El presidente Javier Milei brindará este viernes a las 19 un mensaje por cadena nacional, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos que resultó favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.

Desde el Gobierno confirmaron que la alocución se emitirá en ese horario, minutos antes del partido amistoso de la Selección argentina, y se espera que el mandatario haga referencia directa a la decisión judicial conocida este mismo viernes.

La resolución de la Justicia estadounidense revocó la condena que obligaba al Estado argentino a pagar cerca de 18.000 millones de dólares, en el marco del litigio iniciado por la expropiación de la petrolera.

El fallo ordena revisar la sentencia previa, lo que representa un giro clave en uno de los juicios internacionales más importantes para el país en los últimos años.

Tras conocerse la decisión, Milei celebró públicamente el resultado y lo calificó como un hecho histórico. En declaraciones realizadas durante una actividad oficial, sostuvo: “Es el mayor logro jurídico de la historia. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina”.

Además, el mandatario vinculó el origen del conflicto con decisiones tomadas durante la expropiación de la empresa, en una crítica directa a la gestión anterior.

El discurso por cadena nacional genera expectativa sobre los anuncios o definiciones que pueda realizar el Presidente, tanto en relación al impacto económico del fallo como a la estrategia futura del Gobierno en materia energética y judicial.

La intervención se producirá en un contexto donde el Ejecutivo busca capitalizar el resultado como un respaldo en el plano internacional y una señal positiva para la economía argentina.

La Justicia de Estados Unidos le dio este martes una señal favorable a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió frenar el avance del discovery post sentencia y de actuaciones asociadas a esa etapa, mientras analiza la apelación principal presentada por el Estado nacional.

La medida implica que, por ahora, no seguirán adelante pedidos de producción de documentos, sanciones vinculadas a ese proceso ni la audiencia probatoria que estaba prevista para abril. El alcance de la decisión no cierra la causa, pero sí congela un tramo sensible del expediente mientras se espera una definición sobre la cuestión de fondo.

La Cámara del Segundo Circuito suspendió el avance del discovery en la causa YPF. Foto: Reuters

El planteo argentino había sido impulsado por la Procuración del Tesoro en los primeros días de Sebastián Amerio al frente del organismo. La presentación pidió suspender el discovery por considerarlo intrusivo y desproporcionado, en una fase en la que los demandantes buscaban avanzar sobre documentación y dispositivos vinculados al cumplimiento de la sentencia.

En esa estrategia, el Gobierno sumó además un respaldo importante: el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó formalmente el pedido argentino para pausar esa etapa del expediente. Ese acompañamiento fue presentado ante la Cámara de Apelaciones como parte de la discusión sobre la conveniencia de frenar el proceso mientras sigue abierta la revisión del fallo principal.

La decisión de la Cámara no equivale a una anulación de la sentencia contra la Argentina ni a un cierre del juicio. Lo que quedó en pausa es el avance de la etapa de discovery post sentencia y de medidas ligadas a esa instancia, en un expediente donde los beneficiarios del fallo vienen intentando obtener información sobre activos y bienes argentinos para avanzar en la ejecución.

Ese punto es importante porque evita, al menos por ahora, nuevas audiencias y pedidos de documentación en un momento procesal delicado. La apelación sobre el fondo sigue abierta ante el mismo tribunal, que deberá decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia contra el Estado argentino.

El litigio se originó por la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia por USD 16.100 millones a favor de Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. La Argentina sostiene que la jurisdicción estadounidense no corresponde y que el caso debería regirse por la legislación local.

En paralelo, el expediente tiene otras derivaciones abiertas, entre ellas discusiones sobre la entrega de acciones de YPF y medidas de ejecución en distintas jurisdicciones. Por eso, el freno dispuesto ahora por la Cámara aparece como una pausa relevante dentro de un caso que sigue teniendo enorme peso político, jurídico y financiero para el país.

