Quedó en prisión preventiva un hombre de 20 años, cuyas iniciales son ATV, al que se investiga como autor de una falsa denuncia en Rufino. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada de forma remota en los tribunales rufinenses.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, indicó que “si bien la Defensa propuso medidas alternativas, la magistrada consideró que estaban acreditadas las condiciones necesarias para hacer lugar a nuestro requerimiento”.

Florit precisó que “la jueza dispuso la prisión preventiva hasta el 5 de mayo próximo a los fines de completar la investigación y presentar la acusación correspondiente”.

La fiscal precisó que “alrededor de las 2:20 de la madrugada del jueves de la semana pasada, el imputado se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar que le habían sustraído un teléfono celular”.

“Manifestó que tres hombres lo habían interceptado en la vía pública y lo habían amenazado con un cuchillo para robarle el dispositivo”, detalló Florit.

La representante del MPA relató que “el imputado dijo que podía reconocer a uno de los involucrados y que además sabía el lugar en el que estaban”.

“Luego se realizó una requisa voluntaria en el domicilio indicado, donde se procedió al secuestro de un teléfono y se realizó el traslado a sede policial de algunas personas”, informó Florit.

La funcionaria sostuvo que “luego de tomar testimonios, analizar imágenes de cámaras de vigilancia y de distintas diligencias investigativas, se pudo comprobar que ATV había vendido el teléfono a uno de los hombres al que denunció como autor del supuesto robo”.

“El imputado no solamente realizó una falsa denuncia y cometió el delito de falso testimonio, sino que además intentó estafar a la persona que le compró el móvil, y quiso engañar a los funcionarios de la policía, del MPA y del Poder Judicial que intervinieron”, manifestó Florit.

Delitos

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de falsa denuncia, falso testimonio agravado (por ser prestado en causa criminal) y tentativa de estafa procesal. 

El insólito hecho habría ocurrido el viernes por la noche en la ex ruta 93 (Hughes-Melincué) también denominada ruta muerta, cuando un bombero hughense (Daniel C.) toma conocimiento de de la sustracción de un camión marca Mercedes Benz, color blanco, con un tanque blanco cargado de aceite crudo, proveniente de Buenos Aires, e informa a la Camisaría 11ª que rápidamente se aproxima al lugar y al finalizar el trayecto transitable de ruta 93 (vieja) se puede divisar el mencionado vehículo en parte de rastrojos a la vera de la traza.

Más tarde, se hacen presentes en el lugar del hecho, el conductor del vehículo (Walter A.), y el propietario del mismo (Alberto M.), y el primero relata que “cerca de las 16 del viernes lo habría interceptado un vehículo marca Bora color negro con dos ocupantes el cual uno de ellos estaba armado y le sustrajeron el rodado a la altura del cementerio de esa jurisdicción”.

Ante el tenor de lo declarado se informa lo sucedido a la fiscal en turno, Susana Pepino, “quien ordena se solicite personal de AIC Científica a fin que realice levantamiento de rastros o huellas del lugar, y se proceda a tomar declaración a conductor y dueño del camión sustraído, se secuestre el vehículo hasta que se presente documentación correspondiente, se realice relevamiento de cámaras de seguridad sobre Ruta Nacional 8 y 93. Es dable mencionar que el rodado poseía los precintos en cada boquilla de expendio aparentemente sin forzar”, señala el parte policial.

Cabe destacar que el jefe de la URVIII, Daniel Acosta, aportó a Sur24 que la investigación se agilizó porque “sabemos que esa zona antiguamente era de piratería del asfalto y nos trajo mucha preocupación. Por suerte se logró esclarecer y nos quedamos tranquilos que no empezó otra vez ese tema”.

Un día después, el sábado 11, se pudo saber la verdad y el chofer, oriundo de Florencio Varela, fue acusado de Falso Testimonio, ya que la Fiscalía luego de realizadas las medidas de rigor tomándose entrevistas y realizando el relevamiento de las cámaras de seguridad de la localidad, se advierten ciertas inconsistencias entre lo expuesto por la víctima y lo observado en las filmaciones, por lo que la fiscal Pepino ordena recibirle ampliación testimonial a los fines de precisar con mayor detalle los datos brindados por el transportista.

Al solicitarle una ampliación de los dichos expuestos, Walter A. declara que la sucesión de hechos “no habría sido la que declaró en primera instancia, argumentando que en realidad se equivocó de camino quedándose encajado el camión que conducía sobre la antigua ruta 93, y que por temor a perder su empleo inventó haber sido asaltado para no tener complicaciones laborales”.

Finalmente la fiscal dispone que se le forme causa por Falso Testimonio y una vez finalizado el imputado recupera su estado de libertad. Además se hace entrega del vehículo secuestrado al titular luego de presentar la correspondiente documentación.

El senador provincial Lisandro Enrico reveló que fue involucrado por el empresario del juego ilegal, Leonardo Peiti, en la declaración judicial con la que el llamado Zar del Juego pretende obtener una reducción de su pena al señalar a tres senadores provinciales como los destinatarios de una coima suya, por 250 mil dólares. 

Según los trascendidos del acuerdo entre la defensa de Peiti y el Ministerio Público de la Acusación -aún pendiente de su homologación por parte de un juez- el empresario del juego ha acusado en su declaración judicial de haber podido coimear con un cuarto de millón de dólares a esos senadores para quedarse con las apuestas legales on line en la provincia. Sin embargo, esa concesión fue otorgada por un decreto del gobernador Omar Perotti hace un año, el 21 de septiembre de 2020. 

