Uno de los temas más trágicos en materia sanitaria que atravesó el año 2025 fue la muerte de decenas de personas por el uso de fentanilo adulterado o contaminado. Fue a partir de un brote inusual de infecciones intrahospitalarias y neumonías graves en el Hospital Italiano de La Plata y derivó en el retiro del mercado, prohibición de uso y allanamientos a los laboratorios implicados, señalados como HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

Esto ocurrió luego de establecer que la sustancia que había causado los decesos y que se utiliza como potente analgésico además de anestésico, estaba afectada por bacterias multirresistentes.

La investigación del caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak que hasta el momento constató la existencia de 90 víctimas y 44 sobreviviente con secuelas, según surge del expediente.

En paralelo, entre septiembre y diciembre, funcionó en la Cámara de Diputados de la Nación una comisión investigadora que estuvo presidida por la rosarina Mónica Fein (mandato cumplido) junto a Silvana Giúdici (LLA) y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Luego de varios meses de reuniones en las que se escuchó la voz de familiares de las víctimas, de las autoridades del hospital donde se detectó el primer brote, especialistas y al propio juez del caso, la tarea se coronó con un completo informe que incluyó recomendaciones; entre ellas, la trazabilidad de los medicamentos críticos desde su compra hasta su derivación a centros de salud.

Sobre ese tema fue convocada para este martes a las 15 la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Manuel Quintar (LLA-Jujuy). Será una reunión informativa en la que se expondrán distintos proyectos sobre el tema elaborados, precisamente, por integrantes de aquella comisión investigadora.

Uno de ellas lleva la firma de Giúdici, junto a otros legisladores, y establece la creación por ley de un Sistema nacional de alerta y trazabilidad de eventos críticos en Salud (Snatecs).

El segundo está encabezado por Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires) y dispone un Régimen de trazabilidad unitaria y digital de medicamentos de alto riesgo en el ámbito de la Anmat. Uno más, de Marcela Pagano (Coherencia-Buenos Aires) procura un Sistema integrado de control de importación y trazabilidad de sustancias farmacológicas críticas.

El último proyecto que integra la convocatoria de este martes es de Tolosa Paz y dispone un Sistema nacional de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos.

Mientras todo esto ocurre, la investigación judicial sigue adelante y en los últimos días se conoció el procesamiento a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó.

La medida fue dispuesta por el juez Kreplac e incluye un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias.

La causa de fentanilo contaminado es considerada la investigación penal más extensa en materia sanitaria de la historia argentina.

En diciembre pasado, la Comisión especial de seguimiento e investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y/o adulterado y sus consecuencias presentó su informe final y una serie de recomendaciones que contemplan medidas de control, como también la creación por ley de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) que hoy se rige por un decreto del año 1992.

También se pidió entonces establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides o fentanilo, como también la declaración de origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, construcción o ampliación del establecimiento.

En segundo término, se recomendó fortalecer los controles sobre las transferencias comerciales de laboratorios que adquieren habilitaciones o licencia para la elaboración de inyectables de drogas exigibles de trazabilidad para uso hospitalario.

En abril, la Anmat dio de baja de forma definitiva las habilitaciones y legajos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados por la producción de fentanilo contaminado. Foto: Archivo.

El listado incluye un esquema de auditorías de buenas prácticas de manufacturas basadas en un escalonamiento proporcional al tamaño, nivel de riesgo y capacidad operativo de los laboratorios; un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios a la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter preventivo a la producción de derivados de fentanilo, y el fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud públicos y privados que incumplan la obligación de notificar en el SISA situaciones de contaminación como las que se presentaron en este caso.

Eso entre otros puntos, que también apuntan a fortalecer el sistema de trazablidad, es decir, el eje de la reunión prevista para este martes.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos.

El magistrado las consideró, de manera preliminar, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. La causa investiga el fentanilo producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculado hasta el momento con 90 muertes.

La resolución estableció un embargo de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes. La cifra fue calculada considerando las posibles indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes y la dimensión económica del expediente.

Ambas continuarán en libertad, pero tendrán prohibido salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y entregar sus documentos de viaje. Tampoco podrán contactar a personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas el 4 de agosto por pedido del Ministerio Público Fiscal. Recuperaron la libertad después de prestar declaración indagatoria y abonar cauciones de $75 millones cada una

Kreplak sostuvo que las irregularidades de los laboratorios eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y que los organismos disponían de herramientas para impedir que las empresas continuaran funcionando en esas condiciones.

La resolución atribuyó a Mantecón Fumadó demoras frente a las advertencias de las áreas técnicas. Entre ellas mencionó que el proyecto de una carta destinada a limitar la actividad de HLB Pharma permaneció paralizado durante más de cuatro meses.

Respecto de Bisio, el juez señaló que mantenía autoridad sobre el INAME y contaba con facultades para actuar ante posibles omisiones. También indicó que firmó la prohibición de uso y comercialización del lote 31.202 el 12 de mayo de 2025.

El expediente contabiliza 134 personas afectadas: 90 fallecieron, al menos dos sufrieron lesiones gravísimas y otras 41 presentaron lesiones graves. Además, se registraron 47 querellas dentro de la investigación.

Con estas dos medidas, la causa suma 15 procesados. Los otros 13 están vinculados con la dirección, producción y control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: tres permanecen detenidos, tres cumplen prisión domiciliaria y siete transitan el proceso en libertad.

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, ampliará este lunes su declaración ante la Justicia federal en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. La presentación se realizará ante el juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata.

Bisio ya había comparecido ante el magistrado y, en aquella oportunidad, presentó un escrito y se abstuvo de responder preguntas. Ahora volverá a declarar mientras la investigación judicial avanza sobre las circunstancias que permitieron la producción y distribución de los lotes cuestionados y sobre las responsabilidades que podrían corresponder a los distintos actores involucrados.

La causa tiene como eje a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y analiza la fabricación y distribución de fentanilo que terminó contaminado con bacterias multirresistentes. Según la información incorporada al expediente, los lotes identificados con los números 31.202 y 31.244 fueron distribuidos en distintos hospitales del país y posteriormente se confirmó que estaban contaminados con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

El caso provocó casi un centenar de muertes, de acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas y otros medios que siguen la investigación. La pesquisa busca establecer cómo se produjo la contaminación, qué controles fueron realizados antes de que el medicamento llegara a los centros de salud y si existieron omisiones o incumplimientos que permitieron que los lotes fueran distribuidos.

Uno de los puntos que adquirió relevancia durante la investigación fueron las inspecciones realizadas previamente por la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Según los elementos mencionados en el expediente, durante esos controles se habían detectado fallas consideradas críticas, pero esas observaciones no tuvieron un seguimiento que derivara en el cierre de las plantas o en la interrupción de sus actividades.

De acuerdo con la reconstrucción difundida en el marco de la causa, los laboratorios continuaron funcionando pese a esas observaciones. El momento señalado como clave fue el 18 de diciembre de 2024, cuando fueron fabricados los lotes que posteriormente resultaron contaminados. Las partidas comenzaron a distribuirse a distintos puntos del país en enero de 2025.

La investigación judicial procura determinar, entre otros aspectos, qué ocurrió durante ese período y cuál fue el recorrido de los medicamentos desde su elaboración hasta su llegada a los hospitales.

Bisio recuperó su libertad junto con Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME, luego de que ambas pagaran una caución de 75 millones de pesos cada una. La ex titular de la ANMAT había sido detenida en Olivos, mientras que Mantecón Fumado se presentó voluntariamente en una dependencia policial acompañada por su abogado.

