El Gobierno nacional oficializó este jueves mediante el Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, un mecanismo que permite a ciudadanos extranjeros recibir la ciudadanía argentina sin cumplir el mínimo de residencia, siempre que realicen una inversión calificada como “relevante” .

La innovación forma parte de la reforma migratoria implementada previamente mediante el Decreto 366/2025, que establece el concepto de “ciudadanía por inversión” como parte de una estrategia para atraer capitales al país.

Se creó una nueva agencia dependiente del Ministerio de Economía que centralizará las solicitudes de inversores. El organismo diseño, gestionará y controlará el programa de naturalización vinculado a proyectos productivos.

Una vez recibida la solicitud, la agencia evalúa la inversión conforme a criterios económicos fijados por Economía. Luego, solicita informes a organismos clave como la UIF, SIDE, RENAPER, Registro de Reincidencia, y el Ministerio de Seguridad para descartar riesgos para la seguridad nacional.

Con esos antecedentes, eleva una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver la concesión o el rechazo de la ciudadanía.

Hasta ahora, quienes aspiraban a naturalizarse debían demostrar dos años de residencia continua en el país. Eso cambia para quienes aporten capital significativo: se elimina esa exigencia si la inversión es aprobada por Economía.

El decreto refuerza también las restricciones a extranjeros con antecedentes penales, regula motivos de expulsión y limita el acceso gratuito a servicios públicos para quienes no cumplan la norma.

El umbral mínimo para acceder al beneficio sería de USD 500.000, aunque el Decreto 524/2025 deja a Economía la facultad de definir qué proyectos se consideran “relevantes”.

La medida entra en vigencia el mismo día de su publicación, lo que marca un paso inmediato para la implementación del programa.

Argentina se convierte en uno de los pocos países sudamericanos con un programa de ciudadanía por inversión. La medida busca atraer capitales, crear empleo y generar un nuevo perfil de inversor que contribuya al desarrollo económico local —aunque no sin debates sobre transparencia y alcance social.

En medio de la ofensiva contra las universidades del país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las embajadas y oficinas consulares que suspendan la programación de nuevas entrevistas para los solicitantes de visa de estudiante.

Washington está considerando exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos someterse a una investigación de sus redes sociales, se indicó en un cable fechado hoy y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, informaron medios locales.

"Con efecto inmediato, y como preparación para ampliar la revisión e investigación de las redes sociales, las secciones consulares no deben programar ninguna cita adicional para visas de estudiante o de visitante de intercambio hasta que se emitan nuevas directrices, lo cual esperamos que ocurra en los próximos días", se indicó.

El Gobierno de Estados Unidos había impuesto previamente algunos requisitos de revisión de redes sociales en gran medida encaminados a rechazar a estudiantes que pudieran haber participado en protestas contra las acciones de Israel en Gaza.

La medida podría afectar a miles de estudiantes internacionales y podría contribuir además a disminuir la matriculación internacional en instituciones de educación superior de Estados Unidos, informaron medios locales.

El Gobierno estadounidense ha recurrido a diversas reglas para arremeter contra las universidades, sobre todo contra las liberales y de élite como la Universidad de Harvard, a la que acusa de permitir que el antisemitismo florezca en su campus.

En esa línea, Trump dijo que quiere "nombres y países" de cada estudiante extranjero matriculado en la Universidad de Harvard. "Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros, una demanda razonable dado que damos MILES DE MILLONES DE DÓLARES a Harvard, pero Harvard no está muy comunicativa precisamente", escribió Trump en Truth Social, a la vez que añadió: “Queremos esos nombres y países”.

Asimismo, indicó: “Por qué Harvard no está diciendo que casi el 31% de sus estudiantes procede de TIERRAS EXTRANJERAS y que además esos países, algunos en absoluto amigos de Estados Unidos, no pagan NADA por la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo. ¡Nadie nos avisó de eso!”.

En otro orden de su cruzada contra Harvard, Trump ordenó terminar todos los contratos federales con la universidad: se trata de acuerdos por un valor de 100 millones de dólares.

La orden está consignada en una carta de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA por sus siglas en inglés), que pide a todas las agencias federales revisar y posiblemente rescindir o reasignar sus contratos con el prestigioso centro educativo.

