Mauro L. Muñoz

La Mesa Política del gobierno nacional volvió a reunirse este lunes para definir los pasos finales de una semana clave para el oficialismo: cerrar el tramo de sesiones extraordinarias con varios proyectos en el Senado y llegar al 1° de marzo, cuando Javier Milei abra el período ordinario ante la Asamblea Legislativa.

La reunión se realizó durante la siesta en la Casa Rosada, con la participación del núcleo duro del Gobierno: la secretaria de presidencia Karina Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, y los asesores Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem.

La imagen difundida de la reunión fue una selfie tomada por Adorni, que muestra el clima de satisfacción interna y sensación de control en el tramo final del verano legislativo para La Libertad Avanza. El objetivo del encuentro fue definir la estrategia política de cara a la sesión del Senado que cerrará las sesiones extraordinarias y darán parte del sustento del discurso que Milei dará el próximo domingo 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.

Adorni dejó planteada la planificación en una entrevista radial que brindó horas antes del encuentro, y remarcó que será Milei quien termine de fijar los objetivos parlamentarios en la reunión de Gabinete extendido que tendrá lugar este martes.

“Tenemos en la mesa 50 proyectos de ley de mayor impacto”, afirmó, y remarcó que será Milei ordenará la secuencia: “Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades y de qué manera se irá enviando al Congreso para su tratamiento”, anticipó el Jefe de Gabinete.

El principal eje de la semana sigue siendo la reforma laboral, que volverá al Senado luego de las modificaciones introducidas en Diputados, en particular la eliminación del artículo 44 vinculado a licencias por enfermedad. Ese punto había generado resistencias y, según las referencias, su salida abrió la puerta para facilitar el tramo final.

Adorni fue explícito al respecto y buscó transmitir confianza. “La reforma laboral ya está aprobada, falta discutir el famoso artículo 44”, dijo, en una frase que resume la lectura oficial: el núcleo político del proyecto está cerrado y lo que resta es la convalidación formal del texto ajustado.

Diego Santilli, Martín Menem, Karina Milei, Manuel Adorni, Gabriel Bornoroni y Eduardo Menem luego de la aprobación en Diputados de la reforma laboral.

También defendió el contenido de la iniciativa como pieza central del programa económico y laboral del Gobierno. “La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales, no tenés generación de empleo hace 12 años”, sostuvo. Y añadió: “Es una reforma que permite cambios en la legislación, que motiva al empleador a contratar gente y es fundamental para el crecimiento”.

En ese punto, el jefe de Gabinete reforzó uno de los conceptos que la Casa Rosada pretende instalar como argumento político y comunicacional de cara al debate público: “Hay que perder el miedo a contratar”. Al mismo tiempo, cuestionó a sectores sindicales por su rechazo a la norma: “Es extraño la posición sindical estando en contra, sin ningún tipo de análisis, sobre el nuevo texto de la ley. Defender la informalidad, los salarios bajos y la no creación de empleo parece surrealista”.

La defensa oficial no se agotó en la coyuntura. Adorni también trazó una crítica estructural al régimen vigente: “Está claro que el esquema que estaba no funcionaba. Las leyes laborales tienen entre 60 y 70 años y convenios colectivos que se gestaron en la década del 70. Está claro que el sistema había quedado viejo”.

Sobre la negociación política que permitió ajustar el texto y sostener el avance parlamentario, también dejó una definición que dialoga con el clima de la reunión de este lunes: la mesa política, dijo, “está ordenada con resultados que son favorables en términos de votaciones”. Y agregó: “Vamos sorteando los diferentes obstáculos que van apareciendo. Estamos para resolver problemas y más en una ley que no es tan sencilla ni de debate ni de redacción. Hubo que dialogarla mucho”.

Además de la reforma laboral, la mesa política repasó el resto de los temas que el oficialismo considera estratégicos para el cierre del período extraordinario. En las notas de referencia aparecen la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad, la reforma de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, entre otros expedientes.

Bullrich con el bloque libertario volverán a ser protagonistas esta semana en el cierre de extraordinarias.

La lógica del Gobierno, según se desprende del material aportado, es aprovechar el impulso político de estas semanas para llegar al 1° de marzo con resultados legislativos concretos y, sobre esa base, presentar una agenda más amplia para el período ordinario. Hay una mezcla de cierre de capítulo y apertura de otro. Terminar el verano con leyes avanzadas y arrancar marzo con una nueva tanda de proyectos en carpeta.

En paralelo, la reunión de este lunes también tuvo en el radar la sesión preparatoria del Senado prevista para el martes, donde se discutirán autoridades, funcionamiento y lugares clave en comisiones, además de cargos vinculados a la Auditoría General de la Nación. No es un tema menor para el oficialismo: la arquitectura interna de la Cámara alta condiciona el ritmo del tratamiento de las leyes que pretende impulsar en los próximos meses.

La definición del Jefe de Ministros marca que, además del cierre de extraordinarias, el oficialismo ya está trabajando en la agenda de 2026 con una lógica de centralización política, donde la mesa chica filtra, ordena y prioriza antes de que los proyectos bajen al Parlamento. En palabras de Adorni, se viene un año “movido e intenso” en el Congreso.

Nada por aquí, nada por allá. Hasta este domingo, la agenda oficial del Congreso de la Nación no tenía actividades programadas, más que visitas guiadas e iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del combate de San Lorenzo, el martes (hito que lo traería al presidente Javier Milei a esta provincia el sábado), y el Día de Lucha contra el Cáncer, el miércoles.

Este lunes inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno nacional a través del decreto 24/2026. Que no existan reuniones agendadas en el palacio legislativo no es sinónimo de inactividad.

Al contrario, el peso de los temas que el Ejecutivo impulsa para que sean abordados hasta el viernes 27 es enorme y las discusiones se desarrollan dentro y fuera de Casa Rosada, en las provincias y, por supuesto, en los medios.

Es más: en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) también será marco para la discusión de la Reforma Laboral, punta de lanza de la agenda oficial que espera lograr en febrero la aprobación del proyecto con dictamen desde diciembre que necesita de un número mágico, 37 voluntades en el Senado, para abrir el recinto y el debate, y apurar la media sanción.

Con nueva confirmación, el Congreso Nacional tendrá por delante una una intensa agenda en extraordinarias. Martín Menem seguirá presidiendo la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Es un montón para un mes tan corto. Pero, en los hechos, la rosca nunca se tomó descanso más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que el DNU que otorgó más poderes a la SIDE se firmó el 31 de diciembre (y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero) se entiende que en la política no hay vacaciones. Menos con un 2027 (con planes de reelección nacional y aspiración a nuevos liderazgos) que está cada vez más cerca.

