Cristina Kirchner reapareció este martes por la tarde tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena a prisión e inhabilitación perpetua. Desde la sede del Partido Justicialista, cargó con dureza contra el máximo tribunal y denunció una maniobra política para proscribirla.

“La Corte Suprema es un triunvirato de impresentables que responde a mandos superiores del poder económico concentrado”, aseguró la exmandataria. Y agregó: “Al cepo del salario que impone este Gobierno, ahora el Partido Judicial le suma el cepo al voto popular”.

En un encendido discurso ante la militancia reunida en la calle Matheu, CFK acusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de ejecutar una estrategia preelectoral: “Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso: un mes antes de la oficialización de candidaturas sacan el fallo”.

Kirchner dijo que este tipo de acciones judiciales buscan impedir el resurgimiento del campo nacional y popular en un eventual colapso del actual modelo económico. “Cuando este monigote se caiga, no quieren que nosotros podamos reorganizarnos”, señaló, en alusión directa al presidente Milei.

A pesar de la condena, la expresidenta reivindicó su trayectoria: “Estar presa es un certificado de dignidad. Mientras Caputo, Sturzenegger y Macri caminan libres, yo estaré presa por defender a los trabajadores”. Reiteró además su orgullo por haber gobernado “sin recurrir al Fondo y con los mejores salarios de América Latina”.

Sobre su futuro, evitó confirmar pasos concretos, pero dejó claro su alineamiento con el peronismo: “Pienso como peronista y voy a seguir pensando de la misma manera. Espero que sea ese espacio el que encauce al pueblo argentino, como un río que tarde o temprano se abre paso”.

El mensaje cerró con una advertencia: “Me pueden meter presa, pero el pueblo sigue cobrando salarios de miseria. No van a lograr destruirnos. Esto no tiene un final feliz, pero el pueblo siempre encuentra su cauce”.

Tuvieron que pasar más de dos décadas pero finalmente llegó la justicia para los reclamos económicos por parte de los que sufrieron la inundación de la ciudad de Santa Fe en 2003. El propio fiscal de Estado, Domingo Rondina, informó a principios de este mes de abril que por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro se dará cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y se les pagará a los damnificados “que estuvieron 21 años esperando justicia”.

Rondina indicó que la Corte provincial “resolvió por primera vez el tema de las indemnizaciones a las familias afectadas por la tremenda inundación de 2003. Después de 21 años la Corte decidió que la culpa fue del gobierno provincial de ese momento”, y agregó que según el fallo “es inexcusable la responsabilidad por la falta de obras y de previsión de la Provincia, así que en ese sentido condena a la Provincia a indemnizar a todas las familias que sufrieron como consecuencia de la inundación”.

El funcionario aclaró de todos modos que la Corte determinó “que aquellas personas que cobraron la indemnización que pagaba en aquel momento el Ente de la Reconstrucción, ya están suficientemente compensadas con aquella indemnización, pero que quienes no cobraron tienen derecho a cobrar ahora, siempre y cuando hayan hecho su juicio”.

Hay que recordar que el 29 de abril de 2003, el agua del río Salado, producto de una crecida extraordinaria, ingresó a la ciudad de Santa Fe a través de un segmento inconcluso del terraplén de la circunvalación oeste, lo que produjo que días después gran parte de la urbe esté inundada, en la peor tragedia de la historia de la ciudad. Muertos, miles de evacuados y pérdidas totales para la gran mayoría de todos ellos, fueron las consecuencias de esta catástrofe.

21 años después, llegó este fallo de la Corte Suprema provincial. En ese sentido, el fiscal de Estado manifestó que “creemos que ahora hay que dejar que termine la causa. Lo habitual sería apelar esta sentencia mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo hemos hablado con el gobernador Maximiliano Pullaro y él considera que no tenemos que apelar, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, porque las familias han esperado 21 años para que se les haga justicia. Es gente que además de sufrir la inundación tuvo que padecer la tremenda demora del Poder Judicial y la desatención del gobierno”.

Al respecto, indicó que “quienes no cobraron y tuvieron que hacer juicio, serán pagados cada uno en su expediente. Vamos a aceptar la condena y vamos a esperar, porque cada uno de los casos va a ir saliendo de la Corte. Estimo que durante este año ya todos los casos van a quedar en posición de empezarse a liquidar las sumas”, y reconoció que “seguir dilatando la cuestión judicial era seguir manteniendo abierta las heridas de la ciudad: tenemos que cerrar por lo menos la etapa jurídica de la inundación”.

La Corte Suprema ratificó un fallo a favor de Google en un caso presentado por la modelo Ailén Bechara, quien alegó que su nombre aparecía en sitios de oferta sexual en línea.

Inicialmente, mediática había obtenido un fallo favorable en primera instancia, pero en 2020 la Cámara Civil revirtió esta decisión y eximió de responsabilidad al buscador, basándose en jurisprudencia previa de la propia Corte Suprema.

El fallo exige que la parte perjudicada notifique a Google sobre los sitios web donde su nombre aparece de manera errónea, y luego la plataforma está obligada a eliminarlos.

