Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en noviembre último habían definido que el policía Gabriel Robles, femicida de Marina Espíndola, no podía portar el arma reglamentaria, producto de la denuncia que había radicado la víctima en relación a la persecución y hostigamiento que sufría.

Lo cierto es que en diciembre, tras superar exámenes psiquiátricos, desde la Unidad Regional VIII decidieron restituirle el revólver, el cual utilizó para matar a su ex pareja con un disparo en la cabeza en la madrugada del último martes.

Luego de una investigación interna, desde el Ministerio de Seguridad apartaron al jefe de la Comisaría de Murphy por desoír y minimizar las denuncias radicadas por Marina. También pasaron a disponibilidad al subdirector de Policía, Cristian Rotela, jefe de la Unidad Judiciales, por no activar el protocolo de género, y a la psicóloga Rosalía Kobila, de Medicina Legal, quien realizó los exámenes al asesino que luego se quitó la vida.

Reclamo de justicia

La manifestación del último martes se centró en las explicaciones que debían dar las autoridades en relación a la portación de arma por parte de Robles, partiendo de la base de las denuncias por violencia de género que sobre él pesaban.

Desde el MPA dejaron en claro que en el mes de noviembre decidieron “desarmar” al femicida, luego de una exposición realizada por la víctima. Y ahora abrieron una investigación para esclarecer los pasos administrativos que se dieron a los efectos de que Robles nuevamente pase a portar un arma 9 milímetros.

Palabra del fiscal

En diálogo con Sur24, el fiscal Horacio Puyrredón manifestó que desde “la Fiscalía, al momento de comenzar con la investigación del hecho, nos planteamos por qué el policía portaba el arma oficial. Recordemos que una causa está relacionada con el femicidio, la cual se terminó básicamente con la muerte del imputado”.

Pero, al mismo tiempo, hay otro camino investigativo, “a partir de elementos que nosotros tenemos de esa causa, más testimonios que fueron sumando familiares, hijas de la víctima. Había expresiones de enojo y descontento con la cuestión de que el sujeto portara arma de fuego. Y eso está siendo investigado”, agregó.

Tanto los allegados a la víctima, como el espacio “Ni una Menos”, consideran que el crimen se podría haber evitado, y que sobraban argumentos para que Robles no pudiese portar el arma reglamentaria, cosa que terminó ocurriendo.

En la nueva investigación, “nos preguntamos si podía o no portar un arma de fuego, y en el caso afirmativo, quién tomó esa determinación y cuáles fueron las tareas realizadas por la fuerza de seguridad. Y desde Fiscalía tomamos el compromiso de desandar el camino que tiene que ver con recabar evidencia y tomar una decisión con posterioridad”, detalló Puyrredón.

El objetivo es saber “por qué desde la Unidad Regional VIII de Policía permitieron que porte el arma nuevamente. Desde Fiscalía se solicitó en su momento el retiro del arma en el mes de noviembre. Y desconocemos hasta hoy respecto de por qué le devuelven la misma”, añadió.

Avisos desoídos

Otro reclamo que surgió en la manifestación fue que las denuncias realizadas por Marina eran minimizadas en sede policial. Y al mismo tiempo, los agentes la desalentaban, ya que eran contra un compañero de trabajo.

En noviembre de 2021 “existió una exposición por parte de la misma. Y con ese contenido se le dio formato de denuncia a partir del requerimiento de la Fiscalía. Si bien el hecho no constituía un delito, ya que eran actos turbatorios o molestias respecto de una relación que habían mantenido con anterioridad. Pero en ese momento no quedó sentado que hubiera lesiones, amenazas o violación de domicilio”, indicó Horacio Puyrredón.

Igualmente, “la fiscal Andrea Cavallero solicitó poder trabajar esa exposición en forma de denuncia. Por eso se estableció una prohibición de acercamiento. Pero lo que nunca supimos nosotros es que Robles había vuelto a tener la posibilidad de portar arma de fuego”, manifestó.

El objetivo es definir “si la policía, a la hora de notificar, lo hizo de la manera que correspondía, si lo puso en conocimiento, si se enviaron las actuaciones. Hay un canal de procedimiento que se realiza ante este tipo de hechos, que son de protocolo y todos los funcionarios policiales lo conocen. Si hubiese algo que no se hizo como corresponde, después se analizará si esa conducta constituye un delito o una falta administrativa”, finalizó Puyrredón.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL LUNES 31 DE ENERO

Un agente policial de la localidad de Murphy fue pasado a disponibilidad tras ser acusado por “acoso callejero”, en el marco de una denuncia realizada por una joven de 17 años.