Las detenciones fueron dispuestas por el juez Kreplak a partir de un pedido de los fiscales federales. Los investigadores caracterizaron el expediente como un caso de “criminalidad compleja” y señalaron la existencia de un supuesto “conglomerado empresarial organizado”, según la información difundida sobre la causa.

El expediente también tiene entre sus principales investigados al empresario Ariel García Furfaro, señalado como propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., además de su madre y otros integrantes vinculados con las compañías. El 20 de agosto se cumplió un año de las primeras detenciones relacionadas con el denominado clan García Furfaro, una etapa que marcó un punto de inflexión en la investigación.

La nueva declaración de Bisio se produce mientras la Justicia intenta reconstruir la cadena de decisiones que precedió a la distribución de los lotes contaminados. En particular, el foco está puesto en los controles realizados sobre las empresas, las observaciones efectuadas por los organismos sanitarios y las medidas que se adoptaron —o no— después de esas inspecciones.

La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales que puedan surgir de esas actuaciones y establecer si las fallas detectadas tuvieron relación con la posterior circulación del fentanilo contaminado.

Por ahora, la causa continúa en etapa de investigación y la ampliación de la declaración de la ex funcionaria constituye una nueva instancia para incorporar información al expediente. Su testimonio será analizado junto con los documentos, peritajes y demás elementos reunidos por la Justicia para reconstruir lo ocurrido con los medicamentos fabricados a fines de 2024 y distribuidos desde comienzos de 2025.

En una serie de operativos coordinados por la Unidad Fiscal de Rosario, se llevaron a cabo cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright. La causa, liderada por el área de Criminalidad Económica y Trata de Personas, a cargo del Dr. Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro,  investiga una presunta defraudación millonaria contra el PAMI, cuyo monto estimado supera los 580 millones de pesos.

Durante los procedimientos realizados en los domicilios de los principales investigados, identificados como Martín A. (médico cardiólogo) y Martín P. (enfermero), el personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina realizó un hallazgo inesperado. En el lugar se secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de morfina sin usar, estas últimas resguardadas en una caja fuerte.

Además de los estupefacientes, las autoridades incautaron una gran variedad de material médico y quirúrgico, incluyendo: material orgánico y bisturíes; y vacunas y medicamentos inyectables como diazepam, penicilina, diclofenac, ketorolaco y dexametasona, entre otros.

Debido a la gravedad del hallazgo de las sustancias, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto por presunta comercialización de estupefacientes e infracciones a la Ley 23.737. Se espera que en los próximos días los involucrados comparezcan en una audiencia ante el Juez Federal de Garantías de Venado Tuerto, el Dr. Aurelio Cuello Murúa.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado creada en el ámbito de la Cámara de Diputados llegará a su fin luego de dos meses y medio de arduo trabajo.

Creada por unanimidad a mediados de septiembre, comenzó a funcionar un par se semanas después bajo la presidencia de la socialista Mónica Fein y este martes, desde las 9, presentará las conclusiones y recomendaciones a partir de los datos recopilados y los testimonios que fueron presentados en la misma sede de la comisión.

Alrededor de 20 resoluciones integrarán el informe del equipo compuesto por legisladoras y legisladores de todas las bancadas. Hasta el 9 de diciembre se podrán incorporar nuevas observaciones.

“Seguramente, será la hoja de ruta de la próxima Cámara” confió la legisladora rosarina. Es que al día siguiente jurarán los legisladores electos el 26 de octubre y el Congreso tendrá una nueva integración.

Sin embargo, la gravedad del hecho que se investiga, y que ubica la cifra de muertes en un número muy superior al centenar, permite anticipar que el tema seguirá en la agenda parlamentaria.

La comisión funcionó con regularidad cada semana e incluyó una sesión especial en la ciudad de Rosario, una de las más afectadas por al cantidad de casos. Fue en los primeros días de noviembre, a pedido de las familias de las víctimas que en todo momento presenciaron las reuniones y se convirtieron en verdaderos motores de la investigación.

Una de las características de la comisión es su pluralidad política: como se dijo, está integrada por referentes de todas las bancadas y el triunvirato que la presidió durante todo este tiempo estuvo conformado, además de Fein, por la libertaria Silvana Giúdici y Victoria Tolosa Paz (UxP).

Entre otros testimonios, recibió los de las máximas autoridades del Hospital Italiano de La Plata, donde se registró el primer brote de afectados por el fentanilo contaminado o adulterado; de referentes del Instituto Malbrán, cuyo trabajo fue destacado en más de una oportunidad por quienes investigan el caso, y del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

El magistrado, cuya actuación se inició en mayo a partir de una denuncia realizada por Anmat, seguida por un alerta nacional, explicó en detalle cómo se hizo la investigación que reveló irregularidades en la producción del Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

“Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte", fue una de las definiciones ante legisladores y familiares.

La minuciosa tarea del juzgado incluye el análisis particular de decenas de historias clínicas (ya se evaluaron 40), tarea que continuará aún durante la feria judicial, con el objetivo, con mucho viento a favor, de llevar el caso a juicio en el año 2026.

El juez contó también que no hubo trazabilidad de los medicamentos y que la Anmat desconocía la ubicación de las ampollas que se investigaban como contaminadas. Ni Anmat ni el ministro de Salud de la Nación Mario Lugones asistieron a las reuniones a las que fueron convocados, cuestión que fue comunicada a la Presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem.

Mientras tanto, la tarea desarrollada por la comisión fue bien ponderada por sus propios integrantes y los familiares de las víctimas, que se convirtieron en impulsores de la investigación.

Al nuevo Congreso que iniciará sus funciones el 10 de diciembre le quedará por delante la tarea de seguir de cerca el proceso y dictar las normas necesarias para que no se repita un hecho similar.

Entre las prioridades habrá que establecer un marco normativo para la Anmat, creada por decreto en agosto de 1992 luego de otra tragedia: la que derivó en la muerte de seis personas por el consumo de productos de propóleo contaminado.

También habrá que establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde su producción hasta su aplicación. El lote contaminado incluyó 154 mil ampollas que fueron distribuidas a distintos centros de salud y cuya localización, al momento de conocerse los casos fatales, era desconocida por los organismos nacionales.

Por unanimidad, el Congreso de la Nación decidió constituir una comisión que deberá investigar las causas y derivaciones del fentanilo contaminado. La presidirá la diputada santafesina Mónica Fein quien, en diálogo con El Litoral, dio detalles acerca de los objetivos planteados y del trabajo que encararán.

En primera instancia, rescató que la votación no haya tenido grietas. "Integramos un Congreso que vota pocas cosas por unanimidad. Por lo tanto, esto muestra una decisión de todos los bloques de avanzar en la investigación y seguimiento de esta causa. Y asumo junto a las vice presidencias de Silvana Giudici (PRO) y de Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Es decir que cuenta con una amplia representación", destacó.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: HCDN

Respecto de la metodología de trabajo, contó que se reunirán todos los martes al mediodía. "Primero, escucharemos a los familiares de las víctimas, que también lo son porque han perdido un ser querido en un proceso que no debería haberse dado", adelantó. La legisladora explicó que quien quiera participar y no pueda viajar, deberá completar un formulario que se ha publicado en la página web de la Comisión de Seguimiento; allí deberán inscribirse.