La decisión judicial fue leída en el mercado y entre los analistas como un alivio parcial para la posición argentina. El foco pasa ahora a la apelación de fondo, cuya audiencia ya se realizó meses atrás y todavía espera resolución. No hay un plazo formal para ese fallo, pero el movimiento del tribunal vuelve a poner el expediente bajo atención.

Para el Gobierno, el objetivo inmediato era frenar un proceso que podía abrir nuevas vías de presión en la ejecución. Esa meta quedó provisoriamente cumplida con la suspensión del discovery y de actuaciones vinculadas, aunque el litigio por la expropiación de YPF sigue lejos de cerrarse.

La Cámara de Diputados de Santa Fe llevó adelante la 5° sesión extraordinaria y le dio sanción definitiva al proyecto de ley de la Casa Histórica Cayetano Silva.

El proyecto original es del exsenador Lisandro Enrico y ya contaba con media sanción de la Cámara alta. Una iniciativa que también contó con mucho respaldo por parte del intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella. Este jueves, impulsado por la diputada Sofía Galnares, el proyecto fue aprobado por la Cámara baja.

La normativa declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la 1/6 porción indivisa del inmueble y de esta manera se concluye con un proceso judicial de años de trabajo y esfuerzos de autoridades municipales y provinciales, y se establece que el lugar seguirá como sede de "Casa Histórica Cayetano Silva", Museo Regional, Archivo Histórico y sede de la banda Municipal Cayetano Silva; un lugar de interés público, histórico y cultural.

Galnares consideró importante destacar: “Es un proyecto de suma importancia, que para nuestra historia y nuestra cultura. Cayetano Silva fue un maestro, músico y compositor uruguayo nacionalizado argentino, y fue el creador de ‘la marcha de San Lorenzo’, que es considerada el segundo Himno Nacional Argentino y es la marcha oficial del Ejército”.

En 1901, en esa casa histórica de calle Maipú, en Venado Tuerto, Cayetano Silva compuso la marcha que dedicó al coronel Pablo Riccheri, quien agradeció el homenaje, pero le solicitó a Silva cambiar el nombre, y finalmente se denominó “San Lorenzo”.

“El Museo es un espacio público que nos pertenece a todos los santafesinos”, manifestó la legisladora y explicó: “Este proyecto, además, garantiza la seguridad jurídica del inmueble, permitirá tramitar subsidios para seguir mejorando el lugar y preservarlo de los vaivenes de las gestiones de cualquier gobierno”.

En la sesión del Concejo Municipal de este miércoles, el concejal del Partido Socialista, Nahuel Pasquinelli, integrante del bloque oficialista Primero Venado, presentó un proyecto de ordenanza que impulsa el ensanche definitivo de la avenida Santa Fe entre las calles Alicia Moreau de Justo y José Cibelli (ruta 33).

En diálogo con Sur24, tras la reunión legislativa en Sarmiento y Alem, el edil destacó que “se trata de una iniciativa que venimos trabajando desde hace meses con el secretario de Desarrollo Productivo y Planaeamiento Urbano, Santiago Meardi, y que ahora queremos visibilizar en busca de favorecer la negociación con una decena de propietarios”.

“El objetivo es completar el ensanche de uno de los accesos más importantes de Venado Tuerto y que en el futuro será una conexión con la Autopista 33”, auguró.

Además, subrayó que “hay propietarios que por iniciativa propia ya se acercaron a dialogar a la sede municipal y adelantaron la donación de sus respectivas partes y, obviamente, se verán beneficiados en la negociación por su actitud dialoguista”.

El edil recordó que la avenida Santa Fe, en el marco de la ordenanza 4404/13 que regula el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), está contemplada entre las avenidas principales, es decir, “las vías que permiten los accesos y egresos principales de la ciudad presentan altos volúmenes de tráfico y una importante mixtura de actividades urbanas y suburbanas”, y que entre sus principales características geométricas cuenta con un “ancho mínimo entre líneas municipales de 35 metros”.

