En su resolución el juez natural de la causa menciona que la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Laboral de Reconquista, otorgó el cambio de efecto solicitado por la sociedad concursada con respecto a la apelación concedida el 20/9/2023 en este expediente concursal.

Agrega Loerenzini que como consecuencia de que el tribunal de alzada emitió su resolución, el período de concurrencia o cramdown dictada por su Juzgado, se encuentra suspendida en todos sus efectos.

En tal sentido, el juez sostiene que durante este período de transición, para preservar la continuidad operativa de la empresa, con el involucramiento de los órganos y auxiliares concursales, sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores naturales de la persona jurídica, la sindicatura deberá continuar realizando en forma periódica los controles de mercaderías y vigilando la existencia de liquidez en la caja de la concursada.

En consecuencia pide a la sindicatura y la intervención que de manera conjunta y coordinada, se expidan acerca del control de la mercadería propiedad de terceros en instalaciones de Vicentín SAIC que surja de la Información de AFIP, RUCA y todos los registros exigidos por los entes de control. Lorenzini considera que es fundamental que estén al día y que se controlen con los stocks físicos.

Además el magistrado solicitó esta semana el control de la adecuada registración de todas las cartas de porte y su respectivo registro. Pide que se entregue un análisis detallado del estado de todas las contingencias declaradas en las Mesas Técnicas y su evolución judicial hasta la actualidad. En ese mismo sentido, el juez civil y comercial de Reconquista pide que se realice una cuantificación monetaria, al menos en forma estimativa.

Lorenzini insistió con la necesidad de tener un análisis de la liquidez de la empresa, donde se debe de desglosar y explicar cuál fue la pérdida registrada en la caja de la empresa durante el año 2023.

Pone especial atención en su requerimiento el juez de Reconquista en la justificación económica o financiera de las pérdidas. Demanda un análisis y una explicación de los rubros "Cuentas por Cobrar" y "Otros Créditos" y su posible liquidez inmediata.

Lorenzini además solicita una explicación detallada sobre cuál es el punto de inflexión que la sociedad concursada podría enfrentar, “aclarando factores de aceleración o desaceleración, como así también circunstancias podrían incidir en un mayor flujo de fondos futuros que permita despejar este riesgo”, subraya.

Sin lugar a dudas la empresa ha estado manifestando y poniendo como fuente de ingresos los contratos a fasón, en referencia a esto el juez demanda explicación de los contratos de fasón celebrados y en etapa de tratativas preliminares, discriminados por unidades de negocios, tipo de mercaderías, volumen de las mismas y monto económico de dichos contratos.

Finalmente encomienda a la sindicatura y a la Intervención que presenten copias de dichos informes al Directorio de la Sociedad Concursada, a los Accionistas de la misma, al Segundo Comité de Control y a los trabajadores de la sociedad, tanto sindicados como fuera de convenio, procurando los mecanismos adecuados para la divulgación de dicha información relevante. Emplaza a ambos organismos a realizar el informe requerido en un plazo de 5 días hábiles judiciales.

Por Rocío Benítez

A las 7.30 horas, se realizó la concentración de autonvocados, por el fallo del juez de la causa Vicentín.

También estuvieron presentes, acompañando a los empleados, representantes políticos como el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, y el senador departamental, Orfilio Marcón.

Bety presente allí con la imagen de la virgen expresó que luchan "por la fuente de trabajo, por la salud de la Argentina, por la propiedad privada".

"Está en riesgo la fuente de trabajo, es nuestra responsabilidad acompañar a los empleados", dijo Chacho Marcón.

González Braidot: "Ayer a la tarde nos avisaron los trabajadores de la necesidad que tenían de expresarse. Hoy no hay seguridad de lo que va a ocurrir. Son 250 puestos de trabajo directo que están en peligro. Como comunidad estamos preocupados".

El magistrado detalló su decisorio dentro de la Ley de Concursos Argentina. Fue a través de un documento elaborado con detallar "coloquialmente las disposiciones legales”.