Bechara había obtenido un fallo favorable pero la Cámara Civil revirtió ese criterio.

De esta manera, Google INC evita una condena a pagar una indemnización de 125 mil pesos más intereses a la modelo por los daños y perjuicios derivados de la aparición de su nombre en sitios relacionados con la industria del sexo en línea.

El presidente Alberto Fernández entregó este miércoles al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez; y a la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y requirió su “pronto tratamiento legislativo”.

Fernández entregó a los legisladores oficialistas el escrito de más de 30 carillas anticipado públicamente el martes durante una reunión realizada en la Casa Rosada. “El Presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo”, añadió la información de la Presidencia.

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT respaldaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces de ese tribunal Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

El comunicado difundido por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

Los gobernadores peronistas de la Región Centro, fuera del planteo contra Rosatti

En el comunicado se asentaron las firmas de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La diputada Gaillard aseguró que el proceso solicitado por el Presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante “con mucha seriedad y transparencia”. La legisladora precisó que “no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte” y aseguró que el proceso será llevado “de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad”.

Explicó que aún no hay una fecha de reunión de la comisión prevista y que resta esperar “que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso”.

“Creería que esta semana se firmará el decreto para convocar a extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la comisión”, precisó en declaraciones periodísticas. Gaillard explicó que la comisión tratará el proyecto y “dictamina por simple mayoría si se abre la investigación”.

“Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar”, apuntó. En ese caso, se comienza con la etapa probatoria, donde se presentan “pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares” y otras evidencias.

“Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría”, añadió.

Explicó que después el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde “se requieren dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación”, que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, “donde se juzga” al acusado.

El Gobierno nacional hizo este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que el propio tribunal, pero con otra conformación, suspenda los efectos del fallo dictado el miércoles pasado con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), elevándola al 2,95 por ciento.

A través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.

“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.

También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.

El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.

Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa” y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.

“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional.

Y aseveró que “se ha desvirtuado la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas al dictado de una sentencia definitiva y al resultado práctico que aseguran preventivamente”.

“Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la CSJN”, insistió.

Las presentaciones formalizadas este martes habían sido anunciadas el lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados ayer.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, agregó.

“Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, sostuvo.

La medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016. El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Horacio Rodríguez Larreta.

El legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron una denuncia penal contra el Presidente por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. También realizaron una denuncia penal la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados nacionales de ese partido.

En la presentación de Republicanos Unidos, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por el máximo tribunal del país.

“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.

Los dirigentes afirmaron, además, que es improcedente la recusación a todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: “Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Según la presentación, el Presidente “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.

Juntos por el Cambio avanzó hoy con su decisión de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, ya que considera que está cometiendo los delitos de “alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”.

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, hicieron una presentación ante la Justicia Federal y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical iban a hacer lo propio.

La denuncia de la chaqueña y referentes de su espacio incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).

Allí, advirtieron que los funcionarios del Gobierno “quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr”.

Junto a Carrió, firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.

“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, señaló el texto.

Y agregó: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.

“Las conductas del Presidente de la Nación, el Ministro de Interior, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y al menos, la del Gobernador de la Provincia del Chaco, no sólo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública”, indicó la CC.

A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”.

“Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte”, señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.

En diálogo con Esta Mañana, el programa conducido en esta jornada por Ari Paluch en Radio Rivadavia, la dirigente opositora remarcó que “cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia” y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es “rebelarse contra la decisión del máximo tribunal”.

“En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo `Wado´ De Pedro)”, concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es “el segundo día de desacato”.

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció este viernes penalmente al presidente Alberto Fernández y a tres miembros del Gabinete nacional por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

En la denuncia, Carrió incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).

La líder de la Coalición Cívica-ARI y dirigentes de ese partido, hicieron una presentación ante la Justicia Federal y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical iban a hacer lo propio.

Allí, advirtieron que los funcionarios del Gobierno “quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr”.

Junto a Carrió, firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.

“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, señaló el texto. Y agregó: “Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”.

“Las conductas del Presidente de la Nación, el Ministro de Interior, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y al menos, la del Gobernador de la Provincia del Chaco, no sólo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública”, indicó la CC.

A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”.

“Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte”, señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.

En declaraciones radiales, la dirigente opositora remarcó que “cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia” y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es “rebelarse contra la decisión del máximo tribunal”.

“En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo `Wado´ De Pedro)”, concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es “el segundo día de desacato”.

El presidente Alberto Fernández decidió este jueves recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye “un fallo político, de cara al año electoral” y advirtió que, con esa decisión, “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.

“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.

Además, el Gobierno consideró que la Corte argumentó “de manera insólita” que “transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas” y advirtió: “Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.

El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema este jueves por la tarde tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.

El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Esas provincias “al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación” y para que soliciten la revocación “in extremis” de la resolución cautelar, según el documento.

Este miércoles, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno Nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.

El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.

La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas” en la ciudad.

De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.

En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad. “En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016”, recordó el Gobierno en el documento firmado este jueves.

El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

El encuentro de este jueves entre el Presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual. Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil. También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto. A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.