Además, señala que ya la ordenanza 3410/06 declara de interés público las obras de ensanche de avenida Santa Fe, acotando que “la chacra 45 ya ha sido loteada y se han cedido las fracciones correspondientes a calle, en tanto que en lo que respecta a las demás chacras incorporadas al área urbana, si bien hay trámites de loteo, algunas de ellas cuentan con distintas consideraciones de factibilidad, y no todos los propietarios, ocho en total, han iniciado trámites con el Municipio para donar la fracción correspondiente”.

El concejal del PS, Nahuel Pasquinelli, presentó la iniciativa que ahora será estudiada en comisiones.

En este marco, Pasquinelli detalla que luego del ensanche de dicha avenida en el tramo comprendido entre las calles Quintana y Alicia Moreau de Justo, frente a la Chacra 45, restan resolver aproximadamente 1.640 metros de longitud faltantes, hasta la ruta 33. Y advierte que “los tiempos de los propietarios y/o titulares de los lotes no son los mismos que los del Municipio, a los fines de resolver las cuestiones inherentes a la propiedad de la tierra, cuya principal arma legal en la actualidad es la cesión de tierras como reservas para calles a través de los loteos correspondientes”.

Asimismo, observa el socialista que “otra alternativa a los efectos de resolver la temática abordada se configura a través del proceso de expropiación, para lo cual hay que resolver previamente algunos trámites administrativos en la órbita del gobierno provincial”, añadiendo en este sentido que “a consideración del Departamento Ejecutivo Municipal, se deberían arbitrar y gestionar ciertas medidas y/o mecanismos alternativos a los efectos de la obtención de las fracciones de lotes faltantes para con los propietarios y/o titulares de los mismos, antes de darse inicio al citado proceso de expropiación, y para ello el Departamento Ejecutivo Municipal debe contar con las herramientas legales pertinentes”.

En la misma línea, el edil aludió a la “constante intención” del Municipio de culminar con los trámites necesarios para que el ensanche de la avenida Santa Fe sea realidad, abogando una vez más por “agotar los canales de diálogo con cada uno de los propietarios linderos para que de manera negociada y conciliatoria pueda resolverse definitivamente el conflicto planteado”, aunque aclara que “en caso de que dicha cuestión se encuentre imposibilitada por un choque de intereses entre las partes involucradas, se debe proceder con el trámite expropiatorio que regula la legislación provincial vigente”.

Más adelante, Nahuel Pasquinelli reiteró que “la utilidad pública ya está declarada, por lo cual, por delegación de la Provincia, el Municipio podría expropiar para el cumplimiento de alguna de las finalidades previstas. Sin perjuicio de ello, para proceder a la expropiación que permita la ampliación de la avenida, se deben realizar los siguientes pasos: 1) Ordenanza municipal que afecta el bien (ya declarado de utilidad pública por ley genérica) y autoriza al Ejecutivo municipal a iniciar trámite expropiatorio según ley N° 7534; 2) Comunicación de la ordenanza al Ejecutivo Provincial; y 3) Inicio del trámite expropiatorio en la órbita del Ejecutivo municipal.

En la parte resolutiva de la iniciativa, que se giró para su tratamiento a la Comisión de Obras Públicas, Nahuel Pasquinelli solicita, en el artículo 1, declarar “de interés público municipal el ensanchamiento y demás infraestructura de la actual avenida Santa Fe en el tramo comprendido desde Ruta Nacional Nº 33 a calle Alicia Moreau de Justo, abarcando las chacras 46, 47 y 48 del Plan de Desarrollo Territorial de Venado Tuerto, hasta alcanzar el ancho de 35 metros, según Ordenanza 4404/13 y modificatorias del Sistema Vial (PDT)…”.

