La Justicia argentina dio un nuevo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.

El planteo se inscribe en un expediente que se inició en 2024 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.

Según consta en el dictamen del fiscal la solicitud de extradición se fundamenta en que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, lo que habilita a avanzar con el procedimiento de extradición activa.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Maduro se encuentra imputado por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en el marco de una investigación que también involucra a otros integrantes de la cúpula del poder venezolano.

El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de ambos para prestar declaración indagatoria.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.

Desde el FADD sostuvieron que las acciones judiciales se dirigieron “contra Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad”, en referencia a denuncias vinculadas a persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.

El pedido de extradición presentado ahora por Stornelli retoma ese camino judicial y busca que el ex mandatario venezolano sea trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia local. El fiscal calificó la medida como “urgente”, al considerar que existe una orden de detención vigente y un llamado a indagatoria pendiente.

Uno de los aspectos centrales del planteo es la intervención que deberá tener la Cancillería argentina en caso de que el juez Sebastián Ramos haga lugar al pedido. De avanzar, se deberá enviar un exhorto diplomático a las autoridades estadounidenses para requerir formalmente la entrega de Maduro al país.

El procedimiento de extradición activa implica una serie de pasos formales y negociaciones diplomáticas, que incluyen la evaluación por parte del país requerido sobre la legalidad del pedido y las garantías procesales. En este caso, la situación adquiere una complejidad adicional por tratarse de un ex jefe de Estado y por el contexto internacional que rodea su detención.

En su dictamen, Stornelli recordó que la causa argentina ya cuenta con una orden de captura internacional vigente, lo que refuerza la necesidad de avanzar sin dilaciones. “Resulta imperioso iniciar el procedimiento de extradición a los fines de que el imputado sea sometido al presente proceso”, sostuvo el fiscal.

El juez Ramos deberá resolver ahora si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. En caso afirmativo, se pondrá en marcha un proceso que podría sentar un precedente relevante en materia de jurisdicción universal y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en tribunales argentinos.

La solicitud de extradición generó repercusiones inmediatas en el plano político y jurídico. Desde los sectores que impulsaron la denuncia original, interpretan el avance de la causa como un mensaje claro respecto del compromiso de la Justicia argentina con la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales.

Al mismo tiempo, especialistas en derecho internacional advierten que el proceso no estará exento de obstáculos, tanto por cuestiones diplomáticas como por eventuales planteos de inmunidad o competencia. Sin embargo, destacan que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales de distintos países bajo el principio de jurisdicción universal.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso en Comodoro Py, a la espera de la definición del juez Ramos. La decisión que adopte será clave para determinar si la Argentina avanza formalmente en el pedido de extradición de Nicolás Maduro y profundiza una causa que, desde su inicio, tuvo un fuerte impacto político regional.

Argentina volvió a reclamar la detención internacional del ministro iraní Ahmad Vahidi, señalado por la justicia local como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.

Vahidi, que es requerido por la Justicia argentina, es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días.

En ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención.

Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol.

Vahidi, de 65 años, fue comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y ministro de Defensa de su país entre 2009 y 2013.

Así llegaba la comitiva iraní a Sri Lanka, encabezada por el presidente Ebrahim Raisi:

En el arribo al aeropuerto internacional Mattala Rajapaksa de Sri Lanka, en el marco de una visita por cinco acuerdos y la construcción de la central hidroeléctrica Uma Oya, no se lo vio a Ahmad Vahidi.

Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina.

Si bien no es la primera vez que se pide una detención a Interpol por el caso AMIA, sí es la primera que ocurre durante el gobierno del presidente Javier Milei.

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Vahidi es señalado por la Justicia argentina como uno de los autores intelectuales del atentado, al haber supuestamente participado en una reunión en 1993 en la ciudad de Mahshad, donde se tomó la decisión de perpetrar el atentado en Buenos Aires.

"No se limitó a participar pasivamente del cónclave, sino que además cumplió un rol protagónico al proponer que nuestro país fuera el objetivo del ataque. Su sugerencia tuvo éxito ya que, efectivamente, dicha propuesta fue la que se sometió a examen del Comité de Asuntos Especiales", asegura el dictamen del fiscal fallecido Alberto Nisman en 2006.

