Ecuador desplegó más de 1.500 militares en un área amazónica para localizar a disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC que mataron a 11 uniformados durante una operación contra la minería ilegal, informó este lunes (12.05.2025) el ministerio de Defensa.

Rebeldes del grupo Comandos de la Frontera, que negocian la paz con el gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro, emboscaron el viernes a un escuadrón del Ejército y los atacaron con fusiles, granadas y explosivos.

"¡Nos vamos con todo! Esta guerra contra los malos se intensificará", señaló el ministerio en la red social X en referencia al ataque en la zona selvática del Alto Punino, en la provincia de Orellana (este), fronteriza con Perú.

Uniformados de fuerzas especiales, inteligencia y contraterrorismo tendrán la misión de "localizar y neutralizar al grupo criminal que cobardemente atentó" contra un equipo de 20 militares, añadió.

El gobierno declaró héroes nacionales a los soldados fallecidos y ofreció una recompensa, cuyo monto no precisó, para quienes entreguen información sobre los responsables.

El hecho también dejó un soldado herido y un guerrillero muerto, quien fue identificado como alias "Compadre", comandante de la organización criminal en Ecuador.

"Este individuo era responsable del control de actividades ilícitas de minería ilegal en el país, así como del cobro de extorsiones" a los mineros que operan en la región, informó el Ejército en X.

"Compadre" tenía a su cargo unos 30 hombres y mantenía relación con la banda ecuatoriana Los Lobos. En la zona también operan grupos criminales Los Choneros, Tiguerones y Comando Vermelho, una de las facciones narco más poderosas de Brasil.

El Ejército colombiano señaló el fin de semana que está "en máxima alerta" en la frontera y que apoyará "en la búsqueda" de los criminales.

Oenegés denuncian que la minería ilegal en la cuenca del río Punino se cuadruplicó en 2024. Ese año, las comunidades de la zona alertaron sobre la presencia de la disidencia colombiana de las FARC.

La violencia se agudiza en Colombia, Ecuador y Perú, un triángulo clave en la producción y envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La policía de Ecuador dijo este lunes que capturó al líder del grupo armado colombiano Oliver Sinisterra y que las autoridades ecuatorianas lo devolverían a Colombia.

La noticia de la captura se produce en medio de una ofensiva militar lanzada por el gobierno de Ecuador para combatir a las bandas criminales.

El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero un estado de excepción por 60 días, incluido un toque de queda nocturno, y designó a 22 bandas criminales como terroristas, tras una espiral de violencia desatada en el país andino.

La captura de Carlos Arturo Landázuri, conocido como "El Gringo", se registró en la noche del domingo en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, luego de un seguimiento de tres meses por parte de las fuerzas de seguridad.

Anoche en #Imbabura, actividades investigativas y de inteligencia, realizadas durante 3 meses, lograron capturar a Carlos L., alias 'El Gringo', un objetivo de alto valor.Líder del grupo armado Oliver Sinisterra de #Colombia y vinculado a actividades terroristas en #Esmeraldas. pic.twitter.com/5oDdTBthg9

"Se realizará una audiencia migratoria para que sea expulsado de acá del Ecuador y enviado a Colombia", dijo el comandante de la Policía de Ecuador, César Zapata, a periodistas. "Tiene un historial bastante grande en el tema delictivo". Zapata dijo que estaba en conversaciones con la Policía colombiana para la entrega.

Carlos Arturo Landázuri asumió el mando del frente Oliver Sinisterra tras la muerte de Walter Patricio Arizala, alias "Guacho" en diciembre de 2018. Esa organización es responsable del asesinato de tres ecuatorianos integrantes del diario El Comercio en 2018, opera entre el departamento colombiano de Nariño y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, agrega la publicación.

Oliver Sinisterra es una facción del grupo Segunda Marquetalia de rebeldes disidentes de las ahora desmovilizadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abandonaron un acuerdo de paz de 2016 con el Estado.

El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Conjunto (EMC), el sector más numeroso de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, inician este domingo un cese del fuego y abrirán una mesa de negociación en busca de llegar al desarme de la organización, en medio de un clima de "desconfianza" y "desencanto" de la sociedad en relación al proceso y en un escenario "adverso", según indicaron especialistas a Télam. Las partes llegan a esta instancia luego de avances y retrocesos en un acuerdo que data de la noche del 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció una tregua bilateral con los cinco principales grupos armados del país.

#ReformaAgraria con #TierrasParaLaPaz 🕊️ | El Jefe de Estado, @PetroGustavo, dijo: “El proceso de Paz con las Farc y el Gobierno Santos, que es un proceso de Paz con el Estado colombiano, tiene como primer punto la Reforma Agraria. Allí se pactó tres millones de hectáreas de… pic.twitter.com/kZXBqdIqnD

Estaba previsto que mañana se firme un decreto de cese del fuego, pero desde ayer hubo rumores que fueron recogidos por la guerrilla acerca de una posible demora.

"Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado", dijo el grupo en la red social X (ex Twitter), en un texto firmado por el comandante Iván Losada, alias "Mordisco".

