En una audiencia de imputación realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, a instancias del fiscal Damián Casullo, el juez Mauricio Clavero dispuso la prisión preventiva para María Eugenia O. y Alberto Juan Q., quienes fueron acusados de integrar un plan conjunto para extorsionar, hostigar y amenazar a un vecino de esta ciudad.

La investigación, encabezada por Cassullo, se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató haber sido extorsionado a través de mensajes y llamadas que comenzaron el 18 de noviembre. El caso derivó en una compleja causa con múltiples hechos y una intervención judicial que permitió detener a los sospechosos y secuestrar elementos clave.

Contacto virtual, amenazas reales

Según la acusación, María Eugenia O. se contactó con la víctima a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía “drogas y sexo”. Luego de mantener conversaciones de contenido íntimo, la mujer utilizó ese material para iniciar una serie de amenazas, exigiéndole dinero bajo la advertencia de difundir las imágenes y contactar a su pareja.

La víctima transfirió dos pagos de $300.000 el 18 y 19 de noviembre, y una suma adicional de $50.000 el 29, totalizando $650.000. Los fondos fueron enviados a una cuenta bancaria a nombre de Alberto Juan Q., quien —según la Fiscalía— estaba al tanto de la maniobra y facilitó su cuenta para recibir y redistribuir el dinero.

Hostigamiento y presencia intimidante

El hostigamiento no se limitó a lo digital. El 23 de noviembre, la mujer se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta marca Honda, propiedad de su cómplice, con el objetivo de amedrentar. También se registraron llamadas intimidantes desde líneas telefónicas registradas a nombre de ambos imputados.

La situación alcanzó su punto culminante el 1° de diciembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) coordinó una entrega controlada con dinero marcado. Alberto Juan Q. fue arrestado en inmediaciones de Brown e Italia, luego de recibir un sobre con $20.000, que llevaba consigo al momento de su detención.

Ese mismo día se realizó un allanamiento en el domicilio de María Eugenia, donde se secuestraron varios teléfonos celulares, tarjetas SIM y un CPU. También se incorporaron escuchas telefónicas que confirmaron la convivencia entre los imputados y su participación en los hechos.

Más causas en su contra

Durante la audiencia se ventiló que María Eugenia O. enfrenta otras causas en trámite. El 3 de octubre fue detenida junto a otro individuo cuando fue encontrada con una bicicleta denunciada como robada. El vehículo estaba desarmado y su tenencia derivó en una imputación por encubrimiento.

Asimismo, fue acusada de amenazas coactivas contra una mujer a la que le había alquilado una vivienda. La denunciante aportó audios de WhatsApp con mensajes intimidantes, entre ellos: “Te voy a matar si no me traes el dinero antes de las diez de la noche” y “te voy a prender fuego a vos y a tus hijos”. También hizo alusión a supuestos vínculos con narcotraficantes.

Estas amenazas obligaron a la víctima a abandonar la vivienda por miedo a represalias.

Calificación legal

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Cassullo, los imputados enfrentan los siguientes cargos:

Ambos fueron imputados en concurso real de delitos y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

Tecnología y delito

El caso visibiliza una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de redes sociales y medios digitales para extorsionar, manipular o amenazar a las víctimas, amparados en el anonimato y la dificultad de rastreo.

En esta oportunidad, la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió actuar con rapidez, contener a la víctima y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención.

La víctima declaró que su mayor temor era que pudieran dañar a su familia, y agradeció el accionar que permitió poner fin al hostigamiento.

Dos comerciantes venadenses fueron amenazados por supuestos integrantes de la banda narcocriminal “Los Monos” quienes les exigieron una suma determinada de dinero para evitar sufrir consecuencias en sus locales de venta al público.

Los damnificados realizaron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y uno de ellos admitió haber transferido una suma que ronda los 50.000 pesos.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Damián Casullo, quien ya ordenó una serie de medidas a tomar, entre ellas requisas en dos centros de detención de la provincia, con la sospecha de que las llamadas intimidatorias fueron realizadas por presos. 

“Lamentablemente hubo un recrudecimiento de este tipo de casos en toda la provincia. Tuvimos denuncias de comerciantes de Venado Tuerto que fueron contactados por supuestos integrantes de una organización delictiva rosarina. Y les exigen dinero a cambio de no sufrir algún perjuicio frente a su comercio”, detalló Damián Casullo.

La particularidad es que los delincuentes ofrecen dos oportunidades: un pago único o un plan de cuotas. 

En consecuencia “hemos tomado cartas en el asunto y allanamos la Unidad 12 y la 16 en la ciudad de Rosario, con resultados positivos y con secuestros de teléfonos. En todos los casos, hablamos de personas privadas de su libertad”, precisó el fiscal.

Desde el MPA confirmaron que uno de los vecinos abonó una cifra aproximada a los 50.000 pesos. 

Por el momento no hay imputados ya que los investigadores están analizando los dispositivos incautados en los pabellones. 

Personal de AIC realizó este martes allanamientos en viviendas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez y requisaron el penal de Piñero, por una causa que se investigaba, que permitió detectar una organización que se dedicaba a realizar extorsiones telefónicas, amenazas y balaceras a viviendas.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial realizó ayer una quincena de allanamientos por una causa de abuso de armas y extorsión en el Barrio Villanueva de Rosario, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y en las Unidades Carcelarias Numero 5 y Numero 11 de Piñero.

La investigación nace tras un hecho de extorsión ocurrido 20 de mayo pasado donde resultó víctima un hombre de iniciales G.C.

Así se detectó una red que cometería abusos de armas y extorsión realizadas a través de carteles con frases amenazantes y llamadas telefónicas, que se originaban desde la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero a través de sus principales cabecillas, ya detenidos, Pablo Nicolás Camino, Brian Maximiliano Méndez, ambos compartiendo el Pabellón 7 del mencionado Servicio Penitenciario; Manuel Elías Martínez y también desde la Unidad Penitenciaria N° 5 la llamada Érica Nerina Mansilla.

La investigación determinó que otros integrantes cumplirían las órdenes por fuera de la cárcel, baleando diferentes domicilios y comercios y recolectando las cobranzas de las extorsiones cometidas. Por lo que también fueron demorados diferentes personas a raíz del procedimiento.

Como resultado de los allanamientos secuestraron gran cantidad de dinero en efectivo (cerca de 1 millón 200 mil pesos) y 5.500 dólares estadounidenses; aparatos de telefonía celular (24 teléfonos celulares), elementos informáticos (6 discos rígidos y 2 notebook), material estupefaciente: un frasco con marihuana en su interior, además de documentación de interés para la causa.

Con respecto a los demorados, se trasladó a sede de AIC Región II Rosario a tres hombres: M.E.M; J.F.E. por Infracción a la Ley 23.737; y E.P.M.

Durante la requisa en la Unidad Penitenciaria N° 5, Pabellón N° 3 en la que se encuentra alojada la interna Érica Nerina Mansilla, la AIC encontró dos tarjetas SIM para celular, ocultas en lavandina y en un ventilador.

Interviene en la causa la Agencia de Delitos Complejos y del Crimen Organizado; Fiscal Dr. Matías Edery y Fiscal Dr. Luis Schiappa Pietra.