La Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, celebró la incorporación de tobilleras duales para casos de violencia de género. Sin embargo, advirtió acerca de la necesidad de trabajar en la elaboración de un protocolo que establezca las pautas para determinar en qué casos deben ser utilizados tales dispositivos. De lo contrario, alertó acerca de un colapso del sistema.

- ¿Cuáles son las estadísticas en materia de muertes violentas en la provincia por violencia de género? - consultó El Litoral-

- En 2024 hemos tenido 30.000 denuncias sobre casos de violencia de género. Los datos que manejamos en el Ministerio Público de la Acusación dan cuenta de que en lo que va del 2025 tuvimos 25 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 fueron femicidios cometidos por parejas o ex parejas, y otros cinco femicidios cometidos por familiares.

Entonces, la violencia doméstica intrafamiliar es muy importante y estamos trabajando en ello. Siempre hablamos del plan de persecución penal por objetivos provisorios y ustedes me han escuchado hablar de violencia altamente lesiva o de las economías ilegales. Bueno, la violencia de género también es un objetivo priorizado por la Fiscalía General.

Por eso celebramos la incorporación de tobilleras y ya estamos trabajando consensuadamente en un protocolo porque lo más importante es tratar de que todos los funcionarios judiciales y el Poder Ejecutivo tomen con responsabilidad la solicitud de un dispositivo.

De lo contrario, se corre el riesgo realmente de hacer colapsar el sistema antes de ser lanzado. Para eso hay que terminar de establecer un protocolo específico.

Los dispositivos de monitoreo.

- ¿En qué casos se deberían aplicar estos dispositivos, según su criterio?

- Nosotros ya tenemos una propuesta, pero la tenemos que consensuar porque somos muchos los actores institucionales involucrados. En Chaco, por ejemplo, tienen un protocolo donde se aplica de manera muy puntual.

Son los fiscales y el sistema penal quienes solicitan la instrumentación de este dispositivo pero hay equipos interdisciplinarios previos que establecen con indicadores específicos cuándo una mujer está en una situación de alto riesgo o incluso altísimo riesgo. Entonces, en esos casos en los que estos equipos interdisciplinarios lo establezcan, se solicita la aplicación de este dispositivo.

La Fiscal General busca acordar un protocolo de trabajo para el uso de las tobilleras.

- ¿Qué mejora este dispositivo respecto de lo que ya venía funcionando?

- Bueno, esto no sólo apunta al control y seguimiento, porque siempre pensamos en el seguimiento y el monitoreo del agresor, del violento… Pero acá también estamos pensando en darle la contracara y la protección a la propia víctima, que va a tener un dispositivo junto a ella y sonará cuando el agresor esté a determinado radio de distancia.

Creo que lo más importante es que se visibiliza a la víctima. Por eso es central el tema de los protocolos interinstitucionales, donde también tiene que trabajar la justicia civil, la justicia de familia… Todos los que tengamos injerencia en el trabajo sobre violencia de género.

- ¿Qué va a pasar con aquellas personas que porten esa tobillera, pero que se la saquen, porque puede haber también delitos que sean denunciados y se la quiten?

- Ésa es ya más una pregunta que va dirigida a quienes implementan el dispositivo que es el Ministerio de Justicia y Seguridad, pero por supuesto, interpreto que incluso hasta ante un desperfecto técnico seguramente va a saltar una alarma.

Entiendo que lo primero que haríamos desde fiscalía es justamente requerir que esto sea revocado porque no deja de ser también una alternativa al encierro propiamente dicho también del agresor.

El nepotismo, práctica que favorece el otorgamiento de cargos y beneficios a familiares cercanos en perjuicio del mérito y la transparencia, ha sido una preocupación constante en la comunidad, esto se da, a raíz de llamativas designaciones de familiares en el último tiempo en la Municipalidad de Sunchales.

A raíz de ello el abogado sunchalense y ex precandidato a concejal por el PDP (fue tercero en la lista que encabezó Santiago Culazzo), Andrés Chiappero, presentó una iniciativa en el Concejo de Sunchales, la cual busca poner fin al nepotismo en el ámbito municipal.

Consciente de esta problemática, el abogado de la ciudad del departamento Castellanos, ha elaborado una propuesta integral que busca garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso justo a los puestos públicos en el ámbito del municipio.

"Es fundamental erradicar el nepotismo para promover una administración pública eficiente y ética", afirmó Chiappero cuando fue consultado sobre su propuesta. "La ética y la transparencia, como así también cuestiones de mérito deben ser los pilares sobre los cuales se base la actividad pública en nuestra ciudad", agregó.

La iniciativa propuesta por el abogado y docente incluye medidas como la implementación de procesos de selección transparentes y basados en criterios objetivos, la prohibición expresa de contratación de familiares directos en cargos concursables y políticos, y la creación de un órgano de control independiente para supervisar el cumplimiento de esta normativa, en el ámbito del Concejo Municipal de Sunchales, quien es el organismo de control de las actividades municipales.

Por último, Chiappero invitó a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y a trabajar en conjunto para lograr un municipio más justo, transparente y eficiente.

Este lunes, sobrevivientes y familiares de la Masacre de Cromañón presentarán un petitorio a las autoridades de los tres poderes del Estado nacional.

Su objetivo es solicitar la reglamentación de la ley de expropiación que permitiría preservar el inmueble donde ocurrió la tragedia el 30 de diciembre de 2004.

El Senado argentino convirtió en ley la expropiación de Cromañón

En un comunicado, los convocantes declararon: “Esta acción tendrá lugar el lunes 12 del corriente en los correspondientes edificios públicos. Los convocamos a las 13 en Casa Rosada para que nos acompañen a presentar el petitorio”.

Además, enfatizaron que la reglamentación de la ley es crucial para preservar el lugar y su importancia histórica, sin que se vea afectada por la incertidumbre del calendario electoral.

Los convocantes expresaron su preocupación por la posible modificación o reforma del inmueble por parte del titular de la empresa offshore propietaria del lugar, Rafael Levy. Por lo tanto, solicitaron a todos los actores involucrados que cumplan con la expropiación dispuesta por ley.

El comunicado fue firmado por diversas organizaciones como la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, No me Olvides, Movimiento Cromañón, Ni Olvido ni Perdón, No nos cuentes Cromañón, Organización 30 de diciembre, Que no se repita, Sin derechos no hay Justicia y Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón Presentes.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón luchan por crear un espacio de memoria

El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, una bengala encendida prendió fuego al techo del lugar, hecho de material inflamable.

El incendio, que ocurrió con el local superando su capacidad permitida, y la salida de emergencia bloqueada, resultó en la muerte de 194 personas y dejó heridas a 1.500.

En 2009, la Justicia condenó a varios responsables, incluyendo al gerenciador del local Omar Chabán, al manager de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal, y a las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

En 2011, Casación redujo las calificaciones de incendio doloso a culposo y atribuyó la misma figura a los integrantes de Callejeros. También se calificó el caso como omisión de los deberes de funcionario público en lugar de incumplimiento.

El 27 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la ley nacional 27.695, que permite la expropiación del local de Cromañón para establecer un sitio de memoria.