Pero vamos por partes: en diciembre de 2025 se logró dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para la ley de Reforma (o Modernización) Laboral, un proyecto que impulsa el Ejecutivo y resisten la oposición más dura y las entidades gremiales. También recibe “peros” de gobernadores que el miércoles se reunirán en el CFI para analizar la incidencia que podría tener la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.

El ministro del Interior Diego Santilli se mostró muy activo este mes de enero: además de acompañar al presidente Milei en su “tour de gratitud” por algunas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios en búsqueda de votos que apoyen la ley en la Cámara alta.

Como se dijo, son 37 senadoras y senadores los que se precisan para abrir el recinto, posiblemente el 11 o 12 de febrero, y debatir el tema. Hay expectativa por quienes aparecen hasta el momento en la lista de “indecisos” y por la actitud que tomará la CGT en la disputa.

En el Senado, el oficialismo espera debatir la Reforma Laboral entre el 11 y 12 de febrero.Foto: Archivo.

Una posibilidad es que el debate se postergue por falta de acuerdo o por la necesidad de una discusión muy profunda sobre un tema de enorme espesura. En ese caso, quedaría para después del 1º de marzo que es cuando comienza el período ordinario de sesiones.

No es el único tema en la agenda de las extraordinarias que deberá considerar la Cámara alta. También tiene dictamen el proyecto de ley sobre el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Al listado se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó (luego de años de trabajosa gestión) a mediados de enero en Asunción (Paraguay) y está en pausa a partir de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de revisar su contenido.

El ex diputado nacional del PRO Fernando Iglesias también aguarda que reabra el recinto del Senado para que sea evaluado su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

A Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que ahora está fijada en 16 años. El asesinato de joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Ejecutivo impulsa desde 2024 y que en mayo del año pasado llegó a tener dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto.

Aquel proyecto, que recibió apoyo de legisladores de otros bloques, no solo de LLA, fija un piso de 14 años para ser considerado imputable. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se admite que el gobierno evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13.

La senadora nacional Patricia Bullrich es protagonista en el debate de la Reforma Laboral y de la baja en la edad de imputabilidad. Foto: Archivo.

El viernes, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a familiares y al abogado de la familia Monzón. Al cabo del encuentro aseguró que “no podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”. Por el crimen está imputada una joven de 16 años mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad, precisamente, por su edad.

Como se dijo, el proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

“Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquéllos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”, establece.

Además, “se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”.

No están permitidas en este régimen la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.

La baja de imputabilidad cosechó adhesiones del oficialismo en primer lugar y de otros sectores que se muestran a favor de modificar el Régimen Penal Juvenil. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo en varias oportunidades que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Otras voces, como la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa “integral” y “profundo” en el que la baja en la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.

El nuevo año inició con un fuerte alboroto luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

No es para menos: en pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, por ejemplo, los agentes podrán detener personas, una función hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial.

También dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.

La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (pero no figura en el listado de extraordinarias), despertó críticas de la oposición que consideró que fue dictada “entre gallos y medianoche”, precisamente al filo de Año Nuevo. En tanto, cuestionan el contenido por cuanto advierten que la Side se convertiría en una suerte de “policía secreta”.

También desde el PRO, aliado del oficialismo, llamaron la atención sobre la falta de respuesta al pedido de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia en base a este decreto.

El primer obstáculo que encuentran las voces disidentes para acelerar el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es que aún no está conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 presidió el diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, como resultado de las legislativas del 26 de octubre, y todavía no están cerradas la integración y las presidencias de varias comisiones.

Pero en febrero no se reinicia solo la actividad legislativa. También la Judicial: cinco amparos por el DNU sobre la Side esperan resolución en ese poder.

Y el próximo miércoles vence el plazo que estableció el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el gobierno cumpla con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada, ratificada y promulgada pero sin presupuesto asignado durante 2025.

Será un mes intenso en todos los ámbitos, apenas un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.

El gobierno nacional comienza desde este lunes con su itinerario en el Congreso de la Nación Argentina con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las esperadas sesiones extraordinarias de febrero.

Uno de los elementos destacados en relación a lo establecido a finales del 2025 es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional, con la posibilidad de que se envíe el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados, contemplando los cambios de postura desde el viejo continente.

Parlamento de la Unión Europea. Crédito: REUTERS/Yves Herman

Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.

Manuel Adorni.

Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.

En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.

Estirando la eventual fecha al resto del año, este sábado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, adelantó este sábado que la administración libertaria impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel para el “desendeudamiento de las familias argentinas” visibilizó por primera vez una novedosa confluencia política entre el grupo “Federales”, que coordina la bonaerense Victoria Tolosa Paz, con otros legisladores peronistas del interior del país y hasta extrapartidarios como Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Honorable Senado de la Nación Argentina. Crédito: HCSN

Justamente las firmas de diputados que le dan volumen a la iniciativa del ex director general de Aduanas conforman el ‘lado B’ del proyecto e insinúan una búsqueda de articulación política que está recién dando sus primeras puntadas, y que no se sabe cómo podría decantar.

Además de los mencionados, estamparon su firma en el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota, que conforma un monobloque peronista en la Cámara baja, y los representantes de Unión por la Patria Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.

(Por Mauro Muñoz) - Después del traspié en Diputados con la caída del capítulo 11, el Gobierno reordenó la estrategia. Hubo una cumbre en Casa Rosada, comandada por Javier Milei, con el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. De ahí salió un nuevo plan con prioridades para el final del año en el Senado: postergar la reforma laboral para febrero y concentrar toda la energía en asegurar la aprobación del Presupuesto.

Este viernes 26 habrá sesión en la Cámara alta. Cualquier cambio en el proyecto asegura un retorno a Diputados, que tendría apenas dos días hábiles —29 y 30— para revalidarlo volviendo a complicar las chances de aprobación, perdiendo músculo parlamentario tras las elecciones y corriendo el riesgo de que el Ejecutivo deba reconducir por tercera vez consecutiva la ley de leyes, una jugada que ya no tiene margen para repetirse sin costo ante la necesidad de acceso a créditos internacionales argumentada por el propio gobierno.

Bullrich lo dejó en claro al conseguir el dictamen en la comisión de Presupuesto: “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”. Es decir, el Presupuesto va como vino, y de ser necesarias correcciones se buscarán por vías administrativas.

La apuesta de La Libertad Avanza es conseguir su primera “ley de leyes” aprobada en sesiones extraordinarias y convertirla en una señal de fortaleza para arrancar 2026 con el manual de equilibrio fiscal bajo el brazo. En la misma línea, buscará dejar aprobado el proyecto de "Inocencia Fiscal".

