El Gobierno de la Provincia de Santa Fe recibió la aceptación formal de las seccionales Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la propuesta de política salarial presentada en la Comisión Paritaria Central para el período julio–diciembre de 2026.

La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de los respectivos procesos de votación. En el caso de UPCN la oferta tuvo un 69 % de aceptación. En tanto, ATE tuvo un  61% de aceptación.

Vale recordar que la oferta del Gobierno Provincial incluye mínimos garantizados, por lo cual la mayor parte de los trabajadores tendrán un incremento semestral de hasta 15,5 %, lo que sumado al incremento del primer semestre, alcanzará un aumento anual del 36 %.

La oferta salarial del Gobierno de Santa Fe está compuesta por un aumento del 2 % en julio con un mínimo garantizado de $ 80.000; 1,8 % en agosto y 1,7 % en septiembre con un mínimo garantizado de $ 100.000; 1,6 % en octubre y 1,5 % en noviembre con un mínimo garantizado de $ 130.000; y 1,5 % en diciembre, con un mínimo garantizado de $ 180.000, todos con incidencia en el aguinaldo.

Vale recordar además que en línea con el planteo del gobernador Maximiliano Pullaro, de garantizar que ningún trabajador tenga incremento inferior al 17,1 % en el primer semestre, que es lo que marcó el índice de inflación, se analizará cada caso y se liquidará la diferencia mediante planilla complementaria para el mes de junio a quienes no hayan llegado a porcentaje.

El gobierno realizó una oferta de incremento salarial escalonada para el segundo semestre de año que, para la mayor parte de los agentes estatales, estará por encima del 15 %.

Tras la reunión de la paritaria con los gremios de la administración central, UPCN y ATE, los dirigentes gremiales y los voceros oficiales informaron que la Provincia se comprometió a solventar el desfase producido en algunos niveles salariales por efecto de la inflación.

En cuanto a la oferta de incremento, se mantiene los 170 mil pesos garantizados como piso mínimo de aumento, adicionando una suma que en julio será de 80 mil, en agosto y septiembre llegará a 100 mil, para pasar a 130 mil en octubre y noviembre y llegar a 180 mil en diciembre, con impacto en el aguinaldo.

En cuanto a los porcentajes generales, se propone un aumento del 2 % en julio; 1,8 % en agosto; 1,7 % en septiembre; 1,6 % en octubre; y 1,5 % en noviembre y diciembre.

Los gremios destacaron el diálogo y llevarán la propuesta a la consulta con los afiliados. Foto: Flavio Raina

De esta manera, el impacto del incremento será diferente según las categorías, pero en todos los casos superará el 10 % para el semestre, y en algunos, el 15 %.

El 5 de agosto habrá una nueva reunión técnica para discutir y tratar de resolver situaciones sectoriales.

Luego del encuentro, los representantes gremiales dieron cuenta de que se trató de una reunión prolongada (más de 90 minutos), en las que después de muchas discusiones y dos cuartos intermedios se llegó a una propuesta que consideran apta para poner a consideración de los afiliados.

Jorge Molina (UPCN) explicó que, en cuanto al desfase entre el 12,5 establecido en el primer semestre y el 17,1 % que surgió del índice inflacionario, “el gobierno reconoce que va a aplicar lo necesario para que ningún trabajador se quede sin cobrar esa diferencia, en los casos en que la tengan”. El mismo criterio aplica para los jubilados.

Tras detallar los porcentajes de incremento para cada mes, dio cuenta también del compromiso oficial de actualizar los montos si fuera necesario. “Si bien entendemos que la inflación va a la baja, siempre tenemos la cláusula de revisión, que el gobierno viene cumpliendo”.

Y en cuanto al porcentaje de incremento general, con los mínimos garantizados para las escalas inferiores, establecieron que “la mayoría de los trabajadores van a recibir más del 15% de aumento en el semestre”.

“Nos llevó mucho tiempo lograr esto. Empezamos realmente en una situación muy inferior a estos montos. Nos llevó mucho trabajo, dos cuartos intermedios, y creemos que para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable”, añadieron.

En cuanto a la respuesta, UPCN la tendría para el jueves, luego de habilitar las consultas a los afiliados, y ATE quedó en definir el momento.

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, que participó junto a sus pares de Gobierno, Fabián Bastia y de Trabajo, Roald Báscolo, expuso a los periodistas una serie de consideraciones en orden a la propuesta trasladada a los gremios.

“Fue una reunión extensa porque fue una reunión de trabajo. No solamente de paritaria en sentido político, sino de trabajo, para tratar de compatibilizar las sanas y genuinas pretensiones que nos hacían llegar los dirigentes de ambos gremios y las posibilidades”, arrancó.

UPCN analizará la propuesta salarial antes de definir su aceptación. Foto: Flavio Raina

Remarcó que, “luego de un trabajo bastante intenso”, se logró una propuesta que apuntala el objetivo de “priorizar a los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”. Y que, a tal efecto, se construyó una propuesta que abarca todo el segundo semestre de 2026 (que era una aspiración común), que “va a posibilitar que la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en la base de la pirámide salarial, tengan un incremento de 15,5%”.

“Si a eso le añadimos el incremento que ya dimos en el primer semestre, vamos a tener un incremento anual del 36% para los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”, añadió.

Adicionalmente, garantizó que el 17,1 % del primer semestre llegará a todos los trabajadores, cubriendo los muy pocos casos (como estimación aproximada, un 20%) que, en distintas proporciones, no percibió ese incremento, lo hará por planilla complementaria. Y que eso será luego de un análisis “caso por caso”.

Considerando que, de esta manera, un 80 % de los trabajadores logró “ganarle o por lo menos empardarle a la inflación”, entendió que la estrategia de pisos mínimos “es un mecanismo eficaz para todos los trabajadores, sabiendo que tienen un gobierno y representaciones gremiales que lo que hacen es acordar salarios hacia adelante y que después revisan hacia atrás. Y que, en el caso de que algún cargo haya tenido un incremento inferior a la inflación, se lo reconoce y se paga la diferencia”.

Por otra parte, negó que en algún caso se trate de sumas “en negro” o no remunerativas, y que, en los niveles correspondientes y a su debido tiempo, tienen el correspondiente impacto en las jubilaciones.

Al ser consultado sobre la situación económica de la provincia, dijo que en Santa Fe, como en los demás distritos del país y en la Nación, “rige el principio de escasez”.

No obstante, consignó que “desde el gobierno provincial llevamos tres años apuntando a la eficiencia. Sacando agua de las piedras cuando es posible, economizando recursos materiales y en lo posible incrementando la prestación del servicio”.

“Y por eso hemos podido ir haciendo espacios para contener las necesidades de sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, sin resignar los servicios que todos los ciudadanos se merecen y la inversión pública”, completó.

Justamente, “para poder garantizar que el proceso de inversión pública pueda seguir su ritmo sin tener que entrar en los vaivenes que una coyuntura macroeconómica que no despega, hemos tomado las previsiones y hemos tomado financiamiento que se va a devolver a largo plazo, aprovechando muy buen crédito internacional que tiene la provincia de Santa Fe”.

“En concreto, lo que estamos pudiendo hacer ya encarando para el segundo término de este tercer año de gobierno es poder armonizar tres necesidades que son imprescindibles: garantizar que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación, que los ciudadanos tengan más y mejor calidad en sus servicios y que el proceso de inversión pública no se detenga”, remató.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves, en la ciudad de Santa Fe, una reunión del Comité Interministerial Operativo de Emergencias con intendentes, presidentes comunales, comités de cuenca, entidades productivas e instituciones del centro-norte provincial para coordinar las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno climático El Niño, cuyos pronósticos anticipan un escenario de lluvias intensas y excesos hídricos durante el último trimestre de 2026.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Provincial, el Gobierno repasó el conjunto de obras, inversiones y medidas ejecutadas en los últimos meses para fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia y minimizar el impacto sobre la población, la infraestructura y el sistema productivo.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública y presidente del Comité Interministerial Operativo de Emergencias, Fabián Bastia, repasó las acciones coordinadas entre las distintas áreas del Estado. Luego, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, expusieron el avance del Plan Hídrico Provincial. A su vez, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, explicaron el funcionamiento del sistema provincial de respuesta ante emergencias, mientras que el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, presentó las medidas previstas para los sectores productivos.

Al cerrar la jornada, Pullaro sostuvo que el objetivo del encuentro fue prepararse ante un escenario que los pronósticos consideran altamente probable. “No se trata de alarmar, sino de ocuparnos. Los informes indican que este fenómeno llegará con mayor o menor intensidad y tenemos que estar preparados, invirtiendo los recursos necesarios y coordinando estratégicamente el trabajo”, afirmó.