"La idea – sostuvo- es poder escuchar también a especialistas y técnicos que nos puedan orientar respecto de qué cuestiones podemos sumar a partir de la sanción de nuevas leyes, nuevos mecanismos, nuevos procesos que podamos sugerir desde el Congreso... También tenemos previsto reunirnos con el fiscal y juez de la causa. Porque nuestra idea – aclaró- es no perjudicar ni superponer ni generar ningún inconveniente con la investigación judicial".

Sobre esa misma base, anticipó que también citarán a funcionarios públicos tanto de ANMAT como del Instituto Nacional de Medicamentos y hasta del Ministerio de Salud. "Hay, además, una parte que tiene que ver con el control de sustancias derivadas de los opioides, como sería el fentanilo. Allí queremos ver cómo se está haciendo el seguimiento y qué procesos podemos aportar para brindar más garantías en esa trazabilidad", planteó.

Imagen ilustrativa.

Fein aclaró que el aporte de la comisión será "una investigación administrativa de responsabilidad política y sin interferir en la causa judicial que se está llevando adelante".

- Precisamente, ésa era la consulta… ¿Cuál sería el aporte de la comisión, si no se trata de una investigación paralela a la de la justicia?

- Bueno, acá hay procesos... Vamos a dar un ejemplo concreto. El ANMAT es un organismo de control creado por resolución y hay proyectos para crearlo por ley. Me parece que hay que escuchar para mejorar ese organismo, que es un organismo de control muy importante pero que se ha debilitado en el último tiempo. Tenemos que ver si la trazabilidad o los mecanismos de protocolos que hoy se utilizan son los suficientes. Tenemos que escuchar al juez e identificar qué normativas faltan. Es nuestra responsabilidad hacer las leyes y normas, y por supuesto, también vamos a ver si la acción que llevó adelante en términos administrativos y políticos el ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos fueron los correctos.

La legisladora santafesina destacó el nivel de representación de la comisión, donde será secundada por Silvana Giudici (PRO) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Crédito: El Litoral

- ¿Al margen del proceso de elaboración de los lotes contaminados, tendrán alcance para investigar, por ejemplo, qué sucedió con el robo de ampollas en el Hospital Iturraspe?

- Vamos a explorar qué controles y mecanismos hay. Por ejemplo, la trazabilidad del medicamento desde que sale del laboratorio hasta que llega a la farmacia hospitalaria, está bien. Pero encontramos que desde ese punto había un inconveniente hasta que llegaba la paciente. Por supuesto que no podemos investigar un robo puntual, pero sí los controles que se hacen, la trazabilidad, la forma en que se registran, quiénes pueden manipular o no ese tipo de medicamentos… Y por el otro lado, el ingreso de sustancias y la elaboración; aquí hay un hecho por lo menos sospechoso.

- ¿Tiene un plazo de funcionamiento la comisión?

- Sí, sí, el funcionamiento es hasta el 9 de diciembre. Durante ese lapso, debemos hacer las entrevistas, reunir los testimonios y hacer el informe final en el que debemos incluir las propuestas de las normativas que desde nuestro punto de vista deben ser modificadas.

Por María José Ramón y Juliano Salierno

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del Hospital J.B. Iturraspe, un hecho de extrema gravedad por tratarse de un opioide de uso hospitalario que, en manos indebidas, puede resultar letal.

La causa está a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien dispuso las primeras medidas tendientes a preservar pruebas clave para el esclarecimiento del hecho.

La denuncia fue presentada este lunes por las autoridades del hospital, quienes alertaron sobre el faltante tras un control rutinario de stock en la Unidad de Terapia Intensiva.

El director del establecimiento, Francisco Sánchez Guerra, confirmó que se trató de una detección interna: “En el racconto habitual de medicamentos se detectó el faltante, se hizo el análisis administrativo de altas y bajas, y al confirmarse la ausencia se decidió notificar al Ministerio, iniciar un sumario interno y presentar la denuncia formal en la Justicia”.

Desde la Justicia, el fiscal regional Jorge Nessier indicó este martes que la fiscal Peresín “dispuso una serie de medidas que tienen que ver con preservar los elementos de prueba que puedan resultar útiles”, entre ellas las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros del personal con acceso a la zona donde estaba almacenado el medicamento.

Añadió además que tomaron en cuenta “el ofrecimiento de las autoridades del hospital”, a través de los apoderados legales que los asistieron, “de proporcionar otros elementos que puedan delinear los contornos de esta investigación”. “Estamos en los inicios de una investigación que va a avanzar a medida que se reúnan más elementos”, apuntó.

En ese sentido, este miércoles la fiscalía tomaba declaraciones testimoniales, principalmente a quienes desempeñan funciones en dependencias del centro de salud pública donde se produjo el faltante de ampollas, puntualmente al director, el contador y los jefes de enfermería y farmacología del hospital.

En tanto las autoridades de Salud suministraron las cámaras correspondientes al período comprendido entre el sábado 16 y el miércoles 20 de agosto, dado que, según los controles de stock, el faltante se habría producido durante las jornadas del 18 y 19 de este mes.

Por su parte, en declaraciones a El Litoral, el titular del hospital Iturraspe remarcó la peligrosidad del fentanilo fuera del ámbito hospitalario: “Es un medicamento cien veces más potente que la morfina. En manos equivocadas, es letal”, advirtió Sánchez Guerra.

En sintonía con el accionar de la justicia, el director del hospital confirmó que los registros de ingreso, cámaras y documentación interna ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“La sospecha recae en quienes estuvieron en esos sectores en el período determinado. Podría tratarse de alguien del hospital o de alguien que haya ingresado por otros motivos. Eso lo tendrá que establecer la investigación”, añadió.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que el faltante corresponde a ampollas de fentanilo que se encontraban en uso en el hospital y que no pertenecen a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación con repercusión nacional. “Esos lotes fueron retirados de toda la provincia en mayo, con trazabilidad completa”, aclaró Sánchez Guerra.

La denuncia presentada ante el MPA sugiere que el hecho podría encuadrarse en figuras penales como hurto (Art. 162 del Código Penal), aunque esto dependerá del avance de la investigación. En paralelo, se inició un sumario administrativo interno para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades del personal del hospital.

Desde el Ministerio, se enfatizó el compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias” y colaborar plenamente con la Justicia, al tiempo que se advirtió sobre el riesgo social que implica la circulación de este tipo de droga fuera de control médico.

La investigación continúa, con el foco puesto en determinar cómo y quién sustrajo las ampollas, y en prevenir que estas sustancias lleguen a la calle, donde podrían tener consecuencias devastadoras.

Este lunes, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, realizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar la investigación de un faltante de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva del efector ubicado en el norte de la ciudad capital. La medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.

La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde. Además, se solicita al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías. En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.

El Gobierno nacional designó a Gastón Morán como nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La medida se conoció este viernes en el Boletín Oficial y llega en medio del fuerte impacto que provocó el escándalo por la circulación ilegal de fentanilo en el país.

El Ministerio de Salud oficializó la designación de Morán a través de la Resolución 2426/2025, firmada por el ministro Mario Iván Lugones. El nombramiento tiene carácter transitorio por 180 días hábiles, a partir del 21 de agosto, hasta que se concrete el concurso correspondiente para la cobertura definitiva del cargo.

La decisión se enmarcó ante el avance judicial del caso del fentanilo contaminado y la necesidad oficial de "esclarecer las responsabilidades sin interferencias", tras las detenciones del empresario Ariel García Furfaro y otros nueve directivos de los laboratorio HLB Pharma y Ramallo.

El Instituto Nacional de Medicamentos es una de las áreas más sensibles, ya que tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los fármacos que circulan en Argentina.