Siguen activas las circulares rojas en Interpol con el objetivo de lograr la captura internacional -aún sin éxito- de los ciudadanos iraníes por el ataque a la AMIA.

Las fuerzas de seguridad de Argentina y Paraguay, a través de un trabajo conjunto lograron interceptar al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció a través de sus redes sociales el éxito de un operativo que resultó en la detención del líder y tres miembros destacados de esta organización, vinculada a una serie de ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico en la región.

El anuncio de Bullrich informó sobre las complicidades que presuntamente permitió a estos individuos encontrar refugio en territorio argentino, pese a su historial criminal. Según la funcionaria, el gobierno kirchnerista habría otorgado asilo a estos individuos. La funcionaria afirmó que iniciarán los procedimientos para la extradición de estos individuos, argumentando que no cumplen con las condiciones para ser considerados refugiados.

Retuvimos al líder y a 3 miembros del Ejercito del Pueblo Paraguayo, una organización guerrillera vinculada a ataques terroristas, secuestros, homicidios y al narcotráfico. El kirchnerismo les había dado asilo, por eso comenzará el proceso para su extradición, porque no cumplen… pic.twitter.com/xgldHGAqin

El trasfondo de esta operación revela una compleja trama de violencia y delincuencia que afectó tanto a Paraguay como a Argentina. Según las autoridades, los miembros del EPP detenidos habrían utilizado territorio argentino como base de operaciones y refugio, desde donde planearon y ejecutaron una serie de acciones criminales en suelo paraguayo. Además, se sugirió que reclutaron y entrenaron a jóvenes argentinos para integrar sus filas, ampliando así su influencia y capacidad de acción en la región.

La Ministra Bullrich destacó la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. El operativo en cuestión fue llevado a cabo de manera conjunta entre la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional de Paraguay, así como los respectivos Ministerios y Cancillerías de ambos países.

Esta cooperación transfronteriza fue fundamental para desarticular una célula peligrosa y llevar ante la justicia a sus líderes y miembros destacados.

Las implicaciones de este golpe contra el EPP son significativas tanto a nivel nacional como regional. En primer lugar, representa un claro mensaje de que Argentina está comprometida con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, así como con la cooperación internacional en materia de seguridad.

Además, la detención y eventual extradición de estos individuos podrían contribuir a debilitar la estructura y capacidad operativa del grupo guerrillero en Paraguay, lo que podría tener un impacto positivo en la estabilidad y seguridad de la región.

El escándalo del homenaje a Yaroslav Hunka, veterano de la Waffen - SS nazi durante la Segunda Guerra Mundial, sumó un nuevo episodio tras un pedido formal desde Polonia.

Hunka fue honrado en la Cámara de los Comunes de Canadá por haber combatido a favor de la liberación de Ucrania ante Rusia, con presencia física del mandatario ucraniano, Volidímir Zelensky, en el acto.

Este gesto provocó el esperado disgusto de diversas comunidades alrededor del mundo, principalmente en Polonia.

Luego de que el embajador polaco en Canadá, Witold Dzielski, solicitara una disculpa al gobierno de este país por haber homenajeado al soldado de 98 años, llegó un mensaje de mayor envergadura.

El ministro de Educación, Przemysław Czarnek, expresó: “En vista de los escandalosos acontecimientos ocurridos en el Parlamento canadiense, que implicaron honrar, en presencia del presidente Zelensky, a un miembro de la formación criminal nazi SS Galizien, he tomado medidas hacia la posible extradición de este hombre a Polonia”.

Czarnek también comentó que le solicitó al Instituto de Memoria Nacional que se defina “urgentemente si Yaroslav Hunka es buscado por crímenes contra el pueblo polaco o polacos de origen judío”.

El comunicado del Ministerio de Educación de Polonia.

El pedido formal llega tras los cuestionamientos de varias organizaciones hacia la Cámara de los Comunes de Canadá, incluso de su propio primer ministro, Justin Trudeau.

