Oficialismo dictaminó la llamada Ley Hojarasca, un dictamen exprés en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados este martes que busca la derogación de normas consideradas obsoletas; la iniciativa fue defendida por funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger como un ordenamiento jurídico para dar certeza a ciudadanos y administración pública.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, y sumó las firmas de los misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa de Innovación Federal; por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría firmado por los 23 vocales presentes y el interbloque Unidos aportó otro dictamen con cuatro firmas.

En la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo se realizaron modificaciones: La Libertad Avanza aceptó excluir de la lista la Ley 11.380 tras reclamos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, y quedó sin efecto la derogación prevista de la Ley 20.959, que otorga la credencial o oblea de libre circulación a los legisladores nacionales.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, afirmó que la iniciativa es “una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige” y señaló que, según su criterio, existe una inflación legislativa y un millón de normas entre decretos, leyes y DNU; además explicó que quedaron miles de leyes en un limbo tras marcos anteriores.

La propuesta de derogación apuntó a más de 70 normas consideradas obsoletas, con una lista de artículos y decretos que el oficialismo dictaminó revisar; entre las modificaciones se excluyó la Ley 11.380 tras gestiones sectoriales y se preservó la Ley 20.959 para mantener la credencial oblea de circulación destinada a legisladores.

Alejandro Cacace, Secretario de Desregulación. Foto: HCDN.

Además, el dictamen oficialista estableció que no se avanzará con la eliminación de la financiación de los Círculos de Legisladores y que sobre la Federación Argentina de Municipios se realizarán cambios de menor índole en la redacción, según constancias del plenario.

Fuentes del proceso indicaron que el proyecto estructura categorías para clasificar normas obsoletas y que la preservación de ciertas normas respondió a reclamos puntuales presentados en comisiones especializadas.

El plenario contó con la defensa pública de funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado y con la intervención del secretario Alejandro Cacace, quien comparó la iniciativa con digestos jurídicos anteriores y sostuvo que ordenar el sistema jurídico permitirá clarificar qué normas están vigentes.

Maximiliano Matías Fariña, Secretario de la Transformación del Estado y Función Pública. Foto: HCDN.

La comisión de Legislación General, presidida por Santiago Santurio, designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora como secretaria 2°; la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, fijó a Graciela Parola en la vicepresidencia 2°, según actas del plenario.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto establece seis categorías y señaló que la primera sustituye marcos viejos por leyes nuevas para reducir conflictos y confusión normativa.

En el cierre del debate técnico, los impulsores defendieron el dictamen oficialista como un mecanismo de simplificación normativa dirigido a ciudadanos, poderes públicos y órganos de la administración.

Como contexto sectorial, en documentos asociados al tema también figuran referencias a precios y modalidades digitales de acceso a información pública y condiciones de usuario en plataformas vinculadas a AGEA; esos textos detallan precios promocionales, planes digital anual y mensual, y condiciones de facturación y cancelación que afectan el acceso digital a contenidos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica.

La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Allí, el funcionario brindará detalles sobre una propuesta que promete "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, agilizar procesos judiciales y modificar regulaciones vigentes".

Más allá de la controversia que de por sí generan algunas de las disposiciones normativas propuestas, el acontecimiento tendrá una fuerte carga política, por cuanto el ministro es cuestionado por sectores de la oposición como el principal ideólogo del ajuste, y la oposición viene reclamando insistentemente su presencia en el recinto.

El desembarco de Sturzenegger tendrá lugar, además, en momentos en que se encuentran sobre el tapete las causas vinculadas a $LIBRA, Andis, las compras de inmuebles y viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las denuncias sobre la injerencia rusa en publicaciones contra La Libertad Avanza en medios argentinos.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

Según detalla el sitio especializado Parlamentario, el proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario.

En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas.

Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

La iniciativa fue firmada por el presidente y todo su Gabinete, y se enmarca en la estrategia oficial de desregulación económica y reforma del Estado de fuerte impronta neoliberal. El debate en el Senado marcará el inicio de una discusión que promete generar posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.

El Gobierno ratificó mediante el decreto 139/26 la reforma de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en la mayoría de las provincias: busca abrir el mercado a más prestadores, eliminar trámites y espaciar controles, aunque la aplicación dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.

El nuevo esquema que impulsa el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger propone que los vehículos 0 Km hagan la primera revisión a los 5 años desde el patentamiento y que, entre los 5 y los 10 años, la verificación sea cada 2 años; para los más viejos, seguiría más frecuente (en la práctica, anual).

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la extensión de plazos se apoya en informes técnicos vinculados a la evolución del parque automotor y a que buena parte de los siniestros se explica por factores humanos más que por fallas mecánicas.

El anuncio de Sturzenegger en X.

Aunque el anuncio es nacional, el propio Gobierno aclaró que no entra a regir de manera automática en todo el país: la implementación depende en gran parte de la adhesión de las provincias, que son las que controlan el tránsito en su territorio.

Además, no es “de un día para el otro”. Nación anticipa un despliegue gradual: habilitación de nuevos talleres, certificación técnica, adaptación de sistemas y mecanismos de fiscalización.

El otro eje es abrir el juego. La reforma apunta a que la revisión pueda hacerse en más lugares: concesionarias, talleres habilitados y otros centros que hoy ya realizan controles para transporte, siempre que cuenten con el equipamiento requerido.

En el texto oficial se cuestiona el esquema anterior por “barreras de entrada” y se fija un criterio: la autoridad jurisdiccional no podría limitar la cantidad de talleres ni fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias, con la idea de sumar competencia y bajar costos.

La reforma también elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite previo que se exigía en casos de modificaciones del vehículo y que sumaba costo y tiempo antes de la revisión.

El decreto argumenta que la seguridad no depende de “burocracia de homologación”, sino del control técnico y de la responsabilidad profesional de quien certifica la modificación.

El gobierno nacional dispuso por Decreto 934/2025 una prohibición general para las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, por lo que no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.

La decisión se conoce tras un año en el que -al mes de noviembre pasado- la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 281.785 cargos.

Evidencia de reducción de costos, motivo de conflicto con sindicatos.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, comparado el número con los 341.473 cargos al mes de diciembre de 2023, se verifica una caída de 59.688 puestos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

La norma publicada en el Boletín Oficial incluye plantas transitorias, contrataciones por Ley de Empleo Público; ocupaciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual y Servicios Profesionales.

La restricción incluye además la prohibición de nuevos empleados en Planta Permanente o las contrataciones en Estatutos Especiales (con o sin relación de dependencia) que utilicen fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Javier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The Telegraph.

Además de estas prohibiciones directas, el decreto impone una restricción adicional para los casos no exceptuados: las entidades solo podrán disponer de un (1) alta de personal si informan previamente dos (2) bajas definitivas (por renuncia, jubilación o desvinculación) producidas durante el año 2026.

El decreto instruye a los representantes del Estado en empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como en fondos fiduciarios, a que adopten medidas similares de restricción.

Rodolfo Aguiar (ATE) y una confrontación de plano con el modelo de la Casa Rosada.

