Las tarifas para usuarios residenciales de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe ocupan el tercer lugar entre las más caras del país. Solo las de las provincias de Neuquén y Río Negro, en ese orden, tienen boletas más costosas para el servicio eléctrico.

Como se ha señalado en otras oportunidades, en buena medida esos valores se explican por el peso de los impuestos para los consumidores finales en hogares, de acuerdo con los gráficos que ofrece el Reporte de Tarifas y Subsidios de junio, elaborado por un instituto conformado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

El Instituto Interdisciplinario de Economía Política compara las facturas eléctricas de todas las provincias y el Área Metropolitana de Buenos Aires y ofrece también un promedio nacional, del que Santa Fe se aleja en un 27% más alto. Los neuquinos sufren tarifas 80% más caras que ese número medio y los rionegrinos 41% más.

Las provincias socias de Santa Fe en la Región Centro tienen también tarifas más altas que el promedio nacional. Córdoba supera ese límite en un 14% y Entre Ríos en solo 4%. En el otro extremo de la tabla de comparaciones, las empresas Edenor y Edesur, en el AMBA están un 37 y 38% más bajas que la media del país.

Factura final eléctrica a usuarios residenciales por componentes - junio 2026. Crédito: UBA - Conicet.

El gobierno nacional eliminó en enero de este año las tres categorías en que eran divididos los hogares a la hora de otorgarles subsidios. Sólo existen hoy dos tipos de usuarios residenciales: con y sin subsidios. Las ayudas solo llegan a hogares vulnerables que además han cumplido con su registro.

En el caso de la provincia de Santa Fe las diferencias entre uno y otro grupo de hogares es marcada aunque en ambos casos, en la comparación nacional, se ocupa el tercer lugar del lamentable podio de tarifas más caras del país.

Para los usuarios residenciales santafesinos que no reciben ayuda del Estado Nacional la porción con que se queda la EPE de sus tarifas es idéntica al promedio nacional. Un 40% del total abonado paga en Santa Fe el llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). Es interesante observar que en casi todas las demás provincias con tarifas altas ese es el principal componente tarifario, el de mayor porcentaje.

Lo dicho: en las boletas santafesinas el segmento que corresponde a los impuestos, con el 33% del total, supera al resto de las jurisdicciones.

Por otra parte, para los usuarios santafesinos que gozan de kilovatios subsidiados por la Nación (en el valor del precio mayorista) un 50% corresponde al VAD. En 21 de las 29 jurisdicciones ese porcentaje es mayor, y llega a representar hasta el 58% del total. Y en el mismo grupo, solo Santa Fe y Neuquén tienen una proporción del 36%. El promedio nacional tiene 10 puntos menos.

El peso de los impuestos.

El informe aclara que "al momento de realizar un análisis tarifario comparativo es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de Edenor y Edesur, provinciales y municipales en el caso de cooperativas".

"La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía. A su vez, responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones", agrega acertadamente el Reporte de Tarifas.

En ese sentido, es relevante recordar que en la provincia de Santa Fe la distribución de la infraestructura eléctrica tiene una extensión inusual en otras jurisdicciones. Y que por su peso en la demanda total nacional la EPE es la tercera compañía eléctrica, luego de las dos que actúan en la región metropolitana de Buenos Aries.

Otra particularidad provincial es que se ha adoptado para el pago del consumo eléctrico de la iluminación de las calles en pueblos y ciudades una Cuota de Alumbrado Público (CAP) que incrementa el rubro impuestos.

Un deudor alimentario quedará expuesto en la factura de luz luego de que un juez de familia de la localidad santafesina de San Lorenzo haya determinado que en dicha boleta se incorpore el monto que le debe a su ex esposa para sus hijos.

María Cecilia Lantella, abogada de la demandante, dialogó en declaraciones radiales y contó cómo fue la decisión del juez de esta inédita medida contra un deudor alimentario, a quien la Justicia ya le había otorgado restricciones, pero continuaba sin abonar el dinero correspondiente de la mantención de sus hijos.

“Este caso lleva ya un año trabajándose, no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que hubo previamente decisiones restrictivas para el deudor, como no entrar a un estadio de fútbol, tampoco renovar su licencia de conducir y salir del país, es decir que venimos con un tema complejo”, expuso Lantella.

La abogada subrayó que, ante la gran deuda que se acumuló, solicitaron que oficie a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para poder hacer el cobro de la cuota alimentaria de manera mensual mediante la retención de la factura de luz.

Lantella explicó cómo será la dinámica con la nueva boleta que se le efectuará al acusado: “La EPE tiene un rubro que va decir ‘consumo’, que es el gasto de la luz, pero abajo va a venir otro, en el que se va a incluir el monto de la deuda. Si no paga toda la factura, le cortan el suministro”.

Desde la parte demandante sostienen que tiempo atrás se había llegado a un acuerdo entre las partes, pero que el padre nunca los cumplió.