El gobernador recordó que la Provincia comenzó a planificar estas acciones incluso antes del inicio de la gestión y aseguró que ese trabajo permitió fortalecer la capacidad de respuesta. “Hoy estamos mucho mejor preparados de lo que estaba la provincia hace tres años”, remarcó.

En ese sentido, enumeró la limpieza de canales, la incorporación de maquinaria para acelerar las intervenciones, el trabajo conjunto con los comités de cuenca, la articulación con las fuerzas de seguridad y las instituciones de cada región, y las inversiones destinadas a reducir el impacto de las lluvias sobre los vecinos y el aparato productivo.

También destacó que más del 70 % de la red de canales estará en condiciones operativas, la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos para asistir a municipios y comunas, las compras centralizadas de insumos para emergencias y el fortalecimiento del equipamiento de Protección Civil, con nuevas embarcaciones, cuatro helicópteros, vehículos 4x4 y personal especialmente capacitado.

Pullaro insistió en que la preparación requiere el compromiso de todos los niveles del Estado. “Esta reunión es importante porque todos vamos a estar involucrados cuando haya que responder. En muchos lugares ya se hicieron las tareas necesarias, pero en otros todavía no se tomó dimensión de lo que puede ocurrir. Tenemos una ventana de aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados”, señaló.

Finalmente, convocó a los gobiernos locales a intensificar las tareas preventivas. “Aquí tienen un Gobierno Provincial dispuesto a acompañar a cada localidad; no los vamos a dejar solos. Pero cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde para que el impacto de este fenómeno sea el menor posible”, concluyó.

Por su parte, el ministro Enrico, destacó el avance de las obras de defensa hídrica en el Gran Santa Fe, retomadas en enero de 2024, entre ellas el terraplén Garello, que registra un avance del 75 %. El funcionario explicó que la capital provincial, junto con Arroyo Leyes, San José del Rincón y Saladero Cabal, constituye una de las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica y concentra una parte importante de las inversiones. “Solo en esta región ya llevamos invertidos más de 30.000 millones de pesos en obras de defensa, estaciones de bombeo, reservorios y sistemas de protección”, indicó.

Enrico agregó que, ante la paralización de las obras nacionales, la Provincia asumió la ejecución de proyectos estratégicos.

“Tenemos que cuidar a la población y la producción”, dijo el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro al final de una pormenorizada descripción de las acciones que se vienen desarrollando ante la inminencia del fenómeno El Niño, que se espera para la primavera-verano.

Fue en la ciudad de Rosario, ante intendentes, presidentes comunales, integrantes del gabinete provincial, bomberos, ex combatientes de Malvinas, representantes de la producción y de distintos espacios de la comunidad. Al fin y al cabo, si el pronóstico de El Niño con lluvias copiosas y anegamientos, se cumple, los efectos se sentirán a todo nivel.

“Estamos llegando bien preparados para lo que va a venir pero la coordinación estratégica es fundamental”, dijo el mandatario provincial luego de que integrantes de su equipo detallaran las acciones desarrolladas hasta el momento. Solo en obras se invirtieron 75 mil millones de pesos.

A esto se sumarán 10 mil millones más para tener recursos líquidos que permitan atender una emergencia inmediata.

Varias consignas atravesaron la presentación: “La coordinación es indispensable”, “ninguna obra hídrica es infalible”, y “la prevención comienza en época de sequía”. En ese marco se consignaron los trabajos planificados y realizados desde diciembre de 2023.

Y ahora, con la “ventana” que concede el pronóstico hasta septiembre, el objetivo es acelerar a fondo para concluir lo que falta, pero también interpelar a los responsables de cada localidad para que realicen las tareas necesarias en su propio territorio (podas, limpiezas de zanjas, etc.).

Fabián Bastia, estuvo presente en el encuentro.

Por el escenario de la sala Lavardén pasaron, además del gobernador, el ministro de Gobierno Fabián Bastia, presidente del Comité interministerial operativo de emergencias; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Asuntos Hídricos, Nicolás Mijich, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras.

En el auditorio se encontraba buena parte del gabinete provincial, junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, legisladores santafesinos, fuerzas de seguridad pronviciales y nacionales y entidades de la producción.

Virginia Coudannes, vocera de la gobernación, ofició de moderadora de la jornada que arrancó con Escajadillo explicando en simples palabras qué es el Fenómeno de El Niño que se espera para 2026/2027.

"Es un fenómeno climático, cíclico, que ocurre por el aumento de temperaturas del Pacifico sobre las costas de Ecuador y Perú, y deriva en tormentas intensas, precipitaciones prolongadas y crecimiento de los ríos”, por lo cual será visible en las costas provinciales.

Además de explicar el trabajo coordinado que se desarrolla con distintos organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, lo que anticipa un posible período de “tranquilidad” hasta septiembre, que de todos modos es un “pronóstico, no una certeza”.

Santa Fe tiene una larga historia con El Niño y en el período 2015/2016 “18 de los 19 departamentos de la provincia estuvieron en emergencia hídrica”.

Precisamente, “el manejo de la emergencia no se improvisa, tiene que ser organizado con las juntas locales de protección civil para saber qué puede pasar en cada sitio y si estamos preparados para afrontarlo”, dijo el experto.

Por eso, insistió, “la coordinación y el diálogo con claves”.

Enrico detalló las obras realizadas en el marco del plan de mitigación ante el fenómeno de El Niño.

A su turno, Mántaras dejó en claro que si el fenómeno se produce “le va a pegar al campo”, por lo que se requiere de planificación y acción conjunta para mitigar sus efectos.

Con “avisos” de El Niño como hubo en marzo-abril que se manifestaron con lluvias copiosas en algunas zonas de la provincia, el funcionario recordó que actualmente hay 19 distritos en emergencia agropecuaria hasta el 30 de septiembre.

Luego de detallar las herramientas que están a disposición para productores, recordó que hay recomendaciones para actividades como ganadería, (El Niño va a tener efecto en el período en que la vacas estén pariendo), lechería (el barro es el peor enemigo para el tambo), apicultura (para reubicar las colmenas), agricultura extensiva (elección de lotes, selección de cultivos, ubicación de silobolsas) e intensiva (hay tres distritos en emergencia por horticultura).

También se hizo hincapié en la importancia de avanzar en el plan de caminos productivos que ya registra una inversión de casi 19 millones de pesos en dos años y caminos sustentables.

Tejeda, por su parte, llevó tranquilidad y dijo que la provincia cuenta con el stock necesario para enfrentar una emergencia desde el segundo nivel. Pero son los gobernantes locales “los que conocen su territorio, las instituciones, las familias y la cotidianeidad de su población”.

“La población necesita que estemos cerca, que estemos tranquilos, que podamos escuchar y acompañar”, dijo la funcionaria en tanto confió que estos próximos meses sirvan para articular y planificar en conjunto las actividades necesarias para hacer frente a la contingencia.

Enrico fue el encargado de detallar las obras realizadas en el marco del plan de mitigación ante el fenómeno de El Niño por más de 75 mil millones de pesos, que incluye intervenciones en la red hidrológica, canales troncales, secundarios y de cuarto nivel.

Definidas las unidades de almacenamiento de agua (Tostado, Reconquista, Rafaela, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto), señaló que desde diciembre de 2023 se empezó a planificar un plan para mejorar los drenajes

“De los 10 mil kilómetros que comprende la red total que tenemos que atender para 2027, el objetivo es llegar a esa fecha a 7.000”, de manera simultánea, es decir, con trabajos en el norte, centro y sur.

Para ello se invirtieron 4600 millones de pesos en zona norte; 5.075 millones en el centro y 4.826 millones en la zona sur.

Son 100 localidades con riesgo hídrico en las que se estableció que se debían hacer obras; “En 83 ya se hizo alguna o se está haciendo, y en las 17 restantes existen proyectos”.

En ese punto, destacó la defensa Los Amores, la defensa San Javier, Melincué y Cascada Saladillo (que Nación dejó de financiar) y 29 convenios firmados con comités de cuenca, “brazo fundamental del despliegue del Estado en el territorio”, además de 51 convenios con municipalidades y comunas.

De los ATN recibidos de Nación, se invirtieron 2933 millones en obras públicas, y se compró maquinaria (6 retroexcavadoras, un camión topador y un camión tractor) por 2 mil millones de pesos.

También hay acciones no estructurales, “invisibles y de coordinación” a las que se refirió Mijich. Son el Plan hídrico provincial que está en etapa de construcción; jornadas para identificar fortalezas y debilidades; manual de contigencia; fortalecimiento de la unidad de atención sobre canales clandestinos y mejora en el sistema de alerta temprana con 54 estaciones en funcionamiento, además de 20 mil millones en mejoramiento de caminos.

A todas estas acciones específicas para la provincia se suma el convenio firmado con Santiago del Estero y Chaco “para tener una mirada estratégica sobre las precipitaciones y la llegada de más agua a Santa Fe, y próximamente se hará lo mismo con Córdoba.