La llegada de Morán busca “ordenar y reforzar los mecanismos de control” dentro del organismo, en un momento en el que se multiplican los pedidos de mayor transparencia y trazabilidad en la producción y comercialización de medicamentos controlados.

Morán es egresado de la Universidad de Morón, máster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y con un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud. Realizó su residencia en la ANMAT, donde obtuvo el título de especialista en control de calidad de medicamentos.

Entre 2011 y 2016, trabajó en distintos cargos dentro del organismo: fue analista en el departamento de microbiología, jefe de comercio exterior del INAME, jefe del departamento de estudios y proyectos, y coordinador técnico de los institutos nacionales.

Además, se desempeñó como presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica y subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud. Desde septiembre de 2022 y hasta la actualidad estuvo al frente de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT.

Pablo Benito

El principal imputado es Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, donde se fabricaron los lotes adulterados. Junto a él fueron arrestadas su madre, Nilda Furfaro (68), y su abuela, Olga Luisa Arena (88), ambas bajo prisión domiciliaria por su edad. También están involucrados sus hermanos Diego y Damián García Furfaro.

Entre los demás detenidos figuran:

Javier Tchukran, director general de HLB y del Laboratorio Ramallo

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB

Horacio Tallarico, presidente de Ramallo

Rodolfo Labrusciano, director suplente

Todos ellos habrían participado en la autorización del lote 31.202, relacionado con el suministro del medicamento contaminado con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, agentes que provocaron infecciones letales en pacientes.

Fuentes ligadas a la causa afirmaron a El Litoral que el próximo lunes 25 de agosto deberán declarar ante la justicia federal autoridades y empleados del laboratorio investigado. Entre los citados se encuentran:

Victoria García, jefa de Garantías de Calidad

Eduardo Darchuk, jefe de Producción de ampollas

Wilson Pons, exdirector técnico (2024)

Gabriela Arzolidis, operaria de ampollas

Edgardo Scwlafani, jefe de Soluciones de Grandes Volúmenes

Agustina Garay, jefa de turnos de ampollas

Adriana Iudica, directora de Microbiología

Según el dictamen judicial, el objetivo es determinar el nivel de responsabilidad en la elaboración, control y liberación de los lotes contaminados.

En la resolución, Kreplak imputó a Ariel García Furfaro, Nilda Furfaro y Javier Tchukran por haber dado un destino ilegítimo al lote 30.366 de Fentanilo 5 ml, autorizado solo para uso hospitalario. El desvío habría ocurrido entre julio de 2022 y marzo de 2023, cuando se detectó su disposición a favor de Martín Hernán Alarcón, cuyo procesamiento fue solicitado el 8 de agosto.

Este punto conecta la causa con una investigación paralela por narcotráfico, que desarticuló una red dedicada a comercializar opioides en el mercado negro mediante encomiendas.

Martín Hernán Alarcón, mencionado en la causa Kreplak, fue detenido en otra investigación federal que descubrió el desvío de fentanilo y otras drogas desde su circuito legal. La pesquisa comenzó el 14 de abril de 2023, cuando Gendarmería interceptó un camión en la Ruta Nacional 12 con 500 ampollas de fentanilo enviadas desde Posadas hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas y la Procunar determinaron que la organización operaba desde 2020. Por orden de la jueza María Verónica Skanata, se realizaron 14 allanamientos en Misiones, Jujuy y CABA, donde se secuestraron casi $ 8 millones, 1.900 dólares, documentación y equipos electrónicos.

Los principales acusados en esta red son Juan Carlos Gibilisco, visitador médico radicado en Posadas y señalado como líder, y Martín Hernán Alarcón, titular del laboratorio Alil SAS (Villa Urquiza). Ambos recibían y distribuían los envíos ilegales. También fueron arrestadas sus parejas y otros dos cómplices, uno de ellos dueño de un centro de estética en Jujuy.

Mientras avanza la investigación por las muertes a partir del uso de fentanilo contaminado del HLB Pharma Group y el Laboratorios Ramallo, donde ya se contabilizan un centenar de víctimas en todo el país, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, aseguraron que se tomaron todas las medidas para evitar nuevos casos, transmitiendo así la tranquilidad para todos los ciudadanos santafesino. En este sentido, las autoridades remarcan que el problema fue rápidamente detectado y controlado.

Cabe recordar que en la provincia hay unos 30 fallecimientos asociados al uso de este medicamento. “Hoy no hay riesgo porque todos los productos de HLB fueron retirados del mercado”, explicó la directora de la Red de Medicamentos de Santa Fe, Silvina Fontana, detallando las medidas implementadas en el ámbito de la Salud.

Fontana recordó que la provincia cuenta con el Programa de Farmacovigilancia, que funciona como un nodo periférico de ANMAT y que recibe alertas sobre reacciones adversas o problemas de calidad.

“Cuando aparece un evento adverso, se ponen en alerta todos los sistemas y se notifica inmediatamente a ANMAT. En el caso del fentanilo, esa red permitió actuar con rapidez”, explicó.

El fentanilo, remarcó, es un medicamento de uso controlado y estrictamente hospitalario. Cada compra requiere un vale oficial con trazabilidad completa: quién lo adquiere, a qué proveedor, qué lote y en qué cantidad.

El 8 de mayo ANMAT emitió la primera disposición prohibiendo el uso del fentanilo de HLB. “Ese mismo día nos comunicamos con todos los efectores que tenían stock y ordenamos su retención. El 13 de mayo se amplió la prohibición a todos los productos de HLB”, detalló Fontana.

La notificación se realizó a través de un boletín oficial con 5.600 profesionales suscriptos y mediante contacto directo con hospitales y farmacias de la red provincial.

Según los registros oficiales, en la provincia se confirmaron 30 muertes asociadas al uso del fentanilo contaminado: 18 en Rosario y 12 en Santa Fe capital, tanto en efectores públicos como privados.

 A su vez, aseguró que el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto disponía de lotes de fentanilo HLB, pero nunca los utilizó en pacientes. “No tenemos casos notificados en el sur provincial”, afirmó Fontana.

La funcionaria aclaró que el retiro del fármaco no interrumpió la atención de pacientes críticos ni cirugías: “El mercado cuenta con otras marcas comerciales y también con medicamentos de la misma familia, como el remifentanilo, que permitieron dar continuidad a los tratamientos sin inconvenientes”.

Respecto a la fuerte presencia de HLB en el mercado, Fontana explicó: “Era un laboratorio que cotizaba en grandes licitaciones hospitalarias. No se trataba solo de precios; el producto estaba habilitado por ANMAT y tenía certificado de comercialización vigente como todas las otras marcas. La prohibición llegó recién el 8 de mayo, junto con la clausura del laboratorio”.

Fontana insistió en que no existe riesgo para la población: “El fentanilo no es un medicamento que se adquiera en farmacias con receta común, se usa únicamente en hospitales y en pacientes críticos. Y hoy todos los productos de HLB están apartados”.

Al mismo tiempo, subrayó que será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad de los laboratorios y de las instituciones habilitantes. “Nosotros recopilamos la información y la pusimos a disposición de los peritos judiciales, que analizarán caso por caso. No todos los fallecimientos pueden atribuirse directamente al fentanilo, porque se trataba de pacientes críticos con pronósticos muy delicados”, explicó.

