En una audiencia de imputación realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto, a instancias del fiscal Damián Casullo, el juez Mauricio Clavero dispuso la prisión preventiva para María Eugenia O. y Alberto Juan Q., quienes fueron acusados de integrar un plan conjunto para extorsionar, hostigar y amenazar a un vecino de esta ciudad.

La investigación, encabezada por Cassullo, se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató haber sido extorsionado a través de mensajes y llamadas que comenzaron el 18 de noviembre. El caso derivó en una compleja causa con múltiples hechos y una intervención judicial que permitió detener a los sospechosos y secuestrar elementos clave.

Contacto virtual, amenazas reales

Según la acusación, María Eugenia O. se contactó con la víctima a través de la aplicación Telegram, donde ofrecía “drogas y sexo”. Luego de mantener conversaciones de contenido íntimo, la mujer utilizó ese material para iniciar una serie de amenazas, exigiéndole dinero bajo la advertencia de difundir las imágenes y contactar a su pareja.

La víctima transfirió dos pagos de $300.000 el 18 y 19 de noviembre, y una suma adicional de $50.000 el 29, totalizando $650.000. Los fondos fueron enviados a una cuenta bancaria a nombre de Alberto Juan Q., quien —según la Fiscalía— estaba al tanto de la maniobra y facilitó su cuenta para recibir y redistribuir el dinero.

Hostigamiento y presencia intimidante

El hostigamiento no se limitó a lo digital. El 23 de noviembre, la mujer se presentó en el domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta marca Honda, propiedad de su cómplice, con el objetivo de amedrentar. También se registraron llamadas intimidantes desde líneas telefónicas registradas a nombre de ambos imputados.

La situación alcanzó su punto culminante el 1° de diciembre, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) coordinó una entrega controlada con dinero marcado. Alberto Juan Q. fue arrestado en inmediaciones de Brown e Italia, luego de recibir un sobre con $20.000, que llevaba consigo al momento de su detención.

Ese mismo día se realizó un allanamiento en el domicilio de María Eugenia, donde se secuestraron varios teléfonos celulares, tarjetas SIM y un CPU. También se incorporaron escuchas telefónicas que confirmaron la convivencia entre los imputados y su participación en los hechos.

Más causas en su contra

Durante la audiencia se ventiló que María Eugenia O. enfrenta otras causas en trámite. El 3 de octubre fue detenida junto a otro individuo cuando fue encontrada con una bicicleta denunciada como robada. El vehículo estaba desarmado y su tenencia derivó en una imputación por encubrimiento.

Asimismo, fue acusada de amenazas coactivas contra una mujer a la que le había alquilado una vivienda. La denunciante aportó audios de WhatsApp con mensajes intimidantes, entre ellos: “Te voy a matar si no me traes el dinero antes de las diez de la noche” y “te voy a prender fuego a vos y a tus hijos”. También hizo alusión a supuestos vínculos con narcotraficantes.

Estas amenazas obligaron a la víctima a abandonar la vivienda por miedo a represalias.

Calificación legal

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal Cassullo, los imputados enfrentan los siguientes cargos:

Ambos fueron imputados en concurso real de delitos y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

Tecnología y delito

El caso visibiliza una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de redes sociales y medios digitales para extorsionar, manipular o amenazar a las víctimas, amparados en el anonimato y la dificultad de rastreo.

En esta oportunidad, la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones permitió actuar con rapidez, contener a la víctima y reunir pruebas suficientes para proceder a la detención.

La víctima declaró que su mayor temor era que pudieran dañar a su familia, y agradeció el accionar que permitió poner fin al hostigamiento.

Un vecino de Venado Tuerto cayó en una trampa virtual tras ingresar a una página de servicios sexuales. Lo que parecía un contacto con una supuesta mujer terminó en una peligrosa extorsión por parte de tres presos alojados en el penal de González Catán, provincia de Buenos Aires. Desde sus celdas, los delincuentes no solo amenazaron al hombre, sino que también intimidaron a su hija con mensajes violentos.

La investigación, liderada por el fiscal Damián Casullo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió imputar a uno de los detenidos, mientras que otro fue identificado y será formalmente acusado en los próximos días. El tercero aún no fue localizado, aunque se presume que también está preso en la misma unidad penitenciaria.

Cómo operaban los extorsionadores

El hecho se remonta al domingo 28 de septiembre de 2025. Ese día, desde el penal de González Catán, los internos accedieron al sitio web SimpleEscorts, que ofrece contactos de mujeres para encuentros sexuales. A través de esa plataforma, lograron obtener el número telefónico de un hombre de Venado Tuerto, quien había navegado por la página.