“No constituye un dictamen, ni resulta vinculante o de valor legal”, aclaró el juez Fabián Lorenzini al pie del documento dado a conocer en el mediodía de este lunes, con el cual apuntó a explicar su decisión del viernes pasado en la que rechazó la propuesta de pago de la concursada Vicentin SAIC y abrió el período de concurrencia.

En no más de una carilla, el titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista hizo docencia de manera “coloquial” acerca de la Ley de Concursos que “prevé la posibilidad de que una persona humana o una sociedad, pueda acudir a solicitar la apertura de su concurso cuando se encuentra en imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos a sus acreedores, entre otros supuestos legales”. Una vez abierto el concurso se protege a la empresa como generadora de riqueza, prosperidad y fuentes de trabajo (sin confundirla con los dueños o empresarios, cuando se trate de personas diferentes), añadió.

Al respecto, coligió que ello significa que se activan una serie de “protecciones legales” que duran mientras renegocia con los acreedores y reestructura sus deudas, a lo que denominó “proceso de empresa en crisis”. Así, por ejemplo, se “suspenden los intereses de las deudas contraídas antes de la fecha de la apertura del concurso, se pueden continuar algunos contratos esenciales o fundamentales para que la empresa siga operando, se protege las cuentas bancarias esenciales” para que no quede excluida del sistema financiero, etc., enumeró.

Lorenzini prosiguió con su exposición al precisar que luego de la apertura del concurso, en adelante se desarrollan varias etapas trascendentes: nombramiento de los síndicos, control de la empresa, presentación de los acreedores, verificaciones, traba de medidas cautelares concursales para evitar actos de disposición, sentencia de verificación que establece quienes son aceptados como acreedores legítimos, entre otros actos trascendentes.

En dicho esquema, la empresa en crisis o el deudor (si es una persona física) tiene un periodo de exclusividad para “arreglar” su situación, con acciones tales como “formular propuestas a los acreedores, justamente porque se trata de permitir que cuenten con la tranquilidad y el tiempo necesario para reprogramar su actividad y sortear la crisis”, con la ayuda legal que establece este proceso que agrupa a todos los acreedores y deudas.

Concentración tras el fallo del juez de la causa Vicentin.

El funcionario citó tres cuestiones que pueden ocurrir luego de ese período de exclusividad: a) que se llegue a un acuerdo y se apruebe el mismo judicialmente (homologación), en cuyo caso la empresa o concursada deberán cumplir lo pactado y seguirán trabajando; b) que no se llegue a un acuerdo y se declare la quiebra que implica que todos los bienes deben venderse para pagar las deudas, respetando ciertas prioridades legales (cobran en primer lugar los trabajadores y los gastos del proceso y después todos los demás); c) que se abra un proceso de concurrencia (solamente para el caso de sociedades por acciones, SRL, cooperativas y otras que están expresamente indicadas en el art. 48 de la ley de concursos argentina).

Este período de concurrencia es “opuesto al de exclusividad”, es decir que cualquiera puede presentarse (cumpliendo ciertas pautas) con la intención de lograr el acuerdo que el deudor o empresa en crisis no pudo conseguir, comparó el juez concursal, y dijo que “se entiende como un mecanismo que intenta evitar la desaparición de una empresa como generadora de actividad y trabajo”.

Historió enseguida que hasta el año 2002, la apertura del período de concurrencia (también llamado “cramdown” por asociación con la legislación de bancarrotas de Estados Unidos) significaba el desplazamiento definitivo del dueño o empresario original. Pero, luego de la reforma que se introdujo en ese momento, los “dueños originales continúan en carrera y pueden competir abiertamente con cualquier otro interesado oferente. Solamente pierden esa exclusividad, pero no implica desplazamiento. Por lo tanto, siguen al frente de su empresa y pueden volver a ofrecer alternativas a sus acreedores”, acotó.