Por otra parte, mediante el decreto 931/2025, la Casa Rosada instruyó a la cartera a cargo de Federico Sturzenegger para que elabore un nuevo esquema de remuneraciones para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, tras un período de severo ajuste fiscal.

Federico Sturzenegger, a cargo del esquema para "profesionalizar" funcionarios.

La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un sistema basado en el mérito, la capacidad y la evaluación del desempeño. Este sistema incluirá mecanismos de ingreso por mérito y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad de las funciones

Establece una cláusula de congelamiento salarial automático para los altos funcionarios en caso de que el Estado vuelva a incurrir en déficit fiscal.

De todas maneras, a partir de enero de 2026, se extenderán a las autoridades superiores (Ministros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios de rango equivalente) los incrementos salariales acumulados que fueron acordados para el personal general en las paritarias de 2024 y 2025, pero se excluye al propio presidente y a la vicepresidenta.

Por decisión administrativa 28/24, se prorrogó hasta el 31 de diciembre la uniformidad en la negociación salarial en todas las jurisdicciones, entidades y organismos del Sector Público Nacional.

El objetivo explícito es reducir el gasto público, optimizar los recursos del Estado Nacional y asegurar un accionar administrativo más eficiente. La norma reafirma el rol de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público como el organismo encargado de estudiar y evaluar medidas para que la política salarial sea coordinada y armónica entre los distintos entes estatales.

Mauro L. Muñoz

Al cierre de una semana con mercados alterados y el dólar tensando la cuerda, Federico Sturzenegger publicó un largo descargo, hablando de autocrítica y reconociendo errores pero volviendo a marcar el "norte inclaudicable" del programa económico de la administración libertaria.

“NO FRENEMOS, DEPENDE DE VOS. La elección de la provincia creo que fue un golpe que obligó a una autocrítica que nos dejó dolidos, confundidos y con la reacción natural de buscar culpables… Nos duele que las mejoras tarden en llegar a todos y también tenemos hijos que no queremos que se vayan… Nos olvidamos que logramos un superávit fiscal en un mes, que luego se supo sostener en toda la gestión. Esto nadie lo había hecho…”, escribió en la tarde de este viernes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El mensaje buscó dos cosas. Primero, reencuadrar el debate frente a la turbulencia económica desatada luego del revés en las elecciones bonaerenses: “Un país solo puede salir adelante si su gobierno tiene las cuentas en orden. No fue fácil pero es un norte inclaudicable”, remarcó. Segundo, vincular ese mensaje al ancla económica, enumerando logros de la gestión como el superávit fiscal, el crecimiento de las exportaciones y el freno de la inflación.

NO FRENEMOS, DEPENDE DE VOS. La elección de la provincia creo que fue un golpe que obligó a una autocrítica que nos dejó dolidos, confundidos y con la reacción natural de buscar culpables. Y sí..., somos humanos. Nos duele que las mejoras tarden en llegar a todos y también…

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 19, 2025

“Hay un boom ya visible en energía… y la posibilidad de aumentar un 30% nuestras exportaciones en los próximos años. Con el boom de la energía viene la industrialización del país… una industria sana, con genuina ventaja competitiva, basada en nuestra energía barata”, arriesgó. Y amplió el mapa a la minería (“Chile nos ve por el espejo retrovisor”), al agro tras la “motosierra” del gasto y a la agenda micro de “curros” y regulaciones: “Le sacamos casi 250.000 millones de pesos anuales que eran peajes escondidos en la paritaria de comercio. ¡Y hay tanto más!”.

En cuanto a la autocrítica, puso sobre la mesa el precio político de las formas: “con errores, con falencias, con estilos que pueden gustar más o menos…”, concedió, para enseguida defender la “división de poderes inédita” donde —dice— el Gobierno “pierde y gana en la Justicia” y ya no existe “Congreso escribanía”. El cierre fue una exhortación militante: “La elección de Buenos Aires nos mostró cuán lejos estamos todavía, y también mostró que el rumbo que se tome de acá en más depende de vos”.

Las declaraciones de Sturzennegger sobre la balanza comercial se sustentan en el informe publicado este jueves por el INDEC que indicó un superávit comercial en agosto de USD 1.402 millones, dado por el crecimiento de las exportaciones por USD 7.865 millones (+16,4% interanual) ante las importaciones por USD 6.463 millones .

Indec destacó el superavit comercial en agosto.

En el desagregado del informe, se refleja el sesgo sectorial. Productos primarios saltaron 35,7% y combustibles y energía 40,6%, ambos traccionados por volúmenes; manufacturas de origen agropecuario crecieron 18,1% y manufacturas industriales cayeron 7,0%, una señal que la industria seguirá leyendo con lupa. Del lado de las importaciones subieron fuerte bienes de capital (+75,8%), bienes de consumo (+65,5%) y vehículos (+155,6%), mientras se desplomaron combustibles y lubricantes (-38,4%).

Economía resaltó el superavit fiscal de agosto.

Casi en simultáneo con el ICA, el Ministerio de Economía difundió el resultado fiscal del octavo mes del año. De acuerdo a lo indicado, el Sector Público Nacional (SPN) volvió a registrar en agosto un superávit financiero de $390.301 millones, con resultado primario de $1.556.864 millones y pago de intereses netos intra-sector público por $1.166.564 millones. En el acumulado del año, el SPN muestra superávit financiero de 0,4% del PIB y primario de 1,3% del PIB, la métrica que el equipo de Luis Caputo califica como “ancla” del programa.

El mensaje de Sturzennegger se complementa con las declaraciones otorgadas por el ministro Caputo en el straming oficialista Carajo y el propio presidente MiIei ante empresarios cordobeses reunidos en la Bolsa de Comercio de aquella provincia. La premisa política es orden fiscal como condición de estabilidad pese a la inestabilidad cambiaria. El mensaje del Gobierno apunta hacia adentro mirando a las elecciones de octubre y hacia afuera para mantener abierto el diálogo con el FMI en un contexto de reservas tensionadas por la inquietud financiera.

La semana de los mercados no fue amable. El dólar minorista cerró la rueda en $1.523,754, con una suba semanal del 4,6% y 11,9% en lo que va de septiembre. El contado con liquidación retrocedió en la última rueda, pero acumuló +5,3% semanal, llevando la brecha a 5,7% y quedando en máximos desde abril. El Banco Central tuvo que salir a intervenir por primera vez: vendió USD 1.110 millones en tres jornadas, con un pico de USD 678 millones el viernes: una señal de presión que los operadores leyeron como alerta de corto plazo sobre la flotación administrada. El riesgo país escaló hasta los 1.456 puntos, reflejando la combinación de ruido político, apretón cambiario y fragilidad de reservas.

La justicia federal frenó este martes el DNU 462/25 de Javier Milei que buscaba avanzar contra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Una jueza federal otorgó una medida cautelar solicitada por ATE contra el decreto que limita las funciones del organismo y pone en riesgo más de mil puestos de trabajo en todo el país.

La medida presidencial había dispuesto convertir al INTI en una “unidad organizativa” bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que representa una significativa pérdida de autonomía operativa y presupuestaria.