“Hay un plan estratégico para que el impacto de este pronóstico cause el menor daño posible. Pero cada uno tiene que poner su grano de arena”, dijo Pullaro a las autoridades locales presentes, a las que les pidió que inviertan lo necesario en acciones de prevención, como poda y limpieza de canales.

“Cuenten con el gobierno provincial, vamos a estar preparados, estamos llegando bien para lo que va a venir, pero la coordinación estratégica es fundamental”, cerró el mandatario santafesino.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles ocho nuevas embarcaciones destinadas a fortalecer las tareas de Protección Civil y del sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas. El acto se realizó en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe y fue encabezado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; la vocera provincial, Virginia Coudannes, y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.

La incorporación de este equipamiento demandó una inversión de 349.680.000 pesos y forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la gestión integral del riesgo, optimizar la capacidad operativa de Protección Civil y consolidar las políticas de conservación del patrimonio natural santafesino.

Las nuevas embarcaciones permitirán ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las tareas de control, vigilancia y conservación en ríos, islas y humedales de la provincia, reforzando la presencia del Estado en territorios de alto valor ambiental.

Durante la presentación, Estévez afirmó que “la Provincia de Santa Fe se está preparando para el presente, pero también para el futuro con la incorporación de estas ocho embarcaciones”. Explicó que cinco de ellas serán destinadas al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y las tres restantes a la Secretaría de Protección Civil.

El ministro señaló que las embarcaciones asignadas a Ambiente permitirán “fortalecer el control de las áreas naturales protegidas y de nuestro río, que recorre más de 800 kilómetros de norte a sur, donde necesitamos una mayor presencia para las tareas de fiscalización y control de la pesca”.

Asimismo, indicó que las unidades destinadas a Protección Civil serán utilizadas para reforzar las acciones preventivas que la Provincia desarrolla frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

En ese marco, destacó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno Provincial: “El gobernador Maximiliano Pullaro nos pide abordar estas políticas con la mayor coordinación posible, trabajando de manera conjunta con los gobiernos locales para garantizar una respuesta eficaz en todo el territorio santafesino”, sostuvo.

Las ocho embarcaciones tipo Tracker, equipadas con motores de 90 HP, fueron adquiridas mediante la Licitación Pública Internacional Nº 03/2025, en el marco del Proyecto Biodiversidad para la Acción Climática.

Por su parte, Bastia aseguró que al asumir la actual gestión “encontramos estas áreas desprotegidas y sin inversión; no había equipamiento para controlar el río”. Y añadió: “Hoy vivimos un momento de gran satisfacción al poner a disposición de Protección Civil un equipamiento que era muy necesario”.

El ministro explicó además que la Provincia trabaja de manera permanente junto a los gobiernos locales en el marco del Comité Operativo de Emergencia. “Estamos acompañando a municipios y comunas en las tareas de limpieza de cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje para llegar en las mejores condiciones ante un eventual fenómeno de El Niño”, indicó.

A su turno, Escajadillo destacó que las nuevas unidades “estarán destinadas a ayudar a la gente”. Precisó que serán utilizadas por los brigadistas para combatir incendios en las islas, acceder a zonas de difícil ingreso por vía terrestre y realizar evacuaciones de familias durante situaciones de emergencia. Además, subrayó que las embarcaciones cuentan con el espacio y las condiciones necesarias para el traslado seguro de personas en contextos de contingencia.

Una delegación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), dependiente de la Presidencia de Uruguay, emprendió una misión técnica a la provincia de Santa Fe. Los representantes del organismo internacional fueron recibidos este martes en Casa de Gobierno de la capital provincial por integrantes del Gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares. También asistieron el asesor de Gabinete, Jorge Álvarez, y los secretarios de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y de Gestión Pública, Natalia Galano, entre otros integrantes del gobierno provincial.

El director ejecutivo de la Amepp, Gustavo Leal, valoró el encuentro con los funcionarios santafesinos y destacó que representa una gran responsabilidad compartir con el Gobierno de Santa Fe la experiencia desarrollada por la Presidencia de Uruguay en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. “Santa Fe es un gobierno que se preocupa por medir y evaluar lo que hace con los recursos de los ciudadanos”, dijo Leal.

La validación de las políticas públicas constituye un aspecto central de cualquier proceso de gestión. Uruguay desarrolló una institucionalidad en la Presidencia de la República que le permite monitorear cuáles son las prioridades del gobierno y luego evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos, “que de alguna manera es el pacto que la política hace con los ciudadanos”.

Por su parte, Galano remarcó que el encuentro es de suma importancia para tomar decisiones basadas en evidencia y experiencias enriquecedoras: “Es una experiencia verdaderamente valiosa, cuyos aprendizajes esperamos traducir en prácticas y políticas concretas”.

El Estado uruguayo tiene antecedentes sólidos en gestión pública y “el trabajo que viene desarrollando la provincia de Santa Fe también es sólido y valioso. Hacemos estos intercambios para seguir aprendiendo”, subrayó Claudio Díaz.

Durante la primera jornada de la visita, los equipos desarrollaron una intensa agenda de trabajo, que abordó un diálogo horizontal de experiencias entre la delegación uruguaya y la Unidad de Gestión del Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí se hizo una aproximación a las experiencias de políticas basadas en evidencia y escucha activa, y una presentación del proceso de construcción, logros y resultados alcanzados.

La agenda de trabajo de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas continuará hasta el jueves en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartió escenario este martes con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, a propósito de la firma del convenio para ejecutar dos obras estratégicas para la ciudad en el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026.

En ese marco, fue consultado por los periodistas sobre la agenda de discusión que se abre en la provincia en orden a la reforma electoral, y también sobre las perspectivas para 2027, tras el encuentro con el ex presidente Mauricio Macri el viernes pasado en esta capital.

Respecto de la reforma electoral que impulsa el oficialismo, pero que genera discusiones entre los partidos que integran Unidos, el mandatario declinó hacer comentarios específicos, sobre la base de que “estoy muy abocado a la gestión, y a ese tema lo manejan, por mi partido (la UCR), el presidente Felipe Michlig, y (por el Gobierno) el ministro Fabián Bastía y el secretario de Coordinación Julián Galdeano, que son los que están hablando” con las demás fuerzas.

De todos modos, aclaró que “indudablemente necesitamos una reforma electoral, porque la modificación de la Constitución después de 62 años cambia las reglas de juego”.

“Antes había algo que a nuestro criterio y de todos los convencionales constituyentes no era correcto - recordó-, y que era una mayoría automática en la Cámara de Diputados. Eso indudablemente cambió ya las reglas. Y al haber cambiado las reglas, hay que modificar la ley electoral”, consideró.

- ¿Qué le dejó de positivo la visita de Mauricio Macri, qué saca en limpio? Y, por otra parte, ¿como gobernador respaldaría una candidatura presidencial de él? - quiso saber El Litoral.

- Miren, no hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de gestión con el presidente (sic) Macri. Él estaba muy entusiasmado por ver las obras de los Juegos Suramericanos; lo llevamos al microestadio. Y como ingeniero, se vio sorprendido fundamentalmente por el tiempo. Porque los suramericanos tienen dos desafíos.

Primero, la magnitud de la cantidad de obras que estamos haciendo en la provincia, que es mucho más que el crédito de CAF; es mucho lo que estamos invirtiendo con recursos del Tesoro. Pero después hay que ser muy eficiente porque tenemos plazos y son muy cortos. Así que el presidente (sic) Macri se vio sumamente sorprendido con la capacidad de ejecución y la calidad de las obras que estamos llevando adelante (...)".

El gobernador se refirió al encuentro con Macri. Foto: Flavio Raina

Retomando el plano político, Pullaro volvió a traer a colación su postura de que “en la República Argentina necesitamos construir un frente democrático, republicano y productivo, que nos permita fundamentalmente al interior mostrar que hay otra construcción en Argentina que tiene que ver con el trabajo y con el crecimiento económico, con la defensa del campo, con la defensa de la industria.

"Pero también con la defensa de la clase media, media baja y de las clases populares que no la están pasando bien. Y ahí entendemos que tiene que estar el Estado. Y para eso hay que producir más y generar empleo; en eso creemos en Santa Fe”, añadió.

Y remarcó que, en función de eso, es que también “planificamos la mayoría de las obras de infraestructura que llevamos adelante en nuestra provincia; infraestructura energética, infraestructura vial, infraestructura logística. Todo lo que permita nosotros bajar los costos para poder vender más barato, para poder exportar y generar empleo. Así es que desde ese lugar es lo que hablamos con el presidente Macri”.

Ante una nueva pregunta, asumió que “el presidente (volvió a decir) Macri indudablemente es un representante de los sectores que defendemos la producción, defendemos a la República en el concepto de defensa de la República y por supuesto el fortalecimiento del sistema democrático.