El Gobierno cita supuestas preocupaciones sobre discriminación racial en las admisiones, presuntas prácticas de contratación discriminatorias y la falta de protección de los estudiantes judíos contra el acoso. Todas acusaciones sin pruebas y reprochadas por el centro educativo.

Previamente, el gobierno norteamericano canceló más de 2.600 millones de dólares en subvenciones federales para investigación en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del resto del mundo, que ha rechazado las presiones y exigencias del líder de la Casa Blanca para cambiar varias de sus políticas.

La Legislatura de Río Negro se prepara para tratar un conjunto de proyectos que proponen cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros que se encuentren de paso o residan de manera precaria en la provincia. La iniciativa avanzó luego de obtener dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales y se espera que llegue al recinto en la próxima sesión.

Uno de los proyectos principales fue presentado por el legislador Javier Acevedo, titular del bloque Coalición Cívica-ARI, y contempla el cobro por los servicios de salud públicos a turistas y extranjeros en condición transitoria.

“Se dio un debate primero a un proyecto que nosotros habíamos presentado hace un año para el cobro a extranjeros que están en la provincia en forma precaria o transitorios, no para los residentes o temporarios”, señaló Acevedo.

La propuesta ganó respaldo dentro de la Legislatura gracias a la incorporación de nuevas iniciativas complementarias. Entre ellas, se sumó un proyecto impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, que extiende el cobro también a extranjeros que acceden a la educación superior pública.

“Estamos en condiciones de tratarlo en la próxima sesión y que salga aprobado”, anticipó Acevedo. “A los legisladores del bloque oficialista les estaríamos dando coautoría entre el bloque de Juntos Somos Río Negro y nuestro bloque. El PRO había presentado un proyecto parecido. Entre esos tendríamos definida una votación por mayoría, y creemos que se va a sumar el apoyo de otros bloques”, explicó.

De esta forma, la Legislatura se encamina hacia una sanción con respaldo de la mayoría parlamentaria, en una iniciativa que se suma al debate nacional sobre el acceso a servicios públicos por parte de personas no residentes.

Ante posibles críticas, Acevedo fue enfático en aclarar que la iniciativa no busca discriminar. “No es de carácter xenófobo”, sostuvo, y remarcó que el objetivo central es “evitar el uso abusivo del sistema de salud” por parte de quienes no tributan en el país ni tienen residencia regular.

Como antecedente, el legislador recordó que durante el año pasado se registraron 130 atenciones médicas a extranjeros en el Hospital de Bariloche, otras 90 en El Bolsón y varios casos similares en Cipolletti y General Roca. Esos números, según explicó, muestran una tendencia que “es necesario regular”.

En caso de aprobarse, Río Negro se sumará a las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz, que ya implementaron políticas similares para regular el acceso a la atención médica pública por parte de extranjeros no residentes.

Desde la provincia de Santa Cruz se anunció que se comenzará a cobrar la atención en hospitales públicos a ciudadanos extranjeros.

La medida fue revelada por Ariel Varela, ministro de Salud de la provincia, quien habló con la prensa y dio detalles de la medida anunciada.

“Realmente es insostenible”, expresó en cuanto al sistema de salud. Cabe señalar que una decisión similar tomó hace unos meses la provincia de Salta, con el objetivo de “garantizar la solvencia del sistema de salud público".

“Estamos ya en esa tratativa, implementamos un nuevo carné hospitalario donde hay ciertos requisitos y nosotros tenemos que cubrir a los carenciados que realmente lo necesitan”, señaló Varela a un medio local. Además, también reveló que se aplicó una resolución.

Por otra parte, se refirió al monto que cobrarán a extranjeros y la situación del sistema de salud. En este marco, reveló que “se le va a cobrar un 50% más de lo que es el nomenclador del hospital a todo aquel que venga del extranjero porque realmente es insostenible”. “No puedo sostener el tema de salud que está destinada más que nada a los santacruceños”, agregó.

No obstante, Varela, remarcó que el arancel será para todo extranjero que visite la provincia patagónica, Mientras que a los extranjeros residentes en Santa Cruz no se le cobrará.