Anthony Rota, líder de la Cámara, se disculpó después de las quejas de la comunidad judía de Canadá. Declaró que la responsabilidad es únicamente suya y que se arrepiente de su decisión, diciendo que no conocía toda la información.

“Quiero presentar mis más sinceras disculpas a las comunidades judías de Canadá y de todo el mundo. Asumo toda la responsabilidad de mi acción”, declaró Anthony Rota, presidente de la Cámara.

Mientras tanto, el líder de la oposición conservadora en Canadá Pierre Poilievre dijo que el primer ministro Trudeau también tenía responsabilidad en el incidente, y le exigió que se disculpe.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Crédito: Blair Gable / Reuters

La oficina de Trudeau intentó desligarse y dijo en un comunicado que Rota se había disculpado y había aceptado toda la responsabilidad por invitar a Hunka y por el reconocimiento en el Parlamento.

A pesar de las idas y vueltas en la toma de responsabilidades, lo cierto es que Trudeau, Zelensky, oficialismo, oposición y todos los presentes, aplaudieron.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que su gobierno recibió un pedido del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para ser retornado a México, y señaló que ese análisis está en la esfera de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario informó que el pedido se presentó a la Embajada de México en Estados Unidos el 10 de enero, y que su administración lo va a estudiar, porque al margen de delitos por los que ha sido condenado Guzmán “siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos”.

El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, además de reconocer la existencia de la solicitud, señaló este martes: “Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia, entonces no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la Fiscalía”.

Según Refugio Rodríguez, uno de los abogados de Guzmán en México, el convicto exlíder del Cártel de Sinaloa le solicitó hacerle ese pedido a López Obrador por medio de la hermana del Chapo y de Mariel Colón, una de sus abogadas en Estados Unidos. Guzmán cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión en una cárcel federal de máxima seguridad en Florence, Colorado.

Guzmán fue extraditado durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El trámite lo realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Luis Videgaray. Rodríguez afirmó que la extradición de Guzmán a EE.UU. “fue con violación de derechos humanos” por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a dos pedidos de amparo para evitar su entrega no se ajustó a derecho.

Por tormentos en la cárcel: el “Chapo” Guzmán pide ayuda al presidente de México

El juez federal del Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan, sentenció a Guzmán Loera a cadena perpetua luego de que un jurado lo declarara culpable de ser líder del Cartel de Sinaloa, con 26 cargos relacionados con el narcotráfico y uno de conspiración para cometer asesinato.

El abogado Rodríguez dijo que el pedido de repatriación de Guzmán se basa en que el tratado de extradición con EE.UU. contempla algunas posibilidades para que “regrese a ser juzgado en México por los procesos penales federales que tiene pendientes” en su país, explica Rodríguez.

Este proceso, dijo, se puede solicitar mediante la llamada “entrega diferida” ante la Cancillería para que el detenido que tiene procesos penales en México sea devuelto para enfrentar a la justicia de su país.

Otro argumento de Rodríguez es la extradición de su cliente a Nueva York el 19 de enero de 2017 violó del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, al explicar que no se aplicó la cláusula de especialidad porque esta permite a un gobierno entregar a un reclamado a otro Estado, pero no a uno de los estados que conforman un país. Rodríguez se refiere al hecho de que Guzmán tenía pedidos de captura en los estados de California y Texas y terminó juzgado en el estado de Nueva York.

Para Jorge Lara, abogado internacionalista, penalista, y quien entre 2009 y 2011 fue subprocurador jurídico de la entonces Procuraduría General de la República, se trata de una circunstancia de interpretación: “Efectivamente, los instrumentos hablan de Estado. Asumimos también que Estado, en el lenguaje del derecho internacional, se refiere a países. Pero también es cierto que existe la extradición al interior de los Estados”, explica. Sin embargo, Lara Rivera, quien encabezó procesos relevantes de extradición durante su encomienda en la PGR, también considera que habría que revisar el expediente para verificar qué corte realizó e hizo efectiva la extradición en el caso de Joaquín Guzmán, aunque no descarta el argumento del abogado del Chapo.