Y en el segundo artículo propone facultar al intendente municipal a “invitar a los distintos propietarios o titulares de dominio afectados por la obra descripta, a ceder a favor de la Municipalidad de Venado Tuerto los 15 metros fronteros a Avenida Santa Fe” en el tramo comprendido entre las mencionadas arterias, con el fin de ser anexado al ancho oficial de la misma, “totalizando los 35 metros…”.

Asimismo, en el tercer artículo dispone que “la Municipalidad de Venado Tuerto reconocerá a todos aquellos propietarios y/o titulares de dominio que efectúen a favor del Municipio las cesiones por los lotes pretendidos, como hechos a manera de anticipo por futuras donaciones de carácter obligatorio y gratuito, que conforme lo estipula el capítulo VII título II punto 14 del PDT Ordenanza Nº 4404/13 deberán efectuar los mismos al momento del loteo respectivo”.

Luego, en el cuarto capítulo, enumera las “obligaciones especiales” en caso de que los propietarios realicen las donaciones de manera voluntaria: a) El retiro del arbolado estará a cargo del DEM; b) Los volúmenes excedentes del suelo quedarán en manos del DEM a los fines de realizar las obras de ensanche de la avenida; y c) La posesión efectiva de las extensiones donadas estará condicionada al inicio de las obras para ensanchar la avenida, es decir que mientras las mismas no comiencen, los propietarios podrán continuar disponiendo del uso del suelo involucrado, sin realizar obras edilicias ni movimientos que perjudiquen un futuro ensanche.

Y en el quinto y último artículo, Pasquinelli propone notificar a los propietarios de lotes fronterizos a avenida Santa Fe que se encuentren ubicados en las chacras 46, 47 y 48, los términos y disposiciones contenidas en la ordenanza, “debiéndose contar a partir de tal notificación el plazo de 12 meses para realizar las referidas cesiones a favor del Municipio y contar con los beneficios del artículo tercero. En caso de negativa por parte de los propietarios linderos, la Municipalidad de Venado Tuerto comenzará con los trámites de expropiación correspondientes autorizados por la normativa provincial”.

El Senado de la Nación aprobó este jueves y convirtió en ley el proyecto que decreta la expropiación del predio donde funcionaba el local de espectáculos República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, donde a fines de 2004 se produjo un incendio que mató a casi doscientas personas.

Con 60 votos afirmativos y 1 voto negativo queda aprobado el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en CABA popularmente conocidos como República Cromañón

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 28, 2022

La iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas ante la presencia de familiares de víctimas de la tragedia.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón celebraron la sanción en el Senado. El objeto de la expropiación es destinarlo a un espacio para la memoria de las 194 personas que murieron en el incendio de ese local del barrio porteño de Balvanera la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros.

Organizaciones como la “Coordinadora Cromañón”, “El Camino es Cultural”, “Familiares de la Matanza”, “Movimiento Cromañón”, “Ni Olvido Ni Perdón”, “No Nos Cuenten Cromañón”, “Organización 30 de Diciembre”, “Que No Se Repita”, y “Sin Derechos No Hay Justicia”, entre otras colgaron banderas y pancartas con nombres y fotografías de los fallecidos en el incendio sobre las rejas del Congreso en la esquina de Hipólito Yirigoyen y Entre Ríos, en donde leyeron un documento conjunto.

El texto afirma: “el inmueble donde funcionó Cromañón está a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, sin embargo, en los juicios penales la justicia determinó que su verdadero dueño es Rafael Levy; fue responsable, y por ello condenado a 4 años y medio de prisión, de varias de las decisiones que llevaron a Cromañón a sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, tapar los extractores de aire que originalmente se encontraban en el techo del lugar para la instalación de canchas de fútbol que puso en alquiler”.

En ese sentido las organizaciones recordaron que “hasta el año 2018 el inmueble se encontraba judicializado pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión del mismo a la empresa Nueva Zarelux a través de su representante legal. Dicha devolución no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes impidiendo la posibilidad de retirar del lugar numerosas pertenencias, tanto de víctimas sobrevivientes como de las víctimas fatales”.