Sobre el período de concurrencia, caracterizó que “dura hasta que se logre valuar las acciones que deben transferirse, negociar con los acreedores y presentar esos acuerdos en el expediente”, siempre con las pautas y los plazos que establece el mencionado art. 48 de la ley. “Igualmente, en determinados casos por sentencia fundamentada, se podrían flexibilizar o modular razonablemente esos términos legales para evitar un fracaso del proceso por un exceso formal”, ilustró

Para concluir, enunció en modo condicional que, si ese proceso fracasa por no lograrse las mayorías necesarias por parte de ninguno de los interesados en la compra de las acciones y lograr la reestructuración de la deuda, finalmente “se debe declarar la quiebra y comenzarse la liquidación”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de la firma La Clementina S.A., respecto de la competencia de la justicia de Reconquista para entender en el concurso de Vicentín SAIC. El máximo tribunal ratificó así la actuación del juez Fabián Lorenzini.

La oficina de prensa del máximo tribunal recordó que Vicentín había solicitado la formación de su concurso preventivo ante los tribunales del norte santafesino, que el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 2 resultó sorteado y que se declaró expresamente competente para tramitar el proceso.

La Clementina S.A. una acopiadora y semillera con base en San Jorge y sucursales en Rosario, Las Varillas y San Francisco- invocó su carácter de acreedora de la concursada y cuestionó la competencia del juez. Siempre con resultados adversos, su pedido atravesó todas las instancias, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad.

"El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito efectuado. Notifíquese y, oportunamente, archívese", señala el fallo del Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Ya son 330 los trabajadores de Vicentin -en el nodo norte- que pidieron al juez federal Ricardo Alcides Mianovich que ampare a la empresa para que la Afip no le cobre un "anticipo de ganancias". Los empleados vienen apurando a su vez a Fabián Lorenzini para que termine de homologar el acuerdo alcanzado por la empresa con las mayorías -exigidas por ley- de sus acreedores.

La semana pasada unos 160 empleados le enviaron a Mianocich un escrito, al que se sumaron ahora otros 170 trabajadores cuyos salarios -sus puestos de trabajo- están en juego.

Cabe recordar que el 20 de Julio pasado, la Afip dispuso por Resolución General 5391/2023, un pago a cuenta de Ganancias sobre grandes contribuyentes. Los empleados de la empresa le recordaron a la justicia federal que Vicnetin tiene saldo impositivo negativo en el ejercicio -tal como está certificado en sede judicial- y que la imposición del fisco "incrementará los quebrantos".

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe resolvió rechazar el pedido de enjuiciamiento contra el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini. “No se halla tipificada la materia para enjuiciamiento”, señaló el tribunal.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el presidente de la Corte santafesina, Daniel Erbetta; los ministros del máximo tribunal: Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler; el senador Armando Traferri, la diputada Georgina Orciani y los abogados Rita Franetovich y Julio Pagano.

El abogado rosarino Gustavo Feldman es querellante en una causa penal en tribunales del sur santafesino, contra ex directores de Vicentin. Paralelamente presentó un pedido de juicio contra el juez del concurso de la firma con sede en Avellaneda, por entender que el magistrado de reconquista mostró ” proceder metódico y sistemático” en favor de la concursada, con “desapego a las normas vigentes” y “ausencia de imparcialidad que debe primar sobre todo magistrado”.

Sin embargo los jueces, legisladores y abogados señalaron a Feldman que “las conductas atribuidas por el denunciante al Magistrado, no revisten la entidad propia como para subsumirla, tan siquiera tangencialmente, en alguno de los incisos” de la ley 7050 y sus modificatorias 11115 y 12949.

La decisión respalda los criterios previamente expuestos por el procurador Jorge Barraguirre. Y despeja otro de los escollos que se presentara al desenvolvimiento del expediente concursal de Vicentin, que por estas horas aguarda definiciones sobre eventuales impugnaciones al “acuerdo existente” en el expediente.