La investigación la lleva adelante el fiscal Horacio Puyrredón quien ordenó una serie de medidas, las cuales desembocaron posteriormente en la decisión del Ministerio de Seguridad de apartar al agente hasta que se demuestre en el Poder Judicial su nivel de responsabilidad.

Reclamo en las calles

El femicidio de Marina Espíndola en la madrugada del martes generó un gran enojo social, desembocando en una concentración en la plaza central del pueblo y en una marcha que tuvo epicentro en la Subcomisaría 10°.

En un primer momento los presentes reprocharon a las autoridades locales la decisión de otorgarle nuevamente al policía femicida la posibilidad de portar arma.

Pero posteriormente el reclamo de decenas de adolescentes y jóvenes madres se centró en lo que consideran distintos tipos de abusos y acosos que sufren a diario en la vía pública por parte de los agentes del orden público de la localidad.

En ese contexto, comenzaron a pedir que los policías del pueblo “salgan y den la cara”, ya que del operativo de seguridad formaban parte agentes de otros distritos.

Lo cierto es que pasaron las horas, el clima tenso se potenció, pero no salió a la vereda el Comisario ni sus subordinados.

En ese atardecer el Delegado del Ministerio de Seguridad en el sur provincial, Sergio Maidana, les transmitió a los manifestantes que el Comisario Cristian Ataide no seguiría al frente de la dependencia. Y ayer jueves se confirmó que fue pasado a disponibilidad.

Romper el silencio

Al día siguiente de la marcha, en la jornada del miércoles, una joven de 17 años, acompañada por su padre, radicó una denuncia acusando a Diego M. por “acoso callejero”.

El fiscal de la causa, Horacio Puyrredón, confirmó que “la denuncia fue radicada en la comisaria de la localidad por una menor de edad acompañada por su papá. Hizo referencia a un hecho de acoso callejero. Por supuesto que ordené la formación de causa, la puesta a disposición del Ministerio de Seguridad a través de los organismos que corresponden y ordené la entrega preventiva del arma de fuego, a los efectos de poder garantizar la tranquilidad de la víctima del hecho”.

La denuncia “ingresó en la tarde del miércoles administrativamente por una comisaría. Luego se judicializa y la víctima será citada con su papá o un mayor que la quiera acompañar. Posteriormente se tomarán las entrevistas correspondientes”, agregó.

Diego M., a instancias del fiscal, tuvo que presentarse en sede policial la mañana del jueves y hacer entrega del arma de fuego. Luego se supo que en las primeras horas de la tarde desde el Ministerio de Seguridad definieron su pase a disponibilidad hasta que se defina su situación ante el Poder Judicial.

Consultado Puyrredón sobre los planteos y reclamos que surgieron en la marcha, manifestó que “no me sorprendió en lo que derivó todo, porque habitualmente aparecen estas cosas ante situaciones de esta índole”.

En las primeras horas de este martes, un policía de 49 años, oriundo de la localidad de Murphy y que prestaba servicio en Melincué, mató de un disparo a una mujer que habría sido su pareja. Luego de asesinarla, intentó suicidarse con su arma reglamentaria, por lo que fue trasladado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde falleció horas más tarde.

La víctima es Marina del Carmen Espíndola, una mujer de 42 años, madre de tres hijos. Mientras que el femicida es Gabriel Olegario Robles, de 49 años, agente del orden público de la Policía provincial.

El hecho se registró minutos después de la 1.30 de hoy martes. Y fue el hijo de la víctima, un nene de 11 años, quien dio aviso a los vecinos sobre lo sucedido, tras salir corriendo de la casa en el marco de un escenario macabro.

Fuentes oficiales consultadas por Sur24 informaron que un policía de la Comisaría de Murphy llegó al lugar del hecho, tras el llamado telefónico a la dependencia.

La vivienda de la víctima está ubicada en calle Ricordi al 200. El uniformado golpeó la puerta y nadie respondió. Posteriormente observó por la ventana y verificó la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La víctima se encontraba en una silla. Mientras que el cuerpo del hombre estaba en el piso.

En ese momento, el agente se comunicó con Fiscalía, solicitando autorización para ingresar al inmueble. Luego de que le dieran el visto bueno, rompió la puerta y entró. Entonces pudo comprobar que la mujer se encontraba sin signos vitales, en tanto el hombre estaba con vida y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, donde a las 4.30 falleció.

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron a Sur24 que el femicidio se produjo con el arma reglamentaria, y que se trató de un solo disparo. En tanto, el agente se quitó la vida con un tiro en la boca.

En el lugar, desde temprano, trabajó personal de la Policía Científica recolectando distintas pruebas.