"El caso del proceso del Gobierno con el EMC ha tenido muchos tropiezos desde el inicio del cese al fuego, porque estuvo el asesinato de menores que llevó al Gobierno a suspenderlo", dijo a Télam el coordinador colombiano del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alberto Yepes.

El activista se refirió así al episodio de mayo en el que el EMC reconoció que asesinó -"ajustició", según la guerrilla- a tres jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados en el sureño departamento de Putumayo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron "al menos tres".

Por orden presidencial, las fuerzas militares iniciaron una persecución contra los rebeldes.

Luego, el EMC y el Gobierno volvieron a acercarse y el 19 de septiembre fijaron la fecha del 8 de octubre como puntapié inicial para instalar la Mesa de Diálogos de Paz en la localidad de Tibú, en el departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Pese al anuncio, la guerrilla desató una nueva escalada violenta que estalló en el departamento del Cauca, en el suroeste colombiano.

Para Yepes, la opinión pública está un poco "desconcertada" respecto al anuncio del inicio de este proceso, porque solo días atrás, el 20 de septiembre, el EMC se atribuyó un atentado con un coche bomba que dejó dos personas muertas, ambas civiles.

"Eso llevó a que se reactiven con fuerza las operaciones militares por parte del Gobierno, a la vez que el EMC anunció que la comisión creada para la solución de contingencias e incidentes previos al inicio del cese al fuego bilateral quedaba suspendida", señaló Yepes.

Por estos hechos, el activista diferenció el proceso que se inicia mañana con el firmado en agosto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ya está más "consolidado" y dijo que "en la opinión pública hay una falta de confianza en que este proceso efectivamente vaya a prosperar".

Encuestas recientes han medido la desconfianza social sobre la instancia que se inicia con el grupo que en 2016 se había negado a acogerse al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC tras años de debate en La Habana.

Según una encuesta realizada por Datexco Company S.A. días después del último atentado, el 79% de los colombianos no confía en la voluntad de paz de la disidencia de las FARC.

Los antecedentes de esta desconfianza están ligados a su relación conflictiva con el movimiento indígena por sus diversos enfrentamientos.

Desde que asumió, en agosto 2022, Petro impulsa un plan de "paz total" para desarmar a todas las organizaciones ilegales, iniciativa que logró la aprobación del Congreso para convertirse en política de Estado.

"En la opinión pública hay mucho desencanto con el tema de paz total por dos razones; una, los fallos en la comunicación del Gobierno y en particular del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Dos, porque se percibe que en aras de la paz total no se está combatiendo a grupos que son violentos y eso genera mucho descontento entre la gente", dijo a Télam la especialista en temas de seguridad de la Fundación Friedrich-Ebert en Colombia, Catalina Niño Guarnizo.

"Está claro que se quiere lograr que no haya más grupos armados y que cesen las afectaciones contra los derechos de la población civil, pero la estrategia para llegar ahí no es clara", agregó.

La especialista en seguridad percibe que hay una "desconexión entre la estrategia de paz del Gobierno y la de seguridad" y que "deben ir muy de la mano porque estos son grupos que generan violencia en los territorios".

Sin embargo, aseguró que hay indicios de un cambio porque "ha empezado a haber más iniciativa de parte del Ministerio de Defensa para perseguir a los grupos, sobre todo con los que no hay un acuerdo de cese al fuego vigente".

Los analistas apuntan también a la falta de protección a los líderes y las organizaciones.

Para Yepes, el mandato con el que fue electo Petro fue el de hacer efectiva "la paz" y "eso es lo que la población espera de este Gobierno", pero hay una preocupación creciente por la violencia en los territorios y los asesinatos a líderes sociales.

Este año, hasta mediados de septiembre, fueron asesinados 124 líderes sociales, 30 firmantes de la paz, y hubo 64 masacres, según el observatorio de la organización colombiana Indepaz.

Si bien se mantienen en niveles altos y la organización estima que no se puede hablar de una "tendencia", los indicadores son los más bajos desde 2017.

De todos modos, Indepaz aclaró que "al ser un año electoral, el riesgo para líderes y lideresas aumenta considerablemente".

El Gobierno del Pacto Histórico, que sufrió este año la partición de la alianza que había formado con partidos de centro, ahora enfrenta un escenario más fragmentado en el Congreso y el desafío de hacer pasar sus iniciativas.

El panorama actual podría cambiar a partir de las elecciones locales del 29 de octubre, cuando se elegirán los gobernadores de los 32 departamentos, además de cargos legislativos regionales, y cargos municipales.

"Es posible que al Gobierno le vaya regular. No va a tener aliados en los territorios, así que el tema de gobernabilidad está complicado. Parece que está tratando de reconstruir una coalición no con partidos, sino a punta de negociar con cada congresista. Eso lo pone en una situación precaria, porque le toca hipotecar muchas cosas para obtener apoyo", sostuvo Niño.

El jefe negociador del Gobierno, Camilo González, exdirector de Indepaz, comentó en una entrevista con el diario Voz de América que los diálogos se harán en diferentes partes del país.