Además del INTI, el DNU de Milei alcanza a la estructura de cuatro organismos clave en ciencia, tecnología y producción del país: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

“Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO , ordenando al Estado Nacional -P.E.N- que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, firmó la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns.

Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) destacaron el apoyo de distintos bloques de diputados que se manifestaron en contra del decreto 462/25 impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, el cual modifica la estructura de ese organismo.

Jueza federal Martina Isabel Forns.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Giselle Santana, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INTI sostuvo que “parece bastante posible” que la normativa sea derogada en el Congreso Nacional.

“Por lo que pudimos dialogar con distintos bloques, que vinieron a visitarnos y pudimos tener reuniones, hay mucho apoyo para la derogación del decreto. Nos dijeron que están haciendo todo lo posible para que en la comisión de labor parlamentaria se pueda poner, en una sesión para el 5 de agosto, el tratamiento de los decretos delegados, entre los que está el 462 que es el del INTI”, señaló.

En la misma línea, declaró que “están a la expectativa” y esperan “garantizar la movilización para ese día”, no sólo con los trabajadores del organismo, sino con todos los que pertenecen a dependencias del Estado y que se encuentran “afectados” por decretos similares.

Sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Días atrás, desde el INTI señalaron que uno de los diputados que apoya la derogación es Esteban Paulón (Encuentro Federal) quien confirmó que hay 15 diputados de su bloque que “votarán a favor de abolir el Decreto” y así “preservar la autonomía y autarquía” que tiene INTI desde su fundación.

Otro diputado que confirmó su voto fue el santafesino Mario Barletta que sostiene que el Decreto 462/25 “degrada al INTI y al INTA” junto con otros organismos “claves” para el desarrollo productivo nacional.

El último nombre que, hasta el momento, se sumó fue el actual legislador y ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien manifestó “su total apoyo” y aseguró que “concretará su voto”.

“Seguimos voto a voto para obtener el quorum de 129 bancas ocupadas y allí conseguir la mayoría simple”, concluyeron los trabajadores del INTI.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín suspendió este jueves los efectos del decreto 461/2025 con el que el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida, de carácter cautelar, fue solicitada por el gremio Sevina y representa un nuevo revés judicial para el Poder Ejecutivo.

La jueza Martina Isabel Forns ordenó al Gobierno abstenerse de ejecutar actos derivados del decreto, incluyendo reubicaciones, despidos, suspensiones o la supresión de estructuras en la DNV. La prohibición tendrá vigencia durante seis meses, mientras se evalúa el fondo de la cuestión.

“La Constitución Nacional y los convenios de la OIT impiden al Estado alterar unilateralmente condiciones de trabajo establecidas colectivamente”, sostuvo Forns. La magistrada consideró vulnerado el principio de estabilidad del empleo público y alertó sobre los “perjuicios irreparables” que podrían derivarse del decreto.

En su análisis, también advirtió que el artículo 32 del decreto establece una “fecha de vencimiento” para la estabilidad del personal, lo que a su criterio choca con los derechos laborales consagrados en la normativa vigente.

Otro punto cuestionado fue la decisión de subordinar todos los movimientos de personal a la aprobación del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger. “Se vulnera el principio de estabilidad y se afecta la libertad sindical”, advirtió la jueza en su fallo, que también consideró a los trabajadores del organismo como un sector “socialmente vulnerable”.

El sindicato Sevina, que promovió la cautelar, celebró la medida: “Es un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la DNV”.

Si bien Forns rechazó, por el momento, declarar la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, aclaró que ello requiere una discusión “más compleja y profunda”. La medida cautelar busca preservar el statu quo mientras se sustancia el proceso judicial de fondo.

Noticia en desarrollo

El gobierno nacional dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa, mediante el Decreto 396/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La reestructuración de los organismos se da como una profundización del achique en el Estado, argumentando que en la administración nacional existe un elevado número de unidades organizativas con una “estructura excesivamente onerosa” para el Ejecutivo y detectar un notorio aumento del personal en los últimos años.

El diagnóstico surge de un informe realizado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige Federico Sturzenegger, en el que se revela que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.

Ante este escenario, el Gobierno consideró necesario avanzar con la fusión del INPRES, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, el organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Minería, ambos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La sede central del Instituto de Prevención Sísmica en San Juan.

La medida se dispuso “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”, considerando que “ambos organismos compartían campos de actuación vinculados a la geociencia, el estudio del subsuelo, los riesgos geológicos, el desarrollo de información técnica para la gestión territorial, la prevención de desastres naturales y la formulación de estándares regulatorios”.

Desde el Ejecutivo sostienen que “la fusión permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales, cumpliendo con el objetivo primordial del Gobierno Nacional de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”.

Al mismo tiempo, argumentaron que “esta integración permitirá reforzar la producción y difusión de información geológica, tecnológica, minera y sísmica desde un único organismo especializado, con mayor eficiencia operativa”.

En cuanto a la transformación del INA en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, explicaron que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”.

El INA pasa a ser una unidad organizativa de la Secretaría de Obras Públicas.

En este sentido, la normativa destacó que “esto permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica, alineando sus funciones con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía y facilitando su articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas del Estado Nacional vinculados con la materia”.

Además, remarcó que “esta medida permitirá simplificar la estructura administrativa y suprimir unidades que cumplen funciones de apoyo, las que serán cumplimentadas por las áreas con competencia en la materia del Ministerio de Economía, promoviendo una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos, sin que ello afecte la continuidad de las funciones técnicas esenciales del organismo”.

Con estas medidas, desde la administración de Javier Milei resaltaron que “el Gobierno reafirma su compromiso para tener una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común, garantizando el uso racional de los recursos públicos y fortaleciendo el control sobre las finanzas públicas”.

"Me piden bajar las retenciones, pero Brasil pasó de 50 millones de toneladas de soja a 150 millones y nosotros nos quedamos estancados en 45 millones. Entonces, me parece que es mucho más interesante preguntarse por qué Brasil triplicó la producción. Y no son las retenciones necesariamente".

Esas declaraciones de Federico Sturzenegger generaron malestar entre los productores agropecuarios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aclaró en una entrevista que no se trata de reducir ese gravamen sin bajar el gasto para sustentarlo, porque mientras tanto tendría que cobrar impuestos a otro sector.

"Cada sector va con su pedido de baja de impuestos", explicitó el ministro, entrevistado por Eleonora Cole. "Lo primero que le digo a los empresarios es: no nos pidan baja de impuestos, pídanos motosierra, baja del gasto, porque eso permite que bajemos los impuestos".

Tras señalar que habló con Nicolás Pino -presidente de la Sociedad Rural- recordó que hubo bajas temporarias de retenciones y quitas a economías regionales, además de autorizaciones para importar maquinaria usada "que abarata los costos", o quitas del impuesto País a los insumos o levantamiento del cepo. "No puede haber un gobierno más comprometido", añadió.

Sin embargo insistió en que "la productividad por hectárea" es estable en la Argentina y en Brasil creció, más allá del incremento del área sembrada.

Y ejemplificó: "Argentina es líder en tecnología de semillas pero no hay derechos de propiedad. Y la empresa líder en el mundo es Argentina y se fueron a Brasil".