El titular de la cartera de salud, reconoció que “estamos pasando por una situación muy crítica”. En ese sentido, sostuvo que la decisión se tomó debido a los recortes de Nación que alcanzaron los “130 mil millones de pesos”. “Nos han recortado en medicamentos; la provincia tiene que salir a comprar 16 mil litros de leche; y en aumento de los insumos hay un incremento del 239%”, concluyó.

En Corrientes presentaron un proyecto de ley para cobrar la atención médica a extranjeros. La iniciativa, cuyo autor es el legislador autonomista José Antonio Romero Brisco, ingresará a la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes este miércoles.

Dentro de los puntos que establece el documento está “el arancelamiento de la atención y servicios en el ámbito del sistema de Salud Pública de la Provincia, para todos los extranjeros que, de acuerdo a la categorización establecida en la Ley Nacional N° 25.871, sean ‘residentes transitorios’ o ‘residentes precarios’, debiendo solventar los costos de dichas prestaciones a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sí mismos”.

Cabe aclarar que la residencia precaria es la autorización que da Migraciones mientras dura el trámite de admisión de una persona extranjera que quiere residir en Argentina. Dicha condición permite permanecer, salir del territorio nacional y volver a entrar, trabajar y estudiar. Mientras que se considera residentes transitorios a los turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales y académicos. En ambos deberán abonar por la atención médica.

No obstante, la ley exime a los extranjeros que revistan la condición de “residentes permanentes” y “residentes temporarios”. En dichos casos, “los servicios de salud pública provincial se prestarán de manera igualitaria y sin distinción”.

En casos de urgencia o emergencia, el proyecto de ley señala que “la atención no podrá ser negada” a los extranjeros residentes transitorios o precarios y que en ese caso “la autoridad de aplicación arbitrará, con posterioridad, los medios para el cobro de los gastos en que se incurriera”.

La autoridad de aplicación planteada es el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, que se encargaría de “llevar a cabo todas las acciones necesarias para la implementación de esta ley, y fijará los aranceles”.

De sancionarse la ley, el Gobierno de Corrientes estará facultado a “celebrar convenios de reciprocidad con otros países, a fin de garantizar para los habitantes de nuestra provincia el acceso al sistema de salud pública en otros territorios”.

El diputado Romero Brisco mencionó “la adversa situación económica que viene atravesando el país” y resaltó que en este contexto “uno de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de salud pública, es la administración de recursos finitos (y en ocasiones, escasos) frente a una esencial demanda”.

“Toda asistencia sanitaria, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, posee un costo, y entendiendo que el mismo es solventado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga de quienes tengan acceso a dichas coberturas, pero que también es afrontado por el Estado Provincial, sin distinción alguna, para los casos de personas que no posean tales beneficios ni recursos suficientes, es que considero necesario y oportuno legislar a fin de resguardar y garantizar el acceso al sistema público de salud pública provincial”, justificó el legislador.

Romero Brisco señaló que el objetivo no es “privar a nadie del acceso a los servicios de salud pública en nuestra provincia, máxime en en casos de urgencia o emergencia”, y que su iniciativa responde “a la imperiosa necesidad de resguardar el alcance y calidad del servicio de salud pública provincial, implementando una distinción tendiente a dar mayor solvencia al mismo, frente a una demanda que sin duda estará siempre en constante crecimiento, tanto por la calidad de sus profesionales como de sus establecimientos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó este martes que la Justicia expulse a los extranjeros que comentan delitos en el país y no tengan residencia permanente en Argentina.

"En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata", aseguró Bullrich en declaraciones radiales.

En esa línea, la integrante del Gabinete del presidente, Javier Milei, argumentó: "El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata".

En ese sentido, Bullrich cuestionó al municipio bonaerense de La Matanza al hablar de “permisividad” en la toma de tierras en ese distrito, tras el asesinato de cinco personas el domingo en la localidad de González Catán durante un conflicto por la ocupación de terrenos del que participaron algunos ciudadanos oriundos de países vecinos.

En días previos, fueron varios los funcionarios que se manifestaron en el mismo sentido. El primero fue el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien reclamó la reposición de un decreto que se firmó en 2017, cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad.