"Empezaremos en el Catatumbo y luego en otras regiones porque se trata de estar cerca de las comunidades", aseguró.

Del lado de la guerrilla, el coordinador de la mesa de diálogo es Andrey Avendaño.

La desconfianza sobre el proceso de negociación también se centra en la pregunta de qué hará el Estado con los territorios en los que se emplaza la guerrilla, en caso de que la negociación prospere.

"La lección de lo que pasó con las FARC fue que sus territorios fueron copados ante la ausencia de Estado, no solo con presencia militar, sino también con el brazo social. Si el Estado no copa esos territorios, va a haber un reciclaje de la violencia", anticipó Yepes.

Cuatro niños del pueblo indígena Murui fueron asesinados en la Amazonía colombiana por disidentes de las FARC que están en una tregua bilateral con el Gobierno de Gustavo Petro, denunció la Defensoría del Pueblo de Colombia este domingo (21.05.2023).

Los niños habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó en 2017 a la otrora guerrilla más poderosa de América, según el reporte inicial de las comunidades indígenas de la zona.

“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario", Defensor Carlos Camargo.

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 21, 2023

El ente que vela por los derechos humanos confirmó la denuncia y detalló en un comunicado que los “cuatro niños y adolescentes” fueron ejecutados en los límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas (sur) “luego de haber desertado” del Frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes de las FARC que se adhirió a un cese al fuego bilateral planteado por el Gobierno el 1 de enero.

Agrupados bajo el nombre Estado Mayor Central de las FARC (EMC), estos frentes -que no se adhirieron al pacto de paz de 2017 y suman unos 3.000 combatientes- están a punto de iniciar un nuevo proceso de paz con el Ejecutivo de Petro, a pesar de varias violaciones a la tregua.

Ni las autoridades ni los originarios han precisado las edades de los fallecidos. Hasta ahora, solo se conoce el nombre de uno de ellos: Luis Alberto Matías Capera, reclutado a finales de marzo en un poblado del vecino departamento de Putumayo y asesinado a tiros el 17 de mayo junto a los otros tres niños.

Dos muertos durante una protesta contra campo petrolero en Colombia

“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, reclamó la Defensoría.

A su turno, Petro calificó el múltiple asesinato como “un crimen atroz, una bofetada a la paz” y anticipó “medidas frente a estos hechos”.

Consultados por varios periodistas vía WhatsApp, voceros del EMC expresaron que “no se van a dar declaraciones al respecto hasta que no se tenga la información totalmente cotejada” con sus frentes en la zona.

Colombia vive un conflicto armado que persiste tras el acuerdo de paz y enfrenta a rebeldes, narcotraficantes y agentes estatales en una prolongada guerra que deja más de 9 millones de víctimas. Petro, primer mandatario de izquierdas de la historia de Colombia, dialoga con guerrillas, grupos armados de origen paramilitar y las bandas del narcotráfico para poner fin a la violencia en el mayor productor de cocaína del mundo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este miércoles a los narcotraficantes suspender su extradición a Estados Unidos y otorgarles “beneficios jurídicos” a cambio de que se rindan y abandonen su actividad. 

“Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano (…) no se extradita”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que ambos mandatarios abordaron, entre otras cuestiones, las gestiones para abrir procesos de paz interna en Colombia. 

Por el contrario, si no se rinden serán enviados a Estados Unidos, agregó Petro, quien asumió el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda de su país. 

“Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos”, advirtió el mandatario, citado por la agencia AFP. 

Petro ofreció “beneficios jurídicos” al Clan del Golfo, el poderoso brazo armado del narcotráfico, sin especificar si esas concesiones incluyen penas alternativas a la cárcel, como las pactadas con los guerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016. 

Según Petro, dialogará con Washington para que se haga efectivo su compromiso de no extradición a los delincuentes que se sometan al Estado. 

El presidente está enfocado en extinguir el último conflicto interno del continente mediante negociaciones con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, que se desmovilizó para reconvertirse en un partido político. 

Petro propone que narcotraficantes que negocien con el Estado no sean extraditados.https://t.co/vkbHuLlgJg pic.twitter.com/Zxj5VyGA7W

— El Espectador (@elespectador) August 24, 2022

En el marco de su política de “paz total”, el gobernante también denunció el “fracaso” de la lucha antidrogas y planteado un nuevo enfoque centrado en la disuasión del consumo en los países desarrollados. 

Al cabo de cuatro décadas de persecución del narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. 

Durante la conferencia de prensa, Petro aseguró haber recibido “cartas” del Clan del Golfo y otras agrupaciones en armas “pidiendo paz” y una “salida diferente” al conflicto. 

“Hasta ahora tenemos cartas, hay que pasar indudablemente a acciones; esas acciones deberían ya significar que si se quiere la paz pues se deje de matar, se deje de tener conflicto entre ellos mismos”, subrayó. 

Las autoridades de la ciudad dijeron que el apagón masivo se debió a una interrupción del suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporiyia como consecuencia de un ataque ucraniano que provocó un incendio y un cortocircuito en las líneas eléctricas.