Es una reivindicación a esos jóvenes que esa noche entraron a Cromañón una y otra vez a salvar vidas. pic.twitter.com/TGXISVzDE1

— Mariano Recalde (@marianorecalde) October 28, 2022

“Dentro de Cromañón quedaron diversos objetos como zapatillas, documentos, billeteras, banderas -hasta una bicicleta- de altísimo valor simbólico y afectivo que no sólo no fueron devueltos, sino que fueron desechados por empleados de Rafael Levy. En el interior de Cromañón había huellas de memoria, como las emblemáticas manos en las paredes que, entre otras reformas a su estructura, también fueron borradas en un acto de querer eliminar todo lo allí ocurrido”, añadieron.

“Este largo trayecto comenzó en la Legislatura Porteña, con la presentación durante dos períodos consecutivos, en 2019 y en 2021, de proyectos de expropiación y patrimonialización que lamentablemente en esa cámara no prosperaron”, subraya el documento.

Las organizaciones remarcaron que “la masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles. No podemos dejar de mencionar, en este sentido, a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la Masacre, quien fuera destituido como Jefe de Gobierno”.

El documento también recuerda que “el 31 de diciembre de 2004, el diario de mayor tirada del país, por primera vez en su historia, largaba tres ediciones impresas en un mismo día. La magnitud y el impacto de la masacre obligaba a la prensa a ir corrigiendo y actualizando la información; lo que eligieron no corregir fue la instalación de mitos como, por ejemplo, la existencia de una guardería en el baño de mujeres y la construcción de relatos violentos como “los padres y las madres no los cuidaron”, entre otras mentiras que sólo buscaron socavar la lucha de familiares y sobrevivientes”.

“Muchos y muchas sobrevivientes lograron salir de Cromañón, pero al no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida; otros familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa; mientras que muchos otros y otras conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas, reclamando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”, enfatiza el texto.

Las organizaciones consideraron que “a partir de la aprobación de esta Ley confiamos en que el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado Nacional, tendrá la celeridad y la responsabilidad necesaria para promulgarla y para reglamentarla con la participación de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes que formamos parte de este proceso y así continuar con la materialización del Espacio para la Memoria por la Masacre de Cromañón”.

“Esta es una oportunidad histórica para construir una política pública para la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Este logro se cristalizará como un hito de reparación simbólica que permita proyectar un futuro donde el presente continúe construyendo sentidos que, compartidos, dialoguen con quienes fuimos, quienes somos y quiénes queremos ser. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”, finalizaron las organizaciones.

El Concejo Municipal, tras recibir el mensaje de la Intendencia, incluyó en el orden del día de la sesión de este miércoles, el proyecto de ordenanza para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación, la porción indivisa (sexta parte), inscripta registralmente a nombre del abogado rosarino Duilio Edgardo D’Angelo, del Museo Regional “Cayetano A. Silva” y Archivo Histórico, en calle Maipú 966.

También establece el articulado que el inmueble continuará siendo utilizado, al igual que desde hace 30 años, como sede del citado Museo, así como también de la Banda Municipal “Cayetano A. Silva”.

En consecuencia, se requiere a la Legislatura provincial la autorización para proceder a ejercer la acción expropiatoria sobre esa sexta parte del inmueble, conforme lo establecido por Ley 7534, alegando que la Municipalidad de Venado Tuerto intentó, en numerosas oportunidades, adquirir la misma, con infructuoso resultado, dadas las exageradas pretensiones del propietario.

El proyecto será tratado en Plenario de concejales en los próximos días y, según fuentes del cuerpo legislativo, podría aprobarse en la sesión de la semana entrante.