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. que evalúa entregarse a la Justicia, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

La PSA fue parte de los operativos de detención

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

También fueron detenidos los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Fueron detenidos familiares y directivos de las empresas que dirigía García Furfaro

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Fuent: Cuerpo Médico Forense

Sobre las 21 del miércoles, García Furfaro se encontraba camino a entregarse a la Justicia para ponerse a disposición de la causa que investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fentanilo contaminado.

La causa investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fentanilo contaminado.

La Policía se dirigió a su domicilio en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, pero no lo encontraron.

Un informe pericial clave, elaborado por el Cuerpo Médico Forense, confirmó que las ampollas de fentanilo del lote 31202, fabricadas por el laboratorio HLB Pharma, agravaron significativamente el estado de salud de numerosos pacientes y contribuyeron directamente al fallecimiento de al menos 12 de ellos.

El estudio analizó 20 casos de distintas instituciones médicas del país, revelando que la contaminación con bacterias multirresistentes fue un factor crucial en la fatalidad de estos decesos. El dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, se encuentra bajo la lupa judicial, enfrentando la posibilidad de ser imputado formalmente.

Aunque García Furfaro se desliga de las responsabilidades, la investigación avanza, y una pericia pendiente del Instituto Malbrán podría sumar más evidencias en su contra.

El informe pericial, solicitado por el Centro de Asistencia Judicial Federal, analizó las historias clínicas y autopsias de 20 pacientes que sufrieron complicaciones graves o murieron tras recibir el fentanilo contaminado. El objetivo principal fue determinar si existía un vínculo entre el medicamento y los desenlaces clínicos.

Los resultados fueron contundentes:

Nexo concausal (12 casos): En estos pacientes, la infección bacteriana, si bien no fue la única causa de muerte, actuó como un factor determinante que aceleró el deterioro clínico y la muerte. La bacteria agravó las patologías preexistentes de los pacientes, que se encontraban en un estado de vulnerabilidad en terapias intensivas.

Nexo fortuito (5 casos): En estos casos, la bacteria estuvo presente, pero la gravedad de las enfermedades subyacentes de los pacientes (como traumatismos severos o cáncer terminal) era tal que su fallecimiento era inevitable, independientemente de la infección.

Los peritos destacaron la peligrosidad de las dos bacterias encontradas en el fentanilo: la Ralstonia mannitolilytica y la Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5. Ambas son resistentes y letales para pacientes inmunocomprometidos, con la capacidad de formar biopelículas o producir enzimas que las hacen invulnerables a los antibióticos más potentes.

Uno de los casos analizados en esta fase corresponde al Hospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía.

Los casos analizados en esta primera fase de la pericia corresponden a pacientes de los siguientes centros de salud:

Hospital Italiano de La Plata: nueve historias clínicas.

Hospital Clemente Álvarez de Rosario: seis historias clínicas.

Hospital Italiano de Rosario: una historia clínica.

Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia: una historia clínica.

Sanatorio Parque de Rosario: una historia clínica.

Sanatorio Parque de Entre Ríos: una historia clínica.

Hospital Cullen de Santa Fe: una historia clínica.

El dueño del laboratorio se encuentra bajo la lupa judicial y podría ser imputado formalmente.

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, negó públicamente su responsabilidad en las muertes, argumentando que los pacientes fallecieron por otras causas. En declaraciones con medios nacionales, admitió que “pudo haber habido un caso de negligencia”, pero intentó deslindarse de las consecuencias.

Su postura generó un tenso cruce con Soledad Francese, la madre de Renato Nicolini, la víctima más joven. Francese lo responsabilizó directamente, afirmando que las bacterias presentes en su producto fueron las que deterioraron la salud de su hijo. A pesar de los intentos de Furfaro de mostrar empatía, la madre de la víctima rechazó sus disculpas y lo acusó de ser el responsable de la tragedia.

Mientras tanto, el juez federal Ernesto Kreplak continúa la investigación, desestimando la denuncia de un supuesto sabotaje por parte de Furfaro y concentrándose en las responsabilidades penales del entorno empresarial. Se espera que, con las nuevas pruebas, se avance hacia la imputación formal del empresario.

La tragedia del fentanilo contaminado puso de manifiesto fallas críticas en los controles de calidad de la industria farmacéutica. La pericia del Cuerpo Médico Forense no solo esclarece las causas de las muertes, sino que subraya la urgencia de revisar los protocolos de seguridad.

La justicia avanza con paso firme para determinar responsabilidades y llevar a los culpables ante la ley, buscando justicia para las víctimas y sus familias, mientras la sociedad entera reclama respuestas y garantías de que un hecho de esta magnitud no vuelva a ocurrir.

Un repaso a las noticias y la sensación de que vivimos tiempos de trampas, farsas, imposturas y agravios. Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y el rasgo destacable no son las propuestas sino las "candidaturas testimoniales", una inspirada creación del peronismo que parece extenderse en el tiempo y en el espacio. Pago entrada para escuchar a Carlos Gardel y cuando entro a la sala me dicen que el cantor será L-Gante; voto por un candidato y después se sienta en la banca un desconocido. ¿Fraude, estafa, "cuento del tío"? Pareciera que no. Picardía criolla, que le dicen. Historias de "pago chico" como le gustaba decir a Roberto Payró. El vocero presidencial, Manuel Adorni, da a conocer un video con declaraciones falsas del gobernador de Buenos Aires, acto cometido exclusivamente por el afán de trampear. Un acto gratuito, por cierto, porque para destacar los límites o las carencias de Axel Kicillof no es necesario mentir, ya que en este muchacho todo es demasiado evidente. Uno de los biógrafos oficiales del presidente, conocido por sus posiciones homofóbicas, pone en duda, y algo más que en duda, la tragedia vivida por Julieta Prandi. Furioso, y con razón, el actual novio de la modelo amenaza al energúmeno con "cagarlo a trompadas". El empresario comprometido con la tragedia del fentanilo adulterado, Ariel García Furfaro es, entre otras virtudes, amigo de Lázaro Báez, un detalle menor comparado con sus frecuentes visitas al Instituto Patria, sus fotos con Cristina y sus viajes al extranjero acompañando a los impecables funcionarios del Ministerio de Salud del pasado gobierno peronista. Que haya estado preso por homicidio es, en este contexto, un detalle menor, suavizado porque en la emergencia el presidiario estudió y se recibió de abogado. También parece ser un detalle menor que como consecuencia del fentanilo contaminado hay cerca de cien muertos.

Cristina furiosa, porque según ella le quieren confiscar la plata que ganó como "abogada exitosa". De todos modos, la señora está tranquila porque de la causa por enriquecimiento ilícito está liberada gracias a la imparcialidad del juez federal Norberto Oyarbide, el mismo que luego declaró que había elaborado ese fallo porque los K lo tenían "agarrado del cogote". José Luis Espert encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA). No sé si la decisión será políticamente prudente y correcta, pero espero que él sea prudente y correcto a la hora de elegir chofer para el auto y piloto para el avión. Mientras tanto, el ex presidente de los argentinos, Alberto Fernández, deberá presentarse a la justicia para declarar acerca de las biabas que le propinaba a quien en su momento se refería como "mi querida Fabiola", su esposa, la protagonista del cumpleaños más célebre de la década. Los restos de un joven asesinado hace 41 años son descubiertos por desprevenidos albañiles, una escena que hubiera despertado la curiosidad de Edgar Alan Poe y Howard Lovecraft. Médicos aspirantes a residencias machetean en el examen como adolescentes traviesos, aunque en este caso lo que está en juego no es una indisciplina de adolescentes traviesos, sino la salud de la gente que queda en manos de estos burros. Javier Milei inicia la campaña electoral en La Plata. Discurso prolijo, aunque fiel a su estilo no se priva de designar como "enfermos mentales" a los disidentes y calificar de "enano soviético" a Kicillof. Minucias. Por el contrario, resultó conmovedor el espectáculo de los candidatos de LLA con buzos violeta. La conmoción llegaba a las lágrimas contemplando a los garrochistas del PRO luciendo sus flamantes uniformes tal como se los ordenó su flamante jefe.

