los reos de alta peligrosidad y mantenerlos sin chances de recibir teléfonos celulares

Optó por no dar plazos para una autoevaluación, pero destacó la labor actual de la policía para la investigación de los delitos y crímenes que sacuden a la ciudad, así como al "acompañamiento a las víctimas y con la fiscalía que actua en cada caso". De todos modos, confesó: "no estoy para nada satisfecho con lo que hemos conseguido hasta aquí" y como ejemplo mencionó que estará conforme con la flota de patrulleros y móviles cuando "lleguemos por lo menos en la ciudad de Satna Fe a unos 70 u 80 en la calle y dispuestos a actuar".

Sobre la intimidante balacera a una comisaría en Rosario (que la crónica policial vincula con una venganza de Los Monos) el ministro prefirió no salirse del libreto. Repitió que "desde primera hora personal policía de investigaciones y la fiscalía de Regional II está en plena investigación" y pidió "no arriesgar hipótesis", trazó el objetivo de "dar con los responsables y aplicarles las sanciones que corresonden". Luego, deslizó cuando se nombró a la famosa banda: "no sería serio dar precisones que no tenemos ni añadir datos que puedan entorpecer la investigaciones en curso".

Aseguró que "desde el primer día hemos estado tratando de hacer todo lo necesario para cumplir con las instrucciones que nos ha dado el gobernador para retomar el control de las investigaciones criminales en conjunto con las fiscalías, recuperar la calle para los ciudadanos y obviamente puede haber alguna reacción de la criminalidad a las que responderemos con acciones cada vez más agresivas de nuestra parte".