En la Cámara alta, La Libertad Avanza parte de una base ajustada: 20 votos propios, aunque al momento se contabilizan 19. De ahí en más, necesita 17 senadores adicionales para llegar a los 37 que exige la mayoría absoluta.

Del otro lado, el peronismo se planta con 21 senadores conducidos por José Mayans y la postura ya está escrita: rechazar el texto completo. A esa órbita orbitan, además, algunos bloques provinciales o aliados circunstanciales como Frente Cívico por Santiago, que lidera Gerardo Zamora, y Convicción Federal, con cinco integrantes de Tucumán, San Luis, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese mapa, el oficialismo mira una treintena de bancas “posibles” y arma el rompecabezas voto a voto.

El oficialismo buscará aprobar el Presupuesto antes de fin de año.

Entre los apoyos considerados “seguros” aparece Luis Juez, que dejó el PRO para armar un monobloque y moverse en tándem con el oficialismo. La UCR, con una bancada de diez, firmó el dictamen, aunque con reproches y una incomodidad que no se fue: el capítulo 11 contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y en Diputados esa parte se cayó por completo.

El Gobierno, ya resignado a reponer ese capítulo en esta etapa, busca absorber por vía administrativa los gastos que demandan universidades y discapacidad —y otros ítems que estaban dentro del apartado— sin poner en riesgo el objetivo madre: que el Presupuesto salga del Senado sin cambios y sea ley antes del 31.

En la discusión de comisión, el secretario de Hacienda Carlos Guberman aportó durante su exposición una llave discursiva para sostener la estrategia de “no tocar” lo aprobado por Diputados: “en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original”, sostuvo.

Guberman defendió el superávit como elemento central del Presupuesto.

Guberman defendió el último viernes en comisiones la columna vertebral del programa: “una acumulación de déficit fiscal por 10 años” que “en 2023 llegó a 4,6% del PBI”, sin capacidad de financiamiento en mercados y con la emisión monetaria como un camino “insostenible” por su impacto inflacionario. Describió “un Estado sobredimensionado” y planteó que el ajuste se pensó por ambos lados: “eliminando gastos y bajar impuestos”.

Luego, resaltó logros fiscales: “Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar”. Enumeró también medidas de recorte como la reducción del 15% del empleo público, la discontinuación de 1.700 obras públicas “de tamaño menor” y la quita de subsidios, pasando de “60% de la factura pagada por el Estado” a “alrededor del 30%”.

También defendió el escenario macro con el que se armó el proyecto: variables medidas al 1 de agosto, inflación proyectada del 10% para 2026 y tipo de cambio a $1.423, con la idea de que no se trató de un dibujo optimista sino de un cálculo cercano a lo que esperaba el sector privado en ese momento.

Sobre la composición del Ejercicio Fiscal 2026, puso un número arriba de la mesa para explicar por qué el Gobierno insiste con la estrechez del margen: “tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%”. Y remató: “En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario… Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”.

María José Valdéz

El Gobierno nacional confirmó la lista de proyectos que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La convocatoria será oficializada por decreto y comprenderá el período entre el 10 y el 31 de diciembre, según adelantó este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario definió este paquete legislativo como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en línea con los objetivos económicos y políticos que el Ejecutivo pretende acelerar antes del cierre del año parlamentario.

Adorni detalló que el temario incluye iniciativas fiscales, laborales, penales y ambientales, además del Presupuesto 2026, considerado la pieza central del andamiaje económico del Gobierno.

Entre los interlocutores con el Congreso se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Ambos trabajan en la articulación política con gobernadores y bloques aliados.

Entre los interlocutores con el Congreso se encuentran Martín Menem,

El ministro del Interior, Diego Santilli, también se sumó a las gestiones. Su tarea consiste en afianzar los acuerdos con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de asegurar los votos necesarios para las reformas estructurales.

El oficialismo pretende avanzar primero con los proyectos fiscales y penales. Recién en febrero buscaría discutir las reformas laboral y tributaria, así como también la adecuación de la Ley de Glaciares.

El proyecto de Presupuesto 2026 será el primero en ingresar al recinto. Según adelantó la Casa Rosada, la iniciativa busca consolidar el equilibrio fiscal como base del programa económico y evitar la dependencia de la emisión monetaria.

El texto prevé partidas para salud, educación, seguridad y defensa, además de fondos destinados al sistema previsional. El Gobierno insiste en que la reducción del gasto no afectará las funciones esenciales del Estado.

Otra de las iniciativas destacadas es la ley de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, pensada como un acompañamiento del Presupuesto. Se trata de una regla de disciplina fiscal para impedir desbalances futuros y limitar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que apunta a simplificar declaraciones impositivas y permitir que particulares regularicen fondos no declarados sin exponerse a sanciones. El Gobierno sostiene que la medida puede incentivar la incorporación de dinero “guardado en el colchón” a la economía formal.

El proyecto ingresó al Congreso en junio, pero no fue tratado. Con la nueva composición legislativa, el Ejecutivo confía en obtener el respaldo necesario para su aprobación rápida.

El Gobierno enviará también su propuesta de reforma integral del Código Penal. Según adelantó Adorni, la iniciativa contempla el agravamiento de penas para delitos graves y la incorporación de nuevas conductas imprescriptibles, como narcotráfico, abuso sexual y trata de personas.

El proyecto prevé acelerar los procedimientos judiciales y reforzar el sistema acusatorio, con el objetivo de reducir plazos y garantizar mayor celeridad en causas complejas.

En materia laboral, la Casa Rosada avanzará con un paquete de modernización que apunta a simplificar normativas, revisar indemnizaciones y actualizar convenios colectivos. Aunque el debate se dará en febrero, las bases ya fueron presentadas ante empresarios y sindicatos.

La Casa Rosada avanza en una modernización laboral que revisará indemnizaciones y convenios colectivos.

Outro punto incluido en el temario es la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. La propuesta, todavía sin detalles públicos, buscaría flexibilizar las restricciones de la normativa vigente.

El Gobierno considera que este conjunto de reformas constituye una “segunda generación” de cambios estructurales, orientada a estabilizar la economía y rediseñar el funcionamiento institucional del Estado.

El Gobierno de Javier Milei se prepara para efectuar este viernes la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso a través del Boletín Oficial.

Las sesiones extraordinarias tendrán lugar desde el 10 de diciembre hasta el 31 del mismo mes, con una eventual prórroga en febrero.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Menem y Bullrich son los alfiles parlamentarios del oficialismo.

Una tarea similar lleva adelante realiza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

Santilli y Adorni negocian con los gobernadores.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto 2026, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento.

Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El Poder Ejecutivo habilitó solo proyectos de ley de su autoría para el período de Sesiones Extraordinarias de este mes de diciembre que -como anticipó El Litoral- contempla una docena de expedientes. Siete ya se encuentran en comisiones de la Cámara de Diputados y cinco en el Senado.

Más allá que el decreto N° 3084 tiene fecha del 2 de diciembre, las cámaras no han sido convocadas para este jueves y recién sesionarán, en principio, los jueves 11 y 18 del corriente con eje en las futuras leyes de Presupuesto y Tributaria para el ejercicio 2026.

No obstante, la semana próxima habrá reuniones formales entre funcionarios del Ejecutivo y referentes legislativos de Unidos con la posibilidad de avanzar en la consideración de otros proyectos habilitados como validar el crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo por 50 millones de euros o bien dar luz verde a los pliegos para que Lotería de Santa Fe pueda licitar la concesión del sistema de apuestas deportivas on line.

En las cámaras legislativas, el objetivo es terminar de sancionar el Presupuesto y la Tributaria el 18 del corriente y volver en febrero, aunque ya el 15 del segundo mes del año, el gobernador Maximiliano Pullaro irá a las cámaras a dejar abierto el nuevo período Ordinario que es mucho más largo en tiempo después de la reforma constitucional.

No obstante, en la semana venidera se analizará la posibilidad de incluir en el temario un proyecto de la Cámara de Diputados que no tuvo acuerdo el pasado jueves para ser aprobado. Es una iniciativa de varios radicales, encabezados por José Corral, para reformar tres artículos del Código Procesal Laboral y referidos al tema peritos.

* Autorización para contraer un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo hasta la suma de 50.000.000 de euros para el financiamiento del proyecto de mejora energética para edificios sostenibles e inclusivos financiado con recursos provenientes de dicha Agencia y del Fondo Verde para el Clima.

* Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio económico 2026.

* Creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario.

* Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Santa Fe.

* Ley de Proceso Contencioso Administrativo de la provincia.

* Prórroga parcial de la emergencia en seguridad pública.

* Modificaciones a la ley provincial Nº 14371, a fin de corregir inconsistencias normativas, adecuar competencias institucionales y restituir coherencia jurídica en materia de prevención y erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito laboral, tanto público como privado.

La Legislatura santafesina sesionará el 11 y el 18 de diciembre para debatir 12 proyectos clave.

* Adecuar el funcionamiento del fuero penal juvenil a los principios de organización judicial consagrados por la Ley Nº 13018, en concordancia con el nuevo paradigma instaurado por el Código Procesal Penal Juvenil (Ley Nº 14228).

* Política tributaria aplicable para el período fiscal 2026.

* Creación del Colegio de Jueces en lo contencioso administrativo de la Provincia de Santa Fe.

Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

* Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad denominado "Red de conectividad e infraestructura tecnológica"

* Aprobación del pliego de bases y condiciones de la licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia de Santa Fe.

Con los mensajes de ley sobre Presupuesto general de Gastos y Recursos para el 2026 así como la Tributaria para el año siguiente más otra decena de temas, el Poder Ejecutivo habilitó el tratamiento de temas para las sesiones Extraordinarias en el mes de diciembre.

En principio, las cámaras legislativas acordaron sesionar los días 11 y 18 del corriente mes con ejes en las dos leyes necesarias para la administración en el inicio del año.

El Ejecutivo intentará persuadir a legisladores de Unidos sobre la necesidad de avanzar con algunos de los otros temas habilitados y no esperar hasta febrero.

Debido a los cambios introducidos en la nueva Constitución, el período ordinario de Legislatura se pondrá en marcha el 15 de febrero y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Por ende, Extraordinarias quedó limitado a diciembre ya que habitualmente en enero hay receso en Legislatura.

El Presupuesto 2026 y la Ley Tributaria son los ejes del trabajo parlamentario. Foto: Luis Cetraro

Además de Presupuesto y Tributaria, la convocatoria incluye el pedido de aval a los pliegos para que Lotería pueda convocar a licitación para licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia.

También la norma para regular la red de conectividad e infraestructura tecnológica que se está ejecutando; prórroga de parte de la emergencia en seguridad, y otra norma sobre el funcionamiento de estadios y otras dependencias construidas por Odesur 2026.

También se debatirán apuestas online, conectividad, seguridad y normas laborales.

Además incluye las modificaciones a la Ley Provincial N. 14.371, a fin de corregir inconsistencias normativas, adecuar competencias institucionales y restituir coherencia jurídica en materia de prevención y erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito laboral, tanto público como privado.

Otro tema es la futura Ley de procedimiento administrativo en la provincia y el código de procedimientos sobre la materia.

En cuanto a la futura ley Orgánica de Municipios, el tema será habilitado aunque el mensaje respectivo sería enviado sobre el final de la semana o la próxima. Es una de las leyes que la nueva Constitución manda a redactar fijando un plazo límite en septiembre de 2026.

El Poder Ejecutivo, mediante el decreto N.º 2518 habilitó el tratamiento de diez temas para lo que resta de diciembre en la convocatoria a Extraordinarias a las cámaras legislativas. Tal cual lo adelantó este martes El Litoral se destacan entre los temas los diez proyectos que proponen declarar la necesidad de la reforma constitucional así como las futuras leyes de Presupuesto 2025 y Tributaria 2025. Las dos primeras iniciativas están en manos de la Cámara de Diputados y la tercera en manos del Senado.

El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, contempla diez temas, tres de ellos iniciativas de legisladores. Además de la reforma constitucional están los proyectos que proponen la creación del programa "Boleto Educativo Gratuito", iniciativa de Omar Perotti (PJ) el que prohíbe la designación preferencial de personas humanas en cargos y empleos públicos que tengan fundamento en vínculos de parentesco con agentes estatales. Esta última iniciativa es de Ximena Sola (Pro) pero fue juntando firmas al momento de votarse el viernes pasado en Diputados. Unidos más Somos Vida unieron sus votos en el proyecto que deberá tratar el Senado. En cambio el proyecto de Perotti tiene fecha de ingreso el 1 de noviembre y fue solicitado por el bloque al Ejecutivo que accedió al pedido.

* Mensaje Nº 5116: Por el cual se propone la aprobación de una "Ley de Parques Productivos y Zonas de Innovación Productiva" y la derogación de la Ley Nº 11525. Esta iniciativa ya tuvo media sanción de Senado y está en manos de Diputados.

* Mensaje Nº 5117: Por el cual se proponen reformas a leyes procesales penales y del Servicio Penitenciario. En agenda de la comisión de Seguridad de Diputados está una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni para acelerar el tratamiento.