“Podría darse esa posibilidad de que todo el proceso se hubiese planteado ante la autoridad mexicana para entregarlo a jurisdicciones distintas. Aquí también lo que hay que hacer valer es que es la autoridad federal de Estados Unidos la que tiene de inicio, la que solicitó. Entonces, también puede ser un tema de organización interna, aparte de los jueces dentro de Estados Unidos”, dice Jorge Lara.

Rodríguez también criticó la situación carcelaria que enfrenta Guzmán, al señalar que solo puede disfrutar de una televisión en la prisión, que es considerada la prisión de más alta seguridad de Estados Unidos.

“No ha vuelto a hablar con alguien en español fuera de su abogada, que lo visita de vez en cuando, con los internos de la prisión donde está no tiene ningún tacto. Está completamente aislado, segregado en una celda. Ocasionalmente lo sacan una vez por semana a un patio de dos metros y medio de grande, donde no pega el sol”, agregó sobre la situación en la llamada “Alcatraz de las Rocosas” de quien fue el líder del Cártel de Sinaloa.

En respuesta a una solicitud de CNN sobre la afirmación del abogado de Guzmán, el Buró de Prisiones de EE.UU. señaló que no tienen nada que decir porque no es ámbito de su competencia y que no comentarían sobre alegatos anecdóticos. El Buró, que tiene jurisdicción sobre las cárceles federales, también dijo que por razones de seguridad y privacidad no daría información sobre las condiciones de confinamiento de ningún recluso, pero aseguró que el BOP, por sus siglas en inglés, está comprometido a garantizar la seguridad de todos los internos, su personal y el público.

“El tratamiento humano de hombres y mujeres bajo su custodia es una prioridad y que señalamientos de malas conductas se investigan a cabalidad y se toman acciones en consecuencia si se demuestran que son ciertas”, respondió el Buró de Prisiones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció este miércoles a los narcotraficantes suspender su extradición a Estados Unidos y otorgarles “beneficios jurídicos” a cambio de que se rindan y abandonen su actividad. 

“Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano (…) no se extradita”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la que ambos mandatarios abordaron, entre otras cuestiones, las gestiones para abrir procesos de paz interna en Colombia. 

Por el contrario, si no se rinden serán enviados a Estados Unidos, agregó Petro, quien asumió el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda de su país. 

“Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos”, advirtió el mandatario, citado por la agencia AFP. 

Petro ofreció “beneficios jurídicos” al Clan del Golfo, el poderoso brazo armado del narcotráfico, sin especificar si esas concesiones incluyen penas alternativas a la cárcel, como las pactadas con los guerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016. 

Según Petro, dialogará con Washington para que se haga efectivo su compromiso de no extradición a los delincuentes que se sometan al Estado. 

El presidente está enfocado en extinguir el último conflicto interno del continente mediante negociaciones con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC, que se desmovilizó para reconvertirse en un partido político. 

Petro propone que narcotraficantes que negocien con el Estado no sean extraditados.https://t.co/vkbHuLlgJg pic.twitter.com/Zxj5VyGA7W

— El Espectador (@elespectador) August 24, 2022

En el marco de su política de “paz total”, el gobernante también denunció el “fracaso” de la lucha antidrogas y planteado un nuevo enfoque centrado en la disuasión del consumo en los países desarrollados. 

Al cabo de cuatro décadas de persecución del narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. 

Durante la conferencia de prensa, Petro aseguró haber recibido “cartas” del Clan del Golfo y otras agrupaciones en armas “pidiendo paz” y una “salida diferente” al conflicto. 

“Hasta ahora tenemos cartas, hay que pasar indudablemente a acciones; esas acciones deberían ya significar que si se quiere la paz pues se deje de matar, se deje de tener conflicto entre ellos mismos”, subrayó. 

Las autoridades de la ciudad dijeron que el apagón masivo se debió a una interrupción del suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporiyia como consecuencia de un ataque ucraniano que provocó un incendio y un cortocircuito en las líneas eléctricas.