Usando una línea de WhatsApp (11-26201083), comenzaron a enviarle mensajes de texto y audios con amenazas. Se hacían pasar por proxenetas y jefes de una organización delictiva ligada a la web de escorts, asegurando que él debía abonar una “multa” por haber contactado a las supuestas mujeres y no haber concretado el encuentro sexual.

Las amenazas escalaron rápidamente. Le informaron al hombre que sabían datos personales suyos, incluidos los de su hija y su nieto. Incluso le aseguraron que, si no resolvía la situación “por las buenas”, actuarían “por las malas”.

Amenazas a la hija y mensajes con armas

El mismo día, a las 09:45, la hija de la víctima también comenzó a recibir mensajes extorsivos. Le enviaron por WhatsApp un video de un arma de fuego y le exigieron una suma de dinero para no concretar represalias.

Los reclusos —identificados como Lucas Patricio S. J., de 34 años, y Pablo R. B., además de un tercer cómplice aún no individualizado— continuaron con los mensajes intimidatorios en los días siguientes.

En una de las comunicaciones más alarmantes, los extorsionadores le dijeron al hombre:

“No querés que se involucre tu familia. Si no pagás, traigo a tu hija a laburar de puta hasta que me completes la multa”.

La causa judicial y la imputación

El hecho fue investigado por el fiscal Damián Casullo, quien formalizó la imputación contra Lucas Patricio S. J., en una audiencia desarrollada en la jornada del jueves en Venado Tuerto. El acusado, representado por la defensora pública Melisa Andreatta, fue notificado de los cargos en su contra y accedió a declarar ante el MPA.

La calificación legal provisoria es extorsión en calidad de coautor, aunque no se descartan otras imputaciones conforme avance la investigación.

Un hombre que se encontraba detenido en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires fue condenado a tres años de prisión efectiva por haber extorsionado a un vecino de la localidad de María Teresa. La maniobra fue llevada a cabo mediante engaños en redes sociales, a través de un perfil falso desde el cual obtuvo material íntimo de la víctima y luego le exigió dinero a cambio de no denunciarlo.

La investigación del caso la llevó adelante el fiscal Damián Casullo. La sentencia recayó sobre Genestal Jalil Dante Gabriel, de 38 años, quien aceptó su responsabilidad penal en el marco de un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía. El fallo reconoce su autoría en el delito de extorsión sexual y determina el cumplimiento de la pena de forma efectiva.

Un perfil falso y una amenaza

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2023. Según consta en el expediente, Jalil creó un usuario falso de Facebook con el nombre “Milagros Gómez” y desde allí se contactó con la víctima, identificada como Andrés, oriundo de María Teresa, en el sur santafesino.

Tras establecer contacto e intercambiar mensajes y fotografías de carácter íntimo, el imputado lo llamó desde el número +54 9 11 6576 3552, haciéndose pasar por un supuesto comisario de Buenos Aires. Le dijo que la joven ficticia y su familia lo estaban denunciando por acoso, y que el abogado de la parte denunciante exigía $2.000.000 para no radicar la denuncia.

La víctima, presa del miedo, realizó una transferencia de $150.000 a un CBU a nombre de Dora Delicia Miranda, y envió el comprobante por WhatsApp. Sin embargo, la extorsión continuó: le exigieron que sacara un préstamo bancario para completar el supuesto pago de la “denuncia archivada”.

Fue en ese momento que Andrés decidió acudir a la policía y radicar la denuncia formal.

Allanamiento en prisión

A raíz de la investigación, el 27 de abril de 2023 se llevó a cabo un allanamiento en el Complejo Penitenciario N°46 de José León Suárez, en el partido de San Martín. Jalil se encontraba alojado en el pabellón 4, celda 5, desde donde ejecutó la maniobra delictiva.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares (uno marca Motorola y otro Huawei), cargadores adaptados para uso permanente, una hoja con anotaciones y un acta donde constaban los datos de la línea telefónica utilizada por el interno.

Condena firme

El proceso judicial culminó recientemente con un acuerdo de procedimiento abreviado, mediante el cual Genestal Jalil reconoció los hechos y aceptó la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, decisión que fue avalada por su defensora técnica y homologada por la Justicia.

El condenado, oriundo del partido de Tigre (Buenos Aires), con instrucción primaria completa y oficio de albañil, ya se encontraba cumpliendo una pena por otra causa al momento del nuevo hecho.

Dos venadenses denunciaron en los últimos días haber sido víctimas de una extorsión sexual mediante la red social Facebook, tras un intercambio de fotos con una supuesta mujer con la que se escribían. Producto del temor, uno de ellos terminó transfiriendo la suma de 40.000 pesos.

Los hechos son investigados por el fiscal Damián Casullo, y todo se encamina a que la maniobra fue llevada a cabo por presidiarios alojados en el penal de Coronda.