* Mensaje Nº 5118: Por el cual se propone el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes el ejercicio económico 2025. Está en agenda de Diputados para ser aprobado este jueves.

* Mensaje Nº 5119: Por el cual se propone el Proyecto que establece la política tributaria aplicable al período fiscal 2025. El tema está en Senado y Diputados lo consideraría el 19 del corriente.

* Mensaje Nº 5121: Por el cual se propone declarar de utilidad pública un lote de terreno en la ciudad de Rosario a los fines de expropiarlo con el objetivo de destinarlo a la ampliación del complejo penitenciario, adyacente al que se encuentra en el inmueble ubicado en calle Av. Las Palmeras Nº 3816 de la mencionada ciudad.

* Mensaje Nº 5122: Por el cual se propone declarar de utilidad pública seis lotes de terreno en la ciudad de Rosario a los fines de expropiarlos con el objetivo de destinarlos a la ampliación del complejo penitenciario, adyacente al que se encuentra en el inmueble ubicado en calle Bv. 27 de Febrero Nº 7899 de la mencionada ciudad.

* Mensaje Nº 5123: Por el cual se propone la declaración de interés provincial la planificación, organización, financiamiento y realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en la Provincia de Santa Fe.

El Poder Ejecutivo, en tanto, analiza otra serie de proyectos a remitir para el tratamiento legislativo para el mes de febrero, y además incluirá los primeros pliegos de candidatos a ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Hoy ya tiene dos vacantes ante la ley que votó la ampliación del cuerpo y el cese del ministro Mario Netri el pasado domingo.

Luego de mantener reuniones con el directorio de la Empresa Provincial de la Energía y con la secretaria de la Energía de Santa Fe, Verónica Geese, la mayoría en el Senado de la Provincia busca aprobar con media sanción su proyecto de ley para mantener el Fondo de Electrificación Rural, que hoy representa el 1,5% de cada una de las tarifas.

Se trata de un subsidio cruzado del común de los usuarios a los llamados usuarios potenciales, es decir, aquellos que aún no gozan del servicio y que podrían hacerlo si se extienden las redes. También para mejorar los servicios existentes en áreas alejadas de los principales núcleos urbanos o en muy pequeñas localidades.

El senador por San Cristóbal Felipe Michlig es el autor de la iniciativa que busca sostener por diez años ese fondo, que tiene la ventaja de contar con un control externo para su ejecución, a cargo de los propios legisladores de ambas Cámaras para evitar que esos recursos sean utilizado con otros fines (como gastos corrientes) dentro de la empresa distribuidora estatal.

La cuestión de los números no es menor, más en una compañía que no ha logrado superar su déficit. Su presidente Hugo Marcucci advirtió al asumir en diciembre del año pasado que las cuentas por entonces mostraban un rojo de 30 mil millones de pesos que cubre el tesoro. Por eso es clave que el aporte de 1,5% de cada una de las boletas tenga la supervisión de una comisión bicameral específica.

El texto estuvo en comisiones durante casi todo 2024 y fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, durante las presentes sesiones extraordinarias que se han caracterizado por una actividad inusual para los meses de verano. Desde que llegó a la Cámara alta el asunto impulsado por el presidente provisional radical (que preside el Comité Provincial de la UCR) dos hechos mostraron el consenso que despierta: primero fue firmado por todos sus pares del oficialismo y de la oposición; los 19 representantes de los departamentos acordaron la continuidad de esa política de Estado que se inició con los gobernadores socialistas, continuó con la gestión del justicialismo y ahora tiene fecha de vencimiento en junio. Por otra parte, en cada una de las sesiones de la Cámara alta se renovó la preferencia para su tratamiento sólo con el objetivo de agregar más opiniones y mejorar el texto inicial. Sin prisa, ni pausa, para que también la Cámara de Diputados tenga el tiempo necesario para que no haya cambios en la facturación de la empresa.

La Ley Nº 13.414 fue sancionada en junio de 2014 y prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024. Todo indica que antes de que concluya su vigencia, la legislación que sostiene el FER será renovada y por el doble del período con que se inició, a la luz de sus resultados.

En su intervención desde su banca, al presentar su proyecto, Michlig destacó que el uso de los aportes del conjunto de los santafesinos en sus facturas tiene control parlamentario, con la presencia de legisladores de todos los bloques con representación legislativa. Para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la Epe podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.

El otro tema pendiente para esta tarde es el de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, que hoy padece la desfinanciación ilegal de su déficit por parte del gobierno nacional. La situación de hecho es que la Nación se niega a remitir los fondos que corresponden a Santa Fe por la transferencia de otras cajas provinciales que -desde la década de los ‘90- con la creación de las AFJP y su posterior estatización recae sobre los impuestos de todos los argentinos, los santafesinos incluidos.

Pero más allá de la incluso declamada idea de las autoridades de la Casa Rosada de no cumplir con su obligación legal de asistir a las cajas provinciales no transferidas (Córdoba sufre lo mismo), la Caja provincial santafesina tiene un déficit creciente que requiere de más fondos que los que debería aportar la Nación. (El gobierno nacional anterior difería pagos y remitía fondos con demoras o detracciones discutibles pero al menos no desconocía el derecho de Santa Fe a recibir una compensación por no haber transferido su organismo previsional, y su déficit, a las arcas nacionales como casi todas las provincias).

Del tema ya se había ocupado el senador peronista Joaquín Gramajo (9 de Julio) durante la gestión de Miguel Lifschitz. Pero su proyecto fue mal interpretado por sectores gremiales e incluso por parte del oficialismo de entonces en Diputados, bajo la idea de que la iniciativa de estudiar a fondo los números previsionales de los agentes del Estado provincial podría esconder una aviesa intención de privatización. Está claro que nunca esa opción fue parte de lo planteado por el legislador, y mucho menos por aquella gestión, pero el tema quedó en comisiones sin más firmas que las de Gramajo que tiene su propio bloque con Unite y está cerca del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ahora ese texto vuelve a presentarse pero con más firmas del interbloque oficialista de Unidos por Santa Fe que integra el senador norteño, y que preside el radical Rodrigo Borla. Habrá que ver si a esas rúbricas se suman los de los cinco senadores del PJ por la minoría. Los plazos de la norma están en duda: 60 días para que se convoque, contrate y produzca un informe de fondo sobre los números de la Caja parecen poco tiempo.

En cualquier caso el ánimo que domina a la totalidad del cuerpo es el de cuidar el órgano de los pasivos públicos provinciales. Tanto de la arbitrariedad del gobierno nacional que eventualmente deberá ser resuelta por la justicia como de sus propios desequilibrios.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, envió a la Legislatura santafesina la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias, de tres proyectos solicitados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares.