La cadena agroindustrial argentina podría aumentar 74% sus exportaciones por "competitividad, transformación digital y cooperación" según un reciente informe de la consultora EY, que realizó un relevamiento sobre 50 líderes de la cadena agroindustrial en el primer trimestre del año.

"El sector representa actualmente el 17% del PBI, más del 50% de las exportaciones, el 14% de las empresas y el 19% de la fuerza laboral de nuestro país. El estudio revela un estancamiento productivo de la cadena producto de largos períodos de volatilidad macroeconómica, políticas microeconómicas ineficientes y fallos de coordinación entre los diferentes nodos internos y externos".

El estudio coincide hasta allí con la lectura disparada por Sturzenegger. Toma como referencia la producción del 2022 (último período relevante elegible), "equivalente en precios constantes a la del 2010", en la que la participación de las exportaciones en el mercado mundial fue equivalente a la de 2002, un "crecimiento tres veces menor a la de Brasil.

"Sin embargo, las conclusiones revelan un futuro optimista. De avanzar en una agenda centrada en la competitividad, con perspectiva de cadena e incorporando innovación y tecnología, el sector podría en el mediano plazo aspirar a un crecimiento de las exportaciones del 74%, un incremento en el saldo comercial de US$ 35.000 millones, un aumento del PBI aproximado del 10% y una mejora en la recaudación impositiva de US$5.000 millones (incluso luego de la eliminación de los derechos de exportación)".

Según el estudio, "el sector debe focalizarse en un conjunto de iniciativas estratégicas", incluyendo "una infraestructura logística y tecnológica más eficiente", lo que incluye -por ejemplo- rutas en las que el país ha dejado de hacer inversiones.

El informe añade "la instrumentación de una serie de iniciativas relacionadas a la innovación y transformación digital". Y advierte que "no alcanzará con la transformación de cada una de las empresas" sino que "el éxito demandará esfuerzos colectivos articulados entre actores de la cadena que permita disminuir ineficiencias de coordinación",

Matías de San Pablo, socio a cargo de Estrategia de EY en la Argentina explicó que "la Argentina tiene un potencial mucho mayor si entendemos los factores que originan debilidades competitivas y los abordamos coordinadamente entre los distintos actores de la cadena".

El especialista señaló la normalización del contexto macroeconómico y la mejora del marco regulatorio como condiciones que "van generando condiciones más favorables para la inversión y reduciendo los costos de crear y desarrollar negocios desde nuestro país".

Cristian Russo reportó para la Bolsa de Comercio de Rosario que la soja de segunda "dio vuelta un partido imposible". La producción de la oleaginosa se proyectaba en 45,5 millones de toneladas pero subió a 48,5 millones de toneladas por los rindes. Para el trigo 2025/26 se vislumbra un área histórica de 7,2 M de hectáreas sembradas, mientras que la campaña del maíz promete 48,5 millones de toneladas en el país.

Trenes Argentinos Cargas (TAC) informó que, en el marco de un acuerdo con grandes cerealeras, se recuperaron cuatro locomotoras en el taller de Córdoba y se confirmó la llegada de 180 vagones 0 km para la primera semana de julio.

"Este acuerdo comercial que se firmó con las empresas ACA, Cofco, y Viterra permitirá cumplir con la demanda de despachos del agro y, de esta manera, acompañar las exportaciones de granos, tan importante para el ingreso de divisas", reportó la empresa.

"El convenio firmado bajo un esquema público privado estableció un pago en concepto de adelanto de flete con el que TAC destinó los fondos para los trabajos de puesta a punto de las cuatro locomotoras (tres ya concluidas) y la compra de 180 vagones graneleros 0km a la empresa china CMEC (Licitación Nacional e Internacional 20/2023) con los cuales se podrán armar cuatro formaciones de 45 unidades (con capacidad de 65 toneladas por vagón). La primera tanda ya está fabricada y llegará a la Argentina en los próximos meses".

El Gobierno nacional avanza con un proyecto para transformar el Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, una iniciativa que ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. La medida, enmarcada en la estrategia de modernización y reestructuración del sistema financiero estatal, ha despertado tanto respaldos como críticas por sus posibles implicancias en el control y funcionamiento de la entidad. 

Cabe destacar que si bien el Banco Nación había sido excluido de las empresas “privatizables” en la Ley de Bases y Puntos de Partida, aprobada por el Congreso en julio de 2024, la posibilidad de convertir en SA a las sociedades o empresas estatales fue habilitada por el DNU 70/30 de 2023. 

El Banco Nación, creado en 1891, es una institución clave en la estructura financiera del país, con un rol central en la asistencia crediticia a sectores productivos, pymes y economías regionales. Su transformación en sociedad anónima implicaría una modificación en su régimen jurídico y en la toma de decisiones, abriendo la posibilidad de participación privada en su capital.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida asegurando que "se busca dotar al banco de mayor flexibilidad operativa y autonomía para mejorar su eficiencia y competitividad en el mercado financiero". Según el funcionario, esta reestructuración permitiría atraer inversores y reducir la dependencia del Tesoro Nacional en su financiamiento.

Desde el Gobierno y algunos sectores empresariales han manifestado su respaldo a la propuesta. El diputado oficialista José Luis Espert sostuvo que "es un paso necesario para modernizar una entidad que ha funcionado bajo criterios políticos y no financieros durante demasiado tiempo". Asimismo, el economista Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, consideró que "la conversión en sociedad anónima permitirá una gestión más eficiente, sin las ataduras burocráticas del Estado".

El empresariado también ha mostrado su interés en la iniciativa. "El Banco Nación es un actor fundamental en la financiación de muchas empresas. Si esto se traduce en mejores condiciones de crédito y mayor competitividad, bienvenido sea", expresó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En contraposición, desde la oposición y los gremios bancarios han expresado su preocupación ante el impacto que podría tener la medida en el acceso al crédito y en la estabilidad laboral de los trabajadores de la entidad.

El senador peronista Oscar Parrilli cuestionó duramente la iniciativa al afirmar que "esto es el primer paso hacia la privatización encubierta del Banco Nación, que históricamente ha sido un instrumento clave para el desarrollo nacional". En la misma línea, el dirigente bancario Sergio Palazzo advirtió que "convertir al banco en sociedad anónima pone en riesgo su misión de servicio público, dejando la puerta abierta a manejos que prioricen la rentabilidad sobre las necesidades del país".

La propuesta del Gobierno no es nueva en la historia del país. En la década de los ‘90, durante el gobierno de Carlos Menem, se intentó avanzar en una reforma similar, pero el proyecto encontró un fuerte rechazo político y sindical. Más recientemente, en 2017, el entonces presidente Mauricio Macri promovió una mayor autonomía para la entidad, aunque sin modificar su estructura legal.

A nivel internacional, muchos bancos estatales han transitado procesos de modernización similares, aunque en distintos contextos. En Brasil, por ejemplo, el Banco do Brasil opera como una sociedad de economía mixta con participación estatal mayoritaria, mientras que en España, Bankia fue parcialmente privatizado tras la crisis financiera.

