La ciudad de Rufino se ha visto sacudida por el femicidio de Guadalupe Belén Montoya, una joven de 17 años que perdió la vida el pasado 31 de marzo a manos de su pareja, un adolescente que se encuentra detenido en Rosario.

En un primer momento, la investigación indicaba que la causa de su muerte podría haber sido un suicidio, pero a medida que avanzaron las pesquisas, los fiscales lograron reunir evidencias suficientes para demostrar que se trató de un femicidio. Así lo confirmó desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Marianela Montemarani, quien encabeza la investigación. "A partir de las pruebas recolectadas hasta el momento, le atribuimos al adolescente investigado la autoría de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género", afirmó la fiscal.

Según los detalles de la investigación, el crimen ocurrió entre las 11:30 y las 13:30 del martes 31 de marzo en una vivienda precaria de Rufino. Ese mismo día, el adolescente se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde fue detenido tras un intenso operativo.

La marcha por justicia

El pedido de justicia se hizo sentir en las calles de Rufino este miércoles, cuando un importante grupo de vecinos, familiares y amigos de Guadalupe Montoya marcharon por el centro de la ciudad, partiendo desde Plaza Sarmiento. La movilización tuvo una fuerte carga emocional para todos los participantes, que exigieron el esclarecimiento del caso y el castigo para el responsable.

La marcha estuvo acompañada por la madre de Chiara Páez, víctima de un femicidio en 2015 en la misma ciudad, y quien es una de las referentes del movimiento “Ni Una Menos”. La madre de Chiara se mostró junto a los padres de Guadalupe, compartiendo el dolor y la lucha por justicia.

“Esto no puede seguir pasando”, expresó la madre de Chiara, visibilizando la necesidad urgente de frenar la violencia de género en la ciudad. La tristeza y la conmoción se apoderan de los habitantes de Rufino, quienes claman por respuestas y por el fin de esta problemática que ha marcado un antes y un después en la comunidad.

La Justicia dispuso el alojamiento en un instituto de puertas cerradas para un adolescente punible investigado por el femicidio de su pareja, también menor de edad, ocurrido a fines de marzo en la ciudad de Rufino. La medida cautelar fue resuelta por un plazo de 90 días durante una audiencia realizada este martes.

La investigación está a cargo de la fiscal Marianela Montemarani, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3. Según precisó, “a partir de las evidencias recolectadas hasta el momento, le atribuimos al adolescente investigado la autoría de homicidio calificado por la relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que “en función de la gravedad del hecho, hay otras líneas investigativas abiertas”, mientras continúan las diligencias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Además, Montemarani señaló que “el juez avaló lo que argumentamos en relación a que los riesgos procesales estaban latentes e hizo lugar a nuestro requerimiento”, al momento de definir la medida cautelar.

Respecto al hecho, detalló que el femicidio ocurrió entre las 11:30 y las 13:30 del martes 31 de marzo pasado en una vivienda precaria de Rufino. Ese mismo día, el adolescente investigado viajó a la provincia de Buenos Aires, donde posteriormente fue detenido.

Una ciudad otra vez conmocionada

El nuevo caso vuelve a situar a Rufino en el centro de la discusión, a más de una década del femicidio de Chiara Páez, ocurrido en mayo de 2015. La adolescente tenía 14 años, estaba embarazada y fue asesinada por su pareja, también menor de edad, en la vivienda de los abuelos del joven. Tras el crimen, el cuerpo fue enterrado en el patio de la casa y días después el propio agresor confesó el hecho ante la presión de la investigación.

El caso tuvo una repercusión nacional inmediata y se convirtió en un punto de inflexión en la agenda pública: derivó en la primera movilización masiva de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 y puso en primer plano la violencia de género en todo el país. En 2017, la Justicia condenó al autor a 21 años de prisión bajo el régimen penal juvenil.

A ese antecedente se suma el femicidio de Katherine Macarena Quinteros, cometido en febrero de 2018. La joven tenía 18 años y fue atacada con un cuchillo en su vivienda por su ex pareja, Oscar Walter Cejas, quien luego fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El crimen ocurrió frente a sus hijas pequeñas y otros familiares, en un contexto de violencia previa.

Ambos casos dejaron una marca en la ciudad. El paralelismo con el hecho actual, nuevamente con jóvenes involucrados, vuelve a poner en foco una problemática que persiste en el tiempo y reactualiza el debate sobre la prevención, la intervención temprana y las herramientas disponibles frente a la violencia.

El procedimiento fue llevado adelante por la PDI tras una investigación iniciada por la muerte de una joven de 17 años. El principal sospechoso fue localizado en la provincia de Buenos Aires y detenido mediante exhorto judicial.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un menor de 17 años en el marco de una investigación por una muerte violenta en contexto de violencia de género ocurrida en la ciudad de Rufino.