Para comprender el origen del litigio, hay que remontarse a la adquisición del inmueble, en octubre de 1991, donde hasta entonces funcionaba la Quesería Palumbo, entre la Municipalidad de Venado Tuerto (titular de la tercera parte) y los vecinos Juan Carlos Bersía, Bernardo Juan Troffer, Serafín Sordoni y Héctor Roberti (titulares los dos tercios restantes), que lo hacían en nombre de la Fundación Casa Histórica Cayetano A. Silva, la cual aún estaba en formación y sin personería jurídica para realizar la operación inmobiliaria por su cuenta.

Más adelante, D’Angelo, que era acreedor de Bersía y no había podido cobrar en el proceso de quiebra de su deudor, detectó el inmueble en cuestión -la citada Fundación nunca llegó a crearse-, conociendo desde el comienzo que el bien era de copropiedad de la Municipalidad de Venado Tuerto -así surge del propio título e informe de dominio-, como así también que el inmueble había sido adquirido por Bersía “en gestión para Fundación Casa Histórica en formación”. Prueba del carácter inembargable del bien es que, dentro del proceso falencial al que debió someterse Bersía, la parte indivisa del inmueble de calle Maipú no formó parte de la masa concursal.

Sin embargo, el acreedor rosarino, en noviembre del ’96, adquirió la sexta parte indivisa del inmueble por subasta por ejecución de deuda, con pleno conocimiento del carácter histórico del mismo, ante la absoluta indiferencia de las autoridades municipales de la época. Y la siguiente acción de D’Angelo fue iniciar una demanda para regularizar su situación, dando origen a los autos caratulados “D’Angelo, Duilio c/M.V.T. s/División de condominio”, actualmente en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Venado Tuerto.

Asimismo, promovió el reclamo del pago por el uso de su parte en el inmueble, en autos caratulados “D’Angelo, Duilio c/M.V.T. s/Fijación de canon locativo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Venado Tuerto.

Durante el proceso en el que se pretende el cobro del canon locativo, iniciado en 2007, toda la prueba esgrimida por la Municipalidad giró en torno a la mala fe del mismo, quien promovió y llevó adelante la ejecución, a sabiendas del estado y carácter del bien, y de los intereses públicos comprometidos.

En el otro expediente iniciado por D’Angelo, relativo a la división de condominio, en mayo de 2020 se dictó la Resolución Nº 289, que dispuso declarar la indivisión forzosa por el término cinco años. En el mismo, se evaluó en primer lugar el Derecho aplicable -atento la entrada en vigencia del nuevo CCCN-, dejándose en claro en el fallo que corresponde aplicar el Derecho vigente al momento de la constitución de la relación jurídica del hecho que generó la responsabilidad.

Los hechos más recientes datan de semanas atrás, cuando el Concejo Municipal de Venado Tuerto sancionó la Ordenanza 5578/2022 -ya promulgada- que dispuso la prescripción administrativa de las 3/6 (tres sextas) partes indivisas del inmueble de Maipú 966 y que se encontraban inscriptas registralmente a nombre de Troffer, Sordoni y Héctor Roberti. Así, el Municipio local pasó a ser titular de cinco sextas (5/6) partes indivisas del actual Museo, “resultando urgente y necesario dar trámite al proceso de expropiación de la sexta parte indivisa que posee el señor Duilio Edgardo D’Angelo, para poder titularizar su totalidad a nombre del ente público y concretar aquello por lo que, a lo largo de más de 50 años, muchos hombres y mujeres trabajaron desinteresadamente para conservar la casa donde habitó Cayetano Silva y creó la Marcha San Lorenzo, inmueble que a partir de 1984 se constituyó en la Sede del Museo Regional y Archivo Histórico de la ciudad”, expresa la petición del Departamento Ejecutivo.

Y señala además que “la existencia de un condominio sobre la porción indivisa de 1/6 del inmueble ha generado una problemática que resulta necesario resolver definitivamente para consolidar el ciento por ciento del dominio en cabeza del ente municipal, por obvias razones de seguridad jurídica, como es la necesidad de disponer de la escritura del inmueble, además de otras razones también significativas, como la posibilidad de gestionar subsidios que hoy restringe esa tenencia precaria”.