El proyecto será debatido en el Congreso en las próximas semanas, donde el oficialismo buscará los consensos necesarios para su aprobación. Con un escenario político polarizado, se anticipa una fuerte disputa entre quienes defienden la necesidad de modernizar la entidad y aquellos que ven en esta medida un avance hacia su privatización.

Mientras tanto, el futuro del Banco Nación sigue en el centro de la discusión, con implicancias directas para la economía argentina y el sistema financiero en su conjunto.

Según el informe correspondiente a diciembre de 2024, la dotación total de personal en la APN y entidades estatales fue de 302.045 personas, lo que representa una reducción de 35.345 empleados respecto de diciembre de 2023, cuando la dotación alcanzaba los 337.374 trabajadores.

Dentro de este universo, la administración pública nacional concentró 205.677 puestos, mientras que el resto correspondió a empresas y sociedades estatales (96.368 empleados). La mayor parte de la reducción se dio en la administración descentralizada y en las empresas del Estado.

La reducción en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas y sociedades del Estado ha generado un impacto profundo en diversas áreas del sector público. En la APN, la disminución de personal afectó principalmente a ministerios y organismos descentralizados, limitando la capacidad operativa en sectores estratégicos como la educación, la salud y la ciencia y tecnología. La reducción en la administración centralizada, que pasó de 54.791 empleados en diciembre de 2023 a 43.527 en diciembre de 2024, ha llevado a la reasignación de funciones y a una mayor carga laboral para los empleados restantes.

Por otro lado, las empresas y sociedades del Estado han sido las más golpeadas por el recorte de personal, con una disminución del 12,5% en su dotación. Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y AySA, entre otras, han visto reducidas sus plantillas, lo que ha repercutido en la prestación de servicios y en la operatividad general de estas entidades. La caída en el empleo en estos sectores refleja un intento de reestructuración y control del gasto, pero también genera incertidumbre sobre la continuidad de ciertos programas y servicios esenciales para la ciudadanía.

La administración centralizada, que abarca ministerios y organismos bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, redujo su dotación en un 20,5%, pasando de 54.791 empleados en diciembre de 2023 a 43.527 en diciembre de 2024.

Por su parte, la administración descentralizada, que incluye organismos con autonomía funcional como el CONICET y el INTA, sufrió una disminución del 8,9%, quedando en 124.337 empleados al cierre de 2024.

El sector más impactado fue el de empresas y sociedades del Estado, donde la reducción alcanzó el 12,5%. En diciembre de 2023, estas entidades contaban con 110.168 empleados, cifra que descendió a 96.368 en diciembre de 2024.

Dotacion Personal Apn 01 25...

Uno de los cambios más relevantes fue la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) a través del Decreto 1020/24, lo que impactó en la dotación de personal al dejar de informar su plantilla desde diciembre de 2024.

Asimismo, por Decreto 993/24, la Secretaría de Cultura fue transferida del Ministerio de Capital Humano a la órbita de la Presidencia de la Nación, aunque su dotación aún sigue contabilizándose dentro del Ministerio de Capital Humano hasta completar la transición administrativa.

Los datos revelan una tendencia a la reducción del empleo público en Argentina, en línea con las políticas de reorganización estatal y control del gasto implementadas en el último año. Si bien algunos sectores mantienen una estabilidad relativa, las empresas del Estado y la administración descentralizada han sido las más afectadas por los recortes.

INDEC: Informes sobre dotación de personal de la APN (Diciembre 2023 - Diciembre 2024).

(Por Gabriel Rossini) - El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio que, entre otras consecuencias, impactará en "un precio diferenciado más bajo, con claro beneficio para el consumidor", ya que las estaciones de servicio tendrán menos gastos, según dice en los fundamentos.

"Es una buena medida, puede ser utilizado quizás de noche por seguridad o costos, pero faltan muchas cosas para que realmente sea una solución", dijo en declaraciones radiales el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, al tiempo que adelantó que podría ayudar a bajar el precio del combustible "con un diferencial si no tiene atención" de un playero.

Los gremios, por su parte, advirtieron esta mañana que la implementación de esta medida pone en riesgo 65 mil empleos en las provincias habilitadas legalmente para implementar la medida.

La implementación de esta medida pone en riesgo 65 mil empleos. Créditos: Flavio Raina

El autodespacho de combustibles es una actividad que está permitida en países como Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, además de estados integrantes de la Unión Europea.

El anuncio lo había efectuado el año pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero recién se oficializó este miércoles con su entrada en vigencia en el Boletín Oficial.

En la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se dieron pruebas piloto de este nuevo sistema en estaciones de servicio de YPF y Shell, luego de que se expidieran permisos especiales, ya que comenzaron antes de que la norma estuviera reglamentada.

Faltan muchas cosas para que realmente sea una solución Créditos: Manuel Fabatia

El autoservicio de combustibles no se aplicará, en principio, en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde está prohibido implementar este tipo de servicios, de acuerdo a lo que establecen leyes locales, que restringen la operación de surtidores a personas ajenas al personal de las estaciones de expendio.

La idea de los estacioneros es comenzar a brindar un servicio mixto, en el que se incorporará el autodespacho, pero se mantendrá a los playeros para cargar el combustible de la manera habitual.

El autoservicio puede ser útil para los horarios nocturnos y las pocas fechas en el año en que las estaciones de servicio no funcionan, como Navidad y Año nuevo en ciertos horarios.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ratificó que desde marzo ningún empleado podrá ingresar a la Administración Pública sin aprobar previamente un examen de idoneidad. Además, anticipó que este mismo requisito se extenderá a las empresas con mayoría estatal, como parte de las medidas para garantizar la eficiencia y reducir el gasto del sector público.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger recordó que la iniciativa responde al Decreto 1149/24 y señaló que, al finalizar el período de evaluación, “no serán posibles altas en el sector público sin aprobar el examen de idoneidad, los que también deberán instituirse en empresas con mayoría estatal”.

La normativa establece que los representantes del Estado que integran órganos de decisión en empresas, sociedades y otras organizaciones empresariales con participación estatal mayoritaria deberán impulsar medidas similares a las establecidas para el sector público centralizado.

Los tweets de Sturzenegger. Créditos: X de Sturzenegger

Sturzenegger fue más allá y precisó que, a partir de 2025, cualquier incorporación en el Estado solo será posible si previamente se produjeron tres bajas dentro del mismo organismo. "La motosierra continúa", advirtió el ministro en un tono alineado con el discurso de ajuste fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En paralelo, el decreto también establece que las contrataciones del Sector Público Nacional, enmarcadas en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que inicien a partir del 1° de enero de 2025, tendrán una duración máxima hasta el 30 de junio de ese mismo año.

En su publicación, Sturzenegger destacó los avances del Gobierno en materia de desregulación y austeridad fiscal, y atribuyó estos logros al liderazgo de Javier Milei. “Hemos logrado catalizar desregulaciones y reformas que dan más libertad a los argentinos y buscan un Estado más austero. Gracias presidente @JMilei por tu liderazgo en este desafío”, expresó el funcionario.