"Fíjense que hizo mucho eje sobre el fortalecimiento de la Justicia y el rol que tiene que tener, y la división de poderes. Y en el acto planteó una postura muy crítica también al modelo que lleva adelante la Libertad Avanza, cuidando muchas cosas de la gestión del presidente Milei, como es la baja de inflación, el control de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”, agregó.

El encuentro tuvo lugar en la Municipalidad capitalina. Foto: Flavio Raina

El mandatario aclaró que “equilibrio fiscal podemos mostrar en muchas provincias de la República Argentina, particularmente en Santa Fe. Lo decía el intendente (Pablo Poletti): aquí tenemos equilibrio fiscal, y con obra pública. Eso es algo nuevo en Argentina”.

“Una cosa es tener equilibrio fiscal porque se frenan absolutamente todos los gastos de capital. Otra cosa es tener equilibrio fiscal con obra pública y comprando también equipamiento a la salud pública, a la educación, a la policía de la provincia de Santa Fe, con grandes inversiones. Bueno, eso es un modelo que indudablemente se pone de relevancia”, completó.

En cuanto a la posibilidad de presentarse para la reelección, aclaró que “nosotros no tenemos decidido en Unidos quién va a ser el candidato a gobernador. Obviamente la reforma de la Constitución a mí me da la posibilidad y estoy muy pero muy entusiasmado con la gestión que estamos llevando adelante”.

Acotó que tal definición se adoptará “en diálogo con los partidos políticos de este gobierno, que somos inicialmente 11, pero hoy ya 15 los partidos políticos que integramos Unidos. Pero también -sostuvo- hay mucha gente común que no tiene nada que ver con los partidos; gente de instituciones intermedias, de organizaciones barriales y gente que se ve reflejada en un cambio que claramente vivió la provincia y que se siente parte de nuestro frente político”, dijo.

Y coronó: “Yo hoy no te puedo decir que Macri me va a apoyar, porque no sé si voy a ser candidato dentro de un año”.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en Gálvez la celebración por el Día Nacional del Bombero Voluntario y ratificó el compromiso de la Provincia con el fortalecimiento del sistema de emergencias santafesino. Lo hizo durante una recorrida por las obras del nuevo Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV), que construye el Gobierno de Santa Fe con una inversión superior a los 5.600 millones de pesos.

Del acto participaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de Gálvez, Mariano Busso; el senador provincial por San Jerónimo, Leonardo Diana; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente de la FSABV, Raúl Ponisio; además de representantes de cuarteles y autoridades provinciales y locales.“Sentimos un enorme orgullo por nuestros Bomberos Voluntarios y queremos que ese reconocimiento se traduzca en políticas públicas concretas”, afirmó Pullaro. En ese sentido, sostuvo que el verdadero compromiso de un Gobierno con una institución se refleja en las inversiones que realiza para fortalecerla.El mandatario recordó que, desde el inicio de su gestión, la Provincia impulsa una política de acompañamiento al sistema de bomberos voluntarios mediante la incorporación de equipamiento, herramientas y recursos destinados a mejorar su capacidad operativa.“Queremos devolverles, con hechos, una parte de todo lo que hacen cada día por la sociedad santafesina”, señaló.Asimismo, definió a los bomberos voluntarios como “la institución más noble que tiene la provincia de Santa Fe”. 

Inversiones para la capacitación y el entrenamientoDurante la actividad, Pullaro destacó las inversiones que lleva adelante la Provincia para fortalecer la formación y la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos voluntarios. “Estamos realizando inversiones trascendentes para tener el cuerpo de Bomberos Voluntarios más capacitado y entrenado de Argentina. Queremos que cuenten con todo el equipamiento y los instrumentos que necesitan para desarrollar su tarea de la mejor manera”, afirmó.En ese marco, recordó que en Gálvez, ciudad donde se constituyó el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la provincia, se construye el nuevo Centro de Entrenamiento y Capacitación de la Fsabv. La obra contempla una inversión superior a los 5.600 millones de pesos y abarca 21.000 metros cuadrados intervenidos, con instalaciones especialmente diseñadas para simulaciones, capacitación técnica y entrenamiento operativo.El espacio está concebido para convertirse en un polo de formación de referencia nacional, capaz de recibir brigadistas y especialistas de distintos puntos del país.“Queremos que todo el personal de la provincia pueda capacitarse aquí y sentir este lugar como propio. Y mostrarle al país que nuestros Bomberos Voluntarios son los mejores y los más solidarios”, sostuvo Pullaro. 

Compromiso con los Bomberos VoluntariosPor su parte, Scaglia destacó la decisión política de impulsar una obra de estas características y consideró que el nuevo complejo marcará un antes y un después para el sistema de bomberos voluntarios del país. “Este centro, que hoy vemos hacerse realidad, será el más grande de la Argentina. Permitirá mostrar cómo se trabaja, se entrena y se prepara un cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero también reflejará el compromiso que una provincia puede asumir con quienes dedican su vida al servicio de los demás”, sostuvo.A su turno, el presidente de la FSABV, Raúl Ponisio, valoró el respaldo institucional recibido por parte del Gobierno Provincial y destacó la presencia de las máximas autoridades durante la conmemoración.“Es la primera vez en la historia de nuestra institución que un 2 de junio contamos con el acompañamiento de toda la conducción política de la provincia. Ese gesto demuestra el compromiso que han asumido con nosotros y confirma que, trabajando juntos, es posible alcanzar grandes objetivos”, expresó. 

En el marco del proceso de transformación digital que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través de Territorio 5.0, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba firmaron este jueves en la ciudad de Santa Fe un Acuerdo Marco de Reciprocidad sobre documentos emanados de autoridades de control de personas jurídicas y registros públicos.

El convenio, suscripto en el ámbito institucional de la Región Centro, establece que los actos administrativos y documentos oficiales emitidos por las autoridades de control de personas jurídicas y los registros públicos de cada una de las tres jurisdicciones serán reconocidos recíprocamente y tendrán plena validez jurídica en toda la región, siempre que estén debidamente rubricados por funcionarios competentes. De este modo, ya no será necesario realizar legalizaciones adicionales de firmas ni otros trámites complementarios.

La iniciativa también prevé el desarrollo conjunto de mecanismos digitales seguros para el intercambio de documentación entre las provincias, con el propósito de avanzar hacia procedimientos más ágiles, interoperables y eficientes.

Participaron de la firma el ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia; el subsecretario a cargo del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC), Roberto Ryan; y la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone. En representación de las otras jurisdicciones estuvieron el director general de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, Pablo César Mina Guzmán, y el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Mainero. También acompañó el acto el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti.

Durante la actividad, Bastia destacó que la medida forma parte del proceso de modernización del Estado que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y recordó que, antes de la actual administración, existían importantes dificultades administrativas en el área vinculada a personas jurídicas.

“Había una enorme desorganización en muchos aspectos y una de las principales falencias estaba en la IGPJ. En algunos casos se requería una doble tramitación, lo que generaba trastornos administrativos y duplicidad de gastos”, señaló el ministro.

En ese sentido, sostuvo que la Provincia avanzó en un proceso de unificación y digitalización integral de los procedimientos: “Entendimos que había que transformar el sistema sin temor a los cambios, especialmente cuando las estructuras terminan perjudicando a la gente. Lo hicimos por ley, asumimos el desafío y avanzamos hacia un modelo ciento por ciento digital. Hoy es el primer organismo del Estado santafesino completamente digitalizado”.

Bastia afirmó además que “la armonización legislativa y de procedimientos facilita el crecimiento de la Región Centro” y consideró que el acuerdo constituye “un nuevo paso dentro de las muchas acciones que las provincias deben coordinar en conjunto para fortalecer la integración regional”.

Para Roberto Ryan, el convenio representa “un paso fundamental” para profundizar la interoperabilidad entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. “Los documentos oficiales emitidos por nuestras autoridades tendrán plena validez en las otras jurisdicciones con la sola firma del funcionario competente, sin necesidad de legalizaciones adicionales. Esto agiliza enormemente la operatoria de las personas jurídicas que actúan en distintas provincias”, explicó.

El funcionario agregó que el acuerdo permitirá además compartir experiencias vinculadas a digitalización, desburocratización y simplificación administrativa. “Buscamos capitalizar los aprendizajes de cada organismo y sumar las herramientas tecnológicas que cada provincia viene desarrollando para mejorar los servicios y reducir tiempos de gestión”, indicó.

Por su parte, Atilio Benedetti destacó que el acuerdo es “fruto de la voluntad política de tres gobernadores que tienen una mirada estratégica y de largo plazo”. Según afirmó, existe “un fuerte espíritu de cooperación y colaboración en todo lo relacionado con la modernización del Estado y la simplificación administrativa para mejorar la vida de la gente”.