El narcotráfico y la mafia de los medicamentos constituyen una pareja que va del brazo. Ariel García Furfaro parece reunir los méritos de ser el padrino de la pareja. Abogado, empresario, ex presidiario y peronista a tiempo completo. Peronista de Cristina y de Lázaro. Cartón lleno. Si Cristina para justificar su fortuna se define como una abogada exitosa, García Furfaro se define como un empresario exitoso. Paren con la martingala de éxitos. Entre otras cosas porque estos triunfos no salen gratis. Sin ir más lejos, el fentanilo contaminado suma cerca de cien muertos. Por este camino marchamos al Cromañón II sin decir "agua va". Ayer la efedrina, hoy el fentanilo. No nos privamos de nada. Un problema judicial y un problema político pendiente. ¿Habrá impunidad? Cien muertos, señores jueces y señores fiscales. Segundo: ¿García Furfaro, Lázaro Báez, Cristóbal López o Alberto Samid, por ejemplo, son el modelo de burguesía nacional que intenta amparar el peronismo para su modelo nacional y popular o de "Argentina potencia"? Por su parte, el gobierno nacional responsabiliza a los K de lo sucedido. Todo es posible; pero estaría más satisfecho si el reclamo de justicia incluye saber qué rol cumplieron los organismos estatales de control de los cuales el oficialismo es responsable.

Sin el apoyo de una mayoría de diputados el presidente Javier Milei no podría haber asegurado el superávit fiscal y reducido la inflación. Le guste o no, vivimos en una república democrática, y esta cuenta con sus instituciones. El parlamento es una de ellas, y para más de un analista la decisiva, al punto que cuando se producen golpes de estados militares lo primero que se disuelve es el parlamento. Una dictadura puede gobernar en algunos casos con el Poder Judicial anterior, y más de una vez lo hizo: en el año 1930 por ejemplo. Y una dictadura, por supuesto, sostiene al Poder Ejecutivo con el sillón que ocupará el dictador de turno. Pero lo que no consiente ni en broma una dictadura es el parlamento; porque más allá de la calidad de algunos legisladores el parlamento como tal es una caja de resonancia, un ámbito deliberativo a través del cual se expresa, con las dificultades del caso, la voluntad nacional. Esa deliberación, esa expresión y representación las dictaduras no la toleran ni un segundo, y poco les importa la calidad de los legisladores. En homenaje a la memoria, tengamos presente que fue el Congreso el que le puso límites a los Kirchner cuando quisieron sancionar la 125. Milei no es un dictador, pero está claro que el Congreso le fastidia y sobre todo lo que le fastidia es que lo controlen. Hoy está furioso con los diputados como ayer estaba furioso con los senadores y su propia vicepresidenta. Ese es el problema de Javier: sus furias. Sus sonidos y sus furias. Ahora habla de sacar una disposición en la que a los legisladores se les pone límites en lo que es su actividad decisiva: legislar. Es como decirle al médico que no cure, al escritor que no escriba o a la bailarina que no baile. Por supuesto que es necesaria una responsabilidad para legislar, responsabilidad que Milei conoce bien porque sin esa actitud él no dispondría de la Ley Bases. Nadie le pide al presidente que peregrine de rodillas hasta el Congreso para agradecer esa decisión política, pero sí hay derecho a pedirle que no insulte, no agravie, no deshonre a quienes les dieron los instrumentos para que pueda gobernar.

En nuestra provincia alguna vez un gobernador, de cuyo nombre no quiero acordarme, le reclamó a su ministro que eche del cargo a un diputado que no había votado como él suponía que debía votar. El ministro se vio obligado a brindarle al gobernador una improvisada clase de Instrucción Cívica y explicarle que él es gobernador pero no patrón y por lo tanto no puede echar a un diputado porque no votó como él suponía que debía votar. Me temo que a Milei habrá que recordarle esa clase. Los diputados no están donde están para darle la razón a él. Tampoco están para obstruir o conspirar. El equilibrio entre estos extremos lo logra el diálogo que es capaz de establecer una clase dirigente. No hay democracia, es imposible que exista, si los actores no conversan, no mantienen entre ellos una relación civilizada en lo que acuerdan o en lo que disienten. Lo siento por él, pero Milei deberá acostumbrarse a dialogar y, además, a brindar los instrumentos necesarios para ese diálogo ya que se hace muy difícil conversar sobre partidas asignadas para dar aumentos, o por lo menos discutir aumentos, si el gobierno no ha hecho nada para aprobar un presupuesto. En octubre se vota, y más allá de los resultados puntuales las relaciones de fuerzas entre oficialistas y opositores serán parejas. Le guste o no a Milei, deberá conversar con sus adversarios, sean legisladores o gobernadores. En una sociedad abierta y pluralista no se conoce otra forma de gobernabilidad. Los gritos, las voces de mando, los insultos y las amenazas son gesticulaciones de los dictadores; los demócratas conversan, acuerdan lo que pueden y sostienen las diferencias que pueden.

Atendiendo al tema sanitario y sus complejidades, desde su banca la concejal Verónica Ruiz (PRO- Unidos) presentó un proyecto de Resolución en busca de respuestas sobre el caso de fentanilo contaminado y su posible afectación en Venado y región.

Para ello, solicitó al Ministerio de Salud de la Nación un informe “con carácter urgente” si partidas del lote adulterado llegaron a la provincia de Santa Fe y, en particular, a la ciudad de Venado Tuerto. La iniciativa surge tras el grave brote de intoxicaciones y las casi 100 muertes registradas en todo el país por la utilización de dosis elaboradas por el laboratorio Ramallo y comercializadas por HLB Pharma S.A., que presentaban contaminación con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.“Sé que el fentanilo que había llegado a Venado lo analizaron en Microbiología y no tenía bacterias. Pero, dicho control pudo ser un análisis de rutina y no por este caso”, sumó la edil del oficialismo, respecto a la situación en la localidad.

De acuerdo a datos oficiales y a publicaciones de medios como Chequeado y El Comercial, “el episodio ya provocó al menos 96 muertes y decenas de personas internadas. Según la nota publicada por Chequeado el 26 de mayo de 2025, la mayoría de los casos graves se habrían producido en territorio santafesino, lo que coloca a la provincia como uno de los epicentros de la crisis sanitaria”, expresa el texto de la Resolución al fundamentar lo urgente de la solicitud.

Y agrega que el “Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que las bacterias detectadas son multirresistentes, lo que agrava el riesgo para los pacientes y dificulta el tratamiento”. Por ello, el Concejo venadense solicita al Ministerio de Salud que detalle la cantidad de dosis enviadas a Santa Fe y, en caso de haberse distribuido en la ciudad, precisar su trazabilidad, fechas de elaboración, distribución y retiro, así como la cantidad de dosis que efectivamente fueron administradas.

La resolución también incluye un pedido a la Cámara de Diputados de la Nación para que “avance en la creación de una Comisión Investigadora que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El fentanilo es un opioide sintético de altísima potencia, utilizado principalmente para el manejo del dolor y procedimientos anestésicos”, expresa la resolución. Su contaminación representa un riesgo sanitario grave y su distribución sin control podría derivar en más víctimas. Con este pedido, el Concejo busca conocer el alcance real de la situación en la región y prevenir nuevos casos.