El ministro también subrayó el rol del equipo de gobierno: "Una cosa notable del presidente Milei es haber conformado un equipo pequeño, eficaz y plenamente comprometido con el equilibrio fiscal, creyente en los beneficios de la libertad y con un deseo inclaudicable de dejarle una Argentina mejor a nuestros hijos”.

En el cierre de su mensaje, Sturzenegger se tomó un momento para agradecer a sus colegas de gabinete: “Nuestra tarea en el Ministerio de Desregulación, el de ser catalizadores de algunos cambios, no hubiera sido posible sin la ayuda permanente de nuestros compañeros de gobierno. Hoy que termina el año, es el momento de agradecer. Por eso, aunque lo hago todos los días, no puedo sino empezar agradeciendo a los ministros y compañeros de gabinete que hacen que todo funcione”.

En el mediodía de este viernes quedó formalmente inaugurada la ruta aérea que conecta Villa María, con Venado Tuerto y Aeroparque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto se llevó adelante en el Aeródromo Tomas B. Kenny y contó con la presencia del intendente Leonel Chiarella, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, los propietarios de la línea aérea, Francisco Simón Errecart (CEO) y Danilo Massalin Dammann (gerente de RRHH), funcionarios y empresarios locales, entre ellos el propietario de Grupo Corven, Leandro Iraola, que formó parte del vuelo inaugural, junto a César Longo (Unión Industrial de Olavarría).

Con un acto que comenzó cerca del mediodía y reunió a más de un centenar de personas, se conocieron ciertas precisiones sobre las características del servicio. Entre ellas, el Ceo de la firma Humming Airways informó que la conexión Venado Tuerto-Aeroparque en un primer momento tendrá horario de partida los martes por la mañana, mientras que el regreso será los miércoles por la tarde con una duración de 50 minutos. También informó que la ruta aérea comenzará a operar durante el mes de febrero de 2025, y con el correr de los días habrá más novedades al respecto.

Se trata de un servicio donde se utilizarán aeronaves Fairchild Swearingen Metroliner con capacidad para 19 pasajeros, consideradas ideales para rutas regionales. 

Por otro lado, destacaron a nivel local que la aeroestación, que cuenta con un proceso de licitación abierto para el bacheo de la pista, posee ventajas en materia de infraestructura, como el soporte de reportes meteorológicos de 6 a 22, balizado nocturno, ampliación de áreas de servicios y planta oficial de aerocombustible, entre otras potencialidades.

Palabra del intendente 

Leonel Chiarella destacó lo que implica que la ciudad cuente con un servicio aéreo. “Este es un momento histórico para Venado Tuerto y para todo el sur de la provincia de Santa Fe”.

Lo cierto es que “este vuelo inaugural de esta ruta comercial significa principalmente oportunidades para nuestra ciudad. Implica conectarnos y potenciar nuestro desarrollo económico, y productivo. De que no solamente los empresarios industriales de nuestra ciudad puedan ir a Buenos Aires, sino que también muchas personas puedan venir a Venado Tuerto”, valoró el primer mandatario.

En este marco, agregó que “Venado Tuerto es la ciudad del corazón productivo de la Argentina. Es la pujanza del campo, la fuerza de la industria. Por eso les agradecemos señor ministro por estar en el interior del país, permitiendo estas oportunidades”, finalizó Leonel Chiarella.

Secretario de Turismo

Daniel Scioli formó parte del vuelo inaugural, y aprovechó la oportunidad para felicitar “al intendente más joven de la provincia de Santa Fe. Y haciendo honor a su nombre, mete goles acá en Venado Tuerto, en materia de seguridad, en infraestructura, y hoy un golazo, que es el primer vuelo comercial conectando Aeroparque, Villa María y Venado Tuerto”.

En consecuencia “nadie mejor que Leonel (Chiarella) para interpretar este sueño de jóvenes que se hacen realidad, que se han animado con toda la confianza de este nuevo tiempo en Argentina, donde ‘Cielos Abiertos’ es un pilar fundamental, no solo para el turismo, sino también para el movimiento empresario”, agregó el ex candidato a Presidente de la Nación.

Por otro lado, Scioli valoró la “pujanza de esta zona de la provincia de Santa Fe, la cual va a generar una demanda que va a ir creciendo de acá en más. Tengo todo el optimismo y la esperanza de que sobre las bases que hemos construido este año, vamos a tener un país cada vez mejor”.

Por último, contó que “recién cuando veníamos en el avión le decía a Federico Sturzenegger que hay algo que nos une y nos caracteriza, es que la política está llena de vagos, pero nosotros laburamos mucho y nos gusta. Y las decisiones poder hacerlas realidad y mostrarla. Y vamos a seguir apostando a darle mayor conectividad a la Argentina”. 

Ministro de desregulación

Por su parte, Federico Sturzenegger, nacido en Rufino, comenzó recordando sus veranos en Venado Tuerto en la disquería de una tía.

Luego destacó la tarea del Subsecretario de Transporte Aerocomercial, Hernán Gómez. También valoró a los jóvenes empresarios que decidieron invertir en una nueva línea aérea. Y por último, a los empresarios, comerciantes y políticos de Venado Tuerto por “haber hecho un importante esfuerzo para poder contar con este servicio”.

El intendente Leonel Chiarella aseguró que la futura conexión local con el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, es una “gran oportunidad para la ciudad” que va a “potenciar el crecimiento industrial, económico y el desarrollo de Venado Tuerto”.  Lo dijo luego de que en el aeródromo “Tomás B. Kenny”, se presentara ante los medios de prensa, legisladores y autoridades la empresa Humming Airways, cuyos aviones operarán regularmente desde febrero del año entrante la ruta comercial Aeroparque-Venado Tuerto-Villa María.

Tal lo indicado desde la empresa, con salidas desde Aeroparque, las frecuencias iniciales serán los martes a las 6 y miércoles a las 19.

La actividad contó con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez; dos de los socios fundadores de la compañía aérea, Francisco Simón Errecart (CEO) y Danilo Massalin Dammann (gerente de RRHH), el gerente comercial Francisco Riesgo; y los empresarios César Longo (Unión Industrial de Olavarría) y Leandro Iraola (Grupo Corven), entre otros.

El mandatario resaltó que la puesta en marcha del servicio “abre muchas oportunidades y eso es positivo para el sector productivo y comercial venadense”.  

“El objetivo es posicionar a la ciudad en materia aerocomercial a nivel provincial y nacional, con el consecuente impacto económico, industrial y comercial”, amplió Chiarella.

Según se supo, en este servicio se utilizarán aeronaves Fairchild Swearingen Metroliner con capacidad para 19 pasajeros, consideradas ideales para rutas regionales.

Las conexiones serán directas tanto desde Venado Tuerto hacia Buenos Aires como en sentido inverso con una duración de 50 minutos, tomando como base el aeródromo local y el Aeroparque Internacional “Jorge Newbery” de CABA.

Es para remarcar que la llegada de esta empresa se suma a la intensa actividad que ya tiene el aeródromo, con empresas locales que tienen sus aviones y hangares, al igual que las firmas agrícolas y los aeroaplicadores.