En la misma línea, Pablo Mina Guzmán sostuvo que el objetivo es “ordenar los procesos de cada Estado dentro de la Región Centro para trabajar de manera coordinada, con interoperabilidad, eliminando trabas burocráticas y flexibilizando procedimientos dentro de un marco de legalidad y transparencia”.

El reciente envío de un proyecto de ley que plantea once reformas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe será expuesto en la reunión de gabinete de este lunes. La encabezará Maximiliano Pullaro y será en la ciudad capital.

El mensaje del Poder Ejecutivo ingresó el jueves a la Legislatura a través de la Cámara de Diputados. La semana anterior, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastía, de Seguridad y Gobierno, respectivamente, habían informado a un grupo de legisladores del oficialismo los trazos generales de la iniciativa.

El texto genera debate en el propio seno de Unidos; tanto, que algunas fuentes consultas por El Litoral ya vaticinaron que el texto "saldrá con muchos cambios". Y ello deriva de la intención de la Casa Gris de introducir modificaciones al actual Código de Procedimiento Penal (CPP) – entre otras normas- que endurecen métodos y procedimientos.

Además de cambios al CPP, se sugieren retoques al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y una amplificación de facultades policiales para casos especiales.

En los considerandos, se advierte que "no todos los contextos delictivos son equivalentes" por lo que las pretensiones "introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa".

El mensaje del Ejecutivo ingresó el jueves a través de la Cámara de Diputados Créditos: Guillermo Di Salvatore

Según el punteo que propone el propio mensaje, se pretenden reformas a la "declaración informativa e interrogatorio policial".

En tal sentido, se restituye la figura de la "declaración informativa para facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas".

La reforma también plantea "eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado".

Se busca facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal.

Juicio penal en rebeldía. En este aspecto, se amplía tal posibilidad considerando que "no se viola el derecho de defensa, si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia".

Se prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

Validación probatoria. Se regulan expresamente supuestos de admisibilidad de pruebas presentadas para un proceso, que funcionan como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo. Es decir, habilita mayor flexibilidad en cuanto a lo que puede admitirse como prueba en un juicio, por encima de lo que puedan ser los criterios dispares de cada tribunal.

Allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública. Se agrega como supuesto de allanamiento sin orden judicial previa, el de secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en vía pública. Ello, con el fundamento de que aguardar la indicación judicial respectiva "da lugar a ocultamiento y consiguiente pérdida de la evidencia".

Derribo por orden fiscal. Se introducen supuestos especiales o de excepción, que habilitan a la fiscalía a ordenar por su propia autoridad la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos.

"Se pretende desjudicializar el accionar estatal en casos de extrema obviedad, donde median razones de seguridad y salubridad que no admiten demora ni litigiosidad posible al respecto", dice el proyecto.

Medidas coercitivas por decreto fiscal. Se pretende "optimizar la capacidad de respuesta del sistema penal mediante el uso racional y proporcional de medidas coercitivas, adoptando un criterio diferido para aquellas que no implican privación de libertad.

La Fiscalía "podría imponer medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, configurando una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales". Según el proyecto, "no se afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio".

Procedimiento por decreto penal. Se incorpora el procedimiento por decreto o mandato penal para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, fijándose como pauta que no aplica para penas de privación efectiva de la libertad.

Régimen agravado para internos de alto perfil: quienes ordenen delitos graves desde la cárcel, serán sometidos a medidas de aislamiento extremo y se suspenden privilegios de visita física. Solo se garantiza el contacto familiar por medio de correspondencia epistolar, sujeta a fiscalización.

Fortalecimiento de las actividades de inteligencia. Se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. "La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva", se sostiene.

Ampliación del programa de recompensas. Se amplifica, con la posibilidad de que los órganos ejecutivos realicen ofrecimientos fuera del marco investigativo y con propósitos preventivos o de seguridad pública.

Zona de intervención policial especial. Como derivación de la facultad genérica de demora en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad que se registren.

Ello podría habilitar facultades de excepción dentro de dicha zona que hacen en lo fundamental a la regulación del espacio público y de la circulación de personas, y a su vez reforzándose dicha prohibición con una norma contravencional específica.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El gobierno de la provincia de Santa Fe se dispone a anunciar en las próximas horas una serie de medidas tendientes a aliviar la situación -en principio- de empleados del Estado santafesino, tanto activos y pasivos, sobre endeudados en entidades con Códigos de Descuentos y que perciben prácticamente la mitad del salario o del haber previsional.

La medida que deberá contar con el aval del agente financiero y de organizaciones mutualistas con Código de Descuento apunta a devolver parte del ingreso a los asalariados. Las normas actuales permiten que mediante los Códigos se le pueda retener hasta el 50% del salario. Ahora, el nuevo decreto reduciría al 25% la posibilidad de que agentes estatales y pasivos puedan ceder a la toma de financiamiento.

Hoy el Estado santafesino tiene acuerdos con 35 entidades que tienen la facilidad de descontar del propio sueldo del trabajador activo y pasivo la cuota mensual de un crédito o de ventas en cuotas.

El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, a buscar una solución a una problemática que se agigantó con la suba de tasas de interés, y la caída de la inflación.

Esta situación tuvo eclosión cuando durante la protesta policial, el gobierno marcaba la cifra mínima de sueldos y los agentes mostraron que cobraban una suma sustancialmente menor, producto de los descuentos.

Ya el gobierno dispuso que los aumentos salariales pactados, en paritarias, en el inicio del año, no eran sujetos a los descuentos de los códigos y ahora trascendió que bajaría al 25% la capacidad máxima a descontar a los trabajadores.

En las últimas semanas hubo innumerables reuniones entre funcionarios buscando alternativas para llevar alivio a los trabajadores; hubo contactos con directivos del agente financiero y con los gremios estatales que tienen entidades mutuales que tienen Código de Descuento.

En el gobierno se estima que unos 12.000 estatales están sobre endeudados, algo así como el 10% de los estatales teniendo hasta cinco sueldos embargados. La situación se repite en unos 7.000 jubilados.

El decreto del gobierno dispondrá nuevas medidas hacia adelante, mientras que hacia atrás propondrá una refinanciación donde no se descarta la propia intervención estatal en caso de que los agentes financieros se niegan a realizar la adecuación de deudas.

En cuanto a los privados, la estimación oficial es que unos 50.000 santafesinos padecen un sobre endeudamiento financiero y para ello habrá líneas de refinanciación con el Banco de Santa Fe y con algunos bancos privados, aunque con otro mecanismo de trabajo donde no descartan sumar a las propias cámaras empresariales.

El objetivo central del decreto que se conocerá en la fecha es llevar algo de alivio a los trabajadores endeudados, con plazos más largos de plazo, alguna rebaja de tasas, y con el objetivo de que los propios trabajadores tramiten su quiebra personal ante la justicia con las consecuencias jurídicas que implica esa decisión.

Con la presencia de tres importantes funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo de Unidos en la Cámara de Diputados pretende acelerar la sanción de la ley que convalide el acuerdo firmado por la provincia de Santa Fe con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional de la Nación.

El Senado ya votó, por unanimidad y sobre tablas, el aval al convenio marco y las autoridades del oficialismo en Diputados pretenden votar el mensaje del Poder Ejecutivo este jueves, también sobre tablas y algo mucho más dudoso, por unanimidad.

Para ello la estrategia de Unidos es que este miércoles, tres funcionarios se sienten con todos los legisladores interesados en conocer detalles de la negociación y las implicancias a futuro. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero; y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso ya comprometieron su presencia en la Cámara.

Diputados justicialistas ingresaron el mismo día que el mensaje del Ejecutivo aterrizó en la Cámara Baja, un pedido de presencia de funcionarios en la Cámara. El encabezamiento del PJ pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido. Son ocho los puntos centrales.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Para el oficialismo es central la presencia de Bastia quien tiene en sus manos la relación política con la Legislatura. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro firmaba el 7 de abril el acuerdo con la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Gobierno empezó a hablar con los senadores de todo el arco político sobre el acuerdo, les envió el texto y habló de la importancia de la rápida ratificación. El aval llegó 48 horas después.

Boasso, en tanto, asistió a la firma pero además formó parte de la negociación con ANSES. Tonero, en cambio, es la cabeza jurídica del Ejecutivo, encargada de cuidar la firma del gobernador y los ministros en todo texto.

El objetivo central es disipar dudas que puedan tener en la oposición sobre el convenio para poder convalidarlo al día siguiente y tornarlo operativo desde mayo que es cuando comenzarían los desembolsos de fondos de Nación.

Para llegar al recinto el jueves, el oficialismo necesita dos tercios de los votos, algo no imposible de lograrlo. La otra posibilidad es votar una preferencia y convocar a sesión en la última semana de abril.

En el justicialismo, las dudas expresadas en pedido de presencia de funcionarios es por los efectos jurídicos del convenio en el marco de los planteos que la provincia llevó ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda. El planteo se originó en la gestión de Omar Perotti y fue continuada por la administración actual.