Ángelo Rossini, el abogado defensor de Peiti, dijo que la acusación involucra al senador provincial Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y a “dos senadores radicales del sur de la provincia”. 

“Hemos tomado conocimiento de que en la declaración brindada por el zar del juego clandestino en Santa Fe Leonardo Peiti ante varios fiscales, con miras a dar información para lograr un descuento de su pena, el mismo habría mencionado a otros actores políticos de la provincia, y por los dichos de su abogado Luis Rossini en un reportaje a Radio 2 el día 9 de septiembre, mi nombre es uno de los aludidos”, dijo el senador Enrico al anunciar que ha tomado la decisión de denunciar penalmente a Peiti. 

“Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la Justicia el juego clandestino, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones”, agregó. 

De inmediato advirtió que un imputado detenido para ser un colaborador de la justicia y lograr los beneficios de la ley del arrepentido debe brindar información verdadera, o puede enfrentar una pena aún mayor por mentir. Y aseguró que eso le ocurrirá a Peiti. 

“El beneficio del imputado arrepentido exige, en la Ley (27.304) que lo crea, que la declaración debe consistir en suministrar información y datos ‘precisos, comprobables y verosímiles’; y al mencionarme no sólo que miente en cuanto a mí u otros senadores sino que está defraudando a la propia Justicia ya que su declaración debe ser basada en información cierta y colaborativa y no en cortinas de humo”, destacó el representante por el departamento General López. 

“Más aun -siguió-, la ley 27.304 del arrepentido crea un nuevo delito al incorporar el artículo 276 bis que dispone ‘quien proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos en la declaración será pasible de la pérdida del beneficio y de una pena de 4 años de mínima y 10 de máxima’. Con lo cual anticipo que el capo del juego clandestino si declaró falsamente ante la Justicia ha cometido un delito grave que por su gravedad no es excarcelable, agravado justamente por el hecho de brindar información falsa ante las autoridades investigativas”, subrayó Enrico. 

“Ir a fondo” 

El senador radical pidió que los dichos ante la justicia de Peiti “en relación a mí” deben ser “investigados a fondo” y por eso adelantó que “me voy a presentar ante la fiscalía actuante para que se llegue a fondo con lo que se menciona en torno a mí, pero no sólo ello, sino denunciar penalmente al señor Leonardo Peiti por mentir en su declaración (conf. art. 276 bis), si es cierto lo dicho por su abogado en medios de comunicación”, sentenció. 

“Me queda la tranquilidad -recordó Enrico- de lo que siempre hice: bajo mi firma y con mis denuncias realizadas en sede penal se investigaron una decena de casas de juego clandestino, cosa que hice y sigo haciendo con otros delitos como el narcotráfico”. 

Dijo que “estar en la vereda de enfrente de Leonardo Peiti o su abogado encubridor Rossini lo tomo como una buena señal de mi rumbo político, porque ellos representan la podredumbre, el delito y la corrupción de esta provincia; yo en cambio trato de representar de la mejor manera a los ciudadanos que me eligen y me dan un mandato de pelear siempre en contra de las mafias”. 

Contra Leonardo Peiti considerado el Zar del juego ilegal, pero también poseedor de concesiones del juego legales en Paraguay y en Formosa, existen tres causas judiciales. 

Una iniciada en Rosario y otras dos en Melincué (General López) y en Rafaela (Castellanos). Su defensa busca lograr que en las dos últimas tenga los mismos beneficios que en la primera, donde logró no ir preso por señalar a los ex fiscales Patricio Serjal (ex fiscal regional, quien contaba con el segundo cargo en importancia del MPA) y Gustavo Ponce Asahad (mano derecha de Serjal) por cobrar sobornos a fin de permitir el despliegue de casinos y otros emprendimientos clandestinos a la vez que facilitar información para la continuidad de esas actividades ilegales. 

En las causas del sur y del centro oeste santafesino se llega a Peiti por la investigación sobre capos locales de las apuestas ilegales. En Rafaela, el Rey del Juego era David Alejandro Perona, quien murió muy joven de coronavirus. Las investigaciones sobre Perona involucraron a una concejala del oficialismo justicialista en esa ciudad, a partir de escuchas, pero esa línea de investigación no prosperó. 

Sí, en cambio los vínculos no tan nobles entre el zar y el rey de las apuestas en el departamento Castellanos. En marzo pasado fue preso Leonardo Peiti y también su hermano Esteban. 

Con la detención se practicaron 24 los allanamientos y 16 de ellos tuvieron lugar en domicilios rafaelinos, otros 5 en Rosario y los restantes en las localidades de Lehmann, Ataliva, Eusebia y Carolina del departamento Castellanos. 

Para entonces Peiti no estaba preso pese a que había reconocido ante la Justicia ser un capitalista del juego ilegal, en la causa en la que involucró como arrepentido a los fiscales de Rosario que fueron apartados de su cargo y fueron a prisión. 

Sobre el fallecido Perona pesaba una denuncia del año 2017 ante la fiscalía a cargo del fiscal Castellanos por el manejo de casinos clandestinos, que tuvo un trámite cuestionado por los senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) por sus demoras. Es conocido que en esa ciudad había pintadas callejeras sobre la existencia de los “Casinos Perona”.