Asimismo, la aeroestación local, que cuenta con un proceso de licitación abierto para el bacheo de la pista, posee ventajas en materia de infraestructura, como el soporte de reportes meteorológicos de 6 a 22, balizado nocturno, ampliación de áreas de servicios y planta oficial de aerocombustible, entre otras potencialidades.

Una de las definiciones más importantes que dejó el presidente Javier Milei, en su discurso por el primer aniversario de su gobierno, es que en 2025 va a “reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva”.

Ante la expectativa generada por el anuncio del presidente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a bajarle el tono a la promesa de Javier Milei de una reforma impositiva estructural que afecte la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno.

Sturzenegger salió a explicó que la intención es simplificar la estructura impositiva, tras aclarar que no se busca reducir ese porcentaje de las cargas. “No está hablando de eliminar el 90% de impuestos cuantitativamente, lo dice en términos de la cantidad de instrumentos. Para bajar el 90% de la carga impositiva tenemos que bajar el gasto en un 90%”, detalló.

En esa línea, el funcionario a cargo de las reformas dentro del Estado nacional amplió: “Lo ha hecho en 30% que es una cosa histórica, pero él habla de que tenemos una estructura tributaria compleja, con un montón de impuestos que recaudan poco y es momento de simplificar”.

“La Argentina tiene un montón de impuestos chicos que recaudan poco y esto apunta a simplificar esa estructura tributaria, concentrada en los importantes”, anticipó Sturzenegger, luego de que el mandatario asegurara en cadena nacional que eliminaría casi la totalidad de los tributos nacionales.

Sturzenegger también reveló que se auditará cada área del Estado para detallar las tareas que se realizan, definir “si tiene sentido que lo haga el Gobierno” y detectar “si hay corrupción”.

También anticipó la próxima publicación de los decretos para exigir las auditorías en las universidades nacionales de la administración pública y precisó cambios en el régimen de navegación.

"Entre mañana y pasado van a estar los decretos donde exigimos a las universidades la transparencia en sus gastos, en el pago de sus sueldos; no deja de ser dinero público”, sostuvo en declaraciones radiales.

Por otro lado, el ministro adelantó un reajuste en el régimen de navegación, que aspira reducir entre un “30% o 40% los costos de traer un barco a la Argentina”, y reveló que trabaja en una ley de navegación para la apertura del cabotaje marítimo a terceras banderas.

“El cabotaje en Argentina tiene costos altísimos, tanto es así que no hay marina mercante. Desde Tierra del Fuego a Buenos Aires venís por camión, cuando no tiene absolutamente lógica alguna. Realmente destruyeron la navegación interna en Argentina”, aseveró.

Por último, Sturzenegger planteó que la eliminación de la coparticipación es una tarea “difícil”, que requiere de la unanimidad de las provincias, y aseguró que hay “debates interesantes para dar”.

“Va a haber como una competencia entre las provincias y me gustaría que en las próximas campañas electorales de gobernadores surjan los gobernadores que digan ‘quiero hacer lo mismo que hizo Milei’”, afirmó, y concluyó: “¿Qué es? Bajar el gasto público en 40% y bajar los impuestos un 40%. Entonces, creo que ese debate definitivamente lo vamos a ver en la próxima campaña electoral”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó duras críticas contra los sindicatos aeronáuticos en medio de un paro que mantiene paralizada la actividad de Aerolíneas Argentinas. En declaraciones a los medios, el funcionario aseguró que la medida de fuerza se debe a que los pilotos se quedaron sin el beneficio de viajar en clase business de manera gratuita, algo que provocó tensiones internas y afectó a miles de pasajeros.

El conflicto, liderado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), ha generado hasta ahora la cancelación de más de 300 vuelos y ha perjudicado a aproximadamente 37 mil pasajeros, según datos de la propia Aerolíneas Argentinas. Aeropuertos clave como el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se han visto gravemente afectados, con la actividad completamente detenida en ambas terminales. El impacto de la huelga también se sintió en las operaciones de aerolíneas de bajo costo (low cost), que fueron afectadas por la medida.

Sturzenegger fue directo en sus declaraciones, afirmando que la verdadera causa del paro tiene que ver con la eliminación de ciertos beneficios que los pilotos venían disfrutando, en especial la posibilidad de viajar gratuitamente en clase business, un privilegio que también se extendía a los familiares de los trabajadores.

"Están parando porque no les dieron los asientos en business. Los pilotos que ganan entre 3 y 20 millones de pesos, en algunos casos volando solo tres veces al mes, tienen una serie de prerrogativas, entre las cuales está volar toda su familia en clase business", expresó el ministro en una entrevista con Radio Mitre.

El funcionario calificó la situación como “insostenible” y aseguró que no es aceptable que los contribuyentes sigan cubriendo este tipo de beneficios para los empleados de una empresa pública que, además, no es rentable.

El paro de los sindicatos aeronáuticos comenzó hace unos días y ha tenido un efecto devastador en la actividad aérea del país. La APLA, liderada por Pablo Biró, y la AAA, dirigida por Juan Pablo Brey, sostienen que la medida de fuerza es en respuesta a la falta de aumentos salariales y la decisión de la empresa de despedir a tres comandantes que se negaron a operar un avión que debía ser devuelto, alegando que no querían avalar lo que consideran "el achique" de la aerolínea de bandera.

Por su parte, las autoridades de Aerolíneas Argentinas afirman que la empresa está en una situación financiera complicada y que no puede permitirse incrementos salariales en este momento. Sturzenegger reforzó esta postura, indicando que el Gobierno solo puede ofrecer un aumento salarial del 0% hasta que la compañía comience a generar ganancias.

"El aumento que el Gobierno puede conceder es de 0%, porque hasta que la empresa no tenga ganancia, que la puede tener, no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos", explicó el ministro. Añadió que la empresa debe encontrar la manera de ajustarse internamente, optimizar su estructura y ahorrar recursos para poder ofrecer mejoras salariales en el futuro.

Sturzenegger no solo se limitó a criticar la huelga, sino que también comparó la situación de Aerolíneas Argentinas con la de otras empresas públicas, como los ferrocarriles. Según el ministro, Aerolíneas debería ser capaz de operar sin pérdidas, ya que tiene la posibilidad de ajustar los precios de los boletos de manera más flexible.

"Hay aerolíneas que compiten con ella que no tienen pérdidas y se manejan con capital privado de sus accionistas. Entonces, ¿con qué derecho o qué criterio pueden pedir aumento salarial?", cuestionó el funcionario.

El ministro insistió en que la empresa debería ser gestionada con mayor eficiencia, sin recurrir al dinero de los contribuyentes para cubrir sus pérdidas o pagar aumentos salariales. "La empresa la tenés que manejar con eficiencia y no con plata de los contribuyentes. No hemos querido movernos de eso", subrayó.

Otro punto relevante que tocó Sturzenegger fue la posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Según el ministro, el Gobierno tenía la intención de transferir la empresa al sector privado, pero esta propuesta fue rechazada por el Congreso. "El Gobierno podría haber tenido una solución, transferir al sector privado. No vamos a lidiar permitiendo que las exigencias o privilegios desorbitantes lo sigan pagando los contribuyentes", explicó.