En ese sentido, una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad por decisión del gobernador Perotti a través del Dec. 1337/22 y creado por la Resolución N° 1342/2020 de la Cámara de Diputados, requiere la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal, “estableciendo que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”. El mismo, ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja y ahora se encuentra en el Senado.

Además, se habilita el debate de otro proyecto que está relacionado con el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, que refiere al robo de cables del tendido eléctrico y de telefonía en la vía pública. Cabe señalar que el mismo obtuvo sanción de Diputados y se encuentra en el Senado.

Por último, se propone la incorporación del Artículo 221 bis al Código Procesal Penal de la Provincia, sobre la prisión preventiva “cuando se viole la medida perimetral en el marco de hechos cometidos en situación de violencia familiar o de violencia de género”.

Cabe destacar que las propuestas a debatir fueron pedidas por las organizaciones mencionadas y definidas como resultado de las acciones consensuadas en el ámbito de la Junta Provincial de Seguridad, celebrada la pasada semana, de la que el Observatorio también integra.

Legisladores del oficialismo y de la oposición coincidieron en que, de convocarse a sesiones extraordinarias, sería una oportunidad para volver a buscar consensos y tratar iniciativas que pendientes.

En tal sentido, en el Canal Diputados TV, Ricardo Herrera del Frente de Todos afirmó: “Estamos a disposición cuando este proyecto político lo requiera. Si se abre un período de sesiones extraordinarias vamos a participar. Nos parece muy bien porque han quedado temas pendientes”.

De igual manera, el diputado Jorge Vara (Unión Cívica Radical), expresó: “Estamos preparados para concurrir a Extraordinarias. Esperemos que se disipe la niebla y se pueda avanzar. Me parece que es fundamental el tiempo y que se pueda discutir. Podemos estar de acuerdo o no, pero es importante discutir y fijar las posiciones”.

“Creo que todo puede ser analizable y discutible; sobre todo en la búsqueda de consensos”, indicó además.

Mario Cáffaro El Litoral La Cámara de Diputados será convocada a sesión Extraordinaria para este miércoles mientras que el jueves hará la sesión Preparatoria para elegir autoridades, dar por cerrada la etapa actual y esperar la apertura del año judicial que hará el domingo 1° de Mayo el gobernador Omar Perotti. La decisión de realizar dos sesiones en la semana fue acordada por la Comisión de Labor Parlamentaria en la previa a la sesión del pasado 7 de abril. La otra actividad pendiente antes del fin de mes es la participación de los integrantes de la Cámara Baja junto a senadores en la Asamblea Legislativa para tratar diez pliegos de jueces. La Asamblea está convocada para este jueves 21, a las 13, aunque en ámbitos parlamentarios se descuenta que será postergada hasta el 28. Para la última sesión del período de  Extraordinarias de Diputados tiene preferencia el convenio firmado en mayo del año pasado entre la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, y el gobernador, Omar Perotti, para el financiamiento del déficit del sistema previsional de la provincia de 2019. El pago acordado es por un total de  $ 11.396.488.1 ,92. En agosto del año pasado el Senado convalidó el texto mientras que, ahora, en la Cámara Baja analizan cambios en el artículo 2 donde el Ejecutivo pretende tener el aval para la negociación de 2020 y 2021. Si prosperan los cambios, el tema volverá al Senado. Semanas atrás, la Comisión Asesora de Previsión Social, que integran representantes de los sindicatos estatales santafesinos giraron una nota al presidente de la Cámara, Pablo Farías pidiéndole la aprobación del convenio.  “Esta ratificación permitirá que el Gobierno Nacional, a través de la ANSeS, transfiera a la provincia 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 1.100 millones cada una, en el marco de lo dispuesto por la ley 27.260, con destino al financiamiento de los déficits previsionales de las caja no transferidas a la nación y que se encuentran disponibles desde el momento en que se suscribió el acuerdo citado”, señala la carta. Agrega que la no ratificación legislativa del año 2019 “implica atrasos en los procedimientos administrativos necesarios para la determinación por parte de Anses de los déficit verificados en los ejercicios posteriores y por ende la cancelación de los montos que surgen como diferencias de los anticipos recibidos mensualmente”. El Ejecutivo también buscará aval para el convenio del régimen especial de regularización de obligaciones entre la secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación con la provincia de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe para el pago de deuda acumulada por la compra de energía a Cammesa. El Senado votó el mensaje en la última sesión y todavía necesita el tratamiento en comisiones de Diputados. Funcionarios del ministerio de Gobierno harán gestiones en la semana para un rápido tratamiento. En tanto, el jueves por la mañana, Diputados hará la sesión Preparatoria donde ratificará al socialista Pablo Farías como presidente y a la radical Jimena Senn como vicepresidenta. Los principales bloques políticos han ratificado la decisión de mantener la actual conducción de la Cámara. El año pasado, Diputados vivió un momento traumático debido a que el entonces presidente, Miguel Lifschitz, se encontraba internado debido al Covid. La Preparatoria no fue convocada a la espera de su recuperación. Tras el deceso del ex gobernador producido el 9 de mayo, el socialismo decidió impulsar a Farías para el cargo. Luego se demoró la constitución del resto de la mesa ante el reclamo de Evolución UCR de ocupar la vicepresidencia que estaba en manos del justicialismo fuerza que, desplazada, se negó a integrar la mesa de conducción. La Preparatoria de Diputados tiene fecha límite el 25 de abril de acuerdo al reglamento interno.

Dirigentes de Hacemos Santa Fe, agrupación política del PJ que tiene como referente a Omar Perotti, trabajan en la preparación de una movilización en respaldo al gobierno provincial para el próximo 1° de Mayo. La convocatoria es a Plaza Italia ubicada frente a la Legislatura. El objetivo de los organizadores es colmar la plaza para el momento en que Perotti hable ante las cámaras legislativas. En las dos ocasiones anteriores, las restricciones del Covid impidieron las movilizaciones e incluso obligaron a restringir la presencia de invitados a la Asamblea Legislativa.

El diputado Sergio Basile (Evolución- UCR) ingresó un proyecto de Ley que tiene por objeto incrementar el número de enfermeros y enfermeras a través de una formación de calidad y promoviendo el desarrollo de la enfermería en todo el territorio provincial. La propuesta está respaldada por un informe que elaboró la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Consejo Internacional de Enfermería donde revelan que, si bien existen cerca de 28 millones de enfermeros en todo el mundo, la cifra actual sigue dejando un déficit de casi 6 millones de profesionales Basile presentó una ley que propone la creación de un plan provincial para la capacitación, desarrollo y formación de enfermeros enmarcado en un lapso de cuatro años para subsanar, en el corto plazo, los efectos negativos que tuvo la pandemia en el sistema sanitario. Propone aumentar la matrícula inicial de las carreras de enfermerías; fortalecer la gestión de las instituciones formadoras; mejorar las condiciones estructurales de funcionamiento y fomentar el reconocimiento de la fuerza de trabajo de enfermería como profesionales de la salud, entre otros objetivos.