Interior del Museo Regional y Archivo Histórico donde el maestro Cayetano Silva creó la excelsa marcha “San Lorenzo”.

El 18 de setiembre de 1984 se creó, por Ordenanza N° 1292/1984 sancionada por el Concejo Municipal, el Museo Regional y Archivo Histórico. En 1990, por Ordenanza Nº 1923/1990, se concedió un subsidio para las dos primeras entregas del precio convenido para la adquisición de la Casa Histórica con destino al Museo, Archivo, sede de la banda y escuela de música. Esta ordenanza autorizó el pago de dos cuotas, que se complementaron con la contribución de la Cooperadora de la Banda de Música (que vendió para ello el inmueble de calle Marconi 435), más el aporte de la Comisión pro-adquisición de la Casa Histórica. El boleto de compraventa oportunamente firmado indica que los compradores son la Cooperadora de la Banda Municipal, la Municipalidad de Venado Tuerto y/o la Comisión especialmente constituida para la compra, reforma y mantenimiento de la Casa Histórica Cayetano Silva. Respecto de esta última, cabe mencionar que, por encontrarse en formación, la parte correspondiente fue suscripta por cuatro ciudadanos, integrantes de dicha comisión, a título personal, que transferirían sus partes una vez regularizada la comisión. Para saldar la deuda, la Ordenanza Nº 1946/1991 estableció un aumento del 3% de la Tasa General de Inmuebles, por el término de ocho meses a partir de abril de ese año, como “Fondo Adquisición Casa Histórica”, entregándolo a la Comisión pro-adquisición con el cargo de rendición de cuentas. Por Ordenanza Nº 2031/1992, tal aumento fue prorrogado hasta noviembre de 1992.

La vivienda de calle Maipú era una casa característica de la época, en el centro del pueblo, que apenas tenía casi dos décadas de fundación, en el siglo XIX. Allí, en 1901, en su morada de Venado Tuerto, Cayetano Silva compuso una marcha que dedicó al coronel Pablo Riccheri, ministro de Guerra de la Nación en ese entonces y modernizador del Ejército Argentino. Riccheri le agradeció el homenaje, pero le pidió que le cambiase el título por “San Lorenzo”, población donde él había nacido. La marcha se interpretó por primera vez en un acto público el 30 de octubre de 1902 en dicha ciudad, en las cercanías del histórico Convento de San Carlos, donde se gestó la batalla. Ese día la obra fue designada Marcha oficial del Ejército Argentino. Dos días después Silva volvió a ejecutarla al inaugurarse el monumento al General San Martín en la ciudad de Santa Fe, con asistencia del presidente Julio Argentino Roca y del coronel Ricchieri.

La marcha San Lorenzo, considerada el segundo Himno Nacional Argentino, se popularizó en otros países, hasta tal punto que fue ejecutada el 22 de junio de 1911 durante la coronación del Jorge V del Reino Unido con la autorización previa solicitada a las autoridades argentinas por el gobierno británico. Lo mismo ocurrió para la coronación de la reina Isabel II de ese mismo reino. Asimismo, se ejecuta en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham, modalidad que fue suspendida en el tiempo que duró la Guerra de Malvinas. También el General Einsenhower ordenó su interpretación al momento del ingreso triunfal del Ejército de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial que liberara a los franceses.

El 7 de agosto de 2018, en el 150° aniversario del natalicio del maestro Silva, en la explanada del Ferrocarril se inauguró un monumento en su homenaje.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche ‘República Cromañón’, donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.

En el mismo sentido, también se aprobó el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).

A lo largo de la sesión que se extendió por espacio casi diez horas se aprobó también un paquete de proyectos sin disidencias ni observaciones, entre las que figuraron un dictamen que permite a los familiares de los trabajadores enviar telegramas o cartas documentos gratuitos.