El Ministerio de Salud de Santa Fe ha confirmado el retiro total de un lote de fentanilo contaminado que estuvo en circulación entre noviembre y mayo, período en el que se reportaron los casos asociados. La directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, informó que el lote afectado provino del laboratorio HLB.

Casos Registrados:

• El fentanilo es un analgésico opioide de uso exclusivo en cirugías y terapias intensivas, no disponible para la población general.• Se registraron 34 muertes vinculadas al fentanilo contaminado. De estas, 30 fallecimientos fueron confirmados por el Instituto Malbrán, concentrándose los casos fatales en Rosario (18) y Santa Fe (12).• Los casos sospechosos se dieron entre noviembre (cuando el lote fue liberado) y mayo (fecha de su prohibición). No se esperan nuevos casos fuera de este período, aunque la Justicia podría encontrar más al revisar historias clínicas. 

Desde el inicio, el Ministerio de Salud activó un protocolo de farmacovigilancia. Las medidas clave incluyeron:• La notificación a la ANMAT, que prohibió el uso de los lotes identificados y, pocos días después, suspendió toda la comercialización de la empresa HLB.• Se notificó a todos los efectores de salud (hospitales públicos y privados) para retener el stock del producto.• Se realizó un relevamiento rápido para identificar dónde se había distribuido el fentanilo, y la información de los lotes fue reportada a la ANMAT.• La Policía Federal verificó físicamente las existencias.• El Ministerio informó los datos a la Nación y aportó información clínica y bacteriológica a la Justicia.• La provincia, por decisión del gobernador, actúa como querellante en todos los informes a la Justicia. 

Situación Actual y Garantía de Atención Médica:• El Ministerio asegura que actualmente no hay fentanilo del lote contaminado en circulación.• La calidad de la atención médica no se vio afectada, ya que existen otros laboratorios que producen fentanilo y el remifentanilo como alternativa, lo que permitió un rápido reemplazo y la continuidad de los tratamientos.• La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades penales y sanitarias.• Silvina Fontana enfatizó que la prioridad es "dar garantías a la población, con transparencia y datos precisos", destacando la coordinación entre provincia, Nación y la Justicia, y el rol de Santa Fe como la jurisdicción que más información aportó a la causa

Un operativo conjunto, personal de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA) impidió el ingreso ilegal de ampollas de fentanilo en la ciudad de Posadas, Misiones.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Prefectura realizaban tareas de vigilancia nocturna y detectaron, a través de visores especiales, el cruce de una embarcación proveniente del Paraguay que, tras arribar a la costa argentina del río Paraná en la zona conocida como "Costero de Gurapá", retornó a su país de origen.

Ante la presunción de encontrarse frente a un hecho delictivo, personal de la Autoridad Marítima nacional, acompañado por integrantes del GOC-NEA, se dirigió al lugar y halló un bulto abandonado en la ribera.

Como resultado de la requisa, se decomisaron 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0.05 mg/ml, de solución inyectable, rotuladas con la leyenda “Prinosil”.

El cargamento, cuyo valor es supera los 60 millones de pesos, quedó secuestrado por orden de la Fiscalía Federal N° 2 de la Ciudad de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez.

En el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, los peritos y colaboradores no descansan. La tarea para revisar cada una de las historias clínicas que llegan a su despacho desde más de 200 hospitales de todo el país es ardua. Ese análisis minucioso sobre los pacientes internados que recibieron tratamiento con el lote contaminado del fentanilo número 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group, hizo posible que la cifra de fallecidos se elevara de 76 a 97. Para los investigadores, el número, escalofriante, no es el techo, lo que habla de la magnitud de la tragedia a la que algunos ya llaman el “Cromañón sanitario”.

Según pudo establecer Infobae, el nuevo reporte de víctimas fatales incluye tres casos del Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo caso en la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, siete víctimas fatales en el Instituto de Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.

De esa totalidad, en el Juzgado Federal de La Plata ponen un asterisco a los 9 casos de Bahía Blanca, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Allí falta contrastar con información complementaria que se podría haber perdido en la última inundación, aunque sí se sabe con certeza que los pacientes fallecidos fueron tratados en la Unidad de Terapia Intensiva con dosis de fentanilo contaminado. En estos casos, en concreto, aún falta establecer que los internados hayan dado positivo en los hemocultivos —análisis microbiológico de sangre, con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. En ese caso, la cifra de muertos sería de 87. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que la causa se abrió por una denuncia del Hospital Italiano de La Plata después de descubrir un brote de neumonía producido por esas dos bacterias resistentes a antibióticos y que había causado la infección de 18 pacientes, de los cuales 15 fallecieron.

“Estamos trabajando a fondo, avanzamos rápido y buscamos establecer las responsabilidades que corresponde”, le dijo el juez Kreplak. Y en esa línea de investigación se orienta la pesquisa. De hecho, el magistrado habilitó la feria judicial y ordenó pericias muy específicas a los integrantes del Cuerpo Médico Forense para que establezcan de forma unívoca que los microorganismos detectados en las ampollas de fentanilo de HLB Pharma son idénticos en su genotipo y fenotipo a los hallados en los hemocultivos de los pacientes fallecidos y otros que se recuperaron.

La información que llega al juzgado suele demorarse. Por ejemplo, el viernes el magistrado ordenó el allanamiento de la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba en busca del historial médico de los pacientes internados allí desde el 1 de abril hasta el viernes 8 de agosto pasado, ya que hasta el momento las autoridades del sanatorio privado solo habían entregado cuatro, entre ellas la del hasta entonces único paciente muerto. Hoy se sumó un segundo.

Kreplak y su equipo estiman que hay una cifra negra de fallecidos que no se reportan. En esa clínica, por ejemplo, se habían administrado más de unas 1.700 dosis de fentanilo contaminado, pero se habían reportado 4 casos, entre ellos Giovanni, un bebé de tan solo tres meses que sigue en estado grave. El magistrado quiere establecer, a través de las historias clínicas que los responsables del centro médico no enviaban, si la totalidad del fentanilo adquirido fue aplicada a pacientes o se podría haber desviado al mercado ilegal o informal. Un hecho que aún no se estableció.

“Estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que se correspondan con esa verdad. Estamos yendo a fondo, en primer lugar, para que las víctimas sepan qué fue lo que pasó y se pueda establecer las responsabilidades que corresponden”, respondió el magistrado al ser consultado por este medio y aseveró que hay unos 200 hospitales y clínicas en todo el país que adquirieron ampollas del lote contaminado de HLB Pharma.

El juez también confirmó que hasta el momento hay 24 personas sospechadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación y venta del medicamento adulterado. A todas se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió la salida del país para evitar posibles fugas.

La decisión judicial sobre cada una de ellas se tomará una vez que finalicen los peritajes y se establezca —a eso se aspira— en qué parte del proceso se contaminaron las ampollas con las bacterias.

El juez federal Ernesto Kreplak afirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado alcanzan las 76, aunque advirtió que esa cifra podría aumentar a medida que avance la investigación. La causa está a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, que analiza el alcance y origen de este grave incidente sanitario.

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) intervino tras la detección del primer caso fatal en el Hospital Italiano de La Plata.

Se incautaron muestras de todos los lotes implicados y se corroboró la presencia de bacterias multirresistentes en dos de ellos. Uno de los lotes adulterados tuvo amplia distribución, mientras que el otro no llegó a ser utilizado por haber sido retirado rápidamente.