Pullaro y Pettovello al momento de la firma del convenio.

El convenio estableció un desembolso de $120.000 millones para el ejercicio 2026. Este monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones cada una, pagos que empezarán en mayo si el acuerdo está convalido.

Los fondos de ANSES se envían en concepto de "anticipo de capital" o pago a cuenta, mientras se determina el resultado definitivo del déficit previsional.

El flujo de fondos está sujeto a la realización de auditorías y tareas de fiscalización por parte de ANSES sobre la Caja provincial para validar los números del déficit. También se acordó colaborar en la simulación de armonización de los ejercicios 2022-2025.

Como parte del pacto, la provincia se comprometió a suspender los trámites judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por reclamos vinculados a estas deudas previsionales mientras el convenio esté vigente.

Para el justicialismo, hay algunos puntos centrales a saber: monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

También el estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente y alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.

Con el gobernador Maximiliano Pullaro ausente por razones climáticas, el acto oficial en memoria del Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas se desarrolló en la plaza San Martín de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, base de la III Brigada Aérea y futura sede del primer museo provincial en recordación la gesta.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía y el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, y contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Salud Silvia Ciancio; el senador provincial, Orfilio Marcon, los diputados provinciales Dionisio Scarpin y María del Rosario Mancini y el comodoro Bernardo Ian Odoriz.

También del presidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas en General Obligado, Juan Carlos Vidal; el presidente de la Agrupación de Veteranos de Guerra de Malvinas Reconquista, Roque Márquez y la presidenta del Concejo Municipal, Katia Passarino, junto a autoridades políticas y de la sociedad civil, ex combatientes y familiares.

“No hablamos solo de soberanía, sino de valores y entrega”, subrayó Bastía.

El pastor Eduardo Obregón, de la Iglesia Valdense de Reconquista, leyó un texto consensuado por los integrantes del espacio ecuménico local, donde aludió a los ex combatientes, caídos y sobrevivientes, como “luces, que muchas veces hubo quienes quisieron ocultar”, pero que iluminan a la sociedad actual y al compromiso conjunto de “defender la paz por sobre todas las cosas”.

Sin dejar de mencionar a quienes “cayeron por las armas o por la desidia de nuestra sociedad”, el religioso expresó el agradecimiento “por poder verlos y contarlos entre nosotros. Ustedes son nuestro festejo, son quienes nos inspiran para hacer una patria fuerte, soberana y en paz”.

Tras las ofrendas florales de rigor y la significativa entonación de “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, por parte de Tadeo Di Benedetto, se dirigieron a los presentes los veteranos Márquez y Vidal, con reflexiones sobre el significado de la fecha, relatos con la voz quebrada de sus propias experiencias y la expresión de regocijo por la próxima inauguración del Museo de Malvinas.

Durante la mañana se homenajeó a los caídos.

A su turno, el ministro Bastía puso el énfasis en la necesidad de establecer “qué hacemos hoy como sociedad con el legado de Malvinas. Tenemos que ir mucho más allá de esa memoria viviente”.

“Cuando hablamos de estos héroes, de los sobrevivientes y de los caídos, no hablamos solamente de soberanía, sino de valores, de entrega por todos nosotros. Nunca dejaron de creer en lo más grande, que era la Patria”, sostuvo.

Y contrastó esa vocación y esa entrega con un presente en que “el país atraviesa dificultades en las cuales parece que nos cuesta dialogar, ponernos en lugar del otro para resolver los problemas”, que esa actitud de debate constructivo es desplazada por “la discusión, el grito, la agresión”.

“Las salidas nunca son individuales. Ninguna persona es fundacional en sí misma, pero sí actos como la gesta de Malvinas que llevaron ustedes adelante”, advirtió, dirigiéndose a los veteranos.

En esa cuerda recordó el discurso de Pullaro en el acto del año pasado, cuando adelantó que la reivindicación de la lucha por Malvinas estaría en la entonces futura Constitución de la Provincia. Y corroboró que, en el marco de un proceso donde primó el consenso y el amplio apoyo a cada uno de los artículos incorporados, ése fue el primero, con el número 4, y por unanimidad.

“Entonces, que esto nos sirva como ejemplaridad para otros actos que tengan importancia estratégica para el país, más allá de las personas. Honrar a nuestros héroes no es solo recordarlos, sino construir el país al que ellos estuvieron dispuestos, dando todo”, concluyó.

Finalmente, el intendente Vallejos puso el foco en la fuerte impronta malvinense que impregna la vida cotidiana e institucional de Reconquista, desde el propio acceso a la ciudad presidido por el histórico avión Pucará.

“Malvinas es un vecino que vemos cada mañana, es el nombre en nuestras calles, y es el fuego que mantenemos encendido todo el año. Por mandato de su gente, Reconquista es la guardiana de esa historia, de esa memoria, y exhibe sus cicatrices con orgullo”, añadió.

En ese sentido, precisó que el Museo de Malvinas no será “un simple edificio”, sino “una casa de honor, donde nuestros soldados se vuelven eternos y todos pueden venir a encontrarse con la historia. Y en esto trabajamos juntos, héroes, gobiernos y legisladores, unidos por una causa que nos trasciende”, concluyó, antes del cierre formal del acto con la Marcha de Malvinas.

El Poder Ejecutivo provincial ya trabaja en borradores, legislación comparada y en análisis para que Santa Fe tenga una ley electoral que contenga y ordene el sistema hoy disperso en una serie de leyes que se fueron dictando en los últimos años e incluso algunas dictadas por la última intervención federal, previa a las elecciones de octubre de 1983.

En la Casa Gris, el ala política del gobierno definió un cronograma de trabajo para la primera parte del año: discurso del gobernador Maximiliano Pullaro ante las cámaras legislativas (15 de febrero); paritarias con los distintos gremios estatales; pliegos para futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia (aprobados el 26 de febrero) y la reforma política o electoral que se deriva de la nueva Constitución sancionada en septiembre del año pasado.

Es en el Ministerio de Gobierno e Innovación Política que conduce Fabián Bastia, donde convergerá la tarea de síntesis en las diferentes temáticas.

Las distintas fuerzas políticas saben de la decisión del Poder Ejecutivo y no fueron pocos los legisladores (oficialistas y no oficialistas) que se acercaron a despachos oficiales a conversar sobre la temática.

La opinión primaria de la mesa política de Casa Gris es tener una ley electoral donde converjan las diferentes normas hoy vigentes con las respectivas modificaciones. El debate se acelerará a partir de la sanción de la futura Ley Orgánica de Municipios.

De la mano del ministro de Gobierno Bastia, la Casa Gris avanza en un plan para unificar su sistema electoral.

En Unidos hubo síntesis y entre mañana y el jueves habrá negociaciones con los senadores justicialistas buscando el texto para votar este jueves en el Senado.

El objetivo es que siete días después, la Cámara de Diputados sancione la norma que será la base de funcionamiento de los 365 gobiernos locales algunos de los cuales luego discutirán cartas orgánicas.

En materia electoral, Santa Fe fue haciendo parches sobre parches y ahora, con la nueva Constitución y especialmente la futura composición de la Cámara de Diputados es aconsejable dictar la nueva normativa.

Precisamente Diputados se pronunció en varios ocasiones sobre diplomas de integrantes ante la ambigüedad de distintos artículos. Incluso, en el caso más reciente, el Tribunal Electoral adjudicó una banca a un espacio política, la Cámara entendió que no correspondía esa interpretación y resolvió el lugar para otro espacio. Para el Tribunal la banca 50 correspondía a Igualdad (Rubén Giustiniani) y para la Cámara correspondió al Frente Amplio por la Soberanía (Fabián Palo Oliver).

Algunos artículos vigentes tienen su origen en la Ley Electoral N° 2600 sancionada en 1938 y que sufrió muchas modificaciones a lo largo de casi 90 años de vigencia. El sistema electoral de Ley de Lemas fue reemplazado por el Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Luego, se pasó al sistema de Boleta Única y más adelante se dispuso -por ley- la gratuidad de la publicidad en las campañas electorales para partidos políticos, haciéndose cargo el propio Poder Ejecutivo.

En algún momento la provincia tuvo Ley de Cupo Femenino y en los últimos años se incorporó la paridad.

La unificación de leyes electorales en Santa Fe busca simplificar el proceso y resolver disputas, como la asignación de bancas. Foto: Archivo / Fernando Nicola (dron).

"Debemos trabajar en una ley nuevo que contenga todos los aspectos con vistas a los próximos años; no una ley para la coyuntura" les dijo el propio ministro Bastia a dirigentes socialistas y justicialistas que lo visitaron para hablar de este tema.