Un punto expuesto por la abogada es que en estos tiempos se necesita de “creatividad” para conseguir que el responsable abone la cuota alimentaria correspondientes y que, si no lo hace, tenga sus consecuencias.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que la provincia prepara una batería de medidas para contrarrestar el cobro de plus de parte médicos que realizan prestaciones a través de la obra social Iapos. Consultado por El Litoral, el funcionario consideró que dicha práctica debe ser consideraba con la lógica de un "fraude, que tiene distintas modalidades y que, por lo tanto, también debe ser abordada a partir de diferentes medidas". "Es una práctica que no toleramos y que repudiamos", planteó Olivares. En tal sentido, dijo que la actual gestión se diferenciará de las anteriores que "sólo reparaban en los marcos normativos, para catalogar al plus como ilegal. Nosotros vamos a tener una postura más proactiva", advirtió.

Ministro de Economía, Pablo Olivares. Créditos: Luis Cetraro

En primera instancia, anunció que se intentará compensar al afiliado. "Lo haremos -adelantó- sin exigirle que aporte una factura porque pedirle una prueba sería revictimizarlo, y porque el médico tampoco va a emitir una factura de lo que es ilegal. Estamos buscando el mecanismo para hacer esa compensación, de manera que el afiliado pueda hacer una denuncia anónima con pruebas, pero cuidando su identidad para preservar la relación con el profesional, y que pueda ser compensado por ello", comentó.

Respecto de las medidas que se adoptarán sobre los profesionales que incurren en el cobro de plus, Olivares dijo que la severidad de las sanciones o de los "incentivos negativos" que se instrumentarán dependerán de la reincidencia del médico en la práctica citada.

"El profesional que vaya acumulando una cantidad determinada de denuncias, en primer término, será advertido. Posteriormente, se aplicarán incentivos negativos. Todos los médicos que prescriben por Iapos reciben un estímulo pequeño por cada receta electrónica que hacen. Si el médicos es denunciado por plus, ese incentivo no correspondería. En segundo lugar, podemos actuar sobre la facultad del médico de prescribir una receta. En este caso, el médico podría seguir atendiendo, pero se exigirían algunos elementos administrativos adicionales para que pueda volver a retomar su habilitación y prescribir", explicó.

En tercera instancia, el ministro anticipó que la intención es que el reintegro que se realice al afiliado se compense a través del descuento a las prestadoras a las que respondan los médicos que cobran plus.

Finalmente, y sobre la base de concebir el cobro de plus como un fraude pero también como una "infracción de tipo fiscal", Olivares anticipó que ante la acumulación de denuncias, podría darse intervención a la UIF (Unidad de Información Financiera). "Si el cobro de plus se hace sin ningún tipo de comprobante fiscal, implica una responsabilidad tributaria y es una infracción de tipo fiscal. Pero si las denuncias son acumuladas, estamos pensando en hacer participación a la UIF", comentó.

Respecto de la posibilidad de excluir de la cartilla de profesionales al médico reincidente, Olivares dijo que prefieren ser "cuidadosos de la relación entre afiliado y profesional, que es de una confianza muy grande. A veces no es fácil que un afiliado cambie de profesional y en eso queremos ser cuidadosos. Pero aspiraremos a que ese vínculo se enmarque en una relación sana", concluyó.

En la mañana de este miércoles se difundió un comunicado oficial de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) informando que desde el 1 de septiembre la factura de energía “se emitirá y cobrará mensualmente”. También se menciona que, desde entonces, la misma tendrá una única fecha de vencimiento, aunque surgió una serie de malos entendidos respecto a los plazos de pago y de desconexión de servicio, preocupando a autoridades políticas y asociados.

En consecuencia, la concesionaria de Mitre y Belgrano emitió un nuevo comunicado aclaratorio poco antes de las 17, señalando que “ante algunos errores en la interpretación del comunicado emitido por la Cooperativa Eléctrica el día 25 de agosto, se quiere aclarar a los asociados que no es correcto que haya menos margen para pagar la factura. Al ser la facturación mensual, desde el 1 de septiembre habrá una sola fecha de vencimiento y la fecha de desconexión del servicio será 45 días después de ese vencimiento”, especificando que “el usuario podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión”.

Como puede leerse, el párrafo que generó la discreta polémica en la mañana de hoy es el siguiente: “Dispondrá de un único vencimiento, y pasado dicho vencimiento se podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión en cualquiera de las entidades de pago habilitadas”, dando lugar a interpretaciones erróneas, como que la desconexión, según muchos entendieron, operaría a los cinco días del vencimiento.

En cambio, el segundo texto no deja lugar a dudas cuando sentencia que “la fecha de desconexión del servicio será 45 días después de ese vencimiento”, tras lo cual agrega que “el usuario podrá abonar hasta cinco días hábiles antes de la fecha de desconexión” en cualquiera de las bocas habilitadas.

Cabe reiterar, tras la pertinente aclaración, que “todos aquellos usuarios que utilizan el servicio de Link y Banelco, deberán ingresar a estos sistemas para actualizar el nuevo código de pago disponible en la nueva factura”.

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