El radical Fabián Palo Oliver ingresó dos proyectos de ley vinculados a temáticas ambientales que tienen que ver con la creación de una Agencia de Control y  Monitoreo Ambiental (ACMA) y de un  observatorio de aprovechamiento de la biomasa, dentro del ámbito del actual Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Para la ACMA, el objetivo primordial es proteger los recursos naturales tanto en suelos, subsuelos, aguas, contaminación del aire, depredación de especies animales y vegetales y demás degradaciones o daños que puedan afectar negativamente al ambiente en el territorio de la provincia. Pretende además dotarla de la potestad de ejercer el control, monitoreo y fiscalización en material ambiental. En cuanto al observatorio tendrá como objetivos fundamentales obtener energía no convencional a través de la biomasa y promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación energética de biomasa. Destaca entre las funciones la de promover que la producción de energía a partir de la biomasa se realice en forma sostenible, así como establecer las normas de calidad a las que debe ajustarse la producción de energía a partir de la biomasa. Asimismo, determinar los requisitos y condiciones necesarias para la habilitación de instalaciones de generación de energía a partir de la biomasa.  El proyecto apunta además a crear un registro de empresas habilitadas para la producción de energía a partir de la biomasa.

Mario Cáffaro El Litoral Dos comisiones de la Cámara de Diputados se reunirán este lunes con la presidenta del Colegio de Jueces de Rosario, Bibiana Alonso, para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo evitar la excarcelación de personas detenidas por la portación ilegal de armas de fuego. Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Derechos y Garantías que tratan en forma conjunta ese expediente al que se le adicionó otro propio de la cámara iniciado por Oscar Martínez (100% Santafesino). La convocatoria a la reunión del lunes, en la ciudad de Rosario, fue firmada por los presidentes de ambas comisiones, los socialistas Joaquín Blanco y Lionella Cattalini bajo la figura de ‘jornada de intercambio presencial’. Será la segunda reunión de ambas comisiones por el tema, en la anterior ocasión fueron los interlocutores el fiscal general, Jorge Baclini y la mayoría de los fiscales regionales. “El mensaje del Poder Ejecutivo es inconstitucional” le dijo a El Litoral el radical Maximiliano Pullaro quien reveló que el objetivo de las comisiones es trabajar en base al proyecto de Martínez que apunta  reforzar la figura de la peligrosidad procesal del detenido con un arma ilegal. Baclini y los fiscales también sugirieron ir la reforma propuesta por el legislador y no la del Poder Ejecutivo. En tanto, ministros de la Corte Suprema de Justicia advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la reforma presentada por el Ejecutivo que apunta a modificar los artículos 219 y 220 del Código Procesal Penal, el primero refiere a las medidas cautelares no privativas de la libertad y el segundo a la procedencia de la prisión preventiva. El de Martínez ingresó en septiembre del año pasado y es para modificar el artículo 221 que refiere a la peligrosidad procesal. En la convocatoria a Extraordinarias están los dos temas habilitados y todo parece indicar que Diputados irá por el proyecto del miembro de su cuerpo y no por lo enviado por el Ejecutivo. Por otra parte, diputados socialistas y radicales parecen coincidir en que si conceden las emergencias en Seguridad y en el Servicio Penitenciario será una sola medida de excepción debido a que ahora el sistema penitenciario volvió a la órbita del Ministerio de Seguridad. “Parece lo más lógico” dijo el socialista Blanco. “Hay una sola Dirección General de Administración y por lo tanto debe ser una sola norma” acotó Pullaro. No obstante, el ex ministro de Seguridad considera que debe haber una reunión con el ministro del área, Jorge Lagna, para que precise para qué y por cuánto tiempo necesita estas facultades especiales. “No interpelar, sino tener intercambio de información” aclaró Pullaro quien recordó que la gestión de Omar Perotti tuvo emergencia en los primeros meses “y terminó haciendo licitaciones a medida” en referencia a la fallida compra de armas y a la concretada compra de motos para la policía. Pullaro no duda en afirmar que el pliego para la compra de motos fue hecha a medida de una empresa “hasta el peso exacto de los rodados incluyeron en el pliego” para cuestionar también la calidad de lo adquirido por el precio pagado. El radical aclara que “Lagna no es Sain” pero insiste en que toda emergencia debe tener una comisión legislativa de control para que “no haya manos libres”. Durante su etapa de ministro, Pullaro tuvo 8 meses de emergencia y no propició la renovación por no compartir el uso de esa herramienta para administrar. Armas y emergencias están en primer lugar en la agenda de Diputados para la semana de Extraordinarias a la espera de que el Senado vote el Presupuesto 2022 y la Tributaria respectiva para lo cual hay conversaciones entre ambos cuerpos para que los cambios que realice la Cámara Alta tengan sugerencias y aval de la Baja para llegar antes de Navidad con la norma aprobada.

El ministerio de Seguridad anunció un aumento en el monto de la tarjeta Alimentaria para el Personal Policial (TAP), que alcanza a más de 15 mil agentes con tareas operacionales de cumplimiento efectivo. Con el pago del mes de diciembre, los agentes de la Policía de Santa Fe percibirán $6148. El programa asiste económicamente, de manera directa y complementaria al personal policial que cumple de manera efectiva tareas operacionales de prevención, investigación y de control policial.

El Comité Nacional del Partido Socialista aprobó, por unanimidad, un protocolo para abordar de manera integral las situaciones que se den entre afiliados y afiliadas, garantizando capacitación y formación interna, así como generar espacios libres de violencia. En la primera reunión presencial del Comité Ejecutivo desde el comienzo de la pandemia se abordó esta nueva herramienta elaborada íntegramente por las mujeres socialistas. La conducción partidaria está a cargo por primera vez en más de 120 años por una mujer: Mónica Fein, quien recientemente asumió su cargo como diputada nacional por Santa Fe. Durante el encuentro las mujeres socialistas expresaron, como también lo plasma el documento aprobado, que: “este protocolo lo hacemos con la intención de hacer visible las distintas manifestaciones de violencia que suceden en nuestro partido y generar una herramienta que contribuya a su prevención, sanción y erradicación. El objetivo es construir un Partido Socialista en Argentina libre de discriminación y violencia, promover un trato digno para todas las personas que lo integren”. Para Fein,  “es muy importante que nuestro partido dé este paso porque es una reivindicación, no solo de la responsabilidad que tenemos en nuestros espacios de militancia, por la historia de tantas mujeres que engrandecieron el PS. También es importante que este paso que dimos pueda dar el ejemplo para que muchos otros partidos y organizaciones sigan este camino y lo repliquen”. Entre los principales objetivos del trabajo se enumeran el de proveer herramientas para el abordaje integral de las situaciones de violencias por razones de género en el Partido Socialista, garantizar capacitación y formación y que todos los espacios de participación política partidaria sean ambientes libres de discriminación y violencia machista.