La mayoría de los dirigentes de las principales fuerzas políticas admiten la necesidad del tema, aunque luego aparecen las diferencias cuando se habla de pisos electorales para ocupar bancas, de la posibilidad de establecer para tener boletas a cargos legislativos haya candidatos a los cargos ejecutivos. Son todos borradores que necesitarán de largos procesos de diálogos para encontrar una síntesis.

En la página del Tribunal Electoral están las 20 leyes vigentes a la hora de elecciones con una docena de decretos reglamentarios lo que hacen sumamente engorroso todo el sistema. De allí la necesidad de buscar puntos de entendimiento y simplificar el sistema.

En tanto, en lo que tiene que ver con la autoridad electoral, parece decisión que el Tribunal ya no será encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia sino por un camarista del fuero Contencioso Administrativo con un tribunal de alzada también del fuero.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe recibió la aceptación formal de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Santa Fe a la propuesta de política salarial presentada en la Comisión Paritaria Central para el período enero–junio de 2026.

La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, luego de un proceso de votación online entre afiliadas y afiliados activos. El resultado arrojó un 56 % de aceptación a la oferta oficial.

La propuesta presentada por la Provincia contempla una recomposición del 3 % correspondiente al desfasaje del segundo semestre de 2025, que incluye el proporcional del aguinaldo, y un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.

Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, asegurando que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

La oferta incluye también mejoras específicas para sectores con funciones esenciales. El suplemento de asistentes escolares se incrementa en un 100 %, pasando de $ 75.000 a $ 150.000, lo que eleva el aumento de bolsillo a aproximadamente $2 40.000 desde febrero. En el ámbito de salud, los asistentes hospitalarios recibirán incrementos de hasta el 50 % en suplementos, pudiendo alcanzar el 100 % en el caso de enfermeros profesionales, con subas que oscilan entre $260.000 y $310.000 según funciones y carga horaria.

Asimismo, se dispusieron mejoras en suplementos y guardias para trabajadores del nuevo Sistema Penal Juvenil, dependientes de la Secretaría Penitenciaria y del área de Niñez.

Con cierto alivio y desahogo por la finalización del conflicto pero con el peso sobre las espaldas de lo que implicó casi una semana de protesta policial en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió en la noche de este miércoles con funcionarios del gabinete y legisladores de Unidos. En rigor, el encuentro había sido convocado en horas de la mañana por el Poder Ejecutivo para dar cuenta de la situación que atravesaba esencialmente la ciudad de Rosario en medio del levantamiento policial.

Pero la sucesión de hechos, el anuncio de la recomposición salarial para los uniformados y la posterior firma del decreto para refrendar la decisión permitieron que se llegase al final día con el conflicto prácticamente resuelto. Así, el cónclave que había tenido su génesis en la zozobra, operó como una suerte de respiro para el oficialismo, y para descomprimir.

Pullaro se reunió con referentes de Unidos.

El mandatario trazó un informe de lo sucedido y respaldó a los jefes policiales, incluso, a quienes conducen la Unidad Regional II. Fueron avalados, a sabiendas de que deberá reconstruirse la cadena de mando y la imagen de la cúpula, puertas adentro de las fuerzas.

Además del gobernador, asistieron los ministros Fabian Bastía y Lisandro Enrico, entre otros. También, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el titular del senado, Felipe Michlig; y legisladores de los diferentes partidos que integran Unidos. La coalición respaldó lo actuado por el gobernador. Además, participó el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En la previa al encuentro y consultado por El Litoral, Bastía se refirió a un eventual aprovechamiento político del conflicto por parte de determinados sectores.

"Si lo hubo, corre por cuenta de quien lo hizo. Nosotros estamos concentrados en resolver los problemas de la gente. Cualquier especulación con el tema seguridad es hacer algo totalmente contrario a los intereses de los santafesinos que esperan que todos los actores políticos trabajen para que esta provincia sea más segura", planteó.

Protestas policiales en Rosario.

El funcionario reivindicó la política de seguridad de la gestión actual y aseveró que desde que asumieron, "los índices en esta materia han mejorado; y eso - sostuvo- es reconocido por todos". "Las mejoras -enfatizó- las logramos con esta policía y con un método de gestión".

"Si hay especulaciones -retomó-, si alguien opera o hay alguna intencionalidad, tendrá que hacerse cargo y con el tiempo, lo pagarán muy caro porque los santafesinos saben cómo estaban antes y saben cómo están ahora", concluyó.

El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Fabián Bastia, fue víctima de una agresión este martes por la noche mientras se encontraba en la zona céntrica de la capital provincial.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.40 en General López al 2600, cuando Bastia, de 60 años, se dirigía a tomar un café. En ese momento, un hombre identificado como F. B. se le acercó, lo tomó del cuello y le habló en tono amenazante, para luego retirarse del lugar.

Personal policial recorrió la zona, pero no logró dar con el agresor. El funcionario fue trasladado a Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones.

Tras el episodio, Bastia manifestó que se presentará en la comisaría para ampliar la denuncia, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Estación Sur. La causa fue caratulada como agresión sin lesión.

El año 2025 quedará marcado a fuego en la historia institucional santafesina por ser el de la reforma constitucional para modernizar el texto de 1962, pero también es el año en que se definió el proceso de cambios en la Corte Suprema de Justicia que tendrá su último punto en noviembre venidero.

Uno de los protagonistas centrales de las definiciones políticas de esos dos años de gestión de Maximiliano Pullaro es el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

En diálogo con El Litoral, repasó lo actuado en estos dos años pero definió los alcances de los próximos pasos para completar la reforma constitucional y también habló de la relación con el gobierno nacional. Diálogo y eficiencia, dos palabras que Bastia utiliza y practica en forma permanente.

- El 2025 fue el año de la reforma constitucional y usted además de ser ministro de Gobierno fue jefe de la bancada de Unidos. ¿Cuál es su reflexión a cien días de la sanción y jura del nuevo texto?

- Estos dos años de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y, especialmente en 2025 que se concretó la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ha sido un periodo de grandes reformas y transformaciones que tienen que ver anclaje normativo, influencia directa en lo institucional. La Constitución es la base sobre la que se construye toda la institucionalidad de la provincia.

En diciembre de 2024 se sancionó la Ley de necesidad de la reforma. En el proceso previo al inicio del debate en la Constituyente, es que Santa Fe ha progresado muchísimo institucionalmente en estos dos años y esto lo ha ido expresando, concretando en acciones claras y el proceso de reforma es uno de ellos. Hubo muchísimo diálogo. Siempre entendimos desde el gobierno que el diálogo es una herramienta.

El diálogo por sí solo no resuelve, sí sirve para alcanzar consensos, acuerdos, pactar, que es muy saludable. A veces se han demonizado algunas palabras. Las palabras no son ni buenas ni malas, dijo (Roberto) Fontanarrosa. Hay que ver qué uso o qué interpretación se le da a cada una, cómo se las incluye y cómo se aplican.

Para el ministro de Gobierno, las cabezas de los poderes del Estado deben ser ejemplo de apego a la ley y a la ética. Crédito: Manuel Fabatía

Después de más de tres meses de la reforma podemos ver que ese gran periodo de diálogo, de consenso, de práctica, de acuerdos se han logrado propuestas, concreciones que fue la redacción final de la norma constituyente, que es muy virtuosa. En la escucha, en ponerse en el lugar del otro, en comprender en el pensar que esta norma es para todos los santafesinos, no para la mayoría. Por eso se lograron tantos cambios.

Creo que nuestra Constitución es muy virtuosa y va a ser imitada seguramente en el futuro. A mí entender es la más moderna de América Latina.

- Ahora en 2026 se inicia la tarea de completar la Constitución con las leyes derivadas más allá de que ya se sancionó la nueva norma de procedimiento administrativo. Ya tiene estado parlamentario el proyecto de Ley orgánica de Municipios. ¿Para el ministro de Gobierno qué debería tener la ley electoral que viene?

- La reforma obliga a que haya cambios normativos, porque los artículos constitucionales nos van indicando cambios, lógicamente después deben hacerse las leyes que vayan estableciendo las características particulares de cada institución. Nos obliga a una modernización normativa.

Usted nombró algunas, hay muchísimas más y hay otras que van a surgir. De cláusulas transitorias nos apuramos a decir que necesitamos 20, 22 leyes y puedo asegurar que van a ser muchísimas más.

La ley del Municipios es una de las primeras, no porque solamente haya un año por cláusula constitucional, sino porque cuando llamemos a elecciones en 2027, el decreto de convocatoria comprende a municipios que serán los 365 distritos y debe estar determinada las características o categorías de cada uno de ellos

En lo referido a lo electoral, soy un convencido que las leyes electorales deben contemplar una escucha de los partidos políticos, se debe escuchar a los distintos actores legislativos, institucionales. Las leyes electorales se deben tratar lejos de los periodos electorales.