Juan Chiummiento El Litoral En la antesala de una nueva asamblea de accionistas de Vicentin, el juez que tramita su convocatoria mantuvo una reunión con las tres firmas que actuarían como inversoras estratégicas para asegurar su continuidad. Los número uno de la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (ex Glencore) estuvieron este miércoles en el despacho de Fabián Lorenzini, donde a lo largo de tres horas afinaron el lápiz para lograr una salida a la crisis de la agroexportadora. El encuentro se produjo diez días después de que el magistrado rechazara una primera propuesta de acuerdo elevada por la concursada, por considerarla “abusiva”. La misma había sido elaborada en conjunto con las empresas inversoras, con quienes Vicentin firmó una carta de intención no vinculante. A grandes rasgos, la oferta que Lorenzini mandó a reformular planteaba un plan de pagos a 15 años -con una fuerte quita sobre la deuda-, que iba a ser sustentado con una inyección de fondos de u$ s 607 millones por parte de ACA, Molinos y Viterra. En la reunión mantenida este miércoles, el magistrado pidió a las empresas rever criterios y llegar a una propuesta superadora, que convenza al juzgado y los acreedores. Durante unas tres horas, Mario Rubino Amancio Oneto y Bladimir Barisic (representantes de ACA, Molinos y Viterra, respectivamente) intercambiaron opiniones, números y proyecciones. “Fue una conversación sin chicanas, puramente técnica”, describió uno de los participantes. En su rechazo, el magistrado había pedido mayores precisiones respecto del cronograma de pagos, así como del porcentaje de quita ofrecido. Si bien informalmente Vicentin habló de un 70%, en el documento que acompañó al expediente no había precisiones sobre un aspecto que es considerado central. El fallo judicial habla de que la pérdida para los acreedores sería aún mayor, al no considerar intereses. Siguiendo la interpretación de las palabras vertidas hace diez días, en la reunión de este miércoles Lorenzini pidió que la nueva propuesta tenga guarismos ciertos. Asimismo, solicitó que los inversores busquen estrategias para llegar a una oferta económica superadora, tal cual prometió el director de Vicentin, Estanislao Bougain, en una última audiencia con acreedores. ¿Cómo lograr mejorar la oferta? Por allí parece pasar la clave del asunto. Durante el encuentro se mencionó la posibilidad de recortar aún más la futura participación accionaria de los actuales titulares de Vicentin. Según la primera propuesta, la “familia” podría retener hasta un 20% del paquete. Una de las salidas sería bajar esa pretensión, para que los inversores tengan un margen mayor de maniobra. Los tres inversores estratégicos mostraron en el cónclave su fuerte interés por avanzar en las negociaciones. Para Molinos, la jugada le permitiría agrandar su planta en el Cordón Industrial, pegada a la de Vicentin. En el caso de ACA, significaría no solo mejorar su posición de mercado sino equilibrar sus finanzas (al tiempo que es un importante acreedor en el concurso, debe recuperar parte del dinero prestado a sus cooperativas asociadas, a las que salió a “rescatar”). Desde la óptica de Viterra, no deja de ser una oportunidad de concretar un negocio relevante. Para que cualquier planteo tenga asidero, primero deberá ser convalidado por la propia agroexportadora, que este jueves por la tarde tendrá una nueva asamblea de accionistas. En este caso será de carácter extraordinario y al solo efecto de dar instrucciones al directorio respecto a la confección y presentación de la propuesta de acuerdo concordatario. Vicentin quiso suspender la asamblea cuando se conoció el fallo de Lorenzini hace diez días. Sin embargo, la firma tuvo que ceder a sus pretensiones y organizarla igual.

Hasta ahora, el próximo jueves 16 de diciembre sigue siendo el plazo final para que Vicentin logre las mayorías necesarias para convalidar su acuerdo preventivo. Caso contrario, se abre un proceso de cramdown, en el que los acreedores pueden presentar sus propias ofertas. Esta última opción no es la más deseada según los principales actores del concurso, puesto que no hay certezas sobre hacia cómo podría terminar. Desde el juzgado descuentan que en el corto plazo la concursada presentará un pedido de prórroga, pero aún no lo hizo. De concretarse, es plausible pensar que Lorenzini le haga lugar, aunque a juzgar por sus antecedentes lo ejecutará imponiendo algunas condiciones, como por ejemplo la realización de audiencias informativas.