La diputada justicialista Matilde Bruera ingresó un pedido de informes para conocer la cantidad de denuncias recibidas, en la Agencia de Control Policial por hechos de acoso laboral, abuso sexual y violencia de género realizadas por mujeres policías durante el último año y estado de los trámites. La legisladora oficialista es acompañada en la firma por varias de sus pares, entre ellas Lucila De Ponti (PJ), Cesira Arcando (Fe), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) y las socialistas Gisel Mahmud, Lionella Cattalini y Erica Hynes. En los fundamentos, Bruera remite al informe sobre Censo Policial realizado por el Observatorio de Seguridad Pública donde se afirma que “una proporción muy pequeña de los acosos sexuales experimentados han sido denunciados, apenas una de cada diez de las mujeres policías que pasaron por estos eventos lo han hecho”. También destaca que con respeto al trato dado a la denuncia “las mujeres policías que han denunciado la experiencia de acoso sexual mayoritariamente no se encuentran satisfechas con el trato dado a esa denuncia”.

Mario Cáffaro El Litoral El gobernador Omar Perotti convocó Sesiones Extraordinarias de la Legislatura e incluyó cuatro temas en un primer decreto, temario que será ampliado en los próximos días. La primera lista incluye los mensajes sobre Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos para el ejercicio 2022 y la ley tributaria para el ejercicio, así como los proyectos de emergencia en el sistema penitenciario y la emergencia en seguridad pública. En caso penitenciario la habilitación es para el proyecto iniciado por el senador Rubén Pirola (PJ – Las Colonias) con media sanción de la Cámara Alta. En cuento a seguridad son expedientes iniciados por el senador Alcides Calvo (PJ – Castellanos) y la diputada socialista Lionella Cattalini. Los alcances de las emergencia en el Servicio Penitenciario y en Seguridad serán temas a analizar en la reunión del gobernador con las autoridades de la Cámara de Diputados que encabeza el presidente, Pablo Farías. De todas maneras, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, reclamó públicamente la sanción de una emergencia para su sector. Precisamente Lagna expondrá este miércoles ante los diputados las nuevas directrices emanadas desde su cartera hacia la policía para tratar de lograr una mayor efectividad en el accionar. “Los recursos presupuestarios están, al igual que el recurso humano: van a ingresar 857 nuevos policías en pocos días, y la mayoría se van a volcar a las grandes urbes como Rosario, donde tenemos la mayor problemática del delito”, ha dicho el ministro. De la reunión de este miércoles por la tarde además surgirán otros temas que podrán ser incluidos en el temario de Extraordinarias donde la iniciativa la tiene el Poder Ejecutivo. Desde todos los sectores políticos se reclaman proyectos que deben completar el tratamiento en otra cámara. En la última sesión, Diputados sumó 38 proyectos con media sanción para el Senado. En cuanto al Presupuesto y la norma tributaria -ambos temas se tratan en conjunto- es el ministerio de Economía que conduce Walter Agosto quien mantiene conversaciones con los diferentes bloques políticos de ambas cámaras. Ya antes de la presentación oficial del proyecto, los espacios tuvieron una información previa. Ahora, hay un ida y vuelta tendiente a lograr entendimientos para sancionar ambos expedientes antes de la Navidad. En tanto, AMRA, el gremio de los médicos del sistema público, está solicitando la inclusión del proyecto de ley iniciado por el senador Marcos Castelló (PJ – La Capital) disponiendo el pase a planta de profesionales contratados por el Estado. La titular del gremio, Sandra Maiorana ha mantenido contactos con los jefes de bloques de la Cámara Baja solicitando apoyo al compromiso efectuado por el gobierno dentro de la última paritaria.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea tres fiscalías para que la justicia pueda prevenir los daños ambientales y demandar su reparación en caso en que se hayan causado. La propuesta surgió de los bloques del Partido Socialista y  Ucr – Evolución y contó con el aval de distintos bloques políticos. Los autores principales -Gisel Mahmud y Fabián Bastia- dieron relevancia a la importancia “del acceso a la justicia en asuntos ambientales” al que se refiere el “Acuerdo Escazú” el que fue ratificado por nuestro país y ya se encuentra vigente. Para  Mahmud “es fundamental y urgente contar con fiscalías en el Poder Judicial, que en el ámbito de la Procuración General puedan llevar adelante su tarea previniendo los daños ambientales y procurando en caso que se den, su correspondiente reparación. Esto permitirá poder darle respuestas a las demandas que la sociedad nos hace como representantes del Estado, como por ejemplo a los incendios que afectan nuestros humedales, o las fumigaciones sobre nuestros pueblos, o la problemática sobre los residuos, entre tantas otras”.

Sin acuerdo para un tratamiento exprés de proyectos, la Cámara de Diputados terminó la noche del jueves último votando una serie de iniciativas despachadas por las respectivas comisiones y con fuertes mayorías en cada uno de los casos. Proyectos surgidos de los diferentes sectores políticos que transitaron dos, tres y hasta cuatro comisiones hasta llegar al recinto. Esos 34 proyectos fueron girados al Senado en revisión pero recién podrá considerarlos a partir del 1 de Mayo del año venidero. En tanto, en los cajones del Senado perdieron estado parlamentario 151 medias sanciones de textos aprobados en los dos últimos años por la Cámara de Diputados. En cambio, la Cámara de Diputados terminó de sancionar cuatro normas que refieren a aspectos puntuales del interior de la provincia. Dos de ellos son expropiaciones de empresas en quiebre para la utilización de las cooperativas de trabajadores que están operando esas plantas. Son los casos de Algodonera Santa Fe radicada en el parque Industrial de Reconquista y para la cooperativa de Trabajo Textil Carreras en la localidad homónima del dpto General López. Las otras leyes sancionadas apuntan a autorizar al Poder Ejecutivo a permutar un inmueble de su propiedad con otro de la comuna de San Carlos Sur y por el otro se dona a la comuna de Ramona, dpto Castellanos, un inmueble del gobierno provincial.