También se aprobó y giró al Senado un dictamen donde se establece la obligatoriedad de cantar el himno en las competencias internacionales deportivas donde participen equipos superiores.

El plenario legislativo convirtió en ley un proyecto que declara de utilidad pública y expropiación a la “Casa Grande”, ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza; y otro que modifica la ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.

La sesión especial -presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau- se inició a las 13 y en el primer tramo se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, quien asumirá mañana como ministra de Desarrollo Social, y se tomó juramento a la dirigente massista Micaela Morán, quien cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

También se recordó a los exlegisladores que fallecieron en las últimas semanas: el socialista Héctor Polino y el correntino del Frente de Todos Fabián Ríos y se rindieron homenajes por el Día de la Diversidad Cultural.

Diputada provincial, Georgina Orciani.

La legisladora radical, Georgina Orciani, presentó un proyecto de ley donde solicita la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el “uso temporal” de los inmuebles ubicados en la localidad de Santa Isabel, Departamento General López, propiedad de la Empresa Frigorífico Fernarolo SAICFI, a favor de la Cooperativa de Trabajo Santa Isabel Limitada – COTRASI.

Bajo la consideración de que las sucesivas crisis socioeconómicas que atravesó nuestro país han trastocado los más elementales derechos como los de trabajar y ejercer industria lícita y que miles de trabajadores han recuperado ese derecho constitucional organizándose como cooperativas de trabajo, a los fines de poder darle continuidad a la explotación fabril como fuente de ingresos, la diputada por el Bloque UCR Evolución, que lidera Maximiliano Pullaro, se comprometió en brindar su ayuda a este tipo de cooperativas, las cuales ofrecen la posibilidad de trabajar y crecer personalmente.  

“El derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece ya que provee ocupación a quien la necesita”, aseguró la legisladora.  

La Cooperativa de Trabajo Santa Isabel Ltda. se creó como consecuencia de la quiebra de la empresa Frigorífico Fernarolo S.A. La diputada Orciani afirmó que sus asociados cuentan con una dilatada experiencia en las tareas correspondientes a la industria frigorífica, pero hoy en día están atravesando una gran crisis. Sus usuarios han descendidos notablemente, no hay trabajadores jóvenes que deseen formar parte de la cooperativa haciendo aún más difícil el crecimiento económico de la misma.  

En el caso de este frigorífico, luego del cierre de la planta y posterior dictamen de quiebra, los trabajadores, a partir del año 2002, comenzaron a organizar la Cooperativa. En varias ocasiones se iniciaron los trámites pertinentes para crear una ley donde se permitiera la expropiación de los inmuebles que fueron afectados a la explotación. Dicha gestión dio como resultado leyes que así lo permitían, pero siempre de forma temporal, la última ley de expropiación venció en el año 2012.  

Ante esta situación la diputada provincial Georgina Orciani vuelve a insistir en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicitando una solución definitiva a esta problemática. “Esta Cooperativa, como muchas otras, expresa sus necesidades ante la crisis económica que se está viviendo. Este es el momento en el que debemos apoyar el emprendimiento de los trabajadores que sostienen, a base del esfuerzo mutuo, la economía regional de las pequeñas localidades”, destacó Orciani.  

Según informó la legisladora oriunda de Santa Isabel, hoy en día no hay ningún vínculo del Estado provincial ni del Ministerio de Producción con COTRASI, a pesar de ser una de las primeras cooperativas a nivel país que se formó. Además, sostiene que este tipo de políticas, que garanticen el buen desempeño de las cooperativas, deben ser sostenidas por el Estado provincial como un incentivo imprescindible a la economía solidaria. 

“Tras largos años de expropiaciones temporales creemos necesario proceder a la expropiación definitiva, ya que esto permitiría a la cooperativa afianzarse en el mercado frigorífico, como también preservar las fuentes de trabajo de los actuales obreros y la creación de futuras vacantes”.  cerró la diputada radical.