Si hablamos de calidad institucional, una ley electoral no puede tratarse tres meses o seis meses antes de las elecciones. Eso no es serio. La misma Constitución establece las bases de lo que deberá ser la nueva ley electoral.

Fíjese que hay que elegir no solo gobernador y vice -que ahora tiene reelección- senadores y diputados que tendrán limitación de reelecciones, y en la categoría diputados pasamos de un formato a otro claramente distinto y ni hablar del régimen municipal. Por eso es tan importante el tratamiento inmediato de la Ley Orgánica de Municipios. A partir de esa ley ley orgánica hay que construir otras normas como la electoral.

- También urge las definiciones sobre leyes para la selección y posible remoción de jueces, fiscales y defensores

- La de selección es muy importante, pero la de remoción y de evaluación de la conducta de magistrados no es que sea más importante, es muy importante como la otra, pero es más urgente. Lo es porque viene a reemplazar dos mecanismos de evaluación de las conductas hoy vigentes, que están en dos poderes distintos.

Más allá de que yo creo que el proceso que se lleva adelante en la Legislatura para fiscales y defensores ha sido virtuoso a la luz de los resultados. No se puede decir que los que tuvieron que dejar de ser fiscales merecían seguir siéndolo. No se puede decir que cuando se aplicaron suspensiones hayan sido inadecuadas.

Creo que han sido muy correcto el funcionamiento legislativo, pero es cuestionado por la composición que dicen que ese poder de juzgamiento -o de evaluación de conducta, como me gusta decir- sea por un solo poder.

También el procedimiento de jury que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia es muy cuestionado. Digo sí que en alguna oportunidad se han encargado de salvar jueces y yo no estoy de acuerdo, pero es opinión. En otros han sido bien aplicadas las decisiones. Puede haber habido algún caso cuestionable, pero siempre de interpretación.

- Hablando del Poder Judicial desde el encuentro con la Corte en la mañana del domingo 8 de septiembre de 2024 a la cena de este fin de año hubo un largo proceso. Hubo diálogo, enfrentamientos, reuniones. ¿Cómo evalúa usted lo que viene en la cabeza del Poder Judicial?

- Primero decir que antes de asumir el gobierno decíamos que la justicia debía ser refrescada y que había que llevar adelante un proceso de cambio. Lo hablábamos sobre cuestiones objetivas, no hacíamos planteos subjetivos. Nosotros nunca vamos a hacer un planteo personal contra nadie. Había un límite claro que se había sobrepasado. Cuando asumimos en 2023, ya cinco integrantes del tribunal supremo habían pasado la edad prevista por la ley.

Esa cuestión tan clara que es el límite de la edad se debe respetar. Qué ejemplo le tenemos que dar a los ciudadanos si los funcionarios públicos no respetamos las normas. ¿Para qué? Para ser ejemplar con el resto de la ciudadanía. Quien conduce el Poder Judicial conduce uno de los tres poderes; como el gobernador conduce el Ejecutivo o las dos cabezas del Poder Legislativo. Tiene que haber ejemplaridad ética. Tiene que haber una ejemplaridad después institucional al resto de los actores institucionales.

Siempre hablamos de transformaciones y los cambios con diálogo hicimos comprender a todos qué es lo que estaba en juego. Estaba en juego la institucionalidad, no cambiar personas. En rigor estaba de la calidad institucional, estaba el respeto a las leyes, a las normas, la ejemplaridad y no cambiar personas, no cuestiones personales. Se comprendió.

No es que tuvimos momentos de peleas. Tenemos muy claro lo que queremos, decimos lo que queremos, cómo lo queremos hacer, lo hacemos con carácter, con respeto, con vehemencia, defendemos lo que creemos que está bien, que es justo y en ese sentido nos manejamos. Este gobierno nunca toma o hace acciones a sorpresa de los demás.

Siempre hablamos y ahora lo que hacemos, decimos lo que hacemos. Se comprendió y ese proceso no es virtuoso porque se cambian personas. Se va a un camino de transformación de la justicia. Quienes se fueron o se van a ir entregaron lo mejor de sí para la justicia. Pero representan, tal vez otra época. Y lo han hecho muy bien.

No podemos entrar en cuestionamientos, pero necesitamos cambiar. Cambiar procedimiento, realizar cambios que se hacen inexorables empezando por la Ley Orgánica de Tribunales, de distintas composiciones o funcionamientos. Hoy se habla de colegios de jueces, hay que modernizar el funcionamiento.

- Hace años que se discute en Legislatura cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo

- Hoy estamos hablando de los problemas en el fuero Laboral, estamos hablando de la creación del fuero Contencioso Administrativo y ya enviamos a Legislatura el proyecto de fuero y del código procesal en lo contencioso-administrativo.

Hay que ir pensando en un fuero de la Seguridad Social, hay que revisar el Civil y Comercial, hay que poner el ojo en la gran demanda que tienen el fuero de Familia y el Laboral. La conflictividad va cambiando.

Tengo 35 años de abogado y hasta hace poco más de cinco años trabajaba de manera muy activa. A medida que fui ocupando cargos públicos me iba alejando en la carga horaria, pero no desconectado de la profesión. Trabajé en otra época donde el fuero Civil y Comercial era el mayoritario. Hoy tenemos una gran presencia del fuero Penal sobre todo en las dos grandes ciudades, más la gran demanda del fuero Laboral, del fuero de Familia.

Estamos hablando del Contencioso Administrativo, que por esas soluciones que había que dar, se creó por la Ley 11330 la Cámara para poder dar respuesta a las necesidades justiciables, pero a partir de una inconstitucionalidad, porque quien tenía fuero era la Corte. Son cosas que se dieron en esta provincia.

Tiene que darse una gran modernización de la justicia donde tienen que estar todos los actores: legislativo, colegios, universidades, distintos actores institucionales, lógicamente el Ministerio de Justicia escuchándonos para ir dando lo normativo. Ahora, el gobierno de la justicia lo va a tener la Corte. Quien tiene que conducir el Poder Judicial es la Corte.

- Usted dice ser un hombre de diálogo, practica el diálogo, el gobierno practica el diálogo. Ahora, hacia arriba (gobierno nacional) es imposible dialogar?

- Creo que no. Le dije que el diálogo no garantiza resultados, sino que es una buena forma. Hasta ahora no hemos logrado los resultados esperados. Con el único funcionario que hablé -muy pocos minutos en dos oportunidades- fue con Guillermo Francos. Sí otros integrantes de gabinete por la materia que atienden han hablado mucho, pero se han sentido frustrados. Ejemplo el ministro Lisandro Enrico que ha hablado, viajado y no ha obtenido respuestas. Yo creo que el diálogo para que sirva tiene que ser sincero e implica escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro. De esa manera uno se pone de acuerdo.

Cuando hay una cerrazón tanto visual como en los oídos es muy difícil. Hablar no es lo mismo que dialogar.

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto al titular de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), Luciano Sciarra, mantuvieron este miércoles una reunión con diputados provinciales en la Legislatura, donde expusieron las políticas que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe para el abordaje integral de los consumos problemáticos.

Durante el encuentro, los funcionarios detallaron los principales ejes de trabajo orientados a la prevención, la asistencia y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos y de sus entornos familiares, con una fuerte presencia territorial y articulación con instituciones y gobiernos locales.

Tras la reunión, la ministra Tejeda destacó que se expuso el trabajo que la Provincia realiza junto a las instituciones y el incremento de plazas disponibles en comparación con 2023, lo que consideró clave para fortalecer el abordaje de esta problemática. En ese sentido, subrayó que la actual gestión modificó el esquema de rendición de cuentas de las instituciones que trabajan en el sistema de atención.

Asimismo, precisó que actualmente existen 159 dispositivos distribuidos en toda la provincia, que abarcan distintas instituciones y modalidades de intervención, frente a una situación previa en la que solo 13 departamentos contaban con algún dispositivo específico. Tejeda valoró especialmente la puesta en marcha del programa Acompañarte, una política pública enteramente estatal, implementada a través de Aprecod y en articulación con los gobiernos locales, que amplía la capacidad de respuesta del Estado.

Por su parte, Sciarra señaló que la problemática de los consumos registra un crecimiento cercano al 20 % a nivel mundial en los últimos diez años, y remarcó la decisión política del Gobierno Provincial de fortalecer a Aprecod como una herramienta central desde el inicio de la gestión.

En ese marco, destacó la capacidad operativa de la agencia, que permite garantizar el acceso al acompañamiento a quienes lo necesiten. “Prácticamente ninguna persona que requiera asistencia queda sin respuesta, y ese acompañamiento se brinda de manera gratuita”, afirmó.

Sciarra subrayó que Santa Fe cuenta hoy con una estructura adecuada para atender la complejidad de los consumos problemáticos desde el Estado, con un enfoque integral que apunta a la contención, la prevención y el cuidado de la vida.