Lo propio hizo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien respaldó su reclamo con estadísticas de la Ciudad. "Sólo en 2023, en la Ciudad sufrimos más de 4000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)", detalló Wolff en la red social X.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, también adhirió al pedido de expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina y consideró que deben "cumplir con la pena" que se les imponga, para luego ser "expulsados del país con prohibición de reingreso".

En enero de 2017, el ex presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 70, que modificó la Ley de Migraciones. La norma que había impuesto el ex mandatario se amparaba en la potestad del Estado para "decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales".

En tanto, creó un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021, quien argumentó que dicha normativa no trajo mejoras sustanciales en materia migratoria, sino que "agravó exponencialmente la litigiosidad".

La que se antojaba una investigación especialmente compleja se ha terminado resolviendo en poco más de una semana. El grupo de homicidios de los Mossos d’Esquadra de Barcelona detuvo este fin de semana a dos hombres de 31 y 51 años, un ucraniano y un irlandés, acusados de matar y descuartizar a un alemán que les había realquilado sendas habitaciones. Los tres convivían en el inmueble de la víctima, una espaciosa vivienda en el séptimo piso del número 91 de la calle Casanova, cuyos vecinos han vivido un fin de semana angustioso al saber que el crimen del contenedor en el que arrojan a diario la basura, se cometió en su edificio.

Los dos detenidos han pasado este lunes a disposición judicial, tras negarse a declarar a los investigadores. La titular del juzgado número 23 ordenó el ingreso en prisión del irlandés, mientras que dejó en libertad con cargos al joven ucraniano. A este último le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el país. Las detenciones se produjeron el viernes y no han trascendido hasta esta mañana. Pero nada se sabe de la motivación de los presuntos autores. Uno de los detenidos, un joven de nacionalidad ucraniana, no llevaba ni dos semanas en el edificio, aseguró la portera de la finca y testigo de excepción de todo lo acontecido.

La mujer se pasó el lunes atendiendo con exquisita amabilidad a todos los medios de comunicación. Y relató como el inquilino del séptimo, un ciudadano alemán de unos 50 años, llevaba varios años viviendo en el edificio y otros muchos realquilando habitaciones. Un procedimiento poco ortodoxo que le había originado más de un conflicto con el gestor de fincas. En cualquier caso, la vecina que hay justo debajo del escenario del crimen aseguró que se trataba de un “hombre muy discreto y amable”.

De los dos últimos inquilinos, ambos detenidos, se sabe que uno era ucraniano, el recién llegado, y un irlandés que llevaba un poco más de tiempo. Poco después del crimen, un grupo de amigos de la víctima se trasladó hasta el edificio porque hacía días que no tenían noticias del alemán. “Yo misma les acompañé hasta el séptimo, pero nadie abrió la puerta. Estaban preocupados y hablaron de ir a la comisaría”, añade la empleada de la finca. Pero la denuncia no se llegó a presentar porque para entonces las indagaciones del grupo de homicidios ya les habían señalado el número 91 de la calle Casanova.

El bautizado por los investigadores como caso Delta recibió un impulso definitivo con el visionado de las imágenes de las distintas cámaras de seguridad que certificaron que la maleta con el cadáver incompleto salió de la portería que hay justo delante del contenedor. Y en esa finca se centraron los investigadores que recorrieron, puerta a puerta, todas las estancias en busca de indicios que les ayudaran a identificar a la víctima y a reconstruir los hechos.

Finalmente las detenciones se realizaron el viernes. A primera hora de la mañana, un grupo de mossos de paisano pidió a la portera que les acompañara hasta el séptimo piso. A pesar de llamar insistentemente, nadie les abrió la puerta. “Aunque ya les advertí que allí dentro había alguien seguro porque se oían ruidos”. Mientras los policías interrogaban a los vecinos de rellano, pidieron a la trabajadora que se alejara. “Desenfundaron las pistolas y yo ya no bajé ni por el ascensor, corrí escaleras abajo y salí a la calle. Lo siguiente que vi fue que se llevaban esposado al último en llegar, el joven de Ucrania”.

Esa misma noche los mossos arrestaron al segundo inquilino, un irlandés que regresaba al domicilio. Lo interceptaron en la entrada del edificio cuando regresaba a la casa.