Sturzenegger también apuntó contra los legisladores que se opusieron a la privatización de la aerolínea de bandera. "Todo remite al mismo tema: la responsabilidad del Congreso con las decisiones que toma", enfatizó. Sin embargo, el ministro señaló que el tema podría volver a ser debatido en el Congreso, ya que hay proyectos en marcha que cuentan con el apoyo de diputados del PRO y de La Libertad Avanza.

Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntaron contra los gobiernos municipales por las suba de tasas e impuestos locales que achacan como parte de la composición de la inflación nacional, perjudicando el programa económico de la administración de Javier Milei.

En su cuenta de X, el ministro Caputo citó la opinión del economista Gustavo Lazzari, que en un medio televisivo cuestionó duramente el incremento de los impuestos municipales bonaerenses asegurando que detrás esa decisión se esconde una intencionalidad política.

Lazzari había expresado que la suba de tasas de algunas intendencias bonaerenses “es una crueldad violenta que tiene dos objetivos: uno es el clásico recaudatorio y otro es estropear las reformas a nivel nacional”, denunciando que se trata de una “cartelización de municipios para que la reforma no tenga utilidad”.

Es tal cual dice @lacha. Los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los… https://t.co/85i1LcX67T

En esa línea, el titular de Economía sostuvo que “los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.

En busca de aportar claridad respecto a la potestad de los intendentes de aplicar subas en sus gravámenes, el ministro manifestó “para que la gente lo entienda” que “las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye”.

Al respecto, sostuvo que “las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable”, por lo que “se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores”.

De esta manera, el titular del Palacio de Hacienda expresó su preocupación por la injerencia que tendrá en la inflación las subas de estas tasas en comercios y aseguró que “lo peor” de la política recaudatoria municipal es que “cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas”.

Ante esta situación, Caputo precisó que se encuentra trabajando en el tema indicando que “ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre” remarcando que “la baja de la inflación es innegociable”.

Por su parte, el ministro Sturzenegger, deslizó la misma crítica como parte de un elogio a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la firma de la resolución 276/24 que determina que los sellos necesarios para la transferencia de vehículos “los deberá cobrar cada provincia, como pueda”.

Desde una publicación que realizó en redes sociales, Sturzenegger aseveró que dicha regulación “inaugura una nueva etapa en la relación fiscal entre la Nación y las provincias”.

La resolución 276/24 firmada ayer por el Ministro @m_cuneolibarona, casi sin quererlo, inaugura una nueva etapa en la relación fiscal entre la Nación y las provincias. Para una transferencia de vehículos antes se pagaba 5,1%: 3% de sellos y 2,1% de tramites administrativos. Ayer,…

Explicó el titular de Desregulación que, “para una transferencia de vehículos, antes se pagaba 5,1% (3% de sellos y 2,1% de trámites administrativos)” y que, desde el día de ayer, el trámite se bajó a un 1% y porque “los registros dejarán de cobrar sellos”.

“Hasta ahora, los municipios y las provincias cobran muchos impuestos ‘ocultos’ en instrumentos nacionales o en las boletas de servicios. En los ‘80, cuando en Argentina había descontrol fiscal, bregamos por este mecanismo para mejorar la recaudación. Pero funcionó tan bien que los municipios y provincias lo utilizaron como un paraguas para aumentar sus ingresos y sus gastos exponencialmente. Más ñoquis, más gasto público con bajísima productividad”, detalló.

En la misma línea, cuestionó sobre qué sucedería si a los municipios y a las provincias “no les resultara tan fácil ocultar su recaudación” y si tuvieran “que poner la cara con los ciudadanos para justificar lo que hacen”, su respuesta fue contundente: “El control ciudadano del gasto sería mucho más fuerte y el tamaño del sector público menor”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, garantizó que la reglamentación de la reforma laboral contará con flexibilidad en materia de despidos y ratificó el fin de la obra pública.

El funcionario nacional brindó detalles de la letra fina que contendrá la instrumentación de la reforma laboral contenida en la Ley Bases al exponer este lunes en un almuerzo de la Fundación Mediterránea.

Ante los empresarios presentes, recordó que "hay un artículo en Ley Bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que refiere a los despidos, un tema medular de la relación laboral".

En este sentido, puntualizó que "en la reglamentación, que espero salga esta semana, a nivel convenio colectivo van a poder diseñar el esquema que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica".

Al respecto, precisó que "pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro" ante lo que aclaró que "el gobierno no dice nada, lo tienen que decidir ustedes, van a tener que tener mucha neurona".

Asimismo, especificó que si alguna de las partes, ya sea la empresa o el trabajador no convalidan el acuerdo, tienen la potestad de desestimar el Fondo de Cese inspirado en el régimen de la construcción.

Al informar sobre la participación de Sturzenegger en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, la cartera detalló que "durante el encuentro, el ministro destacó la importancia de la reforma laboral que se reglamentará próximamente para aumentar el empleo en el sector privado, la desregulación de los registros automotores y la implementación del régimen de disponibilidad en el Estado".

A propósito de uno de los principales rubros de la economía, Sturzenegger ratificó la postura del Gobierno de no llevar adelante proyectos de obra pública asegurando que "no vuelve más", al cuestionar la utilización que se la daba en administraciones anteriores.

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En esa línea, manifestó que "había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias", señalando que "la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político", ante lo que "hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque, y Javier Milei lo hizo".

En otro pasaje de su intervención, el ministro defendió el veto a la ley previsional, al sostener que "no se puede emitir una ley sin ocuparse de los recursos".

"Si el congreso quiere gastar, tiene que decir de dónde sale el dinero" y buscando un guiño en el público manifestó: "Ustedes que son empresarios lo entienden, ¿cómo fue que dejamos que en el Congreso se instale algo así?", subrayó.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Alvear y contó con la presencia el presidente del IERAL y ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y los empresarios Roberto Urquía, de AGD, Sebastián Bagó, del laboratorio homónimo, y Marcelo Figueras, de Laboratorios Richmond, entre otros.

Mediante la resolución 226/2024 la Secretaría de Industria y Comercio, derogó la resolución 65 del 11 de mayo de 1990 que ordenaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación. También exigía presentar datos de los cinco clientes principales.

A su vez, se derogó la resolución 62 del 26 de junio de 2013 que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los CEDIN (títulos que fueron emitidos para un blanqueo que permitía inversiones en el mercado inmobiliario) originados en la Ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción.

En la misma línea se derogó la resolución 176 de 2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio.

"Ya son 72 las normas eliminadas que impulsaban un rol estatal intervencionista", indicaron desde la Secretaría de Comercio. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger destacó el trabajo de la Secretaría de Comercio y subrayó que "casi con perversidad, el Estado argentino exigía a empresas a mandar planillas y planillas de información inútil de la que hoy cientos de empresas quedan liberadas".

"Vamos completando lo comenzado con el DNU-70/23, que derogó la ley de abastecimiento y góndolas y que en enero derivó en la resolución 51/24 que ya había derogado cientos de regímenes informativos y normativa inútil", añadió el funcionario.

Sturzenegger enfatizó que "la Secretaría de Comercio, otrora el símbolo del apriete y la extorsión, hoy se convierte en paladín de la libertad que propone el presidente".