La causa, a cargo de la fiscal Marianela Montemarani de la Fiscalía de Menores de Venado Tuerto, se inició tras el hallazgo sin vida de una joven de 17 años. A partir de los resultados de la autopsia y de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI junto a Policía Científica, se avanzó en la recolección de pruebas y el análisis de la escena del hecho.

Como resultado de diversas tareas de inteligencia criminal, los investigadores lograron establecer la ubicación del principal sospechoso, quien sería pareja de la víctima, en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Con esta información, se gestionó un exhorto judicial que permitió concretar allanamientos en esa jurisdicción, con colaboración de la policía local.

Durante los procedimientos detuvieron al menor y secuestraron elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

El detenido será trasladado por una comisión policial hacia la ciudad de Rosario, donde quedará alojado en un centro especializado para menores, a disposición de la Justicia. En la investigación también intervino personal de la Comisaría 3ª de Rufino, la Unidad Regional VIII y la Dirección de Trata de Personas y Violencia de Género.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe anuló la condena a 21 años y 6 meses de prisión que pesaba contra Manuel Mansilla, femicida de Chiara Páez, al dar lugar a un recurso de Inconstitucionalidad presentado por la Defensora General del Juzgado de Menores, Gabriela Del Castillo.

El terrible crimen que dio lugar al nacimiento a nivel nacional del movimiento “Ni una Menos” ocurrió en la ciudad de Rufino el 10 de mayo de 2015.

De esta manera, el detenido tendrá que ser Juzgado como menor de edad, ya que en el momento de los hechos tenía 17 años.

Tras el fallo, “se remite la causa al Tribunal que corresponda a los fines que la misma sea nuevamente juzgada conforme a las pautas sentadas para los procedimientos de menores”, detalla el fallo.

En consecuencia, según las leyes vigentes, la pena máxima a establecer es de 15 años, con lo cual en pocos meses el detenido estaría en condiciones de comenzar a gozar de salidas transitorias, ya que solo restan meses para alcanzar la mitad de la condena.

La noticia fue confirmada a Sur24 por quien se desempeña actualmente como fiscal de la causa, Fernando Palmoleli, quien evitó dar declaraciones al respecto.

En tanto, la Defensora General precisó que el fallo de la Corte Suprema tiene fecha del 27 de diciembre de 2021.

Una importante fuente del Poder Judicial consultada por Sur24 sobre el impacto del fallo, precisó que ahora “las pautas que se deben tomar como escala penal para determinar la nueva pena es la prevista en el Artículo 44 del Código Penal, por remisión de la ley de menores 22.278 art 4, que establece para los delitos con pena perpetua la escala penal que va de 10 a 15 años”.

El homicidio calificado de “Chiara tiene pena perpetua y conforme lo determinado por la corte se reduce como una tentativa, que va de 10 años como mínimo y 15 años de máximo. Si la pena es de 12 o 13 años (el hecho ocurrió en 2015) está a un paso de acceder a salidas transitorias”, agregó la fuente.

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A 7 años del femicidio

El fatal desenlace comenzó la noche del sábado 9 de mayo, cuando Chiara avisa que va a la casa de su novio, Manuel Mansilla, y que en un principio regresaría a la 1:30 horas.

Con el correr de los minutos las amigas no tuvieron novedades, con lo cual se comunicaron con la madre de la menor. A las pocas horas, y tras dar aviso a la policía, comenzó la búsqueda de Chiara por toda la ciudad.

Ya en la tarde del domingo 10 de mayo, los perros siguieron un rastro y finalizaron el recorrido en el patio de la casa familiar de Mansilla, donde el femicida había enterrado el cuerpo de la menor.

Manuel Mansilla, condenado por el crimen de Chiara

Según el fallo, esa noche el agresor primero la tomó del cuello con una mano y con la otra comenzó a golpearla contra el suelo y contra una mesa de trabajo que había en el galpón.

Chiara, embarazada de 8 semanas, murió como consecuencia de un traumatismo cerebral.

Al mismo tiempo, la investigación determinó que fue asesinada entre las 2 y las 4 de ese domingo.

La condena

El 10 de agosto de 2017 el Juez en lo Penal Adrián Godoy resolvió declarar a Mansilla autor penalmente responsable por el delito de homicidio calificado por femicidio y no por el vínculo.

En tanto, el 8 de septiembre de ese mismo año, el Juez de Menores, Javier Prado, impuso la pena de 21 años y 6 meses de prisión.

La sentencia de Prado sostuvo que Mansilla “mató a Páez despreciando su condición de mujer y conociendo de su embarazo” y agregó que “no mostró un sincero arrepentimiento”.

En tanto, a comienzos de 2018 la Cámara de Apelaciones de Rosario, integrada por Carolina Hernández (en la presidencia), José Luis Mascali y Alfredo Ivaldi Artacho, confirmaron la condena a 21 años y 6 meses de prisión.

Posteriormente la Defensora General del Juzgado de Menores, Gabriela Del Castillo, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, quien hizo lugar al mismo, y ahora la sentencia tendrá que ser revisada, tras la designación de un nuevo Juez para el caso.