El sábado la policía científica trabajó minuciosamente en la vivienda. Analizaron todo el espacioso inmueble en el que localizaron el escenario del crimen y del descuartizamiento del cadáver. Pero no encontraron el resto del cadáver, ni las extremidades inferiores y superiores, ni la cabeza. Pudieron haberse deshecho en días anteriores, utilizando el mismo procedimiento de arrojar las fracciones en el contenedor, pero sin ser descubiertos.

Con la entrada en vigencia de la norma que será publicada en el Boletín Oficial este viernes, se reconocerá un tipo de cambio 90% superior al oficial. Abarcará todos los gastos de los turistas extranjeros en el país, desde pasajes y excursiones, hasta comidas y paquetes turísticos.

En base a datos del Banco Central,el gasto con tarjeta por parte de turismo se ubicó en escasos 30 millones de dólares cuando lo habitual sería entre 200 y 250 millones mensuales.

La expectativa oficial, según indican fuentes del Ministerio de Turismo, es que a partir de esta medida, por este rubro ingresen unos 2.000 millones de acá a fin de año, teniendo en cuenta que son meses de alta temporada. Con la medida también se equilibra la balanza turística ya que es deficitaria

Desde el Palacio de Hacienda emitieron una guía de preguntas y respuestas para explicar los principales detalles de la medida:

¿Cómo será el procedimiento de la nueva normativa?

Los turistas consumen con la tarjeta. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las tarjeteras venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero. Luego le pagan en pesos a los comercios o servicios.

¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa?

La idea central de esta normativa es que los turistas no residentes que visiten el país puedan utilizar medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad. Argentina viene desarrollando un sistema nacional de pago digital.

¿Cómo se calcula el tipo de cambio?

El tipo de cambio a utilizar será el dólar MEP con los bonos más líquidos. Hasta hoy se utilizaba el del BNA. Las administradoras de tarjeta de crédito podrán cobrar una comisión por dicha operación

¿Desde cuándo va a estar vigente?

La norma entrará en vigencia el viernes 4, luego de publicarse mañana en el Boletín Oficial.

¿Ya se habló con los bancos para que puedan instrumentarlo?

Esta normativa, a diferencia de otras, no se instrumenta a través de los bancos sino de las operadoras de tarjeta de crédito. Los bancos intervienen en los gastos de los argentinos en el exterior y no en los de los extranjeros en la Argentina. Intervienen los bancos de las tarjetas del turista que pagan los consumos, a los que igual no se les altera nada.

¿En la medida intervienen todas las operadoras de tarjeta de crédito?

Las operadoras podrán vender los dólares en el mercado financiero. Tienen la obligación de ingresarlos y liquidarlos al dólar MEP. No es obligatorio.

¿Es para todos los turistas, de cualquier país?

Sí, para todas las personas que tengan una tarjeta del exterior y no residan en Argentina.

¿Cómo identifican que la tarjeta es de un extranjero?

Del mismo modo que ya se hace. Los chips y el ruteo de las tarjetas indica qué banco y en qué país fue emitida.

¿Qué pasa con los argentinos que tienen tarjetas emitidas en el exterior?

Si residen en el exterior y pagan con tarjetas del exterior, tienen el mismo beneficio.

¿Qué pasa con los argentinos con doble nacionalidad?

Si residen en el exterior y pagan con una tarjeta del exterior, adquieren el mismo beneficio.

¿Es solo para tarjetas de crédito o también de débito?

Es para crédito, débito y también para las prepagas.

¿La conversión la hace el negocio? ¿O el banco?

Al negocio no le cambia nada. El banco no interviene. La conversión la hace la adquirente de la tarjeta de crédito.

¿Esto va a afectar las reservas del BCRA? ¿El BCRA va a pagar la diferencia de precio?

El BCRA dejará de percibir el monto – mínimo- que las operadoras de tarjeta de crédito hasta ahora vendían en el MULC (aproximadamente US$ 30 millones mensuales). La ventaja es que los dólares que ingresen las operadoras de tarjetas de crédito para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores.

España aprobó la Ley de Nietos, que favorecerá a los argentinos que quieran obtener la ciudadanía. La también conocida como Ley de Memoria Democrática permitirá que los hijos y nietos de españoles puedan acceder al beneficio de forma directa y sin tener que vivir por un tiempo determinado en el país.

