El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Venado Tuerto, Mariano De Mattia puso en valor todo el trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la gestión de Leonel Chiarella para que, finalmente, la Casa Museo Cayetano Alberto Silva, ubicada en Maipú 966, pase completamente a manos del Estado local. “Fue una ardua tarea que desarrollamos en silencio para lograr que este inmueble con tanta historia sea patrimonio de los venadenses”, expresó.

El anhelo de poder contar con la titularidad total del edificio que en los últimos años fue reacondicionado por completo, está cada vez más cerca, ya que el gobernador Maximiliano Pullaro habilitó para el tratamiento en sesiones extraordinarias, la ley para autorizar la expropiación y la declaración de utilidad pública de la Casa Museo. Sólo queda una sexta parte de la propiedad que está inscripta registralmente a nombre de Duilio Edgardo D'Angelo.

Según precisó De Mattia, “cuando asumimos en el año 2019, uno de los temas que nos planteó el intendente Leonel Chiarella era regularizar esta situación y nos pusimos a estudiar y analizar eso junto a la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural Miriam Carabajal, área de la que depende la Casa Histórica. Lo que establecimos en principio fue la estrategia jurídica a desarrollar para completar el trámite y terminar de una vez por todas con la propiedad del inmueble y que quede en su totalidad en manos del Municipio”.

Cabe recordar que en los inicios de la década del '90, durante el gobierno de Ernesto De Mattia, se había comprado dos partes del inmueble y había otras cuatro partes que fueron comprado por vecinos, armando lo que se conoce como Fundación en Formación. El espacio ya venía funcionando, pero con esta inversión empezó a tener una vida cultural más activa, ya que, además del museo, comenzó a ensayar allí la Banda Municipal Cayetano Alberto Silva.

Luego se vinieron años de escaso mantenimiento, lo que obligó a la actual administración a realizar una fuerte inversión para mejorar y poner en valor del edificio. A partir de ese momento, se incrementó notablemente la actividad social y cultural, con muestras, exposiciones, charlas, presentaciones y demás.

“En relación a tres de los cuatro miembros de la Fundación en Formación, que tenían escrituradas sus partes, lo que hicimos fue iniciar un proceso de prescripción administrativa porque hacía más de 30 años que el Municipio tenía posesión del inmueble, de manera pacífica y cumpliendo con los cuidados, mantenimiento y mejoras correspondientes. Llevó un tiempo pero logramos adquirir esas tres partes, es decir que el gobierno local ya cuenta con 5 de las 6 partes”

La parte restante, propiedad de uno de los que conformarían la Fundación Casa Histórica, quedó inmersa en una situación procesal que sufrió a título personal y terminó en manos de D'Angelo, vecino de la ciudad de Rosario con quien hoy la Municipalidad venadense tiene dos juicios: uno vinculado a la división de condominio y otro un pedido de pago de alquileres por el uso que hace el Estado local. En 2020, en primera instancia se determinó que por un plazo de 5 años se detuviera la inhibición del condominio, por lo tanto no se puede ejecutar esa parte.

El Concejo municipal sancionó la ordenanza de expropiación, que luego fue presentado por el exsenador Lisandro Enrico en el Senado provincial, donde se le dio media sanción a la ley que habilita este proceso. Ahora, se encuentra en Diputados, impulsado por el legisladora venadense Sofía Galnares. “En caso de tener sanción definitiva por la Legislatura, se iniciará el proceso de expropiación que tiene que ver con abonar la parte. En principio sería el Municipio quien debe aportar el dinero, aunque hay conversaciones con la Provincia al respecto”, sentenció. Y añadió: “Ojalá se pueda dar en este 2024”.

La jueza de Nueva York, Loreta Preska, falló a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park y determinó que el monto de compensación por la expropiación de YPF que se produjo en 2012 es de US$16 mil millones de dólares.

El Gobierno argentino anunció que apelará "inmediatamente" esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro. "Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", indicó la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti.

La expropiación de YPF se realizó bajo la presidencia de Cristina Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al frente del ministerio de Economía.

El fallo de Preska se produce luego de que fracasaran una serie de negociaciones y ordena que el Estado argentino sea el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía.

Según fuentes de YPF "es un fallo positivo" porque "la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo".

Burford Capital es un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a YPF con la compra del 1,63% del capital por unos US$ 250 millones.

Sebastián Maril, asesor de Research for Traders, consideró que el pronunciamiento de Preska coincidió con lo que "muchos esperaban: YPF, exonerado, y la Argentina, culpable". Para la representación legal del Estado argentino, el monto a pagar debiera computarse en pesos en la fecha en la que se dicte la medida y luego convertirse en dólares.

En junio de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los ex accionistas de YPF. Ahora, a partir del próximo lunes los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y el Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense, mientras que las de YPF corren la suerte inversa.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad y envió al Senado el proyecto que busca expropiar el edificio donde funcionó el boliche ‘República Cromañón’, donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria. 

Tras dos horas de debate el proyecto fue aprobado por unanimidad, sumando 207 votos positivos, en una votación de la que no participaron 49 legisladores por estar ausentes. 

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) aseguró que se trata “del hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente, del que el Estado como responsable debe hacerse cargo, no solo de la reparación económica de daños, sino también de una obligación como lo es la reparación simbólica”. 

Por el PRO, María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, manifestó: “Debemos tener en claro qué pasó y por qué pasó, para que no vengan otros funcionarios corruptos, organizadores y dueños de boliches sin escrúpulos, que arrastren a nuestros hijos a la muerte”. 

Por su parte, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, del Interbloque Federal manifestó que para que esta intención sea realidad efectiva, “no solo basta con aprobar la ley, tenemos que trabajar para asegurar una partida presupuestaria que respalde la intención que lleva esta ley para recuperar y mantener la memoria”. 

Por la Izquierda, Myriam Bregman, apuntó: “Cuando nos quieren decir que la juventud se hace de derecha, y que lo único que les importa es pisarle la cabeza al que tiene al lado, el ejemplo de esos pibes y pibas que murieron intentando rescatar a sus amigos o a desconocidos, se agiganta”. 

 A su vez, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó que “18 años después venimos a expropiar el lugar donde el dolor se hizo carne, donde el afán económico de manos privadas y la negligencia de parte del Estado se conjugó una noche y desencadenó la tragedia. Queremos materializar la necesidad de hacer un lugar de Memoria”. 

En el cierre del debate, Paula Penacca, del FdT, destacó que “hubo capacidad de construir consensos en relación al proyecto” y pidió poner de relieve “los actos de solidaridad de los que ayudaron a sacar gente del boliche”. 

“Quiero destacar la lucha de los familiares de las víctimas contra la estigmatización de los medios de comunicación, que se encargaron de señalarlos e intentaron construir una gran cantidad de mentiras sobre lo que paso allí. Mentiras como que había guarderías en los baños del boliche”, advirtió Penacca. 

El objetivo de la iniciativa aprobada es “declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la de “conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual”. 

Además, destaca que se trata de una acción “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”. 

Con información de Telam.