Extorsión básica

Los mecanismos utilizados por los malvivientes suelen ser similares a la hora de buscar hacerse de dinero. Generalmente, mediante la creación de un perfil falso en Facebook, comienzan a entablar conversaciones con sus probables víctimas. Una vez que se genera un vínculo de confianza, las partes intercambian números telefónicos y la charla continúa vía WhatsApp. El paso siguiente consiste en llevar la conversación a otro nivel, y es el momento donde la “mujer” sugiere pasarse entre ambos fotos íntimas. Es ahí cuando empieza a consumarse el chantaje.

A los pocos minutos el hombre recibe una llamada telefónica en donde, seriamente, le informan que será denunciado por intercambiar fotografías con una menor de edad. Y que para evitar que el caso avance judicialmente tendrá que depositar una cantidad determinada de dinero.

Fue así que en los últimos días un venadense cayó en la trampa y terminó transfiriendo 40.000 pesos. Y ante la insistencia de los ciberdelincuentes de acceder a una cifra mayor, terminó radicando la correspondiente denuncia. 

Investigación 

Tras las dos denuncias, el fiscal Damián Casullo abrió una investigación que desembocó en un allanamiento en la cárcel de Coronda, arrojando resultado positivo para el secuestro de un dispositivo móvil. Por esas horas, desde el Ministerio Público de la Acusación están analizando en detalle la línea telefónica con el objetivo de hacerse de información para posteriormente proceder a imputar a los sospechosos. 

Un joven de 33 años oriundo de Villa Cañás fue víctima de una estafa bajo la modalidad de extorsión sexual y les transfirió a delincuentes 200.000 pesos. El hecho fue denunciado en la jornada del martes en sede de la Comisaría 6°, y por el momento no surgieron novedades en relación al caso.

La metodología utilizada se hizo muy conocida en los últimos años, aunque se potenció en la pandemia. Todo comenzó el 5 de julio en la red social Facebook, cuando el damnificado (Alejandro) conoció a una joven de nombre Macarena R., con quien comenzaron a chatear, para posteriormente seguir intercambiando mensajes vía WhatsApp. La conversación fue avanzando en confianza y decidieron dar un paso: intercambiar fotos y videos íntimos “subidos de tono”.

El 8 de julio el joven recibió un llamado telefónico de un número con característica 223 (zona de Mar de Plata) donde una persona se identificó como Alejandro Darío Torres, comisario de la DDI, asegurándole que se encontraba con los familiares de una menor de edad con la que él estuvo chateando. Paso seguido, le expresó que para evitar problemas judiciales debía realizar una transferencia por Mercado Pago de 50.000 pesos, y de esa manera evitarían que se radique la denuncia. La víctima accedió al pedido, pero la extorsión continuó y depositó 150.000 pesos más a una cuenta a nombre de Rubén Alejandro L.

Posteriormente recibió una nueva llamada telefónica de un sujeto que se hizo pasar por el fiscal Blanco de la Unidad Fiscal N° 1 de Mar del Plata, quien repitió el mecanismo con el objetivo de hacerse de dinero. Pero en esta oportunidad el damnificado decidió bloquear los números y radicar formalmente la denuncia.

En sede policial aclaró que borró las conversaciones sostenidas con la supuesta chica, aunque presentó captura de pantalla de las transferencias realizadas. 

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, quien por el momento caratuló el caso como “estafa y extorsión”.

Gastón Ariel González Guzmán, de 36 años, fue condenado a 10 años de prisión por haber intentado extorsionar a otro hombre. Al momento de los hechos, el atacante estaba detenido en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad ubicado en la localidad bonaerense de Sierra Chica.

La investigación fue realizada por el fiscal de la Unidad Fiscal Venado Tuerto, Damián Casullo, quien informó que el monto de la pena impuesta a González Guzmán resultó de la unificación con un antecedente penal condenatorio que cumplía cuando cometió el ilícito. Según explicó el fiscal, “dadas las características del caso que investigamos, el hombre de 36 años llevó a cabo el delito conocido como ‘sextorsión’ o extorsión sexual”.

Fotografías

El funcionario del MPA indicó que “a fines de enero de este año, el condenado contactó a la víctima a través de un perfil falso de la red social Facebook”. Afirmó que “simuló ser una joven y le pidió al hombre engañado que le envíe fotografías de contenido íntimo”, y agregó que “tras obtener las imágenes, le dijo que era menor de edad”.

“El condenado luego se comunicó con la víctima por mensajes de texto y audio en los que se hizo pasar por dos jueces, para lo cual se identificó con nombres ficticios”, precisó Casullo. “Desde dos números de teléfono celular con característica 011, le solicitó 50.000 pesos para evitar que se hiciera una denuncia en su contra y se divulgaran las fotos que le había enviado a la supuesta adolescente”, relató.

Investigación

“Dos días después del último intercambio telefónico, la víctima denunció lo ocurrido”, valoró el fiscal.