A partir de la reglamentación de la ley, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial, los argentinos o cualquier persona que acredite que su abuelo salió de España por razones políticas, ideológicas, raciales o de género, podrán comenzar el trámite de la ciudadanía y ser miembro de la comunidad europea.

El Senado aprobó este miércoles por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno. La ley ya había conseguido los votos en Diputados el pasado 14 de julio.

Más de cinco horas duró el debate entre los legisladores donde se buscaba aprobar la nueva ley que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero.

“Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española”, afirmó la socialista Eva Granados, encargada de cerrar la sesión.

Desde distintas entidades gubernamentales españolas anticiparon en medios locales que prevén una “gran cantidad de solicitudes” para la adquisición de la ciudadanía española, a raíz de que los postulantes contarán con un plazo de solo dos años para gestionarla.

La nueva normativa no marca un límite de edad para quienes la requieran y los interesados dispondrán de dos años para que se la puedan otorgar, con posibilidad de ampliación por un año. Para iniciar el trámite de la ciudadanía española habrá que esperar a que el Ministerio de Justicia dicte el procedimiento legal, es decir dónde presentar las solicitudes, quiénes tendrán a su cargo su resolución, cuáles serán los documentos requeridos y los recursos contra las denegaciones.

Además, será el Consulado General de España que informará puntualmente una vez que la ley entre en vigencia. La nueva Ley de Nietos tiene su origen en una normativa que anteriormente había abierto las puertas de la ciudadanía española a numerosos hijos y nietos de migrantes en 2007. La vigencia de esta ley se inició en octubre y concluyó cuatro años después, en 2011. En aquella primera etapa, unos 150.000 cubanos pudieron acceder a la nacionalidad y fue uno de los principales motivos por los que se comenzó a registrar un aumento de españoles viviendo en el extranjero.

La Ley de Nietos no abarcaría ningún límite de edad. Sin embargo, la normativa vigente tiene en cuenta sólo a hijos de padres españoles que cumplan los siguientes requisitos impuestos por el ministerio de exteriores español:

El Gobierno pondrá en marcha un esquema de tipo de cambio diferencial para los turistas extranjeros que les permitirá contar con una cotización del dólar más cercano al del mercado blue, que es en el que realizan habitualmente la venta.

Ese sistema podría implicar que la nueva cotización de referencia, el MEP o “Bolsa”, que es el que surje de la compraventa de bonos en pesos y dólares en el mercado financiero, tenga un valor más cercano al del dólar libre. Suelen ser dos mercados paralelos que se retroalimentan entre sí: la diferencia de precio entre ambos hace que quienes consiguen divisas con el valor más bajo busquen hacer “puré” con el más alto y ganar una diferencia.

Más allá de esa dinámica típica de un mercado con múltiples precios para un mismo bien por la existencia de restricciones y controles, lo cierto es que el Banco Central todavía no avanzó con los detalles técnicos que regirán el nuevo precio para el dólar turista, en este caso para turistas del exterior, aunque sí dio algunas precisiones en un comunicado reciente.

-Cómo funcionará: el esquema previsto, según se anunció oficialmente y dejaron saber fuentes oficiales, buscará en términos simples que las entidades bancarias y casas de cambio tengan una ventanilla para que los turistas del exterior puedan acudir con sus divisas en efectivo y cambiarlas a un tipo de cambio más conveniente que el dólar oficial, que hoy les paga 136 pesos por dólar.

-Qué le pedirán al turista: según informó el BCRA, las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y ”verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional”.

Esta salvaguarda tiene explicación en el hecho de que los bancos y demás entidades reguladas por el Banco Central siguen estrictas reglas de prevención de lavado de activos que les impide hacer una operación de esta naturaleza sin tener en consideración particularidades de cada cliente.

Por otra parte, especificó el BCRA, los bancos y casas de cambio deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares.

-Cuánto se podrá vender: según se prevé, actuará un límite de USD 5.000 por persona por mes, lo que a precio del dólar Bolsa de hoy representaría unos 1,6 millones de pesos. El sistema funcionará únicamente en efectivo, ya que si el extranjero quiere comprar con su tarjeta de crédito, la operación se realizará al tipo de cambio oficial de 136 pesos. Este punto trae interrogantes en materia de seguridad: un turista que lleve a cambiar 500 dólares, la décima parte del cupo permitido, se retiraría de la entidad con 161.000 pesos en efectivo.

Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente, mencionó el BCRA.

-Cómo se realizará la operación MEP: la cotización del dólar MEP o Bolsa servirá como referencia para llevar adelante el cambio entre la divisas y el peso, aunque no está contemplado en los anuncios realizados cómo se determinará en ese momento preciso el valor del MEP para esa operación.

En ese sentido lo único que explicó el BCRA es que “a los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento”.

Una vez que se lleve adelante la operación entre el turista y el banco o casa de cambio, esa entidad “deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 (dos) días hábiles de ser encomendada por el turista no residente”.

Esto implica que el banco terminará de completar la operación del MEP, que en este caso sería la compra de bonos en dólares para luego venderlos contra pesos, en un lapso de dos días hábiles, con los cambios de cotización de los bonos en cuestión que pueda haber en ese lapso.

El Gobierno nacional anunció este martes que desde el 19 de octubre no habrá más cupos para la cantidad de pasajeros que arriben al país por vía aérea, se informó oficialmente.

La medida fue informada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en su cuenta de Twitter, ratificando así lo dispuesto días pasados mediante una decisión administrativa.

“Alcanzado el umbral del 50% de población vacunada con el esquema completo y de acuerdo a la decisión administrativa número 951/2021, el día 19 de octubre del 2021 se levanta todo cupo en la cantidad de pasajeros/as que arriban al país por modo aéreo”, dijo la ANAC.

✈️ Nuevos anuncios sobre vuelos ✈️ pic.twitter.com/EXCxCzDuP0

— ANAC (@ANACargentina) October 5, 2021

La titular de la ANAC, Paola Tamburelli, sostuvo este martes que “siempre trabajamos para mantener vivo al sistema aeronáutico, con mejoras de infraestructura y asegurando a las autoridades sanitarias que el modo aéreo no es un vector de contagios”.

En tanto, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había anticipado cuando se anunció el plan de apertura progresiva de fronteras para el ingreso de residentes argentinos y turistas al país que esa medida “nos va a permitir llegar casi a la normalidad”.

El ministro señaló entonces que el avance en la apertura estaba “atado” a haber conseguido “un 50% de vacunación con doble dosis en la población” y destacó que los avances en esa materia fueron posibles al no haberse “quedado cruzados de brazos” y por la “articulación permanente” con los Ministerios de Salud y Turismo.

“Es importante destacar que el Gobierno estuvo trabajando aun en pandemia. Por ejemplo con el Aeroparque (Jorge Newbery), donde se hizo una inversión de 6 mil millones de pesos, que permite al turismo un desarrollo importantísimo, con un aeropuerto muchísimo mas operativo, con mayor capacidad”, detalló en esa ocasión.

Con una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó días pasados el plan de apertura progresivo y cuidado de fronteras para ingreso de turistas al país en etapas.

Por ello dispuso que entre el 1 y 3 de octubre habría 2.300 plazas diarias de ingreso; entre el 4 y el 10, 3 mil plazas por día; a partir del 11 de octubre y hasta los 14 días de alcanzar el 50% de la población con vacunación completa, 28.000 plazas semanales, y a los 14 días de alcanzar el 50% de la población con esquema de vacunación completo, se eliminan los cupos.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) recibió en ese momento “con satisfacción” la decisión del Gobierno de abrir gradualmente las fronteras y flexibilizar las restricciones en los vuelos. Lo dijo a través del vicepresidente Regional para las Américas de IATA, Peter Cerdá.

El ejecutivo sostuvo que “la decisión del Gobierno de Argentina de permitir gradualmente la reapertura del transporte aéreo en el país es una buena noticia en varios frentes. En primer lugar, restablece la libertad de viajar, que será especialmente bienvenida por aquellos que no pudieron volar durante los últimos 18 meses”.

Añadió en esa ocasión que “las aerolíneas ahora podrán planificar con mayor previsibilidad y recuperar la conectividad que se ha perdido durante este tiempo” y que “será un impulso para la reconstrucción de la economía argentina, especialmente a través de la contribución del turismo y los negocios internacionales”.