El lote más difundido contenía 154.000 ampollas

Gracias a operativos judiciales y sanitarios, se recuperaron 115.000 ampollas contaminadas y se impidió la aplicación de aproximadamente 30.000 dosis que estaban en hospitales. Según Kreplak, “hoy no circulan ampollas contaminadas”, generando cierta tranquilidad, aunque sin descartar nuevas víctimas.

Para estimar el número real de afectados, los investigadores cruzan bases de datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos. Esto se debe a que muchas de las dosis contaminadas ya no están en stock.

En este marco, el juez advirtió que “esto no llegó a un techo”, y que “con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”.

Uno de los lotes adulterados tuvo amplia distribución

El lote más difundido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 fueron aplicadas en el Hospital Italiano de La Plata. Desde el inicio se estimó un impacto mayor, con más de 100 víctimas potenciales.

Hasta ahora, 24 personas están bajo sospecha, aunque no hay detenidos. Kreplak comentó que la causa es “extensa, compleja, con múltiples aristas” y que se sigue avanzando para determinar responsabilidades primarias y directas.

Cambió la hipótesis que manejaba el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak sobre una “cifra negra” de muertes de pacientes por la administración de fentanilo contaminado.

El impacto de la droga de uso clínico del laboratorio HLB Pharma Group SA por fuera del sistema de registro del Ministerio de Salud de la Nación denominado SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) dejó de ser el estimado y se plasmó en veinte historias clínicas más que el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°3 recibió por parte de hospitales.

Ramallo S.A. y HLE Pharma son los laboratorios involucrados.

El dato no es menor: el magistrado y sus colaboradores ahora investigan 74 fallecimientos y no 54.

Daniel Gustavo Oviedo, padre de una de las víctimas fatales del fentanilo contaminado, pidió justicia por su hijo, también llamado Daniel, quien falleció tras haber sido internado en La Plata y recibir la medicación que, tiempo después, fue identificada como adulterada.

En el programa “Cómo te lo digo” por Radio Colonia, el hombre explicó como fue la marcha dada este jueves en La Plata, donde participaron varios familiares de las víctimas: “Fue una movilización muy fuerte. Lo hicimos para romper con este silencio que tanto ruido hace”.

Todavía no hay detenidos en el marco de la causa.

Luego, confirmó que aún no hay imputados ni una carátula definida en la causa, y remarcó la falta de respuestas concretas por parte de la Justicia: “Hay más información en los medios que en el expediente”.

Oviedo relató que su hijo, paciente de diálisis crónica desde los 16 años, ingresó al hospital por una descompensación en febrero y que, tras varios días de altibajos, mostró signos de recuperación.

Sin embargo, después de recibir el fentanilo, su salud empeoró de forma repentina: “El 13 de abril se comunicaba bien, estaba reactivo. Una semana después ya era otro paciente, hinchado, con reacciones alérgicas”, recordó.

Finalmente, falleció tras presentar una bacteria que no pudo ser detectada a tiempo por el hospital y que recién fue identificada por el Instituto Malbrán.

El padre denunció la falta de trazabilidad de las ampollas y la posible impunidad de los laboratorios involucrados, Ramallo S.A. y HLE Pharma, empresas con vínculos políticos y antecedentes polémicos.

“Esto es una masacre, no se puede cerrar así nomás. Hay miles de ampollas circulando que no se sabe dónde están y cuando les incautaron 5 kilos de materia prima, dijeron que la destruyeron porque estaba vencida. Nadie les pidió explicaciones”, lamentó.

Según los datos aportados, hay más de 40.000 ampollas de fentanilo que siguen sin ubicar, por el momento, la causa abarca varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén.

“Mi hijo tenía 44 años, era la cabeza de familia, un tipo lleno de luz, solidario, fanático de Estudiantes. Ahora tengo que hablar de él y lo tengo en una cajita”, expresó Oviedo con dolor.

Finalmente, cerró: “Queremos que la Justicia avance y que esto no quede impune. No se puede tapar con silencio una tragedia de este tamaño”.

Por Pablo Benito

Ariel García Furfaro, jefe de lo que podría definirse como un cartel de medicamentos —ya que era propietario de laboratorios, droguerías y mantenía fluidas relaciones con funcionarios públicos y prestadores de salud privada— preparaba su retirada en un verdadero “festival” de emisión de cheques que encontraron las cuentas ya sin fondos.

Este proceso comenzó cinco días antes de iniciarse la causa que investiga 54 muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

El pasado 6 de junio, Alfarma S.R.L. fue suspendida por la ANMAT e inhabilitada su licencia tras detectarse “deficiencias graves” durante una inspección de verificación de Buenas Prácticas de Distribución. Esta inspección se realizó junto a inspectoras del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

Según consta en el acta de la Disposición 3989/2025 de la ANMAT, que resolvió la inhabilitación de la droguería, “la comisión fue recibida por el Sr. Oscar Ruffinengo (DNI 10.636.073), en carácter de apoderado de la firma”.

Ruffinengo fue uno de los socios que, vendió sus acciones a García Furfaro en 2020.

Con Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, sumados a una de las principales droguerías proveedoras del Estado en diversas provincias y de efectores privados, da un indicio de que la trazabilidad de los productos habría quedado en manos de particulares.

“Ante el requerimiento de esa documentación en términos generales, la empresa manifestó que no contaba con ninguno de los registros vinculados a la distribución en el establecimiento al momento de la inspección —indicó la ANMAT—. Esto comprendía todos los procedimientos escritos, manuales, contratos, comprobantes de facturación y cualquier otro documento relacionado con la operatoria de distribución, ya sea en formato físico o digital, los cuales deben estar disponibles para la autoridad sanitaria y poder recuperarse con facilidad.”

Los responsables de Alfarma tampoco lograron presentar registros confiables del movimiento de las dosis correspondientes al lote 31.202 de fentanilo producido por HLB Pharma, en ampollas de 0,05 mg/ml de 5 ml. Este lote está directamente vinculado con más de 60 casos de infecciones bacterianas detectadas en 16 centros de salud que reportaron pacientes afectados o fallecidos. Según expuso la ANMAT, los datos digitalizados sobre la circulación del producto no coincidían con los comprobantes de origen.

“La consulta del lote 31.202 en el sistema informático reflejó un ingreso total de 64.400 unidades y la salida de 50.000 unidades destinadas al Consejo Provincial de Salud Pública de la provincia de Río Negro, junto con 14.400 unidades enviadas a la Unidad de Compras e Insumos Medicinales”, informó la ANMAT.

No obstante, en la factura y el remito emitidos por HLB Pharma constaba que se habían entregado 15.000 unidades de ese lote a la droguería. “El director técnico indicó que el laboratorio había confeccionado por error el remito y que se había solicitado su corrección, pero no contaba con el primer remito original donde figuraban las 64.400 unidades” y, además, “señaló que únicamente se distribuyeron las partidas destinadas a la Unidad de Compras e Insumos Medicinales, lo que no coincidía con la información registrada en el sistema informático”, detalló la autoridad regulatoria ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata.

La investigación a cargo del juez Ernesto Kreplak aún no tiene imputados. La desaparición de información, el vaciamiento de las empresas, la cesación de pagos a proveedores y trabajadores bajo la responsabilidad de Ariel García Furfaro, y la imposibilidad de que sus acreedores den con su paradero, deberían ser motivos suficientes para ordenar la detención.