En relación a la investigación, destacó que “gran parte de las evidencias recolectadas fueron provistas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO)”. Se trata del órgano del estado encargado de ejecutar las interceptaciones y captaciones de comunicaciones ordenadas por autoridades judiciales y fiscales de todo el país.

Juicio

González Guzmán reconoció su responsabilidad penal como autor de una tentativa de extorsión. La pena a 10 años de prisión fue impuesta por el juez Benjamín Revori, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se desarrolló en los tribunales de Venado Tuerto.

La Defensa aceptó la calificación penal del hecho ilícito, la pena impuesta y la modalidad escogida para llevar adelante el juicio. A su vez, la víctima fue notificada sobre lo resuelto y manifestó su conformidad.

Fiscal Damián Casullo

Desde la Fiscalía de Venado Tuerto desactivaron una organización que realizaba extorsiones sexuales a distintas personas desde el Penal de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los acusados, que actualmente cumple una condena de 10 años de prisión, es quien desde su celda amenazó a un hombre de Venado Tuerto que publicaría fotos íntimas si no pagaba una cifra que rondaba los 50 mil pesos.

La víctima radicó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, no abonó el dinero en cuestión, y fue el fiscal Damián Casullo quien llevó adelante la exitosa investigación.

Por las redes sociales

Según las autoridades del Poder Judicial, todo comienza con un envío de solicitud de amistad, vía Facebook, por parte de una señorita joven y atractiva. Una vez que el hombre acepta, comienzan a chatear periódicamente, con una charla que va ganando en confianza. Posteriormente las partes se pasan los teléfonos y siguen la comunicación vía whatsapp.

Es ahí cuando la supuesta mujer sugiere realizar un intercambio de fotos “subido de tono” y comienza a enviar imágenes solicitando reciprocidad. En ese momento, el hombre procede de la misma manera, enviando material íntimo.

Al día siguiente, este último recibe una llamada telefónica por parte de un sujeto que dice ser abogado, o juez, dando inicio a la extorsión.

Lo amenazan con denunciarlo, asegurando que tienen capturas de pantalla de la conversación “hot” con una menor de edad. O, en su defecto, le dicen que para evitar que se filtren las fotografías en las redes sociales debe abonar 50 mil pesos en efectivo.

Accionar de Fiscalía

“En el mes de febrero un vecino de Venado Tuerto denunció un hecho de extorsión en grado de tentativa. Llevamos adelante distintas medidas en pos de determinar la responsabilidad penal de algunos de los participantes. Y pudimos llegar a la conclusión y obtener evidencias para acusar a esta persona que está detenida en un penal en la provincia de Buenos Aires”, explicó Damián Casullo.

Como viene ocurriendo últimamente, usando la celda de oficina, munidos de un teléfono celular, “llevan adelante todo tipo de delitos, en este caso una extorsión. Crean un perfil falso en Facebook con la foto de una mujer joven, cuando en realidad son estos hombres los que están del otro lado”, añadió.

Luego del intercambio de fotografías de índole privada, esta presunta mujer corta intempestivamente la comunicación. Y al día siguiente la víctima recibe un llamado por parte de un supuesto abogado o juez, que le reporta el abuso contra una menor de edad. “Y le exigen una suma de dinero para no revelar el caso ni publicar la foto”, siguió contando Casullo.

El vecino de Venado decidió no pagar esa cifra y radicar la denuncia correspondiente.

Desde Sierra Chica

El acusado es un sujeto de 30 años que está detenido desde el 2018, con una sentencia a 10 años de prisión por distintos hechos de robo calificado. Se llama Gastón G.G., es oriundo de San Justo y fue condenado por el Juzgado 2° de la Matanza de Ejecución Penal.

En la jornada de este lunes se llevará adelante la audiencia imputativa y cautelar vía Zoom, en donde se lo acusará de extorsión en grado de tentativa.

“A través de intervenciones telefónicas y disparos de antena, pudimos dar con el autor de la extorsión, aunque hay dos más que serían los compinches de este sujeto que está detenido. Con lo cual vamos a continuar con la investigación para recolectar más pruebas y poder juzgar a los tres”, expresó el fiscal.

Desde el punto de vista legal, “al estar detenido el acusado, lo primero que se hace es comunicar al Juzgado de Ejecución -que tiene a cargo la condena de este hombre- todos los detalles de la investigación y de los hechos por los que se lo acusa. Y si hacen lugar a la prisión preventiva que voy a pedir, el preso quedará a disposición conjunta entre ambos tribunales”, finalizó Damián Casullo.

La audiencia estaba prevista para la jornada del viernes, pero por problemas de espacio en Sierra Chica (donde están alojados 1.200 presos), se pospuso para comienzos de esta semana.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR 24 DEL LUNES 11 DE ABRIL.